Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01035-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01035-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-01035-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
8 de octubre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D. C., ocho (8) de octubre de dos mil veintiséis (2026)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01035-01
Accionante: ALVEIRO DE JESÚS ESTRADA GALLEGO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Temas: Liquidación y pago de horas extras de los miembros de los
cuerpos oficiales de bomberos. Tutela contra providencia
judicial. Defecto por desconocimiento del precedente.
Confirma.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala es competente para resolver la impugnación presentada por el municipio
de Medellín contra la sentencia de primera instancia proferida el 25 de mayo de
2026 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado. Lo
anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los Decretos 333 de
2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.
Por auto del 16 de febrero de 20262, el a quo admitió la acción constitucional y,
mediante la providencia del 11 de septiembre del mismo año concedió la
impugnación.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. El señor Alveiro de Jesús Estrada Gallego, actuando por medio de su
apoderada judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Antioquia. Con la solicitud de amparo pretende la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la
igualdad.
2. El accionante consideró transgredidas las anteriores garantías con
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 5 de Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que el juez de primera instancia notificó
como autoridad accionada al Tribunal Administrativo de Antioquia. A su vez, vinculó al Juzgado
Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Medellín y al Distrito Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación de Medellín.
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Accionante: Alveiro de Jesús Estrada Gallego
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01035-01
ocasión de la sentencia proferida el 27 de agosto de 2025 por la autoridad judicial
accionada. Mediante esa providencia modificó parcialmente el fallo del 6 de junio
del mismo año, mediante el cual el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito
Judicial de Medellín accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 05001-33-33-008-2021-
00022-00/01.
3. En concreto, formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales vulnerados por el H.
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO ORAL DE ANTIOQUIA – SALA SÉPTIMA DE
ORALIDAD, MAGISTRADO PONENTE: CARLOS CRISTOPHER VIVEROS
ECHEVERRI, a mi representado el señor ALVEIRO DE JESÚS ESTRADA
GALLEGO, al DEBIDO PROCESO (Art. 29 C.N.) a la IGUALDAD (Art. 13 C.N.)
en consonancia con los artículos 228 y 230 de la Constitución Nacional.
SEGUNDO: DECLARAR que la sentencia de segunda instancia, emitida por el
H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO ORAL DE ANTIOQUIA – SALA SÉPTIMA DE
ORALIDAD, MAGISTRADO PONENTE: CARLOS CRISTOPHER VIVEROS
ECHEVERRI, fue expedida por vías de hecho, al incurrir en un defecto sustancial,
violando el precedente judicial del H. CONSEJO DE ESTADO SECCION
SEGUNDA Consejero Ponente: GERARDO ARENAS MONSALVE, en un
proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho Laboral en contra del
Municipio de Medellín, cuyo demandante fue el señor NELSON DE JESUS
CIFUENTES SUAREZ y le asignaron el radicado: 05001-23-31-000-2003-00035-
01(0162-12) y las demás sentencias que reiteran la regla jurisprudencial allí
contenida, que es de obligatorio cumplimiento y la jurisprudencia sobre la materia,
además de la violación de la Ley directamente por la no aplicación de la misma.
TERCERO: se le ordene al accionado, se deje sin efectos la sentencia emitida
por el H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO ORAL DE ANTIOQUIA – SALA
SÉPTIMA DE ORALIDAD, MAGISTRADO PONENTE: CARLOS CRISTOPHER
VIVEROS ECHEVERRI y proceda a proferir sentencia de reemplazo en la cual
se respeten los derechos fundamentales a favor de mi poderdante, para que en
su lugar aplique la regla jurisprudencial, aplicando la fórmula SBM/190 horas al
mes y de acuerdo al art. 33 y s.s. del Decreto-Ley 1042 de 1948.3
1.2. Hechos
4. El 20 de diciembre de 1989, el señor Alveiro de Jesús Estrada Gallego
ingresó a laborar en el cargo bombero adscrito al municipio de Medellín, en
carrera administrativa.
5. El mencionado ente territorial, mediante el Decreto 1849 de 2004 modificó
la jornada ordinaria de trabajo de conformidad con los artículos 33 del Decreto
Ley 1042 de 19784 y 22 (numeral 2) de la Ley 909 de 20045. En ese sentido,
3 Transcripción literal que puede contener errores.
4 «ARTÍCULO 33. De la jornada de trabajo. La asignación mensual fijada en las escalas de
remuneración a que se refiere el presente Decreto, corresponde a jornadas de cuarenta y cuatro
horas semanales. (…)».
5 «ARTÍCULO 22. Ordenación de la Jornada Laboral. (…) 2. En las plantas de personal de los
diferentes organismos y entidades a las que se aplica la presente ley se determinará qué empleos
corresponden a tiempo completo, a tiempo parcial y cuáles a medio tiempo, de acuerdo con la
jornada laboral establecida en el Decreto-ley 1042 de 1978 o en el que lo modifique o sustituya».
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estableció la jornada de 44 horas a la semana para los empleados públicos de
Medellín y excluyó a otros empleados, incluidos los bomberos. Luego, mediante
el Decreto 0408 de 2016, dispuso que las horas extras a compensar se debían
utilizar por el empleado público a más tardar dentro de los 2 meses siguientes a
su causación.
6. En múltiples respuestas a peticiones presentadas por diferentes
empleados públicos, el municipio informó que, para cancelar el valor de la hora
básica de salario, se aplicaba la siguiente fórmula: « factor hora = salario básico
mensual x 12 /2.920»6.
7. Luego, el ente territorial parametrizó una nueva fórmula aplicada desde el
«1 de julio 2015» que corresponde a «salario básico mensual x 12 /2.675», que,
según la entidad, era el resultado de multiplicar 365 días al año por 7.33 horas
diarias, factor que resultaba de dividir 44 horas semanales sobre 6 días hábiles.
8. Con fundamento en lo anterior, el señor Alveiro de Jesús Estrada Gallego
presentó demanda de nulidad y restablecimiento contra el municipio de Medellín,
con el fin de que se declarara la nulidad de oficios No. 20180025865,
201950008141 y 202050024844, por medio de los cuales le fueron liquidadas las
horas extras diurnas y nocturnas, así como los dominicales y festivos laborados
al servicio de la entidad.
9. Al proceso se le asignó el radicado 05001-33-33-008-2021-00022-00/01 y
le fue repartido al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Medellín
que, en sentencia del 6 de junio del 2025, declaró la nulidad de los actos
administrativos demandados y le ordenó al ente territorial, entre otras cosas, a
reajustar los valores de los recargos, tomando como parámetro la jordana
ordinaria laboral para el sector público, esto es, 44 horas semanales o 190 horas
mensuales.
10. Lo anterior, por cuanto la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
adoptado dicha fórmula, la cual resulta de multiplicar la jornada de 44 horas
semanales por 4,33, que corresponde al número de semanas «que tiene un mes
y un año de 360 días».
11. Inconforme con la decisión, el municipio interpuso recurso de apelación.
Indicó que el a quo desconoció que la asignación básica mensual también
remunera las horas descansadas en la semana, que corresponden al día séptimo
destinado al descanso renumerado, de conformidad con el Convenio
Internacional 10.
12. También manifestó que el cálculo matemático «olvidó multiplicar las
7,333333333 horas descansadas no trabajadas del día séptimo descansado no
trabajado, pero si remunerado con la asignación básica mensual por
6 Al respecto, explicó que dicha fórmula era el resultado de multiplicar los 365 días del año por 8
horas diarias.
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4,333333333 días descansados no trabajados al mes, pero si remunerados con
la asignación básica mensual, para un total sin quitar decimales de 31,77777778
horas al mes descansadas pero si remuneradas. Para determinar las
7,333333333 horas descansadas no trabajadas, se divide 44 horas en 6 días
laborables de la semana y arroja 7,333333333 horas diarias que se deben
trabajar, y por analogía el séptimo día no trabajado, pero si remunerado con la
asignación básica mensual, tiene 7,3333333333 horas no trabajadas, pero si
remuneradas con la asignación básica mensual».
13. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 27 de
agosto de 2025, confirmó la declaratoria de nulidad de las resoluciones. Sin
embargo, modificó la orden dada al municipio de Medellín, en el sentido de
reajustar los recargos nocturnos, trabajo en dominicales y festivos y por horas
extras diurnas y nocturnas con base en la siguiente fórmula: «factor hora = salario
básico x 12 meses / 365 días / 7.33 horas».
14. Para fundamentar su decisión, indicó que el ente territorial expidió los
Decretos 1636, 1644 y 1714 de 2011, mediante los cuales unificó todas las
jornadas laborales de los empleados públicos del municipio de Medellín a 44
horas semanales, de conformidad con el Decreto Ley 1042 de 1978. Luego,
mediante el concepto No. 20 de 2015, señaló que es procedente la fórmula de
44 horas semanales / 6 (número de días laborales), lo que arroja como resultado
7.33.
15. Por tal razón, el municipio señaló que aplicaría la siguiente fórmula para
hallar el factor hora para los empleados públicos: «factor hora con la fórmula de
44 horas semanales divididos 6 = 7.33 que es igual a 44/6=7.33, donde el valor
hora es igual a: salario x 12/365/7.33. Aclarando que se divide en 365 días, en
razón a que el municipio paga los 365 días al año por catorcenas, atendiendo lo
previsto en el Acuerdo No. 8 del 13 de mayo de 1985, expedido por el Concejo
Municipal».
16. En ese orden, sostuvo que le asistía razón al municipio en señalar que el
juzgado se equivocó al determinar la fórmula, ya que «una cosa es el valor hora
sobre la jornada de 44 horas semanales y/o 220 mensuales y otra cosa diferente
es que, sobre esa jornada ordinaria legal, las horas que efectivamente deben ser
laboradas en el mes asciendan a 190 horas mensuales, pues son el resultado de
restar de las 220 horas mensuales, las 30 horas destinadas para el descanso que
se encuentran remuneradas dentro del salario ordinario mensual».
17. En consecuencia, refirió que «solo si se sobrepasara tal límite, es decir,
190 horas mensuales, habría lugar al pago de horas extras, las cuales se
liquidarán con un recargo del 25% o del 75% sobre la remuneración básica fijada
por la ley para el respectivo empleo, según se trate de horas extras diurnas o
nocturnas y en ningún caso podrán pagarse en dinero más de 50 horas extras
mensuales, de conformidad con los límites establecidos en el artículo 36 del
Decreto 1042 de 1978, pues si el tiempo laboral superare dicha cantidad, el
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excedente debe reconocerse en tiempo compensatorio».
18. Luego, mediante auto del 24 de junio de 2026, el tribunal aclaró la parte
resolutiva de la sentencia de segunda instancia, en el sentido de señalar que la
liquidación de las horas extra se realizará respecto de los años 2015, 2016, 2017,
2018 y 2020.
1.3. Sustento de la vulneración
19. La parte accionante indicó que el Tribunal Administrativo de Antioquia
vulneró su derecho fundamental al debido proceso, al modificar la fórmula
determinada por el a quo para determinar el valor de las horas extra que trabajó
como bombero del municipio de Medellín.
20. Lo anterior, por considerar que incurrió en «vías de hecho» al no ajustar
su decisión en la reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado, que toma como
regla la fórmula de «salario básico mensual / 190 horas mensuales», así como
desconocer el contenido del artículo 33 del Decreto Ley 1042 de 1978.
21. Lo anterior, por cuanto la Sección Segunda del Consejo de Estado, en
sentencia del 12 de febrero de 20157, de forma coincidente y hasta la fecha8, ha
venido aplicando la fórmula utilizando como base las 190 horas mensuales.
Además, consideró que también desconoció su propia jurisprudencia, ya que se
apartó de sentencias proferidas por la corporación en las que aplicó que
mencionada fórmula9.
1.4. Intervenciones
22. El municipio de Medellín solicitó que se declare la improcedencia de la
acción de tutela por no superar el requisito de subsidiariedad, en la medida en
que la sentencia cuestionada no se encuentra ejecutoriada al existir una solicitud
de aclaración pendiente de resolver.
23. De manera subsidiaria, solicitó que se niegue la solicitud de amparo por
no haberse configurado el defecto sustantivo alegado, ya que, dentro de su
autonomía, el tribunal aplicó la fórmula de liquidación salarial fundamentada en
las horas efectivamente laboradas y no solo en las 190 horas de trabajo efectivo.
24. Sostuvo que, tal como lo advirtió el ad quem, dividir el salario mensual
7 Identificada con el radicado 05001-23-31-000-2003-00035-01(0162-12).
8 Al respecto, citó los siguientes radicados: 05001-23-33-000-2017-01115-01, 05001-23-33-000-
2017-01042-01, 5000-23-42-000-2013-00966-01, 5000-23-42-000-2018-01501-01 y 23-42-000-
2013-04471-01.
9 A saber, las decisiones proferidas en los siguientes procesos 05001333300220210002001,
05001333300920210003301, 05001333303420210003701 y 05001333303120190032101, entre
otros radicados.
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únicamente entre 190 horas implicaría distorsionar la fórmula, elevar
artificialmente el valor de la hora y obligar a la administración a pagar un valor
superior al real, generando un detrimento patrimonial.
25. Por último, puso de presente que existen diversas tesis hermenéuticas al
interior de la jurisdicción contenciosa, inclusive dentro del Tribunal Administrativo
de Antioquia y la Sección Segunda del Consejo de Estado, que en múltiples tesis
han avalado las 220 o 223 horas en la fórmula, lo cual evidencia que su
interpretación se encuentra amparada en el legítimo ejercicio de la autonomía e
independencia judicial.
26. El Tribunal Administrativo de Antioquia solicitó que se declare la
improcedencia de la acción de tutela, por considerar que carece de relevancia
constitucional. Lo anterior, debido a que el accionante pretende constituir una
tercera instancia para reabrir un debate ya zanjado en sede ordinaria, respecto
de una sentencia debidamente motivada.
27. Por su parte, el Juzgado Octavo Administrativo de Medellín expuso que
no existió alguna acción u omisión que le fuera atribuible, ya que se limitó a dictar
sentencia de primera instancia al interior del proceso interpuesto por el
accionante.
1.5. Sentencia de primera instancia
28. Mediante sentencia del 25 de mayo de 2026, la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado amparó el derecho fundamental al
debido proceso del accionante y, en consecuencia, le ordenó al Tribunal
Administrativo de Antioquia que, dentro de los 20 días siguientes a la notificación
de la providencia, profiera sentencia de remplazo.
29. Al respecto, indicó que la interpretación efectuada por la mencionada
autoridad judicial, consistente en aplicar la fórmula «factor hora= salario básico x
12 meses /365 días /7.33 horas» incurrió en los defectos sustantivo y
desconocimiento del precedente.
30. Lo anterior, con fundamento en que la línea jurisprudencial consolidada
por la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través de ambas subsecciones,
ha sido unánime en señalar que el valor de la hora ordinaria debe calcularse
sobre 190 horas mensuales, derivadas de una jornada de 44 hora semanales con
descanso remunerado.
31. En ese sentido, puso de presente las sentencias del 18 de abril de 202410
dictada por la Subsección A, así como las sentencias del 9 de noviembre de
202311 y 17 de septiembre de 201712 dictadas por la Subsección B, en las que se
10 Al interior del proceso con radicado 05001-23-33-000-2017-01042-01.
11 Identificada con el radicado 25000-23-25-000-2012-01143-01.
12 Al interior del proceso con radicado 05001-23-33-000-2013-00294-01.
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determinó que se estudiaron asuntos similares de personas que se
desempeñaban como bomberos en el municipio de Medellín.
32. En dichos casos, se determinó que «el límite legal de las 44 horas define
el tope de horas semanales laboradas, que debe multiplicarse por 52 semanas,
que son las que tiene el año, y dividir el resultado entre 12 meses, para obtener
190 horas al mes, motivo por el cual el parámetro que aplica la entidad
demandada, conforme al sistema de liquidación de recargos, no es el adecuado,
por lo que resulta procedente para la liquidación de las horas extras (trabajo
adicional a la jornada laboral establecida) tener en cuenta dicha base (190 horas)
para obtener el valor de la hora ordinaria».
1.6. Impugnación
33. El municipio de Medellín insistió en que la acción de tutela no supera el
requisito de relevancia constitucional, debido a que el accionante busca constituir
una instancia adicional al proceso ordinario. En ese sentido, expuso que no basta
con que el accionante manifieste su desacuerdo con una decisión judicial. Por el
contrario, resulta necesario que la controversia planteada trascienda de una
discusión estrictamente legal y permita identificar una cuestión ius fundamental,
circunstancia que no ocurre en este caso.
34. Indicó que el debate planteado por el accionante en el proceso ordinario,
y que ahora pretende trasladar en sede constitucional, se concreta en determinar
cuál es el divisor que debe emplearse para establecer el valor de la hora de
trabajo y, a partir de ello, liquidar las horas extras y los recargos reconocidos
dentro del proceso ordinario, específicamente si corresponde utilizar el factor de
190 horas o 220.
35. Por tal razón, sostuvo que la discusión es de naturaleza interpretativa y
netamente patrimonial, respecto de la manera en la que se debe determinar el
valor de una hora de trabajo y el consecuente monto de una condena económica.
36. Por último, precisó que la existencia de un componente económico no
excluye, por sí sola, la relevancia constitucional de una controversia. Sin
embargo, en este caso el accionante no identifica una afectación autónoma de
un derecho fundamental que trascienda su inconformidad con la interpretación
jurídica adoptada por el juez natural y con el resultado económico de la sentencia.
II. CONSIDERACIONES
37. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia proferida el 25 de
mayo de 2026 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, que concedió el amparo de los derechos fundamentales del actor. En ese
sentido, esta Sección explicará las razones por las cuales el Tribunal
Administrativo de Antioquia incurrió en el defecto de desconocimiento del
precedente judicial.
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2.1. Caso concreto
2.1.1. La solicitud cumple con los requisitos de procedencia de tutela
contra providencias judiciales
38. El Consejo de Estado13 y la Corte Constitucional14, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales15 y a la configuración de algún
defecto especial16 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo del asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.
39. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se declarará
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.
40. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple
con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a
exponerse.
41. Legitimación en la causa. Consiste, de una parte, en que quien
promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como
fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el
accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas
(pasiva).
42. La Sala advierte que el señor Alveiro de Jesús Estrada Gallego está
legitimado en la causa por activa, pues fue la parte demandante dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se dictó la
providencia que se cuestiona mediante la presente acción constitucional.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
14 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;
SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
15 (i) Legitimación en la causa; (ii) inmediatez; (iii) subsidiariedad (iv) relevancia constitucional; (v)
efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de
inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida
por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.
16 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.
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43. A su vez, se evidencia que el Tribunal Administrativo de Antioquia está
legitimado en la causa por pasiva por haber proferido la decisión objeto de estudio
dentro del trámite objeto de la litis.
44. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional17, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.
45. Como se expuso previamente, la parte accionante sostiene que el Tribunal
Administrativo de Antioquia, al proferir la sentencia del 27 de agosto de 2025,
vulneró su derecho fundamental al debido proceso al reajustar los recargos
nocturnos, trabajo en dominicales y festivos y por horas extras diurnas y
nocturnas con base en la siguiente fórmula: «factor hora = salario básico x 12
meses / 365 días / 7.33 horas».
46. A su juicio, la autoridad accionada incurrió en un defecto sustantivo, pues
omitió aplicar el contenido del artículo 33 del Decreto Ley 1042 de 1978, el cual
establece que la jornada de trabajo es de 44 horas semanales. A su vez,
desconoció la jurisprudencia decantada por la Sección Segunda del Consejo de
Estado y, en particular, la sentencia del del 12 de febrero de 201518, que ha
determinado que el factor debe ser dividido en 190 horas, así como sentencias
dictadas por la misma corporación.
47. Precisado lo anterior, la Sala advierte que el cargo por defecto sustantivo
y desconocimiento del precedente horizontal no cumplen el requisito de
relevancia constitucional. Lo anterior, por cuanto el accionante únicamente
manifestó la omisión del tribunal en aplicar el artículo 33 del Decreto Ley 1042 de
1978, sin siquiera explicar sumariamente algún motivo que desarrollara dicha
afirmación.
48. En el mismo sentido, respecto al desconocimiento de la jurisprudencia de
desarrollada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, el señor Estrada Gallego
se limitó a citar múltiples radicados de procesos. Sin embargo, aunque
individualizó las providencias, no explicó el contenido de la decisión ni esbozó
argumentos que tiendan a demostrar por qué esas sentencias resultaban
aplicables a su situación particular.
17 Sentencia SU-215 de 2022.
18 Identificada con el radicado 05001-23-31-000-2003-00035-01(0162-12).
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49. En ese sentido, la Sala advierte que del escrito tutelar no se hace
referencia a esa regla de derecho determinante para el sentido de la decisión en
el caso en concreto, ni tampoco se hace referencia a la ratio decidendi que
justifica la decisión adoptada en sede de tutela, y ni siquiera, señaló el obiter
dicta.
50. Por lo anterior, los cargos por defecto sustantivo y desconocimiento del
precedente horizontal carecen de la carga argumentativa necesaria para que
proceda un estudio de fondo por parte del juez constitucional.
51. En ese sentido, se recuerda que formular un simple desacuerdo con una
decisión judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unos derechos
fundamentales, no conlleva que el asunto puesto en conocimiento cumpla con el
presupuesto bajo estudio. En estos asuntos, se requiere que en el escrito inicial
medie un ejercicio argumentativo que permita entrever que la controversia gira
en torno al alcance, contenido o goce de una garantía ius fundamental.
52. Sin embargo, la Sala tendrá por superado este requisito del
desconocimiento del precedente vertical. Lo anterior, por cuanto el accionante
puso de presente que, en diversas sentencias proferidas por la Sección Segunda
del Consejo de Estado, órgano de cierre en la materia, se ha estimado que,
tratándose de la liquidación de bomberos adscritos al municipio de Medellín, la
liquidación de las horas extra debe ser dividida sobre 190 horas.
53. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Antioquia se apartó de dicho
precedente, y en su lugar, aplicó una fórmula distinta. De allí que sea necesario
que la Sala entre a determinar si el tribunal incurrió en un desconocimiento del
precedente judicial y, en consecuencia, si vulneró el derecho fundamental al
debido proceso del tutelante.
54. Subsidiariedad. El accionante cumplió con este presupuesto, ya que no
cuenta con otros mecanismos judiciales ordinarios ni extraordinarios para
controvertir la providencia que cuestiona mediante esta vía.
55. Se precisa que la sentencia proferida el 27 de agosto de 2025 por el
Tribunal Administrativo de Antioquia resolvió el recurso de apelación interpuesto
por la entidad demandada contra la sentencia del 6 de junio del mismo año,
dictada por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Medellín,
por lo que es dable tener por agotados los recursos ordinarios.
56. Del mismo modo, no se advierte, prima facie, el cumplimiento de requisitos
de procedencia de recursos extraordinarios de revisión ni de unificación de
jurisprudencia. Esto, por cuanto el cargo por desconocimiento del precedente
vertical de la Sección Segunda no es una causal de revisión y porque dicho
defecto, en este caso, se concreta en la inaplicación de la jurisprudencia
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consolidada de sus subsecciones. Por tal razón, se tiene por cumplido el requisito
de subsidiariedad.
57. Inmediatez. También se acredita este presupuesto, pues la sentencia que
se reprocha quedó ejecutoriada el 2 de septiembre de 2025 y la acción de tutela
se presentó el 12 de febrero de 2026. Es decir, dentro de los seis meses que
estableció la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005, como plazo
razonable para ejercer la acción constitucional.
58. Naturaleza de la decisión cuestionada. Se supera este presupuesto ya
que no se controvierte una decisión de tutela, pues la providencia reprochada fue
proferida al interior del trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho. Del mismo modo, la providencia sub judice tampoco fue dictada en
el marco de un proceso de control abstracto de constitucionalidad ni corresponde
a una sentencia interpretativa adoptada por la Sección de Apelación del Tribunal
Especial para la Paz.
59. Identificación razonable de los hechos. Finalmente, en la solicitud de
amparo se presentó una explicación hechos y argumentos por los que la parte
actora consideró que le fueron vulnerados sus derechos fundamentales. Por
ende, cumplió con la carga mínima en dar las razones por las cuales considera
que la autoridad accionada incurrió en una vulneración de las garantías.
2.1.2. Generalidades del defecto del desconocimiento del precedente
judicial
60. De acuerdo con la posición de la Sala, por regla general, se entiende como
precedente aquella sentencia o conjunto de sentencias, que presentan
similitudes fácticas y jurídicas con un caso nuevo objeto de estudio, de las cuales
se desprende una regla para resolver la controversia (ratio decidendi) que obliga
al juez a fallar en el mismo sentido19. Cabe destacar que el acatamiento de la
ratio decidendi no está atado al número de decisiones que traten el tema objeto
de discusión, dado que solo basta una providencia en donde se especifique una
regla o sub-regla de derecho20.
61. De apartarse del precedente, sin que el operador judicial cumpla con una
carga argumentativa encaminada a justificar de forma suficiente y razonada por
qué no aplicará lo establecido con anterioridad, se configura el defecto por
desconocimiento del precedente judicial.
62. Por su parte, la Corte Constitucional ha sostenido que dicho cargo se
configura si: (i) en la ratio decidendi o razón de la decisión de la sentencia
anterior existe una regla jurisprudencial que puede ser aplicable a futuros
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 15
de julio de 2021. Rad. No. 11001-03-15-000-2021-01626-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
20 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencia de 6 de mayo de 2021, Rad. No. 11001-03-15-000-2021-00281-01, M.P. Rocío Araújo
Oñate.
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casos; (ii) dicha razón de decisión resuelva un problema jurídico análogo o
semejante al propuesto en el nuevo caso; y (iii) los hechos del caso son
equiparables21.
2.1.3. El Tribunal Administrativo de Antioquia desconoció el precedente
judicial de la Sección Segunda del Consejo de Estado
63. Como se explicó en párrafos anteriores, el accionante consideró que la
autoridad judicial accionada, al proferir la sentencia del 27 de agosto de 2025,
desconoció el precedente judicial de la Sección Segunda del Consejo de Estado
al reajustar los recargos nocturnos, trabajo en dominicales y festivos y por horas
extras diurnas y nocturnas con base en la fórmula: «factor hora = salario básico
x 12 meses / 365 días / 7.33 horas».
64. Pues bien, para la Sala, tal como lo señaló el a quo constitucional, el
Tribunal Administrativo de Antioquia desconoció el precedente judicial decantado
tanto por la Subsección A como de la Subsección B de la Sección Segunda de
esta corporación, como pasa explicarse.
65. En efecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia del
12 de febrero de 2015 dictada al interior del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado 05001-23-31-000-2003-00035-01 (0162-2012),
consideró que, ante la falta de existencia de una regulación de la jornada laboral
especial para las personas vinculadas al cuerpo de bomberos, debía aplicarse el
artículo 33 del Decreto 1042 de 1978.
66. Según la Sección Segunda, la labor realizada en exceso de las 44 horas
semanales constituía trabajo suplementario o de horas extras, las cuales debían
ser remuneradas en las condiciones previstas en el artículo 35 y siguientes del
referido decreto, con la deducción de los días de descanso remunerado,
vacancias, licencias, permisos y demás situaciones administrativas del
trabajador.
67. En ese sentido, indicó que la jornada ordinaria legal de 44 horas
semanales equivalía a 190 horas mensuales y las que superaban tal número
constituían tiempo extra, del cual sólo se podía pagar en dinero 50 horas al mes,
de conformidad con el artículo 36 ibidem. En cuanto a la liquidación del recargo
y trabajos dominicales y festivos, señaló que para el cálculo del valor de la hora
del salario se debía tener en cuenta la asignación básica mensual sobre el
número de horas de la jornada ordinaria mensual equivalente a 190 horas, cifra
que resultaba de multiplicar el número de horas semanales (44) por el factor 4.33
que corresponde al número de semanas al mes (52 semanas que tiene el año /
12 meses del año).
21 Corte Constitucional, Sentencias SU-295 de 2023, SU-446 de 2022, SU-317 de 2021, entre
otras.
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68. A partir de dicha providencia, esa postura adoptada ha sido reiterada por
la Sección Segunda del Consejo de Estado en diferentes providencias.
69. En efecto, y tal como lo concluyó el a quo, la Sección Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia del 18 de abril de 202422,
al estudiar un asunto similar respecto de un demandante que también se
desempeñaba como bombero en el municipio de Medellín, determinó que:
«Según lo establecido en el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978, la jornada
laboral debe corresponder a 44 horas semanales, que equivalen a un total de 190
horas mensuales. Lo anterior se ha explicado de la siguiente forma: las 44 horas
determinan el tope de horas semanales laboradas, que debe multiplicarse por 52
semanas, que son las que tiene el año, y dividir el resultado entre 12 meses, para
obtener 190 horas al mes.
[…]
En ese sentido, la remuneración de los bomberos que desarrollan actividades
laborales en jornadas mixtas debe calcularse a partir de un horario ordinario
máximo mensual de 190 horas, lo que implica que todo trabajo que supere dicho
término debe ser entendido como suplementario o desarrollado en horas extras,
pues estaría por fuera del tope establecido en la norma.
De acuerdo con lo anterior, no le asiste razón a la parte demandada al manifestar
que la liquidación de los emolumentos laborales del accionante debe hacerse con
base en una jornada de 223 horas mensuales, incluyendo para dicho calculo la
remuneración del domingo, pues la interpretación que ha hecho el Consejo de
Estado sobre el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978, relativo a la jornada laboral
de los empleados territoriales parte de la base de 190 horas para determinar el
valor de la hora ordinaria, extraordinaria y recargos, como también se ha
establecido como la cifra a partir de la cual deben computar las horas extras y el
monto máximo de su reconocimiento»
70. En igual sentido, la Subsección B de la Sección Segunda de esta
corporación, en sentencia del 28 de mayo del 202223, en un proceso contra el
Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá dispuso que:
«el límite legal de las 44 horas determina el tope de horas semanales laboradas,
que debe multiplicarse por 52 semanas, que son las que tiene el año, y dividir el
resultado entre 12 meses, para obtener 190 horas al mes, motivo por el cual el
parámetro que aplica la parte accionada, conforme a su sistema de liquidación
de recargos, que según su parecer es adecuado y tiene como fundamento la
norma básica de 8 horas diarias por 30 días al mes, bajo una supuesta jornada
de 66 horas semanales, no es correcto.
Entonces, como al demandante se le sufragaron los recargos ordinario nocturno
(35%), festivo diurno (200%) y festivo nocturno (235%)27, pero con una base de
240 horas mensuales, se debe modificar esta forma de realizar el cálculo y hacer
la respectiva reliquidación con el denominador de 190 horas mensuales, como
atrás se explicó, lo que fue ordenado acertadamente en la sentencia de primera
instancia.
22 Al interior del proceso con radicado 05001-23-33-000-2017-01042-01.
23 En el proceso con radicado 25000-23-42-000-2018-01363-01.
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De igual manera se ha de proceder frente al reconocimiento del trabajo ordinario
en días dominicales y festivos, pues el accionado lo hizo en consideración a 240
horas mensuales y no a 190 sobre la asignación básica mensual, lo cual va en
desmedro del actor, por tanto, se deberá efectuar el reajuste de los dominicales
y festivos laborados con esta última operación».
71. De conformidad con lo anterior, la Sala concluye que el Tribunal
Administrativo de Antioquia, al modificar el fallo de primera instancia por
considerar que las horas extras laboradas por el accionante debían calcularse
sobre 7.33 horas, incurrió en un desconocimiento del precedente judicial. Como
se expuso previamente, las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, de manera pacífica, han estimado que el valor de la hora
ordinaria debe calcularse sobre 190 horas mensuales, derivada de una jornada
máxima semanal de 44 horas semanales con descanso remunerado, de
conformidad con el artículo 33 del Decreto Ley 1042 de 1978.
72. En ese sentido, el asunto revisado en esta oportunidad ya ha sido objeto
de análisis por esta corporación en sede de lo contencioso administrativo y ha
adoptado una posición contraria a que plantea el Tribunal Administrativo de
Antioquia. Pues, como se expuso, la jurisprudencia de la Sección Segunda del
Consejo de Estado ha sido consistente en señalar que el exceso de horas
laboradas debe calcularse sobre 190 horas.
73. Por lo anterior, la Sala confirmará la sentencia del 25 de mayo de 2026 por
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado que amparó los
derechos fundamentales del accionante y, en consecuencia, le ordenó al Tribunal
Administrativo de Antioquia que, en el término de 20 días siguientes emita un
pronunciamiento de reemplazo, teniendo en cuenta la jurisprudencia de la
corporación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia dictada el 25 de mayo de 2026 por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
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PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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