Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01004-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01004-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01004-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
24 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-15-000-2026-01004-001
Demandante : Maryoli González Quesada
Demandado : Tribunal Administrativo del Huila
Vinculados : Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG),
municipio de Neiva y Juzgado Quinto (5°) Administrativo de
Neiva
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial, diferencias salariales en
escalafón docente
Decisión : Sentencia de primera instancia
Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia en la acción de tutela
incoada por Maryoli González Quesada contra el Tribunal Administrativo del Huila,
por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad, acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico.
1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por la actora frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará
lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se resolverá lo
pertinente en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.
1.2 La demanda de tutela.
2. La señora Maryoli González Quesada, quien actúa a través de apoderada judicial,
interpuso el presente recurso de amparo con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración
de justicia y tutela judicial efectiva, presuntamente vulnerados por el Tribunal
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Expediente digital disponible en Samai.
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01004-00
Accionante: Maryoli González Quesada
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila
Administrativo del Huila.
3. Por consiguiente, solicitó dejar sin efectos la sentencia de 20 de enero de 2026,
mediante la cual el Tribunal Administrativo del Huila confirmó la providencia de 29
de septiembre del 2025, en la que el Juzgado Quinto (5°) Administrativo de Neiva
negó las pretensiones formuladas en la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho promovida contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y el municipio de Neiva (expediente
41001-33-33-005-2024-00216-02). En su lugar, pidió que se ordene a la autoridad
accionada emitir un nuevo fallo «[…] con una debida interpretación de la norma aplicable al
debate jurídico y, analizando de manera concreta [su] situación particular […] a la luz de los
argumentos planteados en la demanda ordinaria y, los hechos debidamente probados […]».
1.3 Hechos2.
4. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional, y de lo relatado por
la accionante, se puede evidenciar que, el 22 de julio de 2024 instauró demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación - Ministerio de
Educación Nacional y el municipio de Neiva (expediente 41001-33-33-005-2024-
00216-02), encaminada a obtener la anulación de la Resolución 358 del 22 de
febrero de 2024 y del oficio 2024 EE-071309 del 6 de marzo siguiente, a través
de los cuales se le negó «[…] el derecho a la diferencia en el incremento salarial que fue
decretado de manera indiscriminada y desigual en el año 2008 para el grado en el escalafón 3DM,
con ocasión que fue realizado un incremento del 44.89%, por medio de los Decretos
Nacionales 624, 714 y 1407 de 2008, proferidos por el MEN, mientras que el incremento
efectuando a la categoría del escalafón 3BM, fue del 13.92% en su salario; así como también,
por la diferencia de incrementos que se realizó en el año 2009 ».
5. Que, de ese asunto ordinario conoció el Juzgado Quinto (5°) Administrativo de
Neiva que, el 29 de septiembre de 2025 negó las pretensiones, al estimar que «[…]
las circunstancias fácticas que definen a los docentes en el escalafón 3BM difieren de aquellas que
caracterizan a los docentes en el escalafón 3DM. Esto se debe a que los docentes del escalafón
3DM participaron en un concurso de méritos para ascender y/o reubicarse en el nivel salarial 'D', lo
cual no ocurrió en el caso de los docentes categorizados en el escalafón 3BM. Por lo tanto, no se
vulneran los principios de igualdad, transparencia, objetividad, mérito ni igual servicio ».
6. Inconformes con esa decisión, tanto la demandante como la demandada Nación
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Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital en SAMAI, índice 00002.
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Accionante: Maryoli González Quesada
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila
• Ministerio de Educación Nacional, interpusieron recursos de apelación, desatados
el 20 de enero de 2026 por el Tribunal Administrativo del Huila, en el sentido de
confirmarla, con fundamento en que «[…] no tiene derecho a que la demandada (FOMAG)
le cancele las diferencias salariales dejadas de percibir en el escalafón docente 3BM, porque el
incremento salarial otorgado en los años 2008, 2009 al grado 3DM, no fue inferior respecto del año
inmediatamente anterior (año 2007, 2008), de tal suerte que conservó el poder adquisitivo del salario
para esos años, aunado a que los decretos cuestionados aplicaron incrementos salariales
diferenciados para reducir brechas entre grados del escalafón docente».
7. Sobre la precedente situación, la tutelante expone que la providencia objeto de
censura incurre en (i) defecto sustantivo, comoquiera que, «realiza una interpretación
abiertamente irrazonable y desproporcionada de las normas constitucionales y legales aplicables
al caso, particularmente del artículo 13 de la Constitución Política, de la Ley 4 de 1992 y del
Decreto Ley 1278 de 2002» ; (ii) defecto fáctico, porque, «[…] no se allegó prueba alguna
que demostrara la existencia de motivos válidos que justificaran dicha decisión administrativa
[…]» y, aun así, «[…] desestimó las pretensiones de la demanda sobre la base de una supuesta
justificación relacionada con la corrección de una brecha salarial […]»; y (iii) desconocimiento
del precedente, al omitir « […] aplicar […] la sentencia C-1064 de 2001, que exige garantizar
la igualdad sustancial en la fijación de incrementos salariales ».
II. TRÁMITE PROCESAL
8. Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto de 12
de febrero de 2026, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión se (i)
ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Huila; y, (ii) dispuso vincular a la
Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG), al municipio de Neiva y al Juzgado Quinto (5°)
Administrativo de Neiva, en los términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.
2.1 Contestaciones de la acción.
9. 2.1.1 El Juzgado Quinto (5°) Administrativo de Neiva3 aportó el enlace digital
para acceder al expediente ordinario con radicado 41001-33-33-005-2024-00216-
02 e indicó que, «[…] en el desarrollo de la primera instancia d[e ese] proceso […] garantizó el
cabal cumplimiento de sus funciones, sin que se hubiere amenazado o vulnerado derecho
fundamental alguno a la parte actora».
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Accionante: Maryoli González Quesada
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila
10. 2.1.2 El Tribunal Administrativo del Huila4 solicitó negar el amparo deprecado,
toda vez que, «[…] no se encuentran acreditados los defectos alegados» por la demandante.
11. 2.1.3 El municipio de Neiva5 pidió declarar improcedente la acción de tutela de
la referencia, comoquiera que, «[…] con la decisión del Tribunal Administrativo del Huila en
la sentencia del 20 de enero de 2026, no se ha producido transgresión alguna a los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante; además, no se encuentra probado el defecto
fáctico referido, toda vez que la valoración probatoria realizada no fue arbitraria, irracional o
caprichosa; al igual que la decisión adoptada fue debidamente motivada ».
12. 2.1.4 La Nación - Ministerio de Educación Nacional6 deprecó su
desvinculación del presente trámite constitucional, al carecer de legitimación en la
causa por pasiva, por cuanto «[…] la controversia planteada […] recae sobre una decisión
adoptada por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA».
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia.
13. Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en
virtud de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de
2017 y 333 de 2021.
3.2 La acción.
14. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política
y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
3.3 Legitimación en la causa por pasiva
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Accionante: Maryoli González Quesada
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila
15. El artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, dispone que la acción de tutela «[…] se
dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o
amenazó el derecho fundamental […]». En ese sentido, la Corte Constitucional9, ha
considerado que, «[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud
legal de la persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder
por la vulneración o amenaza del derecho fundamental […]».
16. La Nación - Ministerio de Educación Nacional, en el escrito de intervención
solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, por
cuanto no profirió la providencia cuestionada.
17. Al respecto, la Sala advierte que su vinculación en el presente asunto fue en
calidad de tercera con interés, por integrar el extremo pasivo dentro del proceso
contencioso en cuestión, esto, en aras de garantizar su derecho a la defensa y
contradicción, por lo que, se negará su solicitud.
3.4 Problema jurídico.
18. Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el
eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar el fallo de 20
de enero de 2026, mediante el cual el Tribunal Administrativo del Huila confirmó la
providencia del 29 de septiembre de 2025, en la que el Juzgado Quinto (5°)
Administrativo de Neiva negó las pretensiones formuladas en la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho promovida por la tutelante contra la Nación
• Ministerio de Educación Nacional - Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG) y el municipio de Neiva (expediente 41001-33-33-005-2024-00216-02);
y, en caso afirmativo, si se han vulnerado las garantías superiores al debido
proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva
invocadas en la solicitud de amparo.
3.5 La acción de tutela contra providencias judiciales.
19. El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones
judiciales tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional
que declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más
adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de
derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con
la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia revestido de
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Accionante: Maryoli González Quesada
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forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.
20. La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y
desprovista de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción
de tutela contra decisiones judiciales, dado que, no obstante, el reconocimiento del
principio de autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la
forma de una providencia judicial, derechos fundamentales.
21. La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de
1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera
calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando
se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i)
defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en
una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando
resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder
a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico,
se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada,
carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que
aparece en aquellos eventos en los que se actúa completamente al margen del
proceso establecido.
22. Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación
proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las
sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. Posteriormente, mediante
sentencia C-590 de 2005, se destacó el carácter excepcional de la acción de tutela,
vale decir cuando de manera protuberante se vulneran o amenazan derechos
fundamentales.
23. Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los
eventos excepcionales de aplicación, los cuales, deben satisfacerse plenamente
para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden
estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan
derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se
profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.
24. Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
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relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.
25. Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales
genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la excepcionalidad de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual solamente cuando tenga
indudable relevancia constitucional resulta procedente.
26. Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la
decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente
al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda
la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos
fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte
de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte
Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede
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cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en
eventos en los que, si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se
trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.
27. Por otra parte, se destaca que, la sala plena de lo contencioso administrativo del
Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela
resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales7, rectificó su posición
mediante sentencia de 31 de julio de 20128, en el sentido de disponer que, la acción
constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos
fundamentales, con observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente,
así como los que en el futuro determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que,
esta subsección con anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes
expuestos9.
3.6 Caso concreto.
28. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, en la medida en que recae, a juicio de la actora,
en una indebida aplicación normativa y valoración probatoria relacionada con la
fijación de incrementos salariales en el escalafón docente, lo cual, de comprobarse,
conllevaría a la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad, acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva; (ii) contra
la decisión objeto de censura no procede recurso alguno; (iii) se establecieron los
hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores;
(iv) el requisito de inmediatez se satisface, teniendo en cuenta que la providencia
atacada fue notificada el 30 de enero de 202610 y la solicitud de amparo se presentó
7
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del
Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016,
C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993,
AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-
03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
8
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
9
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-
00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-
01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-
00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-
01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas
Monsalve.
10
Cabe precisar que el término de ejecutoria comenzó a correr desde el 4 de febrero de 2026, según constancia emitida por
el oficial mayor del Tribunal Administrativo del Huila; no obstante, el 3 de los mismos mes y año el Ministerio de Educación
formuló solicitud de aclaración y/o adición, la cual fue resuelta de manera negativa con auto de 3 de marzo del año en curso,
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01004-00
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el 11 de febrero siguiente, es decir, dentro de los seis meses; y (v) el fallo acusado
no es de tutela.
29. En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo
del asunto bajo las causales específicas denominadas defecto sustantivo y defecto
fáctico, comoquiera que, pese a que la actora alegó también desconocimiento del
precedente, se advierte que sus reproches y la génesis de la vulneración invocada
radican, a su juicio, en una presunta indebida aplicación normativa y valoración
probatoria relacionada con el incremento salarial del escalafón docente, por lo que,
en virtud del principio de oficiosidad, que señala que el juez de tutela está en la
obligación de interpretar de manera extensiva el escrito inicial11, resulta procedente
analizar este trámite a partir de las aludidas causales de procedencia de tutela
contra providencia judicial.
3.6.1 Defecto sustantivo.
30. Sea lo primero precisar que el artículo 230 de la Constitución Política prevé que
los jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato,
las autoridades judiciales deben decidir las controversias de acuerdo con las
normas que regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.
31. La jurisprudencia constitucional12 ha estimado que la providencia judicial
proferida con desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado
defecto sustantivo, que se configura cuando la controversia es decidida con
fundamento en una disposición legal inaplicable al caso concreto, bien porque fue
derogada, declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no tiene relación con
el decidido, la interpretación que hace de ella el juez es paradójica o simplemente
se omite aplicarla. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo:
Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o
yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación
de las disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el
defecto dé lugar a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una
razón por la que, para efectos de verificar el cumplimiento del presupuesto de la inmediatez, se tendrá la providencia
reprochada desde su notificación y no desde su ejecutoria.
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Corte Constitucional, sentencia T-389 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva: «Respecto del papel del juez de tutela,
esta Corte ha advertido que cuenta con amplias facultades de interpretación, en razón a su función de garante de los
derechos fundamentales de las personas, y su rol es mucho más activo que el de otros operadores jurídicos. En esta medida
es su deber esclarecer los hechos que dieron origen a la acción, así como eventualmente las pretensiones que llevarían a la
salvaguarda de los mismos [...].
15. Por lo tanto, es claro que el juez de tutela no está supeditado a las formalidades que se exigen en otras jurisdicciones, y
en esta medida está dentro de sus facultades la interpretación extensiva que realice acerca de la demanda».
12
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01004-00
Accionante: Maryoli González Quesada
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila
irregularidad de alta trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o
lesione la efectividad de los derechos constitucionales 13.
3.6.2 Defecto fáctico.
32. Sea lo primero anotar que una providencia judicial se encuentra viciada por
defecto fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin
contar con supuestos ciertos, esto es, «surge cuando carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión »14.
33. La Corte Constitucional ha sostenido que, el defecto fáctico contiene dos
aspectos o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo, que se presenta
cuando el funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no
apta para ello. Por su parte, la segunda dimensión, se trata de un aspecto negativo
que alude a aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se configura en
los eventos en que da por no probado un hecho caprichosamente, pese a obrar
suficiente material probatorio que lo demuestra15.
3.7 Análisis del caso concreto.
34. En el asunto sub examine, la demandante aduce que la providencia cuestionada
incurrió en defecto sustantivo, comoquiera que, «realiza una interpretación abiertamente
irrazonable y desproporcionada de las normas constitucionales y legales aplicables al caso,
particularmente del artículo 13 de la Constitución Política, de la Ley 4 de 1992 y del Decreto Ley
1278 de 2002», avalando un trato discriminatorio y desigual entre categorías del
escalafón docente.
35. Asimismo, en defecto fáctico, porque, «[…] no se allegó prueba alguna que demostrara
la existencia de motivos válidos que justificaran dicha decisión administrativa […] » y, aun así,
«[…] desestimó las pretensiones de la demanda sobre la base de una supuesta justificación
relacionada con la corrección de una brecha salarial […] ».
36. Ahora bien, se tiene que la autoridad accionada en el fallo objeto de censura,
concluyó:
Ahora bien, frente al cuestionamiento de los porcentajes que se aplicaron a los
incrementos salariales, los cuales no fueron uniformes para los diferentes grados y
niveles del escalafón docente en el año 2008, 2009, la Sala advierte que, contrario a lo
13
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
14
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
15
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01004-00
Accionante: Maryoli González Quesada
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila
manifestado por la parte actora, los decretos cuestionados buscaron acortar la
diferencia salarial entre los grados 3BM y 3DM, situación que también se puede
evidenciar respecto de los grados 1D y 2A 16. Lo anterior con el fin de que existiese
progresividad e igualdad material en el poder adquisitivo salarial del docente, según el
grado en que se encontrara.
En otras palabras, la disposición reglamentaria revisada, estableció incrementos
salariales diferenciados, de modo que los docentes con remuneraciones más altas
recibieron un aumento porcentual menor, mientras que quienes tenían salarios más
bajos, especialmente los que ingresaban en el grado A, obtuvieron un incremento
mayor en porcentaje, buscando reducir brechas y promover la equidad en la escala
salarial. Cumpliendo de esta manera con lo regulado en el literal j del artículo 2 de la
Ley 4 de 199217.
De modo que, además de garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo en los
salarios, se introdujo un criterio de progresividad, que favorece proporcionalmente a
quienes perciben menores ingresos. Este enfoque se ajusta a la jurisprudencia
constitucional, que permite aplicar parámetros adicionales de justicia material para
lograr igualdad real, no solo formal, en el marco del Estado Social de Derecho. Así, se
busca proteger a los trabajadores más vulnerables mediante medidas que reconozcan
las desigualdades existentes y promuevan condiciones equitativas.
Asimismo, considera la Sala que, el principio a trabajo igual, salario igual, no implica
una igualdad matemática rígida, sino una igualdad sustancial que admite diferencias
justificadas por condiciones objetivas, como experiencia o evaluaciones para
reubicación. Por ello, los análisis puramente numéricos entre remuneraciones carecen
de sentido, ya que lo relevante es garantizar un trato igual a quienes se encuentran en
situaciones similares y un trato diferenciado cuando las condiciones son distintas.
De igual manera, la reglamentación cuestionada buscó cumplir el objetivo del Decreto
1278 de 2002, orientado a garantizar que la docencia sea ejercida por personal idóneo,
reconociendo su formación y experiencia. En ese contexto, se pretendió corregir la
disparidad salarial existente, donde normalistas o tecnólogos ganaban casi el doble
que profesionales licenciados recién ingresados, incentivando así el acceso a la carrera
docente y su profesionalización.
Ahora bien, frente a lo reiterado por la parte demandante en cuanto a que, la base
salarial decretada a los docentes ubicados en el grado 3DM fue contraria al derecho
de igualdad y principio de proporcionalidad en relación con la que se encuentran en el
3BM se debe mencionar que la jurisprudencia de la Corte Constitucional 18 ha
considerado que:
(…) el examen de validez constitucional de un trato diferenciado entre dos
sujetos o situaciones (tertium comparationis), consiste en determinar si el criterio
de diferenciación utilizado por el Legislador observó el principio de igualdad
(artículo 13 C.P). Esta concepción supone que el establecimiento de algunos
tratos diversos es posible.
El análisis constitucional de la situación desigual reprochada exige la
identificación de los siguientes presupuestos: i) los términos de comparación, es
decir, las personas, elementos, hechos o situaciones que efectivamente son
comparables; y, ii) respecto a los cuales se establece un trato desigual.
De tal manera que esta Corporación, no evidencia vulneración al principio de igualdad
porque, aunque hay trato diferente, los sujetos comparados no están en condiciones
equivalentes, ya que los grados B y D del escalafón docente exigen distinta
cualificación, evaluación y experiencia. Además, porque tienen remuneraciones base
diferentes desde su reglamentación. Por ello, no son situaciones comparables y resulta
válido que existan tratos diversos para servidores con trayectorias y requisitos distintos.
16
Para el año 2009 el incremento del grado 1A y 2ª fue del 15.61% aproximadamente, y para el grado 1D y 2D fue del 7.67%.
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ARTÍCULO 2o. Para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores enumerados en el artículo anterior, el
Gobierno Nacional tendrá en cuenta los siguientes objetivos y criterios: (…) j) El nivel de los cargos, esto es, la naturaleza
de las funciones, sus responsabilidades y las calidades exigidas para su desempeño; (…).
18
Sentencia C-084 de 2020.
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Accionante: Maryoli González Quesada
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila
De lo anterior se infiere que la reglamentación cuestionada establece una base salarial
acorde con la categoría de cada docente, con el propósito de que los incrementos
futuros decretados por el Gobierno Nacional no generen brechas significativas entre
las remuneraciones, manteniendo siempre que quienes ostenten mayor grado y nivel
perciban mejores salarios, tan es así que el Decreto 284 de 2024 estableció para la
categoría 3BM a la que pertenece el docente un salario correspondiente a $6.458.479,
y para la categoría 3DM un valor de $9.255.205. Con lo que se demuestra que se busca
garantizar equidad y coherencia en la escala salarial sin desconocer las diferencias
jerárquicas propias del sistema.
En consecuencia, del análisis normativo se concluye que existe una interpretación
constitucional válida que descarta la afirmación de la parte actora sobre una
contradicción con normas superiores. No se configura el antagonismo ostensible
requerido para aplicar la figura de inaplicación normativa, pues contrario a ello se
identifican argumentos jurídicos sólidos que la impiden. Por lo tanto, no es posible
derivar la prosperidad de este cargo de apelación.
37. De lo expuesto se colige que, contrario a lo indicado por la tutelante, la autoridad
demandada sí aplicó en debida forma el Decreto 1278 de 2022, distinto es que
concluyera que, precisamente, uno de sus principales objetivos era establecer un
escalafón docente cuya clasificación atendiera diversos criterios como el nivel de
responsabilidad, desempeño, competencias, formación académica y experiencia,
para así determinar un salario diferencial de los educadores, sin que ello implicara
un trato discriminatorio o desigual.
38. Ahora bien, para la Sala, no corresponde a la realidad el argumento de la
tutelante con el que explicó el supuesto defecto fáctico en el que, a su juicio, incurrió
la providencia reprochada, relacionado con que no se allegó prueba alguna que
demostrara la existencia de motivos válidos que justificaran la distinción salarial
alegada, pues, como se indicó en precedencia, la autoridad accionada advirtió que,
«[…] los sujetos comparados no están en condiciones equivalentes, ya que los grados B y D del
escalafón docente exigen distinta cualificación, evaluación y experiencia. Además, porque tienen
remuneraciones base diferentes desde su reglamentación. Por ello, no son situaciones comparables
y resulta válido que existan tratos diversos».
39. Asimismo, es claro que el Tribunal Administrativo del Huila ya había resuelto con
suficiente motivación la inconformidad planteada por la tutelante en el recurso de
apelación interpuesto contra el fallo de 29 de septiembre del 2025, en el que el
Juzgado Quinto (5°) Administrativo de Neiva negó las pretensiones formuladas en
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida contra la Nación
• Ministerio de Educación Nacional - Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG) y el municipio de Neiva (expediente 41001-33-33-005-2024-00216-02),
la cual reiteró en esta acción de tutela (para lo cual invocó las causales de defecto
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sustantivo, defecto fáctico y desconocimiento del precedente), lo que denota que
su intención, más allá de manifestar la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales, es utilizar este mecanismo constitucional como una instancia
adicional con el fin de obtener un pronunciamiento favorable a sus intereses.
41. En consecuencia, no se configuró ni el defecto sustantivo ni el fáctico alegados
por la accionante, puesto que, la determinación objeto de reproche estuvo
debidamente fundamentada, tanto normativamente como de conformidad con las
pruebas aportadas al proceso ordinario.
40. Por último, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que el razonamiento que
efectúa el juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía
e independencia, ámbito que debe ser respetado por el juez de tutela cuando no
observa vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria su
intervención.
IV. DECISIÓN
41. Por las razones expuestas, la Sala considera que en el presente asunto la actora
no acreditó que la providencia de 20 de enero de 2026, proferida por el Tribunal
Administrativo del Huila, hubiere incurrido en defectos sustantivo y fáctico. Por tal
motivo, se negará la solicitud de amparo.
42. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. NEGAR la solicitud de desvinculación de la Nación - Ministerio de
Educación Nacional, conforme a la motivación.
SEGUNDO. NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad, acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva invocados
por la señora Maryoli González Quesada, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
TERCERO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en
la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
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CUARTO. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991,
ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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