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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01047-00

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01047-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Declarar improcedente la acción de tutela promovida por los señores Luis Eduardo Cañas, Alexis Perea Ibargüen, Tarcisio Mondragón Gordillo, Jorge Horacio Zuluaga Hoyos, Juan José Morales Lozano, Jaime Arturo Sinisterra Cortés, Enrique Velasco, Miguel Antonio Calderón Campo, José Antonio Narváez Solarte, Álvaro Sánchez Saa, José Néstor Parra Otálvaro, José Fernando Ospina Martínez, Álvaro Camacho Rojas, Hernando Quirama Díaz, Fernando Echeverri Escobar, Herlan Castrillón Cano, Héctor Victoria Sánchez, Rafael Cadena Ortega, Libardo Escobar, Jorge Edison Cerezo Sarria, Marco Enrique Mideros Rodríguez, Saúl Mur Aponte, Fabio Possu Vásquez, Carlos Enrique Panesso Franco, Humberto Ossa Muñoz, Jaime Ladino Becerra, Jorge Antonio Murillo, Augusto Enrique López, José Alberto Aguirre Ruiz, Eduardo Alvarado Hernández, Carlos Humberto Marín López, Cecilio Perlaza Montaño, Miguel Ángel Ruiz Mojica, Jairo Herney Gonzalias Mosquera, Bernardo Mosquera Martínez, Fernando Aldemar Fresneda Pérez, Víctor Gabriel Acosta Rodríguez, Jairo Cadavid Levin, Alberto Serna Guzmán, 7 Postura reiterada en sentencia SU-128 de 2021, M.P: Cristina Pardo Schlesinger. 8 M.P. Natalia Ángel Cabo. 13 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2026-01047-00 Accionantes: Jorge Horacio Zuluaga Hoyos y otros Carlos Arturo Idárraga Torres, Nancy Salazar Mejía, Isabel González de Ramírez, Hortensia Martínez Ramos, Aura Nubia Obregón Andrade, Gloria Enith Valencia Plaza, Mery Raquel Ramírez Esparza, Amparo Peralta Triana, Sara Salazar Galvis, Gloria del Carmen Ayala Morales, María Elssy Burgos Guevara, Luz Stella Renza Prado, Martha Marina Loaiza Escobar, María Antonia Zorrilla Hernández, María Evelly Ruiz, Nidia Quintana Soto, Gloria Campos Bonilla, Beatriz Saavedra Villanueva, María del Rosario Campos Vega, Margarita Díaz Agredo, Rosalía González, Luz Mary Ocampo Patiño, María del Carmen Guerrero de Orozco, María del Carmen Pinedo Jaramillo, Elsa Lili Ruiz Campos, María Elisa Aramburo Males, Liliana Alarcón Luna, Nelly Pinto Mape, Isabel Cristina Tamayo García, Gloria […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01047-00

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

23 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá, D.C, veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01047-00
Accionante: JORGE HORACIO ZULUAGA HOYOS Y OTROS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y
JUZGADO DIECIOCHO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
DE CALI

Temas: Tutela contra providencia judicial. Rechazo de demanda de
reparación directa porque no fue subsanada. Defectos sustantivo,
fáctico y por desconocimiento del precedente judicial. Requisito de la
relevancia constitucional

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por los señores Luis Eduardo Cañas, Alexis Perea Ibargüen, Tarcisio
Mondragón Gordillo, Jorge Horacio Zuluaga Hoyos, Juan José Morales Lozano,
Jaime Arturo Sinisterra Cortés, Enrique Velasco, Miguel Antonio Calderón Campo,
José Antonio Narváez Solarte, Álvaro Sánchez Saa, José Néstor Parra Otálvaro,
José Fernando Ospina Martínez, Álvaro Camacho Rojas, Hernando Quirama Díaz,
Fernando Echeverri Escobar, Herlan Castrillón Cano, Héctor Victoria Sánchez,
Rafael Cadena Ortega, Libardo Escobar, Jorge Edison Cerezo Sarria, Marco
Enrique Mideros Rodríguez, Saúl Mur Aponte, Fabio Possu Vásquez, Carlos
Enrique Panesso Franco, Humberto Ossa Muñoz, Jaime Ladino Becerra, Jorge
Antonio Murillo, Augusto Enrique López, José Alberto Aguirre Ruiz, Eduardo
Alvarado Hernández, Carlos Humberto Marín López, Cecilio Perlaza Montaño,
Miguel Ángel Ruiz Mojica, Jairo Herney Gonzalias Mosquera, Bernardo Mosquera
Martínez, Fernando Aldemar Fresneda Pérez, Víctor Gabriel Acosta Rodríguez,
Jairo Cadavid Levin, Alberto Serna Guzmán, Carlos Arturo Idárraga Torres, Nancy
Salazar Mejía, Isabel González de Ramírez, Hortensia Martínez Ramos, Aura Nubia
Obregón Andrade, Gloria Enith Valencia Plaza, Mery Raquel Ramírez Esparza,
Amparo Peralta Triana, Sara Salazar Galvis, Gloria del Carmen Ayala Morales,
María Elssy Burgos Guevara, Luz Stella Renza Prado, Martha Marina Loaiza
Escobar, María Antonia Zorrilla Hernández, María Evelly Ruiz, Nidia Quintana Soto,
Gloria Campos Bonilla, Beatriz Saavedra Villanueva, María del Rosario Campos
Vega, Margarita Díaz Agredo, Rosalía González, Luz Mary Ocampo Patiño, María
del Carmen Guerrero de Orozco, María del Carmen Pinedo Jaramillo, Elsa Lili Ruiz
Campos, María Elisa Aramburo Males, Liliana Alarcón Luna, Nelly Pinto Mape,
Isabel Cristina Tamayo García, Gloria Amparo Lozano García, Mercedes Renza
Prado, Mercedes Aguirre Rodríguez, Lilia Del Socorro Castaño González, Ana Rosa
Alvarado Hernández, Liliana Patricia Vásquez Cardozo, María Yaneth Díaz Marín,
Marlene Rivas Barón, Luz Marina López Aparicio, Amparo Pineda Gómez, Marisol
Medina Molina, Elizabeth Castillo Castillo, Martha Faride Rueda Mayorga, Adriana

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01047-00
Accionantes: Jorge Horacio Zuluaga Hoyos y otros

Lozano Vélez, Ismenia Ortiz, María Elizabeth Marmolejo Figueroa, Stella Saavedra
de Navia, Amparo Sánchez Rubiano, María Teresa Hernández Rueda, Martha Lucía
Ortega Victoria, Diego María Delgado Álvarez y Óscar Londoño Arcila, quienes
actúan mediante apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca y el Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito de Cali.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 12 de febrero de 2026, la parte actora pidió al juez constitucional la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia, supuestamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“Solicito comedidamente que a título de protección del derecho fundamental al
debido proceso, y acceso a la administración de justicia, se declare que el JUZGADO
18 ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE SANTIAGO DE CALI Y/O
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA – M.P. Dr. OSCAR
VALERO NISIMBLAT, al emitir el Auto de fecha 08 de Octubre del 2024, que
inadmitió la demanda, Auto de fecha 04 de Marzo del 2025, que resolvió recurso de
reposición, Auto de fecha 26 de Mayo del 2025, que rechazó la demanda, Auto del
08 de Agosto del 2025, que resolvió recurso de apelación, Auto del 15 de Octubre
del 2025 que resolvió obedecer y cumplir, respectivamente, al interior del proceso
con radicado No. 76001-33-33-018-2023- 00004-00.

En razón a ello, solicito se acceda a lo siguiente:

1.- Tutelar los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1º., fines
sociales del Estado; 29, debido proceso: 86, protección de los principios y derechos
constitucionales; 228 acceso a la administración de justicia, prevalencia del derecho
sustancial y 230 amparar el sometimiento a la ley contenidos en la Carta Política;
vulnerados en el trámite contencioso por el JUZGADO 18 ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO DE SANTIAGO DE CALI Y/O TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
VALLE DEL CAUCA – M.P. Dr. OSCAR VALERO NISIMBLAT, al emitir el Auto de
fecha 08 de Octubre del 2024, que inadmitió la demanda, Auto de fecha 04 de Marzo
del 2025, que resolvió recurso de reposición, Auto de fecha 26 de Mayo del 2025,
que rechazó la demanda, Auto del 08 de Agosto del 2025, que resolvió recurso de
apelación, Auto del 15 de Octubre del 2025 que resolvió obedecer y cumplir,
respectivamente, al interior del proceso con radicado No. 76001-33-33-018-2023-
00004-00.

2.- Como consecuencia de los derechos tutelados, SE ORDENE al JUZGADO 18
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE SANTIAGO DE CALI Y TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA – M.P. OSCAR VALERO NISIMBLAT,
DEJAR SIN EFECTOS el Auto de fecha 08 de Octubre del 2024, que inadmitió la
demanda, Auto de fecha 04 de Marzo del 2025, que resolvió recurso de reposición,
Auto de fecha 26 de Mayo del 2025, que rechazó la demanda, Auto del 08 de Agosto
del 2025, que resolvió recurso de apelación, Auto del 15 de Octubre del 2025 que
resolvió obedecer y cumplir, respectivamente, al interior del proceso con radicado
No. 76001-33-33-018-2023- 00004-00, en razón a que debe darse pleno
cumplimiento a los principios constitucionales y legales del DEBIDO PROCESO Y
LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DE GARANTÍA A LA APLICACIÓN DE LA
LEY, LA IGUALDAD ANTE LA LEY, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE

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Accionantes: Jorge Horacio Zuluaga Hoyos y otros

JUSTICIA, PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL, consagrados en la
Constitución Política Nacional, que han sido vulnerados por el ente accionado.

3.- Ordenar por consiguiente, que se tengan en cuenta las razones de hecho y de
derecho argumentadas tanto en el recurso de reposición presentado contra el Auto
del 08 de Octubre del 2024, como en el escrito de subsanación de demanda y el
recurso de apelación presentado contra el Auto de fecha 26 de Mayo del 2025, que
rechazó la demanda, y se admita el asunto con radicado No. 76001-33-33-018-2023-
00004-00 como proceso de reparación directa, y no de Nulidad y Restablecimiento
del Derecho, conforme ya se ha realizado en otros asuntos similares como se
mencionará más adelante, y así garantizar derechos constitucionales y/o
fundamentales”.

2. Hechos

Los demandantes relataron que estuvieron vinculados al Distrito Especial,
Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali y que,
el 31 de mayo de 2011, solicitaron el reconocimiento y pago de las primas
extralegales denominadas semestral, vacacional y de antigüedad de acuerdo con
lo establecido en los artículos 35, 36 y 37 del Decreto 0216 de 1991.

Señalaron que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en sentencia de 20 de
enero de 2012, anuló el Decreto 0216 de 1991. Decisión confirmada por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante fallo de 8
de agosto de 2019, en el que se estableció que se debían respetar los derechos
adquiridos por los servidores públicos del distrito de Santiago de Cali, pues durante
la vigencia del acto anulado generó unos efectos que conllevó que se consolidaran
situaciones jurídicas.

Sostuvieron que durante la vigencia del Decreto 0216 de 1991, el distrito de
Santiago de Cali lo inaplicó y suspendió los pagos de las prestaciones extralegales,
por consiguiente, presentaron diferentes peticiones que tenían como propósito el
reconocimiento y pago de dichas acreencias establecidas en el mencionado
decreto, solicitudes que fueron denegadas de forma expresa o presunta por la
entidad territorial.

Afirmaron que en ejercicio del medio de control de reparación directa presentaron
demanda contra el distrito especial de Santiago de Cali, en la que solicitaron el pago
de los perjuicios causados por el no pago de las primas semestral, vacacional y de
antigüedad establecidas en los artículos 35, 36 y 37 del Decreto 0216 de 1991,
mientras estuvo vigente, lo que configuró una omisión de la administración.

Indicaron que el Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito de Cali en auto de 8
de octubre de 2024 inadmitió la demanda, con el fin de que se subsanara, toda vez
que se evidenciaba una indebida escogencia de la acción, pues lo que se
reprochaba eran los actos administrativos mediante los cuales se decidió, bien sea
de manera presunta o expresa, inaplicar el Decreto 0216 de 1991 y suspender el
pago de las acreencias reconocidas en dicha disposición a los servidores públicos
que laboran en la entidad.

Mencionaron que contra la anterior decisión interpusieron recurso de reposición, en
el que insistieron que el medio de control procedente era el de reparación directa y
no el de nulidad y restablecimiento del derecho.
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Aseguraron que el Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito de Santiago de
Cali en proveído de 4 de marzo de 2025, no repuso la providencia de 8 de octubre
de 2024. Por consiguiente, el 19 de marzo de 2025, presentaron escrito de
subsanación de la demanda, en el que reiteró la procedencia del medio de control
de reparación directa.

Resaltaron que el Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito de Santiago de
Cali, en proveído de 26 de mayo de 2025 rechazó la demanda, al considerar que la
parte actora no subsanó la demanda.

Finalmente, manifestaron que contra la anterior decisión interpusieron recurso de
apelación. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en auto de 8 de agosto de
2025, la confirmó íntegramente, bajo el argumento de que el acto ficto derivado del
silencio administrativo frente a la solicitud de pago de las prestaciones radicadas
por los demandantes era susceptible de contradicción, en sede administrativa,
transcurridos los 3 meses siguientes a la presentación de dicha solicitud y,
posteriormente, mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora aseguró que la solicitud de amparo cumple con los requisitos
generales de procedencia, pues i) el asunto goza de relevancia constitucional, sin
brindar argumentos que sustente dicha afirmación. Asimismo, aseguró que ii) agotó
todos los mecanismos ordinarios, iii) se presentó la acción de tutela en un término
razonable y iii) se expresaron de manera clara los hechos y argumentos contra las
providencias objetadas.

De otro lado, afirmó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en el
defecto sustantivo, porque en las providencias objetadas aplicaron de manera
incorrecta la normatividad relacionada a la procedencia del medio de control de
reparación directa, “CONFUNDIENDOLO CON EL DE NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, que no aplica al caso que nos ocupa”.

Sostuvo que las razones de hecho y de derecho que conciernen al caso concreto y
que fueron debidamente sustentadas en el respectivo recurso de reposición,
subsanación de demanda y en el recurso de apelación presentados dentro del
proceso ordinario, no se valoró en debida forma.

Indicó que el Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito de Santiago de Cali y el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, debían tener en cuenta y valorar las
razones de hecho y de derecho manifestados en el recurso de reposición,
subsanación de demanda y recurso de apelación presentados, sin agravar la
situación jurídica, pues se negó el acceso a la administración de justicia, tras
considerar que no es procedente el medio de control de reparación directa, cuando
de manera clara y concreta se manifestó desde la demanda su procedencia.

Mencionó que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en los procesos con
radicado núm. 76001-33-33-007-2023-00047-01, 76001-33-33-012-2023-00041-00,
76001-33-33-019-2023-00027-00 y 76001-33-33-014-2023-00039-00, aceptó la
procedencia del medio de control de reparación directa en asuntos similares.
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Igualmente, resaltó que la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en providencia de 26 de julio de 2021, consideró la procedencia del medio
de control de reparación directa cuando el daño lo constituye una actuación
administrativa, y que la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
en providencia de 7 de septiembre de 2023 aceptó la procedencia de la reparación
directa en un asunto similar.

De otro lado, afirmó que se incurrió en los defectos fáctico y procedimental, en
tanto se adoptaron decisiones “sin tener en cuenta el procedimiento establecido
para el proceso sometido a su conocimiento, pues siendo de reparación directa, le
dan una interpretación errónea de medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho y omiten aplicar decisiones judiciales donde el mismo Consejo de
Estado y Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, han considerado, que en
casos como el que nos ocupa, el medio de control idóneo, es la Reparación Directa,
por existir OMISION. Situación que debe aplicarse en garantía a principios
constitucionales, entre otros, como el de SEGURIDAD JURIDICA”.

Finalmente, alegó la violación directa de la Constitución por la vulneración de
sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia.

4. Trámite procesal

Por auto de 17 de febrero de 2026, el magistrado sustanciador requirió al apoderado
para que allegara, en debida forma, el poder especial que lo legitime para interponer
la presente acción de tutela en representación de los demandantes.

Una vez se constató el cumplimiento parcial del requerimiento1, en proveído de 2 de
marzo de 2026, se admitió la demanda respecto de los señores Luis Eduardo
Cañas, Alexis Perea Ibargüen, Tarcisio Mondragón Gordillo, Jorge Horacio Zuluaga
Hoyos, Juan José Morales Lozano, Jaime Arturo Sinisterra Cortés, Enrique Velasco,
Miguel Antonio Calderón Campo, José Antonio Narváez Solarte, Álvaro Sánchez
Saa, José Néstor Parra Otalvaro, José Fernando Ospina Martínez, Álvaro Camacho
Rojas, Hernando Quirama Díaz, Fernando Echeverri Escobar, Herlan Castrillón
Cano, Héctor Victoria Sánchez, Rafael Cadena Ortega, Libardo Escobar, Jorge
Edison Cerezo Sarria, Marco Enrique Mideros Rodríguez, Saúl Mur Aponte, Fabio
Possu Vásquez, Carlos Enrique Panesso Franco, Humberto Ossa Muñoz, Jaime
Ladino Becerra, Jorge Antonio Murillo, Augusto Enrique López, José Alberto Aguirre
Ruiz, Eduardo Alvarado Hernández, Carlos Humberto Marín López, Cecilio Perlaza
Montaño, Miguel Ángel Ruiz Mojica, Jairo Herney Gonzalias Mosquera, Bernardo
Mosquera Martínez, Fernando Aldemar Fresneda Pérez, Víctor Gabriel Acosta
Rodríguez, Jairo Cadavid Levin, Alberto Serna Guzmán, Carlos Arturo Idárraga
Torres, Nancy Salazar Mejía, Isabel González de Ramírez, Hortensia Martínez
Ramos, Aura Nubia Obregón Andrade, Gloria Enith Valencia Plaza, Mery Raquel
Ramírez Esparza, Amparo Peralta Triana, Sara Salazar Galvis, Gloria del Carmen
Ayala Morales, María Elssy Burgos Guevara, Luz Stella Renza Prado, Martha
Marina Loaiza Escobar, María Antonia Zorrilla Hernández, María Evelly Ruiz, Nidia
Quintana Soto, Gloria Campos Bonilla, Beatriz Saavedra Villanueva, María del
Rosario Campos Vega, Margarita Diaz Agredo, Rosalía González, Luz Mary
Ocampo Patiño, María del Carmen Guerrero de Orozco, María del Carmen Pinedo

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No allegó el poder especial respecto a todos los que manifestó que representaba .
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Jaramillo, Elsa Lili Ruiz Campos, María Elisa Aramburo Males, Liliana Alarcón Luna,
Nelly Pinto Mape, Isabel Cristina Tamayo García, Gloria Amparo Lozano García,
Mercedes Renza Prado, Mercedes Aguirre Rodríguez, Lilia Del Socorro Castaño
González, Ana Rosa Alvarado Hernández, Liliana Patricia Vásquez Cardozo, María
Yaneth Diaz Marín, Marlene Rivas Barón, Luz Marina López Aparicio, Amparo
Pineda Gómez, Marisol Medina Molina, Elizabeth Castillo Castillo, Martha Faride
Rueda Mayorga, Adriana Lozano Vélez, Ismenia Ortiz, María Elizabeth Marmolejo
Figueroa, Stella Saavedra de Navia, Amparo Sánchez Rubiano, María Teresa
Hernández Rueda, Martha Lucía Ortega Victoria, Diego María Delgado Álvarez y
Oscar Londoño Arcila y ordenó la notificación a estos y a las autoridades judiciales
accionadas.

De igual modo, se vinculó a los señores Hever de Jesús Martínez Acevedo, Jaime
Aragón Saa, Carlos Alberto Santamaria Lozada, Laureano Hernando García
Guerrero, Rodrigo Díaz Sánchez, Olmedo Mazuera Sarria, Salomón David Padilla
Quintero, Jairo Ávila Vargas, Humberto Arteaga Dosman, José Antonio Marmolejo
Figueroa, Noel Aguilar López, Jaime Mejía Álvarez, Ricardo Osias Vargas
Castañeda, Carlos Fernando Cobo Borrero, Eudijio Álvaro Córdoba Bastidas, José
Alirio Soto Melo, Lucía Amparo Guevara Dávila, Ismenia Ararat Guaza, Luz Herenia
Moreno Murillo, Aura Elisa Getial Bastidas, Yaneth Ramírez Ossa, Ninfa Elvi Angulo
Castillo, María Janeth Bocanegra de Perchy, Gilma María Hurtado Grueso, María
del Rosario Solarte Rodríguez, Belarmina Rojas Viedma, Fanny Gómez Trujillo,
María Flaxila Espinosa León, Maritza Lozano Uribe, María Elssy Burgos Guevara,
Martha Marina Loaiza Escobar, Nelly Isabel Orfilia Barreto Escobar, Elizabeth
Ricaurte García, Betty Tascón Rodriguez, Piedad González Bonilla, Gloria Elena
Moreno Rummie, Ana Elisa Lemus de Soto, Adalgisa Rivas Reina e Isabel Méndez
Giraldo, como tercero con interés. Igualmente, se notificó a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios nos. 39935 a 39938 de
4 de marzo de 2026. Igualmente, el 11 de marzo de 2026 se publicó un aviso en la
página web del Consejo de Estado, con el fin de dar cumplimiento a la referida
decisión.

5. Oposición

5.1. Respuesta del Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito de Santiago
de Cali

La titular del despacho solicitó que se negaran las pretensiones de la acción de
tutela, toda vez que se garantizó el debido proceso a los demandantes o, en su
defecto, se declare la improcedencia de la solicitud de amparo, en tanto se utiliza
como una tercera instancia.

Afirmó que se abordó y resolvió la exigencia de adecuar el medio de control según
la fuente del daño y finalidad de cada mecanismo dispuesto por el legislador, el cual
era el de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la
Ley 1437 de 2011, comoquiera que la afectación devino de los actos administrativos
por los cuales la entidad negó el reconocimiento de las prestaciones señaladas en
el Decreto 216 de 1991.

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Agregó que el ejercicio del derecho de acceso a la administración de justicia le
impone al administrado acogerse a las normas de procedimiento dispuestas por el
legislador para tal fin, sumado al cumplimiento de las cargas procesales exigidas
en cada escenario judicial.

5.2. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a pesar de que se le notificó
en debida forma el auto admisorio, guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer si es procedente la acción de tutela de
conformidad con los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial
y, en caso afirmativo, si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado
Dieciocho Administrativo del Circuito de Cali vulneraron los derechos fundamentales
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de los accionantes con
las providencias que rechazaron la demanda de reparación directa por no
subsanarla.

3. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que
el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras
jurisdicciones2.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a
definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 20053, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que
se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente
a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la improcedencia
de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las

2
Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
3
Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa.
7

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condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional4.

Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio
de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de
procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de
amparo se convierta en una instancia adicional.

Esta Sala5, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:
i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no
puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se
alejan del objeto de la acción de tutela.

ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara
las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera
los derechos fundamentales.

iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones
de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela
debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben
tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con
una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.

v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos
fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con
serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se
dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una
sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los
jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por
eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario,
pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en
últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.

4
Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
5
Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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4. Estudio y solución del caso concreto

La parte actora sostiene que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el
Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito de Cali vulneraron los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, al
supuestamente incurrir en los defectos sustantivo, fáctico, procedimental
absoluto y por violación directa de la Constitución, al rechazar la demanda de
reparación directa por no subsanarla, pues el ordenamiento jurídico permitía ejercer
el mencionado medio de control a pesar de que la existencia un acto administrativo
expedido por la entidad del Estado.

Previo a cualquier pronunciamiento, la Sala procede a verificar el cumplimiento de
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, especialmente el de
la relevancia constitucional, así:

Los accionantes presentaron demanda de reparación directa contra el distrito
especial de Santiago de Cali, en la que solicitaron en el pago de los perjuicios
causados por el no pago pago de las primas semestral, vacacional y de antigüedad,
establecidas en los artículos 35, 36 y 37 del Decreto 0216 de 1991, mientras estuvo
vigente, lo que configuró una omisión administrativa, lo que le generó unos
perjuicios.

El Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito de Cali en auto de 8 de octubre de
2024, inadmitió la demanda, con el fin de que se subsanara, toda vez que se
evidenciaba una indebida escogencia de la acción, pues lo que se reprochaba eran
los actos administrativos mediante los cuales se decidió, de manera presunta o
expresa, inaplicar el Decreto 0216 de 1991 y suspender el pago de las acreencias
reconocidas en dicha disposición a los servidores públicos que laboran en la
entidad.

Lo anterior, con sustento en que el Consejo de Estado ha considerado que la
reparación directa procede cuando: (i) se pretende la condena por los perjuicios
causados por la expedición y ejecución de un acto administrativo ilegal que haya
sido objeto de revocatoria directa, o (ii) cuando se pretende la reparación de los
perjuicios derivados de un acto administrativo de carácter general, previa
declaratoria de nulidad y siempre que entre el daño y el acto general no medie uno
de carácter subjetivo que pueda ser objeto de cuestionamiento en sede judicial.

Agregó que de la revisión integral de la demanda se extrae que lo pretendido es
que se declare la responsabilidad extracontractual de la entidad accionada por el
daño antijuridico consistente en el detrimento patrimonial que le generó la
inaplicación de los artículos 35, 36 y 37 del Decreto 216 de 1991 durante el tiempo
que estuvo vigente, por cuanto dichas disposiciones estaban amparadas por la
presunción de legalidad que cobija los actos administrativos.

La parte actora interpuso recurso de reposición, en el que insistió en que el medio
de control procedente era el de reparación directa y no el de nulidad y
restablecimiento del derecho, para lo cual mencionó las providencias de 19 de julio
de 2024 (radicado núm. 76001-33-33-007-2023-00041-01) y 31 de mayo de 2023
(radicado núm. 76001-33-33-016-2023-00008-01) del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, así como del 7 de septiembre de 2023 de la Subsección B de la

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Sección Tercera del Consejo de Estado (radicado núm. 25000-23-36-000-2014-
00698-01).

Explicó que lo que se reclama en la demanda no es a causa de la expedición de un
acto administrativo o acto ficto, pues la fuente de los perjuicios fue una omisión de
las entidades demandadas que exige un trámite o procedimiento especial, regido
por normas aplicables al sector educativo, que debía adelantarse y gestionarse
durante la vigencia del Decreto 0216 de 1991, por gozar de presunción de legalidad
y ser objeto de pleno cumplimiento hasta tanto no existiera decisión judicial en firme
que declarara lo contrario.

Resaltó que la fuente del daño fue la omisión en que incurrieron las demandadas,
por la falta de gestión y trámite establecido en la ley para tal efecto,
específicamente, frente al procedimiento administrativo de saneamiento de deudas
laborales. Por consiguiente, el medio idóneo es la reparación directa y no la nulidad
y restablecimiento del derecho.

El Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito de Santiago de Cali en proveído
de 4 de marzo de 2025, no repuso la providencia de 8 de octubre de 2024. Para lo
cual, se refirió a los precedentes invocados y precisó que no guardan similitud con
el presente asunto.

Precisó que “si bien tienen relación con las pretensiones que en este proceso se
persiguen (se derivan del Decreto 216 de 1991), no son las mismas, pues mientras
en este se busca que se declare responsable al Distrito de Santiago de Cali por la
omisión en el pago de las primas: semestral, vacacional y de antigüedad y se
ordene su pago por el tiempo en que el Decreto estuvo vigente a título
indemnizatorio. En los dos últimos procesos citados, vale decir, 76001-33-33-016-
2023-00008-01 y 76001-33-33-004-2023-00007-01, la parte actora busca la
declaratoria de responsabilidad de la Rama Judicial y del Distrito de Santiago de
Cali por error judicial, respecto de la primera, y por omisión al haber dejado de pagar
los factores prestacionales previstos en el Decreto 0216 de 1991 con la nulidad de
la norma respecto del segundo”. Igualmente, señaló que son “supuestos que se
ventilan por cuerdas procesales diferentes, pues no es lo mismo la mora en resolver
la demanda de nulidad contra el Decreto 0216 de 1991, que la omisión derivada de
la negativa del reconocimiento prestacional. Esto fue advertido también por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca- Dr. Ronald Otto Cedeño Blume al
decidir los recursos presentados dentro de los procesos 76001-33-33-004-2023-
00007-01 y 76001-33-33-018-2023-00047-01, pues a pesar de que fueron emitidos
en la misma fecha (27 de junio de 2024), en el primero revocó y en el segundo
confirmó la decisión de rechazo impartida por este Juzgado en un asunto similar al
presente”.

Los demandantes presentaron escrito de subsanación de la demanda, en el que
reiteraron la procedencia del medio de control de reparación directa, pues “se
pretende la reclamación de perjuicios causados por la nulidad de un acto
administrativo que favoreció a los demandantes, mientras produjo efectos jurídicos
durante su vigencia. Y ello se desprende, de la omisión de las entidades
demandadas, en la que incurrieron, por no cumplir lo dispuesto en una norma legal
que gozaba de presunción de legalidad, y que no existía orden judicial de
suspensión provisional, ni declaratoria de nulidad en firme comunicada y
notificada”.
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Agregaron que en sentencia de 8 de agosto del 2019 de la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado (radicado núm. 76001-23-31-000-2010-
01485-01) declaró la nulidad del Decreto 0216 de 1991, lo que ratifica la omisión
en la que incurrieron las entidades demandadas al no respetar las situaciones
consolidadas y derechos adquiridos mientras el Decreto 0216 de 1991 causó
efectos cuando estuvo vigente y no existía, una decisión judicial que hubiere
ordenado suspensión provisional para que las entidades dejaran de hacer o cumplir
con la gestión. Por lo demás, reiteró las providencias de 19 de julio de 2024
(radicado núm. 76001-33-33-007-2023-00041-01) del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca y la de 7 de septiembre de 2023 de la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado (radicado núm. 25000-23-36-000-2014-00698-01).

El Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito de Santiago de Cali en proveído
de 26 de mayo de 2024, rechazó la demanda, toda vez que los demandantes no
radicaron subsnanación. Resaltó que en virtud de lo establecido en “el artículo 171
del C.P.A.C.A. sería del caso adecuar la demanda al trámite que corresponda, sin
embargo, teniendo en cuenta que la parte actora insiste en la procedencia del
medio de control que a juicio de este despacho es improcedente, resulta infructuoso
impulsar una actuación frente a la cual, el directo interesado se opone”.

Los accionantes radicaron recurso de apelación contra la anterior decisión, con
sustento que en el escrito de subsanación “se manifestaron las razones de hecho
y de derecho, por las cuales el medio de control correspondiente al interior del
asunto de la referencia, es el de REPARACION DIRECTA, haciendo claridad y
ratificando al despacho lo realmente pretendido, por cuanto, NO es viable adecuar
la demanda, al asunto de nulidad y restablecimiento del derecho, sin existir acto
administrativo alguno objeto de nulidad y donde tampoco se puede hablar de la
existencia de un acto ficto o presunto objeto de nulidad, debido a que estamos ante
una OMISION ADMINISTRATIVA, y lo único que debía hacer la entidad
demandada, era cumplir con la normatividad legal mientras estuvo vigente, por no
existir suspensión provisional, ni declaratoria de nulidad en firme, haciendo la
gestión, trámite y/o procedimiento especial para liquidar las deudas laborales e
incluirlas en el presupuesto público a fin de cumplir con el deber que estaba en
cabeza de la entidad demandada conforme a lo establecido en el artículo 315 de la
Constitución Política de Colombia y Artículo 91 de la Ley 136 de 1994, tal y como
se mencionó en la demanda”.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en auto de 8 de agosto de 2025,
confirmó íntegramente la decisión del a quo, toda vez que los demandantes
radicaron las respectivas peticiones el 30 y 31 de mayo de 2011 ante el distrito
especial de Santiago de Cali mediante los cuales se solicitó el reconocimiento,
liquidación y pago de las prestaciones consagradas en los artículos 35, 36 y 37 del
Decreto 0216 de 1991.

Resaltó que las solicitudes de los demandantes se radicaron durante la vigencia del
Decreto 0216 de 1991, por lo que eran susceptibles de debate en sede
administrativa. Asimismo, de acuerdo con el artículo 83 de la Ley 1437 de 2011, se
configuró el silencio administrativo negativo, el cual pudo ser objeto de
contradicción mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.

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Aseguró que si bien el Consejo de Estado ha señalado que, excepcionalmente,
puede acudirse al medio de control de reparación directa para obtener la
indemnización de perjuicios causados por la revocatoria o anulación de un acto
administrativo, sin embargo, esta excepción no se configura en el presente caso,
toda vez que el supuesto planteado por los demandantes se fundamenta en la
manifestación de la administración, derivada de un acto presunto, y no en una
omisión administrativa.

Por lo anterior, concluyó que el acto ficto derivado del silencio administrativo era
susceptible de contradicción transcurridos los tres meses siguientes a la
presentación de la solicitud ante el distrito especial de Santiago de Cali, y
posteriormente mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Descendiendo al asunto bajo examen, se observa que la solicitud de amparo no
cumple con el requisito de la relevancia constitucional, pues se da continuidad al
debate superado en el curso del trámite judicial relacionado con el rechazo de la
demanda de reparación directa por no subsanarla y ajustarla a nulidad y
restablecimiento del derecho.

Al estudiar los argumentos planteados por los accionantes, se observa que invoca
los defectos sustantivo, fáctico, procedimental absoluto y por violación directa de la
Constitución, al considerar que las autoridades judiciales accionadas debieron
estudiar la demanda acorde con el ordenamiento jurídico y el precedente judicial,
pues lo que se solicitó fue el pago de los perjuicios por la omisión en el pago de los
factores extralegales reconocidos durante la vigencia del Decreto 0216 de 1991,
mas no la legalidad de algún acto administrativo.

Al respecto, la Sala observa que esos argumentos ya fueron objeto de análisis por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Dieciocho Administrativo
del Circuito de Cali, quienes, a partir del marco normativo y jurisprudencial aplicable
al asunto, consideraron que de por medio se encontraban unos actos
administrativos, los cuales eran susceptibles de reproche ante la administración y
ante la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho y, si bien, en el precedente judicial desarrollado por el órgano de cierre
establece la posibilidad que de manera excepcional proceda la reparación directa
cuando de por medio hay actos administrativos, lo cierto es que este no es el caso,
razón por la cual los accionantes debían subsanar la demanda. Por consiguiente, al
insistir en que las pretensiones correspondían a la de reparación directa, las
autoridades judiciales accionadas rechazaron la demanda.

Aunado a lo anterior, se evidencia que existen similitudes en los reproches que se
desarrollaron en el recurso de reposición, escrito de subsanación y el de apelación
con los argumentos que se plantean en el escrito de tutela, por parte de los
accionantes. Por consiguiente, es evidente que lo pretendido por los demandantes
es utilizar el mecanismo constitucional para insistir en el mismo debate desarrollado
en el proceso ordinario.

Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia SU-573 de 20196, estableció que
la relevancia constitucional tiene tres finalidades, a saber: “(i) preservar la

6
M.P.: Carlos Bernal Pulido.
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competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la
constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a
cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales y,
finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”7 (Negrilla y
resalta de la Sala)
8
En la sentencia SU-215 de 2022 , recordó que el cumplimiento del requisito de la
relevancia constitucional requiere “involucrar algún debate jurídico que gire en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico”, a lo que agregó que
“la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o económica”. De allí que
“la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se
restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección de los derechos
efectiva de los derechos fundamentales y no a problemas de carácter legal”.
Lo expuesto es suficiente para concluir que la parte actora acudió a la acción de
tutela con el fin de solicitar el amparo constitucional de sus derechos fundamentales
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, en este caso a la
manera de una tercera instancia, toda vez que insiste en el mismo debate
relacionado con que el medio de control procedente era el de reparación directa y
no el de nulidad y restablecimiento del derecho, pues lo que solicita es el
resarcimiento de los perjuicios causados por la omisión en el pago de los factores
extralegales establecidos durante la vigencia del Decreto 0216 de 1991.

Así las cosas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela, habida
cuenta de que no cumple con el requisito de relevancia constitucional.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
Primero.- Declarar improcedente la acción de tutela promovida por los señores
Luis Eduardo Cañas, Alexis Perea Ibargüen, Tarcisio Mondragón Gordillo, Jorge
Horacio Zuluaga Hoyos, Juan José Morales Lozano, Jaime Arturo Sinisterra Cortés,
Enrique Velasco, Miguel Antonio Calderón Campo, José Antonio Narváez Solarte,
Álvaro Sánchez Saa, José Néstor Parra Otálvaro, José Fernando Ospina Martínez,
Álvaro Camacho Rojas, Hernando Quirama Díaz, Fernando Echeverri Escobar,
Herlan Castrillón Cano, Héctor Victoria Sánchez, Rafael Cadena Ortega, Libardo
Escobar, Jorge Edison Cerezo Sarria, Marco Enrique Mideros Rodríguez, Saúl Mur
Aponte, Fabio Possu Vásquez, Carlos Enrique Panesso Franco, Humberto Ossa
Muñoz, Jaime Ladino Becerra, Jorge Antonio Murillo, Augusto Enrique López, José
Alberto Aguirre Ruiz, Eduardo Alvarado Hernández, Carlos Humberto Marín López,
Cecilio Perlaza Montaño, Miguel Ángel Ruiz Mojica, Jairo Herney Gonzalias
Mosquera, Bernardo Mosquera Martínez, Fernando Aldemar Fresneda Pérez,
Víctor Gabriel Acosta Rodríguez, Jairo Cadavid Levin, Alberto Serna Guzmán,

7
Postura reiterada en sentencia SU-128 de 2021, M.P: Cristina Pardo Schlesinger.
8
M.P. Natalia Ángel Cabo.
13

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Carlos Arturo Idárraga Torres, Nancy Salazar Mejía, Isabel González de Ramírez,
Hortensia Martínez Ramos, Aura Nubia Obregón Andrade, Gloria Enith Valencia
Plaza, Mery Raquel Ramírez Esparza, Amparo Peralta Triana, Sara Salazar Galvis,
Gloria del Carmen Ayala Morales, María Elssy Burgos Guevara, Luz Stella Renza
Prado, Martha Marina Loaiza Escobar, María Antonia Zorrilla Hernández, María
Evelly Ruiz, Nidia Quintana Soto, Gloria Campos Bonilla, Beatriz Saavedra
Villanueva, María del Rosario Campos Vega, Margarita Díaz Agredo, Rosalía
González, Luz Mary Ocampo Patiño, María del Carmen Guerrero de Orozco, María
del Carmen Pinedo Jaramillo, Elsa Lili Ruiz Campos, María Elisa Aramburo Males,
Liliana Alarcón Luna, Nelly Pinto Mape, Isabel Cristina Tamayo García, Gloria
Amparo Lozano García, Mercedes Renza Prado, Mercedes Aguirre Rodríguez, Lilia
Del Socorro Castaño González, Ana Rosa Alvarado Hernández, Liliana Patricia
Vásquez Cardozo, María Yaneth Díaz Marín, Marlene Rivas Barón, Luz Marina
López Aparicio, Amparo Pineda Gómez, Marisol Medina Molina, Elizabeth Castillo
Castillo, Martha Faride Rueda Mayorga, Adriana Lozano Vélez, Ismenia Ortiz,
María Elizabeth Marmolejo Figueroa, Stella Saavedra de Navia, Amparo Sánchez
Rubiano, María Teresa Hernández Rueda, Martha Lucía Ortega Victoria, Diego
María Delgado Álvarez y Óscar Londoño Arcila, quienes actúan mediante
apoderado, contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado
Dieciocho Administrativo del Circuito de Cali, por las razones aquí expuestas.

Segundo.- Reconocer personería al abogado Osman Hipólito Roa Sarmiento como
apoderado judicial de los señores Carlos Alberto Santamaría Lozada, Humberto
Arteaga Dosman, Ricardo Osías Vargas Castañeda, Lucía Amparo Guevara Dávila,
Betty Tascón Rodríguez, Piedad González Bonilla, Gloría Elena Moreno Rummie y
Ana Elisa Lemus de Soto, en los términos y para los efectos de los poderes allegados
de conformidad con el artículo 75 del Código General del Proceso.

Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente
de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección
electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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