Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01049-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01049-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01049-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
5 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, cinco (05) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01049-00
Accionante: John Carlos Barbosa Cornelio
Accionado: Fiscalía General de la Nación – Dirección Seccional Bogotá.
Tema: Derecho de petición. Términos legales de respuesta. NIEGA
TUTELA
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor John Carlos Barbosa
Cornelio, en contra de la Fiscalía General de la Nación – Dirección Seccional
Bogotá.
ANTECEDENTES
La accionante solicita se ampare su derecho fundamental de petición, que considera
vulnerado por la autoridad accionada.
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Que los días 18, 20 y 23 de enero de 2026 el accionante remitió memoriales a la
fiscalía para aportar información a un caso en trámite y solicitar impulso procesal.
Que ante la falta de respuesta, el 28 de enero de 2026 radicó derecho de petición
solicitando información sobre el estado de la actuación y la incorporación de los
memoriales enviados.
Que el 28 de enero de 2026 la Fiscalía General de la Nación le informó que la
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de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
solicitud fue trasladada por competencia a la Dirección Seccional Bogotá. - Archivo Central.
PRETENSIONES
La accionante pide que se ampare el derecho invocado y se le ordene a la Fiscalía
General de la Nación – Dirección Seccional Bogotá emitir una respuesta de fondo
al derecho de petición radicado el 28 de enero de 2026.
TRÁMITE DEL PROCESO
La acción de tutela fue admitida el 19 de febrero de 2026, y se ordenó notificar a las
autoridades accionadas.
POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS
La Fiscalía General de la Nación Seccional Bogotá adujo que la petición no fue
allegada para su conocimiento, por lo que solicitó al peticionario la remisión de la
petición para garantizar el derecho fundamental y luego, por no ser la autoridad
competente para dar la respuesta concreta sobre el asunto, remitió el memorial a la
Fiscalía 108 de la Unidad Mixta transitoria, para que diera respuesta de fondo al ser
quien conoció la noticia criminal y tiene el expediente referido por el actor. En este
sentido, dio respuesta al peticionario exponiendo lo acontecido.
Solicitó su desvinculación de la presente acción de tutela.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
A la Sala le corresponde decidir sobre la tutela solicitada, para lo cual se abordarán
los siguientes temas: I) generalidades de la acción de tutela; II) derecho de petición;
III) carencia actual de objeto por hecho superado y IV) análisis del caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
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Derecho de petición - Archivo Central.
El derecho fundamental de petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución
Política de Colombia, permite el establecimiento de una comunicación efectiva entre
la Administración y los ciudadanos, cuya fluidez y eficacia constituye una exigencia
impostergable para los ordenamientos organizados bajo la insignia del Estado
democrático de derecho.
Así mismo, las reglas consagradas en la Constitución y la ley y desarrolladas por la
jurisprudencia, dan cuenta de la calidad que debe tener la respuesta que se brinde:
debe resolver el fondo del asunto y debe ser coherente, entendiendo por ello la
armonía entre lo solicitado por el peticionario y la decisión adoptada por la
peticionada.
Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado que «la satisfacción del derecho
de petición no depende de la respuesta favorable a lo solicitado, por lo que hay
contestación incluso si la respuesta es en sentido negativo y se explican los motivos
que conducen a ello. De ahí que se diferencie el derecho de petición del “derecho a
lo pedido»1.
En el mismo sentido, ha establecido la jurisprudencia Constitucional el imperativo
de que el solicitante conozca el contenido de la contestación emitida, para lo cual,
la autoridad debe realizar la efectiva notificación de su decisión, de conformidad con
los estándares contenidos en el CPACA y que este deber se mantiene, incluso,
cuando se trate de contestaciones dirigidas a explicar sobre la falta de competencia
de la autoridad e informar sobre la remisión a la entidad encargada.2
Ahora, en caso de que no sea posible dar respuesta dentro del término, antes del
vencimiento la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el
término en el cual se dará la contestación, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 1755 de 2015, artículo 14.
Así las cosas, la garantía del derecho de petición se entiende cumplida con la
manifestación adecuada a la solicitud planteada, con la respuesta efectiva para la
solución del caso y con la oportuna comunicación de esta al interesado.
Así mismo, se ha establecido que para la satisfacción del derecho de petición no
es necesario que se accedan a las peticiones invocadas por la parte accionante,
sino que se dé una respuesta de fondo de lo solicitado. Tal es el caso, que cuándo
a quien le llega la solicitud no es competente para resolver, tiene el deber de remitir
1 Sentencia T-242 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Véanse también, entre otras, las Sentencias
T-180 de 2001, T-192 de 2007, T-558 de 2012, T-155 de 2018 y T-051 de 2023.
2 Sentencia T-610 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil. Véase también, entre otras, las sentencias T-430 de
2017, T-206 de 2018, T-217 de 2018, T-397 de 2018 y T-007 de 2019.
Artículo 74 de la Constitución Política: “Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos
salvo los casos que establezca la ley. (…)” Capítulo V de la Ley 1437 de 2011, sobre PUBLICACIONES,
CITACIONES, COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES. Corte Constitucional. Sentencia T-230 de 2020.
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a quien si lo es, para emitir una respuesta de fondo y completa, como lo- establece
Archivo Central.
el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015.
“Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se
informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro
de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito.
Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará
copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario
competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o responder
se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la Petición por la
autoridad competente».
Análisis del caso concreto
En síntesis, el señor John Carlos Barbosa Cornelio estima que la Fiscalía General
de la Nación Seccional Bogotá, le transgrede su derecho fundamental de petición,
por no atender la solicitud elevada el 28 de enero de 2026.
Pues bien, de las pruebas que obran en el expediente la Sala observa:
• El 28 de enero de 2026, el señor John Carlos Barbosa Cornelio solicitó a la Fiscalía
General de la Nación, lo siguiente:
«Solicitudes concretas Respetuosamente solicito se me informe:
• En qué etapa se encuentra actualmente la actuación con NUNC
110016000012202152845.
• Si los memoriales enviados en enero de 2026 fueron incorporados
formalmente al expediente, y en qué fecha.
• Qué actuaciones investigativas se han adelantado para la identificación,
individualización y ubicación del indiciado mencionado en el proceso.
• Si existen actualmente órdenes de policía judicial o diligencias
pendientes relacionadas con su localización.
• Si esta actuación ha tenido cambios de despacho fiscal desde su inicio,
indicando, de ser posible, las fechas aproximadas de traslado».
• El mismo 28 de enero de 2026, el Grupo de Trabajo PQRS de la Fiscalía General
de la Nación le responde al señor John Carlos Barbosa, informándole que le había
corrido traslado de la petición a la Dirección Seccional de Bogotá, quien es el
competente para responder. Le expresó:
«De acuerdo con la naturaleza de su escrito, la SUBDIRECCIÓN DE
GESTIÓN DOCUMENTAL área a la cual llegó vía internet, no es la
competente para dar respuesta a la misma, por tal razón y en el marco
de la Ley 1755 de 2015, esta Subdirección y estando en términos legales,
ha corrido traslado a la DIRECCIÓN SECCIONAL DE BOGOTÁ de la
fiscalía general de la Nación para que esa área atienda y dé el trámite
respectivo a su escrito».
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01049-00
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• Archivo Central.
La Fiscalía General de la Nación Dirección Seccional de Bogotá dio respuesta al
derecho de petición el 26 de febrero de 2026, luego de haber requerido al señor
John Carlos Barbosa para que remitiera la petición nuevamente, pues afirmó que
en sus dependencias no se encontró dicho memorial.
En la respuesta le explicó al peticionario que «se procede a correr traslado a la
Fiscalía 108 Unidad Mixta transitoria a la Dra. Hilda Cristina Castañeda, misma a
quien conoce su noticia criminal», quien es el despacho competente para dar
respuesta de fondo. El Oficio lo remitió al correo suministrado por el señor John
Carlos Barbosa Cornelio john.barcor@gmail.com
De lo anterior, la Sala observa que no hubo vulneración alguna de los derechos
fundamentales del actor, puesto que la petición la radicó el 28 de enero de 2026 y
en esa misma fecha la Fiscalía General de la Nación le informó que la había remitido
por competencia a la Dirección Seccional Bogotá.
La solicitud de tutela fue radicada el 12 de febrero, es decir, no habían transcurrido
los 15 días que establece la norma como término general de respuesta al derecho
de petición.
Adicionalmente, la Dirección Seccional Bogotá le dio respuesta dentro del término
legal indicándole que era otra dependencia la competente por tener el expediente a
cargo. En consecuencia, no existe ni existió vulneración del derecho de Petición al
actor por parte de la Fiscalía General de la Nación Dirección Seccional Bogotá.
Valga aclarar en relación con las solicitudes radicadas 18, 20 y 23 de enero de 2026
para «aportar información relevante y solicitar impulso procesal» a una investigación
penal en la cual actúa como víctima, que a estos memoriales no se les aplican los
términos de la Ley 1755 de 2015 sino que corresponden a actuaciones
estrictamente judiciales, que se encuentran reguladas en el procedimiento
respectivo de cada juicio, debiéndose sujetar entonces la decisión a los términos y
etapas procesales previstos para tal efecto3.
Conforme a lo expresado, se negará la tutela solicitada
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero: NEGAR la acción de tutela interpuesta por el señor John Carlos Barbosa
Cornelio en contra de la Fiscalía General de la Nación Dirección Seccional Bogotá,
3Ver sentencias SU 076 de 2022 y T 394 de 2018
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01049-00
de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
conforme a las consideraciones expuestas en esta providencia. - Archivo Central.
Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
Cuarto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
Con aclaración de voto
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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