Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01039-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01039-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-01039-00
Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora
20 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejero ponente (e): FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01039-00
Accionante: INSTITUTO FINANCIERO EMPRESARIAL DE YOPAL (IFEY)
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Defecto procedimental absoluto -
Ocurre cuando la autoridad judicial actúa al margen del procedimiento legalmente
establecido, ya sea porque sigue un procedimiento distinto al aplicable o porque omite una
etapa sustancial de este.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve la acción de tutela instaurada por el Instituto Financiero
Empresarial de Yopal (en adelante IFEY), de conformidad con lo consagrado en los
artículos 86 de la Constitución Política y 29 del Decreto 2591 de 19911.
ANTECEDENTES
La demanda
1. El IFEY, a través de demanda presentada el 12 de febrero de 2026, solicitó la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, los cuales considera vulnerados por el Juzgado Cuarto
Administrativo de Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare.
Hechos relevantes
2. El Instituto Financiero de Casanare (en adelante IFC) fue creado mediante el
Decreto 107 de 1992, modificado por el Decreto 073 de 2002, como una empresa
comercial y de gestión económica, con el objeto de fomentar el desarrollo económico
y social de ese departamento, a través de la prestación de servicios financieros,
empresariales y de gestión de proyectos.
3. En desarrollo de su objeto, el IFC otorga créditos de fomento y educativos a
personas de escasos recursos, los cuales respalda con pagarés y cartas de
instrucciones.
4. El IFC le otorgó un crédito a la señora Dilma Leonor López Niño, contra quien
dicha entidad promovió un proceso ejecutivo de mínima cuantía con base en el
1
El asunto ingresó al despacho el 2 de marzo de 2026. Ver índice 18 de Samai.
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Accionante: Instituto Financiero Empresarial de Yopal
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
pagaré 4112441, por haber incurrido en mora en el pago de dicha obligación. El
asunto le correspondió por reparto al Juzgado Segundo Civil Municipal de Yopal y se
le asignó el radicado 85001-40-03-002-2017-00585-00.
5. En aquel proceso se libró mandamiento ejecutivo, se decretaron medidas
cautelares, se dictó sentencia de primera instancia en la que se ordenó seguir
adelante la ejecución y se aprobó la liquidación del crédito2.
6. El 12 de abril de 2023, el IFEY aportó copia de la cesión de crédito suscrita con el
IFC y aportó poder para actuar en el proceso.
7. El juez a quo, en proveído de 18 de noviembre de 2024, se declaró incompetente
por falta de jurisdicción y ordenó remitir el proceso a los juzgados administrativos de
Yopal. No se pronunció en relación con la cesión de crédito.
8. El Juzgado Cuarto Administrativo de Yopal, en auto de 2 de octubre de 2025,
avocó conocimiento y se abstuvo de librar mandamiento de pago, con el argumento
de que no se había integrado el título ejecutivo complejo, pues no se allegó el
contrato de mutuo y demás actos que acreditaran la existencia de una obligación
clara, expresa y exigible a cargo de la señora Dilma Leonor López Niño. Añadió que
la jurisdicción contencioso-administrativa no es competente para conocer de la
acción cambiaria. Al proceso le correspondió el radicado 85001-33-33-004-2025-
00335-00.
9. Contra esa decisión, la entidad ejecutante interpuso recurso de reposición y, en
subsidio, de apelación, en el que alegó que el pagaré es un título valor autónomo
que contiene una obligación clara, expresa y exigible, de modo que es un título simple
y por la actividad comercial que desarrolla la entidad, se rige por el derecho privado;
además, el contrato de mutuo, de naturaleza civil, no requiere elevarse a escrito para
su perfeccionamiento.
10. En providencia del 4 de diciembre de 2025, el juzgado resolvió no reponer la
decisión y concedió el recurso de apelación.
11. El Tribunal Administrativo de Casanare, en auto de 29 de enero de 2026,
confirmó la decisión recurrida. Señaló que el pagaré y la carta de instrucciones no
eran suficientes para determinar con certeza la existencia de un contrato de mutuo
del cual se derivara la garantía, lo que, a su juicio, era necesario para librar
mandamiento de pago, en virtud de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 80 de
1993. Uno de los magistrados del Tribunal salvó el voto, por considerar que se estaba
añadiendo un requisito innecesario para la ejecución del pagaré, que es un título
valor completo con el contenido que requiere el contrato de mutuo y que, además,
se acompañó de la carta de instrucciones, la certificación de cartera y el estado de
cuenta del crédito, lo que permitía conocer, de manera clara, la única obligación
2
Estas decisiones se adoptaron en providencias de 26 de mayo de 2017, 30 de octubre de 2020 y
8 de junio de 2023.
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Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
pactada, que fue el pago de una suma de dinero. Con ello, en su concepto, se
suprimió la autonomía del título valor, en detrimento del erario y con grave afectación
del derecho de acceso a la administración de justicia.
Pretensiones
12. La entidad accionante solicita lo siguiente (transcripción literal con posibles
errores incluidos):
“Por lo antes expuesto, les solicito de manera muy respetuosa Honorables
Magistrados, obtener a través de su justicia la protección de los derechos
fundamentales de los derechos al debido proceso y al Acceso a la
Administración de Justicia de mi mandante INSTITUTO FINANCIERO
EMPRESARIAL DE YOPAL - IFEY, por indebida valoración probatoria, exceso
ritual manifiesto y violación directa de la Constitución, dentro del proceso
ejecutivo de radicado 85001333004-2025-00335-00, en que incurren el
Juzgado CUARTO ADMINISTRATIVO del Circuito de Yopal y el Tribunal
Administrativo de Casanare, así como otros que sufren la misma suerte por la
misma interpretación.
Con las decisiones adoptadas por el Juzgado CUARTO ADMINISTRATIVO del
Circuito de Yopal, en auto de 2 de octubre de 2025, en la cual se dispuso “NO
LIBRAR MANDAMIENTO EJECUTIVO a favor del INSTITUTO FINANCIERO
DEL CASANARE – IFC y en contra de DILMA LEONOR LOPEZ NIÑO” y
confirmada por el Tribunal Administrativo de Casanare en providencia de fecha
29 de enero de 2026, se desconocen los derechos fundamentales al debido
proceso y al Acceso a la Administración de Justicia del IFC, en consecuencia
solicito comedidamente:
PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales al Debido Proceso, Acceso a
la Administración de Justicia y el principio de seguridad jurídica del INSTITUTO
FINANCIERO EMPRESARIAL DE YOPAL - IFEY, los cuales han sido
vulnerados por el Juzgado CUARTO ADMINISTRATIVO del Circuito de Yopal
y el Tribunal Administrativo de Casanare.
SEGUNDO: En consecuencia, declarar sin valor ni efecto el auto de fecha 2 de
octubre de 2025 emitido por el Juzgado CUARTO ADMINISTRATIVO del
Circuito de Yopal, así como la decisión que desató la apelación, proferida por
el Tribunal Administrativo de Casanare en fecha 29 de enero de 2026, dentro
del medio de control 85001333004-2025-00335-00; por encontrarse tales
decisiones afectadas por indebida valoración probatoria al restarle mérito
ejecutivo al pagaré 4112441 y exceso ritual manifiesto al exigir adosar al
expediente un contrato de mutuo con la ritualidad de constar por escrito, ajena
a este tipo de contratos de régimen civil, desconociendo el principio de
autonomía y circulación de pagarés objeto de recaudo, así como por defecto
sustancial dado el sacrificio del derecho sustancial y el desconocimiento directo
de la Constitución al desconocer precedente judicial vertical y limitar
injustamente los derechos fundamentales del INSTITUTO FINANCIERO
EMPRESARIAL DE YOPAL – IFEY.
TERCERO: Ordenar a las autoridades accionadas reconocer la validez de la
actuación surtida ante la jurisdicción ordinaria, especialmente el auto que
ordenó seguir adelante la ejecución y proceder al trámite de liquidación y pago.
CUARTO. Que se ordene a los accionados Juzgado CUARTO
ADMINISTRATIVO del Circuito de Yopal y Tribunal Administrativo de
Casanare, que en lo de su competencia, en el impostergable término de 48
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Referencia: Acción de tutela de primera instancia
horas, contadas a partir de la notificación del fallo de tutela, procedan a dictar
una nueva providencia en la que;
• Reconozcan la validez y firmeza de las actuaciones surtidas ante la
jurisdicción ordinaria, específicamente el mandamiento de pago y el auto que
ordenó seguir adelante la ejecución, por tratarse de etapas procesales
precluidas y amparadas por la cosa juzgada.
• Apliquen el precedente vertical vinculante de la Corte Constitucional (Auto
A-2014/24), reconociendo que el pagaré aportado es título ejecutivo suficiente
y autónomo, sin que sea exigible un contrato de mutuo escrito para el
perfeccionamiento de la obligación.
QUINTO:. Conceder efectos Inter Communis a este fallo de tutela, con el fin
de proteger de manera uniforme el patrimonio público del IFEY en los más de
cincuenta (50) procesos ejecutivos que se encuentran en situaciones fácticas
y jurídicas idénticas ante la jurisdicción administrativa de Yopal, evitando así la
prescripción masiva de obligaciones y un detrimento patrimonial injustificado
en los que sea demandante el INSTITUTO FINANCIERO EMPRESARIAL DE
YOPAL - IFEY, y en los que existan los mismos supuestos fácticos y jurídicos
o que se presente similares circunstancias, así como ordenar al Juzgado
CUARTO ADMINISTRATIVO del Circuito de Yopal y al Tribunal Administrativo
de Casanare, que en lo de sucesivo se abstengan de incurrir en las conductas
que dieron origen a la presente acción.
SEXTO. Que por parte del Juez Constitucional se realice verificación del
cumplimiento del fallo de tutela proferido”.
Fundamentos de la demanda de tutela
13. En criterio del IFEY, las decisiones adoptadas por el Juzgado Cuarto
Administrativo de Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare desconocieron la
exigibilidad del título valor y le restaron mérito ejecutivo, pese a que contiene una
obligación clara, expresa y exigible, con lo que, además, se incurrió en un exceso
ritual manifiesto al exigir un contrato de mutuo por escrito. Adicionalmente, se incurrió
en un defecto procedimental absoluto, por cuanto se dejó sin efecto todo lo actuado
en la jurisdicción ordinaria, con violación de la cosa juzgada y la seguridad jurídica.
14. De otra parte, indicó que se incurrió en defecto fáctico por la valoración
defectuosa del material probatorio, porque el pagaré allegado comporta un título
valor simple, no complejo, y se desconoció que no todos los contratos suscritos por
entidades públicas se ciñen al procedimiento de la Ley 80 de 1993. Agregó que, de
hecho, las empresas comerciales del Estado desarrollan sus actividades conforme a
las reglas de derecho privado, y que precisamente el IFEY está sometido al régimen
jurídico de dichas empresas comerciales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
93 de la Ley 489 de 1998. A todo ello añadió lo siguiente:
Consideramos respetuosamente, que se equivocan los despachos judiciales,
al restarle mérito ejecutivo al pagaré – título valor que a su vez es un título
ejecutivo autónomo-, y por ende declarar que no merece exigibilidad pese a
contener una obligación clara, expresa y exigible; ello es desconocer la
independencia, autonomía y literalidad de los títulos valores; también yerran los
juzgados al imponer condiciones imposibles, como es aportar un contrato de
mutuo con la solemnidad de elevarse a escrito, y exigir requisitos que la Ley no
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contempla para su ejecución. Esto además desconoce la naturaleza jurídica de
la entidad y el régimen de derecho privado que rige su actividad.
Ahora bien, el Instituto en cumplimiento de sus fines constitucionales y legales,
acorde a su naturaleza jurídica, desde su creación, y teniendo en cuenta que
fue quien hizo el desembolso del crédito que nos ocupa, ha realizado la
colocación de crédito de fomento especialmente al sector campesino,
microempresarial y para educación superior, regulado por el régimen de
derecho civil y derecho comercial, lo cual ha conllevado a la colocación de miles
de créditos (cuya tipología contractual corresponde al contrato de mutuo) con
el respaldo de las obligaciones en pagarés, bajo el régimen del derecho
privado, situación que ante el incumplimiento del deudor ha conllevado a
instaurar procesos ejecutivos, que hasta hace poco se adelantaban ante la
jurisdicción civil, sin que nunca siquiera fuere pensable la censura al título
ejecutivo simple contenido en el pagaré, o la exigencia de requisitos ajenos al
negocio jurídico.
No obstante, por la definición de jurisdicción realizada por la Corte
Constitucional, que la ha radicado ahora en la jurisdicción Contenciosa
Administrativa, se desconoce la exigibilidad del título valor contenida en el
artículo 619 del C de Co y en su lugar impone requisitos imposibles, ya que
exigir un contrato de mutuo escrito, cuando el contrato es consensual, es
ir más allá de lo que la ley establece, ello implica que por vía de esta postura,
las obligaciones no sean susceptibles de perseguir en proceso ejecutivo aun
cuando consten en un título ejecutivos, que para el caso puede contenerse en
un pagaré, una letra de cambio, un cheque o cuando provengan de contratos
no regulados por la ley 80 de 1993.
Específicamente el contrato de mutuo, es un tipo de contrato regulado por la
legislación civil, según el artículo 2221 del C.C. (…)
Para nuestro caso, el pagaré que se adjunta a la demanda señala
expresamente la cantidad liquida adeudada, que declara el deudor haber
recibido a título de mutuo con interés:
(…)
En este sentido, con la entrega de la cosa fungible en cargo de ser restituida
se perfecciona el contrato de mutuo, que para el caso es la entrega o
desembolso del préstamo, en cantidad de dinero realizado por el IFC al
deudor.
El contrato de mutuo no se perfecciona elevándolo a escrito, como los jueces
administrativos encuadrándolo como contrato estatal lo exigen, a efectos de
configurar un supuesto título complejo.
(…)
La indebida valoración del título valor y anexarle requisitos que no son
necesarios para su ejecución, e imponer requisitos imposibles y ajenos a
la naturaleza del contrato, configuran la imposición de una carga no solo
excesiva sino imposible a la parte que represento, ya que el contrato de
mutuo de naturaleza civil, es consensual y se perfecciona con la entrega del
bien mutuado, en este caso el dinero.
15. También sostuvo se configuró un defecto sustantivo, por cuanto el artículo 297
del CPACA establece que cualquier acto proferido con ocasión de la actividad
contractual, en el que consten obligaciones claras, expresas y exigibles constituye
título valor, «no obstante, de manera obstinada los juzgadores omiten esta parte de
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la norma y exigen un contrato escrito, como si solo ello fuere ejecutable o si se tratara
de un proceso contractual».
16. Señaló que el Consejo de Estado ha reconocido que el título ejecutivo puede
ser singular cuando esté contenido o constituido por un solo documento, por ejemplo,
un título valor; adicionalmente, ha dicho que por regla general en materia contractual
los títulos son complejos, lo que no significa que ello sea así en todos los casos. En
su criterio, las decisiones «se empecinan en solicitar un contrato escrito, no porque
se requiera para librar mandamiento, sino como una clara forma de torpedear la
acción y de abstenerse de dar trámite a la misma».
17. Adujo que el Tribunal accionado incurrió en un exceso ritual manifiesto, pues
dejó de aplicar los artículos 2, 29, 229 de la Constitución; 99 y 297 del CPACA; 85 y
93 de la Ley 498 de 1998; 93 de la Ley 1474 de 2011; 2221 y 2222 del Código Civil
y 621 y 709 del Código de Comercio; en cambio, se exigieron requisitos adicionales
para la ejecución de la obligación.
18. Precisó que la falta de contrato de mutuo por escrito no se originó en alguna
omisión de la parte demandante, sino en la ley, «conforme a la naturaleza de
empresa industrial y comercial del Estado, y que permite que los actos y contratos
correspondientes al giro ordinario de sus negocios se adelanten conforme a las
normas de derecho privado, máxime que siendo un contrato consensual se
perfecciona con la entrega de la cosa, sin que sea necesaria la ritualidad de elevarlo
a escrito».
19. Estimó que se configuró un defecto procedimental absoluto y que se
desconoció el principio de seguridad jurídica, «toda vez que los despachos
accionados pretendieron 'retrotraer' el proceso a la etapa de mandamiento de pago.
Ignoraron que, según el CGP y el CPACA, cuando un proceso cambia de jurisdicción,
la nueva autoridad debe recibirlo en el estado en que se encuentre. Al desconocer
una sentencia de ejecución previa y en firme para realizar un nuevo control de
legalidad sobre el título, los jueces vulneraron el debido proceso y la confianza
legítima del demandante». En este punto, consideró que los jueces administrativos
no podían negar un mandamiento de pago que ya había sido librado y cuya ejecución
fue ordenada por otro juez que, en su momento, tenía competencia. Por el contrario,
«el juez administrativo, al recibir el proceso por falta de competencia funcional,
tiene el deber de recibirlo en el estado en que se encuentre y no puede invalidar
actuaciones en firme que ya habían reconocido la idoneidad del título» (Énfasis
añadido).
20. Indicó que la tesis del Juzgado de primera instancia, según la cual la entidad
debe realizar el cobro coactivo de las obligaciones, comporta una denegación del
acceso a la administración de justicia y una violación directa de la Constitución, por
cuanto esa es una potestad, no una imposición, y solo serviría para el cobro de
obligaciones futuras, no para los procesos que se tramitan actualmente, en los que
operaría la prescripción, con un importante detrimento patrimonial.
21. A manera de conclusión, expuso que:
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Las providencias objeto de esta acción no solo constituyen una interpretación
aislada, sino una verdadera vía de hecho judicial por las siguientes razones:
Desconocimiento del Precedente Vertical: Los despachos accionados
ignoraron flagrantemente la doctrina constitucional fijada por la Sala Plena de
la Corte Constitucional en el Auto A-2014/24. Dicha providencia establece
con claridad que los contratos de mutuo del IFEY se rigen por el derecho
privado y se perfeccionan con la entrega del dinero (tradición), por lo que el
pagaré es título suficiente y autónomo bajo el Art. 297 numeral 3 del CPACA.
Violación de la Cosa Juzgada y Seguridad Jurídica: Se pretende retrotraer
un proceso que ya contaba con sentencia de seguir adelante la ejecución y
liquidación de crédito aprobada desde el año 2020 ante la jurisdicción ordinaria.
El juez administrativo, al recibir el proceso por falta de competencia funcional,
tiene el deber de recibirlo en el estado en que se encuentre y no puede invalidar
actuaciones en firme que ya habían reconocido la idoneidad del título.
Exceso Ritual Manifiesto: Exigir un contrato estatal escrito para un negocio
jurídico que la ley define como consensual y de derecho privado constituye una
carga imposible y arbitraria que sacrifica el derecho sustancial del IFEY y pone
en riesgo el patrimonio público de la entidad.
22. Con base en lo anterior, pidió amparar sus derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia.
Trámite en primera instancia
23. A través de auto de 17 de febrero de 20263, el despacho sustanciador admitió
la demanda, ordenó notificar la decisión a la parte accionada, a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado y, en calidad de terceros con interés, al Instituto
Financiero de Casanare, a la señora Dilma Leonor López Niño y a los demás
intervinientes dentro del proceso ejecutivo con radicación núm. 85001-33-33-004-
2025-00335-00/01. Además, requirió la remisión del expediente digital del proceso
ejecutivo, tuvo como prueba los documentos allegados con la demanda y dispuso
suspender los términos hasta que el asunto reingresara al despacho.
Intervenciones
24. El Tribunal Administrativo de Casanare4 señaló que la decisión se sustentó en
el análisis probatorio y en la normativa aplicable al caso. Agregó que no se satisface
el presupuesto de legitimación en la causa por activa, porque el IFEY no fue la
entidad que promovió el proceso ejecutivo en cuestión. Por lo demás, trajo a colación
dos sentencias5 de tutela proferidas por esta Corporación, en asuntos de contornos
fácticos y jurídicos similares al que es materia de análisis, en las que se declaró
improcedente la acción por falta de relevancia constitucional.
3
Índice 5 de Samai.
4
Índice 13 de Samai.
5
Sentencias del (i) 27 de noviembre de 2025, Sección Primera, rad. 11001-03-15-000-2025-06405-
00, M.P. Carlos Fernando Mantilla Navarro, y (ii) 28 de enero de 2026, Sección Tercera, Subsección
B, rad. 110010-03-15-000-2025-05581-01, M.P. Alberto Montaña Plata.
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25. El Juzgado Cuarto Administrativo de Yopal6 indicó que no se reúne el requisito
de relevancia constitucional, porque el asunto no versa sobre una violación de
derechos fundamentales, sino sobre la inconformidad de la accionante con lo
resuelto en el proceso ejecutivo. Puso de presente la sentencia del 28 de agosto de
2025, proferida por la Sección Segunda, Subsección A, en el proceso con radicado
núm. 11001-03-15-000-2025-04677-00, en la que se declaró improcedente una
acción de tutela similar a la que se estudia en este proceso.
26. El Instituto Financiero de Casanare (IFC)7 coadyuvó las pretensiones de la
demanda. Consideró que las decisiones censuradas contienen una interpretación
arbitraria, irrazonable y contraria al ordenamiento jurídico; en esa medida,
cercenaron los derechos de acceso a la administración de justicia y debido proceso
de la entidad accionante. Aseguró que se le adicionaron retrospectivamente a un
título valor y un contrato, requisitos no contemplados en la ley e imposibles, dada la
naturaleza del negocio celebrado en el pasado.
27. Resaltó que las decisiones censuradas afectan a ese instituto, al IFEY y al
Fondo de Fomento Agropecuario y Microempresarial de Aguazul (FFAMA E.I.C.E.),
pues desde agosto de 2024, debido a la definición de competencia que hizo la Corte
Constitucional, los procesos ejecutivos instaurados por esas entidades y que venían
en curso pasaron a la jurisdicción contencioso-administrativa, y a diciembre de 2025
ya se habían fallado adversamente 412 procesos, al desestimar el pagaré como título
ejecutivo y exigir un contrato de mutuo por escrito. Destacó que se eludió el estudio
de fondo «con base en variaciones sorpresivas de la jurisprudencia, aplicada
retrospectivamente, acceso que se quebranta totalmente porque el IFC ya no tiene
posibilidad real de hacer valer sus créditos ante ninguna otra jurisdicción, en gran
número de casos ni siquiera en la potestativa coactiva, por el fenómeno legal de la
prescripción».
28. Adujo que el IFC, al desarrollar la labor de colocación de créditos, se rige por
las normas de derecho privado, por lo que no se le pueden exigir las ritualidades de
la Ley 80 de 1993, dada su naturaleza de empresa industrial y comercial del Estado,
de conformidad con los artículos 85 y 93 de la Ley 489 de 1998 y 14 de la Ley 1150
de 2007, modificado por el artículo 96 de la Ley 1474 de 2011. En su criterio, es un
error que se exijan contratos de mutuo con las ritualidades del artículo 39 de la Ley
80 de 1993, pese a que esa norma no es aplicable a la tipología contractual ni al
negocio jurídico celebrado.
29. Agregó que no se tuvo en cuenta lo expuesto por la Corte Constitucional en
los autos A-2014 de 24 y A-1455 de 2025, en los que, al fijar la competencia en la
jurisdicción de lo contencioso administrativo en los procesos ejecutivos,
explícitamente se refirió a los contratos de mutuo celebrados por las entidades que
tienen naturaleza de empresas industriales y comerciales del Estado y al mérito
ejecutivo del pagaré, a la luz del artículo 297 del CPACA, frente a lo cual precisó que
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Índice 15 de Samai.
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Índice 17 de Samai.
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Referencia: Acción de tutela de primera instancia
esas empresas se rigen por el derecho privado en el desarrollo de sus actividades y,
por ende, en su contratación. Refirió que en el Auto 1455 de 2025, concretamente,
la Corte dijo que, aunque el contrato de mutuo celebrado por el IFC no constaba por
escrito, resultaba razonable afirmar su existencia, precisamente porque sus
actividades comerciales y su contratación se rigen por el derecho privado.
30. Señaló que, de conformidad con el numeral 3º del artículo 297 del CPACA, en
concordancia con el numeral 5º del artículo 99 ejusdem, un título valor es ejecutable
en la jurisdicción contencioso-administrativa, con base en un pagaré que constituye
título ejecutivo autónomo, porque en él consta una obligación clara, expresa y
exigible.
31. Por último, adujo que «las actuaciones descritas corresponden a graves
yerros jurídicos, que configuran la rebeldía a la ley, a la constitución, a los
precedentes judiciales verticales referidos aplicables al caso, y en últimas a la función
judicial encomendada, en una negación sistemática del derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia a las entidades IFEY, IFC y FAMMA (sic)».
CONSIDERACIONES
Competencia
32. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 29 del
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019.
Legitimación en la causa
33. El artículo 86 de la Constitución Política prevé que «toda persona tendrá
acción de tutela para reclamar ante los jueces (…) la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública».
34. El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, por su parte, establece que la acción
de tutela «podrá ser ejercida en todo momento y lugar, por cualquiera persona
vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales».
35. En el caso concreto, a diferencia de lo que considera el Tribunal Administrativo
de Casanare, el IFEY sí se encuentra legitimado en la causa por activa, en su calidad
de cesionario del IFC, según lo estipulado en el contrato de cesión de crédito que se
aportó al proceso ejecutivo, al que se acompañó prueba de la calidad en la que
actuaron los delegados de cada entidad y sus facultades8. Si bien en el proceso
8
En proveído de 8 de junio de 2023, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Yopal requirió a la parte
interesada para que aportara prueba de la calidad de gerente del IFC del señor Braulio Casteblanco
9
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ejecutivo no se aceptó expresamente la cesión (de derechos litigiosos, en este caso),
es factible entender que esta se aprobó tácitamente, al darse trámite a los recursos
de reposición y apelación que se interpusieron contra el auto de 2 de octubre de
2025, por medio del cual se negó el mandamiento de pago. Por ende, se insiste, es
claro que el IFEY tiene legitimación en la causa por activa para interponer la acción
de tutela, en su condición de cesionario de la parte accionante en el proceso
ejecutivo.
36. El requisito de legitimación en la causa por pasiva también se cumple, porque
el Juzgado Cuarto Administrativo de Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare
fueron las autoridades judiciales que profirieron las providencias a las que se les
atribuye la vulneración de los derechos fundamentales del accionante.
Coadyuvancia
37. El Instituto Financiero de Casanare (IFC) indicó que coadyuvaba las
pretensiones de la acción de tutela instaurada por el IFEY.
38. Sobre la coadyuvancia en la acción de tutela se resalta que está expresamente
prevista en el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, según el cual las personas que
tengan interés legítimo en el resultado del proceso también pueden intervenir para
coadyuvar u oponerse a las pretensiones de la demanda.
39. Asimismo, el artículo 71 del Código General del Proceso, aplicable al trámite
de la acción de tutela por remisión del artículo 4 del Decreto 306 de 1992, prevé que
las personas que tengan relación sustancial con una de las partes del proceso
pueden intervenir como coadyuvantes mientras no se haya dictado sentencia de
segunda instancia.
40. En ese contexto, de conformidad con los artículos 13 del Decreto 2591 de 1991
y 71 del Código General del Proceso, la Sala reconocerá al ICF como coadyuvante
de la parte actora, por cuanto señaló que le asiste interés en el asunto, pues fue la
entidad que interpuso, inicialmente, la acción ejecutiva para perseguir el pago de la
obligación contraída por la señora Dilma Leonor López Niño, y cedió el crédito al
IFEY. Se aclara que la participación de la entidad coadyuvante está acorde «con las
posiciones y pretensiones presentadas por el accionante o el accionado en el
trámite de tutela, es decir, [que] no puede[n] formular pretensiones propias de
amparo a sus derechos fundamentales»9.
Problema Jurídico y metodología de la decisión
41. La Subsección debe establecer si la acción de tutela satisface los requisitos
de procedibilidad formal. En caso de encontrar superados los requisitos generales
Vargas y sus facultades para celebrar la cesión de crédito, a lo cual se dio cumplimiento en el plazo
otorgado por el juez.
9
Corte Constitucional. Auto 401 del 28 de octubre de 2020. M.P. Alberto Rojas Ríos.
10
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de procedibilidad, se analizará si las autoridades judiciales demandadas vulneraron
los derechos fundamentales de la entidad accionante, como se afirmó en la
demanda.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
42. Conforme el precedente constitucional fijado en la C-590 de 200510, reiterado
de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una
importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales
genéricas de procedencia, y al menos una específica.
43. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar11: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela12, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, como tampoco la que
resuelva el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad por parte del
Consejo de Estado; (iii) que se cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que
la tutela se promueva en un plazo razonable; (iv) que se identifiquen de forma clara,
detallada y comprensible los hechos que amenazan o afectan los derechos
fundamentales en cuestión y que, si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados
en el trámite procesal; (v) que se cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es
que el interesado acredite que agotó todos los medios de defensa judicial a su
alcance, salvo que pretenda evitar la consumación de un perjuicio irremediable 13 o
que los medios de defensa judicial existentes no sean idóneos o eficaces para
evitarlo; (vi) que la cuestión planteada sea de evidente relevancia constitucional, lo
que exige que el caso trate sobre un asunto de rango constitucional y no meramente
legal o económico; (vii) que cuando se trate de una irregularidad procesal, que esta
tenga un efecto decisivo en la decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error
no hubiere ocurrido el alcance de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.
Análisis de la Sala
Inmediatez
44. La Corte Constitucional ha establecido que uno de los requisitos generales
para la procedencia de la acción de tutela es que ésta se haya presentado en un
plazo razonable, esto es, justo y moderado. Esta exigencia encuentra su razón de
10
Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño)
11
Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
12
La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
13
Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
11
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ser en la naturaleza de esta acción constitucional, creada para proteger eficazmente
los derechos fundamentales sin dilaciones injustificadas; además, como garantía de
los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada, y para evitar que se emplee como
una instancia adicional con el propósito de reabrir debates que podrían ventilarse a
través de otros mecanismos procesales14.
45. En sentencias SU-499 de 2016 y T-038 de 2017, ese tribunal supremo resaltó
que, aunque la acción de tutela no tiene un término de caducidad legalmente
establecido15, debe interponerse en un plazo oportuno, so pena de que se
desnaturalice su carácter de medio urgente y excepcional de protección
constitucional.
46. En el caso que se analiza, el auto de segunda instancia, mediante el cual se
confirmó la decisión consistente en negar el mandamiento de pago, fue proferido el
29 de enero de 2026 por el Tribunal Administrativo de Casanare, mientras que la
demanda de tutela se radicó el 12 de febrero de 2026. Ese plazo se considera
razonable para el ejercicio de la acción constitucional.
Subsidiariedad
47. Este requisito se encuentra satisfecho, puesto que la entidad accionante no
cuenta con otro mecanismo judicial, ordinario o extraordinario, para cuestionar las
decisiones que negaron el mandamiento de pago en el proceso ejecutivo que
interpuso contra la señora Dilma Leonor López Niño. En efecto, esa decisión se
profirió en la segunda instancia del proceso ejecutivo, de modo que no era
susceptible de recursos ordinarios y tampoco de los extraordinarios de revisión o de
unificación de jurisprudencia, que tienen causales específicas en las que no se
encuadra el asunto sometido al conocimiento de esta Sala.
Relevancia constitucional
48. Este requisito exige que la cuestión debatida tenga una clara y marcada
importancia constitucional, a fin de evitar que el juez constitucional se adentre en
asuntos confiados a otras jurisdicciones.
49. Esta Subsección ha sido consistente en estimar que el cumplimiento del
requisito de relevancia constitucional no se limita a señalar los derechos
fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la providencia.
Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga argumentativa mínima
y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia o instancia adicional
a las establecidas por el legislador.
14
Sentencias SU-961 de 1999, T-043 de 2016, T-016 de 2006, T-594 de 2008, T-1028 de 2010 y
SU-499 de 2016, entre otras.
15
En sentencia C-543 de 1992 la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de los artículos
11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991. La razón principal de esa decisión fue «la oposición entre el
establecimiento de un término de caducidad para ejercer la acción y lo estatuido en el artículo 86 de
la Constitución cuando señala que ella puede intentarse en todo momento».
12
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50. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente16 reiterado de la
Corte Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la
acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos
ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole
patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este
instrumento constitucional no es el idóneo si lo pretendido es que el juez de tutela
se adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de
cada especialidad.
51. La solicitud de amparo que se analiza tiene relevancia constitucional, por
cuanto pretende la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados por la inaplicación
de normas legales de obligatorio cumplimiento, así como por el desconocimiento del
precedente fijado por la Corte Constitucional y la configuración de un exceso ritual
manifiesto.
52. En criterio de esta Sala, al margen de que el proceso ejecutivo tuviera,
naturalmente17, una finalidad económica, el asunto que se discute en esta acción de
tutela sí reviste relevancia constitucional, porque el derecho principal que se busca
restablecer es el de acceso a la administración de justicia, el cual se vio cercenado,
en criterio del accionante, por la exigencia de requisitos adicionales a los que
contempla la ley y por el desconocimiento del procedimiento establecido en los casos
en los que se declara la falta de jurisdicción.
53. No se observa que la entidad accionante esté utilizando este mecanismo
como una instancia adicional del proceso ejecutivo por una simple diferencia con la
interpretación que acogieron los jueces de la jurisdicción contencioso-administrativa;
más bien, se avizora que se le endilgan a las providencias cuestionadas yerros de
notable importancia, con los que eventualmente se pudieron vulnerar derechos
fundamentales y que, por ende, merecen ser evaluados por el juez constitucional.
54. Ahora, el hecho de que el IFEY hubiera interpuesto recurso de apelación
contra el auto de 2 de octubre de 2025, con razones similares a las que invoca en
esta acción de tutela, no implica per se que la tutela carezca de relevancia
constitucional. En efecto, de los argumentos de la demanda de tutela se desprende
que el IFEY considera que el Tribunal Administrativo de Casanare también incurrió
en sendos defectos que comprometieron sus derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia.
55. En especial, la Sala observa que aun cuando en el citado recurso de apelación
se cuestionó la exigencia de contar con un contrato por escrito y se efectuó una
exposición detallada acerca del pagaré como título valor autónomo, así como sobre
la naturaleza de la entidad implicada y del régimen aplicable a las actividades y
16 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103
de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.
17
Esto, por cuanto el proceso ejecutivo perseguía el cumplimiento de una obligación dineraria.
13
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contratos que celebra —al igual que en este asunto—, también se mencionó que no
era viable desconocer el trámite y las decisiones que se adoptaron en la jurisdicción
ordinaria. Ese último punto no fue abordado, puntualmente, por el Tribunal
Administrativo de Casanare.
56. En esa medida, es entendible que en la acción de tutela el IFEY insista en
todos los aspectos que, en su entender, constituyen vicios de validez de la decisión
cuestionada. La intención del accionante no es, entonces, que se reabra el debate
sobre la procedencia del mandamiento de pago ni se centra en una simple diferencia
interpretativa y tampoco puede entenderse que versa sobre un aspecto
eminentemente económico. En realidad, se discute la denegación del acceso a la
administración de justicia, por el desconocimiento de reglas de derecho que debieron
ser observadas, en contravía del derecho sustancial.
57. Cabe resaltar que, según el accionante, se obvió el tenor de los artículos 619
del Código de Comercio; 2221 del Código Civil; 297, numeral 3º, del CPACA, entre
otros, y adicionalmente se desconoció el precedente de la Corte Constitucional. Las
críticas presentadas cuentan, además, con una carga argumentativa suficiente para
entender en qué consiste la vulneración de derechos fundamentales.
58. Por lo expuesto, la Sala se ocupará de estudiar los defectos que se les endilga
a las providencias demandadas.
Defecto procedimental absoluto en el caso concreto
59. En términos generales, el defecto procedimental hace referencia a aquellos
casos en que el funcionario judicial actúa completamente por fuera del
procedimiento legalmente establecido. La Corte Constitucional ha explicado que
dicho vicio se relaciona directamente con el derecho fundamental al debido proceso
«y ocurre cuando la autoridad judicial actúa al margen del procedimiento legalmente
establecido, ya sea porque sigue un procedimiento distinto al aplicable o porque
omite una etapa sustancial de este»18.
60. En palabras de la Corte Constitucional, el defecto procedimental se configura
cuando el funcionario judicial:
(i) Sigue un trámite completamente ajeno al que corresponde (desvío del
cauce del asunto)19.
(ii) Pretermite etapas o eventos sustanciales del procedimiento,
circunstancia que automáticamente conlleva al desconocimiento del
derecho de defensa y contradicción20.
18
Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 16 de febrero de 2022, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
En el mismo sentido, consultar, por ejemplo, sentencias T-166 de 2022, T-388 de 2015, T-025 de
2018 y T-008 de 2019, entre muchas otras.
19
Sentencia T-1049 de 2012.
20
Ibídem.
14
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(iii) Incurre en exceso ritual manifiesto, es decir, cuando concibe los
procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho
sustancial, y, por esta vía, sus actuaciones devienen en denegación de
justicia21.
(iv) Dicta una sentencia sin conexión con los hechos y pretensiones de la
demanda o sin tener en cuenta los aspectos del fallo de primera instancia
que fueron objeto de impugnación, según el caso, lo que se traduce en
desconocimiento del principio de consonancia o congruencia22.
61. En la Sentencia SU-418 de 2019, reiterada en la T-166 de 2022, la Corte
Constitucional expuso que la procedencia de la acción de tutela en los casos de
defecto procedimental (absoluto o por exceso ritual manifiesto) está sujeta a la
concurrencia de los siguientes elementos: “(i) que no haya posibilidad de corregir la
irregularidad por ninguna otra vía, de acuerdo con el carácter subsidiario de la
acción de tutela, salvo que se advierta la ocurrencia de un perjuicio irremediable; (ii)
que el defecto procesal sea manifiesto y tenga una incidencia directa en el fallo que
se acusa de ser vulneratorio de los derechos fundamentales; (iii) que la irregularidad
haya sido alegada en el proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de
acuerdo con las especificidades del caso concreto; (iv) que la situación irregular no
sea atribuible al afectado; y finalmente, (v) que, como consecuencia de lo anterior,
se presente una vulneración a los derechos fundamentales”.
62. En la demanda se indicó que las providencias cuestionadas no tuvieron en
cuenta el trámite que adelantó el Juzgado Segundo Civil Municipal de Yopal, bajo
el radicado 85001-40-03-002-2017-00585-00, previo a la declaración de falta de
jurisdicción, ni los efectos de esa decisión, con lo cual incurrieron en un defecto
procedimental absoluto.
63. La Sala constata que la demanda ejecutiva se radicó en los juzgados civiles
de Yopal, en el mes de mayo de 2017. El IFC solicitó la ejecución de la obligación
dineraria, en la suma $ 1.424.910, más intereses, con base en el pagaré 4112441
que suscribió la señora Dilma Leonor López Niño, el 1º de agosto de 2011, como
garantía del crédito que le fue otorgado.
64. El Juzgado Segundo Civil Municipal de Yopal, al que le correspondió por
reparto el conocimiento del asunto, en proveído del 26 de mayo de 2017, libró
mandamiento de pago en la forma solicitada por el ejecutante.
65. En providencia del 30 de octubre de 2020, se ordenó seguir adelante la
ejecución para el cumplimiento de las obligaciones determinadas en el
mandamiento ejecutivo, al constatar que la señora Dilma Leonor López Niño fue
debidamente notificada y no propuso excepciones en el término de traslado. Se
dispuso, además, que las partes debían presentar la liquidación del crédito y se
21
Sentencia T-386 de 2010.
22
Ver, entre otras, las sentencias SU-424 de 2012 y T-152 de 2013.
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condenó en costas a la parte ejecutada. Por concepto de agencias en derecho se
fijó la suma de $160.000. Además, se aclaró que contra esa decisión no procedía
ningún recurso.
66. La parte ejecutante presentó liquidación del crédito a 30 de octubre de 2020,
de la cual se corrió traslado el 12 de octubre de 2021. Posteriormente, solicitó
impulso procesal y radicó la cesión de crédito celebrada entre el IFC y el IFEY, así
como el poder para la representación de la cesionaria.
67. En auto de 8 de junio de 2023, se aprobó la liquidación del crédito presentada
por la parte demandante y se requirió a los interesados para que, en el término de
10 días, adjuntaran prueba de la calidad de gerente del IFC del señor Braulio
Casteblanco Vargas y de sus facultades.
68. La apoderada del IFEY acató el requerimiento judicial. Posteriormente, en
junio de 2024, allegó actualización de la liquidación del crédito.
69. Mediante auto de 18 de noviembre de 2024, el Juzgado Segundo Civil
Municipal de Yopal declaró que no tenía competencia para seguir conociendo del
asunto por falta de jurisdicción y dispuso remitir el expediente a los juzgados
administrativos de Yopal, para que continuara el proceso en el estado en que se
encontraba, conforme a lo expuesto en el artículo 16 del CGP. Para el efecto, señaló
lo siguiente:
Es así que, verificándose que la ejecución en el caso concreto se fundamenta
en un título valor; a partir de donde, es preciso verificar la regla de decisión
sentada por la Corte Constitucional, sobre la ejecución de tal bien mercantil,
por cuenta del mentado IFC, toda vez que mediante auto 1354 del 13 de agosto
de 2024, la Corte Constitucional al dirimir conflicto de jurisdicciones suscitado
entre el Juzgado Quinto Administrativo de la Ciudad de Yopal y el Juzgado 3°
Civil Municipal de Yopal, determinó que, los procesos en los cuales se ejecute
un título valor, pagaré, por cuenta de Instituto Financiero del Casanare, deben
ser conocidos por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
(…)
Ahora, no puede perderse de vista que, el asunto ya cuenta con orden de seguir
adelante con la ejecución, es decir, con un auto que tiene la fuerza equivalente
a sentencia, en tal virtud, no se puede omitir el postulado normativo, habido en
la norma transcrita, conforme al cual: “salvo la sentencia que se hubiere
proferido que será nula”; reiterado en el artículo 138 del C.G.P, cuando expresa:
“ARTÍCULO 138. EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE FALTA DE
JURISDICCIÓN O COMPETENCIA Y DE LA NULIDAD DECLARADA. Cuando
se declare la falta de jurisdicción, o la falta de competencia por el factor
funcional o subjetivo, lo actuado conservará su validez y el proceso se enviará
de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se
invalidará.”
Como se ve, los dos artículos coinciden en la necesidad de invalidar, mediante
la figura de la nulidad la actuación, desde la orden de seguir adelante con la
ejecución, esta incluida, para que, en lo sucesivo, el proceso sea adelantado
en el estado en que se encuentra, conforme es el expreso mandato del artículo
16 del C.G.P.
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70. Con el nuevo reparto, el proceso le fue asignado al Juzgado Cuarto
Administrativo de Yopal, bajo el radicado núm. 85001-33-33-004-2025-00335-00.
Mediante auto de 2 de octubre de 2025, se avocó conocimiento del asunto y se
dispuso «no librar mandamiento ejecutivo a favor de la EICE Instituto Financiero de
Casanare (IFC) en contra de la señora Dilma Leonor López Niño».
71. Como sustento, la jueza señaló que la autoridad judicial tiene la potestad-
deber de revisar tanto los aspectos formales como sustanciales del título ejecutivo,
al momento de librar mandamiento de pago y al dictar sentencia, e indicó que «en
los procesos ejecutivos que se tramitan en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo en materia de contratos, el juez debe proceder a analizar si con los
documentos allegados se constituye en debida forma el título ejecutivo, el cual para
estos casos, generalmente resulta ser complejo pues debe acompañarse el contrato
estatal». En ese punto, citó una providencia de 8 de junio de 2022, proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación.
72. A continuación, se refirió a la noción de contrato estatal y adujo que, por regla
general, debe constar por escrito y tener el contenido que señala el artículo 40 del
Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública. Agregó que «no
resulta aceptable en materia de actos jurídicos estatales interpretar que el contrato
de mutuo queda instrumentado en un pagaré», y concluyó que no se había integrado
el título ejecutivo complejo.
73. En el recurso de reposición y, en subsidio, de apelación que interpuso la parte
ejecutante contra la anterior decisión, entre otros argumentos, señaló que «existe
una garantía de inmodificabilidad de la competencia en virtud del debido proceso, el
cual obliga a las autoridades a continuar con el trámite del proceso que se encuentra
a su cargo desde la admisión de la demanda hasta su terminación. (…) En este caso,
como se refiere en los antecedentes, en el proceso de la referencia ya fue proferida
orden de seguir adelante la ejecución y se aprobó la liquidación del crédito
presentada; es decir, que el objeto del proceso ya culminó, encontrándose el mismo
en trámite posterior, por lo que no es dable que en dicho estado se deba alterar la
competencia de quien conoció del proceso desde la emisión del mandamiento
ejecutivo de pago y menos aún que se declare la nulidad de lo actuado».
74. El 4 de diciembre de 2025, a quo negó el recurso de reposición. Para ello,
reiteró las razones del auto impugnado, sobre la necesidad de aportar el contrato
estatal de mutuo por escrito, para constituir el título ejecutivo complejo. No se refirió
al trámite surtido en el Juzgado Segundo Civil Municipal de Yopal.
75. El Tribunal Administrativo de Casanare, en auto de 29 de enero de 2026,
confirmó la decisión que negó el mandamiento de pago, con razones similares a las
del Juzgado de primera instancia. En esa ocasión se ocupó de establecer si los
documentos aportados constituían título ejecutivo complejo y concluyó que, por
tratarse de un proceso ejecutivo contractual, era menester aportar prueba de la
existencia del contrato de mutuo, lo que no ocurrió, de modo que no era posible librar
mandamiento de pago. Tampoco hizo mención a lo actuado en la jurisdicción
ordinaria.
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76. Pues bien, una vez analizado el acontecer procesal de la causa ejecutiva, la
Sala encuentra que le asiste razón a la parte accionante cuando afirma que se
configuró un defecto procedimental absoluto, dada la completa desatención de las
decisiones y actuaciones que se surtieron en la jurisdicción civil.
77. Es claro que el proceso ejecutivo inició en el año 2017 y que fue tramitado por
el Juzgado Segundo Civil Municipal de Yopal hasta que este declaró su falta de
competencia con base en una decisión que adoptó la Corte Constitucional, al
resolver un conflicto de jurisdicciones (Auto 1354 de 2024). Sin embargo, en el
decurso de la ejecución se adoptaron sendas decisiones, entre ellas, la que libró
mandamiento ejecutivo, la que ordenó seguir adelante con la ejecución, por cuanto
no se presentaron excepciones al mandamiento, y la que aprobó la liquidación del
crédito.
78. De esas decisiones fueron declaradas nulas: el auto que ordenó seguir
adelante con la ejecución y el que aprobó la liquidación del crédito, por disposición
del Juzgado Segundo Civil Municipal de Yopal, con sujeción a lo dispuesto en el
artículo 138 del CGP. En esa decisión, el juez precisó que el auto que ordena seguir
adelante con la ejecución tenía «fuerza equivalente a la sentencia» y, por ende,
debía invalidarse; así mismo, señaló que el proceso debía continuar adelantándose
en el estado en que se encontraba, por expreso mandato del artículo 16 del CGP.
79. En efecto, en los procesos iniciados con posterioridad a la entrada en vigencia
del CGP, resultan aplicables las reglas de ese ordenamiento procesal, y las del
CPACA, en los casos en los que se declara la falta de jurisdicción.
80. Al respecto, el artículo 168 del CPACA dispone que «en caso de falta de
jurisdicción o de competencia, mediante decisión motivada el Juez ordenará remitir
el expediente al competente, en caso de que existiere, a la mayor brevedad posible.
Para todos los efectos legales se tendrá en cuenta la presentación inicial hecha ante
la corporación o juzgado que ordena la remisión». Más adelante, en el artículo 306
del mismo ordenamiento legal, se establece que en los aspectos no contemplados
en ese Código se seguirá el ordenamiento procesal civil, «en lo que sea compatible
con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo».
81. El CGP regula expresamente la materia. En el artículo 16 prevé que «cuando
se declare, de oficio o a petición de parte, la falta de jurisdicción o la falta de
competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservará validez,
salvo la sentencia que se hubiere proferido que será nula, y el proceso se enviará de
inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta
de jurisdicción o de competencia será nulo».
82. La Corte Constitucional, en sentencia C-537 de 2016, declaró la exequibilidad
de la disposición aludida, puntualmente, en relación con la falta de competencia por
los factores subjetivo y funcional, con los siguientes argumentos que resultan
plenamente aplicables al escenario de la falta de jurisdicción:
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29. La conservación de validez de lo actuado por el juez incompetente o
perteneciente a otra jurisdicción distinta de la competente, salvo la sentencia,
fue una decisión tomada por el legislador, pero inspirada de cerca en
precedentes jurisprudenciales.
(…)
33. La finalidad perseguida es coincidente con la que inspiró al juez
constitucional en los precedentes referidos. Se trata de medidas que pretenden
hacer efectivo el derecho al juez natural o competente, así como el acceso a la
justicia, sin que su respeto signifique el sacrificio de otros elementos del
derecho fundamental al debido proceso y de otros imperativos
constitucionales23. Así, la decisión tomada por el legislador, dentro de su
margen constitucional de configuración normativa para hacer efectivo el debido
proceso24, resultó de una conciliación de los imperativos que confluyen en la
configuración legal del proceso y tomó en consideración que la instrucción del
proceso llevada a cabo por el juez que en su momento se consideró como
competente para hacerlo, fue realizada con el respeto de las garantías del
debido proceso y llevado a cabo por un juez de la República, provisto de las
garantías orgánicas y estatutarias de su cargo25. La medida en cuestión parte
de reconocer el carácter insustancial del vicio que se derivaría de la instrucción
del asunto26por parte de un juez que en su momento se consideró competente,
es decir, que la repetición por parte del segundo juez de los actos procesales
realizados, incluidas las pruebas practicadas, en nada mejoraría las garantías
de independencia, imparcialidad, defensa y contradicción que ya fueron
ofrecidas por un juez de la República, legalmente estatuido. Ahora bien, el
carácter improrrogable de la competencia del juez por los factores subjetivo y
funcional determina que, a pesar de preservar la validez de lo actuado, en la
materia regida por el CGP, que no incluye los asuntos penales, y para respetar
el derecho al juez natural, sin sacrificar otros derechos, no opera en todos los
casos la regla perpetuatio jurisdictionis, la que conduciría a que una vez
asumida competencia por el juez, independientemente de si esta atribución fue
adecuada o no, su competencia se prorroga o extiende hasta la sentencia
misma. Por el contrario, la manera como el legislador, válidamente desde el
punto de vista constitucional, quiso realizar el derecho al juez natural consistió
en determinar que (i) una vez se declare la falta de jurisdicción o la falta de
competencia del juez, éste deberá remitir el asunto al juez competente; (ii) el
juez que recibe el asunto debe continuar el proceso en el estado en el que se
encuentre, porque se conserva la validez de lo actuado; (iii) estará viciado de
23
Cita original: «Uno de los objetivos del proyecto de CGP era el de "Erradicar los factores
normativos que dificultan la eficacia de la función jurisdiccional, con base en la experiencia
acumulada por la gestión judicial en el marco del régimen procesal vigente". Para esto, estableció
"un sistema restringido de nulidades, en el que se opta por rescatar la validez de la mayor cantidad
de actuaciones posible": Informe de Ponencia Segundo Debate, Proyecto de Ley 159 de 2011 -
Senado, 196 de 2011 Cámara, Por la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras
disposiciones, Gaceta 261/12».
24
Cita original: «El que le "permite al legislador fijar las reglas a partir de las cuales se asegura la
plena efectividad de los derechos al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de
justicia (arts. 29 y 229 C.P.)": Corte Constitucional, sentencia C-328/15. La amplitud de la
competencia del legislador en materia procesal ha sido reconocida por esta Corte, entre otras
sentencias en: C-742 de 1999, C-803 de 2000, C-591 de 2000, C-596 de 2000, C-927 de 2000, C-
1717 de 2000, C-927de 2000».
25
Cita original: «Corte Constitucional, sentencia C-154/16».
26
Cita original: «Un vicio se entiende sustancial o insustancial, dependiendo de los efectos que
acarree en las resultas del asunto o en cuanto al respeto de las garantías. La no sanción de los vicios
insustanciales se fundamenta en la prevalencia del derecho sustancial, sobre el procesal (artículo
228 de la Constitución). Esta lógica es la que inspira el numeral 4 del artículo 136 del CGP al disponer
que "La nulidad se considerará saneada en los siguientes casos: (...) 4. Cuando a pesar del vicio el
acto procesal cumplió su finalidad y no se violó el derecho de defensa"».
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nulidad todo lo actuado después de declarar la falta de jurisdicción o de
competencia; y (iv) el juez incompetente no podrá dictar sentencia y, por lo
tanto, la sentencia proferida por el juez incompetente deberá ser anulada y el
vicio de ésta no es subsanable.
34. En este régimen, el legislador tomó en consideración, según las
circunstancias, que la determinación del juez competente en los asuntos
regidos por el CGP es compleja y la instrucción del asunto, por parte del juez
incompetente, no resulta de una intención de disminuir garantías procesales, ni
tiene este efecto, lo que sería reprochable. De esta manera, el derecho al juez
natural resulta plenamente garantizado. La conservación de validez de la
actuación procesal, antes de la declaratoria de incompetencia, es una medida
válida que pretende la eficacia del derecho de acceso a la justicia, con la
obtención de una decisión en términos razonables27, con respeto del principio
constitucional de celeridad de la administración de justicia28, economía
procesal29, la tutela judicial efectiva y la prevalencia del derecho sustancial,
sobre el adjetivo, ya que evitará repetir, sin razón de garantías, lo actuado en
debida forma por el juez ahora declarado incompetente y excluye la declaratoria
de nulidad, por esta causal, como un mecanismo de dilación del proceso. Así,
la norma también es una medida razonable para evitar la congestión de la
justicia.
83. En línea con lo anterior, el artículo 138 del CGP dispuso:
Artículo 138. Efectos de la declaración de falta de jurisdicción o competencia
y de la nulidad declarada. Cuando se declare la falta de jurisdicción, o la falta
de competencia por el factor funcional o subjetivo, lo actuado conservará su
validez y el proceso se enviará de inmediato al juez competente; pero si
se hubiere dictado sentencia, esta se invalidará.
La nulidad solo comprenderá la actuación posterior al motivo que la produjo y
que resulte afectada por este. Sin embargo, la prueba practicada dentro de
dicha actuación conservará su validez y tendrá eficacia respecto de quienes
tuvieron oportunidad de controvertirla, y se mantendrán las medidas cautelares
practicadas.
El auto que declare una nulidad indicará la actuación que debe renovarse.
84. En el presente asunto, aun cuando el Juzgado Segundo Civil Municipal de
Yopal aplicó correctamente las disposiciones señaladas y declaró la nulidad de lo
27
Cita original: «El derecho al plazo razonable, reconocido en el numeral 1 del artículo 8 de la
Convención Americana de Derechos Humanos, garantía del debido proceso, es el que fundamenta
el principio de economía procesal, sustentado, a la vez, en el orden constitucional, en la expresión
"Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado", del
artículo 29 de la Constitución Política».
28
Cita original: «El principio constitucional de celeridad, fue reconocido por varias sentencias de esta
Corte, que fueron sistematizadas en la sentencia C-543/11».
29
Cita original: «"El principio de la economía procesal consiste, principalmente, en conseguir el
mayor resultado con el mínimo de actividad de la administración de justicia. Con la aplicación de este
principio, se busca la celeridad en la solución de los litigios, es decir, que se imparta pronta y
cumplida justicia (...) Otra consecuencia de la aplicación de este principio, es la institución del
saneamiento de las nulidades. En el Código, ésta se funda en la consideración de que el acto,
aun siendo nulo, cumplió su finalidad. Que, en consecuencia, no se violó el derecho de
defensa (...) En virtud de la economía procesal, el saneamiento de la nulidad, en general, consigue
la conservación del proceso a pesar de haberse incurrido en determinado vicio, señalado como
causal de nulidad" (negrillas no originales). Corte Constitucional, sentencia C-037/98».
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actuado a partir del auto que ordenó seguir adelante con la ejecución, por
asemejarse a la sentencia, una vez arribó el asunto a la jurisdicción contencioso-
administrativa se impartió un nuevo trámite desde su fase inicial, como si el proceso
apenas hubiera iniciado, sin hacer siquiera referencia a las actuaciones adelantadas
ante la jurisdicción ordinaria.
85. El Juzgado Cuarto Administrativo de Yopal obvió por completo las decisiones
de la jurisdicción ordinaria y entró a analizar si era procedente librar mandamiento
ejecutivo, que, en efecto, es la primera decisión en ese tipo de asuntos.
86. La breve referencia que hizo ese despacho acerca del deber del juez
contencioso-administrativo de revisar la conformación del título ejecutivo, al
momento de librar mandamiento de pago «y en la sentencia», no implica la invalidez
automática de las actuaciones que le precedieron, por cuanto esa no era una
consecuencia de la declaratoria de falta de jurisdicción, aunado a que tampoco se
declaró la nulidad de todo lo actuado en sede ordinaria. Además, la decisión30 que
trajo a colación el juez para sustentar la posibilidad de revisar la constitución del título
ejecutivo en la sentencia no guarda relación con el caso que se estudia, pues, en
esa ocasión, esta Subsección se ocupó de resolver el recurso de apelación contra la
providencia que ordenó seguir adelante la ejecución, entre otros, por lo resuelto
frente a la excepción de inexistencia del título ejecutivo que se propuso contra el auto
que libró mandamiento de pago, lo que evidentemente implicaba resolver si existía
o no el título ejecutivo.
87. Por si fuera poco, en sede de apelación, el Tribunal Administrativo de
Casanare hizo caso omiso a los reproches del ejecutante, con los que pretendió que
se conservara la validez de las decisiones adoptadas por el juez civil.
88. En concepto de esta Sala, la inobservancia de las reglas sobre los efectos de
la declaratoria de la falta de jurisdicción comporta la vulneración del derecho
fundamental al debido proceso de la parte ejecutante (IFEY), porque se actuó al
margen del procedimiento establecido, en una clara afrenta al principio de seguridad
jurídica, a tal punto que en la actualidad hay dos decisiones vigentes contrapuestas,
una que libró mandamiento de pago y la otra que lo negó.
89. Ciertamente, de las actuaciones surtidas en la jurisdicción ordinaria,
únicamente se invalidaron el auto que ordenó seguir adelante la ejecución y el que
aprobó la liquidación del crédito, de modo que debieron conservan su validez el auto
que libró mandamiento de pago, la notificación de esa decisión a la ejecutada y el
traslado durante el cual no se interpuso recurso de reposición ni se propusieron
excepciones de mérito.
90. Es clara, entonces, la configuración del defecto procedimental absoluto, por
lo que esta Subsección se relevará de estudiar los demás cargos de la tutela.
30
Sentencia de 8 de junio de 2022, rad. 25000-23-36-000-2015-01521-01 (56.907), M.P. Marta Nubia
Velásquez Rico.
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91. Por todo lo razonado, la Sala concederá el amparo del derecho fundamental
al debido proceso del Instituto Financiero Empresarial de Yopal (IFEY). Como
consecuencia, (i) dejará sin efectos las siguientes providencias: auto proferido el 29
de enero de 2026 por el Tribunal Administrativo de Casanare; auto dictado el 2 de
octubre de 2025 por el Juzgado Cuarto Administrativo de Yopal y el auto del 4 de
diciembre de 2025, que resolvió desfavorablemente el recurso de reposición
interpuesto contra el anterior, y (ii) se ordenará al Juzgado Cuarto Administrativo de
Yopal, que retome el asunto en el estado en el que arribó a la jurisdicción
contencioso-administrativa, respetando la validez de lo actuado ante el Juzgado
Segundo Civil Municipal de Yopal, conforme a lo establecido en los artículos 16 y
138 del CGP, y adopte las decisiones que correspondan.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: RECONOCER como coadyuvante de la parte actora al Instituto
Financiero de Casanare (IFC), según lo expuesto en esta providencia.
SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso del Instituto
Financiero Empresarial de Yopal (IFEY), vulnerado por el Juzgado Cuarto
Administrativo de Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare, conforme a lo
razonado en la parte motiva.
TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, (i) DEJAR SIN EFECTOS los autos
del 29 de enero de 2026, dictado por el Tribunal Administrativo de Casanare, y los
proferidos el 2 de octubre y 4 de diciembre de 2025 por el Juzgado Cuarto
Administrativo de Yopal, en el marco del proceso ejecutivo con radicación núm.
85001-33-33-004-2025-00335-00, y (ii) ORDENAR a dicho juzgado que retome el
proceso en el estado en el que arribó a la jurisdicción contencioso-administrativa,
respetando la validez de lo actuado ante el Juzgado Segundo Civil Municipal de
Yopal, y adopte las decisiones que correspondan.
CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
QUINTO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente de tutela a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo Samai, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento, a través del enlace señalado a continuación:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente,
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha.
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