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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01072-00

Fecha
30 de abril de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01072-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el señor Jhon Jair Segura Toloza, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2026-01072-00 Demandante: Jhon Jair Segura Toloza 4. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01072-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

30 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-01072-00
Demandante JHON JAIR SEGURA TOLOZA
Demandada CORTE CONSTITUCIONAL
Temas Acción de tutela. Medidas provisionales solicitadas en acción de
inconstitucionalidad. Participación víctimas. Acto Legislativo 02 de
2021.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por el señor Jhon Jair Segura Toloza, de conformidad con lo dispuesto
por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 13 de febrero de 2026, el señor Jhon Jair Segura Toloza, actuando en nombre
propio y en representación de la Asociación de Víctimas de la Costa Pacífica,
interpuso acción de tutela contra la Corte Constitucional, por considerar vulnerados
sus derechos fundamentales de a la igualdad, a elegir y ser elegido, a la
participación política y a la reparación integral de las víctimas.

En consecuencia, se formularon las siguientes pretensiones:
(Transcripción literal)
«1 sírvase usted honorable magistrados como MEDIDA PROVISIONAL ordenar al
magistrado CARLOS CAMARGO ASSIS resolver las 2 MEDIDAS CUATELARES
solicitada en un término no mayor a 12 horas esto con el fin de garantizarles a las victimas
las 5 curules al senado y la inscripción del candidato a la presidencia JHON JAIR
SEGURA TOLOZA al no decretarse la medida solicitada se le causaría un daño
irremediable a las víctimas del conflicto armado según registro para el 2026 supera los 10
millones de víctimas por lo que es procedente desde entrada amparar los derechos a la
participación política a las victimas
Sírvase usted honorable magistrado como MEDIDA PROVISIONAL ordenar al CONSEJO
NACIONAL ELECTORAL el reconocimiento provisional del partido político denominado
MIVIMIENTO DE VOCTIMAS COLOMBIANAS tal como se ha solicitado en las medidas
CUATELARES radicadas ante la CORTE CONSTITUCIONAL para la inscripción del
señor JHON JAIR SEGURA TOLOZA como candidato a la presidencia de la republica de
Colombia
Sírvase usted honorable magistrado ordenar como MEDIDA PROVISIONAL ordenar al
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL mantener las 5 curules del senado que ocupaban la
FARC a favor de las victimas la ASOCIACION DE VICTIMAS DE LA COSTA PACIFICA
direccionara los ocupante de estas curules con el fin de garantizar la plena participación
a las víctimas del conflicto armado».

2. Hechos

Del expediente, los hechos relevantes son los siguientes:

1
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01072-00
Demandante: Jhon Jair Segura Toloza

2.1. El 16 de enero de 2026, los señores Jhon Jair Segura Toloza y otro ciudadano
presentaron demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 1° y
2° del Acto Legislativo 02 de 2021. Este último creó 16 circunscripciones
transitorias especiales de paz para la Cámara de Representantes en los
períodos 2022-2026 y 2026-2030. Los artículos en mención disponen lo
siguiente:
«ARTÍCULO TRANSITORIO 1°. Creación de Circunscripciones Transitorios Especiales
de Paz. La Cámara de Representantes tendrá 16 representantes adicionales para los períodos
constitucionales 2022-2026 y 2026-2030, estos serán elegidos en igual número de
Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, uno por cada una de dichas
Circunscripciones. La curul se asignará al candidato de la lista con mayor cantidad de votos.
Las listas deberán elaborarse teniendo en cuenta el principio de equidad e igualdad de
género».

«ARTÍCULO TRANSITORIO 2°. Conformación. Las mencionadas Circunscripciones
Transitorias Especiales de Paz estarán conformadas así: (…)
Circunscripción 9
Municipios del Cauca: Guapi, López de Micay y Timbiquí, Buenaventura, del departamento
del Valle del Cauca.
Circunscripción 10
Está constituida por 11 municipios del departamento de Nariño: Barbacoas, El Charco, La
Tola, Maguí, Mosquera, Olaya Herrera, Francisco Pizarro, Ricaurte, Roberto Payán, Santa
Bárbara y Tumaco».

En la demanda de inconstitucionalidad, los demandantes sostuvieron que las
curules de paz creadas en el Acto Legislativo 02 de 2021 no son suficientes
para lograr la participación de las víctimas en las distintas corporaciones del
Estado. Esto obedece a que el Acto Legislativo no contempló la participación
de las víctimas en instituciones como en la Presidencia de la República y en el
Senado. Por lo tanto, consideraron que el artículo transitorio 1° debía
modificarse, a fin de permitir la participación del movimiento de víctimas en
todos los escenarios políticos.

Por otra parte, recriminaron que «las víctimas no cuentan con el reconocimiento del
partido político como se le reconoció a la FARC». Indicaron que el señor Jhon Jair
Segura Toloza se inscribió para participar como candidato a la Presidencia de
la República. Sin embargo, le fue imposible la recolección de firmas, debido a
que fue objeto de amenazas y atentados. Reprocharon que el Acto Legislativo
02 de 2021 «no tuvo en cuenta la creación o reconocimiento del partido político» para
víctimas, pues en su sentir esto «dificulta que el candidato de las víctimas a la
presidencia de la república de Colombia JHON JAIR SEGURA TOLOZA no se pueda inscribir
como candidato de las víctimas y no puede inscribirse a la presidencia en Colombia»
(Transcripción literal).

Asimismo, cuestionaron que tales normas únicamente consagraron las curules
de paz por un periodo de 8 años. En su criterio, estas deben continuar
existiendo por lo menos durante 20 años, ya que «Colombia sique en guerra ha
aumentado los grupos armados por lo que las representaciones de las víctimas no pueden
desaparecer en 4 años» (Transcripción literal). Además, no ha existido reparación a
las víctimas de las FARC, motivo por el cual se requiere mantener las
representaciones de las víctimas.

Igualmente, consideraron que la delimitación territorial de las circunscripciones
dispuesta en el artículo transitorio 2° desconoce que las FARC permaneció en
las zonas urbanas de los municipios de categoría 4.5 y 6 y que sus habitantes
fueron víctimas de fuertes ataques. De manera que las comunidades de las
zonas urbanas de esos municipios no pueden ser excluidas de las curules de
paz.

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Demandante: Jhon Jair Segura Toloza

2.2. El trámite de la demanda correspondió por reparto al despacho del magistrado
Carlos Camargo Assis de la Corte Constitucional y se identificó con el
expediente D-0017195.

2.3. El 21 de enero de 2026, los demandantes allegaron ante la Corte
Constitucional un memorial solicitando el decreto de las siguientes medidas
provisionales:
«1 sírvase usted honorable magistrado como MEDIDA CAUTELAR ordenar a la mesa directiva del
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA y al CONSEJO NACIONAL ELECTORAL el
reconocimiento provisionalmente 3 curules de senado para las víctimas para la inscripción de
candidato al periodo 2026-2030 quienes aspiren a estas curules deberá cumplir con todos los
requisitos de víctimas y demás contemplado por la constitución política esto para garantizar su
plena participación en defensa de las victimas colombianas
2 sírvase usted honorable magistrado como MEDIDA CAUTELAR ordenar a la REGISTRADURIA
GENERAL DE LA NACION y al CONSEJO NACIONAL ELECTORAL la activación a de las 16
Circunscripciones de cámaras de paz las zonas urbanas de los municipios de categoría 4,5 y 6 con
el fin de garantizar el derecho a elegir y ser elegido como se dijo en el escrito de la demanda la
FARC ha vivido y ha realizado ataque contra esta población urbana en estos municipio no ha
existido en los tiempos atrás no habia presencia del estado de la fuerza pública la guerrilla era
quien ejercía como fuerza pública era l a FARC permanente por lo que la misma no puede ser
discrimina da quebranta el derecho a la igualdad
3 sírvase usted honorable magistrado como MEDIDA CAUTELAR ordenar al ministro del interior
ARMANDO BENEDETTI o quien haga sus veces el reconocimiento de manera provisionalmente el
partido político para las victimas llamado MOVIMIENTO DE VICTIMAS COLOMBIANAS para las
inscripciones de candidatos al senado y presidencia de la república de Colombia 2026-2030 el
movimiento político quedara conformado así» (Transcripción literal).

2.4. Los días 3 y 9 de febrero de 2026, el señor Segura Toloza radicó memoriales
solicitando que la Corte Constitucional decretara las siguientes medidas
provisionales:
«1 sírvase usted honorable magistrados como MEDIDA PROVISIONAL ordenar de manera
PROVISIONAL MENTE a los accionado el reconocimiento de las 5 curules de manera directa al
senado para las víctimas del conflicto armado por el periodo 2026-2030 para garantizar su plena
participación en el senado de la republica la MEDIDA PROVISIONAL se solicita toda vez ya Que
existe un riesgo probable de afectación a derechos fundamentales por la demora en el tiempo
(periculum in mora). Debe existir “un alto grado de convencimiento de que la amenaza de perjuicio
irremediable es cierta, y que el daño, por su gravedad e inminencia, requiere medidas urgentes e
impostergables para evitarlo”.
Es decir, la medida provisional procede cuando la intervención del juez es necesaria para evitar un
perjuicio “a un derecho fundamental o al interés público, que no podría ser corregido en la sentencia
final. Teniendo en cuenta que se encuentra en riesgo las participaciones de .9.8 millones e víctimas
y según registro para el 2026 supera los 10 millones de víctimas por lo que es procedente desde
entrada amparar los derechos a la participación política a las victimas
2- sírvase usted honorable magistrado ordenar al CONSEJO NACIONAL ELECTORAL el
reconocimiento del partido político para las victimas el cual se llamara MOVIMIENTO DE VICTIMAS
COLOMBIANAS personería jurídica provisional para el periodo 2026-2030 para la inscripción del
candidato a la presidencia JHON JAIR SEGURA TOLOZA los demandante presenta su directivas
para el partido provisional» (Transcripción literal).

El señor Jhon Jair Segura Toloza aseguró que las medidas provisionales
solicitadas buscan «que las victimas puedan participar en las elecciones 2026-2030 y esto
es debido a los vacíos del Acto Legislativo 02 de 2021 ya que se limitó a las víctimas para las
demás corporaciones como el senado de la república y presidente de la república de Colombia
donde las victimas necesitan defender sus intereses de su población especial de protección».
Sostuvo que «no podemos esperar una sentencia de la CORTE CONSTITUCINAL para proteger
este derecho que es importante y necesario para las victimas ya que se trata de una
representación importante para esta población» (Transcripción literal y negrillas propias).

Por último, señaló que el Estado debe garantizar el derecho a la igualdad de
las víctimas y en ese sentido otorgar cinco curules al Senado para las víctimas.
De igual manera, así como se le reconoció a las FARC un partido político,
también debe hacerlo con las víctimas, lo cual no fue garantizado en el proceso
de paz. Reprochó que las FARC sí tiene la posibilidad de seguir vivo
políticamente por medio de su partido político, mientras que las curules de
víctimas desaparecerán después del periodo 2026-2030, ya que no tienen

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Demandante: Jhon Jair Segura Toloza

partidos políticos para continuar su participación, pues «las 16 cámaras de paz no
convierten en partidos».

3. Fundamentos de la acción

El accionante reprochó que el Acto Legislativo 02 de 2021 no contempló curules
para las víctimas en el Senado, así como tampoco la posibilidad de estar
respaldadas por un partido político; mientras que a las FARC sí se le permitió dicha
participación en el Senado y la conformación de su propio partido. En su criterio,
esta situación implica la transgresión a los derechos a elegir y ser elegido, a la
igualdad, a la participación política y a la reparación integral de 10 millones de
víctimas.

Indicó que la vigencia de las curules asignadas a las FARC terminará prontamente,
pues dentro de poco culminarán los dos periodos que tenían en el Senado. De forma
que «quedan libre las 5 curules del senado las que estaban decimada a esta organización por lo
que las mismas deben continuar a favor de las victimas ya que las victimas estamos por encimas de
los victimarios el estado esta en la obligación de garantizar este derecho a las victimas del conflicto
armado por lo que esta tutela busca garantizar sus derechos a las victimas durante el periodo 2026-
2030» (Transcripción literal). Por lo tanto, afirmó que se requiere adicionar al Acto
Legislativo 02 del 25 de agosto 2021, a fin de lograr la participación mencionada de
las víctimas.

Aseguró que por los hechos narrados «ya se presentó una demanda contra el acto legislativo
No 02 del 25 de agosto 2021 ante el CORTE CONSTITUCIONAL para lograr su reconocimiento pero
el mismo fue radicada el 20 de enero 2026 por lo que esta MEDIDA se debe resolver de manera
urgente por lo que se hace necesaria la tutela para proteger estos derechos que afectan las victimas
del conflicto armado Que exista un riesgo probable de afectación a derechos fundamentales por la
demora en el tiempo (periculum in mora)» (Transcripción literal).

A su juicio, se está a punto de causar un daño irremediable a las víctimas del
conflicto armado, ya que próximamente se realizarán las elecciones. Por lo tanto,
indicó que era urgente decretar las medidas provisionales solicitadas, pues como
víctimas no podían esperar hasta que la Corte Constitucional profiriera sentencia.
Negar las medidas generaría «un riesgo irremediable ya que este derecho se violaría por 4
años lo que imposibilita a las víctimas para contar con su representación y vocero dentro del senado
de la república como la posibilidad de tener un presidente de la población victima». En
consecuencia, sostuvo que la «tutela busca evitar que se configure el hecho irreparable».

De otro lado, manifestó que se inscribió para participar como candidato a la
Presidencia de la República. Sin embargo, le fue imposible la recolección de firmas,
debido a que fue objeto de amenazas y atentados. De la mano de esta
circunstancia, adujo que «las victimas estamos solicitando el reconocimiento provisional del
partido de las víctimas que debió otorgarse dentro del Acto Legislativo 02 de 2021» (Transcripción
literal).

Concluyó señalando que la tutela «busca una MEDIDA PROVISIONAL que permita que las
victimas puedan participar en las elecciones 2026-2030 y esto es debido a los vacíos del Acto
Legislativo 02 de 2021 ya que se limitó a las víctimas para las demás corporaciones como el senado
de la república y presidente de la república de Colombia» (Transcripción literal).

4. Trámite e intervenciones

4.1. En auto de 20 de febrero de 2026, se requirió al tutelante a fin de que (i) aclar
ara si actúa en nombre propio o en calidad de representante legal de la
Asociación de Víctimas de la Costa Pacífica; (ii) acreditara su legitimación en
la causa por activa, para solicitar la protección de sus derechos presuntamente
vulnerados por la Corte Constitucional en el expediente D-17195; y (iii)
precisara los hechos y pretensiones que causaron la presunta vulneración de
derechos fundamentales.

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4.2. El actor presentó memorial en el que indicó que es el representante legal de la
Asociación de Víctimas de la Costa Pacífica.

A su vez, reiteró los cargos expuestos en el escrito de tutela. Indicó que las
víctimas tienen derecho al reconocimiento de un partido político, el cual tendrá
por nombre Movimiento de Víctimas Colombiana. Insistió que no solo era
importante la participación de las víctimas en la Cámara de Representantes,
sino también en el Senado y en la Presidencia de la República. Esto en
consideración a que «las victimas necesitan tener voceros dentro del territorio como
inscribir candidatos a los CONCEJOS NUMICIPALES ALCALDIAS ASAMBLEAS Y
GOBERNACIONES por lo que se hace necesario la aplicación del derecho a la IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES entre las víctimas y victimarios» (Transcripción literal).

Insistió en que la tutela busca obtener una medida provisional, debido a que
faltan pocos días para las elecciones de Senado y el cierre a las inscripciones
presidenciales. A su juicio, «al no decretarse la MEDIDA PROVISIONAL estaríamos
frente a un daño irremediable a las víctimas las mismas no pudrían participar o tener
representación en el acto gobierno durante estos 4 años es decir 2026-2030» (Transcripción
literal).

Con base en lo expuesto reiteró las pretensiones formuladas en el escrito de
tutela, en los siguientes términos:
«1} sírvase usted honorable magistrada como MEDIDA PROVISIONAL ordenar de manera
PROVISIONAL a los ACCIONADOS CONSEJO NACIONAL ELECTORAL PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA GUSTAVO PETRO COMITÉ DEL SENADO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
CAMARA DE REPRESENTANTES REGIONALES ,PAZ y NEGRITUDES el reconocimiento de las
5 curules al senado para las víctimas del conflicto armado por el periodo 2026-2030 de manera
DIRECTA para garantizar su plena participación en el senado de la republica la MEDIDA
PROVISIONAL se solicita toda vez ya Que existe un riesgo probable de afectación a derechos
fundamentales por la demora en el tiempo (periculum in mora). (…) Teniendo en cuenta que se
encuentra en riesgo las participaciones de 9 millones e víctimas
2- Sírvase usted honorable magistrada como MEDIDA PROVISIONAL ordenara a los ACCIONADOS
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA GUSTAVO PETRO
COMITÉ DEL SENADO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA CAMARA DE REPRESENTANTES
REGIONALES ,PAZ y NEGRITUDES el reconocimiento del partido político llamado MOVIMIENTO
DE VICTMAS COLOMBIANAS para la inscripción del candidato a la presidencia JHON JAIR
SEGURA TOLOZA a la PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA esto teniendo en
cuenta que las inscripciones de candidatos cierran el 13 de marzo por lo que al no decretarse
la medida no da tiempo a la inscripción del mencionado candidato estaríamos dentro de un
daños irremediables los Derecho a la Participación Política y el Derecho a la Participación
Democrática, además de vulnerar los principios de igualdad de oportunidades y representación de
un grupo poblacional que constitucionalmente tiene derechos especiales a la verdad, justicia,
reparación y no repetición, afectando su derecho y la libertad de escoger y ser elegido interponer
esta acción de tutela para proteger derechos fundamentales para garantizar la participación de las
víctimas en todos los escenarios como la PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA»
(Transcripción literal).

4.3. Mediante auto de 10 de marzo de 2026, se admitió la acción de tutela
interpuesta por el señor Jhon Jair Segura Toloza contra la Corte
Constitucional; se negaron las medidas provisionales solicitadas por la parte
actora; se ordenó notificar al otro ciudadano que también actuó como
demandante en la acción de inconstitucionalidad; y se ordenó efectuar las
notificaciones correspondientes.

4.4. La Presidencia de la Corte Constitucional sostuvo que sus decisiones, por
regla general, no son susceptibles de recurso alguno. Sin embargo, en lo que
respecta a los autos de rechazo proferidos en el marco del control abstracto
de constitucionalidad, el artículo 6 del Decreto 2067 de 1991 prevé la
procedencia del recurso de súplica.

Dicho recurso tiene por objeto, en los términos de la jurisprudencia, «permitirle
al actor obtener una revisión de la decisión tomada en el auto de rechazo de la demanda de
inconstitucionalidad».

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Informó que el auto del 13 de febrero de 2026, notificado el 17 de febrero
siguiente, no fue objeto del recurso de súplica dentro del término previsto para
el efecto.

En consecuencia, afirmó que el actor no puede ahora hacer uso de un
mecanismo subsidiario y residual como es la acción de tutela para cuestionar
la decisión adoptada en la aludida providencia. El señor Segura Toloza tuvo a
su alcance la posibilidad de hacer uso del comentado recurso y no lo utilizó.

Por consiguiente, aseguró que la acción es improcedente, en cuanto a las
inconformidades sobre el auto del 13 de febrero de 2026, por incumplimiento
del requisito de subsidiariedad.

En todo caso, indicó que el rechazo de una demanda de acción pública de
inconstitucionalidad ya sea total o parcial no hace tránsito a cosa juzgada
constitucional. Por tanto, si el demandante a bien lo tiene puede presentar una
nueva demanda, siempre que cumpla las exigencias para su admisión.

Adujo que no pasa por alto que el actor radicó en dos oportunidades
memoriales con el fin de que se adoptaran medidas provisionales dentro de la
acción de inconstitucionalidad. Estos fueron remitidos oportunamente al
despacho del magistrado Carlos Camargo Assis, quien tuvo a su cargo el
estudio del expediente D-0017195. En consecuencia, a estos se les dio el
trámite correspondiente que se prevé para estos eventos. De allí que no exista
razón alguna que dé lugar a considerar que esta Corporación afectó los
intereses del señor Segura Toloza.

Con fundamento en los argumentos expuestos, solicitó declarar la
improcedencia de la acción de amparo.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19911, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Planteamiento del problema jurídico

De acuerdo con los antecedentes expuestos, se observa que el actor expuso varios
reparos frente al Acto Legislativo 02 de 2021. Sin embargo, de los escritos
presentados en el curso de esta acción de tutela se deriva que lo pretendido no era
emplearla para controvertir dicho Acto Legislativo, sino para lograr el decreto de
varias medidas provisionales, mientras que la Corte Constitucional decidía la
demanda de inconstitucionalidad que interpuso contra tal norma.

Teniendo en cuenta ese aspecto, le corresponde a la Sala establecer si la Corte
Constitucional vulneró derechos fundamentales del señor Jhon Jair Segura Toloza,
con ocasión de la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el tutelante.

1
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

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3. Análisis del caso concreto

3.1. La Sala observa que el 16 de enero de 2026 el actor radicó demanda de
inconstitucionalidad contra el Acto Legislativo 02 de 20212 y que los días 21
de enero, 3 y 9 de febrero de 2026 presentó memoriales ante la Corte
Constitucional solicitando el decreto de medidas provisionales consistentes en
(i) el otorgamiento de curules al Senado para las víctimas del conflicto armado
y (ii) el reconocimiento del partido político de víctimas denominado Movimiento
de Víctimas Colombianas «para la inscripción del candidato a la presidencia JHON JAIR
SEGURA TOLOZA».

El 13 de febrero de 2026, esto es cuatro días calendario tras la radicación del
último memorial de medidas provisionales, el magistrado ponente a quien se
le repartió el asunto profirió auto en el que rechazó la demanda de
inconstitucionalidad. Ese mismo día, el señor Jhon Jair Segura Toloza
presentó acción de tutela contra la Corte Constitucional. Y el 17 de febrero de
2026, es decir con posterioridad a la presentación de la tutela, se le notificó a
las partes el auto de rechazo.

Como lo expresó reiteradamente el actor, su propósito con la interposición de
la tutela era que se decretaran urgentemente las medidas provisionales
solicitadas ante la Corte Constitucional, pues las víctimas no podían esperar
hasta que esta última dictara sentencia.

El actor sustentó tal urgencia en que las elecciones a Congreso e inscripciones
para la Presidencia de la República se realizarían prontamente. De ahí que,
en su sentir, era indispensable ordenar (i) el otorgamiento a las víctimas del
conflicto armado de curules al Senado y (ii) el reconocimiento del partido
político de víctimas denominado Movimiento de Víctimas Colombianas lo antes
posible.

En sus palabras: «al no decretarse la MEDIDA PROVISIONAL estaríamos frente a un
daño irremediable a las víctimas las mismas no pudrían participar o tener representación
en el acto gobierno durante estos 4 años es decir 2026-2030 (…) no podemos esperar
una sentencia de la CORTE CONSTITUCINAL para proteger este derecho que es
importante y necesario para las victimas ya que se trata de una representación importante
para esta población» (Transcripción literal y negrillas propias).

3.2. Mediante auto de ponente de 13 de febrero de 2026 (notificado el 17 de febrero
de 20263), la Corte Constitucional rechazó la demanda de inconstitucionalidad
presentada.

Como fundamento de la decisión, se expuso que los actos legislativos
expedidos en virtud del procedimiento legislativo especial para la paz -PLEP-
fueron sometidos un control automático y único de constitucionalidad por parte
de la Corte Constitucional, pues así lo dispuso el artículo 1º, literal k)4 del Acto
Legislativo 01 de 2016.

Indicó que, como se expuso en sentencia C-174 de 2017, el control
constitucional automático por regla general implica que el texto normativo
examinado se confronta con todo el orden superior pertinente. De manera que
«no habría competencia para un juicio posterior sobre las mismas bases, por lo cual los fallos
de control automático harían en principio tránsito a cosa juzgada absoluta».

2
Las actuaciones surtidas en el trámite de inconstitucionalidad pueden consultarse en el siguiente enlace:
https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/expediente?proceso=1&expediente=D0017195&lista=datosExpedi entes_1773414267414
3
La notificación del auto de ponente de 13 de febrero de 2026 se efectuó con posterioridad a la radicación de la presente
tutela.
4
Acto Legislativo 01 de 2016. Por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la
implementación y el desarrollo normativo del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz
estable y duradera. Artículo 1º, literal k): «Los proyectos de ley y de acto legislativo tramitados mediante el Procedimiento
Legislativo Especial para la Paz tendrán control automático y único de constitucionalidad, posterior a su entrada en
vigencia».

7
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01072-00
Demandante: Jhon Jair Segura Toloza

En consecuencia, el magistrado ponente sostuvo que existe cosa juzgada
constitucional absoluta sobre el Acto Legislativo 02 de 2021, teniendo en
cuenta que en ejercicio del control automático y único de constitucionalidad se
profirió la sentencia C-089 de 2022, en la cual tal Acto Legislativo fue declarado
exequible.

De ahí que respecto de la acusación presentada por los accionantes frente a
los artículos transitorios 1° y 2° del Acto Legislativo 02 de 2021 se configura la
referida cosa juzgada, pues en esa oportunidad se efectuó el control integral
de la norma acusada.

Con todo precisó que, según la sentencia C-332 de 2017, existe la posibilidad
de un nuevo pronunciamiento luego del ejercicio de control único de
constitucionalidad, cuando sea palmaria «una eventual inconstitucionalidad
sobreviniente que resulte del cambio de parámetro de valoración constitucional».

A su vez, dispuso que en su jurisprudencia la Corte Constitucional ha señalado
que contra los actos legislativos solo proceden cargos por vicios de
procedimiento en su formación o por sustitución de la Constitución. Por fuera
de estos dos supuestos, la Corte carece de competencia para adelantar el
juicio de constitucionalidad.

Así las cosas, el despacho ponente afirmó que en la demanda no se
formularon cargos, siquiera de manera incipiente, por vicios de procedimiento
en la formación del Acto Legislativo 02 de 2021, ni por sustitución de la
Constitución.

Por el contrario, los reproches planteados por los accionantes se dirigían a
cuestionar la conveniencia, alcance territorial, duración temporal y aplicación
práctica de las circunscripciones transitorias especiales de paz, así como a
solicitar su modificación o ampliación. Sin embargo, ese tipo de argumentos
no corresponden a los cargos constitucionalmente habilitados contra actos
reformatorios de la Constitución, por lo que resultan jurídicamente
impertinentes en sede de control abstracto.

Sostuvo que el caso no supone una demanda insuficientemente argumentada,
sino «un escrito que no activa ninguno de los controles atribuidos por el artículo 241 de la
Constitución frente a los actos reformatorios». Por lo tanto, el despacho ponente
rechazó la demanda.

3.3. En consecuencia, dado que la notificación del auto de rechazo se realizó con
posterioridad a la presentación de la tutela, se infiere que, al desconocer la
decisión adoptada, el actor acudió a la acción de tutela el mismo día en que se
profirió el auto bajo el entendimiento de que la Corte Constitucional aún no se
había pronunciado sobre la demanda de inconstitucionalidad propuesta, ni
frente a las medidas provisionales solicitadas. Tal circunstancia generó la
interposición de la tutela.

Por ende, su finalidad con la tutela era que en el curso de esta última se
decretaran de forma célere las medidas provisionales, en consideración a que
no había tiempo para esperar hasta que la Corte Constitucional profiriera una
sentencia de fondo.

Teniendo en cuenta dicho propósito, la Sala considera que en el asunto no
existe vulneración alguna a los derechos fundamentales invocados por el
accionante.

La razón obedece a que el 13 de febrero de 2026, día en que el actor radicó
la tutela, el magistrado ponente dictó auto rechazando la demanda de

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01072-00
Demandante: Jhon Jair Segura Toloza

inconstitucionalidad. Esto significa que para la fecha en la cual el accionante
promovió la tutela, ya el juez constitucional había decidido no tramitar la
demanda de inconstitucionalidad interpuesta.

De ahí que no habría lugar a imputarle a la Corte Constitucional la transgresión
de derechos fundamentales o la configuración de una posible mora judicial,
pues para la fecha en que el actor acudió al juez de tutela, el trámite de
inconstitucionalidad que originó la tutela ya había sido resuelto con la decisión
de rechazo.

3.4. Finalmente, aunque de las pretensiones no se deriva que el actor esté
cuestionando el auto que rechazó la demanda, no sobra advertir que el artículo
6 del Decreto 2067 de 1991 consagra la procedencia del recurso de súplica,
justamente, contra esa providencia. Veamos:
«Repartida la demanda, el magistrado sustanciador proveerá sobre su admisibilidad
dentro de los diez días siguientes.
Cuando la demanda no cumpla algunos de los requisitos previstos en el artículo
segundo, se le concederán tres días al demandante para que proceda a corregirla
señalándole con precisión los requisitos incumplidos. Si no lo hiciere en dicho plazo
se rechazará. Contra el auto de rechazo, procederá el recurso de súplica ante la
Corte».

De ahí que las inconformidades respecto del auto que rechaza la demanda
deben surtirse a través del mencionado recurso de súplica.

3.5. Así las cosas, la Sala considera que en el caso no hay lugar a la intervención
del juez de tutela.

Por una parte, no se encontró que para la fecha de radicación de tutela
existiera alguna actuación u omisión de parte de la Corte Constitucional que
atentara contra los derechos del actor, en el marco de la demanda de
inconstitucionalidad presentada. Por el contrario, para el día en que el
accionante acudió al juez de tutela, ya el magistrado ponente de la Corte había
rechazado la demanda interpuesta.

Por otra parte, se encuentra que los eventuales reparos frente al auto que
rechaza la demanda de inconstitucionalidad deben tramitarse a través del
recurso de súplica.

4. Conclusión

En atención a las consideraciones expuestas, la Sala declarará la improcedencia
de la acción de tutela interpuesta por el señor Jhon Jair Segura Toloza.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el señor Jhon
Jair Segura Toloza, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01072-00
Demandante: Jhon Jair Segura Toloza

4. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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