Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01065-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-01065-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01065-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-01065-01
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
14 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta
Bogotá, D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: Mónica Stella Pedraza Pérez.
Parte accionada: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección D.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01065-01.
Asunto: Acción de tutela contra providencia judicial. Se revoca el fallo
impugnado que negó el amparo. Improcedencia por no cumplir con el
requisito de inmediatez.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el fallo de
13 de marzo de 2026 proferido por la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
1.1. La señora Mónica Stella Pedraza Pérez en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó demanda
contra el Distrito Capital de Bogotá – Secretaría de Integración Social,
con el fin de que se declarara la nulidad de la Resolución núm. 2101 de 7
de diciembre de 2021 y del oficio núm. S2022014570 de 16 de febrero de
2022, que dieron por terminado su nombramiento en provisionalidad y, a
título de restablecimiento del derecho, se ordenara su reintegro sin solución
de continuidad y al pago de sus prestaciones sociales desde el 12 de enero
de 2022 hasta su reintegro.
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01065-01
1.2. El Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito de Bogotá -
Sección Segunda, mediante sentencia de 10 de octubre de 2024, accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, en el sentido de que
declaró la nulidad parcial de los actos demandados, ordenó la
reubicación laboral de la señora Mónica Stella Pedraza Pérez, el pago
del 100% de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud y
Pensión desde la fecha de la desvinculación y hasta cuando se haga
efectiva su reubicación y negó el pago de los salarios y prestaciones
dejados de percibir.
1.3. Contra la decisión anterior la parte accionante y la parte demandada
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
presentaron recurso de apelación.
1.4. La Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, mediante sentencia de 8 de mayo de 2025, revocó la
decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la
demanda al considerar que del material probatorio no se infiere que el
retiro haya tenido como causa la incapacidad, sumado a que la existencia
de la incapacidad médica no le otorgaba un fuero de inamovilidad, y
tampoco se probó que su condición de salud limitaran el ejercicio del
cargo, “[…] por lo que no puede concluirse que estuviera amparada por
la estabilidad relativa […]”.
1.5. Con ocasión de la decisión anterior la parte accionante promovió
recurso extraordinario de extensión de jurisprudencia, el cual fue
rechazado de plano mediante auto de 11 de septiembre de 2025
proferido por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado dentro del expediente identificado con radicado 11001-03-25-
000-2025-00284-00.
2. Fundamentos de la solicitud de amparo
La parte accionante manifestó que la autoridad accionada incurrió en defecto
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01065-01
sustantivo y en desconocimiento del precedente toda vez que se apartó
abiertamente de las sentencias SU-040 de 2018 y SU-087 de 2022 en las
cuales la Corte Constitucional estableció que el despido de una persona
amparada por estabilidad laboral reforzada sin autorización previa es “[…[
jurídicamente ineficaz, lo cual impone como consecuencia necesaria la
restitución integral de la situación anterior, incluido el pago de salarios,
prestaciones sociales y la indemnización prevista en el artículo 26 de la Ley
361 de 1997 […].
Agregó que el tribunal accionado al negar los efectos económicos de la nulidad
declarada creó una figura jurídica inexistente consistente en “[…] una nulidad
sin restablecimiento, vaciando de contenido la protección constitucional
reforzada y premiando la conducta ilegal de la Administración […]”.
Aseguró que la autoridad accionada incurrió en defecto fáctico por indebida
valoración probatoria porque fundamentó su decisión en una supuesta falta de
certeza sobre la existencia de vacantes para reubicarla, desconociendo que la
carga probatoria recaía exclusivamente sobre la entidad demandada.
Aseveró que se incurrió en violación directa de la Constitución respecto de los
artículos 2, 13, 25, 29, 53 y 93 de la Constitución al desconocer la efectividad
real de los derechos fundamentales, la igualdad material, la protección
especial a personas en situación de debilidad manifiesta y el principio de
favorabilidad laboral.
3. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 1. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad,
estabilidad laboral reforzada, mínimo vital y acceso efectivo a la
administración de justicia de la señora MÓNICA STELLA PEDRAZA
PÉREZ.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01065-01
2. Dejar sin efectos la sentencia del 08 de mayo de 2025 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó el pago de salarios y
prestaciones sociales dejadas de percibir.
3. Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca proferir sentencia
de reemplazo en la que se disponga el restablecimiento integral del
derecho, incluyendo el pago indexado de salarios, prestaciones sociales
y la indemnización equivalente a ciento ochenta (180) días de salario,
conforme al artículo 26 de la Ley 361 de 1997 […]”.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
1. Mediante auto de 17 de febrero de 2026, se admitió la presente acción de
tutela en contra de la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y se vinculó al Juzgado Veinticuatro
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, al Distrito Capital de Bogotá –
Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría de Integración Social, al Ministerio
Público y a los demás intervinientes dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado No. 11001-33-35-
024-2022-00286-00/01, en calidad de terceros con interés en el resultado del
proceso.
2. El 13 de marzo de 2026, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado profirió sentencia de primera instancia negando las pretensiones de
amparo.
3. Mediante auto de 9 de abril de 2026, se concedió la impugnación presentada
por la parte actora contra el fallo de primera instancia.
III. INTERVENCIONES
1. La Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca solicitó negar las pretensiones de la presente acción de tutela,
en razón a que no vulneró ningún derecho fundamental de la parte accionante.
2. El Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito de Bogotá - Sección
Segunda rindió informe en el que realizó una breve descripción de las
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01065-01
actuaciones surtidas, señalando que se declare improcedente toda vez que lo
pretendido por la parte accionante es buscar una tercera instancia porque se
encuentra en desacuerdo con la sentencia proferida en segunda instancia.
3. La Secretaria de Integración Social solicitó negar las pretensiones de la
presente acción de tutela porque no se cumplió con los requisitos generales
de procedibilidad.
IV. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 13 de marzo de 2026, negó las pretensiones de amparo.
Señaló que analizados cada uno de los defectos invocados por la parte
accionante encontró que no incurrió en ninguno de ellos porque “[…] en la
providencia del 8 de mayo de 2025 se analizó si la situación de salud de la
demandante la ubicaba en una condición de debilidad manifiesta que exigiera
la aplicación de medidas de protección reforzada, y se concluyó, a partir del
material probatorio obrante en el expediente, que no se acreditaban los
presupuestos necesarios para predicar la existencia de dicha protección […]”.
A partir de lo anterior, concluyó que “[…] lejos de acreditarse alguna causal
específica de procedibilidad en la que haya incurrido la autoridad judicial
accionada, en este caso lo que resulta claro es una inconformidad de la parte
accionante con las conclusiones a las cuales arribó el juez de lo contencioso
administrativo al momento de resolver la segunda […]”.
V. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La parte actora impugnó el fallo de primera instancia reiterando en términos
generales los argumentos del escrito de tutela.
Señaló que el tribunal accionado le redujo indebidamente su situación clínica
a incapacidades médicas temporales, omitiendo valorar integralmente las
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01065-01
restricciones médico - laborales derivadas “[…] de la luxación recidivante de
hombro diagnosticada desde el año 2015 […]”.
Agregó que su patología no constituía un evento aislado ni episódico, sino una
condición clínica recurrente que generó limitaciones funcionales objetivas para
el desempeño del cargo, circunstancia que fue reconocida por el Juzgado
Veinticuatro Administrativo del Circuito de Bogotá al ordenar la reubicación
laboral como medida de protección.
Añadió que el juez de primera instancia reconoció expresamente la necesidad
de reubicación laboral como medida de protección derivada de su condición
de salud, sin embargo, el tribunal accionado revocó dicha orden sin desvirtuar
la existencia de las restricciones funcionales acreditadas y sin justificar los
motivos por los cuales resultaba improcedente la medida afirmativa
previamente decretada.
Aseguró que la anterior omisión constituyó un desconocimiento del precedente
que impone al empleador el deber de agotar alternativas de reubicación antes
de proceder a la desvinculación de trabajadores en condición de debilidad
manifiesta.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.
1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01065-01
2. Problemas jurídicos
De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo
impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado2, la Sección debe
establecer:
A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y, si
ello es así, se deberá:
B) Determinar si la providencia acusada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante, al haber incurrido
presuntamente en defecto sustantivo, fáctico, en desconocimiento
del precedente y en violación directa de la Constitución.
3. Caso concreto
3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela
La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional3 como del Consejo
de Estado4 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de
unos requisitos generales y, como segunda medida, a la configuración de
alguno de los requisitos especiales para dicha procedencia.
Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales se han establecido, los siguientes: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
2 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
3 Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras.
4 Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009-01328-01(IJ)
y 2012-02201-01, respectivamente. Entre otras.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01065-01
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la
identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en
el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las
excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
Respecto del requisito general de la inmediatez, la jurisprudencia
constitucional ha sostenido, de manera reiterada, que la acción de tutela está
instituida como un mecanismo ágil para obtener la protección inmediata de los
derechos fundamentales que se consideran vulnerados; y que aunque no
tenga previsto un término de caducidad para su presentación, es necesario
que se invoque tal protección dentro de un plazo razonable y prudente, dado
que, “[…] de transcurrir un lapso injustificadamente largo, se desvirtúa la
urgencia de la protección y la gravedad de la afectación, por ende, no cabría
la procedencia del mecanismo […]”5 .
Este requisito tiene una especial connotación cuando la acción constitucional
se ejerce contra una providencia judicial, en razón a que exige un examen más
riguroso en aras de preservar los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica y de salvaguardar el interés de terceros, cuya situación podría verse
injustamente afectada por el otorgamiento tardío de la protección
constitucional6.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de unificación de 5 de agosto de 20147, precisó que, en tratándose
de acciones contra de providencias judiciales, el plazo considerado como
razonable era el de seis (6) meses, contados a partir de la notificación de la
decisión judicial objeto de tutela.
En el examen de la razonabilidad y oportunidad en la interposición de la acción
de tutela, la jurisprudencia constitucional8 ha establecido excepciones a la
5
Corte Constitucional, sentencia T-941 de 16 de diciembre de 2013, M.P. doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
6
Corte Constitucional, sentencia T-1028 de 10 de diciembre de 2010, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, expediente
11001-03-15-000-2012-02201-01, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
8
Sentencia T-584 de 2011.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01065-01
aplicación del presupuesto de inmediatez, las cuales deberán demostrarse y
justificarse por el accionante en cada caso particular9 , así:
“[…] La acción de tutela sería procedente cuando fuere promovida
transcurrido un extenso espacio entre el hecho que generó la vulneración,
siempre que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los
accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción,
abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros; ii) la
inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos de
terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el
ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los
interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente
en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo
respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor
derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual […]”10.
En el presente caso, se tiene que lo pretendido por la parte actora a través de
esta acción de tutela es controvertir la sentencia de segunda instancia de 8 de
mayo de 2025 proferida por la Subsección D de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número de
radicación 11001-33-35-024-2022-00286-01.
Al respecto, cabe precisar que aun cuando la parte actora interpuso recurso
extraordinario de extensión de jurisprudencia contra la providencia objeto de
tutela y este fue rechazado de plano el 11 de septiembre de 2025 por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dicha
circunstancia no determina la fecha desde la cual se debe contabilizar el
término de inmediatez dado que la acción de tutela de la referencia se dirige
exclusivamente a dejar sin efectos la sentencia de 8 de mayo de 2025.
Por tanto, para efectos de determinar el cumplimiento del requisito de la
inmediatez de la presente acción de tutela se debe tener en cuenta la fecha
de notificación de la sentencia de 8 de mayo de 2025.
9
Sentencia T-695 de 2017 de la Corte Constitucional. Cfr. Sentencia de Unificación proferida por la Sala Plena del
Consejo de Estado el 5 de agosto de 2014. Exp. 2012-02201-01 (IJ).
10
Sentencia T-246 de 2015, Corte Constitucional.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01065-01
Precisado lo anterior, la Sala encuentra que, de acuerdo con las constancias
obrantes en el proceso objeto de tutela identificado con el número de
radicación 11001-33-35-024-2022-00286-01, la notificación de la providencia
de 8 de mayo de 2025 se surtió el día 19 de mayo de ese mismo año; mientras
que la acción de tutela se presentó el 12 de febrero de 2026, es decir con
posterioridad al plazo de seis (6) meses establecidos por esta Corporación
como término razonable.
Sumado a lo anterior, no se advierte justificación alguna para la tardanza en
la presentación de la solicitud de amparo, ni tampoco situación que se
enmarque en alguno de los supuestos establecidos por la jurisprudencia
constitucional que puedan justificar su presentación por fuera del término
establecido por la Sala Plena del Consejo de Estado.
Bajo las anteriores consideraciones, esta Sección revocará el fallo impugnado
que negó el amparo deprecado por la parte accionante y, en su lugar, declarará
improcedente la acción de tutela de la referencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: REVOCAR el fallo de 13 de marzo de 2026 proferido por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado y, en su lugar,
DECLARAR improcedente la presente acción de tutela, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta decisión.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01065-01
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.