Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01088-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01088-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01088-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
24 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-15-000-2026-01088-001
Accionante : José Antonio Acevedo2
Accionado : Tribunal Administrativo de Arauca
Vinculados : Nación - Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación y Juzgado
Segundo (2°) Administrativo de Arauca
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial, reparación directa por privación
injusta de la libertad
Decisión : Sentencia de primera instancia
1. Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia, en la acción de tutela incoada
por José Antonio Acevedo en contra del Tribunal Administrativo de Arauca, por la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, igualdad, reparación integral, dignidad y confianza legítima.
I. ANTECEDENTES
1.1. Contexto fáctico
2. De manera preliminar, esta Sala enunciará los argumentos expuestos por el tutelante
frente a la vulneración alegada; luego, revisará lo relativo a la procedencia de la acción
de tutela; y, finalmente, resolverá lo pertinente respecto a las pretensiones de este
mecanismo constitucional.
La demanda de tutela
3. El señor José Antonio Acevedo, quien actúa en nombre propio y en calidad de agente
oficioso de su madre Teodolinda Acevedo de Jerez, interpone el presente recurso de
amparo, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad, reparación integral, dignidad y
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Expediente digital disponible en SAMAI.
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En nombre propio y como agente oficioso de Teodolinda Acevedo de Jerez.
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Accionante: José Antonio Acevedo
Accionado: Tribunal Administrativo de Arauca
confianza legítima, presuntamente vulnerados por el Tribunal Administrativo de Arauca.
4. Por consiguiente, el actor solicita:
[…] 2. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del Tribunal Administrativo de Arauca del 19 de
diciembre de 2025.
3. ORDENAR la expedición de una nueva providencia ajustada estrictamente a la
Constitución.
4. DISPONER EL MANTENIMIENTO INMEDIATO, ÍNTEGRO Y DEFINITIVO DE LOS
EFECTOS DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, como única medida eficaz para
restablecer los derechos vulnerados.
Hechos3
5. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional y de lo relatado por el
accionante, se puede extraer que, el señor José Antonio Acevedo y otra persona fueron
capturados en flagrancia en Arauca, por el presunto hurto calificado y agravado de una
motocicleta. El 15 de octubre de 2011, el Juzgado Segundo (2.°) Promiscuo Municipal
de Arauca inició proceso penal con radicado núm. 81001-60-01-137-2011-00167-00,
conforme con la acusación presentada por la Fiscalía Segunda de Arauca.
6. Como medida de aseguramiento, el 16 de octubre de 2011, el actor fue recluido en el
Centro Penitenciario y Carcelario de Arauca. Sin embargo, permaneció detenido hasta
el 22 de diciembre del mismo año, pues la solicitud de preclusión fue decidida a su
favor, en atención a que, el denunciante reconoció que los capturados no eran los
responsables. En consecuencia, se ordenó el archivo definitivo de la investigación.
7. Ese «error judicial» les ocasionó, al investigado y a su familia, «calamidades económicas» y
afectaron «su buen nombre». Por ello, la señora Teodolinda Acevedo de Jerez y el señor
Acevedo, en nombre propio y en representación de su hijo menor de edad, presentaron
demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa, contra la Nación - Rama
Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación,
que fue conocida en primera instancia por el Juzgado Segundo (2.°) Administrativo de
Arauca bajo el radicado núm. 81001-3333-002-2016-00014-00.
8. Dicha autoridad judicial, en sentencia del 19 de agosto de 2022, accedió a las
pretensiones de la demanda, en el sentido de (i) declarar administrativa y
patrimonialmente responsable a la Nación – Fiscalía General de la Nación por la privación
injusta del señor José Antonio Acevedo y (ii) condenar a la misma al pago de perjuicios
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Visibles en el expediente digital en SAMAI, índice 2.
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Accionante: José Antonio Acevedo
Accionado: Tribunal Administrativo de Arauca
en la modalidad de lucro cesante y daño moral.
9. En desacuerdo con la decisión, la Fiscalía General de la Nación interpuso recurso de
apelación en el que expuso que no fue esa autoridad, sino que el juez, quien impuso la
medida de aseguramiento, de forma que no existe nexo causal entre su actuar y el daño
alegado. El recurso fue resuelto en sentencia de segunda instancia del 19 de diciembre
de 2025 por el Tribunal Administrativo de Arauca, que revocó la sentencia del a quo y, en
su lugar, negó las pretensiones de la demanda, por cuanto «la captura y posterior medida de
aseguramiento impuesta, no quebrantó el derecho a la libertad personal […]; en la medida [en que], se
reitera, […] se respetaron y acataron los términos y condiciones que la ley prevé para ello, aunado a que
no se prolongó tampoco de manera indebida la privación de la libertad, de allí que en el caso, no se
configura el daño antijurídico como primer elemento necesario para realizar el juicio de imputación» .
10. El accionante considera que la decisión acusada adolece de cuatro defectos: (i) por
desconocimiento del precedente judicial, ya que, mientras «[e]l Tribunal exige ilegalidad o
arbitrariedad de la medida de aseguramiento», «[l]a Corte Constitucional ha sido clara en señalar que la
responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad es objetiva, y no depende de la ilegalidad de
la medida, sino de la existencia de un daño antijurídico»; (ii) fáctico porque el Tribunal negó la
reparación, pese a que «[r]econoce la inocencia, [r]econoce la falencia investigativa, [r]econoce la
preclusión»; y (iii) la motivación aparente, teniendo en cuenta que, la «providencia simula
motivar, pero en realidad elude el problema constitucional central».
II. TRÁMITE PROCESAL
11. Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto del 16 de
febrero de 20264, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión (i) ordenó
notificar al Tribunal Administrativo de Arauca, en tanto entidad accionada; y (ii) dispuso
vincular a la Nación - Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación y al Juzgado Segundo
(2°) Administrativo de Arauca, en los términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.
2.1. Contestación de la acción
12. 2.1.1 El Tribunal Administrativo de Arauca5 allegó copia del expediente ordinario y
manifestó que, en la medida en que la tutela no involucra una discusión sobre el
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental, sino que busca habilitar una
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Expediente digital en SAMAI, índice 4.
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Expediente digital en SAMAI, índice 8, archivo 7.
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Accionante: José Antonio Acevedo
Accionado: Tribunal Administrativo de Arauca
instancia adicional, no supera el requisito de relevancia constitucional. En consecuencia,
solicitó que se declare improcedente el amparo.
13. 2.1.2. El Juzgado Segundo (2°) Administrativo de Arauca6 puso de presente que
no ha vulnerado derecho fundamental alguno al actor, y que las discrepancias se dan
frente a lo decidido por el Tribunal Administrativo de Arauca.
14. 2.1.3. La Fiscalía General de la Nación7 manifestó no estar legitimada en la causa
por pasiva, pues no existe una relación de causalidad de acción u omisión por parte de
la entidad frente a lo alegado por el actor, razón por la que solicitó que se declare la
improcedencia de la acción frente a ella. En todo caso, aseguró que no ha existido una
vulneración de derechos fundamentales.
15. 2.1.4. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta 8, expuso que
no se identificaron, de manera razonable, los hechos que generaron la presunta
vulneración y los derechos aparentemente vulnerados, por lo que la tutela no está
llamada a prosperar. Adujo que, en todo caso, si se examina el caso, en tanto el señor
Acevedo tenía el deber de soportar la carga de una investigación y sus consecuencias
jurídicas, la decisión de precluir el proceso no implica que la privación de la libertad
hubiera sido injusta.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
16. Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud
de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y 333
de 2021.
3.2. Sobre la solicitud de desvinculación
17. El artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 dispone que la acción de tutela «[…] se dirigirá
contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho
fundamental […]». En ese sentido, la Corte Constitucional9 ha considerado que, «[…] [l]a
legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la persona contra quien se
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Expediente digital en SAMAI, índice 9.
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Expediente digital en SAMAI, índice 10.
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Expediente digital en SAMAI, índice 12, archivo 14.
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Sentencia T-1015 de 2006. Magistrado Ponente. Álvaro Tafur Galvis.
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Accionante: José Antonio Acevedo
Accionado: Tribunal Administrativo de Arauca
dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho
fundamental […]».
18. La Fiscalía General de la Nación solicitó su desvinculación por no existir una relación
de causalidad entre su actuar y lo alegado por el actor. Al respecto, la Sala advierte que
su vinculación en el presente asunto fue en calidad de tercera con interés, por haber sido
la parte demandada dentro del proceso contencioso en cuestión. De manera que, en aras
de garantizar su derecho a la defensa y contradicción, se negará la solicitud.
3.3. La acción
19. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de
2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando
quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento
procede como mecanismo transitorio.
3.3. Problema jurídico
20. Se contrae a determinar si es dable, a través de la acción de tutela, examinar el
eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar la sentencia del 19
de diciembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca, por medio de
la cual se revocó la sentencia de primera instancia para, en su lugar, negar todas las
pretensiones de la demanda de reparación directa promovida por el tutelante y sus
familiares contra la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial y la Fiscalía General de la Nación (expediente 81001-3333-002-2016-00014-
00/01); y, en caso afirmativo, si se vulneraron las garantías superiores al debido proceso,
acceso a la administración de justicia, igualdad, reparación integral, dignidad y confianza
legítima, «así como los derechos prevalentes de varios menores de edad» invocados en la solicitud
de amparo.
3.4. La acción de tutela contra providencias judiciales
21. El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
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tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que declaró la
inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más adelante, la misma Corte
permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de derechos fundamentales, el
reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo
judicial se adoptó, en apariencia revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía
una vía de hecho.
22. La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista de
todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela contra
decisiones judiciales, dado que, no obstante, el reconocimiento del principio de
autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de una
providencia judicial, derechos fundamentales.
23. La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de 1994 se
determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera calificada como
vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando se presenta, al menos,
uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se
produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente
inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece
de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y
(iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actúa
completamente al margen del proceso establecido.
24. Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación
proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las
sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. Posteriormente, mediante sentencia C-
590 de 2005, se destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando
de manera protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales.
25. Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos
excepcionales de aplicación, los cuales, deben satisfacerse plenamente para identificar
cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden estrictamente
constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan derechos de relevancia
constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de
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actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.
26. Tales presupuestos son: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate
de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla
el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable
y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en
el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible; y (vi) que no se trate de
sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la
Corporación.
27. Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales
genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar su excepcionalidad, la cual,
solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta procedente.
28. Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la decisión
que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto procedimental
absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente al margen del procedimiento
establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión;
(iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre las
consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que
afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la
Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión
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judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que, si bien no
se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.
29. Por otra parte, se destaca que, la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo del
Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela resultaba
improcedente para controvertir decisiones judiciales10, pero rectificó su posición mediante
sentencia de 31 de julio de 201211, en el sentido de disponer que, la acción constitucional
es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos fundamentales, con
observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro
determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que, esta subsección con anterioridad
al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos12.
3.6. Caso concreto.
30. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en el sub lite se observa que: (i) el asunto planteado comporta
relevancia constitucional, por cuanto recae sobre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad,
reparación integral, dignidad y confianza legítima, con ocasión de una indebida valoración
probatoria y la inaplicación injustificada de un régimen objetivo de responsabilidad; (ii)
contra la decisión objeto de censura no procede recurso alguno, pues se trata de una
sentencia de segunda instancia que se encuentra ejecutoriada; (iii) se establecieron los
hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el
requisito de inmediatez se satisface, en la medida en que la providencia atacada quedó
ejecutoriada el 2 de febrero de 202613 y la solicitud de amparo se radicó el 12 de febrero
de 2026, es decir, dentro de los seis meses siguientes; y (v) el fallo acusado no obedece
a uno de tutela.
10
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del Consejo de
Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín
Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela
Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-
01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre
de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
11
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
12
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-00, C.
P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre
de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo
Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp.
2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30
de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C.
P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo
de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve.
13
Visible en el expediente electrónico del proceso 81001-3333-002-2016-00014-01 en SAMAI, índice 20, según el cual se notificó
electrónicamente el 26 de enero de 2026. Por esa razón, la decisión se entiende notificada después de los dos (2) días siguientes,
esto es, el 29 de enero de 2026, conforme al artículo 205 (numeral 2) del CPACA.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01088-00
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Accionado: Tribunal Administrativo de Arauca
31. En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo del
asunto bajo la causal autónoma denominada desconocimiento del precedente judicial
invocada por la parte accionante, por desatender la postura de la Corte Constitucional
sobre la materia. Ahora, frente al defecto fáctico, el tutelante no se refirió a ninguna
prueba en particular, sino que expuso que el Tribunal había incurrido en una
contradicción cuando reconoció que la investigación penal precluyó, pero negó la
reparación. La Sala advierte que el error alegado se refiere, en realidad, al
desconocimiento del precedente, por cuanto controvierte el régimen de responsabilidad
aplicado, en contravía con lo dicho por la Corte Constitucional.
32. En adición, si bien el actor aduce que el Tribunal solo motivó aparentemente su
decisión, al mismo tiempo se refirió a las reglas de derecho aplicadas por la autoridad
judicial, por lo que no hay lugar a estudiar este defecto que se da, muy excepcionalmente,
cuando, en la parte considerativa de las decisiones, no se presentan motivos fundantes
de la conclusión, sino que se limitan a realizar simples obiter dictum que no justifican la
decisión14.
3.6.1. Desconocimiento del precedente judicial
33. Al respecto, se precisa que el desconocimiento del precedente tiene dos modalidades:
(i) como causal autónoma de procedencia de la tutela contra providencia judicial cuando
se trata del precedente constitucional, y (ii) como defecto sustantivo por el
desconocimiento del precedente judicial. La primera tiene su origen en el artículo 241
superior y se predica exclusivamente de los precedentes fijados por la Corte
Constitucional en su jurisprudencia15, mientras que, la segunda hace referencia a cuando
la autoridad jurisdiccional se aparta del precedente horizontal o vertical sin justificación
suficiente, lo que lleva a concluir que la providencia adolece de un defecto sustantivo16
en virtud de los principios del debido proceso, igualdad y buena fe17.
14
Corte Constitucional, sentencia T-589 de 2010, M.P. María Victoria Calle Correa.
15
Sentencia T-360 de 2014: “En este orden de ideas, el precedente constitucional puede llegar a desconocerse cuando: (i) se aplican
disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de control de constitucionalidad, (ii) se contraría la ratio
decidendi de sentencias de control de constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto que la Corte ha señalado es
la que debe acogerse a la luz del texto superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una sentencia de exequibilidad condicionada,
o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional a través de la ratio decidendi de sus
sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela”.
16
Ver sentencia T-087 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también, sentencias T-193 de 1995 M. P. Carlos Gaviria
Díaz, T-1625 de 2000 M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-462 de 2003 M.
P. Eduardo Montealegre Lynnet, T-292 de 2006 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de 2009 M. P. Humberto Antonio Sierra
Porto, T-161 de 2010 M. P. Jorge Iván Palacio Palacio y SU-448 de 2011 M. P. Mauricio González Cuervo.
17
Ver entre otras, sentencias T-049 de 2007 M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-464 y T-794 de 2011 M. P. Jorge Iván Palacio
Palacio y C-634 de 2011 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01088-00
Accionante: José Antonio Acevedo
Accionado: Tribunal Administrativo de Arauca
34. En el sub lite, el accionante considera que el Tribunal Administrativo de Arauca incurrió
en este tipo de defecto, por cuanto desconoció que:
[l]a Corte Constitucional ha sido clara en señalar que la responsabilidad del Estado por
privación injusta de la libertad es objetiva, y no depende de la ilegalidad de la medida, sino
de la existencia de un daño antijurídico que el ciudadano no esté obligado a soportar.
Así lo sostuvo, entre muchas otras, en:
“Cuando una persona es privada de la libertad y posteriormente resulta absuelta o se
precluye la investigación por inexistencia de responsabilidad penal, el daño es antijurídico y
surge el deber de reparación estatal.”
“No puede exigirse al ciudadano demostrar la ilegalidad de la medida de aseguramiento
para acceder a la reparación; basta la acreditación del daño y su carácter antijurídico.”
35. Al respecto, el Tribunal Administrativo de Arauca, en su decisión del 19 de diciembre
de 2025, realizó el siguiente análisis de la responsabilidad del Estado:
[…] en cuanto al necesario examen de la antijuridicidad del daño que se discute en el juicio
de responsabilidad por una privación injusta de la libertad, se exige constatar si la orden de
detención y las condiciones bajo las cuales esta se llevó a cabo se apegaron a los cánones
legales y constitucionales o no, e igualmente si el término de duración de la medida de
restricción fue excesivo, así como si la medida era necesaria, razonable y proporcional, de
donde, si la detención se realizó de conformidad con el ordenamiento jurídico, se entenderá
que el daño carece de antijuridicidad y por lo tanto quien lo sufrió no tendrá derecho a que
se le indemnicen los perjuicios por su padecimiento. Así, cuando el operador jurídico o el
ente acusador levanta la medida restrictiva de la libertad que pesaba sobre una persona,
independientemente de la causa de dicha decisión, debe realizarse el análisis pertinente
bajo la óptica del artículo 90 Superior, con el fin de identificar la antijuridicidad del daño que
se discute...
En el anterior sentido, el primer examen debe hacerse sobre la medida cautelar misma, pues
su apego a la normatividad implica la juridicidad de la afectación, que tiene un efecto
definitorio de la solución jurídica que se otorgue a la demanda en la medida en que en el
régimen colombiano de responsabilidad del Estado, este responde únicamente por los
daños antijurídicos que cause en desarrollo del principio alterum non laedere, pero no de
aquellos que hallan amparo en el ordenamiento. Deberá establecerse si el detenido
causalmente contribuyó y determinó con su actuar doloso o gravemente culposo la
detención, para estimar si debe asumir las consecuencias de su actuación que pudo sentar
las bases para que se adoptara la medida restrictiva de su libertad.
Esta concepción de la fuente de responsabilidad en comento, si bien encuentra amplia
aplicación y desarrollo en la falla del servicio, que exige el estudio de la adecuada actuación
del Estado a la hora de dictar la orden de detención contra una persona y por tanto el apego
de dicha medida al ordenamiento jurídico, no excluye la posibilidad de estudiar la
responsabilidad derivada de la restricción a la libertad de las personas bajo alguno de los
otros títulos de atribución como ocurre con el daño especial, en eventos en los cuales el
sindicado sufre injustificada e inmerecidamente los rigores de la medida adoptada en debida
forma por el órgano competente, pero, en tales casos, ello resulta de aplicación residual
frente a la falla del servicio y puede presentarse en situaciones en las cuales el mismo reo
no dio pie a la adopción de la medida dictada en su contra, donde la actuación del Estado
se ajustó al ordenamiento jurídico, pero se causó un desequilibrio de las cargas públicas
respecto del administrado, como cuando logra establecerse que el hecho que pretendía
imputarse al detenido no existió o la conducta era objetivamente atípica, eventos en donde
el daño antijurídico resulta acreditado sin mayor arrojo. Otra circunstancia sucede cuando
en la sentencia penal se logra establecer que el sindicado no cometió la conducta o que fue
absuelto en aplicación del principio in dubio pro reo, por cuanto, en estos casos, el juez
penal debe concluir su veredicto luego de un riguroso análisis probatorio que permita
calificar la conducta y verificar la participación del individuo en el ilícito al cual se lo vincula
de cara a las pruebas que se recauden y valoren en el proceso penal respectivo, de cuya
valoración se desprende la suerte procesal penal del investigado, lo que implica el deber de
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Accionante: José Antonio Acevedo
Accionado: Tribunal Administrativo de Arauca
auscultar tales circunstancias bajo la óptica del régimen subjetivo de falla del servicio46...”
(subrayas fuera de texto).
De este modo, en el presente asunto el daño cuya reparación se reclama, se hace consistir
en la privación de la libertad sufrida por el señor José Antonio Acevedo, capturado el 16 de
octubre de 2011, permaneciendo detenido hasta el 22 de octubre de ese mismo año; es
decir, el periodo de privación de la libertad fue de 2 meses y 6 días. Asimismo, está
acreditado que el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal con Funciones de Garantías de
Arauca, el 21 de diciembre de 2011 dictó preclusión de la investigación a su favor.
En este orden de ideas, es claro que en el caso concreto está acreditada la existencia del
daño consistente en la restricción de la libertad de que fue objeto el señor Acevedo; no
obstante, como quiera que para que sea antijurídica debe ser injusta, pasa la Sala a
determinar si el daño reclamado tiene la connotación de antijurídico, para lo que se hace
necesario realizar el análisis de las circunstancias en las que se dio la restricción del derecho
a la libertad […].
De antaño, la jurisprudencia del Consejo de Estado, ha determinado que el daño antijurídico
debe ser probado por la parte que lo alega, de allí que corresponde al demandante probar
este primer elemento; deber que se deriva de lo normado en el artículo 167 del Código
General del Proceso, norma aplicable en virtud de lo reglado en el artículo 306 del
C.P.A.C.A.
En el asunto quedó acreditado que el señor José Antonio fue vinculado junto con otra
persona, a un proceso penal, privado de la libertad e imputado por el delito de hurto
calificado y agravado, tal y como así consta en el expediente allegado como prueba por
parte de la Fiscalía General de la Nación en cumplimiento de lo ordenado por el Juez
Administrativo en audiencia inicial.
Ahora, se analizará la legalidad, proporcionalidad y razonabilidad de la medida de
aseguramiento […].
La Sala estima que la captura realizada por la Policía Nacional, en efecto estuvo sustentada
en lo señalado en el numeral 3 del artículo 301 del C.P.P., esto es, fue el producto de la
reacción inmediata de las autoridades de policía, frente a hechos concretos denunciados
por la víctima momentos antes, de allí que ameritaba un actuar urgente ante la llamada, con
el fin de encontrar la moto que le había sido hurtada momentos antes y que instantes
después observa su paso siendo conducida por una persona y otra en calidad de
acompañante, de allí que la misma, se ajustó a los preceptos legales que rigen la actuación
en casos de flagrancia por parte de las autoridades competentes para ello. En
consecuencia, la captura obedeció a un criterio razonable conforme a las circunstancias
fácticas que fueron narradas por la víctima; y, se reitera, acorde al procedimiento establecido
en las normas aplicables, pues los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía
de manera inmediata y posteriormente llevados ante el juez de control de garantías en el
plazo legalmente establecido.
Por otro lado, respecto de la imposición de la medida de aseguramiento solicitada por la
Fiscalía y decretada por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Arauca con función de
control de garantías, a modo de ver de la Sala fue razonable, dado que de la captura en
flagrancia y del material probatorio recaudado, como lo fue la moto incautada que había sido
reportada como hurtada, el relato rendido por uno de los agentes de policía que ejecutaron
la captura ante el juez de control de garantías, la entrevista realizada a la víctima, era válido
concluir que los dos implicados; entre ellos, el señor José Antonio Acevedo tenía la
condición de presunto infractor de la ley penal; es decir, que en ese momento no se podía
descartar participación en la comisión del delito denunciado.
Cabe también precisar que la medida de aseguramiento impuesta al señor Acevedo fue
dictada por la conducta de hurto calificado y agravado […]. De igual modo, tal como lo dijo
la fiscal en audiencia de legalidad de la captura e imposición de la medida, la pena mínima
para la conducta endilgada, esto es hurto calificado y agravado, oscilaba en 10 años, aunado
al hecho que tal como quedó plasmado en las audiencias, los procesados no presentaron
identificación alguna, y el señor Acevedo no logró demostrar arraigo […]. Así, bajo ese
contexto, la medida impuesta no desbordó los criterios de proporcionalidad y razonabilidad
inherentes a la adopción de este tipo de decisiones. […]
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36. Con el propósito de determinar si los anteriores argumentos tienen o no asidero
jurídico, conviene aclarar el sentido del precedente judicial al que se refiere el accionante.
La Corte Constitucional, en sentencia C-037 de 199618, analizó la constitucionalidad del
artículo 68 de la Ley 270 de 1996 y señaló que, en casos de privación injusta de la
libertad, no era dable la reparación automática de los perjuicios, sino que se debía
examinar la actuación que dio lugar a la medida restrictiva para determinar si existían o
no méritos para proferir una decisión en ese sentido.
37. Posteriormente, dictó la sentencia SU-072 de 201819, a través de la cual precisó que
ningún cuerpo normativo estableció un régimen de responsabilidad específico aplicable
en los eventos de privación de la libertad, por lo que el juez administrativo «podrá elegir qué
título de imputación resulta más idóneo para establecer que el daño sufrido por el ciudadano devino de una
actuación inidónea, irrazonable y desproporcionada y por ese motivo, no tenía por qué soportarse»20.
38. En esa decisión, la Corte precisó que es posible aplicar el régimen objetivo
flexibilizando el análisis que el juez de lo contencioso debe hacer desde el punto de vista
probatorio y valorativo, siempre y cuando (i) el hecho no haya existido o (ii) la conducta
sea objetivamente atípica, en tanto «el daño antijurídico se demuestra sin mayores esfuerzos».
Además, agregó que, la aplicación automática de un régimen objetivo de responsabilidad
en casos de privación injusta de la libertad es contrario a la sentencia C-037 de 1996.
39. Por su parte, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, en sentencia del 15
de agosto de 201821, unificó su criterio frente a este tipo de casos. Sin embargo, dicha
providencia, por vía de tutela22, quedó sin efectos, por lo que, el 6 de agosto de 2020, se
profirió el fallo de reemplazo23 que, si bien no se adoptó como determinación de
unificación, sí recogió de manera enunciativa la más reciente jurisprudencia sobre la
materia. En dicho fallo, esta Corporación sostuvo que, en los casos de privación injusta
de la libertad, debe examinarse la actuación que dio lugar a la medida restrictiva de este
derecho fundamental, sin que resulte viable la reparación automática de los perjuicios.
18
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
19
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-072 de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
20
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 14 de julio de 2023, expediente 25000-23-26-000-2010-00642-
01 (58.473), M. P. Marta Nubia Velásquez Rico.
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de unificación del 15 de agosto
de 2018, C.P: Carlos Alberto Zambrano Barrera, exp: 46.947.
22
Mediante fallo de tutela dictado el 18 de noviembre de 2019, por la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación, exp:
2019-00169-01 (AC).
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 6 de agosto de 2020, C.P:
José Roberto Sáchica Méndez, exp: 46.947.
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40. En jurisprudencia reciente de las tres subsecciones24 de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, se menciona, como marco normativo y jurisprudencial, la sentencia
SU-072 de 2018 de la Corte Constitucional, por lo cual, en general, se analiza la
antijuridicidad del daño, a la luz de la legalidad, razonabilidad y proporcionalidad de la
medida privativa de la libertad.
41. En el caso bajo estudio se observa que, en la sentencia atacada, el Tribunal
Administrativo de Arauca no desconoció el precedente de la Corte Constitucional en
materia de responsabilidad del Estado por privación de la libertad, pues no asumió que
con la sola acreditación del daño surgiera automáticamente el deber de reparación, como
lo sostiene el accionante. Por el contrario, aunque tuvo por demostrado el daño
consistente en la restricción de la libertad del señor José Antonio Acevedo, precisó que
ello no era suficiente para declarar la responsabilidad estatal y, en consecuencia,
procedió a analizar su antijuridicidad.
42. Para tal efecto, estudió las condiciones en que se produjo la captura y la imposición de
la medida de aseguramiento, verificando su legalidad, así como su razonabilidad y
proporcionalidad, y concluyó, a partir del material probatorio, que la actuación de las
autoridades se ajustó a los parámetros normativos y que la medida no fue arbitraria ni
desproporcionada, por lo que el actor estaba en el deber jurídico de soportarla.
43. En ese sentido, la Sala advierte que, el Tribunal aplicó los criterios fijados por la Corte
Constitucional, reiterados en sentencia SU-072 de 2018, según los cuales no procede la
reparación automática en todos los casos de privación de la libertad y corresponde al juez
determinar, en cada asunto, si el daño es antijurídico a partir del análisis de la actuación
que dio lugar a la medida. Así las cosas, se concluye que, en el caso sub examine, no se
configura el desconocimiento del precedente invocado, pues, la corporación accionada,
para emitir su decisión, sí tuvo en cuenta los lineamientos jurisprudenciales vigentes
sobre la materia.
44. Por consiguiente, el cargo no prospera, toda vez que, lo que se extrae del asunto es
que la parte actora está inconforme con la lógica y estudio dado por el fallador y pretende
emplear la acción de tutela para reabrir un debate ya zanjado por el juez natural. De esta
forma, no se encuentra que el Tribunal accionado incurriera en el defecto deprecado.
24
Ver (i) Subsección C, del 22 de noviembre de 2021, radicado 58457; (ii) Subsección A, del 22 de noviembre de 2021, radicado
65212; (iii) Subsección C, del 13 de marzo de 2024, radicado 68409; (iv) Subsección C, del 13 de marzo de 2024, radicado 68409 y
(iv) Subsección B, del 11 de febrero de 2022, radicado 45748.
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45. Por último, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que, el razonamiento que efectúa
el juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía e
independencia, ámbito que debe ser respetado por el de tutela cuando no observa
vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria su intervención.
III. DECISIÓN
46. Por las razones mencionadas, la Sala considera que, comoquiera que, en la acción de
tutela de la referencia, el actor no demostró que la providencia del 19 de diciembre de
2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca, incurrió en un desconocimiento
del precedente judicial, es menester negar el amparo solicitado.
47. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. NEGAR la solicitud de desvinculación de la Fiscalía General de la Nación, de
acuerdo con la parte motiva del fallo.
SEGUNDO. NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia, igualdad, reparación integral, dignidad y confianza
legítima invocados por el señor José Antonio Acevedo, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
TERCERO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y
término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
CUARTO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01088-00
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Accionado: Tribunal Administrativo de Arauca
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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