Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00985-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00985-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00985-00
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
15 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá, D.C., quince (15) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00985-00
Accionante: Esther Orozco Fontalvo
Accionado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP y
otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
La Sala decide sobre la acción de tutela1 presentada por Esther Orozco Fontalvo en
contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, del Juzgado Quinto Laboral del
Circuito de Santa Marta y de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Santa Marta.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud de tutela
El 10 de febrero de 20262, Esther Orozco Fontalvo presentó acción de tutela, por
intermedio de apoderado judicial3, con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la vida, a la salud, a la seguridad
social, a la igualdad, al mínimo vital y al acceso a la administración de justicia, que
consideró vulnerados por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP). Lo anterior, en razón
de la expedición de un acto administrativo mediante el cual dicha entidad negó la
solicitud de reconocimiento de una pensión de sobrevivientes, circunstancia que la
condujo a acudir a la jurisdicción ordinaria laboral.
En ese contexto, el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Santa Marta, dentro del
proceso radicado “29333 de 2015”4, profirió sentencia el 16 de julio de 2015 y
suspendió el reconocimiento de la prestación. Esa decisión fue confirmada por la
1 Obra en el certificado 087E2C2C8A7830DA A9159AA9489AF066
9E8AFEB00ECF3DB42070D12E028DD5E0, índice 2 y en el certificado 068D1EEAC78DFBB3
FC8A2DF57A208005C9E9CB45C1482921 28B85C95235CE2A3, índice 8.
2 Según el correo que obra en el certificado 087E2C2C8A7830DA A9159AA9489AF066 9E8AFEB00ECF3DB4
2070D12E028DD5E0, índice 2.
3 Obra en el certificado 832E54B65826FDA7C66A1C77A2BD6D52165A78504D3F721B018DB4B18A8C543A,
índice 8.
4 Folio 1 del certificado 068D1EEAC78DFBB3FC8A2DF57A208005C9E9CB45C148292128B85C95235CE2A3,
índice 8.
2
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Accionante: Esther Orozco Fontalvo
Accionado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, aunque, en
criterio de la actora, debió declararse la falta de jurisdicción y competencia y
permitirle acudir a la jurisdicción contencioso administrativa.
2. Hechos
2.1. Del escrito de tutela, se pudo inferir que la actora informó que, en calidad de
cónyuge de Vitaliano Mora Cantillo, solicitó ante la UGPP el reconocimiento y pago
de una pensión de sobrevivientes, pero que la entidad, mediante acto administrativo
ADP 005804 del 27 de noviembre de 20255 “negó o no resolvió favorablemente”6 su
solicitud.
2.2. Según lo expuesto en la subsanación7, con el fin de obtener el reconocimiento
de la pensión de sobrevivientes, tramitó un proceso ante el Juzgado Quinto Laboral
del Circuito de Santa Marta, identificado con la radicación 29333 de 2015, proceso
en el que se profirió sentencia el 16 de julio de 2015, decisión que dejó en suspenso
su derecho.
En razón de lo anterior, interpuso recurso de apelación, el cual fue conocido por la
Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, corporación
que confirmó la providencia de primera instancia.
3. Fundamentos de la acción de tutela
La parte actora sostuvo que sus prerrogativas fundamentales fueron vulneradas por
los siguientes motivos:
3.1. El acto administrativo proferido por la UGPP no analizó de fondo las pruebas
aportadas para acreditar la existencia de una unión marital de hecho con el
causante. En particular, se desatendieron la declaración notarial del 29 de enero de
2008, el certificado de convivencia, las fotografías y otros documentos que
5 Obra en el certificado B23C262068273CF8 6897DFE6918253A0 5316C1675A94F6AE 3BAE9900CD8B7EB3,
índice 2.
6 Folio 4 del certificado 068D1EEAC78DFBB3 FC8A2DF57A208005 C9E9CB45C1482921
28B85C95235CE2A3, índice 8.
7 Obra en el certificado 068D1EEAC78DFBB3 FC8A2DF57A208005 C9E9CB45C1482921
28B85C95235CE2A3, índice 8.
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Accionante: Esther Orozco Fontalvo
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demostraban una convivencia pública, permanente y singular con el pensionado
fallecido.
3.2. Así, la UGPP desconoció la jurisprudencia fijada en la sentencia SU-213 de
2023 de la Corte Constitucional y en la sentencia CSJ SL413-2022 de la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Además, dicha autoridad
administrativa se abstuvo de efectuar el pago de las mesadas pensionales a las que
la actora tiene derecho y de afiliarla a una entidad promotora de salud.
3.3. Sumado a lo anterior, afirmó que el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de
Santa Marta y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa
Marta incurrieron en vicios que, a su juicio, configuraron un prevaricato por omisión,
un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y un defecto orgánico,
pues debieron declarar la falta de jurisdicción y de competencia y remitir el asunto
a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
4. Pretensiones de la acción
La parte accionante solicitó textualmente lo siguiente:
“Por tanto, y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrada en el Código Contencioso Administrativo, RESPETUOSAMENTE
SOLICITO:
1. PRINCIPAL: Declarar la NULIDAD DE PLENO DERECHO del acto administrativo
contenido en el Radicado No. SOP202501028415 (Auto ADP004156 del
29/09/2025), por vicios de ilegalidad relacionados con la violación del debido proceso,
el derecho de defensa y la desatención a pruebas fundamentales.
2. SUBSIDIARIA Y EN VÍA DE RESTABLECIMIENTO: Ordenar, una vez anulado el
acto, el reconocimiento inmediato del derecho a la pensión de sobreviviente a favor
de ESTHER OROZCO FONTALVO, como cónyuge del causante Vitaliano Mora
Cantillo.
3. LIQUIDACIÓN Y PAGO: Ordenar la liquidación de las mesadas pensionales
causadas y no pagadas desde la fecha del fallecimiento del causante hasta la
actualidad, con sus respectivos intereses legales.
4. AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SALUD: Ordenar la afiliación inmediata de mi
representada al Régimen Subsidiado o Contributivo de Salud en su calidad de
beneficiaria pensionada.”8.
8 Folios 10 – 11 del certificado 087E2C2C8A7830DA A9159AA9489AF066 9E8AFEB00ECF3DB4
2070D12E028DD5E0, índice 2.
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Accionante: Esther Orozco Fontalvo
Accionado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
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Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
“1. TUTELAR mis derechos fundamentales al debido proceso, a la vida digna, a la
salud, a la seguridad social, al mínimo vital y al acceso a la administración de justicia.
2. Como consecuencia de lo anterior, DECLARAR LA NULIDAD de todo lo actuado
en el proceso ordinario laboral radicado No. 29333 de 2015, tramitado ante el
Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Santa Marta y la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, por falta de jurisdicción y competencia.
3. ORDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN
SOCIAL – UGPP que, en el término de 48 horas siguientes a la notificación del fallo,
proceda a reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes a mi favor, con el
correspondiente retroactivo, y a realizar mi inscripción en la EPS que corresponda,
garantizando la continuidad en la prestación del servicio de salud.
4. En subsidio, y para el caso de que se considere que el asunto debe ser tramitado
ante la jurisdicción contencioso administrativa, se ordene a la UGPP resolver de
fondo mi solicitud pensional en un plazo perentorio, o se remita el expediente a la
autoridad competente para que inicie el proceso correspondiente, mientras se me
concede una medida provisional de protección (pago provisional de mesadas) para
evitar un perjuicio irremediable.
5. ORDENAR a las autoridades judiciales accionadas que se abstengan de incurrir
en futuras actuaciones que vulneren el debido proceso y los derechos de las
personas en situación de vulnerabilidad”9.
5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia y fundamento de la
oposición
5.1. Mediante auto del 2 de marzo de 202610, el Despacho ponente admitió la acción
de tutela, ordenó notificar en calidad de demandados a la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
– UGPP, al Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Santa Marta y a la Sala Laboral
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta y negó la medida
provisional solicitada11.
5.2. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP12 informó que, en relación con la
petición de la actora, ha adelantado todas las gestiones pertinentes. En ese sentido,
señaló que durante el trámite administrativo se suspendió el reconocimiento de la
9 Folio 3 del certificado 068D1EEAC78DFBB3 FC8A2DF57A208005 C9E9CB45C1482921
28B85C95235CE2A3, índice 8.
10 Obra en el certificado A46529F78E38F125 60E187A16C4B5311 9B1673D919A2BB4B
C1D39D6000D0FA80, índice 11.
11 Los soportes de notificación obran en el índice 14.
12 Obra en el certificado 5C1AFEC2430EC3C4 AB49B1B9E5A6C210 681286398997A68C
EDB9A219F0F4EA39, índice 15.
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Accionante: Esther Orozco Fontalvo
Accionado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
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Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
pensión de sobrevivientes a tres personas que manifestaron haber convivido con el
causante hasta el día de su fallecimiento.
De esta manera, consideró que la acción de tutela resulta improcedente, en tanto
se orientó a obtener el reconocimiento y pago de una prestación sin que el problema
jurídico planteado haya sido resuelto por la jurisdicción competente ni se haya
demostrado la existencia de un perjuicio irremediable. En ese sentido, sostuvo que
el mecanismo constitucional no puede utilizarse para eludir el procedimiento
administrativo ni para sustituirlo, ni tampoco para reclamar prestaciones
económicas, máxime cuando existen otras vías ordinarias para salvaguardar los
intereses de la tutelante. Adicionalmente, señaló que debe actuarse con pleno
respeto del principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional, así como de
los principios de universalidad, eficiencia y solidaridad.
5.3. Mediante auto del 7 de abril de 202613, el Despacho ponente requirió
información a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, al Juzgado Quinto
Laboral del Circuito de Santa Marta y a la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Santa Marta.
5.4. La Secretaría del Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Santa Marta 14 certificó
que en dicha oficina judicial no se encontró ningún proceso relacionado con las
partes indicadas.
5.5. La parte demandante15 allegó un memorial en el que dijo arrimar los
documentos requeridos e indicó textualmente lo siguiente:
“Asi mismo indico que el número de radicado del Proceso Ordinario que se pretende
Controvertir es Resolución 29333 de 16 Julio de 2015 del Juzgado 50 Laboral del
Circuito. Radicación:47-001-31-05--005-2016-00002-01 TRIBUNAL SUPERIOR DEL
MAGDALENA SALA LABORAL . Y el Radicado SOP202501028415 Expedido por EL
SUBDIRECTOR DE DETERMINACION DE DERECHOS PENSIONALES de la
13 Obra en el certificado CAC07702D6B02BCD EF02E5FFBCE8428D 639CBD4B5C084DE7
8A005BD4B49D3CE1, índice 19.
14 Obra en el certificado 93A55E565700638E DBD8E5E89044DDCC 4021645D1F70AF03
A3BE1DD6C92DC906, índice 23.
15 Obra en el certificado 6F0C5340F6884A0D 17BCF5559A6E026F E464532BC99634FA
519EAE4E1475F859, índice 25.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00985-00
Accionante: Esther Orozco Fontalvo
Accionado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP”16.
5.6. La UGPP17 se pronunció así ante el requerimiento:
“Es menester informarle a su Honorable Despacho que la UGPP brindo respuesta
conforme a los antecedentes administrativos históricos expedidos por la entidad,
como también realizo el impulso interno para poner en conocimiento el tramite en
proceso, cabe aclarar que la ultima actuación de la entidad fue la expedición de la
ADP 5804 del 27 de noviembre del 2025.
Una vez revisado el requerimiento en su parte resolutiva, nos permitimos dar a
conocer la respuesta dada en el auto admisorio del 02 de marzo del 2026, como
también el requerimiento dado a la al Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Santa
Marta y a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta”18.
5.7. El Tribunal Superior de Santa Marta19 informó sobre la existencia del proceso
ordinario laboral identificado con el número 47-001-31-05-005-2016-00002-01, en
el cual, entre otras partes, figura como demandante Esther Orozco Fontalvo. Dentro
de dicho trámite se profirió sentencia de segunda instancia del 19 de agosto de
202120, que confirmó la providencia del 16 de mayo de 2019 dictada por el Juzgado
Quinto Laboral del Circuito de Santa Marta, la cual resultó adversa a los intereses
de la tutelante.
Igualmente, expuso que la actora ya había interpuesto otra acción de tutela de
contenido similar a la de la referencia, identificada con el radicado
16 Folio 2, ibid.
17 Obra en el certificado 9F251B0548CBB927 AF8C9CD5AFCCB0E3 BC2FA4B6F584214B
735E34DD8A28A091, índice 26.
18 Folio 2 del certificado 9F251B0548CBB927 AF8C9CD5AFCCB0E3 BC2FA4B6F584214B
735E34DD8A28A091, índice 26.
19 Obra en el certificado CDF0FE186E748A21 84605F6636732B1F 0700872BC4322F24
EDAE618B3B6DF1F9, índice 27.
20 Obra en el certificado 919B3FE001EAAE24 DF46B447611B9FDE 0E4E140784513B84
30E5A7E213F819B0, índice 27.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00985-00
Accionante: Esther Orozco Fontalvo
Accionado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
11001-02-05-000-2024-00694-00, la cual fue declarada improcedente mediante
sentencia del 29 de mayo de 202421.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela incoada por Esther
Orozco Fontalvo en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, del
Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Santa Marta y de la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, de conformidad con lo establecido en
los artículos 86 de la Constitución, 37 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Acuerdo
080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2. Problema jurídico
En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los
requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se
vulneraron los derechos fundamentales alegados por la parte actora.
3. Cuestión Previa
Verificada la sentencia de tutela del 29 de mayo de 202422, proferida dentro del
proceso identificado con el radicado 11001-02-05-000-2024-00694-00, la Sala
precisa que no se encuentra configurada la cosa juzgada, en tanto no se acredita la
triple identidad procesal entre ese mecanismo constitucional y la presente solicitud
de amparo.
3.1. Lo anterior obedece a que, si bien se constató la identidad de partes, no es
posible afirmar la existencia de identidad de objeto, toda vez que, según la sentencia
del 29 de mayo de 2024, en aquella oportunidad la demandante pretendió que se
21 Obra en el certificado 3974E4827B170E55 FC47A85E76CCAF5B 776AAD56908293F8
83487808ED3C9613, índice 27.
22 Obra en el certificado 3974E4827B170E55 FC47A85E76CCAF5B 776AAD56908293F8
83487808ED3C9613, índice 27.
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dejaran sin efectos las sentencias del 16 de mayo de 2019 y del 19 de agosto de
2021, proferidas dentro del proceso 47001-31-05-005-2016-00002-00, y que se
ordenara a la UGPP reconocer a su favor una pensión de sobrevivientes23.
Mientras que, en el presente asunto, si bien se hizo referencia a las providencias
emitidas en el trámite ordinario y se dirigió la acción en contra de las autoridades
judiciales que las profirieron, las pretensiones de la demanda tuitiva aquí analizada
estuvieron encaminadas a que se declare la nulidad “del acto administrativo
contenido en el Radicado No. SOP202501028415 (AutoADP004156 del
29/09/2025)”24 y a “DECLARAR LA NULIDAD de todo lo actuado en el proceso
ordinario laboral”25, sin diferenciar o especificar alguna actuación judicial en
concreto, sino que se señaló de manera genérica al proceso ordinario laboral.
3.2. Visto lo anterior, tampoco se acreditó la identidad de causa, pues, si bien en
una y otra solicitud de amparo pueden identificarse argumentos similares en favor
de los intereses de la actora, relacionados con su propósito de obtener el
reconocimiento de una pensión de sobrevivientes, en el proceso identificado con el
radicado 11001-02-05-000-2024-00694-00 tales argumentos estuvieron dirigidos a
cuestionar las sentencias del 16 de mayo de 2019 y del 19 de agosto de 2021. En
contraste, en el presente asunto resulta claro que la argumentación propuesta se
orientó a demostrar la presunta vulneración de derechos fundamentales atribuida a
la UGPP, derivada de la expedición de un acto administrativo —el Auto ADP 005804
del 27 de noviembre de 202526— mediante el cual no se reconoció la prestación
reclamada por la tutelante.
23 Folios 3 – 4 del certificado 3974E4827B170E55 FC47A85E76CCAF5B 776AAD56908293F8
83487808ED3C9613, índice 27.
24 Folio 10 del certificado 087E2C2C8A7830DA A9159AA9489AF066 9E8AFEB00ECF3DB4
2070D12E028DD5E0, índice 2.
25 Folio 3 del certificado 068D1EEAC78DFBB3 FC8A2DF57A208005 C9E9CB45C1482921
28B85C95235CE2A3, índice 8.
26 El cual, además, tampoco existía para la época en la que se resolvió la acción de tutela 11001-02-05-000-
2024-00694-00.
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4. Verificación de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela frente al Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Santa Marta y de la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta
4.1. En primer lugar, la Sala verificará si en el caso de autos se satisface el requisito
de identificación suficiente de los hechos y argumentos de la tutela respecto de las
acciones u omisiones del Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Santa Marta y de
la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta:
A la sazón, de acuerdo a la sentencia C-590 de 2005, uno de los requisitos
generales de procedibilidad es “(…) [q]ue la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible”.
En punto a esta consideración, la Corte Constitucional en la sentencia T-265 del
2014 señaló que pese al carácter informal de la acción de tutela, los peticionarios
se encuentran en el deber de precisar “las circunstancias concretas que dan lugar
a la afectación del derecho”, con el fin de delimitar el campo de acción en el que le
es posible actuar al juez constitucional, razón por la que no son procedentes las
solicitudes de amparo fundamentadas en “planteamientos vagos, contradictorios,
equívocos o ambiguos”. Así, el Alto Tribunal consideró que “no se trata de rodear a
la acción de tutela de exigencias formales contrarias a su naturaleza, sino de exigir
que el actor tenga claridad y sea diligente en cuanto a la explicación del origen de
la afectación de sus derechos y que dé cuenta de ello al momento de pretender su
protección constitucional27”.
Con base en ello, le corresponde al actor identificar de manera razonable la
situación por la que, a su juicio, la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales, lo que supone la exigencia de una carga mínima de argumentación,
que le permita al juez de tutela comprender con suficiente claridad y de manera
27 Corte Constitucional. Sentencia T-265 de 2014.
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precisa el debate constitucional en torno a la vulneración de las garantías
fundamentales invocadas28-29.
4.2. En razón de lo anterior, para esta Sala es pacífico indicar que uno de los
requisitos generales de procedibilidad exige al demandante que desarrolle una
exposición clara sobre los motivos por los cuales la providencia judicial cuestionada
vulnera sus derechos fundamentales, la cual deberá ser coherente y contener un
mínimo de razonabilidad, pues la informalidad no puede desconocer la necesidad
de claridad y suficiencia de la petición, ni puede trasladar al juez de amparo la carga
de construir el argumento de tutela30. Lo cual, en todo caso, no implica que el juez
constitucional revise la suficiencia de los argumentos expuestos para demostrar la
incursión de la providencia en el defecto alegado, pues esta es una tarea propia del
análisis de fondo31.
4.3. Entonces, la Sala advierte que, en el caso concreto, la solicitante no cumplió el
requisito general de identificación suficiente de los hechos y de los argumentos de
la acción de tutela en lo que respecta al Juzgado Quinto Laboral del Circuito de
Santa Marta y a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa
Marta. Ello, por cuanto se limitó a solicitar, dentro de sus pretensiones, la anulación
de todas las actuaciones de un proceso ordinario que no fue plenamente identificado
y cuya existencia, así como las fechas de las sentencias de primera y segunda
28 A la sazón, la Corte Constitucional señaló: “El accionante cumpla con unas cargas argumentativas y
explicativas mínimas, al identificar los derechos fundamentales afectados y precisar los hechos que generan la
vulneración. No se trata de convertir la acción de tutela, de por sí informal, en un mecanismo ritualista, sino de
exigir unas cargas procesales razonables para conciliar la protección eficaz de los derechos fundamentales,
con los principios y valores en juego, al controvertir una providencia judicial. En esto, resulta fundamental que
el juez interprete adecuadamente la demanda, con el fin de evitar que imprecisiones intrascendentes sean
utilizadas como argumento para declarar la improcedencia del amparo, lo que contrariaría la esencia misma y
rol constitucional de la acción de tutela. Cuando se trate de un defecto procedimental, el actor deberá además
argumentar por qué, a su juicio, el vicio es sustancial, es decir, con incidencia en la resolución del asunto y/o
afectación de los derechos fundamentales invocados. A pesar de que la tutela es una acción informal, estas
exigencias argumentativas pretenden que se evidencie la transgresión de los derechos fundamentales, con
suficiente claridad y se evite que el juez de tutela termine realizando un indebido control oficioso de las
providencias judiciales de otros jueces. En este aspecto, resulta de vital importancia identificar la causal, o las
causales de procedibilidad especial, la que de verificarse determinaría la prosperidad de la tutela contra la
providencia judicial”. Corte Constitucional. Sentencia SU-585 de 2017.
29 Criterio que ha sido acogido por esta Corporación en Sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente
11001031500020150182801, reiterado por la Sección Quinta en sentencia del 15 de diciembre de 2015 “le está
vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la órbita de los jueces naturales de la causa,
por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente en los argumentos esgrimidos por los actores dentro del
trámite de tutela tanto en primera como en segunda instancia, toda vez que al analizar puntos adicionales se
estaría realizando, sin competencia para ello, un estudio oficioso de una providencia judicial debidamente
ejecutoriada, lo cual atentaría contra los postulados de cosa juzgada y autonomía judicial y así, en últimas se
convertiría el mecanismo constitucional en una tercera, e incluso, en una cuarta instancia.”
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 28
de marzo de 2019. Rad. 2019-00816-00.
31 Ibídem.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00985-00
Accionante: Esther Orozco Fontalvo
Accionado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
instancia y su carácter anterior al acto administrativo del 29 de septiembre de 2025
aquí cuestionado, solo pudo establecerse con posterioridad a la expedición del auto
del 7 de abril de 202632 por parte del despacho ponente.
Sumado a lo anterior, formuló una pretensión de carácter genérico respecto de las
actuaciones judiciales que solicitó fueran dejadas sin efectos, sin identificar con la
debida precisión cuál de ellas generó materialmente la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales, ni la acción, omisión o providencia concreta proferida
dentro del referido trámite procesal que pudiera implicar la violación de sus
garantías constitucionales. En consecuencia, al no cumplirse la carga mínima de
argumentación exigida, se impone declarar la improcedencia de la solicitud de
amparo en lo concerniente al Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Santa Marta y
a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta.
5. Verificación del requisito de subsidiariedad frente a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social – UGPP
5.1. El inciso 3 del artículo 86 de la Constitución Política claramente expresa que la
acción de tutela resulta procedente cuando el afectado no dispone de otro medio de
defensa judicial. Sin embargo, la Corte Constitucional ha señalado que la solicitud
de amparo procede de forma excepcional (i) cuando a pesar de existir otros
mecanismos, estos no son idóneos ni eficaces para la protección de los derechos
fundamentales o (ii) cuando se ejerce para evitar la causación de un perjuicio
irremediable33. En el primero de los casos la orden de protección sería definitiva y,
en el segundo, transitoria.
5.2. En el sub examine, la parte tutelante alega que sus derechos fundamentales
fueron vulnerados por el acto administrativo Auto ADP 004156 del 29 de septiembre
de 2025, respecto del cual se le informó a la actora, mediante el Auto ADP 005804
del 27 de noviembre de 202534, su naturaleza de acto de trámite.
32 Obra en el certificado CAC07702D6B02BCD EF02E5FFBCE8428D 639CBD4B5C084DE7
8A005BD4B49D3CE1, índice 19.
33 Corte Constitucional, sentencia T-230 de 2013.
34 Obra en el certificado B23C262068273CF8 6897DFE6918253A0 5316C1675A94F6AE
3BAE9900CD8B7EB3, índice 2.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00985-00
Accionante: Esther Orozco Fontalvo
Accionado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
5.3. Al respecto, esta Sala advierte que la solicitud de amparo no satisface el
requisito de subsidiariedad, en la medida en que se evidenció que la argumentación
propuesta por la demandante estuvo orientada a sostener que el auto del 29 de
septiembre de 2025 constituye la actuación administrativa mediante la cual la UGPP
se abstuvo de reconocerle una pensión de sobrevivientes, con la consecuente
vulneración de sus derechos fundamentales. No obstante, dado que dicho acto
administrativo carece de la virtualidad de crear, modificar o definir la situación
jurídica de la actora, resulta claro que la interesada no hizo uso de los medios
idóneos para la defensa de sus intereses. En efecto, si así lo estimaba, debió acudir
a los mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico para controvertir el acto
administrativo que definió su situación jurídica, en lugar de promover la acción de
tutela con el propósito de cuestionar una actuación de trámite.
En este punto, resulta pertinente aclarar que, si bien la Sala no desconoce la
existencia de un proceso ordinario ya resuelto, cuya sentencia posiblemente ha sido
el fundamento utilizado por la UGPP para negar las solicitudes de la actora mediante
actuaciones administrativas, lo cierto es que en el presente asunto no se allegó
prueba del acto administrativo mediante el cual se haya dado cumplimiento a dichas
disposiciones judiciales. En consecuencia, no le es dable a este juez constitucional
emitir un pronunciamiento adicional respecto de la actuación definitiva que la
tutelante debía controvertir.
Lo anterior, sin perjuicio de que, en principio, el mecanismo idóneo para controvertir
una decisión contenida en un acto administrativo sea el medio de control de nulidad
o el de nulidad y restablecimiento del derecho, dado que la acción de tutela, por
regla general, no procede contra actos administrativos35.
Adicionalmente, y en gracia de discusión, aun si este juez constitucional accediera
a las pretensiones de la tutelante y dejara sin efectos el acto administrativo al que
se le atribuyó la vulneración de derechos, dicha orden resultaría inane frente a los
efectos perseguidos por la actora, pues no conllevaría el reconocimiento de la
35 “la acción de tutela en contra de actos administrativos es, por regla general, improcedente. Esto es así porque
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho cuenta con un régimen de medidas cautelares
robusto y garantista. Sin embargo, en caso de que se evidencie que (i) el medio no es idóneo o efectivo o que
(ii) puede configurarse un perjuicio irremediable, será procedente el amparo”. Sentencia T 156 de 2024.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00985-00
Accionante: Esther Orozco Fontalvo
Accionado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
pensión de sobrevivientes reclamada, en atención a la naturaleza de acto de trámite
que caracteriza a la referida actuación administrativa.
5.4. Finalmente, pese a la argumentación contenida en la demanda tuitiva y su
subsanación, esta Subsección estima que tampoco se logró demostrar la
configuración de un perjuicio irremediable ni la existencia de alguna circunstancia
que impidiera a la interesada acudir a los medios ordinarios dispuestos por el
ordenamiento jurídico para la protección de sus derechos.
6. Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala declarará
improcedente el amparo constitucional objeto de estudio.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional de conformidad con
las razones ut supra.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo
31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Consejero de Estado
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado
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