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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00994-00

Fecha
26 de marzo de 2026
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00994-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado 4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-00994-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

26 de marzo de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00994-00
Demandante: Angélica María Berrio Navarro

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D C., 26 de marzo de 2026

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00994-00
Demandante: ANGÉLICA MARÍA BERRIO NAVARRO
Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

Temas: Contra providencias judiciales dictadas en proceso disciplinario.
Defecto fáctico y sustantivo. Improcedencia de la acción de tutela.
Duplicidad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la señora Angélica María Berrio Navarro
contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 10 de febrero de 2026, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, la señora
Angélica María Berrio Navarro pidió la protección de su derecho fundamental al debido
proceso.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la providencia del 6
de noviembre de 2025, dictada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en el
proceso con radicado 73001-25-02-000-2024-00142-00/01, por medio de la cual se
confirmó la decisión de primera instancia que la sancionó disciplinariamente con
suspensión de 4 meses en el ejercicio de la profesión.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERO.- Sírvase AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de la accionante, consagrado
en el artículo 29 de la Constitución Política, el cual fue vulnerado con ocasión de la providencia judicial
cuestionada.
SEGUNDO.- Como consecuencia del amparo constitucional solicitado, DEJAR SIN EFECTOS la
sentencia proferida el 6 de noviembre de 2025, al evidenciarse la configuración de un defecto sustantivo
y/o procedimental que compromete su validez constitucional.
TERCERO.- Sírvase ORDENAR a la autoridad judicial accionada que, dentro del término que se señale,
profiera una nueva decisión en la que:
• Se observen estrictamente las garantías del debido proceso.
• Se atiendan las consideraciones expuestas en la parte motiva de la sentencia de tutela.
• Se valoren de manera integral los argumentos desarrollados en el salvamento parcial de voto, en
cuanto resulten pertinentes para la adecuada resolución del asunto.

3. Hechos

Del escrito de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

El 29 de enero de 2024, el Juzgado Octavo Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Ibagué ordenó que se remitieran copias a la Comisión Seccional de

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00994-00
Demandante: Angélica María Berrio Navarro

Disciplina Judicial para que investigara a la tutelante, quien fungía como defensora en el
proceso penal con radicado 2020-00123, debido a que no se pudo realizar una audiencia
de formulación de acusación, porque la señora Berrio Navarro no informó a los acusados
de esa diligencia y solo con la instalación de la audiencia indicó que renunciaba al poder,
porque no había tenido comunicación con sus representados desde hacía varios meses.

El 20 de febrero de 2024, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima avocó
el conocimiento y dio apertura a la investigación contra la señora Angélica María Berrio
Navarro

Luego, el 27 de noviembre de 2024, la mencionada comisión seccional declaró
disciplinariamente responsable, a título de culpa, a la hoy tutelante, por la infracción
prevista en el numeral 1 del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007 1 y la sancionó con
suspensión por el término de cuatro meses en el ejercicio de la profesión.

Señaló que la investigada había dejado de atender con celosa diligencia y sin justificación
válida sus encargos como profesional, al no comparecer a la audiencia de formulación
de acusación; no informar al Juzgado Octavo Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Ibagué sus datos actuales para recibir notificaciones ni presentar
oportunamente la renuncia al poder conferido por sus representados ante la falta de
comunicación con los mismos.

Inconforme, la sancionada apeló y manifestó que no se le podía endilgar que había
obstaculizado el proceso penal, porque había indicado que no pudo establecer
comunicación con los defendidos, circunstancia que era ajena a su voluntad y control, lo
que limitaba el ejercicio adecuado de su defensa técnica, porque el contacto con los
procesados era un elemento esencial para garantizar su derecho de defensa.

Que la renuncia era una facultad legítima que no constituía un abandono del proceso,
que demostraba su compromiso con la ética profesional y su buena fe. Que la conducta
reprochada no causó un perjuicio real o material, que, por el contrario, su actuar reflejaba
su compromiso con los derechos de las partes y su interés en no torpedear el trámite
judicial. Que debió entenderse su proceder como diligente y responsable.

Que enfrentó obstáculos para la notificación a sus representados sobre la renuncia al
poder y que ello afectaba su capacidad de desplegar actuaciones procesales. Que se
configuraba la causal de exclusión de responsabilidad fijada en el numeral 1 del artículo
22 de la Ley 1123 de 20072, porque circunstancias ajenas a su voluntad impidieron el
cumplimiento de sus deberes, por lo que, a su juicio, se debió valorar su esfuerzo para
adaptarse a las condiciones adversas por el comportamiento elusivo de los procesados.

Que se debieron valorar los certificados expedidos por las empresas de
telecomunicaciones, en conjunto con los oficios de Migración Colombia, que daban
cuenta de que sus representados no contaban con número telefónico activo, lo que
demostraba que no existía un medio directo de contacto con ellos. Que los registros
migratorios acreditaban que sus defendidos habían salido del país. Que lo anterior
evidenciaba la imposibilidad de cumplir con las formalidades procesales relacionadas con
la notificación de la renuncia a los poderes.

Que la renuncia a los poderes había sido la consecuencia de una evaluación sobre las
circunstancias extraordinarias que rodearon los hechos, sumado al incumplimiento de la
obligación de pago de honorarios.

1 Artículo 37. Constituyen faltas a la debida diligencia profesional:

1. Demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias
propias de la actuación profesional, descuidarlas o abandonarlas.
2 Artículo 22. Causales de Exclusión de la Responsabilidad Disciplinaria. No habrá lugar a responsabilidad disciplinaria

cuando:
1. Se obre en circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito.

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Demandante: Angélica María Berrio Navarro

Por providencia del 6 de noviembre de 2025, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
confirmó la decisión apelada, básicamente por las mismas consideraciones del a quo.

4. Fundamentos de la acción de tutela

De manera preliminar, la parte actora manifestó que la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En cuanto al fondo del asunto, alegó que la autoridad judicial demandada
incurrió en los siguientes vicios de fondo:

Defecto sustantivo porque los hechos por los que fue sancionada no se adecuaban a la
falta disciplinaria impuesta, con lo que se generó la atipicidad de la conducta. Dijo que se
aplicó el numeral 1 del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007 de forma manifiestamente
errada, que se sacó de los parámetros de la juridicidad y de la interpretación jurídica
aceptable.

Que la sanción relacionada con la renuncia del poder era atípica, porque esa conducta
no podía entenderse como un dejar de hacer, porque la aceptación del poder y la renuncia
del mismo eran derechos de las personas que los suscribían. Que, de acuerdo con el
numeral 4 del artículo 2189 del Código Civil, el mandato terminaba por su renuncia.

Que exigirle que renunciara al poder antes de la audiencia era una interpretación errada,
debido a que ninguna norma impedía que se hiciera en esa diligencia.

Que respecto a las dificultades que padeció para comunicarse con sus clientes, en el
proceso disciplinario había quedado demostrado que no dejó de realizar oportunamente
sus gestiones profesionales, porque informar que no tenía comunicaciones con sus
apoderados no era una exigencia legal y ello no debió generar que se le impusiera una
sanción disciplinaria, porque la no comparecencia de los procesados no era necesaria en
la audiencia formulación de acusación.

Que, en todo caso, nada impedía que renunciara al poder e insistió que no tenía la
obligación de informar sobre las dificultades que había tenido para comunicarse con los
procesados.

Que estaba acreditado en el proceso que ni el mismo Estado había podido establecer
contacto con sus poderdantes, porque fueron declarados personas ausentes en el
proceso penal.

Defecto fáctico por indebida valoración del hecho relacionado con que no informó
previamente sus datos actuales de contacto.

Señaló que en versión libre había informado que su correo electrónico había quedado
inhabilitado, al punto de tener que comunicarse con la Secretaría del Juzgado Octavo
Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Ibagué a través de Whatsapp y que
no había creado otro correo electrónico porque en el anterior tenía todos sus documentos.

Que no hubo <<un dejar de hacer>>, respecto a informar sus datos de contacto, porque
del contenido de las providencias disciplinarias se podía advertir que tuvo comunicación
con el nombrado juzgado y los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación. Que lo
anterior acreditaba que se habían valorado de forma irregular las pruebas para concluir
que se incurrió en una conducta ajena a la realidad.

5. Trámite procesal

Por auto del 17 de febrero de 2026, el Despacho sustanciador admitió la demanda y,
entre otras cosas, ordenó notificar en calidad de demandados a los magistrados de la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial y en calidad de terceros con interés a los
magistrados de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima.

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Demandante: Angélica María Berrio Navarro

En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 20 de febrero de
2026.

6. Intervenciones

La magistrada de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, ponente de la decisión
controvertida, pidió que se denegaran las pretensiones de la acción de tutela. Indicó que
la señora Berrio Navarro había promovido otra acción de tutela con radicado 11001-02-
30-000-2026-00174-00 con los mismos hechos y fundamentos, que había sido conocida
por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural.

Hizo un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso disciplinario, para señalar que
no se vulneraron los derechos fundamentales de la parte actora, porque se encontraban
estructurados los elementos de la responsabilidad disciplinaria de la investigada. Que se
utilizaba la acción de tutela como una tercera instancia del proceso disciplinario.

La magistrada de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima, ponente
de la decisión del 27 de noviembre de 2024, solicitó que se desestimaran las pretensiones
de la parte actora, debido a que no existía evidencia o prueba sobre la vulneración del
derecho fundamental reclamado.

Manifestó que la solicitud de amparo se debía declarar improcedente porque la
demandante ya había promovido otra acción de tutela con radicado 11001-02-30-000-
2026-00174-00 con los mismos fundamentos fácticos y jurídicos.

Que en el trámite del proceso ordinario se respetaron las garantías constitucionales y
legales de la accionante, particularmente, las relacionadas con el debido proceso,
defensa y contradicción.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por la señora
Angélica María Berrio Navarro para dejar sin efectos la providencia del 6 de noviembre
de 2025, dictada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en el proceso
disciplinario con radicado 73001-25-02-000-2024-00142-00/01, que confirmó la decisión
de primera instancia que la sancionó disciplinariamente con suspensión de 4 meses en
el ejercicio de la profesión.

La Sala anticipa que declarará improcedente la solicitud de amparo, por cuanto se
advierte que hubo duplicidad de acciones de tutelas.

Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a (i) la acción de tutela contra
providencias judiciales, (ii) la duplicidad de acciones de tutela y (iii) al análisis del caso
concreto.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales3 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos

3 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios

y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.

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específicos4 o vicios de fondo, que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

3. La duplicidad de acciones de tutela

El artículo 385 del Decreto 2591 de 1991 establece que <<cuando, sin motivo expresamente
justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante
ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las
solicitudes (...)>>. Con lo anterior se pretende garantizar los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica de las decisiones proferidas por el juez constitucional.

En consecuencia, para determinar si se presentaron duplicidad de acciones de tutela, se
deben identificar los siguientes elementos: (i) identidad fáctica en relación con otra acción
de tutela; (ii) identidad de demandante, en cuanto la otra acción de tutela se presenta por
la misma persona o su representante; y (iii) identidad del sujeto demandado. Así lo
establece la jurisprudencia de la Corte Constitucional6, que a la letra dice:

(i) La identidad de partes, es decir, que ambas acciones de tutela se dirijan contra el mismo
demandado y, a su vez, sean propuestas por el mismo sujeto en su condición de persona natural, ya
sea obrando a nombre propio o a través de apoderado judicial, o por la misma persona jurídica a través
de cualquiera de sus representantes legales;
(ii) La identidad de causa petendi, o lo que es lo mismo, que el ejercicio simultáneo o sucesivo de la
acción se fundamente en unos mismos hechos que le sirvan de causa;
(iii) La identidad de objeto, esto es, que las demandas busquen la satisfacción de una misma
pretensión tutelar o el amparo de un mismo derecho fundamental;
(iv) Por último, y como se dijo anteriormente, a pesar de concurrir en un caso en concreto los tres (3)
primeros elementos que conducirían a rechazar la solicitud de tutela, el juez constitucional tiene la
obligación a través del desarrollo de un incidente dentro del mismo proceso tutelar, de excluir la
existencia de un argumento válido que permita convalidar la duplicidad en el ejercicio del derecho de
acción.

Ahora bien, es menester diferenciar el fenómeno jurídico de la temeridad con la duplicidad
de acciones de tutela. Por ejemplo, la Corte Constitucional7 ha considerado que no se
configura la temeridad, que puede haberse incurrido en duplicidad de acciones y que la
solicitud de amparo deberá declararse improcedente, cuando se acredite:
· Falta de conocimiento del demandante.
· Asesoramiento errado por parte de abogados.
· Sometimiento del actor a un estado de indefensión.

4. Análisis del caso concreto

La Sala advierte que en el sub examine se presentan los elementos que dan lugar a la
configuración de una duplicidad de acciones de tutela, pues la señora Angélica María
Berrio Navarro el 6 de febrero promovió otra tutela por los mismos hechos aquí
expuestos, radicada con el número 11001-02-30-000-2026-00174-00/01. Proceso que
fue resuelto en primera instancia el 18 de febrero de 2026, por la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural.

Pues bien, de la comparación de los procesos de tutela, encuentra la Sala lo siguiente:

En cuanto a la identidad de partes. En la presente demanda de tutela y en la del proceso
2026-00174-00/01 coinciden los extremos procesales, pues las dos solicitudes de

4 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
5 Artículo 38. Actuación temeraria. Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea

presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán
desfavorablemente todas las solicitudes. El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela
respecto de los mismos hechos y derechos será sancionado con la suspensión de la tarjeta profesional al menos por
dos años. En caso de reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que
haya lugar.
6 Ver, entre otras, las sentencias T-067 de 2005, T-312 de 2006 y SU-713 de 2006.
7 Sentencia T-005 de 2022.

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amparo fueron presentadas por Angélica María Berrio Navarro contra la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial.

Frente a la identidad fáctica. Tanto en la demanda de tutela que aquí se estudia como
en la solicitud de amparo con radicado 2026-00174-00/01 se cuestiona la providencia del
6 de noviembre de 2025, dictada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en el
proceso con radicado 73001-25-02-000-2024-00142-00/01, que confirmó la decisión de
primera instancia de sancionar disciplinariamente a la tutelante con suspensión de 4
meses en el ejercicio de la profesión.

Respecto a la identidad de objeto. En esencia, las pretensiones de este proceso
coinciden con las del proceso 2026-00174-00/01. En efecto, en las dos acciones de tutela,
la demandante pretende que se deje sin efectos la mencionada providencia del 6 de
noviembre de 2025.

Se encuentra, entonces, acreditada la identidad de partes, identidad fáctica e identidad
de objeto entre las demandas presentadas por la señora Angélica María Berrio Navarro
y, por lo tanto, está configurada la duplicidad de acciones de tutelas.

Pese a la multiplicidad de acciones de tutela, la Sala descarta que se trate de acciones
de tutela temerarias, puesto que, para cuando presentó la acción de tutela que nos ocupa,
se encontraba en curso la adelantada ante la Corte Suprema de Justicia y no contaba
con una decisión definitiva.

En consecuencia, lo anterior es suficiente para declarar improcedente la presente acción
de tutela.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, conforme a lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado

4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Aclaro voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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