Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01059-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01059-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01059-01
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
6 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta
Bogotá, D.C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: Clímaco Molina Ramos.
Parte accionada: Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de
Decisión de Conjueces.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01059-01.
Asunto: Acción de tutela contra providencia judicial. Se revoca el fallo
impugnado. Improcedencia por falta de relevancia constitucional.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el fallo de
5 de marzo de 2026 proferido por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
1.1. El señor Clímaco Molina Ramos en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho presentó demanda contra la
Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, con el fin de que se declarara la nulidad del Oficio 1693 de
2014 y la Resolución 2924 de 2015, actos administrativos mediante los
cuales se le negó el reconocimiento y pago de sus salarios y
prestaciones sociales, incluyendo la prima especial del 30% prevista en
el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.
1.2. La Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo del Atlántico,
mediante sentencia de 1 de diciembre de 2016, resolvió estarse a lo
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resuelto en la sentencia de 29 de abril de 2014 de la Sección Segunda
del Consejo de Estado y, en consecuencia, declaró la nulidad de los
actos demandados y ordenó reliquidar la totalidad del salario y las
prestaciones sociales.
1.3. Contra la decisión anterior la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial interpuso recurso de apelación.
1.4. La Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
por auto del 31 de enero de 2020 declaró desierto el recurso de
apelación.
1.5. Con posterioridad, el accionante presentó demanda ejecutiva contra la
Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
ante el incumplimiento en el pago de la condena impuesta en
precedencia.
1.6. La Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo del Atlántico libró
mandamiento de pago en auto del 1 de diciembre de 2022 por la suma
de mil quinientos ochenta y un millones trescientos ochenta y seis mil
seiscientos pesos con cincuenta y siete centavos ($ 1.581.386.600,57)
a favor del accionante.
1.7. En la audiencia de 20 de noviembre de 2025, la entidad demandada
presentó una propuesta de arreglo por valor total de ochocientos
veintidós millones ochocientos setenta y cinco mil doscientos setenta y
ocho pesos ($822.875.278), la cual fue aceptada por el señor Molina
Ramos.
1.8. Por auto del 21 de noviembre de 2025 la autoridad accionada aprobó el
acuerdo conciliatorio y ordenó la terminación del proceso.
2. Fundamentos de la solicitud de amparo
La parte accionante manifestó que el auto proferido el 21 de noviembre de
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2025 incurrió en defecto sustantivo, al considerar que “[…] Pasó por alto el
tribunal que la citada prestación no sólo ha sido definida por el legislador como
una acreencia laboral si no que, por demás, posee una incidencia salarial y
pensional que la hacía cierta e indiscutible y, por tanto, inconciliable. A ello se
reduce el defecto sustantivo que pone de presente este escrito, ya que
ciertamente la prima sí era salarial, sí era cierta, sí era irrenunciable y, por
tanto, no podía ser conciliada […]”.
Sostuvo que la autoridad accionada incurrió en violación directa de la
Constitución, al considerar que “[…] la conciliación contenida en el auto del 21
de noviembre de 2025 es manifiestamente contraria al artículo 53 de la
Constitución Política. Al tener la prima especial naturaleza salarial e incidencia
pensional, conforme al principio de irrenunciabilidad de los beneficios mínimos
establecidos en las normas laborales, no podía ser conciliada […]”.
Precisó que “[…] La objeción no se dirige contra la conciliación como
mecanismo de autocomposición, sino contra su improcedencia para disminuir
y cercenar el contenido material de un derecho irrenunciable. La Sala de
Conjueces avaló un acuerdo que reconoció menos de la mitad de lo contenido
en el título ejecutivo derivado de la sentencia del 1 de diciembre de 2016,
alterando de manera sustancial el alcance de los derechos de mi mandante
[…]”.
Finalmente, argumentó que la providencia objeto de tutela incurrió en
desconocimiento del precedente judicial en relación con las sentencias C-160
de 1999 y C-533 de 2026 y consideró que “[…] al advertir que la exigencia
general e imprecisa de la conciliación como requisito procesal resulta
constitucionalmente irrazonable, entre otros supuestos, cuando se impone
respecto de derechos laborales que, por disposición constitucional, no son
objeto de conciliación o transacción alguna […]”.
3. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
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“[…] AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso (art. 29
CP), al acceso efectivo a la administración de justicia (art. 229 CP) y el
principio de irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en
las normas laborales (art. 53 CP), del señor CLÍMACO MOLINA RAMOS.
En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS Y DECLARAR LA
INEFICACIA del auto proferido el 21 de noviembre de 2025, mediante el
cual la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo del Atlántico aprobó
un acuerdo conciliatorio contrario al orden constitucional y legal.
ORDENAR a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que
proceda al pago integral de los emolumentos adeudados al señor
CLÍMACO MOLINA RAMOS, conforme al título ejecutivo contenido en la
sentencia del 1 de diciembre de 2016, en atención a su grave estado de
salud y a la prolongada mora en el cumplimiento de la obligación,
circunstancias que, de persistir, harían nugatoria la efectividad real de sus
derechos laborales.
ORDENAR a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que SE
ABSTENGA de continuar desplegando actuaciones dilatorias,
obstructivas o tendientes a hacer nugatorio el cumplimiento del
reconocimiento contenido en el título ejecutivo en favor de mi mandante.
En subsidio, solicito DISPONER la CONTINUACIÓN INMEDIATA del
proceso ejecutivo, impartiendo las órdenes necesarias para que el
Tribunal Administrativo del Atlántico PRIORICE su trámite y adopte las
decisiones requeridas para su pronta culminación, en términos análogos
a los previstos en el numeral 157 de la sentencia T-261 de 2025.
ADOPTAR las demás medidas de protección constitucional que el
despacho estime necesarias para restablecer plenamente los derechos
fundamentales vulnerados […]”.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
1. Mediante auto de 13 de febrero de 2026, se admitió la presente acción de
tutela contra la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo del Atlántico y
se vinculó a la Nación- Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Barranquilla y al Ministerio Público, en calidad
de terceros con interés en el resultado del proceso.
2. El 5 de marzo de 2026, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado negó la solicitud de desvinculación presentada por la Dirección
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Seccional de Administración Judicial de Barranquilla y, asimismo, desestimó
las pretensiones formuladas por el accionante.
3. Mediante auto del 25 de marzo de 2026, se concedió la impugnación
presentada por la parte actora contra el fallo de primera instancia.
III. INTERVENCIONES
1. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó negar el amparo
constitucional solicitado “[…] toda vez que DEAJ no ha vulnerado ningún
derecho fundamental de la parte actora […]”.
Aseguró que “[…] la tutela es improcedente porque existen medios ordinarios
de defensa judicial, como el recurso de apelación o la acción de nulidad contra
el acuerdo conciliatorio. La tutela no puede convertirse en un mecanismo para
reabrir un acuerdo judicialmente aprobado y sustituir la voluntad de las partes.
Además, el señor Climaco tenía a su disposición el recurso de apelación contra
el auto que aprobó la conciliación […]”.
2. La Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo del Atlántico señaló que
se acogerá a lo que se decidida en el presente trámite constitucional y afirmó
que la providencia objeto de cuestionamiento se encuentra ajustada a
derecho, sin que de su contenido pueda derivarse vulneración de los derechos
irrenunciables alegados por el accionante.
3. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Barranquilla pidió que
se declarara la improcedencia de la acción de tutela y, de manera subsidiaria,
que se negaran las pretensiones formuladas por la parte accionante.
Señaló que la Dirección Seccional de Administración Judicial de Barranquilla
y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no han vulnerado los
derechos fundamentales del señor Clímaco Molina Ramos, razón por la cual
considera que la acción de tutela resulta improcedente respecto de dichas
entidades. En consecuencia, solicitó su desvinculación del presente trámite
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constitucional.
III. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 5 de marzo de 2026, negó la solicitud de desvinculación
formulada por la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Barranquilla y desestimó las pretensiones de amparo propuestas por la parte
actora, al considerar que no se configuraban los defectos sustantivo ni de
violación directa de la Constitución invocados como fundamento de la acción
de tutela. Para ello, abordó de manera conjunta ambos cargos y concluyó que
la providencia cuestionada no incurrió en defecto sustantivo, por cuanto no se
sustentó en una norma inexistente o manifiestamente inaplicable, ni adoptó
una interpretación arbitraria o irrazonable del ordenamiento jurídico.
Asimismo, señaló que tampoco se configuraba una vulneración directa del
artículo 53 de la Constitución Política, por cuanto no se evidenció el
desconocimiento de un derecho laboral mínimo e irrenunciable del accionante.
Precisó que la entidad demandada no alegó un pago parcial de las sumas
adeudadas por concepto de prima especial, sino el pago total de la obligación
contenida en el mandamiento de pago y de igual manera, indicó que al señor
Molina Ramos ya le había sido reconocida y pagada la bonificación por
compensación, razón por la cual resultaba procedente la conciliación en los
términos acordados por las partes, sin que se advirtiera afectación o
desconocimiento de derechos laborales irrenunciables.
Finalmente, frente al desconocimiento del precedente contenido en las
sentencias C-160 de 1999 y C-533 de 2013 sostuvo que dichos precedentes
no fueron desconocidos, toda vez que el acuerdo aprobado no implicó la
conciliación de derechos laborales irrenunciables, sino la aclaración de la
forma en que se efectuó el pago total de la obligación, teniendo en cuenta el
límite del 80 % de lo devengado por los magistrados de altas cortes.
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IV. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La parte actora impugnó el fallo de primera instancia al reiterar en términos
generales los argumentos del escrito de tutela y adicionalmente expuso lo
siguiente:
Señaló que el a quo fundamentó su decisión en argumentos que no fueron
utilizados por la Sala de Conjueces que aprobó la conciliación. En particular,
se apoyó en el supuesto límite del 80 % de lo devengado por magistrados de
altas cortes y en pagos previos por concepto de bonificación por
compensación, aspectos que correspondían a excepciones planteadas por la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y que no fueron acogidas dentro
del proceso ejecutivo.
Precisó que la bonificación por compensación y la prima especial son
emolumentos distintos y la propia autoridad judicial había reconocido
previamente que los pagos efectuados por bonificación por compensación no
podían imputarse al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la prima
especial establecida en la Ley 4ª de 1992.
Arguyó que “[…] La obligación contenida en el mandamiento de pago NO fue
pagada en su totalidad y desconoce el principio de irrenunciabilidad de las
garantías mínimas laborales […]”, ello debido a que la diferencia entre el valor
del mandamiento de pago y el monto conciliado demuestra que se produjo una
disminución de más de la mitad del crédito reconocido judicialmente, en
contravía del principio constitucional de irrenunciabilidad de los derechos
laborales.
Argumentó que el a quo realizó “[…] una interpretación restrictiva y contraria
al precedente de la Corte Constitucional que prohíbe la conciliación en
procesos ejecutivos laborales […]”, debido a que la conciliación no procede
respecto de derechos laborales contenidos en un título ejecutivo, por tratarse
de obligaciones ciertas, claras y exigibles que no pueden ser objeto de
renuncia o negociación.
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Finalmente, reprochó que “[…] La sentencia impugnada, sin embargo, evita
enfrentar este problema jurídico. Desplaza el análisis hacía el límite del valor
de la obligación, pasando por alto -se itera- que el monto de la prestación ya
se encontraba contenido en un título ejecutivo y se trató de una prima especial
de naturaleza salarial que no había sido cancelada al actor […]”.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.
2. Problemas jurídicos
De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo
impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado2, la Sección debe
establecer:
A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y, si
ello es así, se deberá:
B) Determinar si la providencia acusada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.
1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.
2 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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3. Cuestión previa
3.1. Frente a la manifestación de impedimento presentada por el doctor
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
El doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, en su calidad de conjuez de la
Sección Primera, manifestó encontrarse impedido para conocer y decidir la
presente acción constitucional, con fundamento en las siguientes
consideraciones:
“[…] comedidamente debo manifestar a mis compañeros de sala que en
relación con el proceso de la referencia: (Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: Clímaco Molina Ramos. Parte accionada: Tribunal
Administrativo del Atlántico – Sala de Decisión de Conjueces. Radicación:
11001-03-15-000-2026-01059-01. Asunto: Acción de tutela contra
providencia judicial. Se revoca el fallo impugnado. Improcedencia por
falta de relevancia constitucional.), me asiste el interés que se subsume
en la causal de impedimento prevista en el artículo 56, numeral primero
de la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal), por cuanto en
su momento presenté reclamo por la misma prestación sobre la que versa
el proceso en el que se adoptó la decisión objeto de la acción de tutela,
reclamo aún pendiente de definición, habida consideración de mi
desempeño como Magistrado de Tribunal. Igualmente por cuanto un
familiar, en segundo grado de consanguinidad, que se desempeñó como
Magistrado Auxiliar del Consejo de Estado tiene un reclamo pendiente
sobre la misma prestación. Este impedimento me ha sido aceptado en
anteriores oportunidades. […]”. [sic en toda la cita].
Examinada la manifestación de impedimento, la Sala considera que en el
presente caso se encuentra configurada la causal de impedimento prevista en
el numeral 1 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, habida cuenta
de que el objeto de esta acción está encaminada a dejar sin efectos la
providencia de 21 de noviembre de 2025, proferida por la Sala de Conjueces
del Tribunal Administrativo del Atlántico dentro del proceso ejecutivo con
número de radicación 08001-23-33-000-2015-00122-00/01/02, el cual es
consecuencia de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el
que se analizó la aplicación de la prima especial de servicios prevista en el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.
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Por lo anterior, la Sala declarará fundado el impedimento manifestado por el
doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, como en efecto se dispondrá en la
parte resolutiva de la presente providencia.
4. Caso concreto
4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela
La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional3 como del Consejo
de Estado4 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de
unos requisitos generales y, como segunda medida, a la configuración de
alguno de los requisitos especiales para dicha procedencia.
Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales se han establecido, los siguientes: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la
identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en
el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las
excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
El requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales atinente a la relevancia constitucional se entiende satisfecho cuando
se acredita que el asunto planteado gira en torno al contenido, alcance y goce
de algún derecho fundamental5 y se descarta el uso del mecanismo de amparo
3 Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras.
4 Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009-01328-01(IJ)
y 2012-02201-01, respectivamente. Entre otras.
5 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428,
Magistrado Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño.
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como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces6.
En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional precisó que la sola
mención de la vulneración de un derecho fundamental y la asociación de dicha
afectación con la configuración de un defecto es insuficiente para tener por
acreditado el cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional.
En ese sentido, en dicha decisión, se señaló que, además de la obligación de
identificar cuáles eran los derechos fundamentales vulnerados y por qué se
configuró el defecto alegado, el extremo accionante debe hacer una exposición
a partir de la cual se evidencie que el caso en cuestión: (i) tiene la “[…] entidad
de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la controversia
“[…] no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”, y (iii) que se “[…]
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales […]”.
En este contexto, resulta claro que la relevancia constitucional como requisito
genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
tiene como propósito; (i) evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente económico; (ii) impedir
que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la competencia y la
independencia del juez ordinario.
Respecto de lo anterior, esta Sala advierte que la argumentación que esgrimió
la parte actora para acreditar la supuesta vulneración de los derechos
fundamentales en que incurrió la autoridad accionada no devela que el
presente asunto gire en torno al alcance de algún derecho fundamental, sino,
6 Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto). En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-
18.
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únicamente, frente a la mera inconformidad con la decisión adoptada el 21 de
noviembre de 2025 dentro del proceso ejecutivo seguido bajo el radicado
08001-23-33-000-2015 00122-00/01/02.
Lo anterior teniendo en cuenta que el extremo accionante en ningún momento
está poniendo de relieve que la autoridad judicial accionada haya incurrido en
una arbitrariedad judicial, ni tampoco hace una exposición a partir de la cual
se evidencie que su caso tiene la “[…] entidad de interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental” y mucho menos justifica “[…] razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales […]”.
También se observa que las pretensiones de la parte actora resultan tener una
connotación estrictamente económica, pues su petición se orienta a obtener el
reconocimiento y pago de la diferencia existente entre la suma consignada en
el mandamiento de pago expedido por la autoridad accionada y el valor
acordado en la audiencia de conciliación. En ese sentido, la controversia
planteada versa sobre aspectos de contenido patrimonial que, por su
naturaleza, exceden el marco de competencia del juez de tutela, cuyo ámbito
de intervención no está previsto para dirimir este tipo de reclamaciones.
Por tanto, se considera que los argumentos de la parte actora más que develar
la existencia de una cuestión que sea de “verdadera relevancia constitucional”
que conlleve la presunta transgresión de derechos fundamentales, demuestra
una inconformidad con la decisión adoptada por la autoridad accionada como
si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, por lo cual el
juez de tutela no puede inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la
acción de tutela un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso
invadir la competencia y la independencia del juez natural.
Bajo las anteriores consideraciones, esta Sección revocará el fallo impugnado
que negó el amparo solicitado y, en su lugar, declarará improcedente la acción
de tutela de la referencia.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR fundado el impedimento manifestado por el doctor
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y, en consecuencia, se dispone separarlo
del conocimiento del presente asunto, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: REVOCAR el fallo de 5 de marzo de 2026 proferido por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y, en su lugar,
DECLARAR improcedente la presente acción de tutela, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta decisión.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CAMILO CALDERÓN RIVERA
Consejero de Estado Conjuez
Presidente
JAIME HUMBERTO TOBAR ORDONEZ
Conjuez
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CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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