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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01037-00

Fecha
9 de abril de 2026
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01037-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor Gustavo Alfonso Franco Angarita contra el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado Treinta Administrativo de Medellín, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. 2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01037-00

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

9 de abril de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01037-00
Demandante: Gustavo Alfonso Franco Angarita

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01037-00
Demandante: Gustavo Alfonso Franco Angarita
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho: acto de retiro de miembro de
la Policía Nacional en uso de la facultad discrecional prevista
en el Decreto 1791 de 2000. Falta de cumplimiento de
requisitos generales de procedencia: relevancia constitucional

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Gustavo Alfonso Franco
Angarita contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, de conformidad con lo
establecido en el artículo 1° del Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 12 de febrero de 2026, el señor Gustavo Alfonso Franco Angarita, por intermedio
de apoderado, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia
y el Juzgado Treinta Administrativo de Medellín, por estimar vulnerados los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso efectivo a la administración
de justicia y al trabajo en condiciones dignas y justas. En consecuencia, formuló las
siguientes pretensiones:

«SEGUNDA: DECLARAR que la providencia judicial proferida el día [insertar fecha] por
el [Autoridad Judicial Accionada] incurrió en una auténtica vía de hecho por la
configuración de un defecto sustantivo, derivado del ostensible desconocimiento del
precedente constitucional vinculante sentado en la Sentencia C-1076 de 2002 de la Corte
Constitucional y el precedente vertical del Consejo de Estado (Rad. 68001- 23-33-000-
2016-01103-01).

TERCERA: Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS la sentencia
mencionada y todas las actuaciones que de ella se deriven, por haber validado un acto
administrativo de retiro del servicio fundamentado en "anotaciones" demeritorias proscritas
por el ordenamiento jurídico colombiano al carecer de la ritualidad sustancial y procesal
de las Leyes 1015 de 2006 y 734 de 2002.

CUARTA: ORDENAR a la autoridad judicial accionada que, en un término perentorio que
consideren, proceda a proferir una nueva sentencia de reemplazo. En dicha providencia,
el juzgador deberá acatar estrictamente la ratio decidendi de los precedentes omitidos,
ejerciendo un control judicial integral sobre el acto administrativo de retiro y declarando
su nulidad por falsa motivación, al haber sido edificado sobre sanciones de facto
desprovistas de las garantías del debido proceso.

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Demandante: Gustavo Alfonso Franco Angarita

QUINTA: ADOPTAR cualquier otra medida que estos honorables Magistrados consideren
necesaria, pertinente e idónea para salvaguardar de manera definitiva los derechos
constitucionales que han sido afectados por la arbitrariedad judicial denunciada. »

2. Hechos

De la demanda de tutela, se indican como hechos relevantes los siguientes:

De la actuación administrativa que dio lugar a la demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho

El 4 de mayo de 2006 el señor Franco Angarita ingresó a la Policía Nacional como
alumno del nivel ejecutivo y mediante la Resolución 05576 del 10 de noviembre de
2006 fue nombrado en el grado de patrullero hasta el 9 de marzo de 2019, cuando fue
retirado en uso de la facultad discrecional prevista en el Decreto 1791 de 2000.

Al respecto, se encuentra que por medio del Acta No. 156 SUBCO-GUTAH 2.25 del
26 de marzo de 2019, la Junta de Evaluación y Clasificación para Suboficiales,
Personal del Nivel Ejecutivo y Agentes recomendó retirar de la institución al patrullero
Franco Angarita por razones del servicio, entre las que se puede destacar «el constante
incumplimiento de las tareas encomendadas» y «la falta de compromiso con la prestación del servicio»,
las cuales hicieron inviable la permanencia del patrullero en la institución.

Con fundamento en esa recomendación, por medio de la Resolución No. 0297 del 27
de marzo de 2019, el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburra retiró
del servicio activo al patrullero Franco Angarita.

De la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 2019-
00389, presentada contra la Resolución No. 0297 del 27 de marzo de 2019

El actor presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la
Policía Nacional, en la que solicitó la nulidad de la Resolución No. 0297 del 27 de
marzo de 2019. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se ordenara su
reintegro al servicio activo y el pago de los emolumentos dejados de percibir.

El 30 de agosto de 2022, el Juzgado Treinta Administrativo de Medellín negó las
pretensiones de la demanda, con fundamento en que la decisión del retiro discrecional
del patrullero Franco Angarita resultó razonable, no solo por la recomendación de la
Junta de Evaluación y Clasificación para Suboficiales, sino también porque el a quo
constató «el cuestionable desempeño del señor GUSTAVO ALFONSO FRANCO ANGARITA y e(l)
deficiente cumplimento de las funciones asignadas», lo que condujo al retiro del cargo, decisión
fundada en la afectación a la prestación del servicio y pérdida de la confianza.

Adicionalmente, sostuvo que, a pesar de «los diversos reconocimientos, felicitaciones y
condecoraciones que reposaban en la hoja de vida del demandante, así como las evaluaciones de
desempeño en nivel superior», ello no implicaba la existencia de una estabilidad laboral
absoluta que restringiera el ejercicio de la facultad discrecional prevista en el Decreto
1791 de 2000 por parte de la Fuerza Pública.

Esa decisión fue apelada por el demandante con base en que el acto de retiro del
actor adolecía de falsa motivación y desviación de poder, pues se fundamentó en
«anotaciones registradas ilegalmente en su formulario de seguimiento» que daban cuenta de

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«supuestas estacionarias no autorizadas; aparente exceso de velocidad; mal estado de la motocicleta;
llegada retardada a la formación; no firmar un libro; falta de higiene en el lugar de trabajo; transcripción
demorada de una excusa del servicio; y, no ingresar al portal de servicios internos». Hechos que, en
todo caso, no revestían tal trascendencia para configurar una causal de retiro del
servicio por la facultad discrecional, ni mucho menos implicaban un menoscabo a las
exigencias de confiabilidad y eficiencia del servicio.

Adicionalmente, argumentó que la jurisprudencia del Consejo de Estado «prohíbe anotar
este tipo de afectaciones en los formularios de seguimiento o en las hojas de vida de los funcionarios
sin antes surtirse un debido proceso administrativo». Asimismo, citó la sentencia C-1076 de
2002, proferida por la Corte Constitucional, la cual, en su criterio, «proscribió de nuestro
ordenamiento jurídico la posibilidad de plasmar por escrito en los formularios de seguimiento y
evaluación u hojas de vida los llamados de atención que no sean producto de un proceso administrativo
disciplinario bajo la ritualidad sustancial y procesal de la Ley 1015 de 2005 y Ley 734 de 2002
respectivamente».

El 5 de noviembre de 2025, el Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó la
sentencia de primera instancia. El ad quem sostuvo que el acto administrativo
demandado estuvo respaldado por la recomendación de retiro de la Junta de
Evaluación y Clasificación para Suboficiales, Personal del Nivel Ejecutivo y Agentes,
la cual se fundamentó en el «desconocimiento constante de sus deberes y funciones propias del
cargo, los cuales fueron debidamente determinados y enunciados en el acto, son constatables y no
fueron desvirtuados».

De igual manera, señaló que los registros anotados en el formulario de seguimiento
en la hoja de vida de patrullero fueron conocidas en su momento por el patrullero. Sin
embargo, no ejerció contra estos los recursos que tenía a su alcance. En
consecuencia, dado que las «circunstancias que rodearon el desempeño laboral del demandante
coinciden con las valoradas por la Junta de Evaluación y Clasificación al recomendar su
desvinculación», el demandante no acreditó el uso arbitrario de la facultad discrecional,
pues no probó que su retiro estuviera motivado en un fin diferente del buen servicio.

3. Argumentos de la acción de tutela

El actor alegó que el Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió en defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente jurisprudencial, por cuanto, en
contravía de la jurisprudencia constitucional y de la jurisdicción contencioso-
administrativa, otorgó validez probatoria a las anotaciones realizadas en la hoja de
vida del servidor público, sin que previamente se hubiera adelantado en su contra un
proceso disciplinario de manera formal. Aseguró que dichas anotaciones sirvieron de
fundamento para motivar el acto de retiro del servicio en uso de la facultad
discrecional.

Adujo que el Tribunal adoptó una decisión contraria al precedente establecida por la
Corte Constitucional en la sentencia C-1076 de 2002, según el cual, a su juicio, las
anotaciones o los llamados de atención reportados en las hojas de vida del servidor
público carecen de valor probatorio si son incorporados sin mediar proceso
disciplinario. Señaló que ese criterio también fue acogido por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, en la sentencia del 2 de febrero de 20171.
Sin embargo, pese a la existencia de una postura jurisprudencial consolidada, la
autoridad judicial accionada no explicó las razones por las cuales se apartó de ese
precedente.

1
Sentencia del 2 de febrero de 2017. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Consejero ponente: Gabriel
Valbuena Hernández. Radicación núm. 68001-23-33-000-2016-01103-01.
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4. Trámite previo

El 18 de febrero de 2026, el despacho ponente admitió la acción de tutela, ordenó
notificar a la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia y al
titular del Juzgado Treinta Administrativo de Medellín como demandados.
Adicionalmente, a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional como tercera
interesada. Asimismo, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 610 del Código General del Proceso.

5. Oposiciones

El Tribunal Administrativo de Antioquia guardó silencio pese a haber sido notificado
en debida forma.

El Juzgado Treinta Administrativo de Medellín envío el enlace correspondiente al
expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 2019-00389,
pero guardó silencio sobre los hechos y pretensiones de la presente solicitud de
amparo.

6. Intervención de los terceros con interés

El Ministerio de Defensa – Policía Nacional señaló que, en el caso particular, no se
vulneraron los derechos fundamentales invocados, comoquiera que en el proceso
judicial se demostró que el retiro del señor Franco Angarita se efectuó conforme a las
subreglas jurisprudenciales proferidas por la Corte Constitucional, en uso de la
facultad discrecional prevista en el Decreto Ley 1791 de 2000.

Sostuvo que esa decisión se basó en la pérdida de confianza justificada en el «latente
incumplimiento del tutelante en sus deberes policiales», el cual se evidenció a partir de
«anotaciones por incumplimiento a las tareas asignadas en el MNVCC, abandono de la Geocercas que
se establecen para los cuadrantes», «incumplimiento de las normas de tránsito, por cuanto tenía
registros por exceso de velocidad, sumado al mal estado de conservación de la motocicleta asignada
para el servicio, así como por «no ingresar al sistema de evaluación desde la plataforma «Portal de
Servicios Internos –PSI-», no aprobar la prueba doctrinal policial, no firmar la minuta de servicio, no
portar los elementos para el servicio, retardos injustificados de transcripción de excusa médica, retardo
para presentarse al Comité de Vigilancia, falta de higiene en el lugar de trabajo e incumplimiento de
órdenes».

Informó que la institución notificó en su momento al accionante sobre las anotaciones
realizadas en el formulario de seguimiento, según lo establece el Decreto 1800 de
2000. Respecto de algunas, realizó la reclamación respectiva, las cuales fueron
resueltas en los términos dispuestos y respecto de aquéllas que no interpuso
reclamación alguna se entendería que acepta lo allí reportado.

Consideró que el actor no demostró la procedencia de la acción de tutela mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable, al no demostrarse la inminencia y
gravedad de éste. En consecuencia, solicitó que se declarara improcedente la
presente solicitud de amparo.

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto». Esta acción procede cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
2
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional , para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales3 y específicas4 de procedencia de la
acción de tutela.

Problema jurídico

Previo a plantear el problema jurídico, es necesario resaltar que la parte actora endilga
tanto al Juzgado Treinta Administrativo de Medellín como al Tribunal Administrativo
de Antioquia la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, al acceso efectivo a la administración de justicia y al trabajo en condiciones
dignas y justas, al proferir las sentencias del 30 de agosto de 2022 y 5 de noviembre
de 2025, respectivamente, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado núm. 2019-00389.

2
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
3
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
4
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.
5
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No obstante, esta Sección se limitará a analizar la providencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, comoquiera que fue la que puso fin a la controversia
debatida en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, al confirmar
la decisión de primera instancia que denegó las pretensiones de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho presentada por el señor Gustavo Alfonso
Franco Angarita tendientes a dejar sin efecto el acto administrativo de retiro de la
Policía Nacional con fundamento en la facultad discrecional y se ordenara su reintegro
y el pago de los emolumentos dejados de percibir.

La Sala anticipa que declarará improcedente la acción de tutela, porque no se acreditó
el cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional, pues el accionante
insiste en los mismos argumentos expuestos en el recurso de apelación dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo tanto, lo que
pretende es configurar una instancia adicional.

Para resolver este asunto, la Sala se referirá a los siguientes aspectos: (i) sobre la
relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales y; (ii) el análisis del caso concreto.

(i) Sobre la relevancia constitucional como requisito general para la
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones.

En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de
las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20145, para que un
asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no
puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se
alejan del objeto de la acción de tutela.

(ii)Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales»6. Es necesario que el interesado exponga de manera

5
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012
02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
6
Ibidem.
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clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o
vulnera los derechos fundamentales.

(iii)Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda
de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada,
deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el
estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión
cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más
informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de
derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la
demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los
jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y
conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las
decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se
ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces
competentes.

(ii) Caso concreto

En el caso concreto, la Sala advierte que la parte demandante propone la misma
discusión jurídica que presentó en el trámite del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que adelantó contra la Nación - Ministerio de Defensa -
Policía Nacional, con el fin de que, se ordenara su reintegro a esa institución en un
cargo igual o superior al que desempeñaba y el pago de los emolumentos dejados de
percibir desde el momento de su retiro hasta que su reincorporación se hiciera
efectiva.

El conocimiento del asunto en primera instancia correspondió al Juzgado Treinta
Administrativo de Medellín que, en sentencia del 30 de agosto de 2022, negó las
pretensiones de la demanda. Como sustento de la decisión, el Juzgado señaló que el
retiro del patrullero Franco Angarita se realizó con fundamento en la facultad
discrecional de la Fuerza Pública, el cual resulto razonable, no solo por la
recomendación de la Junta de Evaluación y Clasificación para Suboficiales, Personal
del Nivel Ejecutivo y Agentes sino también porque del material probatorio que obró en
el expediente, el a quo advirtió la prestación del servicio del señor Franco Angarita con
un desempeño cuestionable, lo cual conllevó a una afectación en la prestación del
servicio y a la pérdida de confianza.

Contra la anterior decisión el ahora tutelante interpuso recurso de apelación, al
considerar que la serie de conductas en las que incurrió el patrullero Franco Angarita
no vislumbraban situaciones de tal trascendencia para adoptar esa decisión, ni mucho
menos implicaban un menoscabo a las exigencias de confiabilidad y eficiencia del
servicio. Asimismo, hizo referencia a decisiones proferidas por el Consejo de Estado

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y la Corte Constitucional que, a su juicio, aluden a la prohibición de anotaciones en
las hojas de vida del servidor público sin que previamente se hubiera surtido un debido
proceso administrativo.

Por su parte, en el escrito de tutela, el actor aduce que la autoridad judicial demandada
incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente jurisprudencial,
básicamente con el argumento de que el Tribunal desconoció lo establecido por el
Consejo de Estado y la Corte Constitucional, al otorgar validez probatoria a
anotaciones realizadas en la hoja de vida del servidor público, sin que previamente se
hubiera adelantado en su contra un proceso disciplinario. Adujo que a pesar de la
existencia de una postura jurisprudencial consolidada, la autoridad judicial accionada
no explicó las razones por las cuales se apartó de ese precedente.

A partir de lo anterior, la Sala observa que el actor plantea nuevamente la misma
discusión jurídica que ya fue objeto de análisis en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, en el cual también actuó como demandante. En esta
ocasión, reitera los argumentos expuestos en el trámite ordinario, fundamentándose
en la presunta configuración de defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente jurisprudencial, sin que ello modifique sustancialmente el núcleo del
debate ya resuelto por las autoridades judiciales competentes, lo cual evidencia que
lo que pretende la parte actora es hacer uso de la presente solicitud de amparo como
una instancia adicional.

En efecto, de lo expuesto hasta aquí se evidencia que la discusión planteada por la
parte actora ya fue resuelta por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en la sentencia
del 5 de noviembre de 2025, que, en lo que interesa, consideró:

«(…)

Teniendo lo expuesto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación advirtiendo que
en el caso del retiro del servicio de los miembros de la Policía Nacional, en uso de la
facultad discrecional prevista en el Decreto 1791 de 2000, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado, han sido enfáticas en señalar que dicha facultad
no puede derivar en arbitrariedad, por lo que se requiere un mínimo de motivación en el
acto de retiro, consistente en la recomendación que por razones objetivas realice la Junta
de Evaluación y Clasificación.

Dicha causal de retiro se ha entendido que está dirigida a velar por el mejoramiento del
servicio frente a situaciones que afecten el correcto desempeño de la función institucional
y por ello, puede ser utilizada cuando las condiciones particulares de cada caso confluyan
en la vulneración de los principios éticos y morales, así como la pérdida de la confianza
en el personal uniformado.

Por estas razones ha definido la jurisprudencia, que el único requisito de esta causal es el
concepto razonado, suficiente y previo de la Junta de Evaluación respectiva, el cual debe
estar sustentado en razones objetivas y hechos ciertos, que finalmente constituyen la
motivación del acto de retiro7.

De acuerdo con lo anterior, como lo señaló el a quo, está acreditado que el acto
administrativo acusado está soportado en la recomendación señalada por la Junta de
Evaluación y Clasificación en la que se analizaron las circunstancias que motivaron el visto
bueno para ordenar el retiro de la institución.

Está acreditado en palabras de la Junta de Evaluación que los reportes negativos del
patrullero disminuían la confianza en el uniformado quien según se expuso contaba con

7 SU-172 de 2015.

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suficiente capacitación y experiencia para llevar a cabo su función, además, porque
siempre se espera de todo funcionario público una conducta intachable, lo cual se echa
de menos con los 42 reportes negativos.

De otra parte, se advierte que uno de los argumentos del comandante la Policía
Metropolitana del Valle de Aburrá, es que la decisión está encaminada a la preservación
de la correcta prestación del servicio, lo cual se vio reflejado por los múltiples reportes
negativos en el Formulario de Seguimiento.

(…)

Atendiendo los conceptos anteriores, se advierte que no le asiste razón a la parte actora
en cuanto a los argumentos contenidos en el recurso de apelación, puesto que, el hecho
de tener anotaciones favorables y condecoraciones no implican per se, un refuerzo en su
estabilidad laboral, porque como lo señaló la entidad demandada, los funcionarios públicos
en todo momento deben observar una excelente conducta, más aún, tratándose de
miembros de la Policía Nacional quienes tienen contacto permanente con la comunidad y
son motivo de ejemplo para los asociados, a lo que debe agregarse que el retiro obedeció
a la pérdida de confianza en la labor del uniformado.

En ese sentido, debe tenerse en cuenta que la decisión que motivó la recomendación de
la junta y posteriormente el retiro del servicio, se fundó en el desconocimiento constante
de sus deberes y funciones propias del cargo, los cuales fueron debidamente
determinados y enunciados en el acto, son constatables y no fueron desvirtuados.

(…)

En relación con el reparo de los registros plasmados en el formulario de seguimiento y
hoja de vida del patrullero porque a su juicio riñen con el ordenamiento jurídico por
violación al debido proceso y porque desconocen abruptamente el precedente
constitucional, es pertinente advertir y no fue objeto de controversia que, las anotaciones
realizadas en dicho documento fueron conocidas por el patrullero, sin que ejerciera los
recursos que tenía a su alcance.

Conforme lo expuesto, resulta evidente que no puede predicarse dentro del presente
asunto, la configuración de las causales de nulidad por falsa motivación o desviación de
poder, habida cuenta que los hechos descritos en la valoración de la Junta de Evaluación
y Clasificación efectivamente existieron y resultan suficientes para sustentar la pérdida de
confianza que sirvió de fundamento para proferir la Resolución 0297 del 27 de marzo de
2019 que dispuso el retiro.

(…)

Atendiendo la jurisprudencia en comento, se puede concluir que las circunstancias que
rodearon el desempeño laboral del demandante coinciden con las valoradas por la Junta
de Evaluación y Clasificación al recomendar su desvinculación, decisión que resultó
proporcional al objetivo de optimizar el servicio, puesto que, en el Formulario de
Seguimiento se efectuaron varios requerimientos y anotaciones relacionados con el
incumplimiento de funciones asignadas.

Por último, se advierte que el demandante no logró acreditar que la motivación de su retiro
persiguiera un fin diferente del buen servicio, que llevara a concluir un uso arbitrario de la
facultad discrecional conferida por el Decreto 1791 de 2000.

Por las consideraciones expuestas, se confirmará la sentencia proferida por el Juzgado
Treinta Administrativo del Circuito de Medellín mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.

Siendo así, aunque la parte actora alega que la providencia objeto de tutela vulneró
los derechos fundamentales invocados, porque, presuntamente desconoció lo
dispuesto por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, lo cierto es que el
demandante pretende hacer uso de la acción de tutela de la referencia para insistir en
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01037-00
Demandante: Gustavo Alfonso Franco Angarita

los mismos argumentos que alegó en el trámite ordinario, los cuales, como se vio, ya
fueron resueltos por los jueces naturales de la causa.

Así, queda demostrado que la acción de tutela de la referencia no cumple con el
requisito general de relevancia constitucional, porque la parte actora reiteró los
argumentos que expuso en el marco del proceso ordinario, lo que permite evidenciar
que la inconformidad del actor se generó con las conclusiones del juez natural, las
cuales no coinciden con sus intereses.

Por las anteriores razones, la Sala se abstendrá de hacer un pronunciamiento de
fondo sobre la vulneración alegada por el demandante, dado que la acción de tutela
no cumple los requisitos de procedencia que habiliten el estudio de los cargos
invocados por parte del juez constitucional, en consecuencia, se declarará
improcedente la acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor Gustavo
Alfonso Franco Angarita contra el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado
Treinta Administrativo de Medellín, de conformidad con la parte motiva de esta
providencia.
2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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