Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00991-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00991-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-00991-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
26 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-00991-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: ANTONIO AUGUSTO CONTI PARRA
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, TODA VEZ
QUE NO CUMPLE CON EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL, PUES LA DIVERGENCIA OBEDECE A UN DEBATE DE
ASPECTOS QUE FUERON RESUELTOS DE FORMA ADMISIBLE POR LA
AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y DEFENSA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor
contra la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL CONSEJO
DE ESTADO1.
I – ANTECEDENTES
I.1. La Solicitud
El señor ANTONIO AUGUSTO CONTI PARRA, actuando a través
de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en
1
En adelante .
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Actor: ANTONIO AUGUSTO CONTI PARRA
el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, los cuales
estima vulnerados por la SECCIÓN TERCERA, al haber proferido, la
providencia de 11 de agosto de 2025, dentro del medio de control de
reparación directa identificado con el número único de radicación
2017-00948-01.
I.2. Hechos
Manifestó que promovió demanda en ejercicio del medio de control
de reparación directa contra el MUNICIPIO DE CHÍA2 y la
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, con el fin de
obtener el reconocimiento y pago de los perjuicios materiales, con
ocasión de la omisión en la cancelación de la anotación registral por
liquidación del efecto plusvalía al predio de su propiedad identificado
con la matrícula inmobiliaria núm. 50N-836165.
Aseveró que a la demanda le fue asignado el número único de
radicación 2017-00948-00 y le correspondió en primera instancia a
la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “B”- DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA3 que, mediante
sentencia de 21 de noviembre de 2018, denegó las pretensiones de
la demanda.
2
En adelante Municipio.
3
En adelante Tribunal.
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Advirtió que inconforme con la decisión, interpuso recurso de
apelación ante la SECCIÓN TERCERA que, en providencia de 11 de
agosto de 2025, confirmó la decisión del a quo.
I.3. Fundamentos de la solicitud
A juicio de la parte actora, la providencia judicial cuestionada incurrió
en defecto fáctico, al realizar una indebida valoración del acervo
probatorio que permitía demostrar de manera suficiente el perjuicio
ocasionado por la pérdida de la oportunidad de vender su inmueble,
situación que se derivó directamente de la omisión de la entidad
territorial de anular la anotación que afectaba el bien.
Aseguró que la autoridad judicial accionada incurrió en
desconocimiento del precedente jurisprudencial fijado en la
sentencia de 21 de marzo de 2012 de la Sección Tercera del Consejo
de Estado4 respecto del daño antijurídico por pérdida de oportunidad
pues, a su juicio, de no haber sido por la omisión del MUNICIPIO
de anular la anotación relacionada con la liquidación del efecto
plusvalía en el folio de matrícula inmobiliaria, habría podido vender
el inmueble durante la vigencia del plan de ordenamiento territorial
obteniendo grandes ventajas económicas.
4
Radicación No. 2092903 (54001-23-31-000-1997-02919-01 (2017).
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I.4.- Pretensiones
La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y,
en consecuencia:
“[…] Con fundamento en las razones fácticas y jurídicas que se
sustentarán enseguida, y mediando la demostración sobre la
ocurrencia de las causales que la jurisprudencia constitucional ha
definido para que prospere la tutela contra las providencias
judiciales, con esta acción se pretende que esa Honorable
Corporación (i) anule y/o deje sin valor la sentencia de
segunda instancia dictada por el Honorable Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera – Subsección C – el 11 de agosto de 2025, en el proceso
de reparación directa radicado con el No. 25000-23-36-000-2017-
00948-01, incoado por el aquí accionante contra el Municipio de
Chía y la Superintendencia de Notariado y Registro, y (ii) ordene,
que en reemplazo de dicha decisión se dicte una nueva que honre
la realidad de los hechos y reivindique los derechos fundamentales
del ciudadano Augusto Conti vulnerados con ese fallo mediante la
imposición de las declaraciones y condenas acumuladas en el
libelo que dio origen a ese proceso […]”. (Destacado pertenece
al texto).
I.5. Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL se limitó a remitir el expediente digital del
medio de control objeto de análisis, sin realizar pronunciamiento
alguno frente al fondo del asunto.
I.5.2.- El MUNICIPIO manifestó que la acción de tutela no
constituye la vía procesal idónea para reabrir, revivir o corregir
etapas ya agotadas dentro del proceso ordinario cuestionado, ni para
subsanar las deficiencias en la demostración, existencia o imputación
del daño cuya reparación pretende el accionante.
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I.5.3.- La SECCIÓN TERCERA señaló que no hay lugar a considerar
que la decisión cuestionada incurrió en los defectos invocados.
I.5.4.- La SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO,
pese a ser notificada del presente trámite, guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,
magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue
asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de la
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violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa
porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente
una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
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perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela
como un mecanismo de protección alternativo, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las
decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
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… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado[11].
i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del
texto).
En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se
deje sin efecto la providencia de 11 de agosto de 2025, proferida
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por la SECCIÓN TERCERA dentro del medio de control de reparación
directa identificado con el número único de radicación 2017-00948-01.
A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y a la defensa, habida cuenta que,
a juicio de actor, incurrió en defecto fáctico al realizar una indebida
valoración del acervo probatorio que permitía demostrar de manera
suficiente el perjuicio ocasionado por la pérdida de la oportunidad de
vender su inmueble, situación que se derivó directamente de la
omisión del MUNICIPIO de anular la anotación que afectaba el bien.
Aseguró que la autoridad judicial accionada incurrió en
desconocimiento del precedente jurisprudencial fijado en la
sentencia de 21 de marzo de 2012, proferida por la Sección Tercera
del Consejo de Estado respecto del daño antijuridico por pérdida de
oportunidad pues, a su juicio, de no ser por la omisión del ente
territorial habría podido vender el inmueble durante la vigencia del
plan de ordenamiento territorial obteniendo grandes ventajas
económicas.
Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe
resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple
con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial; y ii) de superarse tal derrotero,
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establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos
fundamentales invocados e incurrió en los defectos deprecados.
De conformidad con los parámetros planteados en líneas anteriores,
la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida
por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la
relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional5, de manera tal
que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
5
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
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examinadas en sede de tutela».6
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación7, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [8]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [9].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [10].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
6
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[8] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[9] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[10] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
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derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [11].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [12]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
[11] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
[12] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
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también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [13].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [14]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional
en sentencia SU-215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho
requisito tiene como finalidades las siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
[13] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[14] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de
validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,
circunstancia que excluye su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia
judicial [...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de
tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia
constitucional debía analizarse:
“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
tiene como propósito: (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente
económico; (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones
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judiciales; y (iii) preservar la competencia y la independencia del
juez ordinario.
Ahora bien, descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la
presente acción de tutela no cumple con el requisito general de la
relevancia constitucional, en la medida en que lo pretendido por el
actor es que se realice un nuevo análisis del asunto puesto a
consideración del juez natural, como si este mecanismo
constitucional se tratara de una instancia adicional al proceso
ordinario.
En efecto, la inconformidad del actor se sustenta, básicamente, en
que la autoridad judicial accionada al denegar las pretensiones
inobservó el material probatorio y el precedente judicial relacionado
con la pérdida de la oportunidad derivada de la omisión del
MUNICIPIO.
Dicho aspecto, además de que carece de una perspectiva
constitucional, gira en torno a la inconformidad con la decisión
adoptada por el juez natural del asunto, el cual fue resuelto por la
SECCIÓN TERCERA, así:
“[…] 4.2. Análisis del daño por la “pérdida de oportunidad”
de vender el inmueble a Patricia Eugenia Villa Trujillo.
4.2.1. Según lo expuesto en la demanda, el segundo daño se
hace consistir en la pérdida de la oportunidad de vender el
inmueble a Patricia Eugenia Villa Trujillo, pues la parte actora
sostuvo que la inscripción de la anotación registral
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correspondiente a la “liquidación del efecto plusvalía” impidió
concretar el negocio jurídico (hecho probado 3.7.).
Al respecto, conviene anotar que la jurisprudencia de esta
Corporación ha reconocido que la oportunidad o probabilidad de
obtener una ventaja o evitar un detrimento, constituye, en sí
misma, un bien jurídico tutelado, que, cuando se ha impedido o
perdido definitivamente por la acción u omisión de la entidad
demandada, genera para el afectado el derecho a obtener el
correspondiente resarcimiento.
En ese mismo sentido, sobre el concepto de pérdida de
oportunidad, la jurisprudencia ha indicado que se trata de un
daño autónomo, con identidad propia e independiente, que
consiste en la frustración de una probabilidad real y concreta de
conseguir una ganancia o provecho o de evitar una pérdida.
Además, ha señalado que, para tener acreditado el carácter cierto
de este daño, es necesaria la comprobación de los siguientes
requisitos: i) la certeza de la oportunidad que se pierde, ii) la
imposibilidad definitiva de obtener el provecho, la reparación del
daño o evitar el detrimento, y iii) que la víctima se encuentra en
una situación potencialmente apta para pretender la consecución
del resultado esperado.
En el caso sub examine se advierte que no se cumple el primer
requisito para acreditar el daño, esto es, la certeza de la
oportunidad que se reputa pérdida, tal como pasa a explicarse:
Al expediente se arrimó como prueba una comunicación enviada
por Patricia Villa Trujjillo, en la que manifestó al demandante que
no sería posible suscribir la escritura de compraventa del
inmueble en cuestión, mientras no se pagara “la contribución de
plusvalía que figura a cargo del predio de la referencia, porque
ese gravamen impide la transferencia del dominio” (hecho
probado 3.7.).
Al respecto, como ha quedado analizado atrás, lo cierto es que lo
afirmado en la mencionada misiva no se correspondía con la
realidad jurídica del bien, pues para ese momento el actor ya
había cumplido con el pago de la obligación correspondiente, por
lo que estaba habilitado para disponer libremente del mismo
(hecho probado 3.5.).
En tal contexto, si hubiese querido disponer del inmueble,
bastaba con presentar la factura de cobro No. 2014007917, con
sello de procesado del 13 de noviembre de 2014, en la que consta
el pago de la liquidación del efecto plusvalía del predio
identificado con la matrícula inmobiliaria No. 50N-836165, o el
paz y salvo expedido por la Dirección de Rentas del municipio de
Chía, en el que constaba el cumplimiento de dicha obligación,
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para perfeccionar la transferencia del derecho de dominio a favor
de Patricia Villa (hechos probados 3.5. y 3.6.).
A la vista de lo anterior, la Sala advierte que no se acreditó la
existencia de una oportunidad cierta que se hubiere perdido,
puesto que, para el momento en que Villa Trujillo se refirió
nuevamente a la negociación para la compraventa del bien, el
derecho de dominio del accionante no estaba siendo restringido.
Así pues, ante la ausencia del primer elemento del daño por
pérdida de oportunidad, como lo es su certeza, no hay lugar a
estudiar su eventual imputación frente a la entidad demandada.
Fuerza es, entonces, en la parte resolutiva, confirmar la sentencia
del 21 de noviembre de 2018, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la
demanda, al constatar que no se acreditaron los presupuestos
exigidos para la configuración del daño por pérdida de
oportunidad […]”. (Destacado pertenece al texto).
De los apartes transcritos de la providencia cuestionada se extrae
que la SECCIÓN TERCERA elaboró un recuento de las pruebas
aportadas al proceso y, a partir de dicho análisis, concluyó que en el
asunto no se acreditó la certeza de la oportunidad que se reputa
pérdida, pues se encontró demostrado que la negociación de la
compraventa del bien inmueble no se encontraba restringida y que
el derecho de dominio del actor no tenía ningún tipo de limitación.
En ese sentido, la autoridad judicial accionada advirtió que para el
momento en el que el actor cumplió con el pago de la contribución,
estaría habilitado para disponer libremente de su propiedad.
En ese orden de ideas, la Sala advierte que la autoridad judicial
accionada se pronunció frente a los aspectos que la parte actora
alude como desconocidos, sin que se vislumbre que pudo haber
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actuado de forma abiertamente arbitraria o desbordado los límites
del principio de la autonomía judicial, por lo que el asunto carece
del requisito general de la relevancia constitucional.
Situación distinta es que la parte actora no comparta la tesis allí
dispuesta, lo cual no significa que la decisión sea arbitraria, sino que
de conformidad con la autonomía judicial de la que goza el juez de
conocimiento, la SECCIÓN TERCERA decidió el asunto sometido a
su consideración.
Ahora, cabe anotar que la presunta configuración del defecto
del precedente judicial tampoco cumple con la carga
argumentativa que fundamente dicha afirmación, por cuanto la parte
actora se limitó a citar apartes de la sentencia que hace alusión, sin
precisar la relación fáctica y jurídica que pudiese existir entre lo allí
resuelto y su caso ventilado en el proceso ordinario cuestionado.
Respecto de la relevancia constitucional y la carga argumentativa
del defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial, esta
Sala16 ha indicado:
“[…] Como se logra apreciar, el apoderado judicial del actor para
sustentar el supuesto defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente se limitó a referenciar la fecha y citar apartes de
las decisiones judiciales que, a su juicio, fueron desatendidas;
sin embargo, tal como lo sostuvo esta Sala de Decisión en
pronunciamiento de 19 de abril de 2021, la carga argumentativa
de esta causal de procedibilidad se entiende satisfecha cuando,
además de lo anterior, la parte actora identifique: i) las reglas
y sub reglas jurisprudenciales que se fijaron en las
providencias que se aducen desatendidas; ii) las
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situaciones fácticas coligadas, y iii) los problemas
jurídicos planteados en ambos casos eran análogos o
similares; argumentación que en el caso de autos no se
cumple […]”. (Resaltado fuera del texto).
En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte
actora, sino una divergencia que obedece a la interpretación dada
por el juez natural del asunto a las pruebas allegadas al proceso, en
el cual el juez de tutela no puede inmiscuirse, so pena de otorgar a
la acción de tutela el carácter de un recurso adicional para
controvertir las decisiones judiciales y de paso invadir la competencia
y la independencia del juez ordinario.
Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y
consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se
debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la
decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus
competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos
fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.
En las condiciones anotadas, la Sala concluye que tales
inconformidades carecen del requisito general de la relevancia
constitucional, razón por la que se declarará improcedente la solicitud
de amparo, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
esta providencia.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 26 de febrero de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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