Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01011-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-01011-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01011-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-01011-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
13 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., trece (13) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01011-00
Demandante: Jaime Plata Ramos
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA SENTENCIA DE LA MISMA NATURALEZA
/ Improcedencia / No se acreditó la existencia de una situación de fraude.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad que invalide lo actuado,
procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del proceso de amparo
constitucional de la referencia.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1. El 26 de enero de 2026, el señor Jaime Plata Ramos presentó acción de tutela en
busca de que se dejara sin efectos o “corrigiera” la sentencia del 18 de noviembre
de 2025 proferida por la Sección Segunda - Subsección B del Consejo de Estado,
en el marco del proceso de tutela2 que promovió contra la Presidencia de la
República.
2. La referida solicitud de amparo tuvo por objeto ordenar al presidente Gustavo Petro
dar respuesta personal, de forma concreta, clara y de fondo a la petición presentada
el 18 de marzo de 2025 y expusiera las razones por las que no accede a revisar el
impuesto al valor agregado (IVA), teniendo en cuenta que dicho tributo genera
desigualdad, pobreza y devaluación salarial.
3. A través de la providencia del 18 de noviembre de 2025, la Sección Segunda –
Subsección B de esta Corporación confirmó la decisión de primera instancia, que
negó al amparo deprecado. Encontró probado que la Presidencia de la República dio
respuesta al actor, informándole que no era la competente para resolver de fondo su
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Con radicado número 11001-03-15-000-2025-04827-00/01.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01011-00
Demandante: Jaime Plata Ramos
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
petición, por lo que hizo el respectivo traslado a la DIAN, entidad que ya resolvió su
solicitud. Descartó que la respuesta emitida por el asesor Carlos Remolina del Grupo
de Atención Ciudadana de la Presidencia configurara una violación a sus derechos
fundamentales, pues acorde a lo dispuesto en el Decreto 2647 de 2022, al DAPRE
le corresponde asistir al Presidente en su función de atender las peticiones que los
ciudadanos le presenten.
4. Como sustento de sus pretensiones, la parte actora alegó que al resolver la referida
tutela la autoridad accionada vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso
y de acceso a la administración de justicia porque avaló la respuesta que uno de los
servidores del DAPRE dio a su petición, en desconocimiento de que dicha entidad
no era la llamada a contestarle, pues lo pretendido era que el Presidente Gustavo
Petro, de forma personal, expusiera los motivos por los cuales no accede a revisar
el mencionado impuesto.
5. Indicó que por esa misma razón fue desacertado haber remitido su solicitud a la
DIAN, como presunta entidad competente. A su juicio ese fue un error que el juez de
tutela pasó por alto, sin tener en cuenta que, además, el Presidente de la República
en su cuenta de “X” se pronuncia diariamente sobre diversos temas de índole social,
económico y político, y no existe razón válida para no ordenarle dar respuesta
personal a su petición, más aun cuando ello permite discutir posibilidades de acabar
el déficit fiscal y la bancarrota del tesoro público, pues aduce tener pruebas
irrefutables sobre la validez de su tesis.
6.De otro lado, precisó que su reproche no estriba en la respuesta desfavorable a su
petición, sino en que el Consejo de Estado al fallar la tutela haya considerado que el
DAPRE emitió contestación oportuna3, clara y de fondo, pues se limitó a mencionar
que responder al demandante implicaba desconocer las funciones asignadas en el
Decreto 2647 de 2022 para la entidad, pero nada se expuso sobre el primer
mandatario individualmente considerado. Destacó que no existe norma que permita
aL servidor que lo hizo, emitir respuestas evasivas a peticiones de los ciudadanos.
7. Finalmente, alegó que tampoco se tuvo en cuenta que el actuar del DAPRE infringió
los artículos 4 y 7 del referido Decreto 2647 de 2022, en los que se menciona que
sus funcionarios tienen el deber de apoyar al Presidente en su obligación de
garantizar los derechos y libertades de los colombianos, acorde a las funciones que
legal y constitucionalmente le fueron impuestas.
B. Trámite procesal
8. Mediante auto del 16 de febrero de 2026, se dispuso: (i) admitir la acción de tutela;
(ii) notificar de su presentación a la autoridad judicial accionada; (iii) vincular en
calidad de terceros con interés, al Presidente de la República, al Departamento
3 Mencionó que hubo demora de meses en darse respuesta a su petición y en resolverse la solicitud de amparo.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01011-00
Demandante: Jaime Plata Ramos
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
Administrativo de la Presidencia de la República -DAPRE-, a la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, y al señor Carlos Arturo Remolina Gómez;
(iv) comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; y,
(v) requerir a la Secretaría General de esta Corporación para que remitiera copia
digital del expediente con radicado número 11001-03-15-000-2025-04827-00/01.
(i) Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado4
9. Adujo que la solicitud de amparo no cumple con los requisitos que habilitan la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra una sentencia proferida en un
proceso de la misma naturaleza, ya que no se probó una situación de fraude y su
objeto es reabrir un debate que ya fue zanjado por el juez de conocimiento.
(ii) DIAN5
10. Pidió negar la solicitud de amparo al considerar que la argumentación del actor es
poco clara y se dirige a cuestionar lo decidido en el fallo de tutela objeto de debate,
como si se tratara de una instancia o recurso adicional. No se cumplieron los
requisitos de procedibilidad que permita el uso del mecanismo de amparo contra una
decisión de su misma naturaleza.
(iii) Presidencia de la República6
11. Solicitó
su desvinculación y declarar la improcedencia de la presente acción
constitucional o subsidiariamente, negar las pretensiones del señor Plata, en razón
a que el DAPRE carece de legitimación en la causa por pasiva. Las reclamaciones
que formuló el accionante no le son imputables ni por acción ni por omisión, ni hacen
parte de sus atribuciones legales. Además, el Presidente de la República no tiene
competencia funcional para acceder a lo pretendido por el accionante.
12. Informó que no es cierto que se hayan vulnerado los derechos del demandante
por no expedir respuesta personal por parte del presidente, pues de conformidad con
lo expuesto en el Decreto 2647 de 2022 eso lo puede hacer el referido departamento
administrativo. El Consejo de Estado en un caso análogo7 determinó que la
Presidencia de la República está plenamente facultada para realizar dicha
delegación.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
4 Intervención digital contenida en 2 folios.
5 Intervención digital contenida en 6 folios.
6 Intervención digital contenida en 13 folios.
7 Cita original: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Rad. 11001-03-15
000-2024-02507-00, MP. Omar Joaquín Barreto Suárez”.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01011-00
Demandante: Jaime Plata Ramos
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
C. Cuestión previa
13. Esta Subsección negará la solicitud de desvinculación propuesta por la
Presidencia de la República, toda vez que le asiste un interés legítimo para intervenir
en el presente asunto, en la medida que ostentó la calidad de parte demandada
dentro del proceso en el cual se profirió la providencia cuestionada.
D. Caso concreto
14. La Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo por no encontrar
acreditados los presupuestos que habilitan su procedencia, en tanto no cumple con
la carga argumentativa exigida para demostrar la existencia de una situación
fraudulenta.
15. La Corte Constitucional ha admitido la procedencia excepcionalísima de la acción
de tutela contra una sentencia proferida en un proceso de la misma naturaleza,
siempre que, además de cumplir los requisitos generales y específicos de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, la demanda no
comparta identidad procesal con la solicitud de amparo que se pretende cuestionar,
no exista otro mecanismo para remediar la situación alegada y se demuestre, a
través de una exigente carga argumentativa, que la providencia acusada fue
producto de un actuar fraudulento8.
16. Para acreditar esta última exigencia, es imperativo que la parte promotora de la
acción demuestre -con base en fundamentos claros, ciertos, serios y coherentes-,
por un lado, que el juez constitucional incurrió en un actuar doloso o extremadamente
negligente, que se opone a los principios básicos que orientan la labor de administrar
justicia; y, por otro, que el fallo acusado no puede ser admitido debido a que resulta
evidentemente incorrecto9.
17. En el presente asunto, el accionante se limitó a sustentar los yerros endilgados al
fallo acusado como si se tratara de una instancia adicional al proceso de tutela,
reiterando los argumentos esgrimidos en la solicitud de amparo inicial, obviando la
carga argumentativa adicional que se impone cuando la sentencia objetada fue
dictada en un proceso de tutela, la cual, como ya se indicó, debe estar orientada a
evidenciar que la misma se profirió con fines ilegales vinculados a una intención
dolosa o que se deriva de una interpretación que riñe abiertamente con los
postulados constitucionales o la buena fe judicial.
18. En síntesis, la parte actora alegó que la autoridad enjuiciada erró al considerar
que el DAPRE no vulneró sus derechos fundamentales invocados con la respuesta
8 Al respecto, ver sentencia SU-627 de 2015.
9 Corte Constitucional, sentencia T-322 de 2019.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01011-00
Demandante: Jaime Plata Ramos
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
dada a su petición del 18 de marzo de 2025, al considerar que resolvió su petición
de forma clara, oportuna y de fondo, en desconocimiento de que esta se orientaba a
que el presidente de la República de forma personal informara las razones por las
cuales no se accede a revisar el IVA, por lo que, no era procedente que tanto dicha
entidad como la DIAN diera respuesta a su nombre.
19. Sinembargo, en ninguno de sus argumentos hizo mención a la posible
configuración de un fraude en la providencia acusada.
20. Del contenido de la decisión enjuiciada tampoco se desprende que haya sido
producto de una situación fraudulenta, ni mucho menos el resultado de alguna
infracción al deber básico de conducta que atente abiertamente con la labor de
administrar justicia.
21. En el fallo de tutela de 18 de noviembre de 2025, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado expuso que la solicitud del accionante era
reiterativa, conforme a lo regulado en el artículo 19 del CPACA, porque versó sobre
un asunto planteado en diversas ocasiones ante la administración, en adición a que
la respuesta dada tanto por la DIAN como por el DAPRE, se profirieron acorde a sus
funciones y competencias, de forma oportuna, sin que se afectaran los derechos
fundamentales invocados.
22. El juez de tutela concluyó que no se vulneró el derecho fundamental de petición
del señor Plata por parte de la Presidencia de la República, toda vez que: (i) trasladó
la petición del actor a la autoridad que consideró tenía competencia para resolverla,
dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 del CPACA, la cual se entiende
notificada al actor porque el hizo mención a ello como un hecho cierto en su escrito
de tutela, (ii) acorde a lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 2647 de 2022 a la
Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano del DAPRE le corresponde asistir al
presidente de la Nación en atender las peticiones que se presenten en la entidad,
por ende, dicha entidad si tenía competencia para responder a nombre del primer
mandatario, (iii) el hecho de que la respuesta la hubiera emitido un asesor del grupo
de atención ciudadana, era compatible con la estructura orgánica del DAPRE, pues
las normas facultan que a través de sus funcionarios competentes, responda las
solicitudes presentadas por los ciudadanos, y (iv) al actor se le indicó expresamente
que lo solicitado excedía las competencias la Presidencia de la República, acorde a
lo establecido en el pluricitado Decreto 2647 de 2022.
23.Bajo ese escenario, lo que se evidencia, en realidad, es que el señor Jaime Plata
Ramos busca tergiversar las conclusiones de la autoridad accionada para adaptarlas
a sus propios intereses y, con fundamento en ello, justificar la supuesta existencia
de los yerros endilgados.
24. Así las cosas, resulta claro que los reparos que sustentaron la vulneración alegada
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01011-00
Demandante: Jaime Plata Ramos
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
únicamente obedecen a una simple inconformidad respecto al criterio adoptado por
el juez de tutela, pero no propiamente a una situación de fraude que amerite una
protección constitucional.
25. En consecuencia, la Sala declarará improcedente el amparo deprecado en la
demanda.
26. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación planteada por la Presidencia de la
República.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo constitucional solicitado, por
las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
TERCERO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE10
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
10 VF
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.