Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-01045-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-01045-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-01045-00
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
27 de marzo de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01045-00
Accionante: Alexander Robles Sánchez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01045-00
Accionante: Alexander Robles Sánchez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A
Referencia: Acción de tutela
Temas: Acción de tutela. Mora judicial. Niega el amparo.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela promovida por Alexander Robles Sánchez contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
Alexander Robles Sánchez, en nombre propio1, interpuso acción de tutela en procura de
la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y a la participación política, los cuales estima vulnerados por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con ocasión de la presunta mora judicial en la
que habría incurrido al no proferir sentencia dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado número 25000-23-41-000-2022-
01584-00.
2. Hechos
El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica 2:
2.1. Los señores Luis Manuel Rivas Parra, German Miranda Lozano y Alexander Robles
Sánchez solicitaron ante el Consejo Nacional Electoral el reconocimiento de la personería
jurídica a favor del movimiento “Séptima Papeleta”, mediante escrito radicado bajo el
núm. CNE-E-2021-020499.
1Índice 00002 aplicativo SAMAI, con certificado núm. 07A619A45214BAC7 8CCF22601AF53376 39B21489CB36F626
A899287FB3E04E64
2 Ibídem. / actuaciones del proceso ordinario, índice 00002 del aplicativo SAMAI, con certificado 4423DC5C028CE933
1521328D833AD842 BE5353F2A35D2B3F 8A098B33ACEA9E01
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Accionante: Alexander Robles Sánchez
2.2 Mediante la Resolución 190 del 13 de enero de 2022, el Consejo Nacional Electoral
negó dicha solicitud.
2.3 Inconformes con la decisión, los solicitantes interpusieron recurso de reposición, el
cual fue resuelto a través de la Resolución 3357 del 19 de julio de 2022, por medio de la
cual Consejo Nacional Electoral confirmó en todas sus partes la Resolución 190 del 13
de enero de 2022, y reiteró la negativa de reconocer la personería jurídica al mencionado
movimiento.
2.4 Posteriormente, los señores Luis Manuel Rivas Parra, German Miranda Lozano y
Alexander Robles Sánchez -este último en calidad de accionante en el presente trámite-
, promovieron demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho contra el Consejo Nacional Electoral, con el fin de obtener la nulidad de la
Resolución 3357 del 19 de julio de 2022. Como fundamento de sus pretensiones,
alegaron que dicha autoridad no realizó un análisis jurídico integral de las pruebas
aportadas ni de los hechos expuestos en la solicitud, los cuales, a su juicio, guardan
similitud con los examinados en la Sentencia SU-257 de 2021.
2.5 El asunto le correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
autoridad que, desde el 16 de diciembre de 2022 3, asumió el conocimiento del proceso
bajo el radicado núm. 25000 23 41 000 2022 01584 00.
2.6 Según afirmó el accionante, desde entonces, se han surtido todas las etapas
procesales y el expediente se encuentra en estado “al despacho para sentencia” desde
el 6 de octubre de 2025, tal como consta en aplicativo SAMAI.
2.7 En ese contexto, el señor Alexander Robles Sánchez promovió la presente acción de
tutela, al considerar que la autoridad accionada incurrió en mora judicial al no haber
proferido la sentencia correspondiente, pese a encontrarse el proceso en estado de
decisión, lo cual, en su criterio, vulnera sus derechos fundamentales.
2.8 El accionante sostuvo que la demora en la emisión del fallo le ocasionó un perjuicio
consumado, en tanto no pudo participar en las inscripciones para las elecciones
legislativas. Asimismo, afirmó que, ante la ausencia de decisión judicial, podría verse
impedido para participar en las inscripciones de las elecciones presidenciales.
2.9 Finalmente, adujo que, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
se configuró un defecto procedimental, por cuanto el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca habría admitido la contestación de la demanda presentada por el Consejo
Nacional Electoral de manera extemporánea, razón por la cual solicita que dicha
actuación no sea valorada al momento de proferir la sentencia.
3 Índice 00003 aplicativo SAMAI, correspondiente al proceso ordinario, certificado núm. 5C166309A5340CD0
042C075049503D80 B13EF44FADF07B11 088A242FB9D11AC2
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Accionante: Alexander Robles Sánchez
3. Pretensiones y argumentos de la tutela 4
3.1. La parte actora solicitó al juez constitucional: i) amparar sus derechos fundamentales
al debido proceso, de acceso a la justicia y a la participación política y, como
consecuencia de ello: ii) ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, dentro
de la cuarenta y ocho (48) horas siguientes, profiera la sentencia correspondiente; iii)
disponer que, al momento de decidir, prescinda de la contestación de la demanda
presentada por el Consejo Nacional Electoral, por haber sido allegada de forma
extemporánea.
3.2. Como fundamento de la solicitud de amparo, el actor manifestó, que la mora judicial
en la que ha incurrido la autoridad accionada vulnera sus garantías fundamentales, en la
medida en que le ha impedido ejercer su derecho a la participación política, al no haber
podido inscribirse para las elecciones legislativas y existir la posibilidad de que tampoco
pueda hacerlo respecto de las elecciones presidenciales.
En ese sentido, invocó la sentencia T-186 de 2017, en la cual se señala que la acción de
tutela procede frente a la mora judicial cuando esta afecta derechos sujetos a un
calendario específico, como ocurre con los derechos políticos. De igual forma, destacó el
deber de los jueces de proferir las decisiones dentro de un plazo razonable, conforme a
lo previsto en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el
artículo 42 del Código General del Proceso.
3.3. De otra parte, sostuvo que se configuró un defecto procedimental, debido a que la
autoridad judicial accionada admitió la contestación de la demanda presentada por el
Consejo Nacional Electoral pese a haber sido allegada de manera extemporánea.
4. Trámite de tutela e intervenciones
4.1. Mediante auto del 16 de febrero de 20265, se admitió la acción de tutela; se dispuso
la vinculación, en calidad de terceros con interés, del Consejo Nacional Electoral y de los
señores Luis Manuel Rivas Parra y Germán Miranda Lozano; y se ofició al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, para que remitiera al
trámite constitucional el expediente identificado con el radicado número 25000-23-41-
000-2022-01584-00.
4.2. El Magistrado ponente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca6, rindió
informe en el que relacionó las actuaciones surtidas dentro del proceso ordinario. Señaló
que el asunto le fue asignado por reparto el 16 de diciembre de 2022, para conocer de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por los señores Luis
Manuel Rivas Parra, Alexander Robles Sán chez y Germán Miranda Lozano. Asimismo,
4 Índice 00002 aplicativo SAMAI, con certificado núm. 07A619A45214BAC7 8CCF22601AF53376 39B21489CB36F626
A899287FB3E04E64
5 Índice 00005 del aplicativo SAMAI, con certificado núm. C50B7DEB4BE10FC8 AFA2EBA4936C9FEE
0922A3EA739C0EA9 05B74026B30F4F0E.
6 Índice 00014 del aplicativo SAMAI con certificado núm. 23012F9CAAF0B783 3DA4E17F780B3B50
1BDBB55B6018198E DB70CC99679B2955
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Accionante: Alexander Robles Sánchez
indicó que el 6 de octubre de 2025 la Secretaría de la Sección Primera ingresó el
expediente al Despacho para proferir sentencia de primera instancia.
A continuación, expuso los criterios fijados en la Sentencia SU-179 de 2021, en la que se
distingue entre mora judicial justificada e injustificada, precisando que no toda dilación en
la administración de justicia comporta, per se, la vulneración de derech os fundamentales.
Con fundamento en ello, sostuvo que en el caso concreto no se configura mora judicial,
por cuanto las actuaciones se han desarrollado dentro de un plazo razonable, atendiendo
a la carga laboral del Despacho y a las múltiples solicitudes y recursos presentados por
la parte demandante en el curso del proceso.
De igual forma, indicó que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha reconocido que,
en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, las decisiones deben adoptarse
conforme al orden de ingreso de los expedientes al Despacho para fallo, lo cual garantiza
el derecho a la igualdad de los usuarios de la administración de justicia y permite una
gestión ordenada de los asuntos sometidos a conocimiento judicial.
En ese sentido, destacó que el proceso de la referencia se encuentra “en turno para
decisión” y que los demandantes no acreditaron circunstancias que justifiquen otorgarle
prelación frente a otros asuntos. Para sustentar lo anterior, allegó un cuadro, inicialmente
requerido por el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, en el que se relacionan
los procesos que se encuentran en estado de “al despacho para sentencia”, junto con
sus respectivas fechas de ingreso.
Adicionalmente, afirmó haber actuado con la debida diligencia en el impulso del proceso
y que no se evidencia actuación arbitraria ni desproporcionada en el trámite del mismo.
Finalmente, puso de presente que, mediante auto del 18 de octubre de 2024, se
determinó que la contestación de la demanda presentada por el Consejo Nacional
Electoral no fue extemporánea. Asimismo, advirtió que este mismo cuestionamiento ya
fue objeto de una acción de tutela anterior promovida por los demandantes.
Con fundamento en lo expuesto, solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de
tutela, al considerar que no se ha configurado vulneración alguna de derechos
fundamentales.
4.3. El Consejo Nacional Electoral7 , en su calidad de parte demandada en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho, sostuvo que no son ciertas las afirmaciones
del accionante relativas a la supuesta extemporaneidad en la presentación de la
contestación de la demanda.
Indicó que dicha contestación fue presentada dentro del término legal y que, durante la
audiencia inicial, se verificó la inexistencia de vicios procesales, razón por la cual se
7 Índice 00012 del aplicativo SAMAI con certificado núm. C949CD49D3569DD9 BD97476B297CD063
D78D79BA39067264 56C82E7B83609949
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Accionante: Alexander Robles Sánchez
procedió a fijar el litigio, decretar y practicar las pruebas, y conceder el término para alegar
de conclusión.
A su juicio, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha actuado conforme a las
normas procesales y dentro de los términos razonables. En relación con la supuesta mora
en la expedición de la sentencia, señaló que el tiempo requerido para proferirla depende
de la carga laboral del Despacho y del turno en el que ingresó el expediente,
circunstancias que, en el presente caso, se ajustan a criterios de razonabilidad y
proporcionalidad.
Por lo anterior, solicitó negar las pretensiones de la acción de tutela.
4.4 El señor Luis Manuel Rivas Parra8, quien actúa como demandante en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, manifestó que coadyuva los hechos expuestos
en la acción de tutela.
Señaló que la presente acción constitucional tiene como finalidad “reafirmar el petitum de
la demanda”. En ese contexto, destacó el papel del movimiento “Séptima Papeleta” en la
Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y afirmó que en 1998 dicho movimiento obtuvo
personería jurídica, lo que le permitió participar en las elecciones presidenciales de ese
año.
Sostuvo que, pese a no contar actualmente con personería jurídica, el movimiento
continúa vigente, por lo cual considera necesario que se le reconozca dicha calidad.
Finalmente, reiteró que la contestación de la demanda y las pruebas aportadas por el
Consejo Nacional Electoral fueron allegadas de manera extemporánea.
4.5 El señor Germán Miranda Lozano 9, también demandante dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, manifestó que coadyuva en todas sus partes la
acción de tutela interpuesta.
Afirmó que el Consejo Nacional Electoral no contestó la demanda dentro del término
legal, en la medida en que, según indica, allegó pruebas y documentos veinte (20) días
después del vencimiento del plazo correspondiente, razón por la cual considera que
debieron aplicarse las consecuencias jurídicas derivadas de la no contestación de la
demanda.
De igual manera, sostuvo que el proceso ha permanecido durante un tiempo excesivo sin
que se profiera sentencia de fondo, lo cual les ha ocasionado un perjuicio irremediable,
al impedirles participar en las elecciones legislativas y comprometer su eventual
8 Índice 00016 del aplicativo SAMAI con certificado núm. 5BED368B1A538D53 C651EB7418B6D292
68A0B6DB0C0B6802 CDB298264094F074
9 Índices 00015 y 00017 del aplicativo SAMAI con certificado núm. 4A995BBF5FBF3BA3 D893564BAC61578E
3B28C00F7C9448D7 3413FA27A725F343 y 83EC328FAA4571B2 BBBBB3DF0FE5480A 7DE1CAB8A6C05969
69AD08DB514F1BFF
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Accionante: Alexander Robles Sánchez
participación en las elecciones presidenciales de 2026, con la consecuente afectación de
sus derechos políticos.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 37 del Decreto 2591
de 1991.
2. Legitimación en la causa
2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de Alexander
Robles Sánchez al ser el titular de los derechos que afirma fueron vulnerados, dado que
actúa como demandante en el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho adelantado bajo el radicado núm. 25000-23-41-000-2022-01584-00.
2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca por cuanto tiene a su cargo el proceso mencionado y la
parte accionante le atribuye la vulneración de sus garantías por la presunta mora para
expedir la respectiva sentencia.
3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice la autoridad judicial accionada
vulneró las garantías fundamentales de la parte actora con ocasión de la mora judicial
alegada en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
4. Procedibilidad de la acción
La acción de tutela, dispuesta en el artículo 86 de la Constitución Política, es un
procedimiento preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para reclamar
la protección inmediata de los derechos constitucionales vulnerados o amenazados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de un particular, en los casos que
establece la ley10.
Este mecanismo solo procede cuando el afectado no tiene otros medios de defensa
judicial para la protección de sus derechos fundamentales o, a pesar de tenerlos, se
acude al amparo como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
10 Sentencia T-867 de 2013 de la Corte Constitucional: “Esta Corporación, en ejercicio de su labor como intérprete
autorizado de la Constitución, ha determinado en reiterada jurisprudencia, el alcance y contenido que el Constituyente
otorgó al artículo 86 de la Carta Política, resaltando que la acción judicial en él contemplada, además de ostentar un
carácter preferente y sumario, tiene por principal objeto, la protección concreta e inmediata de los derechos
constitucionales fundamentales de los ciudadanos, siempre que estos se vean afectados o amenazados por la acción
u omisión de cualquier autoridad pública, o de un particular que se encuentre dentro de los supuestos de hecho
contemplados en la ley”.
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Accionante: Alexander Robles Sánchez
4.1. Mora judicial
El artículo 29 de la Constitución establece el derecho al debido proceso “sin dilaciones
injustificadas” que tiene toda persona. De igual forma, el artículo 228 ibídem dispone que
“[l]os términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será
sancionado (…)”. Así mismo, según el artículo 4 de la Ley 270 de 1996, “[l]a
administración de justicia debe ser pronta y cumplida. Los términos procesales serán
perentorios y de estricto cumplimiento por parte de los funcionarios judiciales. Su
violación constituye causal de mala conducta, sin perjuicio de las sanciones penales a
que haya lugar”.
En ese orden de ideas, la Corte Constitucional ha dispuesto que “un elemento
fundamental del derecho al debido proceso es la garantía de obtener una decisión de
fondo sin dilaciones injustificadas y dentro de plazos razonables” 11 y que cuando los
jueces no cumplen los términos establecidos en la ley para resolver los requerimientos
de las partes, incurren en mora judicial, conducta que puede comportar una eventual
vulneración del derecho al debido proceso ante la omisión de proferir una determinada
providencia.
No obstante, el alto Tribunal Constitucional también ha indicado que “no todo retardo en
la adopción de una decisión judicial genera per se una infracción a la Constitución, [p]ara
que esto ocurra debe probarse que la dilación injustificada tuvo origen en la falta de
diligencia del funcionario judicial en el cumplimiento de sus deberes o que el plazo del
proceso sea irrazonable”12. Por esta razón, la jurisprudencia constitucional ha reconocido
que la mora judicial puede darse por negligencia o arbitrariedad de los funcionarios
judiciales encargados de proferir las providencias —caso en el cual la mora es
injustificada—; o por la sobrecarga y el represamiento de trabajo que impide el
cumplimiento de los términos procesales, caso en el que la mora es justificada y no
vulnera los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia13.
En la misma línea, la sentencia T-186 de 201714, la cual el accionante adujo como
fundamento jurídico para sustentar la ocurrencia de la mora injustificada, explica que para
que se concrete la lesión de derechos fundamentales por retardo judicial, es necesario
evaluar la “razonabilidad del plazo” y el “carácter injustificado” del incumplimiento.
Adicional, la jurisprudencia constitucional15 ha identificado unos supuestos en los cuales
puede presentarse mora judicial aun cuando el funcionario haya actuado con diligencia.
Entre estos se encuentran: i) cuando la complejidad del asunto impide observar
estrictamente los términos previstos por el legislador; ii) cuando concurren problemas
estructurales que generan congestión judicial y una excesiva carga laboral; y iii) cuando
se acreditan circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden adelantar las
actuaciones judiciales con sujeción a los términos.
11 Corte Constitucional, sentencia SU-333 de 2020.
12 Ibidem.
13 Ibidem.
14 Corte Constitucional, sentencia T-186 de 2017.
15 Sentencias T-565 de 2016, T-441 de 2015, T-1227 de 2001, T-1226 de 2001 y T 286 de 2020.
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Accionante: Alexander Robles Sánchez
En ese sentido, resulta necesario examinar, en cada caso concreto, las condiciones
particulares del asunto sometido estudio, con el fin de evaluar y determinar si existe una
justificación debidamente acreditada que explique la mora 16. Lo anterior implica que, aun
cuando se superen los términos procesales para que el juez adopte una determinación,
dicha circunstancia no constituye, por sí sola, una vulneración del derecho a obtener una
decisión de fondo sin dilaciones injustificadas y dentro de un plazo razonable, cuando se
advierte la existencia de un motivo válido que justifique el retraso, conforme al concepto
jurisprudencial de “mora judicial justificada” 17.
5. Caso concreto
La Sala anuncia que negará el amparo solicitado, por las razones que se exponen a
continuación:
5.1. Del examen del escrito de tutela se advierte que la parte actora sostiene que el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en una mora judicial injustificada, con
la consecuente vulneración de sus derechos fundamentales, al no haber proferido
sentencia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, pese a que,
desde el 6 de octubre de 2025 el expediente se encuentra en estado de “al despacho
para sentencia”, según consta en el aplicativo SAMAI18.
5.2. No obstante, la Sala advierte que, a partir de la revisión de las actuaciones
procesales surtidas en el asunto de la referencia, conforme a lo registrado en el aplicativo
SAMAI, se constata que la autoridad judicial accionada ha impulsado el trámite de man era
oportuna en cada una de sus etapas. Asimismo, se observa que, aunque el expediente
ingresó al Despacho para fallo el 6 de octubre de 2025, con posterioridad se han
adelantado actuaciones adicionales, siendo la más reciente la del 21 de noviembre de
2025.
En ese contexto, la autoridad judicial rindió un informe detallado sobre el trámite impartido
al proceso, el cual se reseñará a continuación, con el propósito de evidenciar la
oportunidad con la que se ha desarrollado cada actuación procesal:
Fecha Tipo de actuación desarrollada
14 de diciembre de 2022 Los accionantes presentaron demanda a través de correo electrónico
El proceso le correspondió por reparto a la Sección Primera del Tribunal
16 de diciembre de 2022
Administrativo de Cundinamarca
16
SU-179 de 2021.
17 Las sentencias SU-333 y SU 453 de 2020, señalaron que “el estudio del derecho al debido proceso sin dilaciones
injustificadas y de la prestación del servicio público a la administración de justicia con la observancia diligente de los
términos procesales, so pena de sancionar su incumplimiento, ha determinado l a construcción de una línea
jurisprudencial sobre la mora judicial producida, en últimas, por la necesidad de establecer si el incumplimiento objetivo
de los plazos o términos previstos por el legislador para adelantar una actuación es razonable o no, y pa ra ello ha
acudido a varios criterios. Indicó que no toda mora judicial implica la vulneración de los derechos fundamentales de
una persona, pues el juez de tutela debe verificar si se incurre en un desconocimiento de plazo razonable y la
inexistencia de un motivo válido que lo justifique. Este análisis se adelanta teniendo en cuenta (i) la complejidad del
caso, (ii) la conducta procesal de las partes, (iii) la valoración global del procedimiento y (iv) los intereses que se
debaten en el trámite.”
18 Índice 00100 del aplicativo SAMAI con certificado núm.C4304AE355BF0C10 D75731264EE71289
D78D7DCD9F633F26 75B8F40364090498
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Accionante: Alexander Robles Sánchez
Se inadmitió la demanda, pues la parte demandante no aportó la constancia
31 de marzo de 2023
de notif icación de la Resolución 3357 de 19 de julio de 2022. La Secretaría de la Sección Primera del Tribunal ingresó el expediente al
Despacho. Inf ormó que el término para subsanar la demanda transcurrió en
17 de junio de 2023
silencio; no obstante, el Despacho se percató que el 15 de junio de 2023
los demandantes habían allegado escrito de subsanación. El Magistrado ponente dispuso la remisión del expediente, por razones de
30 de octubre de 2023
competencia, a la Sección Quinta del Consejo de Estado
El Consejo de Estado ordenó regresar el expediente al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca. Estimó que conf orme numeral 22 del
artículo 152 del CPACA, modif icado por el artículo 28 de la Ley 2080 de
17 de noviembre de 2023 2021, es de competencia de los tribunales, en primera instancia, el
conocimiento de las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho
que carezcan de cuantía contra actos administrativos expedidos por
autoridades del orden nacional. El tribunal rechazó la demanda por incumplimiento de los requerimientos
30 de noviembre de 2023 elevados en auto inadmisorio del 31 de marzo de 2023. La parte actora
interpuso recurso de apelación. 5 de f ebrero de 2024 Se concedió la apelación presentada por la parte demandante
El Consejo de Estado resolvió el recurso de apelación y revocó la decisión
18 de abril de 2024
del 30 de noviembre de 2023 y ordenó al Tribunal estudiar la admisión. 2 de mayo de 2024 Se admitió la demanda en cumplimiento de la orden del Consejo de Estado
El apoderado judicial del Consejo Nacional Electoral contestó la solicitud de
11 de junio de 2024
medida cautelar
17 de junio de 2024 Ingresó el cuaderno de la medida cautelar al Despacho
Se resolvió la petición negando la suspensión provisional de los actos
12 de julio de 2024
administrativos demandados. El Consejo Nacional Electoral contestó la demanda y aportó la copia del
expediente administrativo de los actos atacados en nulidad . En ese punto,
19 de julio de 2024 el suscrito Magistrado ponente evidenció el cumplimiento de los requisitos
dispuestos en el artículo 182A del CPACA para prof erir sentencia
anticipada. Se realizó el pronunciamiento sobre las pruebas, se f ijó el litigio y se corrió
4 de septiembre de 2024
traslado a las partes para alegar de conclusión
El apoderado de la parte actora interpuso recurso de apelación contra la
12 de septiembre de 2024
anterior decisión. El Magistrado ponente resolvió declarar improcedente la apelación
presentada por la parte demandante contra el auto del 4 de septiembre de
2024 y se da trámite al recurso de reposición que sí era procedente. En el recurso, la parte demandante alegó que la contestación de la
demanda f ue allegada al proceso de f orma extemporánea. 18 de octubre de 2024
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró que la contestación
del Consejo Nacional Electoral f ue presentada dentro de los términos
establecidos en las normas procesales, pues la parte actora no tuvo en
cuenta los dos días dispuestos en el artículo 201 del CPACA, por lo que no
repuso la decisión
La parte demandante presentó recurso de reposición y en subsidio queja
30 de octubre de 2024
contra la providencia del 18 de octubre de 2024. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió recurso de reposición
25 de septiembre de 2025 y concedió el recurso de queja. Asimismo, dispuso remitir el expediente al
Consejo de Estado para que tramite la queja contra el auto del 18 de octubre
La Secretaría ingresó el expediente al Despacho para que se prof iera
6 de octubre de 2025
sentencia de primera instancia.
El Consejo de Estado prof irió auto que determina que no existió habilitación
para la interposición del recurso de queja, en la medida que el tribunal en
31 de octubre de 2025 ningún momento resolvió no conceder, rechazar o declarar desierta la
apelación, sino que adecuó el recurso a reposición y lo resolvió, por tanto
no le dio trámite al recurso de queja
10 de noviembre de 2025 La parte demandante presentó recurso de súplica contra el auto de 31 de
octubre de 2025. 21 de noviembre de 2025 Se resolvió el recurso que rechazó la súplica.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01045-00
Accionante: Alexander Robles Sánchez
Asimismo, el magistrado ponente del asunto 19 advirtió, en su contestación, el deber de
proferir las sentencias conforme al orden de ingreso de los procesos al Despacho para
tal finalidad. Precisó, además, que dicho criterio admite excepciones que permiten alterar
el turno para otorgar trámite preferente, las cuales proceden únicamente en supuestos
específicos, tales como: (i) razones de seguridad nacional; (ii) amenaza al patrimonio
público; (iii) grave vulneración de derechos humanos o la comisión de crímenes de lesa
humanidad; (iv) asuntos de especial trascendencia social; (v) casos carentes de
antecedentes jurisprudenciales cuya solución resulte de interés público y tenga
repercusión colectiva; (vi) aquellos cuya resolución implique la reiteración de
jurisprudencia consolidada; o (vii) cuando se establezca un orden temático para su
estudio preferente. Señaló que n inguna de estas circunstancias se configura en el caso
del accionante.
A su turno, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca explicó que las decisiones
adoptadas dentro del proceso se han proferido en términos razonables, atendiendo la
carga laboral del Despacho. En ese sentido, allegó la relación de los procesos que se
encuentran “al Despacho para fallo”, con indicación de su respectiva fecha de ingreso,
con el propósito de evidenciar el volumen de asuntos a su cargo y, por consiguiente, la
imposibilidad de anticipar el turno de decisión. A continuación, se incorpora el cuadro que
ilustra los turnos pendientes para fallo en primera instancia, en el cual se resalta el
proceso del accionante para facilitar su identificación 20.
19 Índice 00014 del aplicativo SAMAI con certificado núm. 23012F9CAAF0B783 3DA4E17F780B3B50
1BDBB55B6018198E DB70CC99679B2955
20 Índice 00014 del aplicativo SAMAI con certificado núm. 3DDAE4F961342469 631ADA271C26AA91
F024AF8F57D3984C F3E32C540F02D732
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01045-00
Accionante: Alexander Robles Sánchez
Así las cosas, en atención a la elevada carga laboral, la congestión judicial, la prelación
legal de las acciones constitucionales y la complejidad de los asuntos que conoce la
jurisdicción, resulta razonable que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no haya
proferido aún la sentencia dentro del proceso de la referencia. No obstante, una vez el
expediente alcance el turno que le corresponde, deberá procederse a la expedición y
notificación de la respectiva providencia.
5.3. A partir de lo expuesto, la Subsección concluye que no se encuentra acreditada una
mora judicial injustificada por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la
emisión de la sentencia de primera instancia. En efecto, la ausencia de decisión no
obedece a una conducta negligente, sino a factores objetivos debidamente demostrados,
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01045-00
Accionante: Alexander Robles Sánchez
tales como la carga excesiva de trabajo, la congestión judicial y el turno que ocupa el
proceso dentro del Despacho.
De igual forma, no se advierte que la parte actora haya expuesto o acreditado
circunstancias que justifiquen otorgar prelación o trámite preferente al proceso de la
referencia. En particular, no se señalaron razones que permitan exceptuar el respeto al
turno, ni se demostró la existencia de una situación de debilidad manifiesta que habilite
alterar el orden de decisión. Asimismo, el demandante no acreditó la configuración de un
perjuicio irremediable ni la necesidad de modificar el turno; por el contrario, aunque la
medida cautelar de urgencia fue negada, dicha decisión no fue impugnada, lo que
descarta la existencia de una urgencia manifiesta.
En consecuencia, teniendo en cuenta que el expediente ingresó al Despacho del
magistrado sustanciador el 6 de octubre de 2025 para la adopción de la decisión de fondo,
el término transcurrido hasta la fecha no puede calificarse como irrazonable, máxime
cuando, con posterioridad a dicho ingreso, se adelantaron actuaciones adicionales
orientadas a resolver solicitudes y recursos formulados por la parte demandante.
5.4. En todo caso, el lapso aproximado de cinco meses transcurrido desde el ingreso del
proceso al Despacho para fallo no resulta contrario a los postulados constitucionales,
particularmente si se considera la carga laboral que afrontan las autoridades judiciales
de la jurisdicción contencioso-administrativa a nivel nacional. Asimismo, la sola
inobservancia de los términos judiciales no configura, por sí misma, una vulneración del
debido proceso, salvo que se acredite la existencia de un perjuicio irremediable 21,
circunstancia que no se presenta en el sub examine.
En efecto, aun en el evento de que se hubiese proferido sentencia dentro del proceso
ordinario, ello no implicaría necesariamente que el movimiento “Séptima Papeleta”
pudiera participar en los comicios presidenciales de 2026, habida cuenta de que el
proceso se encuentra en primera instancia y, por tanto, la decisión sería susceptible de
ser impugnada mediante recurso de apelación, lo cual impediría la definición definitiva de
la controversia.
Así las cosas, la Sala considera que la actuación expuesta por el accionante como
constitutiva de mora judicial y lesiva de sus derechos fundamentales no está acreditada,
en consecuencia, se negará el amparo solicitado.
5.5 Ahora bien, en lo que respecta a la pretensión del accionante orientada a que el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca prescinda de la valoración de la contestación
de la demanda presentada por el Consejo Nacional Electoral, resulta pertinente precisar
que este asunto fue ampliamente debatido en el curso del proceso, tal como se
desprende del primer cuadro consignado en esta providencia, y como se expone a
continuación:
21 Sentencias T- 1154 de 2001 y T-1249 de 2004.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01045-00
Accionante: Alexander Robles Sánchez
En efecto, los demandantes dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
interpusieron recurso de apelación contra el auto del 4 de septiembre de 2024, con el
propósito de cuestionar la supuesta extemporaneidad de la contestación de la deman da.
No obstante, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
A, al advertir la improcedencia de dicho recurso, lo adecuó al de reposición, el cual fue
tramitado y resuelto en el sentido de no reponer la decisión, con fundamento en que22:
“Ahora bien, por lo antes expuesto se debe empezar a contar el término del traslado
de la demanda a partir del día 6 de junio de 2024, dando como fecha de finalización
del término de traslado el día 19 de julio de 2024 y como la contestación de la
demanda se radicó el 18 de julio de 2024 tal como se evidencia en el índice 00066
del aplicativo SAMAI, se demuestra que la contestación de la demanda se radicó
dentro del término legal establecido”
Contra esta determinación, la parte demandante interpuso nuevamente recurso de
reposición y, en subsidio, de queja, insistiendo en la alegada extemporaneidad de la
contestación 23. Sin embargo, el Tribunal decidió no reponer lo resuelto mediante auto del
18 de octubre de 202424.
En cuanto al recurso de queja, el Tribunal resolvió no darle trámite, al considerar que no
se configuraban los supuestos para su procedencia, en tanto no se había negado un
recurso de apelación, sino que este fue adecuadamente reconducido al de reposición.
Pese a ello, los demandantes interpusieron recurso de súplica contra el auto del 31 de
octubre de 2025 que negó el trámite del recurso de queja, reiterando nuevamente la
extemporaneidad de la contestación de la demanda; dicho recurso también fue
rechazado25.
Adicionalmente, y más allá del debate surtido en sede contencioso-administrativa, los
demandantes promovieron acción de tutela con el fin de controvertir este mismo aspecto.
En ese contexto, el Consejo de Estado, Sección Primera, mediante sentencia del 9 de
octubre de 202526, precisó que:
“La acción de tutela no es procedente para cuestionar cualquier decisión adversa a
las partes, aún luego de agotados los recursos que contra ellas proceden dentro
del proceso, si el desarrollo del medio de control no ha finalizado y, por tanto, no se
puede tener certeza de la trascendencia de esa presunta irregularidad procesal en
la decisión que pone fin al proceso”.
De conformidad con lo anterior, la Subsección concluye que la pretensión formulada por
el accionante ya fue objeto de análisis tanto en la jurisdicción contencioso-administrativa
22 Índice 00084 del aplicativo SAMAI en el proceso ordinario, con certificado núm. 708C8708726C492D
600AA21119E1826C 75765B596CA3448D 2A7D6CA3B1248F66
23 Índice 00088 del aplicativo SAMAI en el proceso ordinario, con certificado núm. A2048D90B12EB896
0A28CF7E99970DF8 7943142585F544B1 FB7E2514E02A47C9
24 Índice 00094 del aplicativo SAMAI en el proceso ordinario, con certificado núm. 3FE50137A9886139
0CE81754BAFDEDAB 00BC676BA646C491 94A82171AE76C301
25 Índice 00103 del aplicativo SAMAI en el proceso ordinario, con certificado núm.
335D5D83662B08D3 6FE28FF3FD16CDC5 CEE454FB5E32CC67 F8B06ADBC3941841
26 Índice 00017 del aplicativo SAMAI, en el proceso 11001-03-15-000-2025-05924-00 con certificado núm.
815409CA7680D41B 09E4C247FF971C42 622E9DF65C601DDC E9890E168E0348F4.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01045-00
Accionante: Alexander Robles Sánchez
como en sede constitucional, en ambos escenarios con resultado desfavorable a sus
intereses.
Así las cosas, la Sala negará la solicitud de tutela, por cuanto no se configura una mora
judicial injustificada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR la solicitud de tutela interpuesta por Alexander Robles Sánchez en
contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito.
TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en caso de que no sea impugnada.
Notifíquese y Cúmplase,
FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
Magistrado
FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado
MCMM
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