Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01073-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01073-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01073-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
10 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Diez (10) de Agosto de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-15-000-2026-01073-011
Accionante : Marbella Centeno Guerrero
Accionado : Tribunal Administrativo del Cesar
Vinculados : Nación - Ministerio de Educación Nacional, departamento
del Cesar y Juzgado Décimo (10°) Administrativo de
Valledupar
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial, diferencias salariales en
escalafón docente
Decisión : Sentencia de segunda instancia
Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por la accionante contra el fallo
de Diez (10) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026), emitido por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C2, que declaró improcedente la acción de tutela de la
referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico.
1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por la actora frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará lo
relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se determinará lo que
corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.
1.2 La demanda de tutela.
2. Marbella Centeno Guerrero, quien actúa a través de apoderada judicial, interpuso
el presente recurso de amparo, con el fin de obtener la protección de los derechos
1
Expediente digital disponible en Samai.
2
C. P. William Barrera Muñoz.
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Accionante: Marbella Centeno Guerrero
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y
tutela judicial efectiva, presuntamente vulnerados por el Tribunal Administrativo del
Cesar.
3. Por consiguiente, solicitó dejar sin efectos la sentencia de Catorce (14) de Agosto
de Dos Mil Veinticinco (2025), mediante la cual, el Tribunal Administrativo del Cesar
confirmó la providencia de Veinticinco (25) de Marzo del mismo año, en la que, el
Juzgado Décimo (10°) Administrativo de Valledupar negó las pretensiones
formuladas en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida
contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional y el departamento de Cesar
(expediente 20001-33-33-010-2024-00094-01). En su lugar, pidió que se ordene a
la autoridad accionada emitir un nuevo fallo «[…] con una debida interpretación de la norma
aplicable al debate jurídico y, analizando de manera concreta [su] situación particular […] a la luz de
los argumentos planteados en la demanda ordinaria […]».
1.3 Hechos3.
4. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional y de lo relatado por la
accionante se puede evidenciar que, el Dos (2) de Agosto de Dos Mil Veinticuatro
(2024) instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
Nación - Ministerio de Educación Nacional y el departamento de Cesar
(expediente 20001-33-33-010-2024-00094-01), encaminada a obtener la
anulación de los oficios CES2024ER00835–CES2024EE004186 del Primero (1°)
de Marzo de Dos Mil Veinticuatro (2024) y 2024-EE-076571 del 8 de los mismos
mes y año, a través de los cuales se le negó « […] el derecho a la diferencia en el
incremento salarial que fue decretado de manera indiscriminada y desigual en el año 2009 para el
grado en el escalafón docente 2AE, con ocasión que fue realizado un incremento del 15.61%,
por medio de los Decretos Nacionales 702 y 1238 de 2009, proferidos por el MEN, mientras que
el incremento efectuando a la categoría del escalafón 2BE a la que pertenece […], fue
injustamente solo del 7.67% para su salario».
5. De ese asunto ordinario conoció el Juzgado Décimo (10°) Administrativo de
Valledupar que, el Veinticinco (25) de Marzo de Dos Mil Veinticinco (2025) negó las
pretensiones, al estimar que, «[…] si bien se evidencia que se presentaron diferencias en los
3
Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital de primera instancia en SAMAI, índice 00002.
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incrementos salariales entre los docentes 2AE y 2BE […], lo cierto es que este trato salarial
diferenciado no es discriminatorio, ni ilegal porque no se dio entre iguales, sino entre educadores
ubicados en distintos niveles del Escalafón Docente», por lo que, «[…] no conculca el principio
de igualdad- a igual trabajo igual salario, porque las condiciones de experiencia laboral (tres años) y
de idoneidad en la labor (obtención de la calificación satisfactoria de la prueba de competencia) […]
no son iguales […]».
6. Inconforme con esa decisión, la actora interpuso recurso de apelación, desatado
el Catorce (14) de Agosto de Dos Mil Veinticinco (2025) por el Tribunal
Administrativo del Cesar, en el sentido de confirmarla, con fundamento en que, «[…]
no existe discriminación al aplicar incrementos salariales desiguales, pues si bien desempeñan las
mismas funciones, bajo las mismas condiciones y con el mismo nivel de responsabilidad, la
estructura del escalafón docente clasifica por grupos a los maestros oficiales acorde con su
formación académica y prevé que estos puedan ascender en el escalafón si cumplen con los
requisitos académicos y la evaluación del periodo de prueba, desempeño o competencias según el
caso, descritos en el artículo 21 del Decreto 1278 de 2002 y en el caso de estudio no se evidencia
que la parte activa haya solicitado el ascenso de escalafón ».
7. Sobre la precedente situación, el tutelante expone que la providencia objeto de
censura incurre en (i) defecto sustantivo, comoquiera que, realiza una
interpretación abiertamente irrazonable y desproporcionada de las normas
constitucionales y legales aplicables al caso, particularmente del artículo 13 de la
Constitución Política, de la Ley 4 de 1992 y del Decreto Ley 1278 de 2002; y (ii)
defecto fáctico, porque, «[…] no se allegó prueba alguna que demostrara la existencia de
motivos válidos que justificaran dicha decisión administrativa […] ».
1.2 Contestaciones de la acción.
8. 2.1.1 El Juzgado Décimo (10°) Administrativo de Valledupar4 aportó el enlace
digital para acceder al expediente ordinario con radicado 20001-33-33-010-2024-
00094-01, pero, no se pronunció frente a los hechos y pretensiones expuestos por
la actora.
9. 2.1.2 El Tribunal Administrativo del Cesar5 adujo que, «[…] reitera y acoge los
fundamentos de orden constitucional, legal y jurisprudencial expuestos en la providencia de fecha
4
Índice 00014 de Samai.
5
Índice 00015 de Samai.
3
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catorce (14) de agosto de dos mil veinticinco (2025), así como los criterios impartidos por el juez
constitucional en la decisión adoptada dentro del presente trámite».
10. Además, indicó que «[…] los once (11) despachos administrativos del circuito de Valledupar
y los seis (6) despachos del Tribunal Administrativo han mantenido una línea uniforme en la decisión
de los procesos relacionados con el incremento salarial por concepto de escalafón docente
desestimando las pretensiones de las demandas presentadas, conforme al marco legal y
constitucional vigente».
11. 2.1.3 La Nación - Ministerio de Educación Nacional6 deprecó su
desvinculación del presente trámite constitucional, al carecer de legitimación en la
causa por pasiva, por cuanto «[…] la controversia planteada […] recae sobre una decisión
adoptada por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR».
12. 2.1.4 El departamento de Cesar guardó silencio en la oportunidad prevista para
el efecto.
1.3 Providencia impugnada7.
13. Mediante sentencia de Diez (10) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026), el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección C declaró improcedente la acción de tutela
de la referencia, por no satisfacer el presupuesto de la relevancia constitucional,
comoquiera que, «[…] lo planteado por la accionante corresponde a un mero desacuerdo con la
sentencia de segunda instancia, en tanto pretende que el juez constitucional imponga una
determinada forma de analizar el principio de igualdad ».
1.4 La impugnación8.
14. Inconforme con esa determinación, la demandante la impugnó, para cuyo
propósito reiteró los argumentos expuestos en la solicitud de amparo.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia.
6
Índice 00016 de Samai.
7
Índice 00020 del expediente de Samai de primera instancia.
8
Índice 00024 del expediente de Samai de primera instancia.
4
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15. En virtud de los artículos 329 del Decreto ley 2591 de 199110 y 2511 del Acuerdo
80 del Doce (12) de marzo de Dos Mil Diecinueve (2019)12 expedido por la sala
plena del Consejo de Estado, esta Subsección es competente para conocer de la
presente impugnación.
2.2 La acción.
16. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
2.3 Problema Jurídico.
17. Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar si
la sentencia de Catorce (14) de Agosto de Dos Mil Veinticinco (2025), mediante la
cual, el Tribunal Administrativo del Cesar confirmó la providencia de Veinticinco (25)
de Marzo del mismo año, en la que, el Juzgado Décimo (10°) Administrativo de
Valledupar negó las pretensiones formuladas en la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 20001-33-33-010-2024-00094-01,
adolece de defectos sustantivo y fáctico y, por consiguiente, vulnera los derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y
tutela judicial efectiva invocados por la accionante.
2.4 La acción de tutela contra providencias judiciales.
9
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente».
10
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
11
«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
12
Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».
5
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18. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional 13 y de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado14, es posible acudir
a la acción de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando
estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este
contexto, se han estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, generales y específicos, los cuales, deben
satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede
someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si
con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a
vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.
19. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.
20. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente
al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda
13
Sentencia C-590 de 2005.
14
sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
6
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Accionante: Marbella Centeno Guerrero
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la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales;
(vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica
del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado;
y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial
supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se
está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.
21. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en el sub lite se observa que, (i) el asunto planteado,
contrario a lo indicado en primera instancia, comporta relevancia constitucional, en
la medida en que recae, a juicio de la actora, en una indebida aplicación normativa
y valoración probatoria relacionada con la fijación de incrementos salariales en el
escalafón docente, lo cual, de comprobarse, conllevaría a la vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de
justicia y tutela judicial efectiva; (ii) contra la decisión objeto de censura no procede
recurso alguno; (iii) se establecieron los hechos que originaron el supuesto
quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez se
satisface, teniendo en cuenta que, la providencia atacada quedó ejecutoriada el
Veintisiete (27) de Agosto de Dos Mil Veinticinco (2025)15 y la solicitud de amparo
se presentó el Trece (13) de Febrero de Dos Mil Veintiséis (2026), es decir, dentro
de los seis meses; y (v) el fallo acusado no es de tutela.
22. En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo
del asunto bajo las causales específicas denominadas defecto sustantivo y defecto
fáctico invocadas por la demandante.
15
Según constancia de ejecutoria emitida por la secretaría del Tribunal Administrativo del Cesar.
7
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01073-01
Accionante: Marbella Centeno Guerrero
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
2.4.1 Defecto sustantivo.
23. Sea lo primero precisar que el artículo 230 de la Constitución Política prevé que
los jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato,
las autoridades judiciales deben decidir las controversias de acuerdo con las normas
que regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.
24. La jurisprudencia constitucional16 ha estimado que la providencia judicial
proferida con desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado
defecto sustantivo, que se configura cuando la controversia es decidida con
fundamento en una disposición legal inaplicable al caso concreto, bien porque fue
derogada, declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no tiene relación con
el decidido, la interpretación que hace de ella el juez es paradójica o simplemente
se omite aplicarla. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo:
Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o
yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación
de las disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el
defecto dé lugar a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una
irregularidad de alta trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o
lesione la efectividad de los derechos constitucionales 17.
2.4.2 Defecto fáctico.
25. Sea lo primero anotar que una providencia judicial se encuentra viciada por
defecto fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin
contar con supuestos ciertos, esto es, «surge cuando carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión »18.
26. La Corte Constitucional ha sostenido que, el defecto fáctico contiene dos
aspectos o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo, que se presenta
cuando el funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no
apta para ello. Por su parte, la segunda dimensión, se trata de un aspecto negativo
16
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
17
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
18
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01073-01
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que alude a aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se configura en los
eventos en que da por no probado un hecho caprichosamente, pese a obrar
suficiente material probatorio que lo demuestra19.
2.5 Análisis del caso concreto.
27. En el asunto sub examine, la demandante aduce que la providencia cuestionada
incurrió en defecto sustantivo, comoquiera que, realiza una interpretación
abiertamente irrazonable y desproporcionada de las normas constitucionales y
legales aplicables al caso, particularmente del artículo 13 de la Constitución
Política, de la Ley 4 de 1992 y del Decreto Ley 1278 de 2002, avalando un trato
discriminatorio y desigual entre categorías del escalafón docente.
28. Asimismo, en defecto fáctico, porque, «[…] no se allegó prueba alguna que
demostrara la existencia de motivos válidos que justificaran dicha decisión administrativa […] ».
29. Ahora bien, se tiene que la autoridad accionada en el fallo objeto de censura,
concluyó:
[…] sería erróneo afirmar, conforme manifestó el recurrente, que el Gobierno Nacional
está imposibilitado para fijar valores en los que se aumente la asignación salarial
diferente entre los escalafones y niveles salariales de los docentes, en otras palabras,
que el aumento salarial debe ser igual para todos los docentes cada año, lo indicado
por el apelante pierde sustento, toda vez que el Gobierno Nacional cuenta con amplia
potestad de configuración normativa para fijar los valores de incremento salarial cada
año y los mismos deben obedecer a razones de política macroeconómica y fiscal de
acuerdo a lo estipulado en el artículo 2, literal “h” de la Ley 4 de 1992.
Así las cosas, la decisión del Gobierno Nacional de aumentar las asignaciones
salariales de la población docente oficial de específica para cada grado y nivel salarial
para los años 2008, 2009 y 2011, se hizo acorde a lo consagrado por las normas que
rigen la materia y con base en la amplia potestad de configuración normativa que fue
otorgada por la misma Constitución Política.
En consonancia con lo anterior, respecto al cargo referente a la falta de motivación en
los actos administrativos demandados sobre la disparidad en el porcentaje de aumento
salarial a pagar, es necesario aclarar que los decretos que establecen la escala única
nacional de salarios y el régimen prestacional de los docentes son un acto administrativo
de carácter general, en ese sentido, no requieren ser justificados con el mismo detalle
que un acto particular y concreto, respecto de las modificaciones que pueda realizar
siempre y cuando se ciña a los lineamientos de la Ley marco, pues la motivación se
entiende implícita en la amplia facultad de configuración normativa que fue conferida al
Gobierno Nacional por el legislador para la materia.
[…]
19
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
9
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01073-01
Accionante: Marbella Centeno Guerrero
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
De otro lado, el recurrente alegó que los actos administrativos demandados vulneran el
principio de igualdad y el principio de “a trabajo igual salario igual” de la población
docente afectada. Sobre el tema, la Corte Constitucional ha sido incisiva en destacar
que en un estado social de derecho la igualdad protegida por la Constitución no es
matemática sino material […].
[…]
De igual manera, sobre el principio de “a trabajo igual salario igual” el Consejo de
Estado20 en reciente jurisprudencia se pronunció indicando:
“155. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha considerado que es permitido
otorgar un trato diferencial, siempre que se den las siguientes condiciones: “[…] que
las personas se encuentren efectivamente en distinta situación de hecho; que el trato
distinto que se les otorga tenga una finalidad; que dicha finalidad sea razonable, vale
decir, admisible desde la perspectiva de los valores y principios constitucionales; que
el supuesto de hecho -esto es, la diferencia de situación, la finalidad que se persigue
y el trato desigual que se otorga- sean coherentes entre sí o, lo que es lo mismo,
guarden una racionalidad interna; que esa racionalidad sea proporcionada, de suerte
que la consecuencia Jurídica que constituye el trato diferente no guarde una absoluta
desproporción con las circunstancias de hecho y la finalidad que la justifican […]” .
156. De la jurisprudencia en mención se puede concluir que el trato diferenciado es
constitucionalmente admisible siempre que cumpla con una serie de requisitos
estrictos de razonabilidad y proporcionalidad. Lo anterior refuerza el principio de
igualdad material consagrado en la Constitución Política, que permite excepciones
al trato igualitario en la medida en que estén justificadas en criterios objetivos y
razonables, evitando discriminaciones arbitrarias o desproporcionadas.
[…]
Del mismo modo, se tiene que la estructura del escalafón docente se encuentra
conformada por 3 grados (1, 2 y 3) en el que serán ubicados con base a su formación
académica y 4 niveles salariales en los que se inscribirán o ascenderán una vez
superado la evaluación del periodo de prueba o las evaluaciones de desempeño y
competencias, conforme fue dispuesto en el artículo 2021 y siguientes del Decreto 1278
de 2002.
Ahora bien, para el año 2008 fue expedido en el mes de febrero el Decreto 624, que fijó
la asignación básica mensual para los docentes del grado 2 distinguiendo solo por grado
de escalafón y nivel salarial, no obstante, por medio del Decreto 714 de marzo del
mismo año, se modificó el decreto anterior en el sentido que se fijó para los docentes
del grado 2 en sus distintos niveles una asignación diferente para quienes tuviesen título
de especialización y quienes no, beneficiando a quienes tuvieran mejor nivel de
formación profesional, lo cual se encuentra conforme con los objetivos y criterios de la
Ley 4 de 1992.
Bajo esa óptica, no es posible evidenciar una vulneración al principio de “a trabajo igual
salario igual” bajo el entendido que conforme fue indicado en párrafos precedentes, la
población que se encuentra en los diferentes niveles y grados del escalafón no son
iguales, dado que para pertenecer a cada uno se necesita acreditar el cumplimiento de
unos requisitos específicos, en consecuencia, se despacharan desfavorablemente
estos cargos.
20
Consejo de estado. Sección primera. Radicado 11001-03-24-000-2012-00238-00 del 20 de marzo de 2025. MP. Germán
Eduardo Osorio Cifuentes.
21
ARTÍCULO 20. ESTRUCTURA DEL ESCALAFÓN DOCENTE. El Escalafón Docente estará conformado por tres (3) grados.
Los grados se establecen con base en formación académica. Cada grado estará compuesto por cuatro (4) niveles salariales
(A - B - C - D).
Quienes superen el período de prueba se ubicarán en el Nivel Salarial A del correspondiente grado, según el título académico
que acrediten; pudiendo ser reubicados en el nivel siguiente o ascender de grado, después de tres (3) años de servicio,
siempre y cuando obtengan en la respectiva evaluación de competencias el puntaje indicado para ello, según lo dispuesto en
el artículo 36 del presente decreto.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01073-01
Accionante: Marbella Centeno Guerrero
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
De manera conclusiva, la diferencia traída a términos porcentuales en el aumento de la
asignación salarial para los diferentes niveles y grados salariales es ajustada a derecho,
pues contrario a lo afirmado por el apelante el Gobierno Nacional no está obligado a
incrementar en un porcentaje igual el valor año tras año, [ya que] cuenta con amplia
potestad de configuración normativa para fijar la escala salarial en tanto se limite a lo
dispuesta en la Ley 4 de 1992, como lo hizo en el caso de estudio.
30. De lo expuesto se colige que, contrario a lo indicado por la tutelante, la autoridad
demandada sí aplicó en debida forma el Decreto 1278 de 2022, distinto es que,
concluyera que, precisamente, uno de sus principales objetivos era establecer un
escalafón docente cuya clasificación atendiera diversos criterios como el nivel de
responsabilidad, desempeño, competencias, formación académica y experiencia,
para así determinar un salario diferencial de los educadores, sin que ello implicara
un trato discriminatorio o desigual.
31. Para arribar a dicha deducción, la autoridad accionada tuvo en cuenta el criterio
fijado por esta Corporación en un asunto de similares contornos22, según el cual,
«[l]a jurisprudencia de la Corte Constitucional ha considerado que es permitido otorgar un trato
diferencial, siempre que se den las siguientes condiciones: […] que las personas se encuentren
efectivamente en distinta situación de hecho; que el trato distinto que se les otorga tenga una
finalidad; que dicha finalidad sea razonable, vale decir, admisible desde la perspectiva de los valores
y principios constitucionales; que el supuesto de hecho -esto es, la diferencia de situación, la finalidad
que se persigue y el trato desigual que se otorga- sean coherentes entre sí o, lo que es lo mismo,
guarden una racionalidad interna; que esa racionalidad sea proporcionada, de suerte que la
consecuencia Jurídica que constituye el trato diferente no guarde una absoluta desproporción con
las circunstancias de hecho y la finalidad que la justifican» .
32. Ahora bien, para la Sala, no corresponde a la realidad el argumento de la tutelante
con el que explicó el supuesto defecto fáctico en el que, a su juicio, incurrió la
providencia reprochada, relacionado con que no se allegó prueba alguna que
demostrara la existencia de motivos válidos que justificaran la distinción salarial
alegada, pues, la autoridad accionada, además de todo lo mencionado en
precedencia, advirtió que, «[…] si bien [los docentes] desempeñan las mismas funciones, bajo
las mismas condiciones y con el mismo nivel de responsabilidad, la estructura del escalafón docente
clasifica por grupos a los maestros oficiales acorde con su formación académica y prevé que estos
puedan ascender en el escalafón si cumplen con los requisitos académicos y la evaluación del
periodo de prueba, desempeño o competencias según el caso, descritos en el artículo 21 del Decreto
22
Consejo de estado. Sección primera. Radicado 11001-03-24-000-2012-00238-00 del 20 de marzo de 2025. C.P. Germán
Eduardo Osorio Cifuentes.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01073-01
Accionante: Marbella Centeno Guerrero
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
1278 de 2002 y en el caso de estudio no se evidencia que la parte activa haya solicitado el ascenso
de escalafón».
33. Asimismo, es claro que el Tribunal Administrativo del Cesar ya había resuelto con
suficiente motivación la inconformidad planteada por la accionante en el recurso de
apelación interpuesto contra el fallo de Veinticinco (25) de Marzo de Dos Mil
Veinticinco (2025), en el que, el Juzgado Décimo (10°) Administrativo de Valledupar
negó las pretensiones formuladas en la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 20001-33-33-010-2024-00094-01, la cual reiteró en esta
acción de tutela (para lo cual invocó las causales de defecto sustantivo y defecto
fáctico), lo que denota que su intención, más allá de manifestar la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales, es utilizar este mecanismo
constitucional como una instancia adicional con el fin de obtener un
pronunciamiento favorable a sus intereses.
34. En consecuencia, no se configuró ni el defecto sustantivo ni el fáctico alegados
por la actora, puesto que, la determinación objeto de reproche estuvo debidamente
fundamentada, tanto normativamente como de conformidad con las pruebas y
postura jurisprudencial del Consejo de Estado sobre la materia.
35. Por último, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que el razonamiento que
efectúa el juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía
e independencia, ámbito que debe ser respetado por el juez de tutela cuando no
observa vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria su
intervención.
III. DECISIÓN
36. Por las razones señaladas, comoquiera que, para la Sala, contrario a lo indicado
en primera instancia, en este caso el análisis efectuado supera el requisito de
relevancia constitucional; no obstante, como la actora no acreditó que la providencia
reprochada, hubiere incurrido en defectos sustantivo y fáctico, se revocará el fallo
impugnado, que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia, para, en
su lugar, negar el amparo deprecado.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01073-01
Accionante: Marbella Centeno Guerrero
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. REVOCAR la sentencia de Diez (10) de Abril de Dos Mil Veintiséis
(2026), emitida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, que
declaró improcedente la acción de tutela de la referencia. En su lugar, NEGAR el
amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la
administración de justicia y tutela judicial efectiva invocados por Marbella Centeno
Guerrero, por las razones consignadas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. COMUNICAR la presente decisión a la Sección Tercera, Subsección C
de esta Corporación y remitir copia.
CUARTO. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto
ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA
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