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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00995-01

Fecha
5 de junio de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00995-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 12 de marzo de 2026 por la Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró improcedente el amparo. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito. TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-00995-01

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

5 de junio de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00995-01
Accionante: Alf onso Castillo Rincón

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., cinco (5) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00995-01
Accionante: Alfonso Castillo Rincón
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela

Tutela contra providencia judicial / providencia de la misma naturaleza.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del
12 de marzo de 2026, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado,
mediante la cual se declaró improcedente el amparo solicitado.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Alfonso Castillo Rincón, en nombre propio, presentó acción de tutela con el fin de
obtener la protección sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia, a la defensa, al mínimo vital y a la confianza legítima, que
estimó vulnerados por el Tribunal Administrativo de Santander con ocasión de la
sentencia proferida el 9 de diciembre de 2025 dentro de la acción de tutela identificada
con el radicado número 68001-33-33-002-2025-00226-01.

2. Hechos

El escrito de tutela se fundamenta en los siguientes supuestos fácticos1:

2.1. El señor Alfonso Castillo Rincón presentó acción de tutela contra el Servicio
Nacional de Aprendizaje – SENA con ocasión de: (i) la expedición de la Resolución
núm. 1-02755 de 27 de diciembre 2023, mediante la cual se ordenó el reintegro de los
pagos efectuados por concepto de la mesada adicional número 14 correspondiente a
los meses de Junio de 2022 y Junio de 2023; y (ii) el inicio del proceso de cobro coactivo
y la imposición de medidas cautelares.

1 Índice 00002 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia, certificado 67DA5E96A5EFD9AA

3CE00515214462D6 F203B93CCE3B0282 5AD58E5EB0A0E5DA.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00995-01
Accionante: Alf onso Castillo Rincón

2.2. El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Bucaramanga bajo el radicado núm. 68001-33-33-002-2025-00226-00
autoridad judicial que, mediante sentencia del 10 de noviembre de 2025 declaró
improcedente la acción de tutela al considerar que no se cumplían los requisitos de
subsidiariedad e inmediatez. Contra dicha decisión, el accionante interpuso
impugnación.

2.3. A través de sentencia de 9 de diciembre de 2025 el Tribunal Administrativo de
Santander se confirmó la sentencia de primera instancia.

3. Pretensiones y argumentos de la tutela

3.1. La parte actora solicitó al juez constitucional:

“1. Dejar sin efectos la sentencia proferida el 09 de diciembre de 2025 por el
Tribunal Administrativo de Santander dentro del expediente 680013333002-2025-
00226-01.

2. Ordenar que una Sala distinta profiera una nueva sentencia que: Analice de
fondo los hechos y las pruebas; Proteja los derechos fundamentales vulnerados.

3. Ordenar al SENA: Suspender inmediatamente el cobro coactivo, Levantar los
embargos y Abstenerse de exigir la devolución de prestaciones periódicas
recibidas de buena fe.

4. Proferir todas las demás órdenes necesarias para garantizar la protección
integral y efectiva de los derechos fundamentales.”2.

3.2. Como fundamento de la acción de tutela, la parte actora sostuvo que el fallo
cuestionado incurrió en los defectos fáctico y sustantivo, desconoció el precedente
judicial, presentó motivación insuficiente y vulneró directamente la Constitución.

Respecto del defecto fáctico, alegó que el tribunal accionado omitió valorar pruebas
esenciales, tales como certificados de embargo bancario, recibos y extractos que
acreditaban la afectación de su mínimo vital, así como elementos de convicción que
demostraban la ausencia de un pronu nciamiento oportuno por parte del SENA. A su
juicio, dicha omisión condujo al desconocimiento de la especial protección
constitucional de la que goza en su condición de pensionado.

En relación con el defecto sustantivo, afirmó que la autoridad judicial desconoció el
artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, en lo relativo a la prohibición de recuperar prestaciones periódicas
recibidas de buena fe. Agregó que tanto el Con sejo de Estado como la Corte
Constitucional han sostenido que resulta improcedente exigir la devolución de dichos
recursos cuando: (i) no exista fraude por parte del ciudadano; (ii) el pago haya sido

2 Índice 00002 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia, certificado 67DA5E96A5EFD9AA

3CE00515214462D6 F203B93CCE3B0282 5AD58E5EB0A0E5DA.

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Accionante: Alf onso Castillo Rincón

efectuado por la administración; y (iii) la prestación constituya un ingreso destinado a
garantizar la subsistencia del beneficiario.

Sostuvo que la providencia reprochada incurrió en desconocimiento del precedente
judicial al omitir el criterio jurisprudencial de la Corte Constitucional relativo a la
afectación del mínimo vital derivado del embargo de mesadas pensionales. En
particular, citó las sentencias T-086 de 2019, SU-917 de 2010, T-038 de 2022 y T-155
de 2023. Asimismo, sostuvo que se desconoció la jurisprudencia relacionada con la
procedencia de la acción de tutela ante la configuración de un perjuicio irremediable;
sin embargo, no identificó providencias concretas que respaldaran dicho
planteamiento.

Asimismo, alegó la existencia de un defecto por motivación insuficiente. Al respecto,
señaló que la sentencia cuestionada abordó de manera abstracta el requisito de
subsidiariedad, sin examinar las particularidades del caso concreto, tales como sus
circunstancias personales, la posible configuración de un perjuicio irremediable, las
pruebas allegadas al expediente y el estándar reforzado de protección que, en su
criterio, resultaba aplicable.

Finalmente, sostuvo que la providencia incurrió en una violación directa de la
Constitución, al desconocer: (i) los artículos 1, 2 y 13, relativos a la dignidad humana
y al principio de igualdad; (ii) el artículo 29, referente al debido proceso; (iii) los artículos
48 y 53, relacionados con la seguridad social y la especial protección de las personas
pensionadas; y (iv) el artículo 86, que regula la acción de tutela.

En cuarto lugar, adujo un defecto por motivación insuficiente, explicó que la
sentencia cuestionada abordó de forma abstracta los argumentos de subsidiariedad sin
estudiar las particularidades del caso concreto, como las circunstancias personales del
accionante, la ponderación del perjuicio irremediable, analizar las pruebas aportadas y
aplicar el estándar reforzado del accionante.

Por último, alegó un defecto por violación directa de la constitución al vulnerar los
artículos (i) 1, 2 y 13 respecto de la dignidad humana, (ii) el artículo 29 sobre el debido
proceso, (iii) los artículos 48 y 53 en relación con la seguridad social y la especial
protección del pensionado y (iv) el artículo 86 sobre la acción de tutela.

4. Trámite de tutela e intervenciones

4.1. Mediante auto del 16 de febrero de 20263 la Sección Primera del Consejo de
Estado admitió la acción de tutela y vinculó, en calidad de terceros con interés, al
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Bucaramanga y al Servicio Nacional
de Aprendizaje – SENA.

3 Índice 00004 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia, certificado DF373EC562AA171F

E62C9568190C5230 6356BA34CC257D8F 0E9E862FB47873DA.

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Accionante: Alf onso Castillo Rincón

4.2. El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Bucaramanga4 remitió el expediente digital correspondiente al trámite de tutela
identificado con el radicado núm. 68001-33-33-002-2025-00226-01 y manifestó que su
defensa se sustentaba en las consideraciones expuestas en las providencias proferidas
dentro de dicho trámite.

4.3. El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA 5 adujo que la tutela es
improcedente, por cuanto: (i) no se satisface el requisito de subsidiariedad, (ii) no existe
vulneración alguna atribuible a la entidad y (iii) se configura el fenómeno de la
temeridad.

4.4. El Tribunal Administrativo de Santander6 solicitó negar las pretensiones, al
considerar que no se configura ninguno de los defectos alegados y que la sentencia
cuestionada no presenta irregularidades que comprometan su validez constitucional.
Adicionalmente, expuso la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional relativa a la
improcedencia de la acción de tutela contra sentencias de tutela.

5. La sentencia de primera instancia

La Sección Primera del Consejo de Estado profirió sentencia el 12 de marzo de 20267,
mediante la cual declaró improcedente el amparo.

De manera preliminar, la Sala delimitó los eventos en los cuales procede
excepcionalmente la acción de tutela contra providencias judiciales dictadas en el
marco de otra acción de tutela. En ese sentido, concluyó que dicha procedencia se
circunscribe a aquellos casos en los que se acredite que la decisión fue proferida de
manera fraudulenta y, por ende, se configure el fenómeno de la denominada “cosa
juzgada fraudulenta”.

Precisó que, en el asunto objeto de estudio, los argumentos del accionante no estaban
orientados a demostrar que la providencia cuestionada hubiera sido emitida
fraudulentamente. Por el contrario, se dirigían a cuestionar la declaratoria de
improcedencia de la tutela por incumplimiento del requisito de subsidiariedad y la
presunta omisión en la valoración de las pruebas que, en su criterio, acreditaban la
afectación de su mínimo vital.

En consecuencia, estableció que la acción presentada no cumple los requisitos de
procedibilidad excepcional de la tutela contra sentencias de la misma naturaleza, ya
que no se demostró la situación fraudulenta.

4 Índice 00008 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia , certificado 49FD612089310F6D

1CE8C1BA588D3D98 8A3D30438DE21004 FC27C85E130E11A7 .
5 Índice 00011 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia , certificado D88A30C3108F29A0

42B329955DDE8369 125D06FA1D4F3A55 F8F0F71BF80F2634 .
6 Índice 00012 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia , certificado 2D2E5E24693C27ED

A00905CFD22157E5 E9D54D82AC13CB2B CE7F12FEC46A5828 .
7 Índice 00014 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia , certificado 98FD17D64263D960

A30A0AD1BFC92513 2779A1E0FA88EF1E 27F90BE3FFCB08D0.

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Accionante: Alf onso Castillo Rincón

6. Impugnación8

La parte actora impugnó y solicitó revocar la sentencia de primera instancia.

Reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela dirigidos a demostrar que el
Tribunal accionado aplicó de manera rígida el requisito de subsidiariedad, no examinó
las condiciones particulares que como pensionado le otorgan una especial protección
constitucional, tampoco valoró las pruebas allegadas sobre la afectación al mínimo
vital, asimismo obvió justificar por qué los medios ordinarios resultaban idóneos y
eficaces ni se pronunció sobre el perjuicio irremediable invocado, por lo que la decisión
resulta incompleta e incongruente.

Explicó que, si bien la decisión es formalmente válida, “es materialmente contraria al
orden constitucional, lo que habilita la intervención del juez de tutela bajo la excepción
de la cosa juzgada fraudulenta.”9.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para decidir la impugnación presentada, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591
de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de Alfonso
Castillo Rincón, al ser el titular de los derechos que afirma fueron vulnerados, dado que
actuó como solicitante dentro de la acción de tutela identificada con el radicado número
68001-33-33-002-2025-00226-01.

2.2. Por otro lado, está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo de Santander, por cuanto fungió como juez de segunda instancia dentro
del trámite mencionado y es su decisión a la que la parte accionante le atribuyó la
vulneración de sus garantías constitucionales.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si los argumentos expuestos en el escrito de la
impugnación tienen el alcance para confirmar, modificar o revocar el fallo de primera
instancia que declaró improcedente el amparo.

8 Índice 00018 del aplicativo samai del expediente de primera instancia, certificado E51BE2808BB43CD7
F94B57ED64266ABF BE32714ED68D91F1 76CE0ED4837E6250.
9 ndice 00018 del aplicativo samai del expediente de primera instancia, certificado E51BE2808BB43CD7

F94B57ED64266ABF BE32714ED68D91F1 76CE0ED4837E6250.

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Accionante: Alf onso Castillo Rincón

4. Procedibilidad de la acción

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos
que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 200510 indicó que estas proceden si
se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general,
que habilitan la interposición de la tutela 11 y otros de carácter específico, que tocan con
la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto 12.

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no
es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona
pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por
parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”13.

4.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra decisiones de la misma
naturaleza.

La Corte Constitucional, en la sentencia SU-627 de 2015 unificó la jurisprudencia al
respecto, y estableció, que, por regla general el mecanismo constitucional es

10 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
11
De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento
de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de
acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse
la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima
violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la
vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo
censurado no sea de tutela
12 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los

defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta
alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto
orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento esta blecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo
en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el
que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en
contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error
inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión
que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces
desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta
Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados.
13 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.

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Accionante: Alf onso Castillo Rincón

improcedente para tal fin 14, pero, no obstante, admitió una forma excepcional de
procedencia cuando “(i) exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa
juzgada fraudulenta, (ii) cumpla con los requisitos genéricos de procedibilidad de la
tutela contra providencias judiciales; (iii) la acción de tutela presentada no comparta
identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (iv) se demuestre de
manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue
producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (v) no exista otro
medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación”.

En relación con la cosa juzgada fraudulenta (condición sine qua non para estudiar una
tutela impetrada en contra de otra), la decisión de unificación realizó las siguientes
consideraciones:

“(…) 4.4.1. En la Sentencia T-218 de 2012, este tribunal reconoció que la regla
de que la tutela no procede contra sentencias de tutela no puede ser absoluta. El
principio de cosa juzgada no puede entenderse en términos absolutos, pues en
ciertas circunstancias, como cuando está de por medio el principio de fraus
omnia corrumpit, puede entrar en tensión con el principio de justicia material, a
partir del cual es posible desvirtuar la presunción de legalidad y acierto que tiene
la decisión del juez. En el fallo de tutela, valga decir, en su parte resolutiva, es
posible distinguir dos partes constitutivas: “(i) la decisión de amparo y (ii) la orden
específica y necesaria para garantizar el goce del derecho protegido”. Respecto
de la decisión, “el principio de cosa juzgada se aplica en términos absolutos
conforme a la inimpugnabilidad que la caracteriza”, mientras que, respecto de la
orden, “se ha dicho que puede ser complementada para lograr el cabal
cumplimiento del fallo”. En este contexto, es posible que se configure el
fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, que “se predica de un proceso que ha
cumplido formalmente con todos los requisitos procesales y que materializa en
esencia un negocio fraudulento a través de medios procesales, que implica un
perjuicio ilícito a terceros y a la comunidad”. Este fenómeno es más grave
cuando el fraude es cometido directamente por el juez o con su anuencia. Con
este fundamento, al constatar la existencia de fraude en una sentencia de tutela
que no fue objeto de revisión, para evitar que esta se materialice, este tribunal
advirtió que si bien “no puede revocar esa providencia, lo que implicaría hacer
un análisis de fondo de la misma y transgredir las consecuencias que emanan
una vez finiquitado el trámite de revisión en esta Corporación”, si puede, como
ya lo hizo en la Sentencia T-104 de 2007, “hacer que esa decisión, por
consecuencia, quede sin ningún valor jurídico, respetando la prohibición del non
bis in ídem, fundamentando su actuación en el precepto fraus omnia corrumpit”

(…)
4.4.2. En la Sentencias T-951 de 2013 y T-373 de 2014 este tribunal reiteró la
procedencia excepcional de la tutela cuando se trata de “revertir o de detener
situaciones fraudulentas y graves, suscitadas por el cumplimiento de una orden
proferida en un proceso de amparo”. En la primera de ellas precisó que la cosa
juzgada, incluso la constitucional, “no es un fin en sí mismo, sino un medio para
alcanzar el valor de la justicia”, de tal suerte que “las instituciones del Estado
Social de Derecho, establecidas para la promoción de los valores democráticos,
basados en la solidaridad y en la vigencia de un orden justo, no pueden permitir

14 También indicó que, “esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte

Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el
incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional”.

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Accionante: Alf onso Castillo Rincón

que se consoliden situaciones espurias 15, bajo el argumento de la obediencia
ciega a las situaciones juzgadas, cuando las mismas son producto de la cosa
juzgada fraudulenta (…)”.

En la referida decisión, el alto tribunal constitucional también estableció la posibilidad
de promover la solicitud de amparo en contra de las actuaciones de los jueces de tutela,
anteriores o posteriores a la sentencia, bajo los siguientes lineamientos:

“(…) 4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en
la omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los
terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela
sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para
su revisión.

4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de
lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción
de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho
fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato,
y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera
excepcional. (…)”

5. Caso concreto

La Sala anticipa que la presente acción constitucional no supera la regla general que
proscribe la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales proferidas
dentro de otra acción de la misma naturaleza, por las razones que pasan a exponerse.

5.1. Del análisis conjunto del escrito de tutela y del recurso de impugnación, se advierte
que el accionante cuestiona la sentencia de tutela proferida el 9 de diciembre de 2025
por el Tribunal Administrativo de Santander dentro del expediente identificado con el
radicado núm. 68001-33-33-002-2025-00226-01.

Con ese propósito, formuló diversos reparos dirigidos a controvertir el contenido
material de dicha providencia, en los siguientes términos: i) alegó un defecto fáctico al
no valorar las pruebas esenciales que acreditaban la afectación del mínimo vital ; ii)
denunció un defecto sustantivo porque se desconoció el artículo 164 del CPACA;
además reprochó el desconocimiento de la jurisprudencia del Consejo de Estado y
Corte Constitucional respecto de la prohibición de exigir la devolución de dineros
cuando no exista fraude ciudadano, la administración haya realizado el pago y la
mesada constituya un ingreso vital para la subsistencia; iii) indicó que se desconoció
el precedente constitucional sobre la afectación del mínimo vital cuando se embargan
mesadas pensionales; iv) argumentó que la decisión cuestionada carecía de
motivación suficiente puesto que abordó la subsidiariedad únicamente de forma
abstracta; v) señaló un defecto por violación directa de la constitución debido a la

15 Entiéndase como situaciones ilegales, fraudulentas, carentes de autenticidad.

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Accionante: Alf onso Castillo Rincón

vulneración de los artículos relativos a las dignidad humana, igualdad, debido proceso,
seguridad social y especial protección del pensionado.

Ahora bien, en el escrito de impugnación, al referirse a la presunta configuración de
una situación fraudulenta que habilitaría excepcionalmente la procedencia de la tutela
contra una sentencia de tutela, el accionante manifestó lo siguiente:

“Todo lo anterior configura una decisión que, aunque formalmente válida, es
materialmente contraria al orden constitucional, lo que habilita la intervención del
juez de tutela bajo la excepción de la cosa juzgada fraudulenta.

Por lo expuesto, es de precisar, que los defectos señalados no son meras
irregularidades formales, sino vicios sustanciales que afectan la validez
constitucional de la decisión judicial impugnada.” 16

5.2. En ese contexto, se tiene que, en sentencia T-322 de 2019, la Corte Constitucional
precisó que para tener como probada la existencia de una situación fraudulenta en la
expedición de un fallo de tutela, se requiere la concurrencia de condiciones como:

Actuación prima fase dolosa o gravemente culposa, que se puede reflejar en i) la
decisión de autoridad competente en la que se declare la conducta dolosa del juez, ii)
la apertura de investigaciones disciplinarias o penales acerca de la configuración de un
delito; y iii) la materialización del dolo en la sentencia judicial.

Desviación judicial evidentemente incorrecta, que puede fundamentarse en situaciones
como i) la existencia de una interpretación normativa abiertamente contraria a los
postulados constitucionales y a la buena fe o; ii) la afectación al patrimonio público.

Indicios de la existencia de la situación de fraude, a partir de eventos como i) evidencia
de que el fallo de tutela fue proferido sin que se verificaran las condiciones de
procedibilidad de este mecanismo excepcional; ii) ausencia de certeza del derecho
reconocido; iii) protección de un elevado número de peticionarios, cuya situación
individual no alcanza a ser debidamente examinada dentro del término de diez (10) días
del que dispone el juez para decidir; iv) cuando se presenta acción de tutela contra una
entidad que, por estar sumida en un estado de cosas inconstitucional, presenta una
limitada capacidad para ofrecer respuesta oportuna a las demandas de sus afiliados y
beneficiarios; v) el cumplimiento del fallo de tutela proferido en las circunstancias
descritas amenaza el goce efectivo de derechos fundamentales de terceros; y vi) el
cumplimiento del fallo de tutela proferido en las circunstancias descritas amenaza el
goce efectivo de derechos fundamentales de terceros

5.3. En atención a lo anterior, la Sala concluye que la parte actora no demostró la
condición fraus omnia corrumpit, teniendo en cuenta que, la solicitud de amparo ni el
escrito de impugnación contienen argumentos claros para demostrar que los fallos
atacados fueron proferidos con base en un fraude. Igualmente, el actor no aportó

16 ndice 00018 del aplicativo samai del expediente de primera instancia, certificado E51BE2808BB43CD7
F94B57ED64266ABF BE32714ED68D91F1 76CE0ED4837E6250.

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Accionante: Alf onso Castillo Rincón

elementos que evidencien una actuación fraudulenta, dolosa o contraria a la lealtad y
la buena fe que haya incidido en el sentido de cada uno de los fallos.

Por tanto, los fundamentos de la solicitud de amparo no contienen la carga
argumentativa que demuestre la configuración de la cosa juzgada fraudulenta, o que la
parte accionada haya incurrido en conductas con propósitos ilegales o dolosos que
atenten en contra de la administración de justicia con la consecuente lesión a las
garantías fundamentales de la parte actora, sino que versó sobre la inconformidad de
la tutelante sobre las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales accionadas.

5.4. En tal sentido, la Subsección considera que la presente solicitud no cumple con
las causales excepcionales para iniciar una acción de tutela contra una sentencia
emitida en un proceso de la misma naturaleza. Por consiguiente, confirmará el fallo
impugnado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 12 de marzo de 2026 por la Sección
Primera del Consejo de Estado, que declaró improcedente el amparo.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito.

TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

Notifíquese y Cúmplase,

FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado
AOB

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