Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00980-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00980-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-00980-01
Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora
15 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Bogotá, D. C., quince (15) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00980-01
Accionante: ADOLFO SEGUNDO FANDIÑO ORTEGA
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN B
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Improcedencia por falta de
relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
1. Se modificará la sentencia proferida el 12 de marzo de 20261 por la Subsección
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que negó el amparo de los derechos
fundamentales del señor Adolfo Segundo Fandiño Ortega. En su lugar, se declarará
improcedente la tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.
2. Los argumentos del escrito de tutela no satisfacen la carga argumentativa mínima
requerida para calificar el asunto como constitucionalmente relevante. El fallo
cuestionado explicó razonadamente por qué el mecanismo procesal idóneo para
obtener el cumplimiento íntegro de la sentencia proferida en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho era el proceso ejecutivo.
II. ANTECEDENTES
Demanda
3. El 10 de febrero de 20262, el señor Adolfo Segundo Fandiño Ortega presentó
acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales
al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad.
4. Atribuyó la vulneración a la sentencia del 14 de agosto de 2025, dictada por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que revocó el fallo de
primera instancia y declaró probada de oficio la excepción de ineptitud sustantiva
de la demanda, en el proceso con radicado 20001-23-33-000-2018-00085-01.
1 Que ingresó para fallo el 24 de abril de 2026.
2 Índice 2 de Samai del expediente de primera instancia.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00980-01
Accionante: Adolfo Segundo Fandiño Ortega
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
Hechos relevantes
5. El 1º de abril de 1988, el accionante ingresó a la Escuela de Policía Antonio
Nariño. En Resolución 2750 del 1º de noviembre de 2002, el director de la Policía
Nacional lo retiró del servicio por disminución de su capacidad psicofísica.
6. Por lo anterior, instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante
el Tribunal Administrativo de Santander, que, en sentencia del 26 de noviembre de
2009, accedió a las pretensiones. La decisión se apeló por la parte demandada. En
providencia del 25 de noviembre de 2010, la Subsección B de la Sección Segunda
la confirmó.
7. En cumplimiento de lo anterior, el director general de la Policía Nacional expidió
la Resolución 2384 del 8 de julio de 2011, en la que, además del reintegro, se ordenó
el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir y se tuvo como
«trabajado el tiempo comprendido entre el 12 de noviembre de 2002, hasta la fecha
de notificación del presente acto administrativo».
8. Posteriormente, a través de Resolución 1547 del 25 de noviembre de 2011, la
directora administrativa y financiera de la Policía Nacional dispuso:
ARTÍCULO 1. Dar cumplimiento a la sentencia del Consejo de Estado del 25
de noviembre de 2010, ejecutoriada el 11 de febrero de 2011, Acción de
Nulidad y Restablecimiento del Derecho, expediente número
20001233100020030069901, en consecuencia, disponer el pago de la suma
de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y DOS
PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($251.605.742,51), de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución (…)
9. El 27 de septiembre de 2017, el actor solicitó que se adicionara la Resolución
1547, para que se incluyera en la liquidación la prima de orden público equivalente
al 25 % del sueldo básico, porque devengaba ese emolumento cuando fue retirado
del servicio. La Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional negó la
solicitud en Oficio S-2017-049438/ANOPA-GRULI-1.10 del 21 de noviembre de
2017.
10. El señor Fandiño Ortega presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Resolución 1547 del 25 de noviembre de 2011 y el Oficio del 21
de noviembre de 2017.
11. En sentencia del 17 de septiembre de 2020, el Tribunal Administrativo del Cesar
accedió a las pretensiones de la demanda. La decisión fue apelada por la parte
demandada y, en decisión del 14 de agosto de 2025, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado la revocó. En su lugar, declaró probada la
excepción de ineptitud sustantiva de la demanda.
Pretensiones
12. La parte actora solicitó (i) dejar sin efectos la sentencia del 14 de agosto de 2025
proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y (ii)
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00980-01
Accionante: Adolfo Segundo Fandiño Ortega
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
ordenarle a esa Corporación proferir una nueva decisión en la que se resuelva de
fondo la controversia. Como medida provisional, pidió la suspensión de los efectos
de la referida sentencia.
Fundamentos
13. La sentencia del 14 de agosto de 2025 incurrió en los siguientes defectos:
14. Sustantivo y violación directa de la Constitución. Al cerrar el debate judicial
con una inhibición oficiosa, sin asegurar el estándar reforzado de motivación que
preserve los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso efectivo a la
administración de justicia.
15. Se le trasladó una carga de iniciar un proceso diferente a pesar de «haber
tramitado un medio de control con sentencia favorable en primera instancia», y no
se demostró por qué el medio de control escogido era manifiestamente
improcedente y «por qué el traslado a la vía ejecutiva preserva efectivamente los
derechos del accionante».
16. La identificación de otro medio no puede presumirse idónea y eficaz en
abstracto, sino que debe valorarse su eficacia real frente a la lesión alegada y el
estado del proceso, en especial cuando el original ya surtió un trámite completo y
existía decisión a su favor en primera instancia.
17. Desconocimiento del precedente horizontal porque el Tribunal Administrativo
del Cesar profirió una sentencia en un caso similar, que fue «confirmada de manera
íntegra por la misma sección de dicha Corporación», con radicado 20001-23-33-
000-2013-00082-01.
18. La decisión inhibitoria desconoció su derecho de acción y de acceso a la
administración de justicia porque impidió un pronunciamiento de fondo, lo que exigía
motivación reforzada «especialmente si se declara de oficio y en sede de segunda
instancia».
Trámite en primera instancia
19. Por auto del 13 de febrero de 20263, el despacho sustanciador del proceso en
primera instancia inadmitió la acción de tutela para que se aportara el poder especial
que facultara al abogado Henry Alberto Dediego León para representar los intereses
del señor Fandiño Ortega.
20. En providencia del 26 de febrero4 siguiente se admitió la tutela, se ordenó
notificar al presidente y magistrados de la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, como parte demandada, y al Tribunal Administrativo del Cesar,
3 Índice 5 de Samai del expediente de primera instancia.
4 Índice 9 de Samai del expediente de primera instancia.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00980-01
Accionante: Adolfo Segundo Fandiño Ortega
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
al ministro de Defensa Nacional y al director de la Policía Nacional, como terceros
con interés. También se negó la medida provisional solicitada.
Intervenciones
21. La Policía Nacional5 indicó que no se vulneraron los derechos fundamentales
del accionante. Cualquier debate sobre el cumplimiento del fallo judicial debe
canalizarse a través del proceso ejecutivo, pues es ese el escenario para debatir
sobre la liquidación de emolumentos reconocidos en una sentencia.
22. No se puede instrumentalizar un derecho de petición presentado en 2017 para
revivir términos procesales que ya precluyeron, porque la Resolución 1547 de 2011,
proferida en cumplimiento de la sentencia del 25 de noviembre de 2010 no fue
cuestionada oportunamente.
23. No se acreditó un perjuicio irremediable para acudir a la tutela como mecanismo
transitorio, ya que el señor Fandiño Ortega recibe su asignación de retiro.
24. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por
intermedio del magistrado ponente6, indicó que la tutela no cumple con el requisito
de relevancia constitucional, porque la discusión planteada se limita a un
desacuerdo con lo decidido.
25. No se configuró el defecto sustantivo. La solución dada al recurso de apelación
respondió a un análisis completo del régimen aplicable al caso, que establece que
los actos de mera ejecución no pueden ser objeto de un nuevo proceso judicial, sino
que «frente a ellos, se exige el cumplimiento de lo ordenado a través del proceso
ejecutivo».
Sentencia de primera instancia
26. En sentencia del 12 de marzo de 20267, la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado negó el amparo porque la controversia planteada por el
accionante no versó sobre el control de legalidad de un acto administrativo
autónomo, sino que se circunscribió a la verificación del cumplimiento de una
decisión judicial, por lo que debía ventilarse a través del proceso ejecutivo. De ese
modo, descartó la configuración del defecto sustantivo.
27. Respecto del desconocimiento del precedente, señaló que en el fallo
supuestamente ignorado el debate judicial recayó sobre un acto administrativo
definitivo, por ende, susceptible de control judicial. En consecuencia, no se configuró
tal defecto, porque «la decisión obedeció a las particularidades procesales y
probatorias del caso concreto».
5 Índice 13 de Samai del expediente de primera instancia.
6 Índice 19 de Samai del expediente de primera instancia.
7 Índice 20 de Samai del expediente de primera instancia.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00980-01
Accionante: Adolfo Segundo Fandiño Ortega
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
Impugnación8
28. La parte actora impugnó. En su criterio, no se analizó el defecto por violación
directa de la Constitución, que pretendía demostrar que la providencia judicial
cuestionada sacrificó mandatos superiores sin realizar una interpretación adicional.
Se trata de un cargo autónomo, diferenciable y «no absorbible».
29. Fue un error considerar suficiente la motivación de la providencia cuestionada,
a pesar de que el juez de tutela de primera instancia la calificó «de sucinta y breve».
A su juicio, una decisión de cierre debe ser suficiente, reforzada y materialmente
persuasiva.
30. Se acogió una comprensión incompleta de la regla jurídica sobre actos de
ejecución, sin verificar si los actos demandados exteriorizaban una decisión
autónoma con incidencia propia sobre la situación jurídica del actor. Citó las
providencias del 26 de septiembre de 2013 (radicado 68001-23-33-000-2013-
00296-01) y del 9 de abril de 2014 (radicado 73001-23-31-000-2008-00510-01),
«según [las] cuales los actos de ejecución no son demandables por regla general,
salvo cuando exceden parcial o totalmente la decisión que ejecutan y crean,
modifican o extinguen una situación jurídica distinta».
31. Finalmente, se descartó el desconocimiento del precedente con una
comparación insuficiente frente al caso resuelto en el expediente 2013-00082-01,
«a pesar de que la analogía fue planteada desde el inicio como un término de
comparación constitucionalmente relevante y estructuralmente semejante».
III. CONSIDERACIONES
Competencia
32. Conforme a los artículos 86 de la Constitución y 32 del Decreto Ley 2591 de
1991, concordantes con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019, por el
que se expidió el Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Subsección es
competente para proferir sentencia de tutela en segunda instancia.
Problema jurídico y metodología de la decisión
33. La Sala determinará si confirma, modifica o revoca la sentencia proferida el 12
de marzo de 2026 por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
que negó el amparo de los derechos fundamentales del señor Adolfo Segundo
Fandiño Ortega.
34. Para tal efecto, se analizará si se acredita el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad, en especial, el de relevancia constitucional. De
8 Índice 22 de Samai del expediente de primera instancia.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00980-01
Accionante: Adolfo Segundo Fandiño Ortega
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
cumplirse, se estudiará si se configuraron o no los defectos atribuidos a la sentencia
del 14 de agosto de 2025, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado.
Análisis de la Sala
35. Sobre el requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional, de
manera consistente y consolidada9, ha explicado que la acción de tutela no puede
convertirse en una instancia adicional de los procesos ordinarios, ni en el escenario
para discutir aspectos de mera legalidad o de índole patrimonial, o la apreciación
propia de los jueces naturales. Además, ha advertido que aquella es inidónea si lo
pretendido es que el juez constitucional se adentre en juicios de corrección, de
rectificación o de interpretación propios de las especialidades de cada jurisdicción.
36. En concordancia con lo anterior, en la sentencia del 5 de agosto de 2014 10, la
Sala Plena de esta corporación indicó que, para considerar acreditado el requisito
de relevancia constitucional, se requiere, primero, que el actor cumpla una carga
argumentativa mínima, es decir, que explique suficientemente la vulneración de
derechos fundamentales alegada, y, segundo, que la acción de tutela no se erija en
una instancia adicional del proceso en el cual se profiera la providencia cuestionada.
37. Además, la Corte Constitucional11 ha establecido que, si la solicitud de amparo
se encamina a cuestionar una providencia de alta corte, debe evidenciar una
afectación desproporcionada de derechos fundamentales derivada de una
actuación judicial arbitraria.
38. En el caso concreto, el accionante sostuvo que la Subsección B de la Sección
Segunda de esta corporación incurrió en defecto sustantivo, desconocimiento del
precedente y violación directa de la Constitución. En síntesis, reprochó que se
hubiera declarado de oficio la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, sin
una debida justificación. También debió explicarse razonadamente por qué no era
susceptible de control judicial el acto proferido en cumplimiento de la sentencia que
puso fin al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
39. Contrario a lo considerado por el juez de tutela de primera instancia, la Sala
advierte que la demanda carece de una carga argumentativa mínima, que le permita
al juez constitucional examinar la posible configuración de los defectos endilgados
a la providencia censurada.
40. Sobre el defecto sustantivo12, esta Subsección observa que la parte alegó su
configuración porque la providencia cuestionada no brindó un estándar reforzado
9 Al respecto, pueden consultarse las sentencias de unificación 128 de 2021, 103 de 2022 y 215 de
2022, así como la sentencia T-131 de 2021.
10 Proceso 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
11 SU-215 de 2022.
12 Se configura en los siguientes eventos: «(i) la decisión judicial se basa en una norma inaplicable,
porque no es pertinente, ha sido derogada o, a pesar de que está vigente y es constitucional, no se
adecúa a la situación fáctica a la cual se aplicó; (ii) la interpretación o aplicación de la norma al caso
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Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
de motivación respecto del porqué el medio escogido era manifiestamente
improcedente, ni tampoco por qué el proceso ejecutivo «preserva efectivamente los
derechos del accionante». Asimismo, echó de menos una valoración eficaz y real
del proceso ejecutivo «frente a la lesión alegada y el estado del proceso», máxime
si ya se había surtido la primera instancia con un resultado favorable a sus intereses.
41. La Sala, sin embargo, no advierte una explicación concreta, relacionada con la
controversia en cuestión, que permita concluir que la decisión judicial se fundamentó
en una norma inaplicable o que la interpretación de las normas sustanciales haya
sido irrazonable o basada en una lectura no sistemática. Tampoco se evidencia que
se hubiera alegado el desconocimiento u omisión en la aplicación de la norma
pertinente, ni la falta de aplicación de la excepción de constitucionalidad.
42. Algo similar ocurre con el defecto por violación directa de la Constitución13. Si
bien la parte actora alegó el desconocimiento de sus garantías fundamentales de
acceso a la administración de justicia y al debido proceso, el escrito de tutela no
ofrece una explicación razonada acerca de cuáles disposiciones iusfundamentales
dejaron de aplicarse en el caso concreto, ni demuestra que se hubieran aplicado
normas abiertamente contrarias a la Constitución o que se hubiera desconocido el
principio de supremacía constitucional.
43. Los reparos de la accionante se circunscribieron a expresar un desacuerdo con
la decisión adoptada, sin evidenciar una contradicción objetiva entre el contenido de
la providencia y los mandatos constitucionales invocados.
44. Finalmente, respecto del desconocimiento del precedente14, el señor Fandiño
Ortega únicamente afirmó que el mismo Tribunal Administrativo del Cesar en
primera instancia profirió «una sentencia favorable en un caso similar, sentencia
que fue confirmada de manera íntegra» por la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado. Para tal efecto, citó la providencia del 6 de octubre de 2016
con radicado 20001-23-33-000-2013-00082-01.
concreto no se encuentra dentro del margen de interpretación razonable o se funda en una lectura
normativa que no es sistemática; (iii) se desconoce o se omite la norma aplicable al caso concreto;
y (iv) no se aplica la excepción de inconstitucionalidad pese a que se configura el deber de acudir a
ella o cuando se aplican normas abiertamente inconstitucionales». Corte Constitucional, sentencia
SU-426 de 2025.
13 Se configura en tres hipótesis: «(i) inaplicación de la Constitución, la cual se presenta cuando la
autoridad judicial deja de “aplicar una disposición iusfundamental en un caso concreto”, (ii) aplicación
de una disposición abiertamente contraria a la Constitución y (iii) desconocimiento de la supremacía
constitucional, la cual se configura en aquellos eventos en los que la ley es aplicada “al margen de
mandatos y principios contenidos en la Constitución” o se ignora “el principio de interpretación
conforme con la Constitución”». Corte Constitucional, sentencia SU-426 de 2025.
14 Se configura cuando «la autoridad judicial desconoce la ratio decidendi de un precedente
vinculante y vigente de la Corte Constitucional, sin satisfacer las cargas de transparencia y
suficiencia. La carga de transparencia exige a la autoridad judicial “identificar las decisiones previas
que podrían ser relevantes para la definición del caso objeto de estudio”. La carga de suficiencia,
por su parte, impone al juez el deber de exponer las razones por las cuales “la nueva orientación no
solo es “mejor” que la decisión anterior, desde algún punto de vista interpretativo, sino explicar de
qué manera esa propuesta normativa justifica una intervención negativa en los principios de
confianza legítima, seguridad jurídica e igualdad, de la parte que esperaba una decisión ajustada a
las decisiones previas». Corte Constitucional, sentencias SU-212 de 2023 y SU-432 de 2015.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00980-01
Accionante: Adolfo Segundo Fandiño Ortega
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Subsección B
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
45. El demandante no se preocupó por aterrizar en el caso concreto el precedente
que consideraba desconocido, ni tampoco precisó cuál o cuáles eran las reglas de
derecho que estimaba debían ser aplicadas para la resolución de su conflicto, y
mucho menos demostró por qué resultaba aplicable esa sentencia que señaló como
desconocidas.
46. En conclusión, si bien el accionante está en desacuerdo con la decisión
proferida por la autoridad judicial accionada, lo cierto es que en la tutela de la
referencia se dedicó a plasmar, en forma general y abstracta, las razones por las
cuales consideraba que se debían amparar sus derechos fundamentales, sin
sustentar los defectos o causales específicas de procedibilidad con la suficiencia
exigida por la jurisprudencia constitucional para controvertir providencias judiciales
mediante la acción de tutela.
47. En todo caso, esta Subsección considera que la sentencia del 14 de agosto de
2025, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
fue razonable y no merece reproche alguno desde el punto de vista constitucional,
porque se fundamentó en lo siguiente:
48. No existía un incumplimiento de la orden judicial primigenia, sino que el
accionante acudió a una vía procesal improcedente, pues la verificación del
cumplimiento de las órdenes del fallo del 25 de noviembre de 2010, proferido por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, debía verificarse en
el proceso ejecutivo.
49. Citó la providencia del 27 de junio de 2024, proferida por esa misma autoridad
judicial en el proceso con radicado 52001-23-33-000-2020-01014-01, en la que se
arribó a una conclusión similar respecto del medio de control procedente para
obtener el cabal cumplimiento de las sentencias:
“Así, los actos acusados no se constituyeron en una actuación arbitraria o
irrazonable modificatoria de la situación jurídica del demandante, toda vez que
la Resolución RDP 12901 de 12 de abril de 2018 cumplió la orden judicial de
reliquidación de la pensión con base en los factores devengados en el último
año de servicios y el descuento por las cotizaciones insolutas; lo que a su vez
se informó en el Oficio 2018142073411 de 26 de abril de 2018 y el auto ADP
8220 del 18 de diciembre de 2019.
En consecuencia, habida consideración que tanto los argumentos de la
apelación como aquellos expuestos en el libelo inicial se encuentran dirigidos
a cuestionar actos que no son susceptibles de control judicial, se revocarán los
numerales primeros y segundo de la sentencia apelada en tanto declaró
probado «el cobro de lo no debido» y negó las pretensiones de la demanda. A
su vez, por cuanto, como lo ha considerado esta corporación, una
interpretación diferente de la planteada conduciría a desconocer la cosa
juzgada de un debate judicial ya concluido”.
50. Con base en lo anterior, sostuvo que el señor Fandiño Ortega debió promover
un proceso ejecutivo «con el propósito de hacer ver» que la Resolución 1547 del 25
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00980-01
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de noviembre de 2011 no dio cumplimiento a la sentencia proferida por esa
Subsección, en relación con la liquidación de la prima de orden público.
51. Por último, precisó que el Tribunal de primera instancia validó que el accionante
manifestara su inconformidad con la liquidación que dio cumplimiento a la sentencia
emitida por esa autoridad judicial a través de una petición «desconociendo que,
frente a este tipo de cuestionamientos, la verificación de la orden judicial debe
realizarse mediante el medio de control ejecutivo».
52. Por lo anterior, revocó la providencia apelada y, en su lugar, declaró probada de
oficio la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda.
53. Se advierte que la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación
realizó una interpretación dentro del margen razonable de autonomía judicial, que
responde a un análisis jurídico debidamente motivado. No se justifica la intervención
del juez constitucional, máxime cuando la controversia planteada se centra en la
discrepancia de la parte actora con la hermenéutica adoptada y la conclusión a la
que se arribó en la providencia objeto de tutela.
54. El desacuerdo del señor Adolfo Segundo Fandiño Ortega en torno a cuál era el
mecanismo procesal idóneo y eficaz para obtener el cumplimiento íntegro y efectivo
de la sentencia del 25 de noviembre de 2010 no es motivo suficiente para que el
juez de tutela realice un estudio de fondo, máxime si, como en este caso, el asunto
fue definido por una alta corte, caso en el cual, la propia Corte Constitucional ha
considerado que para la prosperidad de la tutela es necesario que la decisión
contenga una anomalía de tal forma que riña abiertamente con la Constitución y la
jurisprudencia que esa Corporación ha trazado al definir el alcance y límite de
derechos fundamentales, circunstancias que en este caso no se advierten a simple
vista.
55. Conforme a lo razonado, la Sala modificará la sentencia de primera instancia y,
en su lugar, declarará improcedente la solicitud de amparo presentada por el señor
Adolfo Segundo Fandiño Ortega, por incumplimiento del requisito general de
relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO. MODIFICAR la sentencia proferida el 12 de marzo de 2026 por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En su lugar, se dispone:
SEGUNDO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el
señor Adolfo Segundo Fandiño Ortega, por incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00980-01
Accionante: Adolfo Segundo Fandiño Ortega
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
TERCERO. NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO. ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Firmado electrónicamente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
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