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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00983-00

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00983-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: DECLARAR improcedente la acción, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co R a d ic a d o: 1 1 00 1- 03 - 1 5- 0 00- 2 0 26- 0 09 8 3- 0 0 Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-00983-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

5 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., cinco (05) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00983-00
Accionante: María Gladys Pérez Isaza.
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda –
Subsección E y otro.

Tema: Derechos a la igualdad, al debido proceso, defensa y contradicción.
Reintegro por calidad de prepensionada. DECLARA IMPROCEDENTE.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora María Gladys Pérez
Isaza en contra del Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Zipaquirá
y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda – Subsección E.

ANTECEDENTES

La accionante solicita se amparen sus derechos fundamentales a la igualdad, al
debido proceso, a la defensa y a la contradicción; que considera vulnerados por las
sentencias del 25 de septiembre de 2023 y del 10 de octubre de 2025, en el medio
de control de nulidad y restablecimiento del Derecho, al que le fue asignado el
radicado 25899-33-33-003-2019-00249-00 [01]

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

Que la señora María Gladys Pérez Isaza ingresó a laborar en la Alcaldía Municipal
de Tabio como Asistente Administrativa, nombrada mediante Resolución 190 de 01
de abril de 2013 y mediante la Resolución No. 027 de 12 de enero de 2016 se
redistribuyó la planta de personal, por lo que quedó como Auxiliar Administrativa en
la secretaría de Gobierno – Comisaría de Familia.

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Que a través de la Resolución No.394 del 7 de junio de 2019 la entidad «dispuso
igualmente nombrar en propiedad a la persona que aprobó el concurso abierto de
méritos para la provisión del cargo como Auxiliar Administrativo, Grado 4 adscrito a
la secretaria de Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana en Vacancia
Definitiva». Que la lista de elegibles quedó en firme e inmediatamente la entidad
efectuó el nombramiento del cargo en propiedad.

Que la accionante quedó desvinculada del servicio desde el 12 de junio de 2019.
Sin embargo, la señora María Gladys señaló tener la calidad de prepensionada,
dado que contaba con 55 años de edad y 1517 semanas cotizadas, por lo que le
faltaban menos de 2 años y 1 mes para cumplir con la edad necesaria para acceder
a pensión.

Que adelantó proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho ante el
Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Zipaquirá, bajo el radicado
25899-33-33-003-2019-00249-00[01]. El Juzgado negó las pretensiones por
considerar que la accionante no cumplía con los requisitos de prepensionada.

Que interpuso recurso de apelación, y en segunda instancia el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda – Subsección E, mediante
sentencia del 10 de octubre de 2025, confirmó la decisión.

Considera la parte actora que la decisión judicial incurre en desconocimiento del
precedente al no hacer una interpretación integral de los derechos fundamentales
que ampara la estabilidad laboral, como el derecho a la salud, la seguridad
económica, la dignidad, la no discriminación, la igualdad y la protección de personas
mayores contra un despido; sin embargo, no señaló alguna providencia como
aplicable y desatendida para el caso concreto.

Afirma que se incurrió en violación de derechos fundamentales en ambas
providencias judiciales al «privilegiar como contenido de la estabilidad laboral
reforzada la simple cuantificación del número de semanas cotizadas a los
regímenes de Seguridad Social en Salud y Pensiones, junto con la edad del
accionante, su condición de empleada en provisionalidad,» sobre los aspectos
señalados en el párrafo anterior.

PRETENSIONES

Solicita que se amparen los derechos fundamentales invocados, que se deje sin
efectos la sentencia del 10 de octubre de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda – Subsección E, y se le ordene
revocar la sentencia de primera instancia y acoger las pretensiones del proceso
ordinario.

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TRÁMITE DEL PROCESO

La acción de tutela fue admitida el 13 de febrero de 2026, se vinculó como tercera
interesada a la alcaldía municipal de Tabio -Cundinamarca y se ordenó notificar a
las autoridades judiciales accionadas.

POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS

El Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Zipaquirá allegó
enlace del expediente digital del proceso ordinario, hizo un resumen de los hechos
y explicó las etapas procesales realizadas, además adujo que su actuar no ha
trasgredido o afectado algún derecho fundamental, pues durante todo el proceso se
aseguró de respetar los derechos de defensa y contradicción, y de tomar decisiones
conforme con la normativa vigente y aplicable.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca fue debidamente notificado de la
acción de tutela, sin embargo, guardó silencio.

POSICIÓN DEL VINCULADO

La Alcaldía Municipal de Tabio Cundinamarca adujo que la accionante se retiró
con ocasión de la Resolución 394 del 07 de junio de 2019, por lo que terminó el
nombramiento en provisionalidad con ocasión al concurso de méritos adelantado.
Que la presente acción de tutela se interpuso por no estar de acuerdo con la
sentencia definitiva, más no porque se haya cumplido alguna de las causales de
procedibilidad de la acción, pues las decisiones se ajustaron al ordenamiento
jurídico, están debidamente motivadas y fundamentadas, y no se presenta
desconocimientos de precedentes ni violaciones a la constitución.

Solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela y que se desestime
de plano.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: I) generalidades de la acción de tutela; II) procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales y III) análisis del caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto

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2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.

Procedencia de la tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21,
estas se enlistaron así:

«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones
que no tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones.
(...).

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de
evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (...)

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración. (...)

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto
hubiere sido posible.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...)»

Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:

«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello. (…)

1
Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2
M.P. Jaime Córdoba Triviño.
4

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b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de
un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. (…)

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución.» 3

En la misma línea, el alto tribunal constitucional, en Sentencia SU-215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y de la seguridad jurídica y expresó:

«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la
tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como
órganos de cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser
especialmente exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere
de una argumentación cualificada4.

(…) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada” 5.
Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a
los argumentos propuestos por el accionante, (…). Si el juez constata

3
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
4
Sentencia SU-074 de 2022.
5
Sentencia SU-074 de 2022.
5

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alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal
que amerite la intervención urgente del juez de tutela6»

En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.

Análisis del caso concreto

A esta Subsección corresponde verificar si se superan los requisitos generales de
procedencia que habilitan el estudio de la sentencia controvertida, pues solo en el
evento de encontrarse satisfechos habría lugar a examinar los disensos esgrimidos.

Al respecto, se advierte que en el presente asunto no se supera la exigencia de
relevancia constitucional, pues no se cumplen sus finalidades, esto es, mantener la
independencia y autonomía judicial, así como evitar que la tutela se convierta en
una instancia adicional y que la controversia verse sobre un asunto de mera
legalidad.

Lo anterior si se tiene en cuenta que, aunque la accionante alegó la configuración
de desconocimiento del precedente, lo cierto es que su reparo se dirige a cuestionar
exclusivamente la conclusión a la que llegó la autoridad judicial en el sentido de que
no se acreditó la calidad de prepensionada. En ese entendido, lo que se observa es
su desacuerdo con la decisión tomada por la autoridad judicial, por no ser favorable
a sus intereses.

En efecto, se observa que los reparos planteados están orientados a discutir las
condiciones para acreditar la calidad de prepensionada y aunque alega que el
Tribunal incurrió en desconocimiento del precedente, no menciona alguna sentencia
que siendo aplicable hubiera sido desconocida por la autoridad judicial; de manera
que no es posible realizar un estudio del defecto mencionado.

Debe entonces recordarse que la tutela fue instituida para lograr la protección de
los derechos fundamentales amenazados o vulnerados por las autoridades o los
particulares en los casos previstos en la ley, mas no como una instancia adicional
en la que pueda reabrirse un debate netamente legal con el fin de imponer una
solución que resulta más favorable a la peticionaria y desconocer la autonomía e
independencia del juez de la causa.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el Tribunal hizo un estudio de fondo del caso y
explicó que la terminación de la vinculación obedeció al nombramiento del elegible
que aprobó la etapa eliminatoria y superó las pruebas del proceso de selección, por

6
Sentencia SU-072 de 2018.
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lo que el proceder de la alcaldía estuvo ajustado a derecho. Así mismo, remitiéndose
a la ley 909 de 2004 señaló que el artículo 31 establece que, de la lista de elegibles
que quede en firme se cubrirán las vacantes en estricto orden de méritos, que en
últimas fue lo que hizo el Municipio de Tabio – Cundinamarca.

Respecto de la estabilidad laboral reforzada, realizó un análisis normativo y
jurisprudencial, enfatizando en los sujetos de especial protección constitucional
como lo son los prepensionados. Se remitió a sentencias de la Corte Constitucional
como la T-246 de 2022 y la SU-003 de 2018 en cuanto al alcance del fuero de
estabilidad laboral reforzada de prepensionados; de donde coligió que, cuando el
único requisito faltante para acceder a la pensión de jubilación es completar la edad,
no se cumplen las condiciones para ostentar la calidad de prepensionado y gozar
del fuero de estabilidad laboral reforzada que este otorga, dado que, en síntesis, «el
requisito de la edad se puede cumplir con o sin vinculación laboral vigente y en
consecuencia no se frustra el acceso a la pensión de vejez».

Concluyó que tal era el caso de la actora, que al faltarle únicamente el requisito de
edad para obtener la pensión de jubilación no podía dársele el trato de
prepensionada por lo que no gozaba de fuero de estabilidad laboral reforzada, y la
terminación del nombramiento no le vulneró sus derechos al mínimo vital o a obtener
su sustento, sobre todo porque la clase de vinculación que ostentaba estaba
supedita a que el empleo fuera ocupado en algún momento con una persona de
carrera administrativa.

En este orden, resulta evidente la ausencia de una clara y marcada relevancia
constitucional, por no tratarse de un asunto en el que se discute el alcance,
contenido o goce de un derecho fundamental; sino de una mera manifestación de
inconformidad con la decisión y la pretensión de que se falle de acuerdo con sus
pretensiones.

habiéndose esta se fundamentado en la normatividad y la jurisprudencia vigentes
sobre el asunto objeto de debate. En consecuencia, se declarará improcedente la
acción.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: DECLARAR improcedente la acción, de conformidad con la parte motiva
de esta providencia.
Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

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Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

8

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