Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01059-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01059-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01059-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
5 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01059-00
Accionante: Clímaco Molina Ramos
Accionados: Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Conjueces
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial
Decisión: Niega el amparo por no demostrarse los defectos alegados
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela presentada por el señor Clímaco Molina Ramos, quien actúa por intermedio
de apoderado, en contra del Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión
Conjueces, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia y al principio de irrenunciabilidad
de beneficios mínimos establecidos en las normas laborales, supuestamente
ocurrida con la expedición de la providencia del 21 de noviembre de 2025 dentro del
proceso seguido bajo el radicado 08001-23-33-000-2015 00122-00/01/02.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. El señor Clímaco Molina Ramos se desempeñó como magistrado de la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla entre el 13 de octubre de 1989 y el 19
de diciembre de 2014.
3. Con posterioridad, presentó petición ante la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Barranquilla, con el objetivo de que se reliquidaran sus
prestaciones sociales, pues advirtió que no se le incluyó como factor salarial el valor
de la prima especial mensual del 30 % prevista en el artículo 14 de la Ley 4° de
1992. Sin embargo, la entidad mediante Oficio 1693 de 16 de junio de 2014 negó su
petición, decisión confirmada a través de la Resolución 2924 de 6 de abril de 2015.
4. En consecuencia, el señor Clímaco Molina Ramos, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, interpuso demanda contra la
Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con la
finalidad de que se declarara la nulidad del Oficio 1693 de 2014 y la Resolución 2924
de 2015 y, a título de restablecimiento del derecho se ordenara la reliquidación de
sus prestaciones sociales, con inclusión de la prima especial mensual.
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Acción De Tutela
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Accionante: Clímaco Molina Ramos
5. La Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia
del 1° de diciembre de 2016 accedió a las pretensiones, al considerar que los actos
administrativos cuestionados desmejoraron laboralmente los derechos salariales y
prestacionales del demandante, desconociendo que las primas representan un
incremento a la remuneración y de ninguna manera una reducción del salario,
circunstancia que contraría el principio de progresividad y de los derechos
adquiridos.
6. Inconforme, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – en adelante DEAJ-
interpuso recurso de apelación; sin embargo, la Sala de Conjueces del Consejo de
Estado, a través de la providencia del 31 de enero de 2020 declaró desierto el
recurso de apelación.
7. Con posterioridad, el señor Molina Ramos interpuso demanda ejecutiva contra la
Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial ante el
incumplimiento en el pago de la condena impuesta en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho referido.
8. La Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo del Atlántico libró mandamiento
de pago por $1.581.386.600, el cual fue debidamente notificado. Al respecto, la
entidad demandada propuso excepciones de mérito e incidente de reducción de
intereses.
9. El 20 de noviembre de 2025 en audiencia inicial la entidad demandada presentó
propuesta de arreglo total por valor de $822.875.278, la cual fue aceptada por el
señor Molina Ramos.
10. Porconsiguiente, la autoridad judicial accionada mediante auto del 21 de
noviembre de 2025 aprobó el acuerdo conciliatorio y ordenó la terminación del
proceso.
2.2. Fundamento jurídico
11. La parte accionante adujo que la autoridad judicial accionada incurrió en los
siguientes defectos:
• Sustantivo: en cuanto desconoció el alcance salarial e irrenunciable de la
prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4° de 1992, modificada por
el artículo 1° de la Ley 332 de 1996, al aprobar el acuerdo conciliatorio.
• Violación directa de la Constitución Política: en relación con el principio
de irrenunciabilidad de los beneficios mínimos laborales contemplado en el
artículo 53 de la Carta Política, pues se aprobó un acuerdo conciliatorio que
recayó sobre un derecho laboral irrenunciable, no susceptible de disposición
entre las partes y, por tanto, excluido del ámbito de conciliación.
Además, consideró vulnerado su derecho fundamental al acceso a la
administración de justicia, en la medida en que al avalar la conciliación
cercenó su posibilidad de ejercer otros mecanismos judiciales destinados a
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Acción De Tutela
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Accionante: Clímaco Molina Ramos
garantizar el cumplimiento efectivo de la sentencia del 1° de diciembre de
2016.
• Desconocimiento del precedente judicial: en relación con la sentencia C-
160 de 1999, reiterada por la sentencia C-533 de 2013, según la cual la
conciliación no opera en los procesos ejecutivos, porque cuando ya se posee
un título ejecutivo del cual emana una obligación se configura un derecho
cierto e indiscutible que no se puede renunciar ni negociar, como lo prevé el
art. 53 de la Constitución Política.
2.3. Pretensiones
12. Con fundamento en lo anterior, solicitó:
«AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso (art. 29 CP), al acceso
efectivo a la administración de justicia (art. 229 CP) y el principio de
irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales
(art. 53 CP), del señor CLÍMACO MOLINA RAMOS.
En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS Y DECLARAR LA INEFICACIA del auto
proferido el 21 de noviembre de 2025, mediante el cual la Sala de Conjueces del
Tribunal Administrativo del Atlántico aprobó un acuerdo conciliatorio contrario al
orden constitucional y legal.
ORDENAR a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que proceda al pago
integral de los emolumentos adeudados al señor CLÍMACO MOLINA RAMOS,
conforme al título ejecutivo contenido en la sentencia del 1 de diciembre de 2016,
en atención a su grave estado de salud y a la prolongada mora en el cumplimiento
de la obligación, circunstancias que, de persistir, harían nugatoria la efectividad real
de sus derechos laborales.
ORDENAR a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que SE ABSTENGA
de continuar desplegando actuaciones dilatorias, obstructivas o tendientes a hacer
nugatorio el cumplimiento del reconocimiento contenido en el título ejecutivo en
favor de mi mandante.
En subsidio, solicito DISPONER la CONTINUACIÓN INMEDIATA del proceso
ejecutivo, impartiendo las órdenes necesarias para que el Tribunal Administrativo
del Atlántico PRIORICE su trámite y adopte las decisiones requeridas para su
pronta culminación, en términos análogos a los previstos en el numeral 157 de la
sentencia T-261 de 2025».
2.4. Intervenciones
13. La acción de tutela fue admitida mediante auto del 13 de febrero de 2026, a través
del cual se ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión
Conjueces como accionado y a la Nación- Rama Judicial - Consejo Superior de la
Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Barranquilla y al Ministerio Público como
terceros interesados en el resultado del proceso.
14. La Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo del Atlántico afirmó que se
allanará a la determinación que se adopte en el presente proceso.
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Acción De Tutela
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15. La Secretaría General del Tribunal Administrativo del Atlántico narró las
actuaciones surtidas al interior del proceso ejecutivo.
16. La DEAJ manifestó que la providencia cuestionada está sustentada en criterios
jurídicos sólidamente fundamentados. En consecuencia, consideró que el señor
Molina Ramos pretende, mediante la acción de tutela, reabrir un debate judicial
previamente resuelto, desconociendo la verdadera finalidad de dicho mecanismo.
Por lo tanto, solicitó que se niegue el amparo.
17. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Barranquilla señaló
que la presunta vulneración de derechos fundamentales deprecada no se atribuye
a dicha entidad, motivo por el cual solicitó su desvinculación del proceso de
referencia.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
18. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 080 de 20191 y demás normas
concordantes.
3.2. Cuestión previa
19. Aunque la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Barranquilla solicitó su desvinculación por considerar que carecía de legitimación en
la causa por pasiva, esta Subsección estima que sí posee interés directo en el
resultado del proceso, toda vez que actuó como entidad demandada en el proceso
ejecutivo cuestionado. En consecuencia, su solicitud será negada.
3.3. Problema jurídico
20. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe en
establecer si la acción de tutela cumple los requisitos generales de procedibilidad
para cuestionar providencias judiciales. En el evento en que así sea, deberá
determinarse si la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo del Atlántico
incurrió en los defectos sustantivo, violación directa de la Constitución Política y
desconocimiento del precedente judicial, al expedir la providencia del 21 de
noviembre de 2025 al interior del proceso ejecutivo con radicado 08001-23-33-000-
2015 00122-00/01/02.
3.4. Procedencia de la acción de tutela
21. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015. Fue creada
para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las personas,
1 Reglamento interno del Consejo de Estado.
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Acción De Tutela
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cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las autoridades o por
particulares en los casos expresamente señalados en el primer decreto anotado,
siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial para hacer
valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene el carácter de
residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
22. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito
garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la
autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de
asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
23. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i)
que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica que
devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.
3.4.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.
3.4.1.1. En efecto, esta Sala considera que tanto los hechos como los derechos
presuntamente vulnerados se encuentran plenamente individualizados.
3.4.1.2. Por lo anterior, la Subsección advierte que la providencia objeto de tutela
carece de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo
constitucional.
3.4.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional2
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más de
6 meses desde que se notificó la providencia cuestionada3.
2 12 de febrero de 2026.
3 28 de noviembre de 2025, según consta en el aplicativo SAMAI.
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3.4.1.4. El asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida
que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental, derivada de
la presunta configuración de los defectos sustantivo, violación directa de la
Constitución Política y desconocimiento del precedente judicial, en relación con la
aprobación de un acuerdo conciliatorio que, a juicio del demandante, desconoció
la naturaleza de la prima especial como derecho irrenunciable.
24. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.
3.4.1. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial
25. La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el campo de
aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo en los siguientes
términos:
«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son
evidentemente aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación de
la normatividad (sic) que contraría los postulados mínimos de la
razonabilidad jurídica y cuando omite la aplicación de una regla definida
por una sentencia con efecto erga omnes. En suma, el defecto sustantivo
se configura cuando la interpretación y aplicación de la normatividad al
caso concreto resulta contraria a los criterios mínimos de juridicidad y
razonabilidad que orientan al sistema jurídico»4.
26. En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en los
cuales se configura el defecto sustantivo como causal específica de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales:
«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta
carencia de juridicidad de las providencias judiciales, aparece, como ya se
mencionó, cuando la autoridad judicial respectiva desconoce las normas
de rango legal o infralegal aplicables en un caso determinado, ya sea por
su absoluta inadvertencia, por su aplicación indebida, por error grave en su
interpretación o por el desconocimiento del alcance de las sentencias
judiciales con efectos erga omnes cuyos precedentes se ubican en el
mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada.
En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto
sustantivo:
(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida
en cuenta por el fallador.
(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le
reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es
inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente
(interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses
legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y,
finalmente.
(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes
tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo
4Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, magistrado ponente: Eduardo
Montealegre Lynett.
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rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva”.
Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que, si bien es
cierto que los jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan con
autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar las normas
jurídicas, dicha facultad no es en ningún caso absoluta. Por tratarse de una
atribución reglada, emanada de la función pública de administrar justicia, la
misma se encuentra limitada por el orden jurídico preestablecido y,
principalmente, por los valores, principios, derechos y garantías que
identifican al actual Estado Social de Derecho».
«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto
sustantivo que convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera
cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la
Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma evidentemente
inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo (i) porque ha sido
derogada y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento jurídico, (ii)
porque ella es claramente inconstitucional y el funcionario se abstuvo de
aplicar la excepción de inconstitucionalidad, (iii) porque su aplicación al
caso concreto es inconstitucional, (iv) porque ha sido declarada inexequible
por la propia Corte Constitucional o, (v) porque, a pesar de estar vigente y
ser constitucional, no se adecúa a la circunstancia fáctica a la cual se
aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos
distintos a los expresamente señalados por el legislador»5.
27. Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que se
presentó un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoció las normas
que son aplicables al caso bien sea por realizar una interpretación que contraría
los postulados mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se desconoció la
normativa aplicable o porque omitió tener en cuenta la ratio decidendi de una
sentencia con efectos erga omnes.
3.4.2. La violación directa de la Constitución como causal de procedibilidad
de tutela contra providencia judicial.
28. En relación con esta causal específica de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:
«[...] Un defecto por violación directa de la Constitución se configura, entre
otros eventos, cuando el juez ordinario toma una decisión que desconoce
específicamente los postulados de la Carta Política, en perjuicio de los
derechos fundamentales de los ciudadanos. En otras palabras, dicho defecto
se produce cuando se deja de aplicar una disposición constitucional en un
caso concreto; cuando la decisión judicial se apoya en una interpretación
claramente contraria a la Constitución; o cuando el juez se abstiene de
aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de
los postulados superiores, siempre que se solicite su declaración por alguna
de las partes en el proceso.
Las providencias que incurren en este tipo de defecto no sólo vulneran el
derecho al debido proceso de las partes involucradas en el trámite, sino que
también desconocen la supremacía de la Constitución Política en el
ordenamiento jurídico (art, 4º. CP), por cuanto se apartan de sus mandatos
con base en argumentos infraconstitucionales. A este respecto, cabe señalar
que “el actual modelo de ordenamiento constitucional reconoce valor
5 Corte Constitucional, sentencia T – 581 de 27 de julio de 2011, magistrado ponente: Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
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normativo a los preceptos superiores, de modo tal que contienen mandatos
y previsiones de aplicación directa por las distintas autoridades y, en
determinados eventos, por los particulares. Por ende, resulta plenamente
factible que una decisión judicial pueda cuestionarse a través de la acción
de tutela cuando desconoce o aplica indebida e irrazonablemente tales
postulados»6.
3.4.2.1. Análisis de la presunta configuración del defecto sustantivo y la
violación directa de la Constitución Política en el caso concreto
29. Teniendo en cuenta que la exposición de la parte accionante frente a la
configuración del defecto sustantivo y por violación directa a la Constitución se
encuentra relacionada, la Sala abordará su estudio de manera conjunta.
30. El señor Molina Ramos estimó que la Sala de Conjueces del Tribunal
Administrativo del Atlántico incurrió en los defectos sustantivo y violación directa de
la Constitución Política, al aprobar un acuerdo conciliatorio sobre la prima especial,
prevista en el artículo 14 de la Ley 4° de 1992, modificada por el artículo 1° de la
Ley 332 de 1996, desconociendo su naturaleza de derecho laboral irrenunciable, no
susceptible de disposición entre las partes y, por tanto, excluido del ámbito de
conciliación, de conformidad con el artículo 53 de la Carta Política.
31. De la revisión del expediente digital del proceso de referencia y el enlace del
proceso ejecutivo en cuestión, se advierte que el acuerdo conciliatorio tuvo su origen
en la aceptación, por parte del señor Clímaco Molina Ramos, de una propuesta
realizada por la DEAJ, la cual fue autorizada previamente por el Comité de
Conciliación de la entidad.
32. En dicha propuesta se señaló que al actor se le había reconocido previamente en
algunos periodos la bonificación por compensación, la que sumada a los demás
emolumentos no puede superar, en ningún caso, el 80 % de lo que devengan
anualmente los magistrados de altas cortes, razón por la cual solo procedía el pago
de la prima especial, junto con la respectiva indexación e intereses por un valor de
$822.875.278. Adicionalmente, se incluyó el 7 % del valor total por concepto de
costas procesales-agencias en derecho.
33. En consecuencia, la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo del Atlántico,
mediante providencia del 21 de noviembre de 2025, aprobó el acuerdo conciliatorio
total, argumentando lo siguiente:
«En el caso concreto, específicamente en la audiencia del 20 de noviembre de
2025, el acuerdo de conciliación total de estructuró con base en la propuesta
contenida en la certificación del comité de conciliación de la entidad demandada
de fecha 19 de noviembre de 2025, visible en el archivo 135 del expediente
digital (one drive) y con la actualización por concepto de intereses al 19 de
diciembre de 2025, en cuyo texto se indicó que la demanda procedería:
(i) A pagar al doctor CLÍMACO MOLINA RAMOS lo que corresponde a la prima
especial 30 %, periodos 1993 a 1998 en lo que hiciere falta pagarle que a la
fecha de hoy liquidados con intereses al 19/12/2025 asciende a la suma de $
6 Corte Constitucional, sentencia T – 587 del 21 de septiembre de 2017, magistrado ponente: Alberto Rojas
Ríos.
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822.875.278 pesos.
Es decir, entre las partes, demandante y demandada, dentro de la referida
audiencia (sic), se estableció: (i) el valor y el concepto por el cual la demandada
reconocería al demandante la suma de OCHOCIENTOS VEINTIDÓS
MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y OCHO ML M.L. ($822.875.278 M.L.); (ii) el que las costas y
agencias en derecho sean tasadas por este despacho en proporción al siete por
ciento (7 %) de los valores conciliados. (iii) en que este acuerdo pone fin a todas
sus diferencias dentro del presente expediente y trae como consecuencia el
pago total de lo adeudado.
En el acuerdo total al que han llegado las partes consta expresamente su
alcance, por lo cual es evidente que el acuerdo conciliatorio se contrae
únicamente a aspectos de contenido económico y que no afectan derechos que
tengan el carácter de irrenunciables, por tanto, los derechos que en ese se
discuten son transigibles, condición sine qua non para que sean objeto de
conciliación».
34. Como se observa, la autoridad judicial accionada consideró acertadamente que
el acuerdo conciliatorio no tenía por objeto disminuir ni desconocer la prima especial,
sino determinar el monto adeudado con base en la situación concreta del
accionante, es decir, definir la manera en que su pago debía ajustarse al límite del
80 % de lo devengado por los magistrados de altas cortes.
35. En conclusión, la entidad demandada no refirió el pago parcial de lo debido por
concepto de prima especial, sino el pago total de la obligación contenida en el
mandamiento de pago; sin embargo, precisó que, al señor Molina Ramos ya se le
había reconocido y pagado la bonificación por compensación, motivo por el cual era
viable la conciliación en los términos acordados por las partes, sin que se advirtiera
el desconocimiento de derechos irrenunciables.
36. En consecuencia, no se configura defecto sustantivo, pues la decisión
cuestionada no aplicó una norma inexistente o manifiestamente inaplicable, ni
efectuó una interpretación abiertamente irrazonable del ordenamiento jurídico.
Tampoco se advierte una violación directa del artículo 53 constitucional, pues no
se desconoció un derecho laboral mínimo e irrenunciable.
3.4.3. El desconocimiento del precedente como causal de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales
37. Sobre el particular, la Corte Constitucional, al efectuar el estudio de
exequibilidad respecto del artículo 4 de la Ley 169 de 18967, precisó que de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 230 superior, los jueces solo están
sometidos al imperio de la ley y por tanto no están obligados a fallar en la misma
forma como lo han hecho en casos anteriores, siempre y cuando, «expongan clara
y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión».
38. Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional consideró en la Sentencia C-590
de 2005, que el desconocimiento injustificado del precedente judicial por parte
del juez, constituye una causal especial de procedibilidad de la acción de tutela.
7 Sentencia C-836 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
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39. Respecto del precedente vertical8, la jurisprudencia constitucional ha sido
enfática en sostener que la autonomía del juez se encuentra limitada por el respeto
hacia las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en especial,
por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones.
40. Así, el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas
consideraciones jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver el
asunto fáctico sometido a consideración del juez, es decir, está ligado a la ratio
decidendi o razón central de la decisión anterior, la que, al mismo tiempo, surge de
los presupuestos fácticos relevantes de cada caso9.
41. Por consiguiente, si el juez en su sentencia justifica de manera suficiente y
razonable el cambio de criterio respecto de la línea jurisprudencial que ha seguido
en casos sustancialmente idénticos, quedan salvadas las exigencias de la igualdad
y de la independencia judicial; por tanto, no podrá reprocharse a la sentencia
arbitrariedad ni inadvertencia y el juez no habrá efectuado entre los justiciables
ningún género de discriminación10.
42. En otros términos, solo los cambios de jurisprudencia no justificados o no
advertidos de manera franca serán pasibles de control de manera excepcional por
parte del juez de tutela, en tanto que constituyen manifestaciones de arbitrariedad
por parte del Juez que dejan irrealizadas la igualdad de quienes se encuentran en
idénticas circunstancias frente a la Ley.
3.4.4. Análisis de la presunta configuración del desconocimiento del
precedente
43. La parte accionante manifestó que la autoridad judicial accionada desconoció la
sentencia C-160 de 1999, reiterada por la sentencia C-533 de 2013, según la cual
la conciliación no opera en los procesos ejecutivos, porque cuando ya se posee un
título ejecutivo del cual emana una obligación se configura un derecho cierto e
indiscutible que no se puede renunciar ni negociar, como lo prevé el art. 53 de la
Constitución Política.
44. Las decisiones judiciales aludidas indican que «la conciliación no opera en los
procesos ejecutivos, porque en razón de su naturaleza la conciliación busca crear
una situación de certeza en cuanto a los derechos laborales que el trabajador
reclama al empleador, lo cual, por sustracción de materia no se requiere cuando
ya se posee un título ejecutivo del cual emana una obligación a cargo de éste que
para el trabajador configura un derecho cierto e indiscutible que no se puede
renunciar ni negociar, como lo prevé el art. 53 de la Constitución Política».
45. No obstante, como se expuso previamente, esta Sala estima que en el acuerdo
aprobado por la autoridad judicial accionada no se conciliaron derechos laborales
irrenunciables, sino que se aclaró la forma en que se realizó el pago total de la
obligación, en virtud del límite del 80 % de lo devengado por los magistrados de
8 Sentencia T-468 de 5 de junio de 2003, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
9 Sentencia T-049 de 1 de febrero de 2007: magistrado ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
10 Sentencia T-123 de 21 de marzo de 1995, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
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Acción De Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01059-00
Accionante: Clímaco Molina Ramos
altas cortes. Por ende, tampoco se encuentra configurado el desconocimiento del
precedente judicial en el caso concreto.
46. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
I. FALLA
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Barranquilla, por los motivos expuestos
previamente.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor
Clímaco Molina Ramos, de conformidad con los argumentos desarrollados en este
proveído.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: De no ser impugnada, REMITIR el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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