Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01035-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01035-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-01035-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
25 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01035-00
Demandante: Alveiro de Jesús Estrada Gallego
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho / Liquidación horas extra bombero – factor hora /
Defecto sustantivo y desconocimiento del precedente
Decisión: Accede al amparo
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________
La Sala decide la solicitud formulada por Alveiro de Jesús Estrada Gallego en
ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
y desarrollada en los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud
1. Alveiro de Jesús Estrada Gallego promovió solicitud de tutela con el fin de
que se ampararan sus derechos y garantías fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y al acceso a la administración de justicia, con ocasión de la sentencia
proferida el 27 de agosto de 2025 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado 05001-33-33-008-2021-00022-01.
2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente1:
2.1. El demandante ingresó al servicio del municipio de Medellín y ostenta el
cargo de bombero, inscrito en carrera administrativa desde el 20 de diciembre de
1989.
2.2. El municipio de Medellín expidió los actos administrativos con los que acogió
lo estipulado en el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978, estableciendo jornada de
1 Archivo obrante en el índice 2 del Samai.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01035-00
Demandante: Alveiro de Jesús Estrada Gallego
44 horas a la semana para todos los empleados públicos de Medellín, incluyendo a
los bomberos y algunos empleados de la secretaría de gobierno.
2.3. El municipio expidió el Decreto 0408 de 2016 con el que fijó como límite que
las horas extras a compensar se debían utilizar por el empleado público a más tardar
dentro de los 2 meses siguientes a su causación.
2.4. El ente municipal en múltiples respuestas a derechos de petición presentados
por diferentes empleados públicos informó que para cancelar el valor hora básico
del salario, aplicaba la siguiente fórmula: Factor Hora = Salario Básico Mensual x
12 /2.920.
2.5. El municipio de Medellín parametrizó con una nueva fórmula el salario hora
básico desde el 1º de julio de 2015, que corresponde a: Salario básico Mensual x
12 /2.675, que, según la entidad, es el resultado de multiplicar 365 días al año por
7.33 horas diarias, factor multiplicador que resulta de dividir 44 horas semanales
sobre 6 días hábiles.
2.6. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
presentó demanda en contra del municipio de Medellín, con el fin de que declarara
la nulidad de los actos administrativos 20180025865, 201950008141 y
202050024844, por medio de los cuales considera se liquidó de manera errada las
horas extras diurnas y nocturnas, así como los dominicales y festivos laborados al
servicio de la entidad.
2.7. El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, en
sentencia del 6 de junio de 2025 accedió a las pretensiones de la demanda, al
considerar que la entidad demandada liquidó de manera incorrecta los recargos y
horas extras al no aplicar la fórmula legal (asignación básica mensual/190 horas).
Decisión contra la cual la parte demandada interpuso recurso de apelación.
2.8. El Tribunal Administrativo de Antioquia, en sentencia del 27 de agosto de
2025 modificó el fallo de primera instancia al considerar que los recargos y horas
extra debían liquidarse aplicando la fórmula Factor Hora= salario básico x 12 meses
/365 días /7.33 horas.
2.9. Se vulneraron sus derechos fundamentales al incurrir en defecto sustantivo
y desconocimiento del precedente, como se explica a continuación:
2.9.1. Defecto sustantivo: El tribunal demandado interpretó de manera errónea el
artículo 33 del Decreto Ley 1042 de 1978, al aplicar fórmulas como SBM/220 horas
mensuales o incluso SBM x 12 / 365 / 7,33, que arrojan aproximadamente 223 horas
mensuales, sin justificación normativa ni jurisprudencial. Lo anterior, en la medida
en que tal interpretación desconoce que la asignación básica mensual incluye tanto
el tiempo laborado de manera efectiva como los períodos de descanso, por lo que
dividir el salario entre un número mayor de horas genera una reducción injustificada
del valor de la hora ordinaria de trabajo, en perjuicio del empleado público.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01035-00
Demandante: Alveiro de Jesús Estrada Gallego
2.9.2. Desconocimiento del precedente: Se omitió de manera injustificada el
precedente reiterado y vinculante del Consejo de Estado, Sección Segunda,
iniciado, entre otras, con la sentencia del 12 de febrero de 20152, en la cual se fijó
como regla jurisprudencial que el valor de la hora laboral de los empleados públicos
debe calcularse con base en 190 horas mensuales, derivadas de una jornada de 44
horas semanales conforme al artículo 33 del Decreto Ley 1042 de 1978. Lo anterior,
en tanto, pese a reconocer la existencia de ese precedente, se apartó alegando
supuestas diferencias fácticas (sistema de turnos), que no resultan relevantes ni
razonables, pues la regla jurisprudencial no depende del sistema de turnos sino de
la condición de empleado público.
1.1.1. Pretensiones
3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] SEGUNDA: DECLARAR que la sentencia de segunda instancia, emitida por el H.
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO ORAL DE ANTIOQUIA – SALA SÉPTIMA DE
ORALIDAD, MAGISTRADO PONENTE: CARLOS CRISTOPHER VIVEROS
ECHEVERRI, fue expedida por vías de hecho, al incurrir en un defecto sustancial,
violando el precedente judicial del H. CONSEJO DE ESTADO SECCION SEGUNDA
Consejero Ponente: GERARDO ARENAS MONSALVE, en un proceso de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho Laboral en contra del Municipio de Medellín, cuyo
demandante fue el señor NELSON DE JESUS CIFUENTES SUAREZ y le asignaron el
radicado: 05001-23-31-000-2003-00035-01(0162-12) y las demás sentencias que
reiteran la regla jurisprudencial allí contenida, que es de obligatorio cumplimiento y la
jurisprudencia sobre la materia, además de la violación de la Ley directamente por la no
aplicación de la misma.
TERCERA: se le ordene al accionado, se deje sin efectos la sentencia emitida por el H.
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO ORAL DE ANTIOQUIA – SALA SÉPTIMA DE
ORALIDAD, MAGISTRADO PONENTE: CARLOS CRISTOPHER VIVEROS
ECHEVERRI y proceda a proferir sentencia de reemplazo en la cual se respeten los
derechos fundamentales a favor de mi poderdante, para que en su lugar aplique la regla
jurisprudencial, aplicando la fórmula SBM/190 horas al mes y de acuerdo al art. 33 y s.s.
del Decreto-Ley 1042 de 1948. […]». (sic)
1.2. Informes rendidos en el proceso
2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 12 de
febrero de 2015, C.P. Gerardo Arenas Monsalve, rad. 05001-23-31-000-2003-00035-01 (0162-12),
demandante: Nelson de Jesús Cifuentes Suárez, demandado: Municipio de Medellín; Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias de 13 de abril de 2023, C.P. Rafael Francisco
Suárez Vargas, rad. 05001-23-33-000-2017-01115-01 (1159-2021), y de 18 de abril de 2024, C.P.
Jorge Iván Duque Gutiérrez, rad. 05001-23-33-000-2017-01042-01 (4663-2021); Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 26 de mayo de 2022, C.P. William Hernández Gómez,
rad. 25000-23-42-000-2013-00966-01 (2359-2017); Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, sentencias de 25 de noviembre de 2021, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, rad. 25000-
23-42-000-2018-01501-01 (2362-2021), y de 28 de abril de 2022, C.P. César Palomino Cortés, rad.
25000-23-42-000-2013-04471-01; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, sentencia de tutela, rad. 11001-03-15-000-2025-00704-01, C.P. Nubia Margoth
Peña Garzón; Tribunal Administrativo de Antioquia, diversas salas de decisión, sentencias, entre
otras, radicados 05001-33-33-002-2021-00020-01, 05001-33-33-009-2021-00033-01, 05001-33-33-
034-2021-00037-01, 05001-33-33-031-2019-00321-01, 05001-33-33-018-2019-00354-01, 05001-
33-33-024-2019-00222-01, 05001-33-33-001-2019-00222-01, 05001-33-33-017-2019-00228-01,
05001-33-33-032-2019-00315-01 y 05001-33-33-004-2019-00205-01.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01035-00
Demandante: Alveiro de Jesús Estrada Gallego
4. El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín3
solicitó que se declarara improcedente el amparo por falta de subsidiariedad, en la
medida en que la sentencia cuestionada no se encuentra ejecutoriada al existir una
solicitud de aclaración pendiente de resolver, lo que hace prematuro el control
constitucional; adicionalmente, de manera subsidiaria, pidió negar el amparo al no
configurarse ningún defecto sustantivo, pues ese tribunal actuó dentro de su
autonomía judicial al aplicar una fórmula de liquidación salarial fundamentada en las
horas efectivamente remuneradas (aprox. 220/223 horas mensuales) y no solo en
las 190 horas de trabajo efectivo, interpretación que se sustenta en el Decreto 1042
de 1978, en principios constitucionales y en jurisprudencia reiterada.
5. El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Medellín4
expuso que no existió acción u omisión atribuible ese despacho judicial que
vulnerara derechos fundamentales del demandante, aclaró que su actuación se
limitó a dictar la sentencia de primera instancia en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho y que, como juez de primera instancia, se encontraba
funcionalmente subordinado a la decisión del tribunal como superior jerárquico, el
cual revocó su fallo al resolver el recurso de apelación; por ello, concluyó que no
advirtió vulneración constitucional alguna, que la providencia cuestionada fue
adoptada con fundamento jurídico por el juez natural de segunda instancia y que,
en consecuencia, se atendería lo que resuelva el juez de tutela, sin formular
oposición ni solicitud específica distinta a dejar constancia de la regularidad de su
actuación.
6. El Tribunal Administrativo de Antioquia5 pidió que se declarara
improcedente el amparo, al considerar que carece de relevancia constitucional y
pretende de manera indebida erigirse como una tercera instancia para reabrir un
debate ya resuelto en sede ordinaria, respecto a lo cual argumentó que la sentencia
cuestionada estaba debidamente motivada, no incurrió en defecto fáctico ni
sustantivo, ni desconoció precedente alguno, pues la sentencia de unificación del
Consejo de Estado del 12 de febrero de 2015 —que aplica la fórmula SMB/190
horas— se refiere a bomberos con turnos 24x24 y descansos no remunerados,
supuesto fáctico distinto al del demandante, quien era bombero en carrera
administrativa con descansos remunerados, razón por la cual resultaba
jurídicamente correcta la aplicación del factor hora sobre 220 horas mensuales (44
horas semanales, factor 7,33).
7. Los demás terceros interesados guardaron silencio.
2. Consideraciones
8. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
3 Archivo obrante en el índice 13 del Samai.
4 Archivo obrante en el índice 15 del Samai.
5 Archivo obrante en el índice 16 del Samai.
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Demandante: Alveiro de Jesús Estrada Gallego
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iv) determinación del problema jurídico; y v) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
9. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución
Política y 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el artículo 1.º del
Decreto 333 del 6 de abril de 20216, esta Sala es competente para conocer de la
solicitud de amparo contra el Tribunal Administrativo de Antioquia.
2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
10. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo contencioso-administrativo
del Consejo de Estado7 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las
distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema8. Al
respecto señaló lo siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.
[…]».
11. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
12. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado9 adoptó los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para
la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86
Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar
6 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción
de tutela.
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, MP María Elizabeth García González.
8 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
9 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01035-00
Demandante: Alveiro de Jesús Estrada Gallego
además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos
fundamentales.
13. Ahora bien, la Corte Constitucional10 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante de manera constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que
se haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
14. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores
requisitos11, el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió
la autoridad judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los
derechos fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la
prosperidad del amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno
de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto
sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales12.
15. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal
entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente
reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.3. Problema jurídico
16. La Sala deberá definir: ¿si el Tribunal Administrativo de Antioquia vulneró los
derechos fundamentales de Alveiro de Jesús Estrada Gallego con ocasión de la
sentencia del 27 de agosto de 2025 con la cual se modificó el fallo de primera
instancia al considerar que los recargos y horas extra debían liquidarse aplicando la
fórmula Factor Hora= salario básico x 12 meses /365 días /7.33 horas, incurriendo,
presuntamente, en defectos sustantivo y desconocimiento del precedente?
2.4. Análisis de la Sala
2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
17. En relación con el requisito de subsidiariedad, se observa que, en el proceso
ordinario objeto de debate en sede de tutela, el Distrito Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación de Medellín presentó solicitud de aclaración de la
sentencia del 27 de agosto de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de
10 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
11 Corte Constitucional, sentencia T-309 de 2015, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
12 Corte Constitucional, sentencia SU-337 de 2017, MP Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Demandante: Alveiro de Jesús Estrada Gallego
Antioquia, que se encuentra pendiente de pronunciamiento, sin embargo, después
de revisarla es posible concluir que aquella circunstancia no enerva las pretensiones
del trámite de tutela, en la medida en que la discusión planteada en tal recurso
difiere de lo discutido en esta oportunidad.
18. Lo anterior, en la medida en que en la mencionada solicitud de aclaración
presentada por la entidad demandada se trata de una presunta incongruencia entre
la parte motiva y la resolutiva de la providencia en cuanto a un periodo de tiempo
laborado en específico, en cambio en sede de tutela se discute la fórmula aplicable
para calcular el factor hora.
19. Aclarado lo anterior, la Sala encuentra superados los requisitos de
procedibilidad de la solicitud de tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de
nulidad que invalide lo actuado, procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto
planteado.
2.4.2. Del defecto sustantivo
20. La Corte Constitucional ha señalado que este se presenta cuando, el juez
adopta una decisión que desborda del marco constitucional y legal, al apoyarse en
una norma evidentemente inaplicable al caso concreto13. En su jurisprudencia, la
corporación ha resaltado que este defecto encuentra su origen en el hecho de que,
si bien los jueces gozan de autonomía e independencia judicial para interpretar y
aplicar normas jurídicas, esta no es una facultad absoluta14, para lo cual precisó que
los límites se encuentran en el orden jurídico preestablecido y los valores, principios,
derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.
21. El alto tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones
en las que se detecta el defecto sustantivo, a saber: i) la sentencia se fundamenta
en una norma que no es aplicable; ii) a pesar de la autonomía judicial, la
interpretación o aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen
de razonabilidad, es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses
legítimos de las partes o es manifiestamente errada; iii) no se toman en cuenta
sentencias que hayan definido el alcance de la norma aplicada; iv) la disposición
aplicada se torna regresiva o contraria a la Constitución; v) no se efectúa una
interpretación sistémica de la norma; y vi) se desconoce la norma constitucional o
legal aplicable al caso.
22. A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación
en que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal
entidad debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o
caprichosa. Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la
decisión proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los
derechos fundamentales de los sujetos procesales15.
13 Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1999 y SU-416 de 2015.
14 Corte Constitucional, sentencias T-757 de 2009 y T-367 de 2018.
15 Corte Constitucional, sentencias SU-050 de 2017 y T-367 de 2018.
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2.4.3. Desconocimiento del precedente judicial
23. En este punto, en cuanto al desconocimiento de precedente alegado se
recuerda que un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política
permite afirmar que los jueces guardan una carga de respetar los precedentes
relevantes como un imperativo derivado del principio de igualdad y un medio para
promover la seguridad jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la
predictibilidad de las decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las
normas jurídicas. Adicionalmente, el principio de legalidad ordena un manejo
adecuado de estos, como medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones
judiciales, presupuesto esencial del Estado social de derecho.
24. La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión
previa adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes
jurisdicciones que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos
o semejantes desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver
el juez, debe ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de
igualdad. El adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de
seguir el curso de decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias
previas, salvo si existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan
modificarlo.
25. Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de
la modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica
transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas
decisiones, de tal entidad que las torna en injustas o incorrectas en el orden de
cosas actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a la
existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de
mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio.
Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de
decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos,
no existe un precedente claro que lo vincule.
26. En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia,
identificando los precedentes relevantes; de suficiencia, dando a conocer las
razones que en su concepto justifican el cambio de dirección decisional, y
precisando por qué esa modificación lleva a una mejor interpretación del orden
jurídico además de ello reporta mayores beneficios que el detrimento en la
seguridad jurídica y la igualdad que se derivara de la desobediencia al precedente.
2.4.4. Sobre el caso concreto
27. Alveiro de Jesús Estrada Gallego acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos
la sentencia del 27 de agosto de 2025 con la cual se modificó el fallo de primera
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Demandante: Alveiro de Jesús Estrada Gallego
instancia al considerar que los recargos y horas extra debían liquidarse aplicando la
fórmula Factor Hora= salario básico x 12 meses /365 días /7.33 horas.
28. Lo anterior, por cuanto la referida decisión judicial incurrió en el defecto
sustantivo y desconocimiento del precedente, en la medida en que se interpretó de
manera errónea el artículo 33 del Decreto Ley 1042 de 1978, al aplicar fórmulas
como SBM/220 horas mensuales o incluso SBM x 12 / 365 / 7,33, que arrojan
aproximadamente 223 horas mensuales, sin justificación normativa ni
jurisprudencial.
29. Al descender al caso en concreto, se observa que el demandante promovió el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Distrito
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, con el fin de que se
dejaran sin efectos los actos con los que estableció que, para cancelar el valor hora
básico de salario, aplicaba la fórmula: Factor Hora = Salario Básico Mensual x 12
/2.920, que según el municipio de Medellín es el resultado de multiplicar 365 días al
año por 8 horas diarias; la anterior fórmula la aplicó el Municipio de Medellín hasta
el día 30 de junio de 2015.
30. Así, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Medellín determinó
que, para calcular el valor de la hora ordinaria se debía dividir la asignación básica
mensual en el número máximo de horas ordinarias mensuales, es decir, 190, criterio
acorde a la tesis del Consejo de Estado.
31. Por su parte, el Tribunal Administrativo de Antioquia, en la sentencia del 27 de
agosto de 2025, consideró que, si bien había lugar a confirmar la decisión de
declarar la nulidad de los actos administrativos demandados, aquella no tenía
fundamento en las razones indicadas por el a quo al aplicar la fórmula salario básico
/190, sino que se debía calcular de esta manera: Factor Hora= salario básico x 12
meses /365 días /7.33 horas, de tal manera, concluyó:
«[…] 4.2. Encuentra razón la Sala a los fundamentos expuestos por la parte apelante,
en el sentido que erró el Juez en la fórmula utilizada para calcular el correcto pago del
valor hora del demandante, y en tal sentido debe aclararse que una cosa es el valor hora
sobre la jornada de 44 horas semanales y/o 220 mensuales y otra cosa diferente es que,
sobre esa jornada ordinaria legal, las horas que efectivamente deben ser laboradas en
el mes asciendan a 190 horas mensuales, pues son el resultado de restar de las 220
horas mensuales, las 30 horas destinadas para el descanso que se encuentran
remuneradas dentro del salario ordinario mensual.
En consecuencia, el valor hora deberá establecerse sobre una jornada de 44 horas
semanales o 220 horas mensuales con un factor de 7.33 y no sobre una jornada mensual
de 190 horas, aunque estas sean las horas que efectivamente deben ser laboradas, pues
con ello se estarían desconociendo las 30 horas destinadas para el descanso cuya
remuneración se encuentra incluida dentro la asignación básica mensual
De acuerdo con lo anterior, se tiene que, solo si se sobrepasara tal límite, es decir, 190
horas mensuales, habría lugar al pago de horas extras, las cuales se liquidarán con un
recargo del 25% o del 75% sobre la remuneración básica fijada por la ley para el
respectivo empleo, según se trate de horas extras diurnas o nocturnas y en ningún caso
podrán pagarse en dinero más de 50 horas extras mensuales, de conformidad con los
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Demandante: Alveiro de Jesús Estrada Gallego
límites establecidos en el artículo 36 del Decreto 1042 de 1978, pues si el tiempo laboral
superare dicha cantidad, el excedente debe reconocerse en tiempo compensatorio.
Así las cosas, lo indicado por el apoderado demandante en el sentido que la fórmula que
se debe aplicar para determinar el valor de cada hora devengada no es el
correspondiente al SMB/190 horas mensuales, por cuanto como se indicó en
precedencia, entender la liquidación de esta forma sería desconocer que dentro del
mismo debe incluirse la remuneración a la que tiene derecho el trabajador por día de
descanso, y en ese aspecto, la liquidación realizada en sentencia de primera instancia
emitida por el Juzgado Octavo Administrativo de Medellín, deberá ser modificada y
liquidada nuevamente atendiendo la siguiente fórmula:
Factor Hora= salario básico x 12 meses /365 días /7.33 horas
Entonces, conforme al salario certificado por el municipio y la presente fórmula, se
calcula el valor hora laboral del demandante en los siguientes montos:
Salario 2014: $ 1.700.000 Valor Hora: $ 7.625
Salario 2015: $ 1.800.470 Valor Hora: $ 8.075
Salario 2016: $ 1.949.369 Valor Hora: $ 8.743
Salario 2017: $ 2.100.445 Valor Hora: $ 9.421
Salario 2018: $ 2.245.166 Valor Hora: $ 10.070
Salario 2019: $ 2.372.691 Valor Hora: $ 10.642
Salario 2020: $ 2.552.171 Valor Hora: $ 11.447
Salario 2021: $ 2.562.778 Valor Hora: $ 11.494.
Una vez determinado el valor hora, corresponde verificar si la liquidación realizada por
la entidad demandada se encontró ajustada a derecho y para ello se partirá del
certificado emitido por la Alcaldía de Medellín – Secretaría de Gestión Humana y
Servicios a la Ciudadanía visible a folio 76 del archivo magnético denominado:
―008CONTESTACIONYEXCEP_20240216165357‖ en el cual se consignan el número
horas laboradas y pagadas por el demandante entre los años 2014 y el 26 de enero de
2021.
[…]
De las liquidaciones realizadas por la Sala en comparación con lo efectivamente pagado
por el municipio, se tiene que para los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2020 la liquidación
tiene un déficit en detrimento del demandante, mientras que para el 2019 lo pagado por
el municipio fue mayor a lo que en realidad le correspondía, así:
2015 $ 509.888
2016 $ 123.613
2017 $ 58.522
2018 $ 113.981
2020 $ 41.178
Total $847.182
Si a esos $ 847.182 en menor valor liquidados y no cancelados al demandante, se le
resta $ 227.792 que en mayor cantidad le fueron consignados en el año 2019, se tiene
que en la actualidad el Municipio de Medellín le adeuda al demandante un total de $
619.390.
Así las cosas, la Sala encuentra que si bien hay lugar a confirmar la decisión de declarar
la nulidad de los actos administrativos demandados, la misma no tiene fundamento en
las razones indicadas por el a quo al aplicar la fórmula salario básico /190, sino conforme
a lo indicado en el acápite 4.2 de esta providencia, ello es, Factor Hora= salario básico
x 12 meses /365 días /7.33 horas , cuya aplicación permite concluir que la liquidación del
municipio de Medellín adeuda al demandante un total de $ 619.390 pesos por la
liquidación en mejor cuantía realizada para los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2020.
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Demandante: Alveiro de Jesús Estrada Gallego
En tanto que el derecho de petición que dio lugar al primero de los actos demandados
fue presentado el 11 de diciembre de 2017, se declaran prescritas las reliquidaciones
causadas antes del 11 de diciembre de 2014. Ahora, respecto de las horas extras
diurnas, nocturnas, recargos nocturnos, horas extras festivas diurnas, dominicales y
festivos comprendidos entre el 12 de diciembre y el 31 de diciembre del 2014 el
demandante no acreditó que las horas laboradas y liquidadas para ese periodo
específico de tiempo hubieren estado erróneamente liquidadas, razón por la cual no se
hará pronunciamiento alguno de reliquidación respecto de las mismas. […]». (sic)
32. Así, una vez revisada la motivación de la providencia judicial cuestionada en
la que el juez natural del asunto se pronunció sobre cada uno de los argumentos
expuestos por la demandante, no obstante, la Sala advierte que el tribunal
demandado utilizó la fórmula «Factor Hora = salario básico x 12 / 365 días / 7.33 horas»,
operación que no se encuentra reglamentada de manera expresa en el Decreto
1042 de 1978 y tampoco se ha desarrollado por la jurisprudencia de la Sección
Segunda del Consejo de Estado que ha sido uniforme en señalar que el valor de la
hora ordinaria debe calcularse sobre 190 horas mensuales, derivadas de una
jornada de 44 horas semanales con descanso remunerado.
33. Al respecto, en un asunto de contornos similares en el que la controversia
giraba en torno a la liquidación del factor hora y la remuneración de las horas
laboradas en las distintas jornadas de una persona que se desempeñaba en el
cargo de bombero del municipio de Medellín, en sentencia del 18 de abril de 2024,
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado16, sostuvo:
«[…] Sobre la jornada laboral de los bomberos, la Sección Segunda17 ha señalado que
si bien el trabajo desarrollado por dicho personal cuya jornada es excepcional por la
actividad ejercida puede ser regulado en 24 horas diarias, tal situación debía generar el
reconocimiento del trabajo suplementario, pues de lo contrario, la situación de tales
servidores resultaría inequitativa y desigual respecto de otros empleados que realizan
funciones que son menos riesgosas.
Así las cosas, se consideró que ante la falta de existencia de una regulación de la jornada
laboral especial para las personas vinculadas al cuerpo de bomberos, debía aplicarse el
artículo 33 del Decreto 1042 de 1978, que implica que toda labor realizada en exceso de
las 44 horas semanales constituye trabajo suplementario o de horas extras, las cuales
deben ser remuneradas en las condiciones previstas en el artículo 35 y siguientes del
referido decreto, deduciendo para dicho efecto los días de descanso remunerado,
vacancias, licencias, permisos y demás situaciones administrativas del trabajador.
Textualmente la Sala ha sostenido lo siguiente:18
«Como la actividad del Cuerpo de Bomberos Distrital es de carácter permanente y se
presta de forma continua e ininterrumpida, la Unidad Administrativa estableció como
jornada de trabajo un sistema de turnos de 24 horas de labor por 24 horas de
descanso remunerado, teniendo en cuenta la jornada ordinaria que incluye horas
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 18 de abril de 2024, radicado
05001-23-33-000-2017-01042-01 (4663-2021), C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 2 de abril de 2009, exp.
66001-23-31-000-2003-00039-01(9258-05), C. P: Víctor Hernando Alvarado Ardila; sentencia de 31
de octubre de 2013, exp. 25000-23-25-000-2010-00515-01(1051-13), C.P: Bertha Lucía Ramírez de
Páez (E) y sentencia del 12 de febrero de 2015, exp. 25000-23-25-000-2010-00725-01 (1046-13).
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. C.P: Bertha Lucía Ramírez de Páez (E).
Sentencia de 31 de octubre de 2013. Exp.25000-23-25-000-2010-00515-01(1051-13).
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diurnas y nocturnas, dominicales y festivos de manera continua, es decir que en una
semana se trabajan 3 días y descansan 4 y la siguiente semana viceversa.
Este tipo de jornadas llamadas mixtas se encuentran reguladas en el artículo 35 del
Decreto 1042 de 1978 de la siguiente manera:
«Sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales para los funcionarios que trabajen
ordinariamente por el sistema de turnos, cuando las labores se desarrollen ordinaria
o permanentemente en jornadas que incluyan horas diurnas y horas nocturnas, la
parte del tiempo trabajado durante estas últimas se remunerará con el recargo del
treinta y cinco por ciento, pero podrá compensarse con períodos de descanso.» […]».
(sic)
34. Por su parte, en sentencia del 9 de noviembre de 2023, la Subsección B de
la Sección Segunda del Consejo de Estado tuvo la oportunidad de pronunciarse
acerca de la fórmula utilizada por el municipio de Medellín para establecer el factor
hora de trabajo suplementario uno de sus trabajadores, de la siguiente manera:
«[…] Ahora bien, el municipio de Medellín argumento en el recurso de alzada que, para
realizar la liquidación tomó como umbral 223 horas mensuales, lo que significa que el
reconocimiento de los distintos recargos no los realizó sobre 190 para fijar el valor de la
hora ordinaria. Lo anterior, al estimar que aquellas son más beneficiosas para el
empleado, dado que tomar las 190 horas “(…) tendría un vacío al no consagrar el
descanso dominical como un día efectivamente remunerado (…)”.
La Sala advierte que el límite legal de las 44 horas define el tope de horas semanales
laboradas, que debe multiplicarse por 52 semanas, que son las que tiene el año, y dividir
el resultado entre 12 meses, para obtener 190 horas al mes, motivo por el cual el
parámetro que aplica la entidad demandada, conforme al sistema de liquidación de
recargos, no es el adecuado, por lo que resulta procedente para la liquidación de las
horas extras (trabajo adicional a la jornada laboral establecida) tener en cuenta dicha
base (190 horas) para obtener el valor de la hora ordinaria19. […]». (sic)
35. Asimismo, en sentencia del 14 de septiembre de 2017, la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado20 fijó los parámetros a tener en cuenta en
una causa en la que se discutía la liquidación de las horas de trabajo suplementario
de una persona que desempeñaba el cargo de bombero en el municipio de Medellín,
como, a continuación, se observa:
«[…] Visto lo anterior, y en atención a que la inconformidad del actor se contrae al cálculo
de las horas laborales a tener en cuenta para la liquidación del trabajo suplementario, se
advierte que al proceso no se allegó la certificación de los turnos por él laborados, y si
bien en la contestación de la demanda se señala que «con el fin de informar sobre el
número de horas semanales que labora el demandante durante cada turno, se anexa en
copia separada y cd, los cuadros de turnos laborados por el servidor», los mismos no se
aportaron; pero en atención a que de los decretos municipales y de la certificación
expedida por la unidad de administración de talento humano se desprende que desde el
9 de octubre de 2007 hasta el 30 de agosto de 2011, se desempeñó en una jornada de
12 horas de labor por 24 horas de descanso (12 x 24), que incluye horas diurnas y
19 Ver sentencias del 10 de mayo de 2018 dentro del expediente 25000-23-25-000-2012-01143-01
(232-2015); 5 de junio de 2020, dentro del expediente 25000-23-42-000-2013-00291-01 (3364-
2018); y del 14 de julio de 2022, dentro del expediente 25000-23-42-000-2018-01363-01 (3087-
2021); todas con ponencia del consejero de Estado Carmelo Perdomo Cuéter.
20 Radicado 05001-23-33-000-2013-00294-01(1624-14), C.P. Carmelo Perdono Cuéter.
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Demandante: Alveiro de Jesús Estrada Gallego
nocturnas, se debe proceder al reconocimiento del trabajo suplementario, descontando
lo ya pagado por la entidad.
Ahora bien, el límite legal, de las 44 horas, determina el tope de horas semanales
laboradas, que debe multiplicarse por 52 semanas, que son las que tiene el año y dividir
el resultado por 12 meses, para obtener 190 horas, parámetro que debe aplicar el
accionado, conforme a su sistema de liquidación de recargos, sin tener en cuenta las
horas de trabajo que superen este tope.
Resulta imperioso colegir que al realizar la anterior operación aritmética la entidad
demandada no podrá pagar más de 50 horas extras al mes de conformidad con los
límites establecidos en el artículo 36 del Decreto 1042 de 1978, modificado por el artículo
13 del Decreto ley 10 de 198921, y las que superen dicho margen se pagan con tiempo
compensatorio, en razón a un (1) día de descanso por cada 8 horas extras de trabajo,
es decir, 15 días de descanso al mes.
Igual suerte corre la liquidación de los recargos nocturnos ordinarios y festivos diurnos y
nocturnos, para cuyo cálculo se debe tener el parámetro de 190 horas. […]». (sic)
36. Por su parte, pese a que el Tribunal Administrativo de Antioquia explicó las
razones por las cuales debía apartarse del criterio fijado por esta corporación judicial
en la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 12 de febrero de 2015, al
hacerse una diferenciación fáctica, básicamente, porque: «[…] la misma no resulta
aplicable en el presente asunto dado que presenta supuestos jurídicos y facticos distintos,
por cuanto al momento de determinarla se refirió al régimen laboral de los integrantes de
los miembros del cuerpo de bomberos bajo la regulación normativa del Distrito de Bogotá
que en ese momento los sometía al sistema de turnos de 24 horas de labor por 24 horas
de descanso no remunerados, y, en el presente, se esta ante un Bombero que desempeña
su cargo en carrera administrativa, cuyo sistema de turnos es diferente al analizado por el
Consejo en tanto que para él, sus horas de descanso son remuneradas. […]».(sic), además
de lo relacionado con la modificación en la fórmula aplicable para calcular el factor
hora, no identifica ninguna norma que autorice usar 220 o 223 horas en tal cálculo.
37. De conformidad con lo expuesto, la Sala concluye que el Tribunal
Administrativo de Antioquia vulneró los derechos fundamentales de Alveiro de Jesús
Estrada Gallego, al modificar el fallo de primera instancia por considerar que los
recargos y horas extra debían liquidarse aplicando la fórmula Factor Hora= salario
básico x 12 meses /365 días /7.33 horas e incurrir en defectos sustantivo y
desconocimiento del precedente, pues tal interpretación contraría la línea
jurisprudencial de la Sección Segunda de esta corporación judicial que ha sido
uniforme en señalar que el valor de la hora ordinaria debe calcularse sobre 190
horas mensuales, derivadas de una jornada de 44 horas semanales con descanso
remunerado.
3. Conclusión
21 «Artículo 13. Para efectos del pago de horas extras, de dominicales y festivos o del reconocimiento
del descanso compensatorio, los literales a. y d. del artículo 36 del Decreto-ley 1042 de 1978; y el
literal a. del artículo 40 del mismo Decreto, quedarán así:
a. El empleo deberá pertenecer al Nivel Operativo, hasta el grado 17 del Nivel Administrativo y hasta
el grado 09 del Nivel Técnico.
b. En ningún caso podrá pagarse más de cincuenta (50) horas extras mensuales».
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Demandante: Alveiro de Jesús Estrada Gallego
38. En este orden de ideas, las inconformidades en las que la parte demandante
centró sus esfuerzos tienen vocación de prosperidad, de forma que se ampararán
los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia de Alveiro de Jesús Estrada Gallego.
39. En consecuencia, i) se dejará sin efectos la providencia proferida el 27 de
agosto de 2025 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho 05001-33-33-008-2021-00022-01, y ii) se le ordenará
a esa corporación judicial que, en el término de 20 días siguientes, contados a partir
de la notificación de la presente providencia, emita un pronunciamiento de
reemplazo, de conformidad con los argumentos expuestos en precedencia.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia de Alveiro de Jesús Estrada Gallego.
Segundo. Dejar sin efectos la providencia proferida el 27 de agosto de 2025 por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho 05001-33-33-008-2021-00022-01 adelantado contra el municipio de
Medellín.
Tercero. Ordenar al Tribunal Administrativo de Antioquia que, en el término de 20
días siguientes, contados a partir de la notificación de la presente providencia, emita
un pronunciamiento de reemplazo
Cuarto. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Quinto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente de su ejecutoria.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
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Demandante: Alveiro de Jesús Estrada Gallego
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Con salvamento de voto
Firmado Electrónicamente
JVD
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
15
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