Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-01000-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-01000-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-01000-00
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
19 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá D.C, diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01000-00
Accionante: COLOCA INTERNATIONAL CORPORATION S.A.
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN A
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Auto que declara desierto recurso de
apelación. Defectos procedimental absoluto y por desconocimiento
del precedente judicial. Requisito de la relevancia constitucional
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la sociedad Coloca International Corporation S.A., quien actúa
mediante apoderado judicial, contra la Subsección A de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 10 de febrero de 2026, la parte actora pidió al juez constitucional la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y de
acceso a la administración de justicia, así como el principio de seguridad jurídica,
supuestamente vulnerado por la autoridad judicial accionada.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“1. Deje sin efectos el auto de fecha 23 de mayo de 2023, notificado mediante estado
electrónico del 26 de mayo de 2023 y;
2. Como consecuencia de lo anterior, exhorte al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, para que, dentro del término que considere prudente, conceda el recurso
de apelación en contra de la sentencia del 30 de marzo de 2023.”.
2. Hechos
La sociedad accionante relató que, el 11 de enero de 2008, presentó demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho contra el Banco del Estado en liquidación,
en la que solicitó la nulidad de las Resoluciones núm. 19 de 8 de mayo de 2007 y
22 de 6 de agosto de 2007, mediante las cuales se rechazaron los créditos
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reclamados dentro del proceso liquidatorio, en consecuencia, se reconocieran y
pagaran las acreencias derivadas de los procesos ejecutivos adelantados contra la
demandada por un valor de USD 16.000.000.
Sostuvo que, la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en sentencia de 30 de marzo de 2023, i) declaró no probadas las
excepciones de indebida escogencia de la acción, falta de capacidad para ser parte
e indebido agotamiento de la vía gubernativa propuesta por Banco del Estado S.A.,
en liquidación, así como la de falta de legitimación en la causa propuesta por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ii) declaró no probada la objeción al
dictamen pericial por error grave propuesto por las dos entidades antes mencionas
y el Banco de la República. Finalmente, iii) negó las pretensiones de la demanda,
toda vez que el artículo 23 del Decreto-Ley 254 de 2000 no establece la obligación
de reconocer las acreencias presentados por acreedores, sino el deber de estos de
presentarse al proceso liquidatorio para que se resuelva sobre la aceptación o
rechazo de las reclamaciones. Adicionalmente, el numeral 1 del artículo 22 de la
mencionada norma establece que la relación de pasivos se realiza conforme a las
acreencias debidamente aceptadas y soportadas, característica que no cumplieron
las reclamaciones de la sociedad demandante. Decisión que se le comunicó por
correo electrónico el 31 de marzo de 2023 y se notificó por edicto fijado el 12 de
abril de 2023 y desfijado el 14 del mismo mes y año, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 173 de Decreto 01 de 1984.
Indicó que, el 12 de abril de 2023, interpuso recurso de apelación contra la anterior
decisión, sin embargo, señaló que dejó constancia de que la sustentación de este
se presentaría en la oportunidad legal correspondiente, de acuerdo con el artículo
212 del Código Contencioso Administrativo – CCA-. Posteriormente, el 3 de mayo
de 2023, radicó la respectiva sustentación.
Señaló que el magistrado sustanciador de la Subsección A de la Sección Primera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en auto de 23 de mayo de 2023,
declaró desierto el recurso de apelación y lo rechazó, por resultar extemporánea su
sustentación, pues la parte demandante lo interpuso pero no sustentó en término
el mencionado recurso, de conformidad con lo previsto en el artículo 212 del Código
Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 67 de la Ley 1395 de 2010,
toda vez que los 10 días con que contaba para interponer y sustentarlo culminaba
el 28 de abril de 2023, mientras que la mencionada sustentación se radicó el 3 de
mayo de 2023. Por lo demás, concedió los recursos de apelación interpuesto por el
Banco del Estado S.A., en Liquidación, y el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.
Afirmó que contra la anterior decisión interpuso recurso de reposición y, en subsidio
de queja o súplica. El magistrado sustanciador de la Subsección A de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en proveído de 26 de junio
de 2023, decidió no reponer el auto de 23 de mayo de 2023, pues, insistió que la
sustentación del recurso de apelación fue extemporánea. Igualmente, concedió el
recurso de queja ante el Consejo de Estado.
Relató que la Sección Primera del Consejo de Estado en auto de 19 de febrero de
2024, declaró improcedente el recurso de queja, toda vez que el procedente era el
de súplica, por lo que ordenó su remisión al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca para lo de su competencia.
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Resaltó que la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca -Sala Dual-, mediante auto de 23 de octubre de 2024, confirmó el
proveído de 23 de mayo de 2023, al considerar que el artículo 212 del Decreto 01
de 1984, modificado por el artículo 67 de la Ley 1395 de 2010, es la norma que
resulta aplicable al presente caso, por lo que lo relacionado con el término para
interponer y sustentar el recurso de apelación se debió aplicar el régimen jurídico
antes mencionado.
Sostuvo que el 5 de noviembre de 2024 solicitó la adición del auto que resolvió el
recurso de súplica. La Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en Sala Dual, en proveído de 25 de julio de 2025,
la declaró improcedente, en tanto no existió omisión sobre los puntos que eran
objeto de estudio del mencionado recurso.
Finalmente, a pesar de que no fue mencionado en el escrito de tutela, al verificar
en el Sistema para la Gestión Judicial Samai, se evidenció que en la Subsección A
de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en autos de
29 de agosto y de 18 de septiembre, ambos de 2025, se aceptó los desistimientos
de los recursos de apelación presentados por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público y de Banco del Estado S.A. en liquidación.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora aseguró que la solicitud de amparo cumple con los requisitos
generales de procedencia, pues i) el asunto goza de relevancia constitucional, en
tanto que se vulneran los derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela
judicial efectiva y de acceso a la administración de justicia, así como el principio de
seguridad jurídica. Igualmente, no se trata de unas discrepancias meramente legal ni
interpretativas, pues al declarar desierto el recurso de apelación quedó sin la
posibilidad de controvertir una decisión adversa. Asimismo, aseguró que ii) agotó
todos los mecanismos procedentes en el curso del proceso ordinario y iii) se
presentó la acción de tutela antes de un término razonable de acuerdo con los
criterios desarrollados por la jurisprudencia.
De otro lado, afirmó que la autoridad judicial accionada incurrió en el defecto
procedimental absoluto, en tanto que declaró desierto el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia del 30 de marzo de 2023, con fundamento en una
norma manifiestamente inaplicable.
Indicó que el artículo 212 del CCA, modificado por el artículo 67 de la Ley 1395 de
2010, no era aplicable, pues conforme con el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011 y
a la interpretación reiterada del Consejo de Estado, los procesos iniciados con
anterioridad a su entrada en vigencia se rigen por la normatividad vigente al
momento de la presentación de la demanda. En este caso, la demanda fue radicada
el 15 de enero de 2008, y su notificación se surtió íntegramente antes de la
expedición de la Ley 1395 de 2010.
Resaltó que “la norma procedente era, entonces, el artículo 212 del CCA en su
versión original, según el cual la sustentación del recurso de apelación debía
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realizarse ante el Consejo de Estado, una vez recibido el expediente y efectuado el
reparto, dentro del término de tres (3) días que allí se prevé”.
Agregó que exigir una sustentación anticipada, propia de un régimen normativo
posterior e inaplicable, el Tribunal alteró el trámite del recurso, impuso una carga
procesal inexistente y declaró desierto un medio de impugnación válidamente
interpuesto.
Señaló que el “defecto se agravó cuando el propio Tribunal, al resolver la solicitud
de adición, acudió a disposiciones del Código General del Proceso y del CPACA,
pese a haber sostenido previamente que el trámite se regía por el C.C.A., lo que
profundizó la incertidumbre sobre el régimen aplicable y confirmó la incoherencia
procedimental de la actuación judicial”.
Finalmente, mencionó que en la providencia objetada se incurrió en defecto por
desconocimiento del precedente judicial, porque se omitió la aplicación de la
sentencia de 23 de marzo de 2017 de la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, en la que se señaló que “el artículo 308 del CPACA consagra
una excepción a la aplicación inmediata de las nuevas normas procesales y que,
tratándose de procesos iniciados antes del 2 de julio de 2012, el régimen aplicable
es el previsto en el CCA, así como en las disposiciones complementarias vigentes
para la época, incluido el Código de Procedimiento Civil”1.
4. Trámite procesal
Por auto de 16 de febrero de 2026, el magistrado sustanciador requirió al señor
Marco A. San Berguido para que allegara los documentos que lo acreditaran como
presidente o representante legal de la sociedad Coloca International Corporation
S.A.
Una vez se acató el requerimiento, en proveído de 27 de febrero de 2026, se admitió
la demanda y ordenó notificar al accionante y a la autoridad judicial accionada. De
igual modo, se vinculó al Banco del Estado S.A., en Liquidación, al Banco de la
República y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como terceros con interés.
Igualmente, se notificó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios nos. 38130 a 38165 de
3 de marzo de 2026, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión.
5. Oposición
5.1. Respuesta de la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca
El magistrado sustanciador del proceso ordinario solicitó que se declare la
improcedencia de la acción de tutela, toda vez que no se cumple con los requisitos
de la inmediatez, comoquiera que la providencia objetada goza de firmeza desde
1
Postura que de acuerdo a la parte actora ha sido reiterada en las siguientes decisiones: Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, auto de 14 de marzo de 2017. Radicado interno núm. 44422, auto de 23 de marzo de 2017, radicado interno
núm. 58563, auto de 21 de marzo de 2017, radicado núm. 05001-23-31-000-2006-03517 01 y auto de 15 de agosto de 2017,
radicado núm. 25000-23-26-000-1997-15344-01. Estas decisiones fueron invocadas en los diferentes recursos presentados
por el demandante y motivo de análisis por parte de la autoridad judicial.
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el 12 de agosto de 2025, y la relevancia constitucional, pues utiliza la solicitud de
amparo como una instancia adicional.
Agregó que los argumentos expuestos en el escrito de tutela, en esencia, reiteran
los formulados en el recurso de reposición y en el de súplica relacionados con la
indebida aplicación del artículo 212 del CCA.
Por último, trascribió la parte considerativa de la providencia de 23 de mayo de
2023, con el fin de indicar que no hubo una indebida interpretación de las normas
como lo alegó la parte actora, pues en su caso resultaba aplicable el artículo 212
del Decreto 01 de 1984, modificado por el artículo 67 de la Ley 1395 de 2010, razón
por la cual, debía interponer y sustentar el recurso de apelación dentro de los 10
días siguientes a la notificación del fallo, lo cual no acató.
5.2. Respuesta del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
El apoderado de la cartera ministerial pidió que se declarara la improcedencia de la
acción de tutela, por no acreditarse la relevancia constitucional.
Afirmó que la parte actora no acreditó, ni siquiera de manera sumaria, la
configuración de una vulneración actual, cierta y concreta de los derechos
fundamentales invocados en la demanda, pues la sola inconformidad con el sentido
de la decisión adoptada, o la discrepancia frente a la interpretación normativa
realizada por el juez natural del proceso, no constituye por sí misma una afectación
de derechos fundamentales susceptible de ser amparada por vía de tutela.
Resaltó que las otras entidades que conforman el proceso ordinario interpusieron y
sustentaron oportunamente sus recursos de apelación, los cuales fueron tramitados
y concedidos conforme a la normativa aplicable, lo que demuestra que las reglas
procesales eran claras, previsibles y aplicadas de manera general, descartándose
cualquier escenario de ambigüedad normativa o trato desigual por parte de la
autoridad judicial.
Indicó que la decisión adoptada por el Tribunal se encuentra debidamente
motivada, sustentada en el marco normativo aplicable y adoptada por la autoridad
judicial competente dentro del ejercicio legítimo de sus funciones jurisdiccionales.
Agregó que la providencia objetada examinó de manera expresa las normas
procesales pertinentes, particularmente el régimen de transición previsto en el
artículo 308 del CPACA y el artículo 212 del CCA, concluyendo que el recurso de
apelación debía interponerse y sustentarse ante el juez de primera instancia dentro
del término legal y que, al no cumplirse dicha exigencia, procedía su declaratoria
de desierto.
Finalmente, señaló que la solicitud de amparo no cumple con el requisito de la
inmediatez, pues la providencia objetada se profirió el 23 de mayo de 2023,
mientras que la acción de tutela se radicó en el año 2025.
5.3. Respuesta del abogado Carlos Felipe Mayorga Patarroyo
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El profesional del derecho, quien afirmó que actúa en calidad de apoderado de
“Banco del Estado S.A.”2, sin embargo, no allegó los documentos que demostraran
la mencionada calidad3, solicitó que se negaran las pretensiones de la solicitud de
amparo, toda vez que no se demostró la vulneración de los derechos
fundamentales de la parte actora.
5.4. El Banco de la República, a pesar de que se le notificó en debida forma el
auto admisorio, guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala establecer si es procedente la acción de tutela de
conformidad con los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial
y, en caso afirmativo, si la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca vulneró los derechos fundamentales al debido
proceso, tutela judicial efectiva y de acceso a la administración de justicia, así como
el principio de la seguridad jurídica de la accionante al declarar desierto y rechazar
el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho que adelantó contra Banco del Estado en
Liquidación.
3. El presupuesto de la relevancia constitucional
Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que
el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras
jurisdicciones4.
Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a
definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
2
En certificado de existencia y representación se observa que mediante Resolución núm. 32 de 30 de septiembre de 2009,
se aprobó la cuenta final de liquidación y que en consecuencia la sociedad se encuentra liquidada.
3
El abogado allegó un poder otorgado por la señora María Mercedes Perry (Gerente Liquidadora), con sello de presentación
personal ante la Notaría Veintiséis del Círculo de Bogotá de 28 de marzo de 2008, y en el que se le otorga poder especial
para representar a Banco del Estado S.A. en Liquidación en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
núm. 2500-23-24-0000-2008-00012-01. Adicionalmente, se aportó el auto de 15 de agosto de 2013 de la Subsección A de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio del cual se le reconoció representación judicial del
Banco del Estado en Liquidación dentro del proceso ordinario, lo cual no resulta suficiente para demostrar la calidad de
apoderado en el trámite constitucional de la referencia.
4
Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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sentencia T-310 de 20055, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que
se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente
a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la improcedencia
de la tutela.
En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional6.
Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio
de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de
procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de
amparo se convierta en una instancia adicional.
Esta Sala7, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:
i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear
situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad,
pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional
por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no
basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el interesado
exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza
o vulnera los derechos fundamentales.
iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las
razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi.
De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la
propia decisión cuestionada.
iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron
de plantearse o proponerse ante el juez natural.
v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario
en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque
sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación
de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los
jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una
sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si
fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces
competentes.
Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en
5
Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa.
6
Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
7
Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.
4. Estudio y solución del caso concreto
La parte actora sostiene que la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca vulneró los derechos fundamentales al debido
proceso, a la tutela judicial efectiva y de acceso a la administración de justicia, así
como el principio a la seguridad jurídica, al supuestamente incurrir en los defectos
procedimental absoluto y por desconocimiento del precedente judicial, al
declarar desierto y rechazar por extemporáneo el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia, con sustento en normas inaplicables.
Previo a cualquier pronunciamiento, la Sala procede a verificar el cumplimiento de
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, especialmente el de
la relevancia constitucional, así:
El 11 de enero de 2008, la sociedad Coloca International Corporation S.A. presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Banco del Estado en
Liquidación, en la que solicitó la nulidad de las Resoluciones núm. 19 de 8 de mayo
de 2007 y 22 de 6 de agosto de 2007, mediante las cuales se rechazaron los
créditos reclamados dentro del proceso liquidatorio de dicha entidad, en
consecuencia, se reconocieran y pagaran las acreencias derivadas de los procesos
ejecutivos adelantados contra la demandada por un valor de USD 16.000.000.
La Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en sentencia de 30 de marzo de 2023, declaró no probadas las
excepciones propuestas por el Banco del Estado S.A. y el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público y declaró no probada la objeción al dictamen pericial por error
grave propuesto por estas mismas y el Banco de la República.
Con respecto a las pretensiones de la parte demandante, las negó con sustento en
que el artículo 23 del Decreto-Ley 254 de 2000 no establece la obligación de
reconocer las acreencias presentados por acreedores, sino el deber de estos de
presentarse al proceso liquidatorio para que se resuelva sobre la aceptación o
rechazo de las reclamaciones. Adicionalmente, el numeral 1 del artículo 22 de la
mencionada norma establece que la relación de pasivos se realiza conforme a las
acreencias debidamente aceptadas y soportadas, característica que no cumplieron
las reclamaciones de la sociedad demandante.
El fallo fue notificado por correo electrónico el 31 de marzo de 2023 y por edicto
fijado el 12 de abril de 2023 y desfijado el 14 del mismo mes y año.
El 12 de abril de 2023, interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión,
en el que afirmó que “en aplicación del artículo 323 del C.P.C., la sentencia fue
notificada mediante edicto del 12 de abril de 2023, el término de tres (3) días para
interponer el recurso de apelación transcurre entre el 12 y el 14 de abril de 2023,
ambas fechas incluidas”.
Agregó que las normas procesales aplicables es el Decreto 01 de 1984 y que, en
consecuencia, de acuerdo a lo regulado en el artículo 212 de la mencionada norma,
presentaba recurso de apelación oportunamente contra la sentencia de 30 de
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marzo de 2023 y que este “será debidamente sustentado en la oportunidad que
para el efecto consagró el artículo 212 del C.C.A., esto es, una vez el Consejo de
Estado corra el Traslado de tres (3) días tras la recepción del expediente y la
realización del reparto”.
Luego, el 3 de mayo de 2025, presentó escrito de sustentación, entre otros
argumentos, indicó que la demanda fue admitida mediante auto de 15 de enero de
2008, la cual se notificó el 5 de febrero de 2008 al demandante y el 6 de marzo de
2008 a la parte demandada. Es decir, que las actuaciones son anteriores a la
expedición de la Ley 1395 de 2010, por lo que se debe aplicar el Decreto 01 de
1984 modificado por el Decreto 2304 de 1989.
Igualmente, solicitó la corrección de la notificación, pues se remitió la notificación
por correo electrónico el 12 de abril de 2023 y, posteriormente, se fijo un edicto.
Asimismo, reprochó que en el edicto no se incluyó la fecha de la sentencia que se
pretendía notificar, requisito establecido en el artículo 323 del Código de
Procedimiento Civil.
Por otra parte, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Banco del Estado en
Liquidación interpusieron y sustentaron sus respectivos recursos de apelación.
La Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en auto de 23 de mayo de 2023, declaró desierto el recurso de
apelación de la sociedad Coloca International Corporation S.A. y lo rechazó, por
resultar extemporánea su sustentación.
En primer lugar, explicó que, si bien la Secretaría del Tribunal remitió el correo
electrónico a las partes lo cierto es que el CCA no prevé esta modalidad de
notificación. Adicionalmente, el fallo permaneció en Secretaría para que las partes
se notificaran personalmente durante los días 31 de marzo (vacancia de semana
santa), 10 y 11 de abril, para luego, el 12 de abril de 2023 se fijara un edicto, el cual
fue desfijado el 14 de abril de 2023. Asimismo, respecto a la falta de la fecha del
fallo en el edicto, indicó que, con sustento en fallos de la Corte Constitucional, esta
omisión no implicaba una anomalía, además que la contra parte e intervinientes
presentaron recurso de apelación de manera oportuna.
En segundo término, sostuvo que la sociedad demandante radicó el recurso de
apelación oportunamente, cuestión diferente es que no lo sustentó, lo que
“configura el incumplimiento de uno de los requisitos para la concesión del recurso
de apelación, en los términos del artículo 212 del Código Contencioso
Administrativo”.
Agregó que en auto de 14 de marzo de 2017 de la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado explicó que “la expresión ‘régimen jurídico’ a la que
hizo alusión el legislador, no se refiere solamente a las disposiciones del CCA, sino
que también corresponde todas aquellas disposiciones normativas autónomas o
complementarias que se encontraban vigentes a la entrada en vigor del CPACA,
de ahí que en este proceso, en los aspectos no regulados en el CCA, también
resulten aplicables las disposiciones del CPC”. Es decir, que como la accionante
interpuso pero no sustentó el recurso de apelación, de conformidad con lo previsto
en el artículo 212 del CCA, modificado por el artículo 67 de la Ley 1395 de 2010,
este se declara desierto.
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Accionante: Coloca International Corporation S.A.
Por lo demás, concedió los recursos de apelación radicados por Bando del Estado
en Liquidación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
La parte demandante interpuso recurso de reposición y, en subsidio de queja o
súplica, en el que insistió en la falta de fecha de la sentencia en el edicto fijado y en
que el régimen jurídico aplicable era el existente a la época de la presentación de
la demanda, para lo cual menciona la sentencia de 23 de marzo de 2017 de la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
Agregó que “durante el curso del proceso este Tribunal dictó sentencia el 30 de
marzo de 2023, la cual fue recurrida en su momento por los dos de los extremos
procesales. Sin embargo, para la fecha en la que se habilitó el espacio procesal
pertinente para dar cabida a la interposición de los respectivos recursos de alzada
no se encontraba vigente ni la Ley 1395 de 2010 ni el Decreto 01 de 1984, ya que
ambos fueron derogados expresamente por el artículo 309 del CPACA”, razón por
la cual se estableció un régimen de transición, en el que se permitió aplicar el CCA.
La Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en auto de 26 de junio de 2023, no repuso el proveído de 23 de
mayo de 2023, para lo cual explicó que el correo electrónico a las partes, por medio
del cual se les comunicó el fallo de 30 de marzo de 2023 no vicia la actuación, pues
constituyó una forma de dar a conocer lo decidido.
Precisó que la mencionada sentencia se notificó conforme el artículo 173 del CCA,
pues el expediente estuvo 3 días en la Secretaría para la notificación personal y
esta no fue posible, por lo que se procedió según el artículo 323 del CPC, a la
notificación por edicto. Por consiguiente, no se puede afirmar que hubo una doble
notificación de las sentencias ni se afectaron derechos procesales, al punto que la
sociedad accionante pudo radicar el respectivo recurso de apelación.
Por otro lado, aseguró que no desconoce “que el edicto fijado no indicó la fecha de
la sentencia, pero, como se afirmó en el auto recurrido, tal circunstancia no vicia la
notificación porque las partes e intervinientes conocieron y tuvieron la oportunidad
de controvertir la sentencias a través de los recursos de apelación interpuestos”.
Además, indicó que las decisiones que se invocan en el recurso no guardan
similitud con el presente caso, pues la sentencia T-1209 de 2005, se cuestionó por
errores en las fechas de fijación y desfijación, lo que repercutió en el conteo del
término para la interposición del recurso.
Con respecto, a la declaratoria de desierto del recurso de apelación y el rechazo
por extemporáneo, mencionó que el artículo 308 del CPACA estableció el régimen
de transición entre ese compendio normativo y el anterior CCA, en este se dispuso
que los procesos iniciados con anterioridad al 2 de julio de 2012 seguirían de
conformidad con el régimen jurídico anterior.
Agregó que, en autos de 14 de marzo de 2017 y de 23 de marzo de 2017, la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado aseguró que el régimen
jurídico anterior “no se refiere solamente a las disposiciones del CCA, sino que
también comprende todas aquellas disposiciones normativas autónomas o
complementarias que se encontraban vigentes a la entrada en vigor del CPACA”.
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El Tribunal consideró que las disposiciones previstas en la Ley 1395 de 2010 que
modificaron aspectos del CCA, las cuales entraron en vigencia a partir del 12 de
julio de 2010. Por consiguiente, le resulta aplicable el artículo 212 del CCA,
modificado por el artículo 67 de la Ley 1395 de 2010, en el que se estableció que
“el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia se interpondrá y
sustentará ante el a quo. Una vez sustentado el recurso, se enviará al superior para
su admisión. Si el recurso no es sustentado oportunamente, se declarará desierto
por el interior”. Asimismo, se dispuso que “el término para interponer y sustentar la
apelación será de 10 días, contados a partir de la notificación de la sentencia”.
Finalmente, ordenó expedir las copias para que se surta el recurso de queja ante
el Consejo de Estado.
La Sección Primera del Consejo de Estado, en auto de 19 de febrero de 2024,
declaró improcedente el recurso de queja, toda vez que el procedente era el de
súplica, por lo que ordenó su remisión al Tribunal Administrativo de Cundinamarca
para lo de su competencia.
La Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca -Sala Dual-, mediante auto de 23 de octubre de 2024, confirmó el
proveído de 23 de mayo de 2023, al considerar que el artículo 212 del Decreto 01
de 1984, modificado por el artículo 67 de la Ley 1395 de 2010, es la norma que
resulta aplicable al presente caso, por lo que lo relacionado con el término para
interponer y sustentar el recurso de apelación se debió aplicar las mencionadas
normas
La sociedad Coloca International Corporation S.A. solicitó la adición del auto que
resolvió el recurso de súplica, pues consideró que no se pronunció respecto a las
irregularidades de la notificación de la sentencia de 30 de marzo de 2023.
Por último, la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca -Sala Dual-, en proveído de 25 de julio de 2025, declaró
improcedente la solicitud de adición, en tanto que no existió omisión sobre los
puntos que eran objeto de estudio del mencionado recurso.
En ese contexto, descendiendo al asunto bajo examen, se observa que la solicitud
de amparo no cumple con el requisito de la relevancia constitucional, pues se da
continuidad al debate superado en el curso del proceso ordinario relacionado con la
declaratoria de desierto y el posterior rechazo por extemporáneo del recurso de
apelación presentado contra la sentencia de primera instancia que se dictó en el
curso del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que Coloca
International Corporation S.A. adelantó contra el Banco del Estado, en Liquidación.
Al estudiar los argumentos planteados por la sociedad accionante, se observa que
invoca los defectos procedimental absoluto y por desconocimiento del precedente
judicial, toda vez que la autoridad judicial accionada debió estudiar la procedencia
del recurso de apelación a partir de la norma vigente al momento en que presentó
la demanda, es decir, el Decreto 01 de 1984 sin la modificación de la Ley 1395 de
2010, lo cual expone con providencias de la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado.
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Al respecto, la Sala observa que esos argumentos ya fueron objeto de análisis por
el magistrado sustanciador del proceso ordinario, así como la Subsección A de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca -Sala Dual-, quienes,
a partir del marco normativo y jurisprudencial aplicable al presente asunto,
consideraron que el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011 había dispuesto un régimen
de transición para los casos que se encontraban en curso en la jurisdicción y que,
en el caso en particular, se debía atender a lo dispuesto en el artículo 212 del
Decreto 01 de 1984, modificado por el artículo 67 de la Ley 1395 de 2010, en el que
se estableció que el recurso de apelación se debía interponer y sustentar ante el
juez de primera instancia en el término de los 10 días siguientes a la notificación del
fallo. Por consiguiente, en atención a que la sentencia de 30 de marzo de 2023 se
notificó por edicto fijado el 12 de abril de 2023 y desfijado el 14 del mismo mes y
año, los 10 días con que contaba para interponer y sustentar el recurso culminaban
el 28 de abril de 2023, sin embargo, la mencionada sustentación se radicó el 3 de
mayo de 2023, es decir, por fuera del término.
Aunado a lo anterior, se evidencia que existen similitudes en los reproches que se
desarrollaron en la interposición y sustentación extemporánea del recurso de
apelación, así como en los recursos de reposición y en el de súplica con los
argumentos que se plantean en el escrito de tutela, por parte del accionante. Por
consiguiente, es evidente que lo pretendido por el demandante es utilizar el
mecanismo constitucional para insistir en el mismo debate desarrollado en el
proceso ordinario que por demás tiene connotaciones legales sobre la aplicación de
normas en el tiempo.
Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia SU-573 de 20198, estableció que
la relevancia constitucional tiene tres finalidades, a saber: “(i) preservar la
competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la
constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a
cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales y,
finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”9 (Negrilla y
resalta de la Sala)
10
En la sentencia SU-215 de 2022 , recordó que el cumplimiento del requisito de la
relevancia constitucional requiere “involucrar algún debate jurídico que gire en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico”, a lo que agregó que
“la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o económica”. De allí que
“la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se
restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección de los derechos
efectiva de los derechos fundamentales y no a problemas de carácter legal”.
Lo expuesto es suficiente para concluir que la parte actora acudió a la acción de
tutela con el fin de solicitar el amparo constitucional de sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y de acceso a la administración de
8
M.P.: Carlos Bernal Pulido.
9
Postura reiterada en sentencia SU-128 de 2021, M.P: Cristina Pardo Schlesinger.
10
M.P. Natalia Ángel Cabo.
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Accionante: Coloca International Corporation S.A.
justicia, así como el principio de seguridad jurídica, en este caso a la manera de una
tercera instancia que dicho sea de paso, involucra una discusión legal sobre la
aplicación de normas, toda vez que insiste en el mismo debate relacionado con el
marco normativo aplicable respecto al recurso de apelación contra una sentencia
de primera instancia dictada durante un proceso de nulidad y restablecimiento que
inició con el Decreto 01 de 1984.
Así las cosas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela, habida
cuenta de que no cumple con el requisito de relevancia constitucional.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
Primero.- Declarar improcedente la acción de tutela promovida por la sociedad
Coloca International Corporation S.A., quien actúa mediante apoderado judicial,
contra la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por las razones aquí expuestas.
Segundo.- Reconocer personería jurídica al abogado Juan Leonardo Álvarez Arévalo
como apoderado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en los términos del
poder allegado con la tutela y de conformidad con el artículo 75 del Código General
del Proceso.
Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente
de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección
electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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