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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00977-00

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00977-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Negar el amparo de tutela solicitado por el señor Fabián Sneider Calderón Camacho por los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia. Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-00977-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

5 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00977-00
Accionante: Fabián Sneider Calderón Camacho
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “D”

Tema: Tutela contra providencia judicial

Decisión: Niega el amparo de tutela. No se configuran los defectos alegados.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
acción de tutela presentada por el señor Fabián Sneider Calderón Camacho, quien
actúa por conducto de apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, por la presunta vulneración de los
derechos fundamentales al “debido proceso, a la igualdad y a la favorabilidad
laboral”, ocurrida con ocasión de la providencia del 20 de noviembre de 20251, al
interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
11001-33-35-009-2022-00242-01.

II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos

2. Del escrito de tutela2 y del expediente se colige que el señor Fabián Sneider
Calderón Camacho ingresó al Ejército Nacional el 28 de enero de 1999 para prestar
el servicio militar obligatorio en calidad de soldado bachiller. Con posterioridad, el 16
de enero de 2000 ingresó a la Escuela Militar de Cadetes en calidad de alumno,
adelantando el correspondiente proceso de formación.

3. Culminada dicha etapa académica, el 27 de diciembre de 2002 el actor
adquirió el grado de subteniente y fue incorporado al escalafón de oficiales del
Ejército Nacional, momento a partir del cual se consolidó su relación legal y
reglamentaria como oficial de la institución.

4. Desde su incorporación al escalafón, desarrolló su carrera militar y ascendió
sucesivamente a los grados de teniente, capitán, mayor y teniente coronel.
Posteriormente, mediante la Resolución núm. 1042 del 20 de mayo de 2021 fue
retirado del servicio activo por llamamiento a calificar servicios, culminando el

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Presentada el 10 de febrero de 2026.

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período de alta el 11 de agosto de 2021.

5. Con ocasión de su retiro, el Ministerio de Defensa expidió la Resolución núm.
301516 de 2021, mediante la cual reconoció y liquidó sus cesantías definitivas
conforme al régimen anualizado previsto en el Decreto 1252 de 20003. Contra dicho
acto el accionante interpuso recurso de reposición, resuelto desfavorablemente
mediante oficio del 9 de febrero de 2022.

6. Inconforme con esa decisión, el actor instauró una demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, alegando que su
permanencia en la institución desde enero de 1999 debía ser tenida en cuenta para
efectos de aplicar el régimen retroactivo de cesantías previsto en el Decreto 1211 de
1990 al considerar que el tiempo como alumno constituía una vinculación válida para
efectos prestacionales.

7. El Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Bogotá negó4 las
pretensiones del actor al concluir que la relación legal y reglamentaria como oficial
se consolidó el 27 de diciembre de 2002, fecha en la cual ya se encontraba vigente
el Decreto 1252 de 2000, razón por la cual ese era el estatuto aplicable para la
liquidación de cesantías. Una vez apelada la providencia, esta decisión fue
confirmada5 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “D”, el cual reiteró que la condición de alumno no configuraba relación
legal y reglamentaria como oficial.

2.2. Fundamento jurídico

8. El accionante consideró vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y a la favorabilidad laboral, al estimar que la sentencia del
Tribunal desconoció el régimen especial de la Fuerza Pública y aplicó indebidamente
el sistema anualizado de cesantías, pese a su vinculación previa a la entrada en
vigencia del Decreto 1252 de 2000.

9. La parte actora alegó la configuración de un defecto sustantivo, al considerar
que las autoridades judiciales accionadas aplicaron indebidamente el Decreto 1252
de 2000 y dejaron de aplicar el régimen retroactivo de cesantías previsto en el
Decreto 1211 de 19906. Sostuvo que su vinculación debía contabilizarse desde enero
de 1999 y no desde su incorporación al escalafón en 2002.

10. Asimismo, afirmó que la interpretación acogida por las autoridades judiciales
desconoció la naturaleza de su permanencia en la institución desde el servicio militar

3
“Por el cual se establecen normas sobre el régimen prestacional de los empleados públicos, los trabajadores oficiales y los
miembros de la fuerza pública.”
4
La autoridad judicial negó las pretensiones al concluir que el régimen de cesantías aplicable al actor era el previsto en el
Decreto 1252 de 2000, esto es, el sistema anualizado sin retroactividad. Señaló que el régimen anterior solo resultaba aplicable
a quienes hubieran consolidado su relación legal y reglamentaria como oficiales antes de la entrada en vigencia del nuevo
estatuto. En consecuencia, sostuvo que el momento determinante para definir el régimen prestacional es el ingreso al escalafón
de oficiales, esto es el 27 de diciembre de 2002, y no el tiempo previo como alumno, por lo que descartó la aplicación del
sistema retroactivo invocado.
5
El ad quem confirmó la sentencia de primera instancia al concluir que el actor adquirió la relación legal y reglamentaria como
oficial únicamente el 27 de diciembre de 2002, fecha de su incorporación al escalafón, momento en el cual ya se encontraba
vigente el Decreto 1252 de 2000. En consecuencia, determinó que el régimen aplicable para la liquidación de cesantías era el
sistema anualizado previsto en dicha normativa. Igualmente, precisó que ni el servicio militar obligatorio ni la permanencia
como alumno generan vínculo jurídico como oficial, por cuanto la calidad de servidor público en ese grado surge con el acto
administrativo de incorporación. Por ello, descartó la aplicación del régimen retroactivo de cesantías contemplado en el Decreto
1211 de 1990.
6
“Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares.”

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obligatorio y su posterior formación como alumno, etapas que, a su juicio,
configuraban una vinculación válida para efectos prestacionales.

11. De igual forma, invocó la configuración de un defecto fáctico, al estimar que
las autoridades judiciales omitieron valorar adecuadamente el tiempo efectivamente
servido desde 1999 y el reconocimiento institucional de dicho período, lo que habría
conducido a una conclusión contraria a los hechos acreditados en el proceso.

12. En síntesis, el reproche sobre la providencia se estructuró sobre dos ejes: (i)
una presunta interpretación indebida del marco normativo aplicable al régimen de
cesantías de los miembros de la Fuerza Pública, y (ii) una supuesta valoración
irrazonable del acervo probatorio, que habría conducido a la confirmación de un
régimen prestacional que estimó contraria a sus derechos fundamentales.

2.3. Pretensiones

13. Con fundamento en lo anterior, solicitó lo que se cita:

«1. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y a la
favorabilidad laboral del señor Fabián Sneider Calderón Camacho.

2. DEJAR SIN EFECTO la sentencia del 20 de noviembre de 2025 dictada por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

3. ORDENAR al Tribunal proferir una nueva sentencia que respete el régimen
de cesantías retroactivas (Decreto 1211 de 1990), teniendo en cuenta, el
régimen especial de la fuerza pública y la vinculación inicial del actor en enero
de 1999.» (Sic en toda la cita)

2.4. Intervenciones

14. La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 12 de
febrero de 20267 a través del cual se ordenó notificar al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D como accionado y al Juzgado
Noveno Administrativo del Circuito de Bogotá, a la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Ejército Nacional como terceros interesados en el resultado del proceso.

15. Asimismo, ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
para lo de su competencia y se reconoció personería al apoderado de la parte actora.

2.4.1. El Juzgado Noveno Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá,
Sección Segunda8, remitió el vínculo de acceso al proceso, sin emitir ningún
pronunciamiento adicional.

2.4.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda
Subsección “D”9 solicitó declarar la improcedencia de la acción o en subsidio negar
la solicitud de amparo. Indicó que la providencia cuestionada fue debidamente
motivada y que el actor pretendía reabrir un debate jurídico ya resuelto en sede
ordinaria.

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16. Señaló que en la sentencia atacada se estableció con claridad que la relación
legal y reglamentaria como oficial se consolidó el 27 de diciembre de 2002, fecha de
incorporación al escalafón, cuando ya se encontraba vigente el Decreto 1252 de
2000, razón por la cual ese era el régimen aplicable en materia de cesantías.

17. Precisó, además, que ni el servicio militar obligatorio ni la permanencia como
alumno generan la condición de oficial escalafonado, pues esta surge únicamente
mediante acto administrativo de incorporación. En tal medida, sostuvo que no se
configuró defecto sustantivo ni fáctico alguno y que la tutela carecía de relevancia
constitucional, al evidenciarse una simple discrepancia interpretativa.

2.4.3. La Nación-Ejército Nacional guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia

18. La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la referencia,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 080 de
201910 y demás normas concordantes.

3.2. Problema jurídico

19. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D, con ocasión de la providencia del 20 de noviembre de 2025, al interior
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-
33-35-009 2022-00242-01, vulneró o no los derechos fundamentales al “debido
proceso, a la igualdad y a la favorabilidad laboral” del señor Fabián Sneider Calderón
Camacho, al supuestamente incurrir en los defectos sustantivo y fáctico.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

20. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015. Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de
las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial
para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene el
carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

21. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a
los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa

10 Reglamento interno del Consejo de Estado.

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perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es
susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando
desborda los límites que la Carta le impone.

22. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de estos y en esa medida
las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De ahí
que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el
delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

23. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y
por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa,
tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien
demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable;
(iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que
la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; (v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de
derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.

3.3.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.

3.3.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración
de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente individualizados.

3.3.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de recursos
ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

3.3.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional se
dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más de 6
meses desde que se profirió la providencia objeto de cuestionamiento, esto es, el 20
de noviembre de 2025 y la interposición de la acción de tutela, es decir, 10 de febrero
de la presente anualidad.

3.3.1.4. El asunto por resolver es de relevancia constitucional, en la medida que se
centra en establecer una posible vulneración iusfundamental al “debido proceso, a la
igualdad y a la favorabilidad laboral”, como consecuencia de los presuntos defectos:
sustantivo y fáctico, los cuales se encuentran fundamentados razonablemente.

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24. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.

3.4. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

25. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se
configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte
Constitucional11 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:

a. Una dimensión negativa12, que ocurre cuando el juez niega o valora la
prueba de manera arbitraria, irracional o caprichosa y sin razón valedera da
por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y
objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en la valoración de
pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados
por el juez.

b. Una dimensión positiva13, que se presenta generalmente cuando el juzgador
aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia
cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.

26. Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del
juez de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de
carácter extremadamente reducido, toda vez que:

«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no constituyen
defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al juez dos
interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le corresponde
determinar al funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál resulta más convincente
después de un análisis individual y conjunto de los elementos probatorios».

27. En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se encamina
a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por el juez que
ordinariamente conoce de un asunto.

3.4.1. Análisis de la presunta configuración del defecto fáctico en el asunto
bajo examen

28. La Sala advierte de entrada que considera no se configuró en este asunto el
defecto fáctico alegado toda vez que el Tribunal valoró adecuadamente las pruebas,
sin incurrir en omisiones ni distorsiones, y su decisión se ajustó a los hechos y al
derecho aplicable al caso concreto.

29. El accionante sostuvo que, en su sentir, la sentencia de la autoridad judicial
accionada incurrió en el defecto reprochado al supuestamente desconocer el tiempo
que sirvió al Ejército Nacional desde enero de 1999 y el reconocimiento institucional
de dicha permanencia.

11
Véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-567 de
1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
12
Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
13
Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.

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30. No obstante, del contenido de la providencia se desprende que el ad quem
tuvo por acreditado el ingreso del actor al Ejército en esa fecha para prestar el
servicio militar obligatorio, así como su posterior permanencia como alumno, por lo
que la controversia no giró en torno a la existencia de tales hechos, sino a su
relevancia jurídica para efectos de definir el régimen prestacional aplicable.

31. En ese contexto, el Tribunal distinguió entre la permanencia material en la
institución y la consolidación formal de la relación legal y reglamentaria como oficial,
asignando efectos jurídicos únicamente a esta última. Dicha distinción no
comporta omisión probatoria alguna, sino una valoración jurídica de hechos
plenamente establecidos en el proceso contencioso.

32. Tampoco se evidencia que el Tribunal haya ignorado prueba determinante o
arribado a conclusiones contrarias al acervo probatorio, pues, por el contrario, la
sentencia explicó de manera expresa por qué el tiempo previo a adquirir el escalafón
no incidía en la determinación del régimen de cesantías.

33. Así las cosas, la discrepancia del accionante se dirige, en realidad, contra la
consecuencia jurídica derivada de hechos no controvertidos, mas no contra la
apreciación de la prueba en sí misma. En ese entendido, al no advertirse una
valoración arbitraria, irrazonable o contraevidente del material probatorio, no se
estructura el defecto fáctico invocado.

34. En ese contexto, se recuerda que el defecto fáctico se configura únicamente
en los eventos en los que se advierta que la valoración de la prueba fue arbitraria o
irracional, y en el caso concreto la argumentación de la providencia es razonable.

35. Al respecto, la Corte Constitucional ha recordado que la autonomía con que
cuenta el juez para valorar la prueba dentro de cierto grado de discrecionalidad,
cuando sus conclusiones están fundadas en una crítica objetiva fundada en la lógica
y en los principios de racionalidad jurídica que deben guiar los pronunciamientos de
la justicia, descarta la posibilidad de calificar su decisión como violatoria de derechos
fundamentales o constitutiva de algún defecto puesto que se trata, simplemente, de
la actividad ejercida de manera razonable al amparo de los principios
constitucionales de autonomía e independencia judicial14.

36. Es necesario recordar que el análisis que le corresponde realizar al juez
constitucional al estudiar la procedencia de tutela contra providencia judicial no es
de corrección sino de validez15, motivo por el cual solo habrá lugar a amparar los
derechos fundamentales en los eventos en los que se advierta que el razonamiento
es arbitrario o caprichoso. Por lo tanto, en definitiva, para la Sala no se encuentra
configurado el defecto fáctico.

3.5. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

37. La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el campo

14 Sentencia T-106 de 2000.
15Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 6 de mayo de 2021, magistrado ponente: Cristina Pardo Schlesinger.

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de aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo en los
siguientes términos:

«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son evidentemente
aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación de la normatividad (sic) que
contraría los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica y cuando omite la
aplicación de una regla definida por una sentencia con efecto erga omnes. En suma,
el defecto sustantivo se configura cuando la interpretación y aplicación de la
normatividad al caso concreto resulta contraria a los criterios mínimos de juridicidad y
razonabilidad que orientan al sistema jurídico»16.

38. En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en los
cuales se configura el defecto sustantivo como causal especifica de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales:

«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta carencia de
juridicidad de las providencias judiciales, aparece, como ya se mencionó, cuando la
autoridad judicial respectiva desconoce las normas de rango legal o infralegal
aplicables en un caso determinado, ya sea por su absoluta inadvertencia, por su
aplicación indebida, por error grave en su interpretación o por el desconocimiento del
alcance de las sentencias judiciales con efectos erga omnes cuyos precedentes se
ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada.

En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo:

(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta
por el fallador.

(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a
las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de
una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente
perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o
desproporcionada), y, finalmente.

(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la
jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa
juzgada respectiva”.

Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que si bien es cierto que
los jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan con autonomía e
independencia judicial para interpretar y aplicar las normas jurídicas, dicha facultad no
es en ningún caso absoluta. Por tratarse de una atribución reglada, emanada de la
función pública de administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden
jurídico preestablecido y, principalmente, por los valores, principios, derechos y
garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho».

«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto sustantivo que
convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera cuando la decisión que toma
el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al
apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por
ejemplo (i) porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento
jurídico, (ii) porque ella es claramente inconstitucional y el funcionario se abstuvo de
aplicar la excepción de inconstitucionalidad, (iii) porque su aplicación al caso concreto
es inconstitucional, (iv) porque ha sido declarada inexequible por la propia Corte
Constitucional o, (v) porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecúa
a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo,

16Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, magistrado ponente: Eduardo
Montealegre Lynett.

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se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador»17.

39. Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que se
presentó un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoció las normas
que son aplicables al caso bien sea por realizar una interpretación que contraría los
postulados mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se desconoció la normativa
aplicable o porque omitió tener en cuenta la ratio decidendi de una sentencia con
efectos erga omnes.

3.5.1. Análisis de la presunta configuración del defecto sustantivo en el asunto
bajo examen

40. El accionante atribuyó a la sentencia del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca la configuración de un defecto sustantivo, por haber aplicado el
régimen anualizado de cesantías previsto en el Decreto 1252 de 2000 y no el sistema
retroactivo contemplado en el Decreto 1211 de 1990.

41. Ahora bien, del examen de la providencia cuestionada se advierte que el ad
quem delimitó con precisión el problema jurídico, consistente en establecer el
momento en que se consolidó la relación legal y reglamentaria del actor como oficial
del Ejército Nacional, circunstancia determinante para fijar el régimen prestacional
aplicable.

42. En desarrollo de ese análisis, concluyó que dicha relación surgió el 27 de
diciembre de 2002, fecha en la cual el actor fue incorporado al escalafón con el grado
de subteniente, momento para el cual ya se encontraba vigente el Decreto 1252 de
2000.

43. La sentencia explicó que ni el servicio militar obligatorio ni la permanencia
como alumno en la Escuela Militar configuran la relación legal y reglamentaria propia
del oficial, por cuanto esta solo surge cuando se produce la incorporación al
escalafón mediante el respectivo acto administrativo.

44. En ese sentido, el Tribunal sostuvo que es el acto mediante el cual se
asciende en el escalafón el que marca el inicio de la condición jurídica de oficial
dentro de la estructura de la carrera militar, razón por la cual las etapas anteriores
no resultan determinantes para definir el régimen de cesantías.

45. Al respecto, la Sala no advierte la aplicación de norma inexistente, derogada
o manifiestamente impertinente, ni una interpretación abiertamente contraria al
ordenamiento jurídico. Antes bien, el Tribunal efectuó una lectura sistemática del
régimen especial de las Fuerzas Militares y de las reglas temporales que gobiernan
la determinación del régimen de cesantías.

46. Así las cosas, la inconformidad del actor se contrajo a sostener que su
permanencia institucional desde 1999 debía ser jurídicamente determinante; sin
embargo, tal postura corresponde a una interpretación alternativa del marco
normativo aplicable y no a la existencia del defecto alegado ni a ninguna trasgresión
ius fundamental.

17
Corte Constitucional, sentencia T – 581 de 27 de julio de 2011, magistrado ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

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Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00977-00
Accionante: Fabián Sneider Calderón Camacho

47. Por lo expuesto en precedencia, al encontrarse la decisión debidamente
motivada y fundada en una interpretación jurídicamente razonable, no se configura
el defecto sustantivo alegado.

48. En consecuencia, esta Sala advierte que se negarán las pretensiones de la
acción de tutela, por no configurarse los defectos alegados.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Negar el amparo de tutela solicitado por el señor Fabián Sneider Calderón
Camacho por los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente
providencia.

Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Tercero: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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