Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00977-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00977-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-00977-01
Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora
8 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Bogotá, D. C., ocho (8) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00977-01
Accionante: FABIÁN SNEIDER CALDERÓN CAMACHO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN D
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Improcedencia por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
1. Se modificará la sentencia proferida el 5 de marzo de 2026 por la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que negó el amparo. En su lugar,
se declarará la improcedencia de la acción de tutela porque la controversia carece
de relevancia constitucional. El accionante pretende reabrir un debate jurídico de
mera legalidad ya resuelto por los jueces naturales de la causa.
II. ANTECEDENTES
La demanda
2. El 10 de febrero de 2026, el señor Fabián Sneider Calderón Camacho, a través
de apoderado judicial, presentó acción de tutela para obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad1. Atribuye la vulneración
a la sentencia del 20 de noviembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que confirmó la decisión de
negar las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
promovida contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional. Al
proceso se le asignó el radicado 11001-33-35-009-2022-00242-00/01.
Hechos relevantes
3. El accionante se vinculó al servicio del Ejército Nacional el 28 de enero de 1999,
para prestar el servicio militar; posteriormente, ingresó como alumno de la escuela
de formación el 16 de enero de 2000, fue escalafonado como subintendente el 27
1 También invocó el principio de favorabilidad laboral.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00977-01
Accionante: Fabián Sneider Calderón Camacho
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
de diciembre de 2002 y a partir del 20 de mayo de 2021, se retiró definitivamente
por llamamiento a calificar servicios.
4. Tras su desvinculación, el Ejército Nacional profirió la Resolución 301516 de
2021, que reconoció y ordenó el pago de las cesantías definitivas a favor del
accionante, bajo el régimen anualizado, de conformidad con lo señalado en el
Decreto 1252 de 2000.
5. Contra dicha decisión, el actor interpuso recurso de reposición, por considerar
que se encuentra amparado por el régimen de cesantías retroactivo, dado que
ingresó a la institución desde el 28 de enero de 1999. El recurso se resolvió
desfavorablemente con Oficio 2022367000243991 de 9 de febrero de 2022.
6. Inconforme con lo decidido, ejerció el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, cuyo conocimiento en primera instancia correspondió
al Juzgado Noveno Administrativo de Bogotá, que con sentencia del 13 de mayo de
2025 negó las pretensiones de la demanda, al considerar que de conformidad con
lo regulado en el artículo 162 del Decreto 1211 de 1990, las cesantías son una
prestación establecida a favor de los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares,
de modo que, para determinar el régimen aplicable no se tiene en cuenta el ingreso
a la institución como alumno, sino la fecha de vinculación al escalafón como
subintendente (27 de diciembre de 2002).
7. En ese orden, el a quo señaló que al actor le es aplicable el régimen de cesantías
establecido en el Decreto 1252 de 30 de junio de 2000, esto es, el régimen
anualizado y sin retroactividad.
8. El señor Calderón Camacho interpuso recurso de apelación, que se resolvió
desfavorablemente por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D, con sentencia del 20 de noviembre de 2025.
9. En esa oportunidad, la Corporación concluyó que alumnos de las escuelas
militares no pueden catalogarse como servidores públicos porque se encuentran
adelantando sus estudios de formación y, en todo caso, de conformidad con lo
señalado en el título VI del Decreto 1790 de 2000, el auxilio de cesantías no es una
prestación consagrada a favor de los alumnos de las escuelas de formación.
10. Agregó que, si bien es cierto que el artículo 45 del Decreto 1861 de 2017 prevé
que el tiempo de servicios como alumno debe ser computado para efectos de
cesantías y pensiones, ello no significa que se tenga en cuenta también para
determinar el régimen de cesantías aplicable. En ese orden, estableció que el actor
se encuentra amparado por el régimen anualizado contemplado en el Decreto 1252
de 2000 y confirmó la sentencia impugnada.
Pretensiones
11. Solicita la parte accionante lo siguiente (transcripción literal):
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00977-01
Accionante: Fabián Sneider Calderón Camacho
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
1.- AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y a la
favorabilidad laboral del señor Fabián Sneider Calderón Camacho.
2.- DEJAR SIN EFECTO la sentencia del 20 de noviembre de 2025 dictada por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
3.- ORDENAR al Tribunal proferir una nueva sentencia que respete el régimen
de cesantías retroactivas (Decreto 1211 de 1990), teniendo en cuenta, el
régimen especial de la fuerza pública y la vinculación inicial del actor en enero
de 1999.
Fundamentos de la demanda de tutela
12. Según la parte actora, la sentencia del 20 de noviembre de 2025, proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
adolece de los siguientes defectos:
13. Sustantivo. Por interpretación errónea del artículo 2º del Decreto 1252 de 2000,
al entender que cuando la norma hace alusión a la «vinculación», se refiere
necesariamente al ingreso al escalafón, dado que esa exigencia, originó que el actor
fuera excluido del régimen retroactivo de cesantías, y en su lugar, se le aplicara el
anualizado, previsto en el Decreto 1252 de 2000, que ampara a quienes se
vincularon a partir del 25 de mayo de 2000.
14. Desconocimiento del precedente. La providencia se aparta del principio de
favorabilidad, dado que debió optar por la interpretación de la norma más favorable
a los intereses del uniformado, y reconocer que la incorporación como alumno
implica la vinculación efectiva a la Fuerza Pública.
15. Fáctico. Por valoración arbitraria de la prueba, toda vez que no tuvo en cuenta
que en la Resolución 301516 de 2021, de reconocimiento del auxilio de cesantías,
la entidad computó tiempos de servicios anteriores al 25 de mayo de 2000, esto es,
el que el accionante estuvo vinculado como alumno.
16. Violación directa de la Constitución. La autoridad judicial realizó una
interpretación exegética y restrictiva del término vinculación, y desconoció el trato
diferencial que debe impartirse en estos casos, considerando que los miembros de
la Fuerza Pública están amparados por un régimen especial.
Trámite en primera instancia
17. Mediante auto del 12 de febrero de 2026, el despacho sustanciador del proceso
admitió la acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D, como accionado; y vinculó como terceros con
interés al Juzgado Noveno Administrativo de Bogotá, y a la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Ejército Nacional.
18. De igual forma, requirió al Juzgado Noveno Administrativo de Bogotá, a fin de
que remitiera copia digitalizada del expediente del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-009-2022-00242-00/01.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00977-01
Accionante: Fabián Sneider Calderón Camacho
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
Intervenciones
19. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D solicitó que se declare la improcedencia de la acción, dado que la
solicitud de amparo reitera los argumentos que cimentaron la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho, y por lo tanto, es evidente la intención de la parte
actora de reabrir el debate ya zanjado por el juez natural de la causa.
20. El Juzgado Noveno Administrativo de Bogotá remitió copia digitalizada del
expediente del proceso de origen.
21. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional no intervino,
pese a haber sido notificada en debida forma.
Sentencia de primera instancia
22. Mediante sentencia del 5 de marzo de 2026, la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado negó la solicitud de amparo, tras considerar que el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca no incurrió en los defectos invocados por
la parte actora.
23. No se configuró el defecto fáctico porque el Tribunal accionado tuvo por
demostrado que el actor se vinculó al Ejército para cumplir con el servicio militar
obligatorio, pero consideró que esa fecha no es la que define el régimen de
cesantías que le es aplicable. Por lo tanto, no encontró que se hubiera efectuado
una valoración caprichosa o irracional de la prueba.
24. Frente al defecto sustantivo, adujo que la autoridad judicial accionada no aplicó
normas derogadas, ni efectuó una interpretación abiertamente opuesta al
ordenamiento jurídico, al contrario, realizó un análisis sistemático del régimen
especial de las Fuerzas Militares, y concluyó que las etapas anteriores a la
vinculación del actor dentro de la estructura militar, no resultan determinantes para
definir el régimen de cesantías.
25. En suma, señaló que la inconformidad de la parte actora «(…) se contrajo a
sostener que su permanencia institucional desde 1999 debía ser jurídicamente
determinante; sin embargo, tal postura corresponde a una interpretación alternativa
del marco normativo aplicable y no a la existencia del defecto alegado ni a ninguna
trasgresión ius fundamental».
Impugnación
26. La parte accionante considera que el a quo erró al señalar que la controversia
es producto de una mera discrepancia interpretativa, y por ende no se configuró
defecto alguno, dado que omitió que cualquier duda hermenéutica debe resolverse
conforme al principio de estabilidad laboral estipulado en el artículo 52 Superior.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00977-01
Accionante: Fabián Sneider Calderón Camacho
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
27. En ese sentido, reiteró que la providencia cuestionada adolece del defecto
sustantivo, por cuanto en ella se acogió la interpretación más restrictiva para el actor
y no la más favorable como lo estipula la Constitución Política.
28. La interpretación que establece que la vinculación al servicio se consolida
únicamente con el ingreso al escalafón, desconoce el artículo 170 del Decreto 1211
de 1990, que expresamente ordena computar el tiempo como alumno (hasta por
dos años) para efectos del reconocimiento de la asignación de retiro y de las demás
prestaciones sociales.
29. Así mismo, se desconoció el artículo 40 de la Ley 48 de 1993, que reconoce el
tiempo de servicio militar obligatorio para efectos de reconocer las cesantías en las
entidades estatales.
30. Insistió en el defecto fáctico alegado, porque a su juicio, el Tribunal demandado
ignoró el contenido de la Resolución 301516 de 2021, dado que, en ese acto
administrativo, la entidad reconoció, computó y liquidó 1086 días de servicio
anteriores al ingreso del actor al escalafón. Así, resulta arbitrario y caprichoso que
si la autoridad judicial verifica que el tiempo se computó para unos efectos, no tenga
en cuenta ese mismo criterio para el momento de establecer la fecha de ingreso al
servicio y la aplicación del régimen retroactivo de cesantías.
31. Del mismo modo, insistió en la violación directa de la Constitución, porque en su
sentir la autoridad judicial accionada debió optar por la interpretación más favorable,
en virtud del principio constitucional.
32. En cuanto al vicio de desconocimiento del precedente, en la apelación agregó
que la tesis acogida en la sentencia objeto de reproche, no se acompasa con lo
señalado por el Tribunal Administrativo del Meta2 y por la Sala de Consulta y
Servicio Civil del Consejo de Estado3, que han entendido que para efecto de
reconocimientos de prestaciones, la vinculación al servicio opera desde el momento
del ingreso a la institución ya sea como soldado o como alumno.
33. La misma postura fue acogida en sede de tutela por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado4, y por la Corte Constitucional5, de donde se establece que ya
existe una línea de interpretación en esta materia, que debe seguirse, so pena de
desconocer los derechos al debido proceso, de igualdad y de acceso a la
administración de justicia.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
34. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de segunda instancia dentro del
2 Proceso con radicado núm. 50001-33-33-004-2019-00355-0.
3 Concepto del 24 de julio de 2002, radicado núm. 11001-03-06-000-2001 01397-00(1397).
4 Sentencia del 26 de septiembre de 2024, radicado núm. 11001-03-15-000-2024-03055 01.
5 Sentencia T-473 de 2025.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00977-01
Accionante: Fabián Sneider Calderón Camacho
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 32 del
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de
20198.
Problema jurídico y metodología de la decisión
35. En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo satisface los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales.
36. Solo en el evento en que se cumplan tales exigencias, se analizará si se
encuentran configurados los defectos atribuidos a la providencia del 20 de
noviembre de 2025 y si, por consiguiente, la Subsección D de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca vulneró los derechos fundamentales
al debido proceso y a la igualdad del accionante.
Análisis de la sala
Requisitos generales de procedibilidad
37. Legitimación en la causa. El señor Fabián Sneider Calderón Camacho se
encuentra legitimado para interponer la acción de tutela, toda vez que es el titular
de los derechos fundamentales cuya protección se reclama, dada su condición de
demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
11001-33-35-009-2022-00242-00/01, en el que se adoptó la decisión cuestionada.
38. El requisito de legitimación en la causa por pasiva también se cumple, porque
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, fue
la autoridad judicial que dictó la sentencia a la que se le atribuye la vulneración de
los derechos fundamentales de la parte actora.
39. Inmediatez. Se cumple este requisito, toda vez que la sentencia de segunda
instancia cuestionada fue proferida el 20 de noviembre de 2025, mientras que la
solicitud de amparo se presentó el 10 de febrero de 2026. Este término resulta
razonable.
40. La providencia cuestionada no fue proferida en otro proceso de tutela.
41. Subsidiariedad. La presente acción de tutela cumple con el requisito de
subsidiariedad, pues se agotaron todos los medios judiciales ordinarios previstos en
el ordenamiento jurídico para proponer la controversia que aquí se planteó.
42. Relevancia constitucional. La acción de tutela no es una instancia adicional
para discutir aspectos económicos, de mera legalidad o la interpretación legítima de
los jueces naturales6. Este mecanismo solo procede cuando afloran serias dudas
sobre la arbitrariedad, capricho o irracionalidad de una decisión judicial.
6 En la sentencia T-352 de 2025, la Corte Constitucional determinó que el requisito de relevancia
constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de las
autoridades judiciales de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por lo tanto, evitar que la
6
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Accionante: Fabián Sneider Calderón Camacho
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
Caso concreto
43. El señor Fabián Sneider Calderón Camacho ejerció acción de tutela para que
se deje sin efectos la sentencia del 20 de noviembre de 2025, en la que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, confirmó la
decisión emitida por el Juzgado Noveno Administrativo de Bogotá, que negó las
pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho.
44. La parte actora censura la providencia por considerar que incurre en los defectos
sustantivo, desconocimiento del precedente, fáctico y violación directa de la
Constitución, que cimenta en un argumento transversal, que establece que para
determinar el régimen de cesantías aplicable, de cara a lo establecido en el artículo
2º del Decreto 1252 de 20007, se debe tomar la fecha de ingreso como soldado
voluntario, y no la fecha en que se surtió el ingreso al escalafón militar, en el grado
de subintendente.
45. En ese sentido, para la Sala es evidente que, a través de la acción constitucional
de la referencia, el accionante pretende revivir el debate suscitado en el proceso de
origen, toda vez que los argumentos esgrimidos en la demanda no evidencian la
vulneración de una garantía fundamental, sino más bien su inconformidad con la
decisión adoptada, que se fundamenta en los mismos aspectos que motivaron el
recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 13 de mayo de 2025,
proferida por el Juzgado Noveno Administrativo de Bogotá
46. En efecto, el proceso de origen, el accionante pretendió que se anulara el acto
administrativo de reconocimiento de las cesantías definitivas y el oficio que al
resolver el recurso de reposición, lo confirmó. A título de restablecimiento del
derecho solicitó que se ordenara a la demandada el reconocimiento y pago de las
cesantías de forma retroactiva (no anualizada), por valor de $118.258.303.
47. Para sustentar sus pretensiones, señaló que se vinculó al servicio del Ejército
Nacional desde el 28 de enero de 1999, fecha en que ingresó a prestar el servicio
militar. En consecuencia, es beneficiario del régimen de transición previsto en el
Decreto 1252 de 2000 y por ende, está amparado por el régimen de cesantías
retroactivo y no anualizado.
48. Es decir, en el proceso de origen, se sustentó la controversia en la tesis de la
parte actora, que establece que la fecha de ingreso a prestar el servicio militar es la
que se debe tener en cuenta para determinar el régimen de cesantías aplicable, y
no el día en que fue escalafonado en el rango de subintendente (27 de diciembre
de 2002), dado que si se toma la segunda calenda, se acogería erróneamente el
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad, (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a disputas vinculadas con la afectación de los derechos fundamentales e (iii) impedir
que esta acción se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de
los jueces.
7 ARTÍCULO 2°. Los servidores públicos que a 25 de mayo de 2000, disfrutaban del régimen de
cesantías retroactivas continuarán en dicho régimen hasta la terminación de la vinculación laboral
en el organismo o entidad en la que se aplica dicha modalidad prestacional.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00977-01
Accionante: Fabián Sneider Calderón Camacho
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
régimen de cesantías anualizado previsto en el Decreto 1252 de 2000, que rige a
partir del 25 de mayo de 2000.
49. El Juzgado Noveno Administrativo de Bogotá negó las pretensiones con
sentencia del 13 de mayo de 2025, toda vez que consideró que es la fecha del
nombramiento en el grado de subintendente la que determina el régimen de
cesantías que ampara al accionante. Así discurrió:
Descendiendo a la normativa aplicada por la demandada, se tiene que el
Decreto 1252 de 2000, dispuso un cambio en el régimen de cesantías de los
miembros de la Fuerza Pública, por lo cual contempló una transición para los
servidores públicos que, al 25 de mayo de 2000, disfrutaban del régimen de
cesantías retroactivas, permitiéndoles continuar con el mismo hasta la
terminación de la vinculación laboral.
Ahora, es pertinente, hacer referencia al artículo 162 del Decreto 1211 de 1990,
que pretende el demandante le sea aplicado, en el que se consigna: (…)
Como se observa, de la literalidad de la norma, la cesantía allí contemplada,
está prevista para los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares, más no
por los alumnos.
Al respecto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D, Magistrada Ponente Doctora Alba Lucía Becerra Avella, en
sentencia del veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintitrés (2023), al resolver
un asunto similar al que nos ocupa, sobre las escuelas de formación y su
inclusión para determinar el régimen sobre prestaciones que les resultan
aplicables, señaló: (…)
Fue así como en esa oportunidad el Tribunal aclaró que, si bien, de acuerdo
con la jurisprudencia del Consejo de Estado, el tiempo en la Escuela de
Formación “solo se tiene en cuenta para derechos pensionales de quienes
continúan en servicio activo hasta obtener la asignación de retiro, puesto que,
si se produce el retiro antes del tiempo mínimo para la prestación, estos lapsos
no tienen ningún efecto para fines pensionales”; lo cierto es que, no podría
interpretarse que dicha posibilidad permite inferir o colegir la aplicación del
régimen de transición aquí solicitado, en tanto “la condición del demandante no
se enmarcaba en el requisito previsto para ser beneficiario”, pues durante el
tiempo de permanencia en la Escuela de Suboficiales no tenía derecho a
devengar el auxilio de cesantías previsto en el artículo 162 del Decreto 1211
de 1990.
Con lo anterior se concluye que, la fecha para aplicación del régimen de
cesantías se encuentra determinada por el Decreto 1252 del 30 de junio de
2000, y que, como quiera que el demandante tan solo era alumno de la Escuela
Militar hasta el 25 de diciembre de 2002, habiendo ingresado al escalafón de
oficiales al cargo de Subteniente mediante Resolución 1295 del 27 de
diciembre de 2002, en la misma fecha, es decir con posterioridad al 6 de julio
de 2000, fecha de entrada en vigencia del Decreto 1252 de 2000, se le aplica
el régimen prestacional sobre cesantías allí consignado, por lo que sus
cesantías se le liquida conforme el régimen anualizado de cesantías.
Por lo que, se puede reiterar que el régimen para la liquidación y pago de las
cesantías del actor es consagrado en el Decreto 1252 del 2000, esto es, bajo
el régimen anualizado y sin retroactividad; puesto que, para tal determinación,
la fecha a considerar es la de su ingreso al escalafón de oficiales, lo que lo
excluye de aplicar el beneficio de retroactividad.
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Accionante: Fabián Sneider Calderón Camacho
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
50. Inconforme con esta decisión, el señor Calderón Camacho la apeló con los
siguientes argumentos8:
El apoderado del demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior
decisión (archivos ,012; 013, exp. virtual), alegando que el ad quo erró al
interpretar que la condición de alumno oficial no constituye una vinculación a la
Fuerza Pública, lo que a juicio del recurrente contraviene las mismas
consideraciones del fallo.
Expresa que el parágrafo del artículo 13 de la Ley 344 de 1996, excluyó la
aplicación del régimen de cesantías anualizadas a los miembros de la fuerza,
y posteriormente, el Decreto 1252 de 2000, respetando el régimen de
transición, señala claramente que dicha norma solo se aplicará a quienes se
VINCULEN al servicio del Estado a partir de su entrada en vigor, esto es, a
partir del 25 de mayo de 2000.
Insiste que el Decreto 1252 de 2000, en ninguna parte señala que es a partir
del escalafón, como contrariamente lo interpreta el A quo. En tal sentido,
considera que a quienes estaban vinculados antes del 25 de mayo de 2000, se
les deben reconocer y liquidar las cesantías de forma retroactiva, hasta la
terminación de la vinculación laboral, incluidos los 3 meses de alta.
(…)
Dice el actor que el fallo recurrido interpreta indebidamente lo previsto en el
artículo 170 del Decreto 1211 de 1990, al señalar que el mismo, solo es
aplicable a los oficiales y suboficiales. Por el contrario, considera que dicha
norma debe llevarse a futuro, puesto que, las cesantías definitivas se liquidan
cuando cesa el vínculo laboral entre en empleador y trabajador, esto es, desde
enero de 1999 hasta el año 2021, que fue cuando se termina la relación laboral
y, por tanto, se causa el derecho.
Arguye que, la resolución demandada que le reconoció las cesantías
definitivas, se fundamentó en el Decreto 1211 de 1990, en criterio del
recurrente, porque el Decreto 1252 de 2000, no es norma especial; y en el
mismo acto se liquida el tiempo desde la vinculación al servicio militar, así
como, el tiempo de servicio como alumno de la escuela de formación, al señalar
que “el tiempo de servicio militar y/o de alumno y de en la escuela de formación
debe ser liquidado con los haberes del primer lapso como oficial”. Colige que
en el acto administrativo se aprecia que la demandada reconoció el tiempo de
servicio a liquidar, desde la vinculación del demandante (28-01-1999) y no a
partir del ingreso al escalafón como lo interpretó el a-quo.
Finalmente, el accionante sostiene que la sentencia de primera instancia
también desconoce el principio de favorabilidad, previsto en el artículo 53
constitucional, el cual señala que, en caso de duda sobre la aplicación de
normas, se debe adoptar la norma más favorable al trabajador.
51. Sobre todos esos argumentos se pronunció la autoridad judicial accionada,
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, en la
sentencia del 20 de noviembre de 2025, así:
Las Escuelas de formación militar, para oficiales y suboficiales, están
organizadas como entes de educación superior, a las cuales corresponde
desarrollar las acciones pertinentes para crear las actitudes y
comportamientos que deben caracterizar al Oficial y Suboficial, siguiendo las
pautas de excelencia académica. En consecuencia, a estas les corresponde
la educación castrense de dicho personal, y los programas que imparten
8 Tomados de la sentencia del 20 de noviembre de 2025, objeto de reproche.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00977-01
Accionante: Fabián Sneider Calderón Camacho
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
implican que el alumno previamente haya concluido los estudios de educación
media. Al ser consideradas como instituciones de educación superior, en tal
virtud otorgan títulos de profesionales, tecnólogos o técnicos profesionales,
como lo indica el artículo 7° del Decreto 1790 de 2000.
(…)
Conforme a lo anterior, resuelta evidente que la incorporación a la prestación
del servicio militar obligatorio no deriva carácter laboral alguno, dado que el
vínculo de dicho personal surge debido al cumplimiento del deber
constitucional de defensa de la independencia de la soberanía nacional y de
las instituciones públicas, según lo estableció el Consejo de Estado en la
sentencia citada en párrafos atrás de este fallo. Del mismo modo, los alumnos
de las escuelas de formación no se encuentran al servicio del estado y de la
comunidad, dado que apenas están iniciando su formación como oficiales o
suboficiales del Ejército y en tal virtud deben prepararse y aprobar un plan de
estudios al considerarse como una institución de educación superior,
pudiendo perder incluso tal calidad en el caso de incurrir en una de las
causales previstas en el reglamento de la Escuela.
En este punto se debe reiterar que, dentro de la clasificación de los servidores
públicos, se encuentran los empleados públicos y los trabajadores oficiales,
entendiendo por los primeros, aquellos que tienen una relación legal o
reglamentaria con la administración, existiendo, en consecuencia, un acto
administrativo de nombramiento y un acto de posesión. Al respecto, cabe
insistir que solo media acto administrativo de ingreso de los oficiales o
suboficiales por parte del Gobierno Nacional, pues, en el caso del estudiante,
formaliza su ingreso con la matrícula.
De manera que, el vínculo laboral de los oficiales de las Fuerzas Militares
surge en virtud de una relación legal y reglamentaria consolidada a través del
correspondiente acto administrativo de ingreso al escalafón de oficiales en el
grado de Subteniente efectuado por el Gobierno Nacional, momento en el cual
se transforma ese vínculo o relación especial de sujeción de alumno a
diferencia del estudiante de la Escuela Militar que se incorpora de forma
voluntaria a prepararse como Oficial del Ejército.
Adicionalmente, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado9, el
tiempo de prestación del servicio militar obligatorio y en la Escuela de
Formación solo se tiene en cuenta para derechos pensionales de quienes
continúan en servicio activo hasta obtener la asignación de retiro, puesto que,
si se produce —el retiro— antes del tiempo mínimo para la prestación, estos
lapsos no tienen ningún efecto para fines pensionales, en este contexto no
puede interpretarse que dicha posibilidad permita inferir o colegir la aplicación
del régimen de transición aquí solicitado, en tanto la condición del
demandante no se enmarca en el requisito previsto para ser beneficiario, pues
durante el tiempo de permanencia como estudiante de la Escuela Militar, no
tenía derecho a devengar el auxilio de cesantías previsto en el artículo 162
del Decreto 1211 de 1990, habida cuenta que no tenía la calidad de servidor
público.
Por consiguiente, como el señor Fabian Sneider Calderón Camacho, para la
entrada en vigor del Decreto 1252 del 30 de junio de 2000, ostentaba la
condición de alumno de la Escuela Militar, no le resulta aplicable el régimen
de transición allí previsto, pues, en tal condición no disfrutaba del régimen de
cesantías retroactivas. En consecuencia, su auxilio de cesantías debe ser
liquidado de manera anualizada, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1252
de 2000, como efectivamente lo hizo la entidad demandada.
9 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Consejera ponente: Gloria Duque Hernández.
Bogotá, D.C., primero (1) de julio de dos mil cuatro (2004). Radicación número: 1557.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00977-01
Accionante: Fabián Sneider Calderón Camacho
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
52. El Tribunal accionado también se refirió sobre el argumento del accionante de
que el juzgado incurrió en un yerro probatorio al desconocer que la entidad
demandada para efectos de liquidar las cesantías tuvo en cuenta la fecha de ingreso
como soldado, pero no consideró esa fecha para establecer el régimen aplicable.
Alegato que también presenta en la solicitud de amparo y frente al cual la autoridad
judicial explicó:
Si bien, en los términos del artículo 45 de la Ley 1861 de 2017 el tiempo de
prestación de servicios debe ser computado para efectos de cesantía, pensión
de jubilación, de vejez, tal circunstancia de ninguna manera quiere decir que,
por ello, se pueda determinar el régimen de retroactividad aplicable para los
servidores públicos incorporados antes de la vigencia del Decreto 1252 de
2000, simplemente porque como ya se consideró que, para ese momento, el
señor Calderón Camacho no ostentaba una relación legal y reglamentaria con
la entidad demandada, por ende, se debía tener en cuenta el régimen de
cesantías anualizadas que cobija a los empleados públicos vinculados a partir
del 25 de mayo de 2000.
53. Asimismo, el Tribunal demandado en la sentencia de segunda instancia, abordó
puntualmente el supuesto desconocimiento del principio de favorabilidad, alegado
por el apelante. Sobre el particular dijo:
En lo concerniente a la inconformidad expuesta por la parte actora, relacionado
con la aplicación del principio de favorabilidad, esta Sala de acuerdo con las
consideraciones expuestas en la presente providencia precisa que la norma
aplicable en cada caso es la vigente al momento del acaecimiento de la
condición que hace exigible la prestación, es decir, a la fecha de en qué
efectivamente el actor fue incorporado como oficial en el grado de Subteniente,
esto es el 27 de diciembre de 2002, época para la cual el Decreto 1252 de
2000, ya se encontraba produciendo plenos efectos y la parte demandante no
cumplía con las condiciones o supuestos de hecho fijados en dicha norma
como indispensables para ser beneficiario de la transición allí prevista.
En conclusión, en el asunto sub examine no existe duda ni confrontación entre
las normas que regulan las cesantías del actor para la época en que se produjo
su vínculo laboral como oficial del Ejército Nacional en el grado de Subteniente,
y las condiciones adquiridas con ocasión a la prestación del servicio militar
obligatorio y como alumno de la escuela militar, no generan un vínculo de
carácter laboral que permita suplir el requisito previsto por la norma párrafos
atrás analizada.
54. Como se observa, el tribunal resolvió sobre los argumentos e inconformidades
expresadas por la parte actora en el recurso de apelación, que son las mismas
presentadas en esta instancia de tutela, de ahí que se advierta la falta de relevancia
constitucional de la controversia planteada.
55. Para la Sala, los argumentos expuestos en la sentencia censurada son
razonables y no merecen reproche alguno desde el punto de vista constitucional. El
hecho de que el accionante no comparta el fundamento de la decisión, no significa
que la autoridad judicial accionada haya tomado una decisión irracional, absurda o
contraevidente; o al margen de las premisas normativas, de las pruebas y de la
jurisprudencia aplicable.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00977-01
Accionante: Fabián Sneider Calderón Camacho
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
56. En suma, para la Subsección, la discusión propuesta es una reiteración de un
debate ya surtido ante el juez natural de la causa, y en consecuencia carece de la
relevancia constitucional necesaria para ser estudiado de fondo en esta instancia.
En consecuencia, se modificará la sentencia impugnada, para en su lugar declarar
improcedencia de la acción de amparo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. MODIFICAR la sentencia del 5 de marzo de 2026, proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que negó la solicitud
de amparo. En su lugar:
SEGUNDO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el
señor Fabián Sneider Calderón Camacho, de conformidad con lo razonado en la
parte motiva.
TERCERO. NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO. ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Firmado electrónicamente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
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