Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01083-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01083-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-01083-01
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
29 de mayo de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01083-01
Accionante: Andrés Felipe Angulo Rivera
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01083-01
Accionante: Andrés Felipe Angulo Rivera
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección
Segunda-Subsección A
Referencia: Acción de tutela
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial-carácter subsidiario del amparo. Requisitos
generales de procedencia. Relevancia constitucional – improcedencia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante contra la
sentencia proferida el 12 de marzo de 2026 por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado que declaró improcedente el amparo.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
Andrés Felipe Angulo Rivera, a través de apoderado judicial, formuló acción de
tutela con el propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia y al trabajo1,
que estimó vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección
Segunda-Subsección A con ocasión de la sentencia proferida el 4 de agosto de
2025 dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con
el radicado número 11001-33-42-047-2020-00219-00/01.
2. Hechos
El escrito de tutela se sustenta en los siguientes supuestos fácticos:
2.1. De conformidad con lo consignado en el Acta No. 152 GUTAH-SUBCO-2.25, la
Junta de Evaluación y Clasificación para Suboficiales, Personal del Nivel Ejecutivo
y Agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá (MEBOG) recomendó el retiro del
señor Andrés Felipe Angulo Rivera de su cargo como patrullero de vigilancia
adscrito al CAI Laureles por decisión de la Dirección General de la Policía Nacional.
1 Índice 00002 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, certificado
4B568F045B0FB64E E3916719EF6A1C53 798B2CE8E5D2A1A3 7B250FCF77CC1484.
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Accionante: Andrés Felipe Angulo Rivera
2.2. En consecuencia, el Brigadier General Óscar Antonio Gómez Heredia,
comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, expidió la Resolución No. 041
del 31 de enero de 2020, que dispuso el retiro discrecional del señor Andrés Felipe
Angulo Rivera del servicio activo de la Policía Nacional.
2.3. En virtud de lo anterior, el señor Angulo Rivera interpuso demanda en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en virtud de la cual
solicitó que se declare la nulidad de la Resolución No. 041 del 31 de enero de 2020
y, a modo de restablecimiento, se ordene a la Policía Nacional el reintegro al servicio
activo en el mismo cargo que se encontraba desempeñando o uno equivalente y
que se reconozcan en su favor los sueldos, primas, bonificaciones, vacaciones y
demás emolumentos dejados de percibir desde el momento de su retiro hasta que
se efectúe su reintegro.
A juicio del accionante, la motivación de la Resolución No. 041 del 31 de enero de
2020 no fue congruente con las concertaciones de la gestión realizadas en el año
2018 y 2019, de las cuales se obtuvo como resultados de la evaluación anual un
puntaje de 1197 y 1192 respectivamente, lo que, a su criterio, correspondía a un
nivel “superior” y no “no satisfactorio”.
Asimismo, expuso que el formulario de seguimiento indicó que el patrullero cumplió
la totalidad de sus compromisos y que su trayectoria fue reconocida por su buen
desempeño. Por ende, consideró que las anotaciones realizadas por la Junta
Evaluadora, en las que señaló una serie de deficiencias en la operatividad y
cumplimiento de las funciones, no fueron congruentes con los documentos recién
mencionados.
2.4. El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Cuarenta y Siete
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá bajo el radicado número 11001-33-42-
047-2020-00219-00, autoridad judicial que, mediante sentencia del 6 de diciembre
de 2022 negó las pretensiones de la demanda. Consideró que el acto administrativo
demandado no incurrió en los vicios de expedición irregular, falsa motivación,
desviación de poder ni infracción de norma superior.
La autoridad judicial reconoció que en efecto el señor Angulo Rivera obtuvo
calificaciones satisfactorias en los años 2018 y 2019, así como 18 felicitaciones y 2
condecoraciones a lo largo de su trayectoria. No obstante, también se constató que
el accionante obtuvo 23 anotaciones negativas, las cuales no fueron desvirtuadas
por el patrullero a través de la interposición de recursos o reclamaciones. Por ende,
el Juzgado concluyó que la razón de retiro fue congruente con la realidad plasmada
en su hoja de vida.
Finalmente, el juez concluyó que se aplicó correctamente los artículos 54, 55 y 62
del Decreto 1791 de 2000 y que la entidad demandada cumplió el estándar de
motivación exigido por la jurisprudencia del Consejo de Estado.
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Accionante: Andrés Felipe Angulo Rivera
2.5. Inconforme con dicha decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación,
el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante
sentencia del 4 de agosto de 2025 que confirmó la decisión de primera instancia,
con fundamento en argumentos sustancialmente coincidentes. Al igual que el
Juzgado, reconoció que el accionante había acreditado un buen desempeño a
través de evaluaciones en las que obtuvo calificación superior; sin embargo,
también sostuvo que el accionante tuvo múltiples anotaciones negativas.
Por ende, al considerar que el buen desempeño en las calificaciones no elimina la
facultad discrecional del nominador y que las observaciones negativas impactaron
la gestión del patrullero, concluyó que el acto administrativo fue debidamente
motivado y, por ende, confirmó la decisión tomada por el a quo.
3. Pretensiones y argumentos de la solicitud 2
La parte actora solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia, al trabajo y a los
principios de confianza legítima y seguridad jurídica. En consecuencia, pidió dejar
sin efectos la sentencia proferida el 4 de agosto de 2025 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y, en su lugar, ordenar la emisión de una decisión
de reemplazo conforme con las pretensiones formuladas en el proceso ordinario.
Para sustentar la solicitud, alegó la configuración de los siguientes defectos:
3.1. Defecto sustantivo. Sostuvo que la autoridad judicial accionada avaló un acto
administrativo que, a su juicio, incurrió en falsa motivación y en una aplicación
irrazonable del régimen de retiro discrecional.
Asimismo, manifestó que la motivación del acto administrativo demandado carecía
de coherencia con las evaluaciones practicadas al accionante, en las cuales obtuvo
calificaciones sobresalientes; con la ausencia de reproches disciplinarios e
investigaciones a lo largo de su trayectoria profesional; así como con las
felicitaciones y condecoraciones registradas en su hoja de vida. Indicó, además, que
dicha circunstancia fue advertida por el magistrado que salvó el voto.
Al respecto, reiteró que el Consejo de Estado ha sostenido que el retiro discrecional
en la Policía Nacional no constituye una facultad arbitraria, sino que debe responder
a razones objetivas del servicio y se encuentra sometido a control judicial pleno.
3.2. Defecto fáctico. Señaló que el tribunal incurrió en una indebida valoración
probatoria, pues “no otorgó peso determinante a las evaluaciones en nivel superior”
ni explicó la contradicción existente entre el desempeño destacado del patrullero y
la presunta necesidad del servicio. En consecuencia, alegó que, al omitir valorar
integralmente su hoja de vida, avaló una motivación genérica del acto de retiro.
2 Índice 00002 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, certificado
4B568F045B0FB64E E3916719EF6A1C53 798B2CE8E5D2A1A3 7B250FCF77CC1484 .
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Accionante: Andrés Felipe Angulo Rivera
3.3 Desconocimiento del precedente. Manifestó que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca había declarado la nulidad de actos administrativos por falsa
motivación en casos de retiro discrecional de miembros de la Policía Nacional que
contaban con evaluaciones favorables. Como sustento de lo anterior, citó los
procesos identificados con los radicados núm. 11001-33-35-023-2017-00320-01 y
11001-33-35-025-2017-00222-01, en los cuales se declaró la nulidad de los actos
administrativos que dispusieron el retiro de los patrulleros y se ordenó su reintegro.
4. Trámite de tutela e intervenciones
Mediante auto del 17 de febrero de 20263, el despacho ponente de la Sección
Cuarta del Consejo de Estado admitió la acción de tutela, vinculó como terceros
con interés a la Nación- Ministerio de Defensa Nacional, a la Policía Nacional y al
Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá; solicitó la remisión
del expediente ordinario objeto de controversia y ordenó la notificación de las partes
e intervinientes.
Surtido el trámite de notificación, se recibieron las siguientes intervenciones:
4.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca allegó copia digital del
expediente ordinario al presente trámite 4. Asimismo, el magistrado ponente5 sostuvo
que la sentencia emitida el 4 de agosto de 2025 efectuó un análisis completo del
marco normativo, jurisprudencial y probatorio.
Igualmente, señaló que la providencia cuestionada concluyó que el acto
administrativo de retiro cumplió los estándares mínimos de motivación exigidos por
el ordenamiento jurídico, en tanto se fundamentó en la conducta observada por el
accionante durante su vinculación con la Policía Nacional.
Además, precisó que no se aportó prueba alguna que permitiera concluir que el
retiro obedeció a fines distintos de los previstos en la Constitución y la ley, dado que
la obtención de buenas calificaciones “no genera un fuero de inamovilidad”.
En ese sentido, afirmó que el accionante pretende reabrir el debate definido en el
proceso ordinario y emplear la acción de tutela como una instancia adicional, en
contravía de la autonomía e independencia judicial, las cuales facultan a las
autoridades judiciales para efectuar la valoración probatoria conforme con las reglas
de la sana crítica y la persuasión racional. Por ende, solicitó que se declare la
improcedencia del amparo, al no advertirse amenaza ni vulneración alguna de los
derechos fundamentales invocados.
3
Índice 00004 del expediente digital de primera instancia, certificado A0965C50B4D9596B 93454575971758F3
668A4E61B0830136 1C0022A2C7C32B43.
4 Índice 00015 del expediente digital de primera instancia, certificado 5BB064C223943193 FBF16304092006CC
0A2E4AD0E0DC4C2B E3AC27D32D4ACB45.
5 Índice 00016 del expediente digital de primera instancia, certificado C83E3D5FE97FC595
EC67F940CD70371F 1C382E218A5B7951 4FE51DE609D108E3 .
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Accionante: Andrés Felipe Angulo Rivera
4.2. La Policía Nacional6 señaló que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
abordó de manera integral las pretensiones y argumentos expuestos por el
accionante. Asimismo, advirtió que, de conformidad con las pruebas obrantes en el
expediente, nunca fue discutida la legalidad del acto demandado.
Igualmente, sostuvo que la relevancia constitucional de la acción de tutela implica
que se respete su carácter subsidiario y solo pueda ser utilizada cuando no se
encuentre disponible otro medio de defensa judicial. De esta forma, señaló que esta
acción de tutela es improcedente, en tanto no existe un perjuicio irremediable ni
tampoco una decisión que no esté obligado a soportar. Por ende, solicitó que se
nieguen las pretensiones elevadas por el accionante, en virtud de la improcedencia
de la acción.
4.3 El Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
D.C.7 allegó copia digital del expediente del proceso ordinario.
5. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 12 de marzo de 20268, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado declaró improcedente el amparo solicitado al considerar que carece de
relevancia constitucional. Lo anterior, por cuanto consideró que el accionante
pretende reabrir el debate ya agotado en sede ordinaria.
Asimismo, advirtió que, el Tribunal accionado resolvió la totalidad de reparos
expuestos en el recurso de apelación, realizó un análisis del marco normativo
relativo al retiro discrecional, comprobó el cumplimiento de los estándares mínimos
de motivación exigidos por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado y constató
que se contó con la recomendación previa de la Junta de Evaluación y Clasificación
contenida en el Acta 152-GUTAH-SUBCO-2.25, la cual se basó en hechos
verificables.
Igualmente, señaló que la autoridad judicial accionada valoró las calificaciones de
desempeño clasificadas como superior y sostuvo que ello no imposibilita el ejercicio
de la facultad discrecional del nominador.
Así las cosas, concluyó que el accionante desea que se efectúe nuevamente la
valoración probatoria y la interpretación del régimen de retiro discrecional realizado
en el proceso ordinario. Por ende, resolvió declarar la improcedencia de la acción
de tutela, en tanto consideró que el accionante pretende emplear la acción de tutela
como una instancia adicional.
6
Índice 00017 del expediente digital de primera instancia, certificado 09C93ACF192CF0C0
6BA714ADA3FE8707 0FE21AE7AE37C45A 8ED8EBC7BDF07653 .
7 Índice 00012 del expediente digital de primera instancia, certificado F29E638D28232DF8
4CC871BF1BC2B018 C09B1ED08F2B74F7 0E22A7A25474EA56 .
8 Índice 00020 del expediente digital de primera instancia, certificado 2ACA41364E06DD05
850A0FBBD751F3DD 0D63D9B76CA8E93A 3CBD864C47D184CF.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01083-01
Accionante: Andrés Felipe Angulo Rivera
6. Impugnación9
La parte actora impugnó la decisión de primera instancia y manifestó su desacuerdo
con los fundamentos expuestos, al estimar que la acción de tutela sí cumple el
requisito de relevancia constitucional, por cuanto, a su juicio, se configuró un defecto
fáctico, sustantivo y de desconocimiento del precedente que vulnera sus derechos.
Asimismo, reiteró que formuló alegaciones específicas relacionadas con la falsa
motivación del acto administrativo y con las contradicciones existentes entre las
razones del retiro y sus evaluaciones de desempeño, calificadas como superiores,
así como con la ausencia de investigaciones disciplinarias y penales en su contra.
Igualmente, sostuvo que las razones expuestas en el acta, relacionadas con
supuestos incumplimientos operativos, no fueron demostradas adecuadamente y
que el tribunal accionado omitió analizar si el concepto previo emitido por la junta
era suficiente, razonado y sustentado en hechos ciertos y objetivos.
Adicionalmente, indicó que el magistrado Calvo Sánchez, quien salvó el voto, ha
sido ponente de decisiones en las que se declaró la nulidad de actos administrativos
de retiro discrecional en casos similares al del accionante.
En consonancia con lo anterior, advirtió que, si la autoridad judicial accionada
pretendía apartarse del precedente constitucional, debía exponer una
argumentación suficiente que explicara las razones por las cuales la regla
jurisprudencial fijada por la Corte Constitucional no resultaba aplicable al caso
concreto. Además, sostuvo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al no
sustentar las razones por las cuales no se configuró la falsa motivación ni explicar
por qué el concepto emitido por la junta era suficiente, desconoció el precedente
constitucional aplicable a los casos de retiro discrecional.
Por otra parte, afirmó que la decisión judicial cuestionada no valoró con la
profundidad requerida las pruebas que demostraban el desempeño superior del
señor Angulo Rivera, tales como los formularios de seguimiento y su hoja de vida,
ni explicó por qué dichas pruebas no desvirtuaban la decisión de retiro discrecional.
Con fundamento en lo anterior, solicitó revocar el fallo de tutela proferido en primera
instancia.
Mediante auto del 6 de abril de 202610, el magistrado ponente de la Sección Cuarta
del Consejo de Estado concedió la impugnación interpuesta por la parte actora.
9 Índice 00026 del expediente digital de primera instancia, certificado 3386B59D0F61B740
C177C5FD336AA3A6 74654FE2DE0DBB74 253A6AABBF47F3B4 .
10 Índice 00028 del expediente digital de primera instancia, certificado 173D56FFF0438585
E6A66CA06B6F1377 DEC02DCA404B832F 5C31BD04B9088185 .
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01083-01
Accionante: Andrés Felipe Angulo Rivera
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.
2. Legitimación en la causa
2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, en tanto
el señor Andrés Felipe Angulo Rivera es el titular de los derechos fundamentales
que estima vulnerados, en su condición de demandante dentro del medio de nulidad
y restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 11001-33-42-047-
2020-00219-00/01.
2.2. Asimismo, se encuentra acreditada la legitimación en la causa por pasiva,
dado que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-
subsección A es la autoridad judicial que profirió la sentencia del 4 de agosto de
2025 que, según el accionante, vulneró sus derechos fundamentales.
3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia
del 12 de marzo de 2026 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
mediante la cual se declaró improcedente el amparo de los derechos invocados en
la acción de tutela.
Para el efecto, es necesario establecer si en el caso concreto se encuentran
superados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo
frente a los argumentos expuestos por la parte accionante.
4. Procedibilidad de la acción
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar
un examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de
fondo sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los
defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la
Corte Constitucional a través de la sentencia C-590 de 200511 indicó que estas
proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de
11 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01083-01
Accionante: Andrés Felipe Angulo Rivera
carácter general, que habilitan la interposición de la tutela 12 y otros de carácter
específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto13.
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela
no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se
cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de
justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”14.
4.1. Relevancia constitucional.
Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las
decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto
exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que
el asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga
una clara, marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el
juez constitucional invada la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la
vez que garantiza la autonomía e independencia judicial.
Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces” 15.
En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el
debate en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho
fundamental; ii) que la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o
12
De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez
de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en
el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión
de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los
hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del
proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
13 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en
los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial
se presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A
saber: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental,
que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto
es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d)
defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas
inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el
mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de
sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional;
g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación
directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme
al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación
de sus postulados.
13
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
14 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
15 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01083-01
Accionante: Andrés Felipe Angulo Rivera
económicos; y, iii) que el reparo formule argumentos suficientes dirigidos a
demostrar la configuración de un defecto.
Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte,
el estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos
fundamentales.
De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales,
el análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o
de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas;
iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales; y iv) que se advierta una verdadera vulneración arbitraria o
violatoria de derechos fundamentales. De manera que la intervención del juez
constitucional se establezca, exclusivamente, ante graves defectos
constitucionales.
Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte
de manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención
del juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o
repercusión en la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el
interés público, ya que el asunto debe trascender el interés particular de las partes
y generar un efecto más amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad
y fundamentación de la petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.
Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir
con la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que
ha hecho tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la
causa ordinaria, a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los
defectos definidos por la jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control
constitucional concreto16.
5. Caso concreto
La Sala anticipa que confirmará la decisión de primera instancia que declaró la
improcedencia el amparo, pues no satisface el requisito de relevancia constitucional,
por las razones que se exponen a continuación:
5.1. La parte accionante cuestiona la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, al estimar que incurrió en: (i) un defecto
sustantivo, por efectuar, a su juicio, una interpretación abiertamente irrazonable de
16 Cfr. sentencia C-590 de 2005.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01083-01
Accionante: Andrés Felipe Angulo Rivera
las evaluaciones positivas obtenidas por el accionante, así como de la ausencia de
investigaciones disciplinarias y penales en su contra; (ii) un defecto fáctico, derivado
de una supuesta indebida valoración probatoria, en la medida en que, según afirma,
no valoró con la debida suficiencia los documentos que acreditaban el adecuado
desempeño del accionante en el ejercicio de su cargo; y (iii) un desconocimiento del
precedente, debido a que, en su criterio, la autoridad judicial accionada se apartó
del precedente constitucional y horizontal proferido por el mismo tribunal.
5.2. No obstante, del examen de la providencia cuestionada se advierte que el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca abordó de manera expresa y suficiente
los cargos planteados en el proceso ordinario y arribó a las siguientes conclusiones:
“El demandante afirmó que, al analizar la Resolución No. 041 del 31 de enero
de 2020, mediante la cual se ordenó su retiro por voluntad de la Dirección
General, se evidencia que dicha decisión carece de motivación suficiente y
se fundamentó en afirmaciones falsas, descontextualizadas y contradictorias
frente a sus antecedentes evaluativos.
Sostuvo que el retiro se justificó en un presunto incumplimiento de las metas
establecidas en las concertaciones de gestión de los años 2018 y 2019; no
obstante, las evaluaciones correspondientes a dichos períodos arrojaron
puntajes de 1197 y 1192, clasificados como superior conforme al Decreto
1800 de 2000. A ello se suman los formularios de seguimiento y los informes
del evaluador principal, que destacaron su buen desempeño, cumplimiento
de metas y aporte operativo, elementos que —a juicio del actor— desvirtúan
cualquier señalamiento sobre deficiencia funcional.
Adujo que la Junta Evaluadora desestimó pruebas objetivas y se basó en
apreciaciones subjetivas y contradictorias para recomendar su
desvinculación. En particular, se refirió a la supuesta falta de capturas o
resultados estadísticos, lo cual —además de no constituir una obligación
expresa— desconoce el carácter preventivo del servicio de policía y
tergiversa los fines institucionales.
El apoderado del demandante alegó que se incurrió en falsa motivación, al
utilizar evaluaciones positivas como sustento de una medida adversa.
Reprochó que el acto administrativo se limitara a citar normas constitucionales
y legales sin explicar cómo las presuntas conductas del funcionario afectaban
los fines del servicio, y que recurriera a hechos ocurridos en 2018 como
fundamento de una decisión adoptada en 2020, sin que mediara registro
alguno de antecedentes disciplinarios o penales.
En su criterio, la resolución adolece de incoherencia interna, desviación de
poder y representa un uso arbitrario de la facultad discrecional, vulnerando
los principios de legalidad, proporcionalidad y el precedente jurisprudencial
que exige que este tipo de decisiones se soporten en hechos ciertos,
verificables y relevantes.
(…)
Contrario a lo sostenido por el apelante, no se evidenció que el acto acusado
careciera de motivación o respondiera a móviles discriminatorios. Por el
contrario, se encuentra fundado en hechos objetivos, verificables y
relevantes, valorados dentro del marco del ejercicio legítimo de la facultad
discrecional del nominador, conforme a los principios de necesidad del
servicio, mérito, conveniencia institucional y primacía del interés general.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01083-01
Accionante: Andrés Felipe Angulo Rivera
En cuanto a las anotaciones desfavorables en los formularios de seguimiento,
esta Corporación constató que las mismas fueron debidamente soportadas, y
que al funcionario se le garantizó la posibilidad de formular observaciones o
reclamaciones, conforme a los artículos 6° y 52 del Decreto Ley 1800 de 2000.
Por tanto, no se advierte vulneración al derecho de defensa ni al debido
proceso.
El análisis de la Resolución acusada evidencia que, si bien el demandante
recibió reconocimientos y felicitaciones, la administración evaluó
integralmente su desempeño, tomando en cuenta la totalidad de su historial
funcional, con el fin de preservar la convivencia ciudadana, la seguridad del
Estado y el adecuado funcionamiento institucional.
Debe destacarse que la Policía Nacional no solo busca el fortalecimiento de
la institución, sino también el mejoramiento del comportamiento de sus
integrantes, quienes deben comprometerse a observar un estándar de
conducta y calidad acorde con los principios rectores de la función pública.
En este sentido, al valorar de forma integral el expediente del señor Angulo
Rivera, se identificaron múltiples observaciones que impactaron de manera
negativa su gestión, entre ellas:
• No contribuyó de manera significativa a los indicadores operativos. Durante
la semana 21, se reportó un lesionado por arma blanca en su cuadrante sin
que se observara acción preventiva o de reacción. Esta situación impactó
negativamente en los resultados del servicio.
• Omitió cumplir con directrices impartidas mediante comunicados oficiales (S-
2018-212792, S-2018-299974-MEBOG y S-2018-301399-MEBOG),
relacionadas con entrevistas, informes IRIS-P1, y contacto ciudadano
“Puerta a Puerta”. Además, incurrió en inobservancia de normativas internas,
como la omisión del diligenciamiento de minutas de vigilancia, hallazgo
efectuado por el MY Johnny Harley Castillo Español el 30 de junio de 2019.
• Se presentaron hurtos en sus cuadrantes asignados, sin reacción efectiva de
su parte. Se reportaron eventos graves como hurto a comercio, hurto de
motocicletas e incidentes con ciudadanos lesionados por arma de fuego, que
evidencian fallas en el cumplimiento de metas operativas y falta de respuesta
oportuna.
• Se identificó la existencia de una multa de tránsito vigente (13 de agosto de 2018),
y el incumplimiento en tareas como la realización de diagnósticos de priorización,
focalización e infografías, conforme lo reportó la sala CIEPS Bosa.
• Se registraron llegadas tardías a formaciones institucionales (ej. el 18 de julio
y 6 de septiembre de 2019), vulnerando principios de disciplina y
responsabilidad.
• Incumplimiento en la realización de encuestas de turnos (febrero de 2019) y la
falta de ingreso a la herramienta tecnológica EVA, lo cual contraviene el artículo
37 de la resolución aplicable.
Estas novedades evidencian conductas que resultan incompatibles con la
disciplina y responsabilidad que deben observar quienes integran la Policía
Nacional.”17.
17 Índice 00014 del expediente digital de segunda instancia del proceso ordinario en el aplicativo SAMAI,
certificado DAF0EC3938CB0DE9 22D3D29B8FDD8D6B EEB6070D689CF301 0915FC7503FC13A4 .
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01083-01
Accionante: Andrés Felipe Angulo Rivera
En ese sentido, la autoridad judicial accionada sostuvo que la misión institucional
de la Policía Nacional tiene como finalidad garantizar la convivencia ciudadana y el
ejercicio efectivo de los derechos fundamentales, lo cual exige que sus integrantes
desempeñen un rol “ejemplar, idóneo, probo y eficiente”, estándar que, a juicio del
tribunal, no fue satisfecho por el accionante.
Asimismo, reiteró que, si bien el accionante obtuvo calificaciones de desempeño en
nivel “superior”, la acreditación de idoneidad durante determinados periodos no
limita el ejercicio de la facultad discrecional del nominador, ni confiere estabilidad
jurídica o inmunidad frente a las decisiones de retiro.
Con fundamento en lo anterior, el Tribunal concluyó que:
“En ese sentido, se advierte que la entidad demandada cumplió con los
estándares mínimos de motivación exigidos por el ordenamiento jurídico, al
exponer razones claras, objetivas y verificables que sustentan la decisión, lo
que permite descartar cualquier indicio de arbitrariedad o desviación de poder.
Tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han sostenido de
forma reiterada que el ejercicio de la facultad discrecional debe fundarse en
hechos ciertos, pertinentes y relacionados con el caso concreto, exigencia
que en el presente asunto se encuentra debidamente satisfecha.
Cabe recordar que corresponde a quien alega la ilegalidad del acto
administrativo demostrarla, mediante la acreditación clara y suficiente de que
los motivos invocados en el acto son falsos, erróneos o tergiversados. En este
caso, no se aportaron elementos probatorios que permitieran desvirtuar la
motivación del acto impugnado, ni se acreditó que su expedición obedeciera
a fines distintos a los previstos en la Constitución y la ley”18.
5.3. Así las cosas, la Sala advierte que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
expuso de manera suficiente, clara y razonada las razones por las cuales no
resultaba procedente acceder a las pretensiones de la demanda, en tanto: (i) si bien
se demostró y valoró que el accionante obtuvo calificaciones de desempeño en nivel
superior, también se acreditó que, a lo largo de su trayectoria institucional, registró
diversas anotaciones y valoraciones negativas; (ii) explicó que la existencia de
resultados de desempeño superiores no desvirtúa ni limita la facultad discrecional
del nominador para disponer el retiro del servicio; y (iii) con fundamento en el acervo
probatorio previamente descrito, concluyó que el acto administrativo cumplió con la
carga mínima de motivación exigida por el ordenamiento jurídico y, por ende, no
incurrió en falsa motivación, máxime cuando las anotaciones consignadas no fueron
desvirtuadas ni controvertidas oportunamente por el accionante.
Pues bien, los elementos señalados en precedencia le permiten a la Sala inferir, con
claridad, que el debate planteado en este caso fue adecuadamente examinado por
el juez competente. Asimismo, no se aprecia que la decisión haya sido dictada de
forma arbitraria, sin respaldo o análisis de los hechos y fundamentos normativos, ni
que se hayan trasgredido los derechos fundamentales de la parte actora durante el
desarrollo del proceso ordinario.
18 Ibidem
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01083-01
Accionante: Andrés Felipe Angulo Rivera
Al punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y
explicativa que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a
través del amparo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado de
manera clara que no basta la simple mención de la vulneración de los derechos al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, sino que, para entender
como acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional,
se requiere demostrar: i) su existencia; ii) su carácter desproporcionado; y iii) su
carácter arbitrario. Así, quien acude a la tutela debe aportar elementos suficientes
que permitan al juez constitucional advertir tal vulneración 19.
Por lo tanto, es claro que no basta con realizar simples afirmaciones con la intención
de lograr que su tesis sea acogida, sino que lo que se requiere es que la parte actora
presente sus reparos de cara a los derechos fundamentales que considera
vulnerados y eleve su argumentación a rango constitucional.
A partir de lo anterior, para la Sala es claro que la parte actora pretende imponer su
interpretación sobre las consideraciones expuestas por la autoridad enjuiciada, así
como reiterar su discrepancia frente a la decisión adoptada y continuar con el debate
surtido en el trámite del proceso primigenio. Esto aunado a que el accionante ni
siquiera presentó los reparos en función de los requisitos especiales, pues a pesar
de que invocó la configuración de los defectos sustantivo, fáctico y de
desconocimiento del precedente, su argumentación se limitó a reproducir los
reproches elevados en el recurso de apelación presentados en el marco del proceso
ordinario, por ello el Tribunal Administrativo de Cundinamarca analizó cada uno de
estos asuntos.
5.4. Bajo estas condiciones, la Subsección estima que la acción de tutela formulada
está encaminada a continuar con el debate surtido en el trámite de segunda
instancia, toda vez que reitera argumentos de índole legal y probatorio desarrollados
en el marco de esta, sin esbozar las razones concretas por las cuales el derecho
fundamental invocado fue vulnerado con la providencia atacada, lo que escapa de
la órbita del juez constitucional, toda vez que la decisión censurada se sustenta en
el principio de autonomía judicial.
5.5. No obstante lo anterior, la Sala estima necesario efectuar una precisión en torno
a la naturaleza jurídica del salvamento de voto, en tanto el accionante alegó como
argumento la existencia de un voto disidente por parte del magistrado Néstor Javier
Calvo Sánchez, del cual no expuso en ningún momento su contenido. Al respecto,
conviene recordar que la Ley 270 de 1996 en su artículo 56, establece que las
aclaraciones y los salvamentos de voto contienen la motivación de los magistrados
que se apartan de la decisión mayoritaria adoptada por la respectiva corporación.
En ese sentido, por tratarse de posturas disidentes que no integran
la ratio decidendi de la providencia, tales manifestaciones carecen de fuerza
vinculante y no obligan al órgano colegiado a pronunciarse sobre su contenido. En
consecuencia, no resulta jurídicamente viable conferir carácter obligatorio al
19 Sentencia SU-215 de 2022
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01083-01
Accionante: Andrés Felipe Angulo Rivera
salvamento de voto suscrito por el magistrado Néstor Javier Calvo Sánchez en la
decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
5.6. Ahora bien, respecto al defecto por desconocimiento del precedente alegado
por el accionante, es preciso mencionar que para su configuración es indispensable
recordar que la Corte Constitucional ha precisado que el desconocimiento del
precedente: “se genera cuando frente a un caso con los mismos hechos una
autoridad se aparta de los precedentes establecidos por los tribunales de cierre
(precedente vertical) o por los dictados por ellos mismos (precedente horizontal),
sin cumplir con la carga de justificar de forma suficiente y razonada por qué se
cambia de precedente”20.
Asimismo, la Corporación ha manifestado que:
“[e]l precedente judicial es concebido como una sentencia previa que resulta
relevante para la solución de un nuevo caso bajo examen judicial, debido a
que contiene un pronunciamiento sobre un problema jurídico basado en
hechos similares, desde un punto de vista jurídicamente relevante, al que
debe resolver el juez. Como los supuestos de hecho similares deben recibir
un tratamiento jurídico similar, la sentencia precedente debería determinar
el sentido de la decisión posterior”21
De esta forma, para que se alegue el desconocimiento del precedente judicial, es
necesario constatar la existencia de una regla establecida en una sentencia previa
y demostrar que los elementos fácticos contenidos en aquella son idénticos a la
providencia cuestionada. Sin embargo, pese a que el accionante mencionó una
serie de sentencias que considera que fueron desconocidas por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, no sustentó la coincidencia de los hechos entre
las sentencias que considera desconocidas y la sentencia proferida por la autoridad
judicial accionada.
Así las cosas, no es procedente encontrar probada la configuración del
desconocimiento del precedente, en tanto no se explicó si en los casos en que se
declaró la nulidad del acto administrativo que dispuso el retiro de los patrulleros,
también se reconoció la existencia de múltiples observaciones negativas en sus
hojas de vida. Por ello, al carecer de la argumentación debida para encontrar
probado el desconocimiento de una regla jurisprudencial, no se encuentra
constatada la configuración de un defecto por desconocimiento del precedente
jurisprudencial.
5.7. Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter
excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional
fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza residual y
subsidiaria, por lo que su procedencia está limitada a determinar la vulneración de
los derechos fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una
posible agresión proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión
20 Corte Constitucional, SU-068 de 2023
21 Corte Constitucional, SU-228 de 2021
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01083-01
Accionante: Andrés Felipe Angulo Rivera
proferida por esta, sin que ello implique, como lo pretende la parte tutelante, un
nuevo estudio del caso como si fuera una instancia adicional a lo ya surtido.
En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada 22, lo que se opone a que use indebidamente
como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o
de interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso
ordinario23.
En consecuencia, la Sala advierte la improcedencia de la presente acción de tutela
al incumplir con el requisito de relevancia constitucional, en ese orden, se confirmará
la decisión proferida en primera instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 12 de marzo de 2026 por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado que declaró improcedente la acción de tutela
interpuesta por Andrés Felipe Angulo Rivera contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección A.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado
MCMM
22 SU-215 de 2022.
23 Ibid.
15
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