Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00972-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00972-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-00972-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
24 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN
SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-15-000-2026-00972-00 1
Accionante : Juan Carlos Varón Timote
Accionado : Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B
Vinculados : Nación – Ministerio de Educación Nacional, Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (INPEC), Instituto Colombiano para la
Evaluación de la Educación (ICFES), Corporación Universitaria
de Colombia (IDEAS) y Juzgado Treinta y Uno Administrativo
de Bogotá
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial, medio de control de
reparación directa, perjuicios morales
Decisión : Sentencia de primera instancia
Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia, en la acción de tutela incoada
por Juan Carlos Varón Timote contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B, por la presunta vulneración de su derecho fundamental
al debido proceso.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico
1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos por
el actor frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará lo relativo a
la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se determinará lo que corresponda
en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.
1.2 La demanda de tutela
2. El 10 de febrero de 2026, el señor Juan Carlos Varón Timote, quien actúa por medio
de apoderado judicial, interpuso el presente recurso de amparo, con el fin de obtener la
protección de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B.
1
Expediente electrónico disponible en SAMAI.
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Accionante: Juan Carlos Varón Timote
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B
3. Por consiguiente, solicitó:
1. Tutelar el derecho fundamental al debido proceso de JUAN CARLOS VARÓN TIMOTE.
2. A consecuencia de lo anterior, se ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Tercera – Subsección B que dentro del término de 30 días contados partir del
momento de la ejecutoria del fallo de tutela, profiera nuevamente decisión en el marco del
recurso de apelación presentado, en el cual no incurra en el - desconocimiento del precedente
aquí identificado.
1.3 Hechos2
4. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional, y de lo relatado por el
accionante, se puede evidenciar que, el señor Juan Carlos Varón Timote estuvo privado
de la libertad en el Establecimiento Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá –
COMEB La Picota. Durante la reclusión fue informado, al igual que otros internos, sobre
el Convenio interinstitucional núm. 074 de 2011, celebrado entre el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (INPEC) y la Corporación Universitaria de Colombia (IDEAS),
en virtud del cual, los reclusos interesados podían adelantar estudios profesionales en
Derecho.
5. En atención al mencionado convenio, el señor Varón Timote inició sus estudios en
febrero de 2012, los cuales, cursó hasta el año 2016. Precisó que, el 14 de octubre de
2016 recibió el título profesional de abogado. Con posterioridad, acudió ante el Consejo
Superior de la Judicatura con el fin de obtener la tarjeta profesional.
6. En medio del trámite administrativo, la mencionada autoridad requirió al Ministerio de
Educación Nacional para establecer si el programa de Derecho ofrecido por IDEAS al
interior del establecimiento La Picota contaba con autorización. Mediante Oficio núm.
2016-ER-183975 del 20 de octubre de 2016, la cartera ministerial informó que esa
Corporación no estaba facultada para ofrecer, matricular ni graduar personas privadas
de la libertad en el programa de Derecho. Con fundamento en ello, la Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia expidió la Resolución núm. 7156 del 28
de diciembre de 2016, por medio de la cual negó su inscripción como abogado y la
expedición de la tarjeta profesional. A raíz de esa situación tuvo que reiniciar sus estudios
en otra universidad.
7. En ejercicio del medio de control de reparación directa, presentó demanda contra el
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), el Ministerio de Educación
Nacional, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) y la
2
Visibles en el escrito de tutela del expediente electrónico, índice 2.
2
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Accionante: Juan Carlos Varón Timote
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B
Corporación Universitaria IDEAS, con el propósito que se declarará la responsabilidad
de las entidades demandadas por los daños y perjuicios causados, como consecuencia
de la falla del servicio u omisión que permitió que IDEAS ofertara el programa de
Derecho en la cárcel La Picota, cuando el registro calificado no estaba habilitado. En
ese sentido, tasó los perjuicios morales en cincuenta (50) SMLMV.
8. De ese asunto ordinario conoció el Juzgado Treinta y Uno Administrativo de Bogotá3,
que mediante sentencia del 7 de marzo de 2025 accedió parcialmente a las
pretensiones, al considerar que no se acreditaron los perjuicios morales, por cuanto,
no se demostró cómo «la presunta estafa de la Corporación Universitaria de Colombia IDEAS» lo
afectó. No obstante, por concepto de daño emergente, condenó al INPEC y a IDEAS a
pagar a favor del accionante, cada una en un cincuenta por ciento (50 %), la suma de
cinco millones setecientos ochenta y dos mil quinientos veintidós pesos ($ 5’782.522).
9. Inconformes con esa decisión, el accionante y el INPEC interpusieron recurso de
apelación, desatado el 15 de agosto de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, que modificó parcialmente lo resuelto
por el a quo al concluir que el programa de Derecho fue ofrecido en el establecimiento
carcelario sin estar habilitado legalmente. En ese sentido, actualizó la condena por
daño emergente en cinco millones novecientos cincuenta y nueve mil doscientos
setenta y dos pesos ($ 5.959.272); y reconoció los perjuicios morales en cuantía
equivalente a diez (10) SMLMV, al estimar que la frustración derivada de no poder ejercer
la carrera que había estudiado el demandante sí se encontraba demostrada.
10. Sobre la precedente situación, el actor sostiene que la providencia reprochada incurre
en desconocimiento del precedente judicial, por cuanto se apartó sin justificación
alguna de lo resuelto por el Consejo de Estado 4 y por el propio Tribunal Administrativo
de Cundinamarca5 que, en asuntos de similares contornos fácticos, reconocieron una
indemnización mayor por perjuicios morales derivados de la oferta de programas
académicos sin estar debidamente autorizados.
II. TRÁMITE PROCESAL
11. Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto del 11 de
febrero de 2026, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión se (i) ordenó
3
Proceso núm. 11001-33-36-031-2019-00035-00.
4
Sentencia del 20 de febrero de 2014, M. P, Danilo Rojas Betancourth, proceso núm. 25000-23-26-000-2001-00402-01.
5
Sentencia del 31 de julio de 2025, Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, proceso núm. 11001-
33-36-031-2019-00058-01.
3
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Accionante: Juan Carlos Varón Timote
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B
notificar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B; y
(ii) dispuso vincular a la Nación - Ministerio de Educación, al Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (INPEC), al Instituto Colombiano para la Evaluación de la
Educación (ICFES) y al Juzgado Treinta y Uno Administrativo de Bogotá, en los términos
del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.
2.1 Contestación de la acción
2.1.1 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B6
12. Solicitó declarar improcedente la acción de tutela, al considerar que el actor pretende
utilizarla como una instancia adicional para reabrir un debate ya zanjado por el juez de
la causa, con el único propósito de controvertir el monto reconocido por concepto de
perjuicios morales.
13. De otro lado, sostuvo que no vulneró derecho fundamental alguno del accionante,
pues, la providencia cuestionada se profirió en ejercicio de la autonomía e independencia
judicial, a partir del análisis del caso concreto. En ese sentido, precisó que el precedente
alegado como desconocido no corresponde a la misma Sala de decisión.
2.1.2. El Ministerio de Educación Nacional7
14. Adujo que carece de legitimación en la causa por pasiva (sin solicitar su
desvinculación), en tanto la acción de tutela se dirige a cuestionar una decisión proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y no a una actuación atribuible a esa
cartera.
2.1.3 El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)8
15. Solicitó ser desvinculado del trámite, al sostener que carece de legitimación en la
causa por pasiva, en la medida que la inconformidad del accionante es contra la
actuación del Tribunal accionado y no contra actuación alguna de la entidad.
2.1.4 El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES)9
6
Visible a índice 11 de SAMAI.
7
Visible a índice 13 de SAMAI.
8
Visible a índice 14 de SAMAI.
9
Visible a índice 15 de SAMAI.
4
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16. Pidió ser desvinculado del trámite, al precisar que carece de legitimación en la causa
por pasiva, habida cuenta que la tutela pretende controvertir una decisión emanada por
la autoridad judicial accionada. De otro lado, indicó que dentro del proceso de reparación
directa fue absuelto de responsabilidad, al declararse probada su falta de legitimación en
la causa por pasiva.
2.1.5 El Juzgado Treinta y Uno Administrativo de Bogotá y la Corporación IDEAS
17. Guardaron silencio en la oportunidad prevista para el efecto. No obstante, el Juzgado
allegó el proceso ordinario.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia
18. Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud
de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y 333
de 2021.
3.2 La acción
19. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de
2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando
quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento
procede como mecanismo transitorio.
3.3 Legitimación en la causa por pasiva
20. El artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, dispone que la acción de tutela «[…] se
dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el
derecho fundamental […]». En ese sentido, la Corte Constitucional9, ha considerado
que, «[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la persona
contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la vulneración o amenaza
del derecho fundamental […]».
5
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21. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y el Instituto Colombiano para
la Evaluación de la Educación (ICFES), en sus escritos de intervención solicitaron su
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que no
profirieron la decisión que acá se cuestiona.
22. Al respecto, la Sala advierte que, en lo que concierne al INPEC, su vinculación en el
presente asunto fue en calidad de tercero con interés, por integrar el extremo pasivo
dentro del proceso contencioso en cuestión, esto en aras de garantizar su derecho a la
defensa y contradicción; por tal razón, se negará su solicitud. Distinta es la situación del
ICFES, respecto del cual se aceptará su desvinculación, habida cuenta que, en el
proceso ordinario de reparación directa, se declaró probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva de dicha entidad.
3.4 Problema jurídico
23. Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el
eventual quebranto del derecho fundamental que pueda comportar el fallo del 15 de
agosto de 2025, por medio del cual la Sección Tercera, Subsección B del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca modificó parcialmente la sentencia del 7 de marzo de
2025 proferida por el a quo que accedió parcialmente a las pretensiones formuladas en
la demanda de reparación directa promovida por el tutelante contra la Nación – Ministerio
de Educación Nacional y otros (expediente 11001-33-36-031-2019-00035-00/01), para
en su lugar, reconocer por perjuicios morales solo diez (10) y no cincuenta (50) SMLMV,
como lo pretendía el accionante y, en caso afirmativo, si se ha vulnerado la garantía
superior al debido proceso, invocado en la solicitud de amparo.
3.5 La acción de tutela contra providencias judiciales
24. La acción de tutela contra providencia judicial es una medida excepcional de control
judicial frente a las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales, que posee una
serie de requisitos de procedibilidad estrictos, los cuales, deben satisfacerse plenamente
para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden
estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan derechos
de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se profirió dentro del
marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.
25. Tales presupuestos son: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
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extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate
de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla
el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable
y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en
el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible; y (vi) que no se trate de
sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la
Corporación.
26. Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales
genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar su excepcionalidad, la cual,
solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta procedente.
27. Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la decisión
que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto procedimental
absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente al margen del procedimiento
establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión;
(iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre las
consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que
afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la
Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión
judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que, si bien no
se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.
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28. Por otra parte, se destaca que, la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo del
Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela resultaba
improcedente para controvertir decisiones judiciales10, rectificó su posición mediante
sentencia de 31 de julio de 201211, en el sentido de disponer que, la acción constitucional
es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos fundamentales, con
observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro
determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que, esta subsección con anterioridad
al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos12.
3.6 Caso concreto
29. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado comporta
relevancia constitucional, por cuanto recae sobre la presunta vulneración del derecho
fundamental al debido proceso del actor; (ii) contra la decisión objeto de censura no
procede recurso alguno; (iii) se establecieron los hechos que originaron el supuesto
quebranto de la aludida garantía superior; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, en
la medida en que, la providencia atacada quedó ejecutoriada el 1 de septiembre de
202513 y la solicitud de amparo se radicó el 10 de febrero de 2026, es decir, dentro de
los 6 meses; y (v) la determinación acusada no es de tutela.
30. En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo del
asunto bajo la causal específica denominada desconocimiento del precedente judicial
invocado por el accionante.
3.6.1 Desconocimiento del precedente judicial
10
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del Consejo
de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo
Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo
Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp.
2004-0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de
diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
11
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
12
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-00, C.
P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre
de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo
Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010,
exp. 2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve.
7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-
00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de
marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve.
13
El correo electrónico, mediante el cual se comunicó la decisión cuestionada, fue enviado el 25 de agosto de 2025, motivo por el
cual se entiende notificada a los dos (2) días siguientes, esto es, el 27 del mismo mes y año, conforme al artículo 205 (numeral 2)
del CPACA.
8
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31. Al respecto, se precisa que el desconocimiento del precedente tiene dos modalidades:
(i) como causal autónoma de procedencia de la tutela contra providencia judicial cuando
se trata del precedente constitucional, y (ii) como defecto sustantivo por el
desconocimiento del precedente judicial. La primera tiene su origen en el artículo 241
superior y se predica exclusivamente de los precedentes fijados por la Corte
Constitucional en su jurisprudencia14, y la segunda, hace referencia a cuando la
autoridad jurisdiccional se aparta del precedente horizontal o vertical sin justificación
suficiente, lo que lleva a concluir que, la providencia adolece de un defecto sustantivo 15
en virtud de los principios del debido proceso, igualdad y buena fe16.
32. En el presente caso, el accionante sostiene que la decisión reprochada incurre en
desconocimiento del precedente vertical y horizontal, al desatender las sentencias del (i)
20 de febrero de 201417del Consejo de Estado; y (ii) 31 de julio de 202518 del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en las que —según afirma—, frente a asuntos idénticos
al suyo, se reconoció una indemnización mayor por perjuicios morales derivados de la
oferta de programas académicos sin estar debidamente autorizados.
33. A partir de una interpretación armónica y sistemática de la Constitución Política,
particularmente el derecho a la igualdad y el principio de seguridad jurídica, la Corte
Constitucional19 ha entendido que el juez está atado a sus decisiones -precedente
horizontal- y, en específico, a las de sus superiores jerárquicos -precedente vertical-
para fallar casos similares.
34. Ahora bien, se tiene que la autoridad accionada en el fallo objeto de censura,
concluyó:
3.1 Perjuicios morales
57.En la demanda se solicitó la suma de 50 SMLMV a favor de Juan Carlos Varón Timote por
el dolor, la tristeza, sensación de frustración e ira a la cual fue sometido el demandante ante
la no obtención del título de abogado.
14
Sentencia T-360 de 2014: «En este orden de ideas, el precedente constitucional puede llegar a desconocerse cuando: (i) se aplican
disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de control de constitucionalidad, (ii) se contraría la ratio
decidendi de sentencias de control de constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto que la Corte ha señalado es
la que debe acogerse a la luz del texto superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una sentencia de exequibilidad
condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional a través de la ratio
decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela».
15
Ver sentencia T-087 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también, sentencias T-193 de 1995 M. P. Carlos Gaviria
Díaz, T-1625 de 2000 M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-462 de 2003 M.
P. Eduardo Montealegre Lynnet, T-292 de 2006 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de 2009 M. P. Humberto Antonio Sierra
Porto, T-161 de 2010 M. P. Jorge Iván Palacio Palacio y SU-448 de 2011 M. P. Mauricio González Cuervo.
16
Ver entre otras, sentencias T-049 de 2007 M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-464 y T-794 de 2011 M. P. Jorge Iván Palacio
Palacio y C-634 de 2011 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
17
Proceso núm. 25000-23-26-000-2001-00402-01, C. P, Danilo Rojas Betancourth.
18
Proceso núm. 11001-33-36-031-2019-00058-01. M. P, María del Tránsito Higuera Guío.
19
Corte Constitucional, sentencia T-489 de 2013, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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Accionante: Juan Carlos Varón Timote
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58.En la sentencia de primera instancia, se negarán los mismos, toda vez que no se acreditó
la causación, ya que en la declaración de parte del demandante Juan Carlos Varón Timote,
solo mencionó los por menores de la presunta estafa de la Corporación Universitaria de
Colombia IDEAS, pero no señaló como ello presuntamente lo afectó.
59.Para la Sala resulta de la experiencia quien cursa una carrera profesional tiene como
finalidad la graduación y el ejercicio de esta, incluso porque adelantar los estudios son una
muestra de resocialización, lo cual fue frustrado debido al no obtener el permiso para impartir
la misma, luego el perjuicio si se halla acreditado y se reconocerá en la suma de 10 salarios
mínimos legales mensuales vigentes a la ejecutoria de la presente providencia.
35. Al respecto, la Sala precisa que no se configura el desconocimiento del precedente
vertical alegado. En efecto, si bien el Tribunal no se apoyó de forma directa en una
sentencia que respaldara su postura en torno a la tasación del perjuicio, la decisión se
sustentó razonadamente a partir del caso concreto, lo que le permitió concluir que el
tutelante sí sufrió un daño moral. A raíz de ese juicio, reconoció una indemnización en
diez (10) SMLMV, con fundamento en la frustración derivada de no poder ejercer la
profesión para la cual se había preparado. En ese contexto, la determinación obedeció
al ejercicio de la autonomía e independencia judicial en la apreciación del daño y en la
fijación de su cuantía.
36. Aunado a ello, la sentencia del 20 de febrero de 2014 de la Subsección B de la Sección
Tercera de esta Corporación, aunque reconoció perjuicios morales en un asunto
relacionado con la oferta irregular de un programa académico, no contiene, por sí sola,
una regla vinculante y obligatoria respecto de la cuantificación del mencionado perjuicio
para eventos semejantes. Por ello, no puede afirmarse que el Tribunal accionado
estuviera en el deber de aplicar identifica forma indemnizatoria en el caso del aquí
demandante, máxime cuando la valoración del daño moral y su tasación dependen de
las particulares acreditadas en cada situación.
37. De igual modo, la providencia del 31 de julio de 2025, proferida por la Subsección A
de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, tampoco constituye
un precedente horizontal obligatorio. Ello obedece a que dicha decisión produce efectos
inter partes y no impone, en principio, un criterio de cumplimiento para el juez. Así el
accionante insista en la similitud entre ambos asuntos, tal circunstancia no imponía a la
Subsección B del Tribunal el deber de reconocer la misma condena por perjuicios
morales, pues, cada solución debe adoptarse conforme a los elementos de convicción
obrantes en el expediente.
38. Vale la pena aclarar que la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
invocada por la parte actora proviene de la Subsección A de la Sección Tercera, y no de
la Subsección B, autoridad que profirió la decisión atacada. En consecuencia, no es
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00972-00
Accionante: Juan Carlos Varón Timote
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B
cierto que pueda predicarse un precedente horizontal, pues, como lo ha aclarado el
Consejo de Estado, «la Sala de decisión no estuvo conformada por los mismos Magistrados, por ende,
no se puede predicar vulneración al derecho fundamental a la igualdad» 20. Es decir que, la posibilidad
de que diferentes subsecciones tengan una postura distinta en una misma materia se
predica de la independencia judicial de que gozan los jueces, y ello no constituye un
desconocimiento del precedente o una vulneración del derecho a la igualdad.
39. Así las cosas, la inconformidad del actor no pone de presente, en estricto sentido un
desconocimiento del precedente judicial, sino una discrepancia con la cuantificación del
perjuicio moral efectuada por el juez ordinario. En esa medida, no se advierte que la
sentencia del 15 de agosto de 2025 se hubiera apartado de una regla jurisprudencial
consolidada y vinculante, ni que hubiera omitido exponer las razones que sustentaron la
condena reconocida al señor Varón Timote. Por el contrario, se observa que la autoridad
accionada estudió el daño alegado, explicó por qué su reconocimiento y fijó su monto a
partir de una apreciación razonada del caso concreto.
40. De otro lado, es claro que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección B ya había resuelto con suficiente motivación la inconformidad
planteada por el tutelante en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del
a quo, en tanto esta negó el reconocimiento del perjuicio moral y el Tribunal, aunque lo
reconoció, no lo hizo en la cuantía pretendida por el actor, lo que denota que su intención,
más allá de manifestar la supuesta vulneración de sus derechos fundamentales, es
utilizar este mecanismo constitucional como una instancia adicional con el fin de
obtener un pronunciamiento favorable a sus intereses.
41. Por último, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que el razonamiento que efectúa
el juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía e
independencia, ámbito que debe ser respetado por el juez de tutela cuando no observa
vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria su intervención.
IV. DECISIÓN
42. Por las razones expuestas, la Sala considera que en el presente asunto el accionante
no acreditó que la providencia del 15 de agosto de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B hubiere incurrido en
desconocimiento del precedente judicial. Por tal motivo, se negará la solicitud de amparo.
20
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 3 de mayo de 2028, Rad. 11001-03-15-000-2017-02747-01.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00972-00
Accionante: Juan Carlos Varón Timote
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B
43. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. NEGAR la solicitud de desvinculación del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario (INPEC).
SEGUNDO. ACEPTAR la desvinculación del presente trámite al Instituto Colombiano
para la Evaluación de la Educación (ICFES), conforme a lo indicado en la cuestión previa
de este proveído.
TERCERO. NEGAR el amparo del derecho fundamental al debido proceso invocado por
el señor Juan Carlos Varón Timote, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
CUARTO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la
forma y términos previstos en el Decreto 2591 de 1991.
QUINTO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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