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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01023-00

Fecha
24 de marzo de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01023-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

24 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01023-00 (1598)
Accionante: Doris Amparo Sinisterra Arroyo
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de
reparación directa. Subtema 2: lesiones por descarga eléctrica. Subtema 3:
defectos fáctico, sustantivo, desconocimiento del precedente, decisión sin
motivación y violación directa de la Constitución.

Sentencia de primera instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por la señora Doris Amparo Sinisterra Arroyo
contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Catorce
Administrativo de Cali.

1. Síntesis del caso

La señora Doris Amparo Sinisterra Arroyo, a través de apoderado judicial, presentó
escrito de tutela con la pretensión de amparo de los derechos fundamentales a la
dignidad humana, a la integridad personal, a la vida, al debido proceso y a la tutela
judicial efectiva, que consideró vulnerados con ocasión de las sentencias del 17 de
julio de 2025 y del 4 de febrero de 2026, proferidas por el Juzgado Catorce
Administrativo de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
respectivamente, dentro del expediente identificado con el radicado núm. 76001-33-
33-014-2015-00438-01.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01023-00 (1598)
Accionante: Doris Amparo Sinisterra Arroyo
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

2. La señora Doris Amparo Sinisterra Arroyo es madre de Andrés Steven Sinisterra
Arroyo2, quien, el 23 de marzo de 2015, aceptó la oferta de un maestro de
construcción consistente en recibir una suma de dinero a cambio de descender
algunos escombros desde el tercer piso de una edificación ubicada en la calle 72 C
núm. 3 N – 46, barrio Floralia de Cali.

3. En desarrollo de dicha actividad, Andrés Steven Sinisterra Arroyo manipuló
unas varillas metálicas y con su mano derecha hizo contacto con el cableado de
propiedad de las Empresas Públicas Municipales de Cali (EMCALI), que
atravesaban el inmueble, lo que le ocasionó una descarga eléctrica «de media
tensión (13,2 kv)», lo cual derivó en quemaduras de tercer grado en el 26 % de su
cuerpo, con secuelas físicas permanentes, consistentes en deformidad visible,
lesiones músculo–esqueléticas, incluidas fracturas vertebrales, con pérdida
funcional parcial y, posteriores afecciones psicoemocionales».

4. La señora Doris Amparo Sinisterra Arroyo, en nombre propio y en
representación de Andrés Steven Sinisterra Arroyo, junto con los demás integrantes
de su núcleo familiar3, promovieron demanda en ejercicio del medo de control de
reparación directa contra el distrito de Cali y de EMCALI, con el fin de que se
declarara su responsabilidad administrativa y, en consecuencia, se ordenara el pago
de los perjuicios materiales e inmateriales ocasionados por las lesiones que sufrió
Andrés Steven, el 23 de marzo de 2015.

5. El Juzgado Catorce Administrativo de Cali, mediante sentencia del 17 de julio
de 2025, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que el daño sufrido
por Andrés Steven Sinisterra Arroyo no era imputable a EMCALI, bajo el régimen
de riesgo excepcional aplicable a la conducción de energía eléctrica. Resaltó que la
conducta del menor fue imprevisible, irresistible y ajena al control de la entidad, y
enfatizó que la electrocución se produjo por la manipulación de la varilla metálica y
no por una falla del servicio público o por un defecto de la red eléctrica.

6. Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso de
apelación. A su turno, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a través de
providencia del 4 de febrero de 2026, confirmó en todas sus partes el fallo de
primera instancia.

1
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-01023-00, índice 2, certificado 7598A2D134253389 16CFBC1AC7B13732
E9CAFE63CCEF4C65 E81EF01B8ACF15A6.
2
Quien para el momento de los hechos tenía 16 años.
3
Natalia Sinisterra Arroyo, Kelly Johana Sinisterra Arroyo y Jan Carlo Meller Sinisterra.
2

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01023-00 (1598)
Accionante: Doris Amparo Sinisterra Arroyo
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

7. La parte actora solicitó, en el escrito de tutela, lo siguiente:

1. Amparar los derechos fundamentales […], a la dignidad humana, a la integridad
personal, a la vida en cuanto fue expuesto a un riesgo objetivamente letal, al debido
proceso y a una decisión judicial debidamente motivada, y a la tutela judicial real y
efectiva, los cuales han sido vulnerados con ocasión de las providencias judiciales aquí
cuestionadas.

2. Dejar sin efectos la parte resolutiva de la sentencia proferida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, de fecha 4 de febrero de 2026, mediante
la cual se confirmó la sentencia del JUZGADO 14 ADMINISTRATIVO ORAL DE CALI
(Sentencia No. 139 del 17 de julio de 2025), dentro del proceso de reparación directa
promovido contra EMCALI, en el que se negaron las pretensiones y se declaró la
exoneración de responsabilidad.

3. Ordenar a la autoridad judicial accionada que profiera una nueva providencia
ajustada a los estándares constitucionales y legales aplicables al caso, en particular:
(i) el régimen de responsabilidad objetiva por riesgo excepcional (art. 90 C.P.); (ii) el
estándar estricto de causa extraña (imprevisibilidad, irresistibilidad y exclusividad)
cuando se alega culpa exclusiva; (iii) la valoración integral del daño antijurídico,
incluyendo sus componentes físico, psíquico y de proyecto de vida; y (iv) la ponderación
reforzada que corresponda, atendiendo a las condiciones de vulnerabilidad acreditadas
en el expediente.

4. Ordenar que, al proferir la nueva providencia, se realice una valoración probatoria
conforme a los parámetros del debido proceso, precisando el alcance temporal y la
fuerza demostrativa de los insumos técnicos utilizados, especialmente cuando
correspondan a mediciones o apreciaciones posteriores a los hechos, y se explicite de
manera suficiente el fundamento constitucional y jurisprudencial de cualquier
conclusión exoneratoria.

5. Disponer las demás órdenes necesarias para el restablecimiento efectivo de los
derechos fundamentales amparados, en los términos que el despacho considere
pertinentes para garantizar una tutela judicial real y efectiva 4.

8. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante consideró que las
sentencias del 17 de julio de 2025 y del 4 de febrero de 2026 incurrieron en defecto
fáctico porque, en su criterio, se exoneró a las autoridades demandadas bajo «la
premisa de que la red «cumplía» una distancia reglamentaria en mediciones o
apreciaciones técnicas posteriores al hecho, utilizándolas como si revelaran la
realidad en el momento en que ocurrió el accidente. Ello alteró la lectura del nexo
causal y del deber de prevención, e introdujo un uso irrazonable de la prueba para
concluir «culpa exclusiva», sin depurar rigurosamente el estándar probatorio
exigible en régimen objetivo» [sic].

9. Asimismo, consideró que las accionadas omitieron realizar una valoración
integral del daño antijurídico al minimizar el componente psicosocial y el proyecto

4
Se transcribe incluso con errores de texto.
3

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01023-00 (1598)
Accionante: Doris Amparo Sinisterra Arroyo
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de vida de la víctima, pese a que existían elementos de prueba que demostraban
afectaciones psicosociales graves, tales como el deterioro progresivo, la situación
de vulnerabilidad y el consumo de sustancias psicoactivas.

10. Además, estimó que las decisiones objeto de tutela incurrieron en defecto
sustantivo, porque realizaron una indebida interpretación del artículo 90 de la
Constitución, respecto a la responsabilidad objetiva por actividad peligrosa y las
circunstancias en que puede operar la exoneración para la parte demandada.

11. A juicio de la accionante, los fallos cuestionados consideraron que la distancia
de los cables de tensión implicaba una ausencia de responsabilidad, pero no
tuvieron en cuenta que, en casos de la responsabilidad objetiva, por actividad
peligrosa, el cumplimiento de los reglamentos no es un eximente automático, pues
para ello, se exige la acreditación estricta de una causa extraña, imprevisible,
irresistible y exclusiva.

12. Así pues, sostuvo que bajo el concepto de «posición de garante» no era
procedente desestimar la imputación del daño a la parte demandada y, en su lugar,
trasladarles a los demandantes el deber de neutralizar un riesgo proveniente de una
red de 13,2 kv de control estatal. Añadió que, aun cuando podían existir
irregularidades atribuibles a terceros, como la construcción y la ampliación del
inmueble sin licencia, ello no implicaba la absolución de responsabilidad del
operador de la red eléctrica.

13. Arguyó que las providencias acusadas carecen de motivación, debido a que no
desarrollaron una carga argumentativa suficiente bajo un examen constitucional
sobre: (i) el estándar estricto de la causa extraña en el riesgo excepcional; (ii) el
mantenimiento, supervisión, señalización, medidas correctivas de actividades
peligrosas; (iii) la alternativa de culpa concurrente, y (iv) la ponderación reforzada
exigida por el artículo 44 de la Constitución Política, en tanto no explicaron el motivo
por el cual un menor debía soportar el riesgo derivado de una actividad peligrosa
bajo control estatal.

14. Alegó que las sentencias objeto de tutela desconocieron el precedente
jurisprudencial del Consejo de Estado5, porque no tuvieron en cuenta que la
corporación de manera pacífica ha expuesto que, tratándose de actividades
peligrosas como la conducción de energía, la exoneración por culpa exclusiva de la
víctima exige prueba rigurosa y no puede derivarse de una lectura formalista que
desnaturalice el deber institucional de prevención.

15. Finalmente, señaló que se configuró una violación directa de la Constitución
Política, porque las decisiones cuestionadas desconocieron los artículos 1, 2, 11,
12, 13, 29, 44, 90 y 229 de la Carta Política, al sacrificar el derecho a la reparación
y a la justicia material mediante una lectura formalista del riesgo.

5
La parte actora citó las siguientes sentencias: (i) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 26 de
enero de 2011, proceso radicado núm. 76001-23-31-000-1994-02680-01, y (ii) Consejo de Estado, Sección Tercera.
Sentencia del 19 de agosto de 2009, proceso radicado núm. 25000-23-26-000-1994-09783-01 (17957).
4

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01023-00 (1598)
Accionante: Doris Amparo Sinisterra Arroyo
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

2.3. Trámite procesal

16. El despacho ponente, mediante auto del 17 de febrero de 20266, admitió la
solicitud de amparo, ordenó la notificación al Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca y al Juzgado Catorce Administrativo de Cali, en su calidad de autoridades
accionadas, y puso en conocimiento a los sujetos que participaron en el proceso
ordinario, en su condición de terceros interesados.

2.4. Intervenciones

17. La Previsora Compañía de Seguros S.A.7 manifestó que carece de legitimación
en la causa por pasiva, en razón a que la obligación de dar respuesta a los solicitado
no recaía en esa entidad, por lo que pidió su desvinculación del presente trámite
constitucional.

18. Adicionalmente, solicitó que se negaran las pretensiones, dado que no vulneró
los derechos fundamentales invocados por la parte tutelante.

19. El Juzgado Catorce Administrativo de Cali8 requirió que se declarara
improcedente la solicitud de amparo, porque no se configuran los presupuestos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial. Además, consideró
que la decisión adoptada por el despacho judicial no vulneró ningún derecho
fundamental.

20. La Empresa Municipales de Cali, EMCALI EICE ESP9 sostuvo que carece de
legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no profirió las decisiones
cuestionadas. En consecuencia, solicitó la desvinculación del presente trámite de
tutela.

21. La empresa Allianz Seguros S.A.10 pidió que se nieguen o, en su defecto, se
declare improcedente la tutela, al considerar que no cumplía los requisitos generales
ni específicos de procedibilidad frente a las providencias judiciales.

22. En concreto, sostuvo que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en la
sentencia cuestionada, valoró integralmente las pruebas a partir de las cuales
concluyó que el accidente se debió a la conducta imprudente del menor, quien se
encontraba en una edificación construida irregularmente, en tanto invadió las
distancias establecidas para el tránsito de cables de alta tensión, por lo que se
configuró una hecho ajeno que desvirtuaba el nexo causal, incluso en el régimen
objetivo por riesgo excepcional de responsabilidad.

6
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-01023-00, índice 5, certificado núm. DCDD1DE4F143A036 6B67F8D6D43D3F7F
DB9B37DB1E53FE95 6703E25E22103501.
7
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-01023-00, índice 12, certificado núm. AE8A4A28392354ED C5EC975957054280
B121CB053179B694 13D886A6EA4C7C06.
8
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-01023-00, índice 13, certificado núm. C4EAEF8BAE03978C 2CB9B2CF4D576125
EF1394627B586D9F 9993EE0C275005BA.
9
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-01023-00, índice 14, certificado núm. 502DAD9D9E34D10B 9B2DB36185A578DE
E120E93681C59B3F BAF3DF17C49FB99E.
10
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-01023-00, índice 21, certificado núm. 44F62887B9AFCA61 9D825390CDFC32A1
454CA74F6AA39DB8 A0251A5A44419A04.
5

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01023-00 (1598)
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23.El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca11 remitió, a esta corporación, el
expediente del medio de control de reparación directa, sin pronunciarse sobre los
hechos y pretensiones del escrito de tutela.

24. Los demás vinculados guardaron silencio.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

25. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por Doris Amparo Sinisterra Arroyo contra
el Juzgado Catorce Administrativo de Cali y del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca.

3.2. Legitimación en la causa

26. La legitimación en la causa por activa de la señora Doris Amparo Sinisterra
Arroyo está acreditada, porque fue la demandante en el proceso de reparación
directa en el que fue expedida la sentencia que, a su juicio, desconoció sus derechos
fundamentales.

27. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Juzgado
Catorce Administrativo de Cali y del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
debido a que fueron las autoridades que profirieron las providencias objeto de
estudio.

28. Por otro lado, se advierte que EMCALI EICE ESP y la Previsora Compañía de
Seguros S.A solicitaron su desvinculación, al considerar que no están llamadas a
responder por la vulneración de los derechos fundamentales de la parte accionante.

29. Al respecto, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en calidad
de terceros, en aras de garantizar sus derechos de defensa y contradicción, toda
vez que dichas entidades actuaron como parte demandada dentro del proceso
ordinario en el que fueron expedidas las providencias objeto de reparos y, en
consecuencia, la decisión que resuelva la tutela podría afectar sus intereses. Por
los motivos expuestos, se negará su solicitud.

3.3. Cuestión preliminar

3.3.1. Impedimento del magistrado Jorge Edison Portocarrero Banguera

30.El magistrado Jorge Edison Portocarrero Banguera de la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado manifestó su impedimento para conocer

11
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-01023-00, índice 21, certificado núm. 655FF54D4131C7B9 CBDBCE326FF45306
403EC42BDF34AD97 CB15A15CEEEE5014.
6

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de la presente acción de tutela, con fundamento en el numeral 5 del artículo 56 del
Código de Procedimiento Penal, que dispone lo siguiente:

5. Que exista amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes,
denunciante, víctima o perjudicado y el funcionario judicial […].

31. Una vez revisada la decisión objeto de tutela, la Sala Dual encuentra que, en
efecto, fue suscrita por el magistrado Óscar Alonso Valero Nisimblat como
integrante del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. En consecuencia, se
configura la causal de impedimento contenida en el numeral 5 del artículo 56 del
C.P.P., debido a que dicho magistrado es el padrino de uno de los hijos del
magistrado Portocarrero Banguera.

32.Por las anteriores razones, se declarará fundado el impedimento manifestado
por el magistrado Jorge Edison Portocarrero Banguera y lo separará del
conocimiento del trámite constitucional.

3.3.2. La providencia objeto de estudio

33. La Sala considera pertinente aclarar que, si bien el escrito de tutela se dirige a
cuestionar las providencias proferidas por el Juzgado Catorce Administrativo de Cali
y por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del medio de control de
reparación directa, lo cierto es que los argumentos que sustentan las pretensiones
de la parte actora guardan unidad de materia y se dirigen en similares términos
frente a las dos decisiones cuestionadas.

34. En consecuencia, el estudio del presente asunto se centrará en la providencia
de segunda instancia expedida el 4 de febrero de 2026 por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, toda vez que esta decisión fue la que puso fin a la actuación
judicial promovida Doris Amparo Sinisterra Arroyo y otros en contra de EMCALI
EICE ESP.

3.3.3. Determinación del defecto objeto de análisis

35. Por otra parte, se observa que, la accionante, en el escrito de amparo, pretende
atribuirle a la providencia cuestionada los siguientes defectos: i) fáctico, ii)
sustantivo, iii) desconocimiento del precedente, iv) decisión sin motivación y v)
violación directa de la Constitución.

36. Sin embargo, al revisar los argumentos descritos en la solicitud de tutela, se
advierte que, la accionante no expuso ni identificó de forma clara y precisa cuáles
fueron las pruebas que la autoridad judicial accionada omitió valorar o analizó de
manera defectuosa y, que pudieron derivar en una vulneración de sus derechos
fundamentales, por lo que no es posible examinar la tutela bajo el cargo del defecto
fáctico.

37. Asimismo, es pertinente mencionar que las razones expuestas por la
accionante, en el escrito de tutela, con relación a los defectos sustantivo,

7

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01023-00 (1598)
Accionante: Doris Amparo Sinisterra Arroyo
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

desconocimiento del precedente, decisión sin motivación y violación directa de la
Constitución se fundamentan en una sola línea argumentativa, pues se concentran
en cuestionar el análisis que hizo la autoridad judicial accionada sobre la aplicación
de los criterios jurisprudenciales del Consejo de Estado con relación a la
responsabilidad objetiva en casos de actividades peligrosas, como la conducción de
energía, con base en los siguientes aspectos: i) la imputabilidad del daño alegado
por la parte demandante a las entidades demandadas y ii) la exoneración de
responsabilidad por hecho de un tercero o la culpa exclusiva de la víctima.

38. En atención a lo anterior, la Sala analizará el asunto de manera conjunta bajo
una posible configuración de los defectos sustantivo y desconocimiento del
precedente y decisión sin motivación.

3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

39. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado12 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional13.

40.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

41. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales14 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
13
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
14
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
8

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42. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i)
orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error
inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución15.

3.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

43. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional16 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.

44. Así pues, la Corte Constitucional17 ha fijado unos criterios que deben ser
acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional
en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:

i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal
y/o económico» lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad
para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar
el alcance de un derecho fundamental»;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga
únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute
la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la
controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta
incidencia para los particulares más no para el interés general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima
que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial
incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.

45. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió
una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que la
decisión cuestionada fue proferida con desconocimiento del ordenamiento jurídico
que, a su juicio, impidió que se expidiera una providencia ajustada a derecho.

46. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de control de reparación directa en el que se profirió la decisión
objeto de tutela.

47. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la
sentencia objeto de reparos, proferida el 4 de febrero de 2026 por el Tribunal

15
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
16
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
17
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
9

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01023-00 (1598)
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Administrativo del Valle del Cauca, fue notificada el 6 de febrero siguiente18, y la
demanda de tutela se presentó el 11 de febrero de 202619, esto es, dentro del plazo
de seis meses previsto por la jurisprudencia constitucional20 y del Consejo de
Estado21 como razonable.

48. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
resultaba posible que hubiese expuesto la vulneración reclamada en sede del
proceso objeto de estudio, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido
en contra de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.

49. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de reparación directa.

50. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con los defectos sustantivo,
desconocimiento del precedente y decisión sin motivación y, en ese orden,
continuará con el análisis de fondo en los términos que planteó la parte actora.

3.5. Problema jurídico

51. Corresponde a la Sala determinar si ¿el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca vulneró los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la integridad
personal, a la vida, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva se la señora Doris
Amparo Sinisterra Arroyo, al proferir la sentencia del 4 de febrero 2026, mediante la
cual confirmó la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la
demanda de reparación directa, relacionadas con el resarcimiento de los perjuicios
reclamados por las lesiones que sufrió su hijo Andrés Steven Sinisterra Arroyo, con
ocasión de la descarga eléctrica que recibió, el 23 de marzo de 2015?.

52. Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades de los defectos invocados; y
ii) el caso concreto.

3.5.1. El defecto sustantivo

53. La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en
una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia,
porque su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada
inexequible, fue derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación
de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado22.

18
Samai, exp, 76001-33-33-014-2015-00438-01, índice 19.
19
Samai, exp, 11001-03-15-000-2026-01023-00, índice 1..
20
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
21
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente núm.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
22
Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017.
10

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54. De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta que
la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
interpretación de una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son
autónomos para escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal,
la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo
dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política.

55. La Corte Constitucional, se pronunció sobre la limitación del principio de la
autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes
términos:

[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales
en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de
las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e
independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores,
principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de
los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para
determinar su forma de aplicación y para establecer la manera de interpretar e integrar
el ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable apartarse de las disposiciones
de la Constitución o la ley, ya que la justicia se administra con sujeción a los
contenidos, postulados y principios constitucionales que son de forzosa aplicación
[…]23.

56. En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía de
los jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso
sometido a su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse
dentro del parámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes
establecidos en la Constitución, que pueden afectarse con la indebida interpretación
de una norma, con su inaplicación y con la aplicación de un precepto inexistente.

57. Así pues, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al
carácter normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), la obligación de dar
eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º superior), la primacía de los
derechos humanos (artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad
contenido en el derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y la
garantía al acceso a la administración de justicia (artículo 228 Superior).24

3.5.2. El desconocimiento del precedente judicial

58. El artículo 230 de la Constitución Política establece que los jueces de la
República tienen un deber de respeto por los precedentes jurisprudenciales
vinculantes y relevantes, pues se constituyen en un mecanismo que garantiza la
efectividad de los principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza
legítima, y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas25.

23
Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006, criterio reiterado en la sentencia T-450 de 2018.
24
Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
25 Corte Constitucional, sentencia T-220 de 2023:
«La Constitución prevé que la jurisprudencia es criterio auxiliar de la actividad judicial (art 230). No obstante, el ordenamiento
constitucional también garantiza el derecho a la igualdad (art 13) y se compromete a “asegurar” la vigencia de un orden justo,
lo cual implica el deber de ofrecer seguridad jurídica (arts 1 y 2). Con fundamento en estos principios, una autoridad judicial
tiene entonces “el deber de tratar explícitamente casos iguales de la misma manera, y los casos diferentes de manera distinta”.
11

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59. Al respecto, la Corte Constitucional26 ha considerado que el precedente se
define como aquella la sentencia o conjunto de estas, que son emitidas con
anterioridad a un caso determinado que, por su semejanza en los hechos analizados
y en los problemas jurídicos resueltos, debe ser necesariamente considerado por
las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo posterior. Frente a la
obligatoriedad del precedente, la Corte ha dicho:

90. En este orden, debe resaltarse que el precedente no sólo es orientador sino
obligatorio, como se explica a continuación. La primera razón de la obligatoriedad del
precedente se relaciona con el artículo 230 superior. De acuerdo con este precepto de
la Constitución Política, los jueces en sus providencias sólo están sometidos al imperio
de la ley, en ese orden, tienen una autonomía interpretativa e independencia para fallar,
pero deben hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley. Particularmente,
el concepto de “ley” ha sido interpretado por la jurisprudencia de la Corte desde un
sentido amplio, es decir, la ley no es sólo aquella emitida por el legislador, sino además
comprende todas las fuentes del derecho incluidas las sentencias que interpretan la
Constitución como norma de normas, el bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia
de los órganos de cierre de cada jurisdicción.

91. La segunda razón se desprende de los derechos a la igualdad, el debido proceso
y el principio de buena fe. El precedente es una figura que tiene como objetivo principal
garantizar la confianza en las decisiones de los jueces a la luz de los principios de
seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima que rigen el ordenamiento
constitucional. En otras palabras, la independencia interpretativa es un principio
relevante, pero se encuentra vinculado con el respeto a la igualdad en la aplicación de
la ley y por otras prescripciones constitucionales27.

60. Según la autoridad que emitió el pronunciamiento, el precedente se puede
clasificar en dos clases: i) horizontal, que hace referencia a decisiones emitidas por
autoridades judiciales del mismo nivel jerárquico o, incluso, por un mismo
funcionario; y ii) vertical, concerniente a las decisiones adoptadas por el superior
jerárquico o la autoridad encargada de unificar la jurisprudencia28.

61. En ese orden, el precedente judicial impide en el marco jurídico colombiano que
los jueces, sean individuales o colegiados, adopten fallos sin «sin determinar si él
mismo o el tribunal del cual hace parte ha establecido una regla de decisión en
relación con casos similares o si existen reglas interpretativas fijadas por
autoridades judiciales funcionalmente superiores, encargadas de la unificación de
la jurisprudencia»29.

62. Por ello, la Corte Constitucional permite, siempre y cuando se justifique de
manera razonada la decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud del
principio de autonomía, que las autoridades judiciales se aparten de un precedente,
pues la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta. Así, en

El juez cuenta, desde luego, con autonomía para valorar si un asunto es igual en lo relevante a otro resuelto anteriormente y,
en caso de que lo sea, de apartarse de la ratio decidendi del fallo anterior, pero debe hacerlo con razones suficientes o de lo
contrario desconoce el precedente horizontal».
26 Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015, criterio reiterado en sentencia SU-060 de 2021.
27 Se transcribe incluso con errores.
28 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017.
29 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
12

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caso de que el cambio de postura no se justifique expresamente, se produce una
violación a los derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración
de justicia y al debido proceso, que puede ser reclamada a través de la acción de
tutela30.

63. Cabe precisar que la Corte Constitucional explicó que, aún en casos en que las
decisiones judiciales sean emitidas por salas de decisión diferentes al interior de un
tribunal administrativo, se debe garantizar el derecho a la igualdad en el marco de
la función judicial, pues se trata de una sola corporación31.

64. Finalmente, resulta oportuno precisar que la competencia del juez de tutela ante
la configuración de un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial, le permite «analizar si, en la providencia que se acusa como transgresora
de este derecho [igualdad], se exponen las razones que justifican el cambio de
criterio» de manera suficiente y razonable, de manera que se salvaguarde las
exigencias de la autonomía judicial.

3.5.3. Decisión sin motivación

65. El deber que les corresponde a las autoridades judiciales de fundamentar sus
decisiones en el marco jurídico aplicable y en los supuestos fácticos objeto de
estudio dio lugar a que la ausencia de un análisis razonable del asunto se
considerara una causal autónoma para la procedencia de la tutela en contra de
providencia juridiciales.

66. La Corte Constitucional, precisó que la decisión sin motivación se configura por
«el incumplimiento de los servidores judiciales del deber de dar cuenta de los
fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones, pues precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. Este tipo de falencia se
distingue del defecto fáctico, en cu[a]nto no se estructura a partir de la
disconformidad entre la motivación de la sentencia y su parte resolutiva, sino en la
ausencia de razonamientos que sustenten lo decidido»32

67. En atención a lo anterior, la jurisprudencia constitucional33 precisó que la
ausencia de motivación no se estructura ante cualquier divergencia con el
razonamiento del juez, sino, únicamente, cuando su argumentación fue
decididamente defectuosa, abiertamente insuficiente o inexistente. Esto es, porque
el respeto del principio de autonomía judicial impide que el juez de tutela se
inmiscuya en meras controversias interpretativas. En efecto, la competencia en
materia de tutela «se activa únicamente en los casos específicos en que la falta de

30 Ibidem: «En efecto, tal como lo ha sostenido esta Corte, los jueces pueden apartarse válidamente del precedente horizontal
o vertical, siempre y cuando, al hacerlo, observen los deberes de transparencia y suficiencia. El primero exige que el juez
enuncie las reglas conforme a las cuales se han resuelto casos similares (es decir, que reconozca expresamente el
precedente), pues “solo puede admitirse una revisión de un precedente si se es consciente de su existencia”. El segundo
requiere exponer razones suficientes y válidas a la luz del ordenamiento jurídico y los supuestos fácticos del nuevo caso que
justifiquen el cambio jurisprudencial o una decisión diferente, lo cual implica demostrar que el precedente no es válido, correcto
o suficiente para resolver el asunto sometido a examen judicial. Cumplidos estos requisitos, se entienden garantizados tanto
el derecho a la igualdad de trato ante las autoridades como la autonomía e independencia de los operadores judiciales.»
31 Corte Constitucional, sentencia T-531 de 2023.
32
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, criterio reiterado en sentenciasT-310 de 2009 y T-502 de 2024.
33
Corte Constitucional, sentencia T-233 de 2007, criterio reiterado en la sentencia T-041 de 2018.
13

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argumentación decisoria convierte la providencia en un mero acto de voluntad del
juez, es decir, en una arbitrariedad».34

68. Lo expuesto significa que la falta de motivación como causal de procedencia de
la tutela en contra de decisiones judiciales propende por la salvaguarda del derecho
de los ciudadanos a obtener respuestas razonadas de la administración de justicia,
lo cual permite que se pueda ejercer adecuadamente el derecho de contradicción.

69. En este sentido, el cargo de ausencia de motivación de una decisión judicial le
exige al juez de tutela examinar el contenido de los argumentos de hecho y de
derecho en los que se sustenta la providencia cuestionada, pues no se puede
desconocer los fundamentos en los que se estructuran las decisiones de los jueces,
son elementos esenciales de la función judicial. De modo que su inexistencia o
deficiencia puede convertir la providencia en un mero acto sometido a la voluntad
del juez, lo cual supone una clara vulneración del debido proceso.

70. Por otra parte, la jurisprudencia constitucional ha determinado que no
corresponde al juez de tutela establecer a qué conclusión debió llegar la autoridad
judicial accionada, sino señalar que la providencia atacada presenta un grave déficit
de motivación que la deslegitima como tal35 .

3.6. Caso concreto

71. En el asunto bajo estudio, la señora Doris Amparo Sinisterrra Arroyo, junto con
su grupo familiar, presentaron demanda en ejercicio del medio de control de
reparación directa en contra del distrito de Cali y EMCALI EICE ESP, con la
pretensión de obtener el resarcimiento de los perjuicios causados por las lesiones
que afectaron a su hijo Andrés Steven Sinisterra Arroyo, el 23 de marzo de 2015.

72. En primera instancia, el Juzgado Catorce Administrativo de Cali, mediante
sentencia del 17 de julio de 2025, negó las pretensiones de la demanda.

73. Apelada la anterior decisión, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
emitió providencia el 4 de febrero de 2026 en la que confirmó la decisión de primera
instancia.

74. Ahora bien, la accionante argumentó en el escrito de tutela que el Tribunal
accionado, al proferir la sentencia del 4 de febrero de 2026, incurrió en defecto
sustantivo, porque efectuó una indebida interpretación del artículo 90 de la
Constitución, respecto a la responsabilidad objetiva por actividad peligrosa y las
circunstancias en que puede operar la exoneración para la parte demandada.

75. Así pues, sostuvo que bajo el concepto de «posición de garante» no era
procedente desestimar la imputación del daño a la parte demandada y, en su lugar,
trasladarle a la parte demandante el deber de neutralizar un riesgo proveniente de
una red eléctrica de control de la entidad pública.

34
Corte Constitucional, sentencia T-709 de 2010, criterio reiterado en la sentencia T-041 de 2018.
35
Corte Constitucional, sentencia T-247 de 2006, criterio reiterado en sentencia T-502 de 2024
14

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76. Asimismo, expuso que, aun cuando podían existir irregulares atribuibles a
terceros, como la construcción y ampliación del inmueble sin licencia, ello no
implicaba una exoneración de la responsabilidad del operador de energía.

77. De igual manera, expresó que la providencia objeto de tutela desconoció el
precedente jurisprudencial del Consejo de Estado36, porque no tuvo en cuenta que
la corporación, de manera pacífica, ha sostenido que, tratándose de actividades
peligrosas como la conducción de energía, el eximente de responsabilidad conocido
como culpa exclusiva de la víctima exige prueba rigurosa y no puede derivarse de
una lectura formalista que desnaturalice el deber institucional de prevención.

78. Adicionalmente, indicó que la sentencia cuestionada carece de motivación,
debido a que no desarrolló una carga argumentativa suficiente sobre: (i) el estándar
estricto de la causa extraña en el riesgo excepcional; (ii) el mantenimiento,
supervisión, señalización, medidas correctivas de actividades peligrosas; (iii) la
alternativa de culpa concurrente, y (iv) la ponderación reforzada exigida por el
artículo 44 de la Constitución Política, en tanto no explicó el motivo por el cual un
menor debía soportar el riesgo derivado de una actividad peligrosa a cargo del
Estado.

79. Pues bien, al examinar el contenido de la providencia objeto de tutela37, se
observa que el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca se pronunció sobre el
régimen de responsabilidad aplicable al Estado en aquellos eventos en los que se
causa un daño antijuridico por la conducción de redes eléctricas e indicó que según
la jurisprudencia del Consejo de Estado38, «el daño causado por la conducción de
redes eléctricas, por regla general, se debe aplicar el régimen de responsabilidad
objetivo por riesgo excepcional, y que hay lugar a su declaración, una vez se haya
demostrado que el daño antijurídico se ocasionó como consecuencia del ejercicio
de la actividad peligrosa consistente en la conducción de energía eléctrica».

80. Así pues, la autoridad judicial accionada, al examinar los pronunciamientos
emitidos por esta corporación sobre el tema, consideró lo siguiente:

52. Como se observa, el régimen de imputación del riesgo excepcional, traducido en la
actividad de generación, transporte y distribución de energía eléctrica, tiene como
asidero y fundamento el concepto de daño antijurídico (artículo 90 de la Constitución
Política), en la medida en que éste comporta una lesión a un bien jurídicamente tutelado
cuyo titular, quien ha sufrido las consecuencias de un riesgo anormal, no se encuentra
en la obligación de soportarlo, dado que ese detrimento se impone con transgresión
del principio de igualdad ante las cargas públicas39.

36
La parte actora citó las siguientes sentencias: (i) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 26 de
enero de 2011, proceso radicado núm. 76001-23-31-000-1994-02680-01, y (ii) Consejo de Estado, Sección Tercera.
Sentencia del 19 de agosto de 2009, proceso radicado núm. 25000-23-26-000-1994-09783-01 (17957).
37
Sentencia del 4 de febrero de 2026.
38
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 24 de marzo de 2011, radicación 66001-23-31-000-1998-00409-
01(19067).
39
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 9 de abril de 2014, radicación número: 05001-23-31-
000-1996-01183-01(27949). También se puede ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, consejero ponente:
Guillermo Sánchez Luque, sentencia del 28 de febrero de 2020, radicación número: 25000-23-26-000-2004-00524-01(34750).
15

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53. Se trata, en consecuencia, de un régimen objetivo de responsabilidad, en el cual
corresponde a la Administración Pública demandada, para exonerarse de
responsabilidad, la carga de acreditar la configuración de una causa extraña., esto es,
una fuerza mayor o el hecho determinante y exclusivo de la víctima o de un tercero.

81. Bajo este contexto jurisprudencial, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
examinó las pruebas aportadas al proceso ordinario y constató, a partir de los
reportes de la IPS adscrita a SaludCoop del 23 de marzo de 2015 y del 5 de abril
de 2015, que Andrés Steven Sinisterra Arroyo sufrió lesiones como consecuencia
de una descarga eléctrica, con unos cables de media tensión de propiedad de
EMCALI EICE ESP, ubicados en inmediaciones de la Calle 72 C # 3 N 46 del barrio
Floralia, como se acreditó con el informe técnico del 7 de septiembre de 2015.

82. En este sentido, el Tribunal precisó que el objeto del litigio, conforme lo expuesto
por la parte demandante en el recurso de apelación, se centraba en establecer si el
daño ocasionado al joven Sinisterra Arroyo era imputable o no a EMCALI EICE ESP.

83.Sobre el particular, la providencia cuestionada afirmó que no era posible concluir
que la entidad demandada incumplió con la obligación de acatar las normas técnicas
de mantenimiento y prevención del riesgo (RETIE), a pesar de que la línea eléctrica
sea de su propiedad y que la actividad desplegada por esta en ese sector sea
considerada peligrosa.

84. Al respecto, la decisión cuestionada explicó que, si bien la administración tiene
el deber de vigilancia, lo cierto es que esa obligación no es absoluta, pues si no
conoce o no se le ha informado previamente sobre la situación o las condiciones de
funcionamiento en las que se pueden encontrarse las instalaciones a su cargo, no
le es posible actuar de forma oportuna. En este sentido, la autoridad judicial expuso
lo siguiente:

61. Del material probatorio, no se observa que la comunidad del barrio Floralia del
municipio de Cali hubiera puesto de presente, antes del accidente, sobre el riesgo de
las redes y que se encontraban cerca de las construcciones. Según el informe técnico
del jefe del Departamento de Mantenimiento GUENE de Emcali, en las fechas
anteriores al accidente (23 de marzo de 2015), no se presentaron solicitudes de
reubicación de redes en la Calle 72 C # 3 N 46 y, en los archivos del Departamento de
Mantenimiento, no se encontraron registros de trabajos realizados por los grupos de la
red aérea en esa dirección y, por ende, no se realizó ninguna modificación de la
infraestructura eléctrica.

62. De esta manera, la demandada no pudo enterarse del peligro de la red de energía
eléctrica, pues, en palabras del Consejo de Estado, resulta una exigencia elevada para
el Estado que conozca de todos los lugares donde se realicen obras de vivienda que,
como en este caso, no cuenten con licencia de construcción y que incumplan con las
normas urbanísticas40 y las normas técnicas RETIE. En efecto, el Departamento
Administrativo de Planeación afirmó que, revisadas las bases de datos y el archivo
físico de proyectos urbanísticos arquitectónicos de la Subdirección de Ordenamiento
Urbanístico, no se encontró proyecto del predio ubicado en la Calle 72 C # 3 N 46, entre

40
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de marzo de 2019, M.P. Ramiro Pazos Guerrero, expediente 47.803.

16

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los años 1982 a 1996.

63. Así las cosas, el solo hecho de que Emcali tenga la obligación de cumplir con las
normas técnicas de mantenimiento y prevención del riesgo (como se enunció en el
recurso de apelación), no la obliga a responder sobre todos los daños que ocurran,
menos en los casos en los que, como en este asunto, no obra ningún medio de prueba
que evidencie que la demandada estaba en la posibilidad de conocer el riesgo o que
de habérsele informado no actuó. En todo caso, el 13 de mayo de 2019, el director de
Distribución Energía UENE de Emcali informó que en febrero de 2013 se realizaron
actividades relacionadas con el mantenimiento de las redes del circuito Floralia
(mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo) que se ejecutó sobre todo el circuito
y no sobre un punto específico (la Calle 72 C No. 3N-46), ya que dichas redes no
presentaban ningún deterioro y por ende no requerían de mantenimiento alguno.
Adicionalmente, afirmó que nunca hubo un requerimiento para la protección de líneas
eléctricas.

85. En efecto, para el Tribunal accionado las pruebas aportadas al proceso
demostraban que los habitantes del barrio Floralia en Cali no reportaron riesgos
relacionados con las redes eléctricas antes del accidente ni solicitaron la reubicación
o modificación de estas. De modo que EMCALI EICE ESP no tenía conocimiento
del peligro al que podían estar expuestos los miembros de la comunidad, ya que se
acreditó que el predio involucrado no contaba con licencia de construcción ni
figuraba en registros urbanísticos, y tampoco existían requerimientos previos para
la protección de líneas eléctricas.

86. Sumado a lo anterior, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca analizó los
argumentos de defensa expuestos por EMCALI EICE ESP sobre la posible
configuración del hecho de un tercero o la culpa de la víctima como eximentes de
responsabilidad. Sobre el particular desarrolló las siguientes consideraciones:

66. De los elementos de juicio aportados, se observa que las redes eléctricas de Emcali
pasaban por enfrente del predio donde se encontraba realizando trabajos el menor
Andrés Steven Sinisterra Arroyo, quien manipulaba una varilla que propició un aparente
contacto con una fuente de energía.

67. En lo que tiene que ver con la distancia mínima de seguridad (2,30 metros), en
virtud del informe técnico de Emcali del 7 de septiembre de 2015, se reportó que las
redes de distribución de energía se instalaron, en ese sector, cumpliendo los
parámetros y distancias de seguridad, de acuerdo con los diseños y planos proyectados
para la época, pero que la construcción y/o ampliación del inmueble donde sucedieron
los hechos fue posterior a la cimentación de la infraestructura eléctrica de la zona. El
director de Distribución Energía UENE de Emcali informó que el trazado y la
construcción de las redes se realizó para soluciones de vivienda de uno y dos pisos,
pero que las modificaciones sobre las viviendas disminuyeron los espacios para la
circulación y la infraestructura eléctrica.

68. En el informe técnico se informa que se constató que la distancia entre la fachada
del tercer piso del predio de la Calle 72 C No. 3N-46 y la red de energía era de 2 metros.
Aclaró que se realizaron modificaciones sobre él que disminuyeron el límite establecido
por el reglamento técnico de instalaciones, entre la zona destinada a los servicios
públicos y la distancia de seguridad establecida por el RETIE. Especificó que el
17

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propietario del inmueble construyó salientes en el segundo piso de 0,80 metros y en el
tercer piso de 0,20 metros, para un total de 1 metro.

69. En ese contexto, el tendido eléctrico estaba próximo a la vivienda, pero la
instalación inicial de las cuerdas eléctricas no representó un riesgo inminente, situación
que varió con las construcciones irregulares que se realizaron posteriormente y que
acortaron la distancia entre la red eléctrica y el inmueble. Adecuaciones que, según la
inspección técnica realizada por el Departamento Administrativo de Planeación
Municipal al predio de la Calle 72 C # 3 N 46 de la Comuna 6, no eran reglamentarias.
Se dijo que, por la Calle 72 C, el predio presentaba voladizo irreglamentario sobre vía
peatonal, a nivel de la losa del segundo y el tercer piso con un sobresaliente
aproximado de 0.80 metros con respecto a la línea de paramento del primer piso.

87. Conforme con lo anterior, se puede advertir que el Tribunal accionado examinó
el contenido del informe técnico del 7 de septiembre de 2015, el cual le permitió
evidenciar que las redes eléctricas de EMCALI EICE ESP pasaban frente al predio
donde ocurrió el accidente de Andrés Steven Sinisterra Arroyo, quien manipuló una
varilla que hizo contacto con una fuente de energía.

88. Así las cosas, para la autoridad judicial accionado, el referido documento
indicaba que las redes se instalaron respetando la distancia mínima de seguridad,
pero la construcción y ampliación posterior del inmueble redujo ese espacio. De esta
manera, se demostró que el propietario realizó modificaciones, como salientes en
los pisos superiores, lo cual ocasionó que se disminuyera la distancia entre la
vivienda y las redes eléctricas a solo 2 metros, es decir, por fuera del límite
establecido por el reglamento técnico. Estas adecuaciones ocasionaron que la
proximidad de la red eléctrica representara un riesgo que inicialmente no existía.

89. En este sentido, a juicio del Tribunal accionado, la construcción del inmueble no
cumplía con los parámetros urbanísticos vigentes, lo cual influyó en la ocurrencia
del daño al tratarse de una edificación anormal e imprevisible para el control de
EMCALI EICE ESP. Además, no se probó que la entidad hubiese tenido
conocimiento de esa situación ni que la comunidad hubiera advertido sobre el
incumplimiento de las obligaciones de mantenimiento o de las distancias de
seguridad. En consecuencia, consideró que la negligencia del propietario del
inmueble fue determinante, pues la edificación irregular facilitó que la víctima se
acercara a la red eléctrica y sufriera la descarga.

90. Adicionalmente, la corporación judicial destacó que el accidente ocurrió
mientras Andrés Steven Sinisterra Arroyo manipulaba una varilla metálica en el
tercer piso de una vivienda, actividad que resultó determinante en la producción del
daño, pues según el informe forense, la víctima se encontraba retirando escombros
del lugar y tomó la barra, el cual era un elemento conductor de electricidad, cuya
manipulación permitió el contacto con la red de energía, lo que relevaba que la
acción de la víctima fue un factor esencial en la ocurrencia del hecho.

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91. Por otra parte, la sentencia cuestionada efectuó una valoración de la
jurisprudencia del Consejo de Estado41, en armonía con los artículos 25 de la Ley
599 de 2000 y 23 del Código de Infancia y Adolescencia, así como del Código Civil,
para advertir que la señora Doris Amparo Sinisterra Arroyo, en su condición de
madre de Andrés Steven, tenía la posición de garante natural de su cuidado,
protección y seguridad, con el objeto de orientarlo, prevenir situaciones de riesgo y
actuar oportunamente para evitar daños previsibles. Ello, sin perjuicio de que la
víctima contaba con la edad suficiente (16 años) para entender las consecuencias
que podría generar en su humanidad la cercanía a redes eléctricas.

92. Con fundamento en lo anterior, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
concluyó que en el caso bajo estudio se configuró el hecho de un tercero y la culpa
de la víctima que no permitían atribuirle una responsabilidad a EMCALI EICE ESP
por los sucesos en los que resultó lesionado Andrés Steven Sinisterra Arroyo.

93. En este orden de ideas, la Sala considera que la sentencia del 4 de febrero de
2026, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, no incurrió en los
defectos alegados por la parte accionante, pues la decisión de confirmar la
providencia de primera instancia42, que negó las pretensiones indemnizatorias
reclamadas por los demandantes, estuvo soportada en un estudio razonable de los
hechos, los elementos probatorios aportados al trámite judicial y la jurisprudencia
aplicable al caso concreto.

94. En concreto, se destaca que la providencia acusada acudió a los criterios
jurisprudenciales expuestos por el Consejo de Estado sobre la aplicación del
régimen objetivo para estudiar la responsabilidad de las entidades públicas en casos
de daños derivados del ejercicio de actividades peligrosas como la conducción la
energía eléctrica.

95. Lo anterior, le permitió precisar que la relación de causalidad es un elemento de
la responsabilidad administrativa, cuya prueba no puede obviarse o desconocerse,
independientemente, del régimen al que se acuda (objetivo y subjetivo), por lo que
era un deber de la parte demandante acreditar este presupuesto con el fin de
atribuirle una responsabilidad a EMCALI EICE ESP por las lesiones sufridas por
Andrés Steven Sinisterra Arroyo.

96. Así pues, se advierte que la decisión objeto de tutela realizó una valoración
adecuada del informe técnico del 7 de septiembre de 2015 y del relato de los hechos
realizado por la víctima dentro del registro pericial de clínica forense del 23 de marzo
de 2019, lo cual le permitió concluir que las lesiones que afectaron a Andrés Steven
Sinisterra Arroyo fueron causadas por el hecho de un tercero y la culpa de la víctima,
lo cual exoneraba de responsabilidad a la entidad demandada, incluso bajo la óptica
del régimen de responsabilidad objetiva.

97.De este modo, se observa que la decisión cuestionada se encuentra
debidamente sustentada, pues desarrolló un estudio apropiado de las

41
Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección C, sentencia del 19 de julio de 2017, radicado núm. 68001-23-31-000-
2002-00150-01(37685).
42
Sentencia del 17 de julio de 2025, proferida por el Juzgado Catorce Administrativo de Cali.
19

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01023-00 (1598)
Accionante: Doris Amparo Sinisterra Arroyo
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

circunstancias que dieron origen al daño alegado por la parte demandante, pues la
causalidad un aspecto que le corresponde valorar al juez de lo contencioso-
administrativo, con el fin de establecer si un menoscabo antijurídico específico, que
se planteó en la actuación judicial, resulta imputable a la entidad pública
demandada.

98. Por lo expuesto, la Sala considera que la autoridad accionada, en ejercicio de
los principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica, efectuó una
interpretación coherente y razonable de los hechos y las pruebas aportadas al
proceso ordinario e interpretó de forma razonable los criterios jurisprudenciales
aplicables al caso concreto. Por estos motivos, si bien la providencia objeto de tutela
no resultó favorable a la tutelante, esto no significa que se hayan desconocido sus
garantías constitucionales.

99. De esta manera, para la Sala no es de recibo que la parte actora pretenda hacer
uso de la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de
reabrir el debate jurídico que se surtió dentro del trámite de la demanda de
reparación directa, con el único propósito de obtener un pronunciamiento que se
acomode a sus intereses y pretensiones.

4. Conclusión

100. Así las cosas, se concluye que la providencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca no vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte actora, por cuanto no se evidencia en su contenido un análisis
arbitrario, o caprichoso, ajeno a preceptos jurídicos de orden constitucional y legal,
que constituya una vía de hecho por los defectos sustantivo, desconocimiento del
precedente y decisión sin motivación, que exija la intervención del juez de tutela.
Por tal motivo, se negará la solicitud de amparo invocada por los accionantes.

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla

Primero: Negar la solicitud de desvinculación propuesta por EMCALI EICE ESP y
la Previsora Compañía de Seguros S.A, conforme a lo expuesto en esta providencia.

Segundo: Declarar fundado el impedimento manifestado por el magistrado Jorge
Edison Portocarrero Banguera para conocer la acción de tutela de la referencia, por
las razones consignadas en esta providencia. En consecuencia, queda separado
del trámite constitucional.

Tercero: Negar el amparo de tutela solicitado por la señora Doris Amparo Sinisterra
Arroyo en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y del Juzgado
20

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01023-00 (1598)
Accionante: Doris Amparo Sinisterra Arroyo
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

Catorce Administrativo de Cali, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

Cuarto: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

Quinto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si
no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

Con impedimento
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
JLAS/SEJV.

21

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