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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00989-00

Fecha
29 de abril de 2026
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00989-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DENIÉGASE el amparo impetrado por el señor Parmenio Antonio Flórez Gil SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: Una vez notificada, y si no fuera impugnada ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CUARTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-00989-00

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

29 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá D.C., veintinueve (29) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00989-00
Accionante: Parmerio Antonio Flórez Gil
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Séptima de
Decisión
Referencia: Acción de tutela - Sentencia de primera instancia

La Sala resuelve la demanda en ejercicio de la acción de tutela interpuesta por el
señor Parmerio Antonio Flórez Gil contra la sentencia del 27 de agosto de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Decisión.

SÍNTESIS1

El accionante cuestiona la sentencia del 27 de agosto de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Decisión, que revocó la
decisión de primera instancia que declaró la existencia de una relación laboral
encubierta con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y, en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda. La Sala denegará el amparo, al no evidenciarse el
defecto alegado ni el desconocimiento del precedente judicial.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1. El 10 de febrero de 2026, el señor Parmerio Antonio Flórez Gil, en nombre propio,
presentó una demanda en ejercicio de la acción de tutela para obtener la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración
de justicia, los cuales a su juicio, fueron vulnerados por la sentencia del 27 de agosto
de 2025, proferida el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de
Decisión, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con radicado núm. 05837-33-33-001-2018-00497-01, mediante la cual se revocó la
sentencia de primera instancia que había accedido parcialmente a las pretensiones
y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.

1 Temas: Demanda de tutela contra providencia judicial / Sentencia contra providencia proferida en

un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho / Se niega la solicitud de amparo.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00989-00
Accionante: Parmenio Antonio Flórez Gil
Se niega la solicitud de amparo

2. El accionante formuló las siguientes pretensiones (se transcribe):

“1. Que se amparen mis derechos fundamentales vulnerados, en especial el derecho
al debido proceso y el acceso a la administración de justicia.
2. Que se declare la existencia de un defecto fáctico en la providencia proferida por
la Sala Quinta (sic) de Decisión del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA,
magistrado ponente GONZALO ZAMBRANO VELANDIA, dentro del proceso de
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO radicado 05837-33-33-001-
2018-00497-01, partes, PARMENIO FLÓREZ GIL y el SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE -SENA.
3. Que se deje sin efectos la decisión cuestionada y se ordene a la autoridad judicial
emitir una nueva providencia valorando adecuadamente las pruebas y señalando la
decisión final que se ajuste en derecho2”.

B. Hechos

3. El señor Parmerio Antonio Flórez Gil prestó sus servicios al Servicio Nacional de
Aprendizaje (SENA) como instructor en áreas de marroquinería, calzado, modelaje
y actividades relacionadas, mediante contratos de prestación de servicios suscritos
desde el 9 de octubre de 2006 y renovados de manera sucesiva hasta el 15 de
diciembre de 2017.

4. El 17 de julio de 2018, el accionante presentó reclamación administrativa ante el
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) con el fin de obtener el reconocimiento y
pago de las prestaciones sociales que consideró derivadas de una relación laboral
encubierta.

5. Mediante Oficio núm. 2-2018-00753 del 26 de julio de 2018, la entidad negó la
solicitud, con fundamento en que el vínculo entre las partes correspondió a contratos
de prestación de servicios, que no generaron derechos prestacionales.

6. En atención a la negativa, el 6 de noviembre de 2018, el accionante presentó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), con el fin de que se declarara la
existencia de una relación laboral y se ordenara el reconocimiento y pago de las
acreencias laborales correspondientes. El conocimiento del proceso correspondió
al Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Turbo, Antioquia.

7. Mediante sentencia del 20 de octubre de 2020, el Juzgado Primero Administrativo
Oral del Circuito de Turbo, Antioquia declaró la existencia de una relación laboral
encubierta entre el accionante y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA); no
obstante, declaró probada la excepción de prescripción trienal respecto de los
derechos prestacionales causados con anterioridad al 14 de diciembre de 2014.

8. Contra la anterior providencia, ambas partes interpusieron recurso de apelación.
La parte demandante cuestionó la declaratoria de prescripción trienal respecto de

2 Índice 2 del aplicativo Samai.

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Accionante: Parmenio Antonio Flórez Gil
Se niega la solicitud de amparo

las acreencias laborales causadas entre el 9 de octubre de 2006 y el 14 de diciembre
de 2014, pues la continuidad en la prestación del servicio mediante contratos
sucesivos impedía aplicar esa figura. Por su parte, el Servicio Nacional de
Aprendizaje (SENA) solicitó revocar la sentencia y sostuvo que no se probó la
subordinación ni la continuidad del vínculo, y que se reconocieron prestaciones
propias de empleados de planta sin el cumplimiento de los requisitos legales.

9. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Decisión, en sentencia
del 27 de agosto de 2025, revocó la decisión de primera instancia y negó las
pretensiones de la demanda, por cuanto no se acreditaron los elementos propios de
una relación laboral, en particular la subordinación ni la continuidad en la prestación
del servicio.

C. Fundamentos de la vulneración

10. El accionante indicó que la sentencia del 27 de agosto de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, incurrió en un defecto fáctico, en los términos
de las sentencias T-231 de 2013 y SU-817 de 2010 de la Corte Constitucional,
porque:

10.1. Omitió valorar pruebas determinantes obrantes en el expediente, en particular
las testimoniales, que daban cuenta de que en el desarrollo de sus funciones recibía
órdenes, debía cumplir horarios y asistir a reuniones obligatorias, lo que evidenciaba
la existencia de subordinación

10.2. No realizó un análisis integral del material probatorio, al ignorar elementos que
acreditaban la forma en que se prestó el servicio, limitándose a concluir la
inexistencia de subordinación sin confrontar la totalidad de las pruebas recaudadas.

10.3. Desconoció el alcance de las pruebas, al calificar como simples actividades de
coordinación lo que evidenciaba manifestaciones de subordinación, derivadas de la
imposición de horarios, directrices institucionales y control sobre la actividad
desarrollada.

10.4. Fundó su decisión en una valoración parcial de los hechos, al omitir la
continuidad y permanencia en la prestación del servicio y las condiciones reales de
su ejecución, lo que la condujo a una conclusión contraria a lo acreditado en el
proceso.

10.5. Se apartó de la jurisprudencia aplicable, en particular, de los criterios fijados por
el Consejo de Estado en materia de contrato realidad, al calificar la relación como
de mera coordinación y no de subordinación, pese a que las condiciones de
ejecución del servicio demostraban lo contrario.

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Accionante: Parmenio Antonio Flórez Gil
Se niega la solicitud de amparo

D. Trámite procesal

11. Mediante auto del 11 de febrero de 2026, se admitió la demanda de tutela3, se
ordenó la notificación al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de
Decisión, y en calidad de terceros con interés, al Juzgado Primero Administrativo de
Turbo, Antioquia y al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para que rindieran
informe sobre los hechos objeto de la demanda de tutela.

E. Oposiciones e intervenciones

12. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Decisión4 (accionada)
solicitó negar el amparo porque la providencia cuestionada se ajustó al
ordenamiento jurídico y no incurrió en defecto alguno, en tanto se realizó una
valoración integral y razonada de las pruebas conforme a la sana crítica y se
concluyó que no se acreditó el elemento de subordinación ni la continuidad en la
prestación del servicio, por lo que no era posible declarar la existencia de un contrato
realidad.

13. El Servicio Nacional de Aprendizaje 5 (tercero con interés) solicitó declarar
improcedente la demanda de tutela y, en subsidio, negar el amparo, por cuanto el
accionante pretende reabrir el debate probatorio ya agotado en el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, lo que desborda el carácter subsidiario
de la acción de tutela al convertirla en una instancia adicional. Además, señaló que
no se configuró vulneración alguna al debido proceso, en tanto la providencia
cuestionada se adoptó con fundamento en las pruebas legalmente recaudadas y en
el ejercicio legítimo de la doble instancia.

14. El Juzgado Primero Administrativo de Turbo, Antioquia 6 (tercero con interés)
remitió las pruebas que obraban en su poder; sin embargo, guardó silencio frente a
los hechos y las pretensiones de la demanda de tutela.

II. CONSIDERACIONES

F. Competencia

15. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente
para resolver la demanda de tutela interpuesta por Parmenio Antonio Flórez Gil
contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Decisión, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, en los
Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y en el Reglamento del Consejo de Estado
(Acuerdo 80 de 2019).

3 Índice 4 de Samai.
4 Índice 11 de Samai.
5 Índice 14 de Samai.
6 Índice 10 de Samai.

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Accionante: Parmenio Antonio Flórez Gil
Se niega la solicitud de amparo

G. Sentido de la decisión

16. La Sala denegará el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y
al acceso a la administración de justicia del señor Parmenio Antonio Flórez Gil, por
cuanto no se configura el defecto alegado en la sentencia del 27 de agosto de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Decisión.

H. Requisitos generales de procedibilidad

17. La Sala observa que se encuentran satisfechos los requisitos que habilitan la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por cuanto el accionante: (i)
identificó los hechos y las razones en que se fundamenta la demanda, así como los
derechos fundamentales que considera vulnerados; (ii) utilizó los mecanismos
judiciales a su alcance y contra la sentencia cuestionada no procede ningún recurso
judicial ordinario; (iii) la demanda se presentó dentro de los seis meses siguientes a
la notificación de la providencia cuestionada 7 ; (iv) el asunto es relevante
constitucionalmente porque se discute una vulneración a derechos fundamentales
por presuntos defectos en una providencia judicial, los cuales no pudieron ser
propuestos en el curso del proceso ordinario debido a que la sentencia cuestionada
revocó la decisión de primera instancia; y (v) no se trata de una decisión proferida
en sede de tutela.

I. Requisitos específicos de procedibilidad invocados en la demanda

22. La sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional estableció que la tutela
contra providencias judiciales es constitucionalmente admisible siempre y cuando
se configure, al menos, una de las siguientes causales especiales: (i) defecto
orgánico; (ii) defecto procedimental; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto sustantivo; (v)
error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente;
y (viii) violación directa de la Constitución.

23. En el asunto sub iudice, el accionante cuestiona la sentencia del 27 de agosto
de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de
Decisión, por incurrir en defecto fáctico por indebida valoración probatoria, al omitir
y desconocer pruebas determinantes, en especial testimoniales, que acreditaban
subordinación, y por apartarse de la jurisprudencia sobre contrato realidad al
concluir la inexistencia de subordinación pese al acervo probatorio obrante en el
expediente. A continuación, la Sala describirá las características y elementos del
defecto alegado, con el propósito de determinar el objeto de la litis y examinar a
fondo la presunta vulneración de derechos fundamentales.

24. Respecto del defecto fáctico se refiere al yerro en el decreto, práctica o
valoración del material probatorio que incide en el sentido del fallo. Es decir que,

7 La sentencia se notificó por correo electrónico el 28 de agosto de 2025 (índice 14 de Samai del

proceso con radicado núm. 05837-33-33-001-2018-00497-01) y la solicitud de amparo se presentó
el 10 de febrero de 2026.

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en esencia, se configura cuando la autoridad judicial “carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión”8. La
jurisprudencia constitucional ha precisado que este defecto se manifiesta en dos
dimensiones.

24.1. Por un lado, la dimensión negativa describe una omisión determinante por
parte de la autoridad judicial en las etapas probatorias9. Ello ocurre, por ejemplo,
cuando no se tiene en cuenta una realidad probatoria, no se valoran todos los
medios de convicción o, habiendo lugar a ello, no se decreta oficiosamente una
prueba.

24.2. Por el otro, la dimensión positiva describe un error ostensible, flagrante y
manifiesto en la apreciación del hecho o de la prueba10. Bajo ese esquema, el
defecto se produce en los eventos en que la decisión se fundamenta en pruebas
ilícitas, pruebas que por disposición legal no son demostrativas del hecho o, por lo
general, en una valoración abiertamente defectuosa de los medios de convicción11.

25. Sobre el desconocimiento del precedente jurisprudencial, la Corte
Constitucional ha determinado que constituye precedente una sentencia previa
relevante para la solución de un nuevo caso. En cuanto a su influencia en resolver
nuevos casos, ha establecido que “como los supuestos de hecho similares deben
recibir un tratamiento jurídico similar, la sentencia precedente debería determinar
el sentido de la decisión posterior”12.

25.1. Sumado a lo anterior, ha sostenido que “los precedentes judiciales proyectan
un valor vinculante en la actividad de los distintos operadores jurídicos. En virtud
de los principios de igualdad y seguridad jurídica, los jueces están obligados a
seguirlos, o a justificar adecuadamente la decisión de apartarse de ellos”.

J. Caso concreto

26. La Sala no encuentra configurado el defecto fáctico ni el desconocimiento del
precedente. El Tribunal Administrativo de Antioquia analizó los elementos de la
relación laboral, valoró las pruebas allegadas, incluidas las testimoniales y explicó
por qué no acreditaban la subordinación alegada, a partir de los criterios del contrato
realidad.

27. En la demanda de tutela, el accionante afirma que la autoridad judicial incurrió
en un defecto fáctico por omitir la valoración de pruebas relevantes y determinantes
que, en su criterio, evidenciaban la subordinación en la prestación del servicio, tales
como la imposición de horarios, el cumplimiento de órdenes, la asistencia obligatoria
a reuniones y la sujeción a directrices institucionales, así como testimonios que

8 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
9 Corte Constitucional, sentencia SU-074 de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo.
10 Corte Constitucional, sentencia SU-424 de 2021, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
11 Corte Constitucional, sentencia SU-453 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
12 Corte Constitucional, sentencia SU-380 de 2021, M.P. Diana Fajardo Rivera.

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corroboraban dichas circunstancias. También señala que el Tribunal desconoció el
alcance de la prueba testimonial y exigió soportes documentales que no resultaban
necesarios para acreditar la subordinación, lo que condujo a desestimar elementos
de convicción que daban cuenta de la relación laboral alegada.

28. En ese sentido, señala que el Tribunal no efectuó un análisis integral del material
probatorio ni explicó la valoración otorgada a los elementos de convicción y,
además, se apartó de la jurisprudencia aplicable, en particular, de los criterios
fijados por el Consejo de Estado en materia de contrato realidad, al calificar la
relación como de mera coordinación y no de subordinación, pese a que las
condiciones de ejecución del servicio demostraban lo contrario.

29. En la sentencia del 27 de agosto de 2025, la Sala Séptima de Decisión del
Tribunal Administrativo de Antioquia revocó la providencia del 20 de octubre de
2020, proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Turbo que había reconocido la existencia de la relación laboral encubierta y
ordenado el pago de las prestaciones sociales derivadas de esa declaración. Para
efectos de lo anterior, la accionada realizó el siguiente análisis probatorio:

“(…) ii) De la subordinación
Siguiendo los criterios consolidados en la sentencia de unificación SUJ-025 CES2-
2021 del 9 de septiembre de 2021, de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
antes parcialmente transcrita, son indicios de la subordinación ciertas circunstancias
que permiten determinar su existencia, entre estas, i) el lugar de trabajo, ii) el horario
de labores, iii) la dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar, y iii) que las
actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen asignadas los
servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos configurativos de la
relación laboral.
En efecto, en lo que corresponde al lugar de trabajo está acreditado que en el
presente asunto el demandante tuvo que prestar sus servicios personales en
diferentes municipio del Departamento de Antioquia donde el SENA – Regional
Antioquia tenía algún tipo de convenio; y en lo que respecta a los elementos
probatorios con los que se pretende acreditar el restante elemento de la relación
laboral, esto es, el relativo al horario de labores, la dirección y control efectivo de las
actividades a ejecutar respecto del empleador es necesario que se acredite la
existencia de una continuada dependencia o subordinación elemento sin el cual no
es posible hablar de una relación legal y reglamentaria propia de los empleados
públicos, a los cuales la parte actora ha pretendido asimilar su situación-, el
demandante aportó únicamente la copia de los contratos de prestación de servicios,
certificados de los contratos de prestación de servicios suscritos con la entidad
demandada, órdenes de viajes realizadas al demandante para la prestación del
servicio donde se evidencia el pago de los valores por manutención, transporte y otros
gastos al demandante; el manual especifico de funciones y de competencias laborales
para los empleos de la planta de personal del SENA; la certificación de Medimás
donde se indica que el demandante, se encuentra vinculado al Sistema de Seguridad
Social en Salud, régimen contributivo y las Certificaciones de Empresas Prestadoras
de Salud como lo son de Medimás, Coomeva EPS, Salud Vida y certificaciones de
Colpensiones, Seguros Positiva, Colfondos y Porvenir.
En la audiencia de pruebas celebrada ante el A Quo, los testigos y el demandante
fueron coincidentes en indicar que este último prestó sus servicios al SENA como
instructor cumpliendo un horario y bajo las directrices de la entidad, sin embargo, uno
de los testigos, esto es, el señor Hugo Román Botero Tabares indicó que al

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demandante se le exigía el cumplimiento de 8 horas días, es decir, 160 horas al mes
y a los vinculados se les exigía el cumplimiento de 8.5 horas dirías, es decir, que la
exigencia era diferente; Adicionalmente, el referido testigo señaló que, al finalizar un
curso de corta duración, le correspondía al demandante gestionar directamente la
consecución de aprendices con el fin de abrir nuevos cursos de marroquinería, bolsos,
sandalias, calzado escolar o femenino, para así cumplir con el total de horas
contratadas. Tal circunstancia pone de manifiesto que la entidad no ejercía un control
efectivo sobre las horas laboradas ni sobre la programación de los cursos, pues era
el propio demandante quien debía procurar la población beneficiaria para ejecutar las
actividades objeto del contrato. Lo anterior demuestra que no hay certeza acerca de
la supuesta jornada que debía cumplir el demandante, máxime cuando no se
allegaron pruebas documentales que respaldaran lo afirmado por los testigos, tales
como correos electrónicos, llamados de atención, órdenes de servicio, citaciones a
reuniones, capacitaciones u otros soportes que acreditaran obligaciones de asistencia
o cumplimiento. Si bien algunos declarantes manifestaron que el demandante era
citado a reuniones de carácter obligatorio donde se impartían órdenes, no se aportó
evidencia alguna que demostrara tales afirmaciones.
Si bien la parte actora afirma que cumplía un horario y que sus funciones eran iguales
a las de los instructores vinculados a la entidad demandada, así como de la
supervisión del servicio prestado por el accionante, ello no implica necesariamente la
existencia de subordinación, sino más bien de la coordinación que debía existir en el
actuar del contratista en relación con el tiempo para el que se requería su servicio y
que en relación con el mismo no podía ser un simple agente externo en la institución,
por lo cual debía actuar en armonía con la labor de sus compañeros y estudiantes.
Lo contrario significaría que los contratistas se encuentran en una situación
privilegiada que los haría apoyar la prestación del servicio cuando así quisieran sin
consideración a que se trata de la formación en diferentes áreas, que requiere de una
atención personal, motivo por el cual, es apenas lógico que el demandante fuera
citado a reuniones con los supervisores del contrato y que tuviera que remitir informes
y realizar cursos de formación. (…)”.

30. Revisados los apartes transcritos, la Sala advierte que la autoridad judicial
realizó una valoración integral del material probatorio y concluyó que no se acreditó
la existencia de una relación laboral encubierta. En particular, estableció que,
aunque el accionante prestó personalmente los servicios y recibió una
remuneración, no se demostró el elemento de la subordinación como presupuesto
estructural del contrato de trabajo. Por el contrario, los elementos de convicción
permiten inferir que la actividad se desarrolló en condiciones de autonomía, por
cuenta y riesgo del contratista, en el marco de una relación orientada a atender de
necesidades específicas y temporales, sin que se evidenciara una dependencia
permanente frente a órdenes propias de un vínculo laboral.

31. La providencia judicial cuestionada identificó y valoró cada una de las pruebas
documentales aportadas, entre ellas, los contratos de prestación de servicios
suscritos, derecho de petición y su respuesta, las órdenes de viaje, la Resolución
núm. 1458 de 2017, por medio de la cual se actualiza el manual específico de
funciones y de competencias laborales para los empleos de la planta de personal
del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), los antecedentes administrativos y las
certificaciones del Sistema de Seguridad Social, así como los documentos allegados
por distintas EPS y fondos de pensiones, y las apreció de forma conjunta con el
interrogatorio de parte y los testimonios rendidos en el proceso.

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32. A partir de ese análisis, la autoridad accionada encontró que, aun cuando se
demostró la prestación personal del servicio y el pago de una remuneración, no se
probó una relación de dependencia permanente, en tanto no se evidenció la
existencia de instrucciones continuas, control efectivo sobre la ejecución de las
labores ni dependencia jerárquica en los términos exigidos para configurar un
contrato de trabajo.

33. En relación con la prueba testimonial, la autoridad accionada precisó que, si bien
las declaraciones daban cuenta de la forma en que el accionante ejecutaba sus
actividades, no eran suficientes para acreditar la subordinación, en la medida en
que las referencias a la asignación de tareas, el cumplimiento de horarios, la entrega
de informes y la supervisión se enmarcan en las facultades de coordinación,
seguimiento y verificación propias del contrato de prestación de servicios, sin que
de ello se derive una relación de dependencia caracterizada por la imposición de
órdenes directas, permanentes y vinculantes, propias de un vínculo laboral.

34. Adicionalmente, indicó que de los propios testimonios se desprenden
circunstancias que desvirtúan la alegada dependencia, como el hecho de que el
accionante debía gestionar directamente la consecución de aprendices para abrir
nuevos cursos y así completar las horas contratadas, lo cual demuestra la
autonomía en la ejecución del objeto contractual y evidencia la ausencia de un
control efectivo por parte de la entidad sobre la programación y desarrollo de las
actividades.

35. De igual forma, advirtió que tales afirmaciones no se encuentran respaldadas en
medios de prueba documentales idóneos, como comunicaciones, órdenes formales
o llamados de atención, que permitan corroborar la existencia de instrucciones
permanentes o de una relación de dependencia.

36. En consecuencia, la Sala concluye que la autoridad judicial realizó una adecuada,
integral y razonada valoración del acervo probatorio, al analizar de manera conjunta
las pruebas documentales y testimoniales, precisar su alcance y exponer de forma
clara y suficiente las razones por las cuales no resultaban idóneas para acreditar la
subordinación alegada, por lo que la decisión adoptada se encuentra debidamente
motivada y ajustada a derecho.

37. Ahora bien, en cuanto al desconocimiento del precedente, se advierte que el
accionante no cumplió con la carga mínima de identificar de manera concreta las
providencias de unificación presuntamente desconocidas. Por el contrario, se
evidencia que la autoridad judicial sí consideró y aplicó la jurisprudencia unificada
relevante, en particular la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de
septiembre de 2021 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, a partir de la
cual estableció los criterios para el análisis del contrato realidad y, especialmente,
para la verificación del elemento de subordinación.

38. Por lo anterior, para esta Sala es evidente que la sentencia del 27 de agosto de

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2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de
Decisión, no incurrió en el defecto alegado ni desconoció el precedente aplicable,
razón por la cual se denegará el amparo de los derechos fundamentales invocados
por el accionante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DENIÉGASE el amparo impetrado por el señor Parmenio Antonio
Flórez Gil

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.

TERCERO: Una vez notificada, y si no fuera impugnada ENVIAR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

CUARTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado

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