Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01064-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01064-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-01064-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
29 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., veintinueve (29) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01064-01
Accionante: Julio César Márquez Sierra
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Confirma
improcedencia por falta de relevancia constitucional.
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte accionante contra
la sentencia proferida el 6 de abril de 2026 por la Sección Segunda del Consejo de
Estado – Subsección B, mediante la cual se negó la solicitud de amparo.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1. El 12 de febrero de 2026, Julio César Márquez Sierra instauró acción de tutela, con
el propósito de que se deje sin efectos las providencias de 26 de julio de 2021 y 21
de agosto de 20251, proferidas respectivamente, por el Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito Judicial de Cúcuta y el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander, al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho2
promovido en contra de la Nación – Ministerio de Defensa y Policía Nacional, con el
fin de que se declare la nulidad de la Resolución 28 de 24 de agosto de 2017, por
medio de la cual la Dirección General de la Policía Nacional retiró del servicio al
patrullero aquí demandante.
2. El Tribunal Administrativo del César confirmó la sentencia de primera instancia, por
medio de la cual se negaron las pretensiones. Tal como lo consideró el a quo,
encontró que el acto administrativo enjuiciado se profirió conforme a los lineamientos
del ordenamiento jurídico.
3.Explicó que aun cuando no se aportó el Acta No. 001160-2.25SUBCO DENOR del
24 de agosto de 2017 que recomendó el retiro del demandante, lo cierto es que esa
sola circunstancia no conllevaba a la consideración de ilegalidad del acto. Aunado a
ello, del acervo probatorio concluyó que plasmó las razones suficientes y soportes
que la junta tuvo en cuenta para recomendar la desvinculación del patrullero Márquez
1 Decisión notificada a la accionante el 12 de septiembre de 2025
2 Con radicado número 54001-33-40-008-2017-00453-00/01.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01064-01
Accionante: Julio César Márquez Sierra
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela
Sierra. Así mismo, determinó que no obraba prueba de la cual se predique que aquel
se emitió con desviación de poder o falta de motivación.
4. Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora sostuvo que las autoridades
enjuiciadas vulneraron sus derechos fundamentales a la dignidad humana, debido
proceso, presunción de inocencia y acceso a la administración de justicia, toda vez
que incurrió en los siguientes defectos:
5. Fáctico, en la medida que valoró arbitrariamente: (i) la inexistencia del acta, siendo
una prueba determinante para su decisión; (ii) presumió la existencia del estudio sin
ningún soporte; (iii) validó la razonabilidad de la decisión sin documentos base; y,
(iv) sustituyó la carga de la prueba por una inferencia narrativa.
6.Sustantivo, al aplicar el régimen de retiro prescindiendo de los límites fijados por
el precedente obligatorio de unificación referido y en contravención del artículo 29
Superior; pues se preservó la presunción de legalidad pese a que no existía un
estudio completo plasmado en el acto, tampoco acreditó la existencia de la
recomendación y no hubo soporte evaluador verificable.
7.Falta de motivación, en tanto la decisión presumió la existencia de un estudio
completo efectuado por la Junta de Evaluación sin que obre en el expediente un
documento que lo respalde, o sin ningún soporte verificable. Omitió efectuar un
examen integral de la hoja de vida del patrullero, así como desarrollar las razones de
necesidad de la medida y con las que justificara la consideración de pérdida de
confianza allí indicada.
8. Desconocimiento del precedente consagrado en la sentencia SUJ-26-S2 de 7
de abril de 2022 dictada en radicado 52001-23-31-000 2009-00349-01 por la Sección
Segunda el Consejo de Estado, tras haber validado la legalidad del acto sin exigir el
estudio completo y documento de la junta directiva y la ausencia de la
recomendación para su retiro.
B. Sentencia de primera instancia
9. Mediante sentencia de 6 de abril de 2026, la Sección Segunda, Subsección B del
Consejo de Estado negó el amparo deprecado. Estimó que la accionada no
desconoció los criterios de jurisprudencia aplicables al asunto. Señaló que el
Tribunal, luego de efectuar el correspondiente estudio probatorio, concluyó que el
retiro del servicio se ajustó a los estándares de motivación exigidos por la
jurisprudencia vigente; de ahí que, incorporó razones suficientes para fundamentar
el retiro del servicio. Indicó que en virtud del precedente constitucional y contencioso-
administrativo lo relevante es que se pueda determinar que se cumplieron las
condiciones de proporcionalidad y razonabilidad que justifiquen el retiro del servicio.
C. Impugnación
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Accionante: Julio César Márquez Sierra
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10. La parte actora impugnó la decisión de primera instancia. Señaló que el debate
planteado consistió en que la decisión del Tribunal descansa sobre la base de las
narrativas contenidas en el acto administrativo de retiro, sobre las cuales concluyó
que se satisfacían las exigencias materiales impuestas por la sentencia de
unificación que se invoca como desconocida.
11.Precisó que dentro del proceso contencioso-administrativo no obraba el
documento que contenía el estudio que consideró la procedencia del retiro del
servicio del patrullero, tal como el mismo Tribunal lo reconoció en su escrito, al
afirmar expresamente que el acta de la recomendación no obraba en el expediente.
12.Así, insistió que la decisión cuestionada incurrió en un defecto fáctico,
desconocimiento del precedente y falta de motivación. Acotó que se sustituyó la
prueba requerida con simples referencias contenidas en la resolución de retiro que
se demandó y se omitió las demás pruebas en relación con la trayectoria del servicio
del actor; así se desconoció el estándar de prueba exigido en la sentencia de
unificación; en suma, la motivación se apoyó únicamente en las investigaciones que
se encontraban en trámite, que conllevaron injustificadamente a la pérdida de
confianza institucional.
II. CONSIDERACIONES
D. Competencia
13.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19913.
E. Análisis del caso concreto
14. Se modificará el fallo impugnado que negó la solicitud de amparo, pues una lectura
de los planteamientos aducidos en la demanda permite advertir que aquella carece
de relevancia constitucional.
15.Esta Corporación ha indicado de manera reiterada que, para que se habilite la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra una providencia judicial, es
necesario que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Para tales efectos, se requiere que el promotor del mecanismo de
amparo exponga con suficiencia la existencia de un vicio en la decisión objetada,
que se proyecte como una verdadera afrenta a un derecho fundamental y no
simplemente como la pretensión de generar una suerte de instancia adicional al
proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia que se acusa.
3 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
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Referencia: Acción de tutela
16.En el caso concreto, los reparos en que se funda la solicitud de amparo, lejos de
evidenciar una deficiencia que amerite una protección constitucional, en realidad
revelan la intención del accionante de acudir al juez de tutela, en busca de reabrir un
debate que ya fue zanjado por el juez de la causa, bajo un análisis que se enmarca
dentro de la razonabilidad jurídica. Al mismo tiempo, los argumentos planteados no
revisten una carga argumentativa suficiente para develar la existencia de un real
defecto a partir del cual se pueda predicar una transgresión de derechos
fundamentales.
17. En la sentencia de 21 de agosto de 2025, que confirmó el fallo de primera instancia
proferido por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Cúcuta, el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, con base al régimen legal del retiro
del servicio por voluntad de la Dirección General de la Policía Nacional para los
miembros del nivel ejecutivo4, expuso que la decisión del retiro comporta una facultad
discrecional bajo la cual se permite retirar personal del servicio, siempre su objetivo
se inscriba en el mejoramiento del servicio; así mismo, que la recomendación de la
Junta de Evaluación de Clasificación configura un requisito previo a una decisión en
ese sentido.
18.Apeló a las sentencias de unificación de la Corte Constitucional (SU-053 de 2015,
SU-172 y 091 de 2016) que señalaron que el acto de retiro debe cumplir con los
requisitos de proporcionalidad y razonabilidad; así mismo, indicó que el concepto
que emiten las juntas asesoras o los comités de evaluación no debe estar precedido
de un procedimiento administrativo, en la medida que ello desnaturalizaría la facultad
discrecional que se confirió por la Ley para dicho fin.
19.Con base en la sentencia de unificación del Consejo de Estado de 7 de abril de
20225, indicó que dicha decisión armonizó el criterio frente al estándar mínimo de
motivación, bajo las siguientes reglas: (i) la recomendación de retiro del servicio debe
plasmar un estudio que fundamente la desvinculación, de acuerdo con los principios
de proporcionalidad y razonabilidad; (ii) la notificación del retiro debe estar
acompañada de la copia de la recomendación; y, (iii) ante la ausencia de dicha
recomendación, el juez administrativo en el correspondiente proceso debe
determinar si satisfacen las conficiones de proporcionalidad y razonabilidad de la
decisión administrativa, que le permita conservar su presunción de legalidad.
20.Del acervo probatorio, el Tribunal consideró que el acto administrativo demandado
se fundamentó en: (i) la recomendación de la Junta de Evaluación y Clasificación
para suboficiales, personal del nivel ejecutivo y agentes de la Policía Nacional -Acta
No. 001160-2.25 SUBCO DENOR de 24 de agosto de 2017; (ii) comunicación oficial
4 Decreto 1791 de 2000, específicamente sobre los artículos 54, 55 y 62, que definen respectivamente, el retiro,
sus causales y la procedencia del retiro por voluntad del gobierno o de la Dirección General de la Policía Nacional.
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, siete (7) de abril de dos mil
veintidós (2022), Expediente: 5 2001-23-31-000-2009-00349-01 (4288-2016).
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01064-01
Accionante: Julio César Márquez Sierra
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Referencia: Acción de tutela
No. 2016-885 DISPO-ESTILO, por medio del cual el Comandante de la Estación de
Policía de Lourdes pone en conocimiento que la novedad que presentó el patrullero
Julio César Márquz Sierra afecta el servicio de la policía y compromete la confianza
institucional; (iii) antecedentes en la Oficina de Control Interno Disciplinario; y (iv)
verificación de antecedentes a través del Juzgado de Instrucción Penal Militar 171
DENOR.
21.Destacó que las razones por las cuales la Junta de Evaluación y Clasificación
recomendó el retiro, se consignaron en la resolución demandada. En síntesis, dejó
indicado que el patrullero Julio César Márquez Sierra no reunía las condiciones de
fiabilidad necesarias para continuar en el servicio activo de la Policía Nacional, pues
con su comportamiento se apartó por completo de su misionalidad policial, que la
conducta que se le atribuyó iba en contravía de todos los principios éticos y morales
fijados por la institución. Dejó consigna que por dicha conducta se originó un proceso
penal y disciplinario en contra del servidor público, la cual también se anotó en su
hoja de vida y que evidencia que no cumplió a cabalidad los parámetros de eficiencia
y disciplina propios de la función asignada, que también afectó gravemente la imagen
y la credibilidad en la institución policial. De lo expuesto, recabó en que tal
consideración no trasgredía el principio de inocencia, pero que, dado los hechos
ciertos, debía adoptarse una medida de saneamiento para la mejora del servicio.
22.Así, teniendo en cuenta los argumentos plasmados y que sirvieron de sustento en
el acto de retiro y, de conformidad con la sentencia de unificación del Consejo de
Estado emitida el 7 de abril de 2022 bajo radicado 2009-00349-01, que consideró
que la legalidad del acto de retiro no se compromete aun cuando la recomendación
no esté expresamente sustentada o no se dé a conocer el acta, siempre que se
determine que se satisfacen las condiciones de proporcionalidad y razonabilidad de
la decisión; el Tribunal concluyó que al margen de la ausencia del acta que
recomendó el retiro referida en el acto administrativo en cuestión, de lo allí expresado
se encuentra que la decisión de su retiro se motivó principalmente por razones de
asegurar el mejoramiento de la prestación del servicio, así como las razones
suficientes que den cuenta que la decisión se enmarcó en supuestos de
razonabilidad y proporcionalidad.
23.Como se vio, el estudio de legalidad que efectuó la autoridad enjuiciada no
obedeció a un capricho o arbitrariedad, sino que encuentra pleno respaldo en las
decisiones de unificación referidas que fijaron reglas vinculantes relacionadas con
los requisitos que deben precaverse en las decisiones administrativas de retiro de
los suboficiales y algunos miembros de la Policía Nacional.
24. Al respecto, tal como lo desarrolló la autoridad judicial accionada, el Consejo de
Estado no ha trazado una regla de decisión según la cual el acta de recomendación
de retiro de la Junta de Calificación se estatuye como un requisito sine qua non para
que el acto administrativo contentivo de la decisión se revista de legalidad. Tal como
lo considera el precedente, el requisito se atenúa cuando el juez analice que la
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decisión se adoptó por razones de mejoramiento del servicio, en el marco de la
proporcionalidad y razonabilidad.
25.Así, contrario a lo aducido por la parte accionante, se constató que sí se tuvo en
cuenta la referida sentencia de unificación en el sustento del fallo cuestionado. Por
tanto, es claro que el amparo se limitó a reiterar que se debía considerar su
aplicación, sin elevar un reproche concreto, contentivo de las razones por las cuales,
en su criterio, sigue echando de menos la ratio decidendi de la sentencia que invoca,
cuando lo cierto es que fue debidamente considerada en el desarrollo de los
fundamentos de la decisión.
26.La parte actora no desplegó un ejercicio argumentativo que evidencie la existencia
de un yerro que haga imperiosa la intervención del juez constitucional, sino una
simple inconformidad orientada a revisar el análisis probatorio efectuado en el
proceso ordinario, bajo el cual la autoridad accionada determinó que no había razón
para considerar la estructuración de un vicio que comprometa la legalidad del acto
demandado; circunstancia que no está inscrita en la procedencia del mecanismo de
amparo. Resulta claro que el objeto de la presente acción es someter la discusión
del caso a una instancia adicional, bajo una simple enunciación de una discrepancia
valorativa que no cumple con la carga argumentativa exigida para evidenciar una
afectación de derechos fundamentales de tal magnitud que requiera la intervención
del juez constitucional.
27.Por lo expuesto en precedencia, la Sala modificará la sentencia dictada el 6 de
abril de 2026 por la Sección Segunda del Consejo de Estado – Subsección B,
mediante la cual se negó la solicitud de amparo. En su lugar, se declarará la
improcedencia de la acción, en la medida que no cumplió con el requisito de la
relevancia constitucional.
28.En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR el fallo dictado el 6 de abril de 2026 por la Sección Segunda
del Consejo de Estado – Subsección B. En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE
la solicitud de amparo por las razones expuestas.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01064-01
Accionante: Julio César Márquez Sierra
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE6
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
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