Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00986-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00986-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-00986-00
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
22 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Veintidós (22) abril de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00986-00
Accionante: Luz Dary Mellan de Corrales
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
La Sala resuelve, en primera instancia, la demanda presentada por la señora Luz Dary
Mellan de Corrales en contra de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, por medio de la cual alegan la vulneración de sus derechos fundamentales al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad.
SÍNTESIS1
La accionante cuestiona la sentencia del 1 de junio de 2022, proferida por la Subsección
C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual se revocó parcialmente
la sentencia del 18 de enero de 2010, dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
en cuanto declaró la nulidad de las Resoluciones núm. 7361 del 30 de mayo de 2002,
núm. 10342 del 18 de junio de 2002 y núm. 12079 del 8 de agosto de 2002, pero negó
el restablecimiento del derecho y la indemnización de los perjuicios derivados del
desalojo del establecimiento comercial que funcionaba en la Gobernación de Antioquia.
Se declara la improcedencia de la demanda por cuanto no se superó el requisito de
inmediatez, toda vez que la accionante no interpuso la acción de tutela en un término
razonable.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1. El 10 de febrero de 2026, la señora Luz Dary Mellán de Corrales, en nombre propio
y en calidad de cesionaria de los derechos litigiosos del señor Jorge William Toro Mejía,
presentó una demanda en ejercicio de la acción de tutela para obtener la protección a
sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia
y a la igualdad, los cuales, a su juicio, fueron vulnerados por la sentencia del 1 de junio
de 2022, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado
núm. 05001-23-31-000-2002-04922-01, mediante la cual se revocó parcialmente la
sentencia de primera instancia, en cuanto declaró la nulidad de las Resoluciones núm.
7361 del 30 de mayo de 2002, núm. 10342 del 18 de junio de 2002 y núm. 12079 del 8
de agosto de 2002, y negó el restablecimiento del derecho y la indemnización de
1 Temas: Acción de tutela / Improcedencia / Inmediatez
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00986-00
Accionante: Luz Dary Mellán Corrales
Se declara la improcedencia de la demanda
perjuicios solicitados.
2. La accionante formuló las pretensiones que se transcriben a continuación:
“Solicito al honorable consejo de estado, se tutele mi derecho fundamental al debido
proceso, al acceso a la justicia, a la igualdad y a la protección de parte del estado a la
mujer cabeza de familia como lo soy yo, vulnerado por la SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C, mediante sentencia emitida
el 1 de junio de 2022 y notificada el 18 de agosto de 2023, Consejero ponente Guillermo
Sánchez Luque radicado 05001-23-31-000-2002-04922-01 (38756) y en consecuencia
se restablezca el derecho a volver a instalara el módulo de café donde funcionaba.
Además, que se pague la indemnización desde el momento en que fue cerrado hasta la
fecha en que se haga efectiva la sentencia”.
B. Hechos
3. La Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia y el señor Jorge William
Toro Mejía celebraron el contrato de arrendamiento núm. 97-CA-14-0010 de 1997, cuyo
objeto consistía en la explotación de un espacio destinado al expendio de bebidas
calientes en la entrada del primer piso del centro administrativo departamental La
Alpujarra.
4.El 20 de diciembre de 1997, el señor Jorge William Toro Mejía y el señor Luis Alberto
Castañeda Hernández suscribieron un acuerdo para la instalación y explotación de un
módulo de bebidas calientes, con distribución de utilidades en partes iguales.
5.En el año 2002, el señor Jorge William Toro Mejía transfirió a la señora Luz Dary
Mellán de Corrales su participación en el negocio que funcionaba en el inmueble objeto
del contrato, quien asumió su explotación. La accionante es madre cabeza de familia y
derivaba de dicha actividad su sustento y el de su núcleo familiar.
6. Mediante Resolución núm. 7361 del 30 de mayo de 2002, la Secretaría de Hacienda
declaró la terminación unilateral del contrato de arrendamiento, decisión confirmada
mediante las Resoluciones núm. 10342 del 18 de junio de 2002 y núm. 12079 del 8 de
agosto de 2002. En estos actos se ordenó la restitución del inmueble sin que mediara
proceso judicial ante la jurisdicción ordinaria.
7.El 20 de noviembre de 2002, la Secretaría de Hacienda solicitó la suspensión de los
servicios públicos del establecimiento, medida que se hizo efectiva el 26 de noviembre
de 2002 y que dio lugar al cierre del negocio.
8. La suspensión de los servicios públicos constituyó el mecanismo mediante el cual la
administración hizo efectiva la terminación del contrato, lo que generó la imposibilidad
material de continuar con la actividad comercial. La accionante afirma que el cierre se
produjo sin orden judicial.
9.El 6 de diciembre de 2002, los señores Jorge William Toro Mejía y Luis Alberto
Castañeda Hernández presentaron demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
contra el Departamento de Antioquia, con el fin de obtener la nulidad de los actos
administrativos y el reconocimiento de los perjuicios causados.
10. El 16 de diciembre de 2002, la Inspección de Policía Urbana de Medellín practicó
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Accionante: Luz Dary Mellán Corrales
Se declara la improcedencia de la demanda
diligencia de entrega del inmueble y procedió a su restitución a la administración
departamental.
11. Mediante sentencia del 18 de enero de 2010, el Tribunal Administrativo de Antioquia
negó las pretensiones de la demanda. Esta decisión fue apelada por la parte
demandante.
12. En segunda instancia, el señor Jorge William Toro Mejía cedió a la señora Luz Dary
Mellán de Corrales los derechos litigiosos derivados del proceso. Mediante auto del 30
de noviembre de 2020, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
dispuso tenerla como litisconsorte del demandante cedente, en los términos del artículo
60 del Código de Procedimiento Civil.
13. Mediante sentencia del 1 de junio de 2022, la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado revocó parcialmente la decisión de primera instancia, declaró la
nulidad de las Resoluciones núm. 7361 del 30 de mayo de 2002, 10342 del 18 de junio
de 2002 y 12079 del 8 de agosto de 2002, por falta de competencia del Departamento
de Antioquia para proferirlas; no obstante, negó el restablecimiento del derecho y la
indemnización de los perjuicios solicitados.
C. Fundamentos de la vulneración
14. La accionante indica que la sentencia del 1 de junio de 2022, proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en defectos fáctico
y sustantivo, así como en falta de motivación:
14.1. Respecto del defecto fáctico, indicó que la autoridad judicial omitió valorar
pruebas determinantes relacionadas con las circunstancias en que se produjo el cierre
del establecimiento comercial, en particular la suspensión de los servicios públicos de
acueducto y energía eléctrica como actuación material de la administración, la cual
habría generado la imposibilidad de continuar con la actividad económica.
14.2. En cuanto al defecto sustantivo, sostuvo que la autoridad judicial no analizó la
naturaleza jurídica de los hechos que dieron lugar al daño, en particular la actuación de
la administración, ni evaluó la idoneidad del medio de control ejercido o la posibilidad de
su adecuación, pese a que, a su juicio, correspondía a un supuesto de responsabilidad
estatal susceptible de ser examinado a través del medio de control de reparación directa.
14.3. En relación con la falta de motivación, señaló que, pese a haberse declarado la
nulidad de los actos administrativos que dispusieron la terminación unilateral del
contrato, la providencia negó el restablecimiento del derecho y la indemnización de
perjuicios, sin exponer razones suficientes que justifiquen la ausencia de reparación.
14.4. En ese sentido, considera vulnerados sus derechos de acceso a la administración
de justicia y a la igualdad, en tanto las omisiones señaladas impidieron un estudio
integral del caso y, en consecuencia, el reconocimiento de los perjuicios derivados de
la actuación estatal, sin que se valorara su condición de madre cabeza de familia ni la
afectación a su mínimo vital con ocasión del cierre del establecimiento comercial.
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Accionante: Luz Dary Mellán Corrales
Se declara la improcedencia de la demanda
D. Trámite procesal
15. Mediante auto del 12 de febrero de 20262, se admitió la demanda de tutela y se
ordenó notificar a la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, y en
calidad de terceros con interés, al Tribunal Administrativo de Antioquia, al Departamento
de Antioquia y a los señores Jorge William Toro Mejía y Luis Alberto Castañeda
Hernández, para que rindieran un informe sobre los hechos objeto de la demanda de
tutela.
16. Por aviso de la Secretaría General del Consejo de Estado, publicado el 24 de febrero
de 20263, se notificó al señor Jorge William Toro Mejía el auto del 12 de febrero de 2026
que admitió la acción de tutela y dispuso su vinculación como tercero con interés,
otorgándole un término de dos (2) días para pronunciarse sobre los hechos y
pretensiones.
E. Oposiciones e intervenciones
17. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado4 solicitó declarar la
improcedencia de la acción de tutela por incumplimiento del requisito de inmediatez,
toda vez que la providencia cuestionada fue notificada el 18 de agosto de 2023 y la
solicitud de amparo se presentó dos años y seis meses después, superando
ampliamente el término razonable de seis meses fijado por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional.
18. Luis Alberto Castañeda Hernández (tercero con interés), señaló que las
pretensiones de la acción de tutela tienen fundamento, pues en el caso se configura un
defecto fáctico por la falta de valoración de pruebas determinantes, en particular la orden
de suspensión de los servicios públicos de agua y energía que habría ocasionado el
cierre del establecimiento, así como la omisión de analizar la vía de hecho
administrativa. Además, advirtió que el asunto fue tramitado mediante el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, pese a que, por la naturaleza de los
hechos, correspondía al de reparación directa, lo que podría comprometer el debido
proceso.
19. El Tribunal Administrativo de Antioquia, el Departamento de Antioquia y Jorge
William Toro Mejía fueron debidamente notificados5, sin embargo, guardaron silencio.
F. Competencia
20. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
resolver la demanda de acción de tutela interpuesta por la señora Luz Dary Mellán
Corrales contra la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, en los Decretos
2591 de 1991 y 1069 de 2015 y en el Reglamento del Consejo de Estado (Acuerdo 80 de
2019).
2 Índice 5 del expediente digital disponible en Samai.
3 Índice 23 del expediente digital disponible en Samai.
4 Índice 16 del expediente digital disponible en Samai.
5 Índices 8 y 23 del expediente digital disponible en Samai.
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Se declara la improcedencia de la demanda
G. Sentido de la decisión
21. La Sala declarará la improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento del
requisito de inmediatez, por cuanto la accionante no interpuso la acción en un término
razonable. En ese sentido, y por razones metodológicas, en esta providencia no se hará
la verificación de los demás requisitos generales de procedencia de la demanda de
tutela6.
H. El requisito de inmediatez
22. El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela puede
presentarse “en todo momento y lugar”, lo que implica que no se encuentra sometida a
un término de caducidad. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional7 ha reiterado que
dicho carácter no exime al accionante del cumplimiento del requisito de inmediatez, en
virtud del cual la solicitud de amparo debe presentarse dentro de un término razonable y
proporcionado entre la ocurrencia de los hechos que presuntamente vulneraron los
derechos fundamentales y la interposición de la demanda.
23. En ese sentido, la exigencia de inmediatez responde a la naturaleza urgente y
residual de la tutela, pues su finalidad es brindar una protección inmediata respecto las
vulneraciones inminentes de derechos fundamentales y no reabrir controversias que ya
se han consolidado en el tiempo. En consecuencia, el mecanismo constitucional no
puede ejercerse de manera indefinida, pues ello comprometería la seguridad jurídica y
desnaturalizaría su función como mecanismo de protección inmediata.
24. Por tal razón, aun cuando no existe un término fijo o preestablecido para evaluar el
cumplimiento del requisito de inmediatez, corresponde al juez de tutela examinar las
circunstancias particulares de cada caso y determinar, en atención a ellas, si la demanda
fue promovida dentro de un término razonable. Lo anterior, bajo el presupuesto que, en
el caso concreto, se presenten circunstancias que expliquen razonablemente la tardanza
en el ejercicio del mecanismo constitucional, a saber:
“(i) [Ante] La existencia de razones válidas para la inactividad, como podría ser, por
ejemplo, la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito, la incapacidad o
imposibilidad del actor para interponer la tutela en un término razonable, la ocurrencia
de un hecho completamente nuevo y sorpresivo que hubiere cambiado drásticamente
las circunstancias previas, entre otras.
6 Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional ha establecido los siguientes: a) que la cuestión que se discute resulte de evidente
relevancia constitucional; b) que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable; c) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración; d) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; e) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron
la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible, y f) que no se trate de sentencias de tutela (Sentencia C-590 de
2005).
7 Corte Constitucional. Sentencias T-461 de 2019, T-422 de 2025 y T-246 de 2015.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00986-00
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Se declara la improcedencia de la demanda
(ii) Cuando a pesar del paso del tiempo es evidente que la vulneración o amenaza de los
derechos fundamentales del accionante permanece, es decir, su situación desfavorable
como consecuencia de la afectación de sus derechos continúa y es actual. Lo que
adquiere sentido si se recuerda que la finalidad de la exigencia de la inmediatez no es
imponer un término de prescripción o caducidad a la acción de tutela sino asegurarse de
que se trate de una amenaza o violación de derechos fundamentales que requiera, en
realidad, una protección inmediata.
(iii) Cuando la carga de la interposición de la acción de tutela en un plazo razonable
resulta desproporcionada dada la situación de debilidad manifiesta en la que se
encuentra el accionante, lo que constituye un trato preferente autorizado por el artículo
13 de la Constitución que ordena que ‘el Estado protegerá especialmente a aquellas
personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en
circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra
ellas se cometan”.8
25. La Corte Constitucional9 ha sido reiterativa respecto a la protección de la seguridad
jurídica, la certeza sobre las decisiones judiciales y la autonomía de los jueces, razón por
la cual la tutela contra providencias judiciales se erige como un recurso excepcional y su
análisis debe ser más estricto, con el fin de no transgredir los principios de cosa juzgada
y seguridad jurídica, debido a que:
“(…) la firmeza de las decisiones judiciales estaría siempre a la espera de la controversia
constitucional que en cualquier momento, sin límite de tiempo, pudiera iniciar cualquiera
de las partes. En un escenario de esta naturaleza nadie podría estar seguro sobre cuales
son sus derechos y cual el alcance de éstos, con lo cual se produciría una violación del
derecho de acceso a la administración de justicia – que incluye el derecho a la firmeza y
ejecución de las decisiones judiciales – y un clima de enorme inestabilidad jurídica”.10
26. Por otra parte, en concordancia con los precedentes fijados por la Corte
Constitucional, el Consejo de Estado ha adoptado como regla general un término de seis
meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según
corresponda, para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se
ejerce oportunamente, así:
Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza del acto
jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios
y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y la necesidad
de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad.
La regla general del plazo de seis meses se acoge, además, teniendo en cuenta: i) que el
plazo ha sido considerado como razonable por la jurisprudencia de la Corte Constitucional
y; (ii) se trata de una decisión judicial adoptada en un proceso jurisdiccional.11
I. El caso concreto
27. La Sala advierte que la pretensión que persigue la accionante en la presente acción
de tutela se dirige a dejar sin efectos la sentencia del 1 de junio de 2022, proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
8 Corte Constitucional. Sentencia T-087 de 2018.
9 Corte Constitucional. Sentencia SU 108 DE 2018.
10 Corte Constitucional. Sentencia T-315 de 2005.
11 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01
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Se declara la improcedencia de la demanda
28. Está acreditado que la sentencia objeto de controversia fue notificada el 18 de agosto
de 202312, según consta en el expediente digital del aplicativo Samai correspondiente al
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho núm. 05001-23-31-000-2002-04922-
01.
29. Así las cosas, resulta evidente que la accionante excedió ampliamente el término de
seis meses fijado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado
para la interposición de la acción de tutela contra providencias judiciales, pues entre la
notificación de la sentencia cuestionada, esto es, el 18 de agosto de 2023, y la
presentación de la demanda, el 10 de febrero de 2026, transcurrió un lapso superior a
dos (2) años.
30. Ahora bien, en el escrito de tutela la accionante explicó las razones por la cual no
presentó oportunamente la demanda de tutela, en los siguientes términos:
“(…) Como titular del derecho, ya que Jorge William toro me cedió los derechos litigiosos,
autenticados en notaria, creo señores magistrados que tengo el derecho de presentar esta
acción de tutela, ante el honorable consejo de estado sala plena, ya que soy la titular de
ese derecho, no la había presentado porque tengo problemas de salud y de memoria. En
dos oportunidades creo que me vincularon, como interesada en el asunto, pero yo como
titular del derecho cedido por William toro Mejía, es la primera vez que lo hago, ya que tengo
problemas de memoria.”
31. Aunque la accionante intenta justificar la presentación tardía de la demanda de tutela,
esto es, luego de transcurridos dos (2) años, cinco (5) meses y veintitrés (23) días, las
razones expuestas no resultan suficientes para considerar cumplido el requisito de
inmediatez, en los términos definidos por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.
32. La Sala no desconoce que la jurisprudencia constitucional ha admitido, de manera
excepcional, la flexibilización del término de seis meses para la interposición de la acción
de tutela contra providencias judiciales; sin embargo, dicha flexibilización solo procede
en los supuestos señalados en el párrafo núm. 25 de esta providencia.
33. La situación expuesta por la accionante, consistente en que tiene problemas de salud
y de memoria, no se subsume en los supuestos que habilitan la flexibilización del requisito
de inmediatez, pues no se acreditó la existencia de una circunstancia de fuerza mayor o
caso fortuito que le hubiera impedido acudir oportunamente al mecanismo de amparo. Si
bien se allegó un certificado médico con fecha del 2 de febrero de 2026, este resulta
insuficiente para demostrar la gravedad y duración de tales circunstancias, en tanto no
obra la historia clínica completa ni otros elementos que permitan establecer que, durante
el término de seis (6) meses siguientes a la notificación de la decisión cuestionada, la
accionante se encontraba en imposibilidad real de interponer la demanda de tutela.
34. Por otra parte, la accionante también alega que persiste un perjuicio irremediable
respecto de la afectación de sus derechos fundamentales; no obstante, dicha afirmación
se limita a una referencia genérica, sin explicar de manera concreta en qué consiste el
12 Índice 89 y 90 del expediente digital núm. 05001-23-31-000-2002-04922-01 disponible en Samai.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00986-00
Accionante: Luz Dary Mellán Corrales
Se declara la improcedencia de la demanda
perjuicio ni acreditar sus elementos de gravedad, urgencia, inminencia e
impostergabilidad. Además, las consecuencias que describe relacionadas con la pérdida
de su actividad económica y la afectación de su mínimo vital por el no reconocimiento de
perjuicios corresponden a efectos propios de la decisión judicial cuestionada, lo que, por
sí solo, no permite flexibilizar el requisito de inmediatez ni justifica la presentación tardía
de la acción de tutela.
35. En atención a lo expuesto, la Sala encuentra que la solicitud de amparo no superó
el requisito de inmediatez, debido a que la presentación de la demanda excedió el
término establecido de seis meses y no se acreditó una razón objetiva, proporcional y
razonable que justifique la demora en la interposición de la acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la demanda de tutela por falta del requisito
de inmediatez.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: Una vez notificada, y si no fuese. impugnada, ENVIAR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
CUARTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
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