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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01065-00

Fecha
13 de marzo de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01065-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

R E S U E L V E PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado mediante la acción de tutela presentada por la señora Mónica Stella Pedraza Pérez, por conducto de apoderado, contra la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-01065-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

13 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., trece (13) de marzo de dos mil veintiséis (2026).

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01065-00
Accionante: MÓNICA STELLA PEDRAZA PÉREZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN D
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Derechos
fundamentales debido proceso, igualdad, estabilidad laboral reforzada, mínimo vital y
acceso efectivo a la administración de justicia / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Estabilidad laboral reforzada – Circunstancias en
las que se configura / DEFECTO FÁCTICO, DEFECTO SUSTANTIVO, VIOLACIÓN
DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN Y DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE – No se
encuentran acreditados.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela1 instaurada
por la señora Mónica Stella Pedraza Pérez, por conducto de apoderado, de
conformidad con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política y en los
artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 1991.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 12 de febrero de 2026, la parte accionante presentó acción de tutela contra la
Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad, estabilidad laboral reforzada, mínimo vital y acceso efectivo a la
administración de justicia.

Hechos relevantes

2. El 17 de enero de 2012, la señora Mónica Stella Pedraza Pérez se posesionó en
provisionalidad en el cargo de auxiliar área de salud, código 412, grado 13 en la
Secretaría de Integración Social del Distrito de Bogotá.

3. La actora desempeñaba sus funciones en el Centro Único de Recepción de Niños
y Niñas – CURNN. El 6 de octubre de 2015, en ejercicio de sus labores, sufrió una

1 Que ingresó para fallo el 2 de marzo de 2026.

1

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01065-00
Accionante: Mónica Stella Pedraza Pérez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección D
Referencia: Acción de tutela

luxación traumática de la articulación del hombro derecho, la cual fue catalogada
como enfermedad profesional.

4. Por medio de Resolución núm. 2101 del 7 de diciembre de 2021, la entidad dio
por terminado su nombramiento en provisionalidad, situación administrativa que se
materializó el 12 de enero de 2022. Contra la decisión en comento presentó
recursos de reposición y apelación, los cuales fueron declarados improcedentes a
través de Oficio núm. S-2022014570 de 16 de febrero de 2022.

5. Con el fin de obtener la nulidad de los actos administrativos precitados, la actora
promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho contra la Secretaría de Integración Social del Distrito de Bogotá. A título
de restablecimiento del derecho solicitó (i) su reintegro al cargo que venía
desempeñando sin solución de continuidad; y (ii) el pago de los sueldos, primas y
demás emolumentos dejados de recibir desde su desvinculación.

6. El asunto correspondió al Juzgado Veinticuatro (24) Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá que, por medio de sentencia del 10 de octubre de 2024, accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

7. El a quo declaró la nulidad parcial de los actos acusados, en tanto consideró que
la entidad omitió la adopción de medidas afirmativas, y condenó a la demandada a
efectuar la reubicación laboral de la actora, en provisionalidad, en un cargo de
similares características al del empleo denominado auxiliar área de salud, código
412, grado 13, “y preferiblemente donde las funciones sean acordes con el tipo de
limitación, tal como lo ha señalado la jurisprudencia de la Corte Constitucional. El
reconocimiento y pago de salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos
laborales, se efectuará desde la fecha en que se haga efectiva su reubicación”2.

8. En cuanto a la pretensión subsidiaria consistente en pagar la indemnización
prevista en el inciso segundo del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, señaló que no
tiene vocación de prosperidad, por un lado, porque el Consejo de Estado dispuso
que esa norma sólo opera frente a trabajadores particulares, y por otro, si en gracia
de discusión se aceptara que procedía para servidores públicos, lo cierto era que
dicha indemnización se originaba cuando el trabajador era despedido por razón de
su limitación, pero en este caso no había sido como consecuencia de su estado de
salud.

9. Contra la decisión de primera instancia ambas partes interpusieron recurso de
apelación. La demandante manifestó su inconformidad respecto de la decisión de
no ordenar el pago de los salarios dejados de percibir desde el 12 de enero de 2022,
día de su desvinculación. Por su parte, la Secretaría de Integración Social del
Distrito de Bogotá adujo que se desconoció que la vinculación de la actora era en
provisionalidad y, por ende, no contaba con derechos sobre el cargo y no tenía una
estabilidad laboral que la hiciera inamovible.

2 Folio 4 del archivo “051Sentencia_OK202200286TerminaPr”. Véase expediente en préstamo.

2

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01065-00
Accionante: Mónica Stella Pedraza Pérez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección D
Referencia: Acción de tutela

10. La Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por medio de sentencia del 8 de mayo de 2025, revocó lo fallado
por el Juzgado Veinticuatro (24) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y, en
su lugar, negó las pretensiones de la demanda.

11. Como fundamento de su decisión, el ad quem sostuvo que el material probatorio
no permitía inferir que el retiro de la demandante hubiese tenido como causa la
incapacidad, sumado a que la existencia de la incapacidad médica no le otorgaba
un fuero de inamovilidad. Asimismo, indicó que tampoco se probó que su condición
de salud limitara el ejercicio del cargo, por lo que no podía concluirse que estuviera
amparada por la estabilidad relativa y, por el contrario, la incapacidad que le fue
otorgada fue producto de una enfermedad general que la incapacitó de forma
temporal pero no se evidenció una afectación de su salud de tal envergadura que la
ubicara en una condición de debilidad manifiesta.

12. El 28 de mayo de 2025, la señora Mónica Stella Pedraza Pérez interpuso ante
la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca solicitud de extensión de la jurisprudencia con las siguientes
pretensiones:

“PRIMERO: Que de acuerdo con el artículo 102, conforme a lo dispuesto en
el artículo 269 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo SE EXTIENDAN, los efectos jurisprudenciales de
las siguientes sentencias: MAG JORGE EDISON PORTOCARRERO
BANGUERA – Bogotá, D.C., quince (15) de febrero de dos mil veinticuatro
(2024) – Rad. Núm.: 25000234200020180164102 y ponencia del MAG
MYRIAM STELLA GUTIERREZ ARGUELLO – Bogotá, D.C., nueve (9) de
junio de dos mil veintidós (2022) – Rad. Núm.: 70001-23-33-000-2022-00026-
01.

SEGUNDO: Que como consecuencia de la extensión la jurisprudencia antes
mencionada se declare nula la Resolución 2101 de diciembre 07 de 2021;
Declarar nulo el acto administrativo S2022014570 de febrero 16 de 2022.

TERCERO: Que se ordene al ente encargado, MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ,
a REINTEGRAR a la accionante MONICA STELLA PEDRAZA PÉREZ,
identificada con la cédula de ciudadanía número 52.725.134 de Bogotá, al
AUXILIAR AREA DE SALUD CODIGO 412 GRADO 13, a partir del día 12 de
enero de 2022, como consecuencia de lo anterior se ordene el pago de los
salarios, primas, vacaciones y demás beneficios legales y extralegales
dejados de percibir desde el día 12 de enero de 2022 y hasta cuando se haga
efectivo su reintegro, teniendo en cuenta los reajustes ordenados por ley”3.

13. La Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante auto del 7 de julio de 2025, remitió la solicitud de extensión
de jurisprudencia al Consejo de Estado, por considerar que carecía de competencia
para conocer del asunto.

14. El proceso fue radicado bajo en número 11001-03-25-000-2025-00284-00
(2039-2025) y su correspondió a la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado que, por medio de auto del 11 de septiembre de 2025, rechazó

3 Folio 2 del auto del 11 de septiembre de 2025, proferido por la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado. Archivo “059Auto Rechaza Solicitud”.

3

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01065-00
Accionante: Mónica Stella Pedraza Pérez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección D
Referencia: Acción de tutela

de plano la solicitud, al verificarse que (i) la peticionaria ya había acudido a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo con el fin de obtener el reconocimiento
del derecho que pretendía mediante la solicitud de extensión; y (ii) las sentencias
invocadas para extender sus efectos no correspondían a sentencias de unificación.

Pretensiones

15. En el presente proceso de tutela, la parte accionante solicita lo siguiente (se
transcribe textualmente):

“1. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad,
estabilidad laboral reforzada, mínimo vital y acceso efectivo a la
administración de justicia de la señora MÓNICA STELLA PEDRAZA PÉREZ.

2. Dejar sin efectos la sentencia del 08 de mayo de 2025 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó el pago de salarios y
prestaciones sociales dejadas de percibir.

3. Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca proferir sentencia de
reemplazo en la que se disponga el restablecimiento integral del derecho,
incluyendo el pago indexado de salarios, prestaciones sociales y la
indemnización equivalente a ciento ochenta (180) días de salario, conforme
al artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

[…]”4.

Fundamentos de la demanda de tutela

16. La parte demandante sostuvo que, con la decisión del 8 de mayo de 2025,
proferida por la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, se incurrió en un desconocimiento del precedente fijado por la
Corte Constitucional en las sentencias SU-040 de 2018 y SU-087 de 2022, que
establece que el despido, sin autorización previa, de una persona amparada por
estabilidad laboral reforzada es jurídicamente ineficaz. A su vez, manifiesta que ello
conllevó a un defecto sustantivo, por la falta de aplicación de la indemnización
prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

17. Asimismo, alega un defecto fáctico por cuanto la autoridad judicial trasladó
ilegítimamente la carga probatoria a la trabajadora y resolvió la duda frente a la
existencia o no de vacantes para reubicación en contra de la persona en condición
de debilidad manifiesta, situación que está en abierta contradicción con la
jurisprudencia constitucional.

18. Finalmente, señala que se afectaron sus derechos fundamentales al mínimo
vital y al acceso a la administración de justicia, supuesto a partir del cual se configuró
una violación directa de la Constitución. Aduce que se vulneraron los artículos 2,
13, 25, 29, 53 y 93 de la Carta Política, al desconocer la efectividad real de las
garantías a la igualdad material, la protección especial a personas en situación de
debilidad manifiesta y el principio de favorabilidad laboral.

4 Folios 4 y 5 del escrito de tutela. Índice 2 de Samai.

4

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01065-00
Accionante: Mónica Stella Pedraza Pérez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección D
Referencia: Acción de tutela

Trámite procesal

19. Mediante auto del 17 de febrero de 2026, el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela de la referencia y ordenó notificar a la Subsección D de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca como accionado y al
Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, a la Secretaría
de Integración Social del Distrito de Bogotá, al Ministerio Público y a los demás
intervinientes dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado No. 11001-33-35-024-2022-00286-00/01 en calidad de
terceros con interés en las resultas del proceso, para que rindieran informe.

20. Asimismo, vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para
que, de considerarlo necesario, interviniera en el presente asunto.

Intervenciones

21. El Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, por
conducto de su titular, realizó un recuento de las actuaciones adelantadas en el
curso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Con base en
ello, consideró que no ha incurrido en vulneración alguna a los derechos de acceso
a la administración de justicia, al debido proceso y a la seguridad social, debido a
que a la accionante se le brindaron todas las garantías constitucionales y legales en
relación con las prerrogativas cuya protección reclama.

22. De igual modo, señaló que el asunto de la referencia no cumple con el requisito
de relevancia constitucional, en tanto la inconformidad de la actora se refiere más a
la interpretación que se les dieron a las pruebas que al desconocimiento de sus
garantías procesales.

23. En ese orden de ideas, encontró evidente que, con la presente acción
constitucional, la intención de la demandante es controvertir, en sede de tutela, una
providencia frente a la cual se encuentra en desacuerdo, como si se tratara de una
tercera instancia. Por tanto, señaló que el mecanismo constitucional presentado es
improcedente a todas luces, pues no es dable modificar el alcance de una decisión
judicial dispuesta por un superior.

24. La Secretaría de Integración Social del Distrito de Bogotá, por medio de
apoderado, solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela, en razón
a que considera que la accionante no expuso de manera clara y concreta el
fundamento de las supuestas vulneraciones alegadas, pues su planteamiento se
limitó a manifestar su inconformidad con el análisis fáctico y jurídico realizado en el
fallo de segunda instancia y reiteró el mismo debate jurídico que ya fue examinado
por la autoridad judicial dentro del proceso.

25. Además, indicó que la parte accionante confunde las facultades de ultra y extra
petita con el deber del juez de analizar integralmente los hechos y elementos del
caso para adoptar una decisión de fondo. En ese sentido, manifestó que tampoco
se configura el defecto fáctico alegado, ya que los argumentos de la acción
corresponden únicamente a su desacuerdo con la valoración probatoria efectuada

5

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01065-00
Accionante: Mónica Stella Pedraza Pérez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección D
Referencia: Acción de tutela

por el juez de segunda instancia, lo cual desvirtúa la naturaleza de la acción de
tutela, al convertirlas en una tercera instancia.

26. La Subsección D de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca remitió el enlace de acceso al expediente contentivo del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado núm. 11001-33-35-024-
2022-00286-00/01.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Competencia

27. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.

Problemas jurídicos y metodología de la decisión

28. De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder ¿si la presente acción de tutela
cumple con los requisitos de procedibilidad? De resultar afirmativo el anterior
interrogante, se resolverá ¿si la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, con la expedición de la sentencia del 8 de mayo
de 2025, incurrió en un defecto fáctico, un desconocimiento del precedente, un
defecto sustantivo y una violación directa de la Constitución y, por consiguiente, en
la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad,
estabilidad laboral reforzada, mínimo vital y acceso efectivo a la administración de
justicia de la parte accionante?

29. Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar el caso
concreto, particularmente: (i) los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales y (ii) el análisis de los defectos alegados.

Análisis formal de la acción de tutela

a) Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales

30. Conforme el precedente constitucional fijado en la Sentencia C-590 de 20055,
reiterado de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor
satisfaga una importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis
causales genéricas de procedencia, y al menos una específica.

31. De manera frecuente la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela

5 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).

6

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01065-00
Accionante: Mónica Stella Pedraza Pérez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección D
Referencia: Acción de tutela

debe verificar6; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela7, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional8 o el Consejo de Estado9, ni
una sentencia interpretativas (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP-10; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los
hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si
existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable11 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.

32. En cuanto a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la Sentencia C-590 de 2005 precisó que la tutela se
concederá si se presenta al menos uno de los siguientes defectos. A continuación,
se enuncian los defectos específicos explicados por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, profundizando en el defecto invocado por la parte actora.

i. Defecto orgánico, que se genera cuando la sentencia acusada es
expedida por un funcionario judicial que carecía de competencia;
ii. Defecto procedimental absoluto, que se produce cuando la autoridad
judicial actuó por fuera del procedimiento establecido para determinado
asunto;
iii. Defecto fáctico, que se presenta cuando la providencia acusada tiene
problemas de índole probatorio, como la omisión del decreto o práctica de
pruebas, la valoración de pruebas nulas de pleno derecho o la realización
indebida y contraevidente de pruebas existentes en el proceso;
iv. Defecto sustantivo, que ocurre cuando la decisión judicial se toma con
fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, o que no estaban
llamadas a gobernar el caso o a partir de interpretaciones jurídicas
contrarias a la garantía de los derechos fundamentales.

6 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
7 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
8 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
9 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
10 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
11 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.

7

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01065-00
Accionante: Mónica Stella Pedraza Pérez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección D
Referencia: Acción de tutela

v. Error inducido, que se genera cuando la autoridad judicial vulnera los
derechos fundamentales del afectado producto de un error al que ha sido
inducido por factores externos al proceso, y que tienen la capacidad de
influir en la toma de una decisión contraria a derecho o a la realidad fáctica
probada en el caso;
vi. Decisión sin motivación, que supone que el juez no cumplió con su deber
de expresar los fundamentos fácticos y jurídicos de su decisión;
vii. Desconocimiento del precedente, que se genera cuando frente a un caso
con los mismos hechos una autoridad se aparta de los procedimientos
establecidos por los tribunales de cierre (precedente vertical) o por los
dictados por ellos mismos (precedente horizontal), sin cumplir con la carga
de justificar de forma suficiente y razonada por qué se cambia de
precedente.
viii. Violación directa de la Constitución, que se genera cuando una
providencia judicial desconoce por completo un postulado de la
Constitución, le atribuye un alcance insuficiente o lo contradice.

33. En este contexto, la Sala estudiará en el caso concreto los elementos formales.
En caso de superarlos se iniciará el estudio de mérito.

34. En el presente asunto se encuentra demostrado que (i) la parte accionante no
cuenta con otros medios de defensa judicial para discutir lo aquí expuesto, por
cuanto la providencia del 8 de mayo de 2025 puso fin al medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho y, posteriormente, se presentó el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia que culminó con la decisión del 11
de septiembre de 2025; (ii) la acción se presentó dentro del plazo razonable porque
la última de las providencias del proceso enjuiciado se notificó por vía electrónica el
16 de septiembre de 202512 y la tutela se interpuso el 12 de febrero de 2026; (iii) no
se invoca una irregularidad procesal, por lo que este requisito no es aplicable en
esta oportunidad; (iv) se identificaron claramente los hechos generadores de la
presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, a la estabilidad laboral reforzada, al mínimo vital y al acceso a la
administración de justicia; y (v) no se trata de una sentencia de tutela, de una
decisión expedida en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad por parte
de la Corte Constitucional o el Consejo de Estado13 ni de una sentencia
interpretativa proferida por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la
Paz14.

35. En este contexto, la Sala advierte que (vi) se cumple con el requisito de
relevancia constitucional, dado que la parte actora explicó las razones por las cuales
considera que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la igualdad, a la estabilidad laboral reforzada, al mínimo vital y
al acceso a la administración de justicia.

12 Índice 7 de Samai. Certificado CA4F21A41BFC9470 497EB6E46C47E531 66140CCFEB9C73CC
E3C4BEB75CC86EE9.
13 Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2017, SU-585 de 2017, SU-379 de 2019, SU-355 de
2020, SU-388 de 2021, SU-074 de 2022 y SU-114 de 2023.
14 Corte Constitucional, Sentencias SU-478 de 2014 y SU-388 de 2023.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01065-00
Accionante: Mónica Stella Pedraza Pérez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección D
Referencia: Acción de tutela

36. De igual modo, no es un asunto de mera legalidad o de discrepancia
interpretativa, sino de un evento de naturaleza excepcional que habilita la
intervención del juez constitucional porque, como ha resuelto en casos similares
esta Subsección15, se está frente a una duda sobre la potencial afectación de
derechos constitucionales que desbordaría el juicio de los jueces naturales, al
tratarse de una controversia relacionada con la terminación de un nombramiento en
provisionalidad de una trabajadora que sufrió una incapacidad laboral, aspecto que
guarda relación con los derechos fundamentales a la seguridad social, a la
estabilidad laboral reforzada y al mínimo vital.

37. De esta manera, y al tenor de lo reiterado por la Corte Constitucional en la
Sentencia SU-215 de 2022, en este caso, lejos de pretenderse que la tutela se erija
en una instancia adicional al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho o
un medio para resolver desacuerdos de aspectos meramente legales o económicos,
se trata de un asunto que tiene “la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental”16 y se
justifica en la medida de una posible “afectación desproporcionada a derechos
fundamentales17”.

38. De conformidad con lo expuesto, esta Subsección estudiará la procedencia
materia de la demanda.

b) Análisis del caso concreto y de los defectos específicos

39. La Sala negará la solicitud de amparo invocada por la parte accionante, por
cuanto no encuentra configurado el desconocimiento del precedente, ni la existencia
de un defecto fáctico, ni un defecto sustantivo, ni una violación directa de la
Constitución en la providencia judicial cuestionada, por las razones que se exponen
a continuación.

40. En primer lugar, en relación con el presunto desconocimiento del precedente,
se advierte que la autoridad judicial accionada examinó de manera expresa la
jurisprudencia constitucional relacionada con la estabilidad laboral reforzada por
razones de salud y con los presupuestos necesarios para que una persona pueda
ser considerada sujeto de especial protección por su condición física. En efecto, en
la providencia objeto de cuestionamiento se analizaron los criterios fijados por la
jurisprudencia constitucional en torno al concepto de discapacidad y a la diferencia
existente entre dicha noción y la incapacidad médica temporal.

41. En ese sentido, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con base en el
criterio fijado por la Corte Constitucional en la sentencia C-043 de 2017, señaló que
la discapacidad “es entendida como una deficiencia o padecimiento físico, mental o
sensorial que limita las facultades normales de una persona”18, mientras que la
incapacidad médica constituye un lapso temporal durante el cual el trabajador se

15 Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del 1° de marzo de 2024. Rad.
11001-03-15-000-2023-07457-00. Consejera Ponente: María Adriana Marín.
16 Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022.
17 Ibid.
18 Folio 21 de la sentencia acusada.

9

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01065-00
Accionante: Mónica Stella Pedraza Pérez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección D
Referencia: Acción de tutela

encuentra inhabilitado para desarrollar sus labores como consecuencia de una
enfermedad o accidente. A partir de tales parámetros, se concluyó que el hecho de
que la demandante hubiese presentado incapacidades médicas por episodios de
luxación de hombro derecho no implicaba, por sí mismo, que se encontrara en una
situación de discapacidad o de debilidad manifiesta que la hiciera acreedora de la
estabilidad laboral reforzada. Sobre ello, la autoridad judicial sostuvo:

“Teniendo en cuenta lo anterior, la discapacidad se refiere a la deficiencia
física, psíquica o sensorial que pueda presentar una persona en razón a una
afección o enfermedad que lo aqueje, y la incapacidad es un lapso de tiempo
que prescribe un médico con ocasión de una enfermedad o accidente que
sufra el trabajador y que temporalmente lo incapacita para trabajar y por lo
cual requiere reposo.

En ese sentido, la protección a que hace referencia la actora, está dirigida a
las personas que presente algún tipo de discapacidad reconocida o
calificada por una autoridad competente o que presenten limitaciones en
general de las cuales se predique un estado de debilidad manifiesta por
causa de la enfermedad, eventos en los cuales el Estado tiene la obligación
de no discriminar al trabajador, ni despedirlo por causa de su afección de
salud. Es decir, que la incapacidad médica, no genera la estabilidad
reforzada que predica la norma”19.

42. En consecuencia, lejos de desconocer el precedente constitucional, la decisión
bajo estudio aplicó las reglas jurisprudenciales pertinentes para determinar si en el
caso concreto se configuraban los presupuestos que dan lugar a dicha protección
reforzada. En efecto, se advierte que el Tribunal aplicó el criterio establecido por la
Corte Constitucional en cuanto a la determinación definición del concepto de
discapacidad, según el cual:

“[…]

“Por su parte, en la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad se recogió una definición comprensiva de discapacidad y se
convino que los destinatarios de las disposiciones del tratado son todas
aquellas personas que “tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales
o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras,
puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en
igualdad de condiciones con los demás”.

Apoyándose en tales nociones esta Corte en la sentencia C-824 de 2011
concluyó que la idea de limitación expresa un panorama genérico al que
pertenecen todos los sujetos que han sufrido mengua por “circunstancias
personales, económicas, físicas, fisiológicas, síquicas, sensoriales y
sociales”, mientras que la discapacidad se define como una especie dentro
del género e implica “el padecimiento de una deficiencia física o mental
que limita las normales facultades de un individuo”. Por esta razón y por
la complejidad de la terminología se ha establecido el deber de no realizar
diferencias de trato frente a estas personas con tal que se engloben los
conceptos de “disminuidos físicos, sensoriales y síquicos” del artículo 47
de la Constitución, el concepto de “minusválidos” del artículo 54 y el
concepto de “personas con limitaciones físicas o mentales” del artículo 68
de la Carta Política. (…)”.

De lo anterior se sigue, que la discapacidad es entendida como una
deficiencia o padecimiento físico, mental o sensorial que limita las facultades
normales de una persona.

19 Folio 21 de la sentencia del 8 de mayo de 2025. Archivo “051Sentencia_OK202200286TerminaPr”.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01065-00
Accionante: Mónica Stella Pedraza Pérez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección D
Referencia: Acción de tutela

Por su parte, la Ley 100/93, consagra respecto a las incapacidades, que
pueden ser por enfermedad común o profesional o por accidente de trabajo
y son pagadas por las EPS, así:

“ARTÍCULO 206. INCAPACIDADES. Para los afiliados de que trata el
literal a) del artículo 157, el régimen contributivo reconocerá las
incapacidades generadas en enfermedad general, de conformidad con las
disposiciones legales vigentes. Para el cubrimiento de estos riesgos las
Empresas Promotoras de Salud podrán subcontratar con compañías
aseguradoras. Las incapacidades originadas en enfermedad
profesional<6> y accidente de trabajo serán reconocidas por las Entidades
Promotoras de Salud y se financiarán con cargo a los recursos destinados
para el pago de dichas contingencias en el respectivo régimen, de acuerdo
con la reglamentación que se expida para el efecto.”

Y “Una incapacidad médica es el reconocimiento económico que obtiene un
trabajador durante el tiempo que está inhabilitado física o mentalmente para
desarrollar sus labores. Dicho reconocimiento es otorgado por la EPS (si es
por enfermedad de origen común) o la ARL (por accidente de trabajo) […]”20.

43. En segundo lugar, respecto del defecto fáctico alegado por la parte actora, la
Sala de Subsección observa que la providencia cuestionada realizó una valoración
integral del material probatorio obrante en el expediente, particularmente de la
historia clínica de la demandante, de las incapacidades médicas otorgadas y de las
recomendaciones médico laborales emitidas con ocasión de los episodios de
luxación de hombro derecho que presentó desde el año 2015.

44. De esta manera, se constató que el juez de conocimiento verificó que la actora
sufrió en el año 2012 un accidente laboral que le ocasionó un trauma en el pie
derecho, sin que se evidenciara posteriormente incidencia de tal situación en el
desarrollo de sus labores. De igual forma, confirmó que, con posterioridad, la señora
Mónica Stella Pedraza Pérez presentó episodios de luxación de hombro derecho
que generaron incapacidades de corta duración, generalmente por periodos de dos
o tres días.

45. En ese orden de ideas, la autoridad judicial advirtió que el diagnóstico médico
correspondiente fue calificado como de origen común o enfermedad general,
circunstancia que se desprendía de la historia clínica aportada al proceso. En ese
sentido, indicó que no obraban en el expediente elementos probatorios que
permitieran establecer que dicha afección tuviera origen laboral o que hubiese sido
calificada como enfermedad profesional por las autoridades competentes.

46. Así las cosas, se encuentra que en la providencia del 8 de mayo de 2025 se
analizaron las recomendaciones médico laborales otorgadas a la demandante y se
contrastaron con las funciones propias del cargo que desempeñaba, concluyéndose
que, a pesar de dichas restricciones, la actora continuó desarrollando sus
actividades laborales y fue considerada apta para laborar durante el tiempo en que
permaneció vinculada a la entidad. De este modo, lejos de advertirse una valoración
arbitraria de las pruebas, la Subsección considera que el juez de conocimiento
concluyó que la afección de salud presentada por la parte activa no afectó de

20 Folios 21 y 22 ibid.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01065-00
Accionante: Mónica Stella Pedraza Pérez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección D
Referencia: Acción de tutela

manera significativa el desempeño de sus funciones ni implicó una limitación
sustancial de su capacidad laboral.

47. En tercer lugar, en cuanto al defecto sustantivo alegado por la accionante, la
Sala encuentra que la autoridad judicial accionada fundamentó su decisión en la
normativa aplicable al caso concreto, particularmente en lo relativo a los
presupuestos de la estabilidad laboral reforzada y a la diferencia conceptual entre
incapacidad médica y discapacidad. En ese sentido, el Tribunal explicó que la
estabilidad laboral reforzada prevista en el ordenamiento jurídico está dirigida a
proteger a las personas que presentan una discapacidad o una condición de
debilidad manifiesta derivada de una limitación significativa de su salud,
circunstancia que no se acreditó en el caso concreto.

48. De igual manera, en la providencia enjuiciada se indicó que la existencia de
incapacidades médicas temporales por enfermedad común no generaba, por sí
sola, un fuero de inamovilidad laboral. Asimismo, se tuvo en cuenta que el retiro de
la demandante obedeció al nombramiento de la persona que integraba la lista de
elegibles derivada del correspondiente concurso de méritos, lo cual constituía una
causa legítima para la terminación de un nombramiento en provisionalidad, de
conformidad con los principios que rigen el acceso a los cargos públicos.

49. Finalmente, en cuarto lugar, frente a la presunta violación directa de la
Constitución, la Subsección observa que la decisión judicial cuestionada se apoyó
en la interpretación de las normas legales aplicables y en la jurisprudencia
constitucional pertinente para resolver el caso concreto, de manera que no se
advierte que el juez haya desconocido de forma directa los mandatos superiores
invocados por la parte accionante, así como tampoco se encuentra una situación
que haya quebrantado los derechos fundamentales o las garantías procesales de
ninguna de las partes.

50. Al contrario, la Sala advierte que en la providencia del 8 de mayo de 2025 se
analizó si la situación de salud de la demandante la ubicaba en una condición de
debilidad manifiesta que exigiera la aplicación de medidas de protección reforzada,
y se concluyó, a partir del material probatorio obrante en el expediente, que no se
acreditaban los presupuestos necesarios para predicar la existencia de dicha
protección. En ese sentido, lejos de acreditarse alguna causal específica de
procedibilidad en la que haya incurrido la autoridad judicial accionada, en este caso
lo que resulta claro es una inconformidad de la parte accionante con las
conclusiones a las cuales arribó el juez de lo contencioso administrativo al momento
de resolver la segunda instancia del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho.

51. En este orden de ideas, se negará la acción de tutela presentada por la señora
Mónica Stella Pedraza Pérez, por conducto de apoderado, contra la Subsección D
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01065-00
Accionante: Mónica Stella Pedraza Pérez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección D
Referencia: Acción de tutela

III. R E S U E L V E

PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado mediante la acción de tutela presentada
por la señora Mónica Stella Pedraza Pérez, por conducto de apoderado, contra la
Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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