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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01076-00

Fecha
26 de marzo de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01076-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01076-00

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

26 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: Miguel Ángel Tello Toro y otros.
Parte accionada: Tribunal Administrativo de Nariño – Sala Primera de
Decisión.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01076-00.
Asunto: Tutela contra providencia judicial. Improcedencia por falta de
relevancia constitucional.

Sentencia de primera instancia

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte accionante
contra la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

1.1. El 10 de septiembre de 2014, el señor Miguel Ángel Tello Toro fue
arrollado por una bicicleta, accidente que le ocasionó una fractura de
nariz y una herida en la frente, motivo por el cual fue trasladado en
ambulancia desde el Municipio de Imués hasta Ipiales. Durante dicho
trayecto sufrió una colisión que le generó nuevas lesiones.

1.2. Los señores Miguel Ángel Tello Toro, Diela María Checa, Alejandra
Karolina Nandar Tello, Aida Lucía Tello Checa, Juan Carlos Díaz Tello,
Hermes Camilo Díaz Tello, Luis Antonio Tello Checa, José Antonio Tello
Lagos, Cristian David Tobar Tello, Hernán Evelio Tello Checa, Yenny
Alicía Tello Checa y Dary Yaneth Tello Checa presentaron demanda de
reparación directa contra el Instituto Nacional de Vías -INVIAS-, la

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Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- y la sociedad CASS
Constructores & CIA SCA, con el fin de que fuesen declaradas
administrativa y patrimonialmente responsables por los perjuicios
causados con ocasión del accidente de tránsito ocurrido en la vía Junín
– Pedregal del Municipio de Imués donde resultó lesionado el señor
Miguel Ángel Tello Toro.

1.3. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Pasto, mediante
providencia de 8 de abril de 2021 accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda al considerar que la parte actora demostró
que existió un daño antijurídico, el cual le es atribuible a la sociedad
CASS CONSTRUCTORES y al INVIAS.

1.4. Contra la decisión anterior la parte demandante y demandada del
proceso de reparación directa presentaron recurso de apelación.

1.5. La Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño,
mediante sentencia de 1° de agosto de 2025 modificó el numeral cuarto
de la decisión de primera instancia que había tasado los perjuicios
materiales y morales y, en su lugar, dispuso “[…] CONDENAR en
abstracto al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS y CASS
CONSTRUCTORES S.A.S., al pago de los perjuicios morales y
materiales que deberán ser calculados en el incidente que promueva la
parte interesada en los términos del artículo 193 y el numeral 4° del
artículo 209 del C.P.A.C.A. […]”.

Lo anterior al considerar que si bien se acreditó la ocurrencia del daño y
la responsabilidad de la parte demandada en el presente asunto, no
resulta procedente imponerle el deber de resarcir la totalidad del
menoscabo en la salud sufrido por el señor Miguel Ángel Tello Toro, por
cuanto ya había presentado previamente un traumatismo
craneoencefálico (TCE) de tipo moderado, producto de un accidente
anterior en el que fue arrollado por una bicicleta, mismo que conforme a
su historia clínica fue de gravedad.

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2. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora manifestó que la autoridad accionada incurrió en defecto
fáctico porque desconoció la historia clínica y anuló el dictamen médico pericial
No.0680-2019 rendido por la Junta Regional de Nariño que determinó la
pérdida de capacidad laboral (PCL) del 43,60% y del agravamiento del
traumatismo craneoencefálico (TCE) moderado a raíz del accidente con la
bicicleta a TCE severo como consecuencia del accidente con la volqueta.

Agregaron que el tribunal accionado erró al exigir un nuevo dictamen que
determinara porcentualmente que secuela pertenecía a cada impacto que
recibió el señor Miguel Ángel Tello Toro, ya que ello implica pretender que la
medicina forense realizara “[…] una partición matemática exacta de un
organismo humano ya fragmentado por la tragedia […]”, generando una
barrera insuperable que anularía el derecho a la reparación integral a que se
refiere el “[…] Decreto 1507 de 2014 en concordancia con la Sentencia C-425
de 2005 de la Corte Constitucional […]”.

Aseguraron que el tribunal accionado realizó un uso indebido de la causalidad
como excusa para no reparar, afirmando que la falta de discriminación
porcentual entre el primer y segundo accidente impedía cuantificar con
precisión el monto de la indemnización, condicionando toda la reparación a un
nuevo dictamen fraccionado, en lugar de asumir su función de valorar la
prueba global y fijar por lo menos de manera aproximada y razonable la
reparación.

Advirtieron que la accionada incurrió en defecto procedimental al
desnaturalizar la figura de la condena en abstracto y del incidente de
liquidación de perjuicios utilizándolos como instrumentos para reabrir y
reconfigurar el debate sobre el daño y la imputación e introducir una nueva
carga probatoria que no se deriva de la ley ni fue exigida en la etapa
declarativa.

Aseveraron que se incurrió en defecto sustantivo y en desconocimiento del

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precedente por apartarse del régimen legal y jurisprudencial del llamamiento
en garantía y, por convertir la eventual intervención causal de un tercero no
vinculado en un obstáculo para la reparación.

Afirmaron que la autoridad accionada desconoció el régimen de llamamiento
en garantía previsto en el artículo 225 de la Ley 1437 de 2011 y la
jurisprudencia de “[…] la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de
Estado Sentencia del 20 de febrero de 2020, Rad. 17001-23-33-000-2018-
00006-01(63529) […]”.

3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1. TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso efectivo a la administración de justicia, a la igualdad, a la dignidad
humana, al mínimo vital y a la reparación integral del daño antijurídico de
los señores MIGUEL ÁNGEL TELLO TORO y demás accionantes.

2. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de segunda instancia de 1.º de
agosto de 2025, proferida por la Sala Primera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Nariño dentro del medio de control de Reparación
Directa radicado No. 52001333300420160027102, especialmente en lo
relativo al acápite II.7.5 “Liquidación de perjuicios” y a la exigencia de un
nuevo dictamen de PCL fraccionado, por configurar defecto fáctico,
exceso ritual manifiesto, defecto sustantivo, desconocimiento del
precedente y desconocimiento del régimen del llamamiento en garantía.

3. ORDENAR a la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo
de Nariño que, dentro del término de 30 días siguientes a la notificación
del fallo de tutela, profiera una nueva sentencia de segunda instancia en
el proceso de Reparación Directa No. 52001333300420160027102, en la
cual: (i) se reconozca el dictamen de PCL del 43,60 % como soporte
técnico–médico suficiente para cuantificar el daño a la salud y los
perjuicios derivados; (ii) se declare expresamente que la eventual
responsabilidad del ciclista en el primer accidente no puede emplearse
para reducir la indemnización frente a la víctima ni para trasladar a ésta
las consecuencias de no haber sido llamado en garantía, carga procesal
que correspondía exclusivamente a las entidades demandadas; y (iii) se
liquiden directamente los perjuicios en la propia sentencia, o,
subsidiariamente, se establezcan parámetros claros, razonables y
ajustados al principio de integralidad para el incidente de liquidación, sin
supeditar la reparación a una “prueba diabólica” de fraccionamiento
porcentual por accidentes que el ordenamiento no exige ni el sistema de
calificación de invalidez está en capacidad de producir.

4. SUSPENDER el trámite del incidente de liquidación de perjuicios

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que se adelanta en el proceso No. 520013333004-2016-00271-00 ante el
Juzgado Cuarto Contencioso Administrativo de Pasto, así como los
efectos del auto del 3 de febrero de 2026 que supedita la reparación a un
nuevo dictamen de PCL, hasta tanto se resuelva de fondo la presente
acción de tutela y se profiera nueva sentencia de segunda instancia […]”.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Mediante auto de 6 de marzo de 2026, se admitió la presente acción de tutela
y se vinculó al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Pasto, al Instituto
Nacional de Vías -INVIAS-, a la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-, a
la sociedad CASS Constructores & CIA SCA, a QBE SEGUROS SA, a Allianz
Seguros SA, a Mapfre Seguros Generales de Colombia SA y a los herederos
de la señora Diela María Checa, en calidad de terceros con interés directo en
el resultado del proceso.

III. INTERVENCIONES

1. El Tribunal Administrativo de Nariño rindió informe en el que manifestó que
la presente acción de tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad en
razón a que el incidente de liquidación de perjuicios previsto en el artículo 193
de la Ley 1437 de 2011 es el escenario procesal idóneo para definir los
aspectos técnicos relacionados con la cuantificación del daño y,
particularmente, para allegar los elementos probatorios necesarios que
permitan determinar el porcentaje de pérdida de capacidad laboral atribuible
al accidente imputado a las entidades demandadas.

Adicionalmente, indicó que la decisión cuestionada por los actores fue
adoptada dentro del ámbito de la autonomía e independencia judicial, con
fundamento en una valoración integral del material probatorio obrante en el
expediente, motivo por el cual no incurrió en la vulneración de derechos
fundamentales.

2. La Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- indicó que carece de
legitimación en la causa por pasiva, razón por la cual solicitó su desvinculación
toda vez que no existe vínculo jurídico ni fáctico entre esa entidad y los hechos

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que originaron la presente acción de tutela.

3. La sociedad CASS Constructores & CIA SCA solicitó declarar improcedente
la acción de tutela de la referencia porque se está utilizando como una tercera
instancia y no cumple con el requisito de inmediatez, máxime cuando la
decisión acusada se encuentra debidamente fundamentada porque valoró el
acervo probatorio, reconoció la existencia de dos accidentes independientes y
determinó técnicamente la necesidad de diferenciar el daño atribuible a cada
uno.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.

2. Cuestión previa

La Sala advierte que la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- solicitó su
desvinculación del presente trámite de tutela.

La Sala considera que, comoquiera que la Agencia Nacional de Infraestructura
-ANI- fungió como parte procesal dentro del expediente objeto de tutela
identificado con el radicado 52001-33-33-004-2016-00271-02, le asiste interés
directo en la decisión de la acción constitucional de la referencia, razón por la
que se negará la solicitud de desvinculación.

1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

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3. Problemas jurídicos

De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sección debe establecer:

A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y,
si ello es así, se deberá:

B) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.

4. Caso concreto

4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela

La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional2 como del Consejo
de Estado3 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de unos
requisitos generales y, como segunda medida, a la configuración de alguno de
los requisitos especiales para dicha procedencia.

Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales se han establecido, los siguientes: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la
identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en
el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las
excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

2
Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras.
3
Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009-01328-01(IJ) y 2012-02201-01,
respectivamente. Entre otras.

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El requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales atinente a la relevancia constitucional se entiende satisfecho cuando
se acredita que el asunto planteado gira en torno al contenido, alcance y goce
de algún derecho fundamental4 y se descarta el uso del mecanismo de amparo
como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces5.

En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional precisó que la sola
mención de la vulneración de un derecho fundamental y la asociación de dicha
afectación con la configuración de un defecto es insuficiente para tener por
acreditado el cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional.

En ese sentido, en dicha decisión, se señaló que, además de la obligación de
identificar cuáles eran los derechos fundamentales vulnerados y por qué se
configuró el defecto alegado, el extremo accionante debe hacer una exposición
a partir de la cual se evidencie que el caso en cuestión: (i) tiene la “[…] entidad
de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]»; (ii) que el alcance de la controversia
“[…] no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”, y (iii) que se “[…]
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales […]”.

En este contexto, resulta claro que la relevancia constitucional como requisito
genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
tiene como propósito; (i) evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente económico; (ii)
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la
competencia y la independencia del juez ordinario.

4
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente:
Dr. Jaime Córdoba Triviño.
5
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.

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Respecto de lo anterior, esta Sala advierte que la argumentación que esgrimió
la parte actora para acreditar la supuesta vulneración de los derechos
fundamentales en que incurrió la autoridad accionada no devela que el
presente asunto gire en torno al alcance de algún derecho fundamental, sino,
únicamente, frente a la mera inconformidad con la decisión adoptada en el
marco del proceso de reparación directa con radicación núm. 52001-33-33-
004-2016-00271-02.

Lo anterior teniendo en cuenta que el extremo accionante en ningún momento
está poniendo de relieve que la autoridad judicial haya incurrido en una
arbitrariedad judicial, ni tampoco hace una exposición a partir de la cual se
evidencie que su caso tiene la “[…] entidad de interpretar, aplicar, desarrollar
la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental” y
mucho menos justifica “[…] razonablemente una afectación desproporcionada
a derechos fundamentales”.

Cabe destacar que la argumentación planteada por la parte actora está asociada
a que la autoridad accionada al condenar en abstracto desconoció el dictamen
médico pericial No. 0680-2019 rendido por la Junta Regional de Nariño y que
la segunda colisión generó un traumatismo craneoencefálico mayor al que
inicialmente se le generó, circunstancia que se traduce en la reapertura de un
asunto que ya fue resuelto por el juez natural de la causa judicial.

En este contexto, se considera que los argumentos de la parte actora más que
develar la existencia de una cuestión que sea de “verdadera relevancia
constitucional” que conlleve la presunta transgresión de derechos
fundamentales, demuestra una inconformidad con la decisión adoptada por la
autoridad accionada como si este mecanismo se tratase de un recurso o
instancia adicional, por lo cual el juez de tutela no puede inmiscuirse en dicho
asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela un carácter que no le es propio
de su naturaleza y de paso invadir la competencia y la independencia del juez
natural.

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Por último, también se observa que las pretensiones de la parte actora resultan
tener una connotación estrictamente económica, toda vez que su
inconformidad es por la forma en que se ordenó tasar los perjuicios,
circunstancia que escapa de la competencia del juez de tutela.

Bajo los anteriores argumentos, la Sala declarará improcedente la acción de
tutela, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Agencia
Nacional de Infraestructura -ANI-, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la
referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta
sentencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

CUARTO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

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PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

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