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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01090-01

Fecha
29 de julio de 2026
Consejero ponente
Zoranny Castillo Otálora

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01090-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 10 de abril de 2026 por la Sección Tercera, Subsección C, de esta Corporación, que declaró improcedente la acción de tutela. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-01090-01

Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora

29 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01090-01
Accionante: JORGE ARTURO RIVERA TEJADA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO –
SALA DE DECISIÓN ORAL – SECCIÓN B
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial/ Improcedencia de la acción de tutela -
Falta de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN

1. Se confirmará la sentencia proferida el 10 de abril de 2026 por la Sección
Tercera, Subsección C, de esta Corporación, que declaró improcedente la acción
de tutela, pero únicamente por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional.

2. La presente acción de tutela desborda la finalidad del amparo constitucional y
desconoce su carácter subsidiario y excepcional, al no acreditarse un problema de
relevancia constitucional.

II. ANTECEDENTES

Cuestión previa

3. Jorge Arturo Rivera Tejada, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, demandó a la Nación, Rama Judicial – Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y Universidad Nacional, con el fin de que se
declararan nulos los actos administrativos mediante los cuales fue excluido del
concurso de méritos para el cargo de secretario de juzgado del circuito de
Barranquilla.

4. El Juzgado Séptimo Administrativo de Barranquilla, por sentencia del 20 de
septiembre de 2024, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que los
actos acusados se encontraban amparados de presunción de legalidad.

5. El 28 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo del Atlántico Sala de decisión
Oral – Sección B, confirmó la decisión de la primera instancia.

La demanda

6. El 13 de febrero de 2026, Jorge Arturo Rivera Tejada interpuso acción de tutela

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01090-01
Accionante: Jorge Arturo Rivera Tejada

en contra del Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de decisión Oral- Sección
B, para proteger sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia, seguridad jurídica, confianza legítima, moralidad
procesal y administrativa, igualdad y dignidad humana.

7. Atribuyó la vulneración a la sentencia proferida el 28 de marzo de 2025 por el
Tribunal Administrativo del Atlántico – que confirmó la sentencia proferida el 20 de
septiembre de 2024 por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de
Barranquilla, dentro del proceso con número de radicado 08001-33-33-007-2021-
00210-00/01.

Pretensiones

8. El accionante solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y que se dejara
sin efectos la decisión cuestionada. Como consecuencia, pidió que se ordenara
proferir una nueva sentencia que estudie las pruebas, particularmente los
relacionados con la pregunta 49 y las demás preguntas cuestionadas del concurso.

Fundamentos de la tutela

9. Según la parte, actora, la providencia cuestionada adolece defecto fáctico por
indebida valoración probatoria porque no valoró elementos probatorios
determinantes y se limitó a reproducir las explicaciones de la Universidad Nacional
sin confrontarlas con los argumentos y soportes jurídicos aportados por él con
posterioridad al inicio de la demanda.

10. La sentencia se limitó a afirmar de manera general que las respuestas oficiales
estaban respaldadas por normas vigentes y jurisprudencia aplicable, pero sin
explicar concretamente por qué sus argumentos eran erróneos ni por qué la
respuesta considerada correcta por la Universidad Nacional debía prevalecer. Para
el accionante, esta insuficiente fundamentación vulneró su derecho al debido
proceso y a controvertir efectivamente la decisión judicial, lo que enmarcó en falta
de motivación.

11. El actor sostiene que se le impusieron cargas imposibles de cumplir, porque al
momento de presentar la demanda no tenía acceso a documentos esenciales del
concurso, como el cuadernillo y la hoja de respuestas, cuya entrega le fue negada
inicialmente. A pesar de ello, considera que estructuró adecuadamente los cargos
y posteriormente complementó sus argumentos cuando obtuvo la información.

12. En su criterio, el Tribunal desconoció esas circunstancias y dejó de examinar de
manera efectiva el fondo de las irregularidades denunciadas, particularmente la
supuesta contradicción entre la respuesta oficial de la pregunta 49 y el artículo 11
del Decreto 19 de 2012, configurándose así una vulneración de los derechos al
debido proceso, acceso a la justicia, igualdad y confianza legítima.

Trámite impartido

13. El 16 de febrero de 2026, el despacho sustanciador del proceso en primera
instancia admitió la tutela contra el Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de
decisión Oral- Sección B y vinculó al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01090-01
Accionante: Jorge Arturo Rivera Tejada

de Barranquilla, a la Nación, Rama judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial y a la Universidad Nacional de Colombia en calidad de terceros con interés.
14. Por auto del 26 de febrero de 2026 se vinculó a la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Barranquilla – Atlántico.

Intervenciones

15. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó desvinculación y,
en su lugar, vincular a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Barranquilla, por considerar que no tiene legitimación en la causa por pasiva.

16. Manifestó que los argumentos del accionante no evidencian una vulneración de
derechos fundamentales, sino que buscan reabrir un debate resuelto dentro del
proceso contencioso administrativo. A su juicio, la tutela pretende convertirse en
una instancia adicional para controvertir una decisión judicial ejecutoriada, por lo
que pidió negar las pretensiones al no configurarse los defectos alegados por el
actor.

17. La Universidad Nacional de Colombia solicitó su desvinculación al no
encontrar nexo causal entre sus funciones y las pretensiones de la tutela. Señaló
que el accionante no indicó ni demostró los requisitos de procedencia de la tutela
contra providencia judicial, por lo que pretende utilizar la tutela como si se tratara de
una instancia adicional al reiterar que la respuesta seleccionada en la prueba era la
correcta.

18. El Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de Decisión Oral – Seccion
B, indicó que la solicitud de amparo no expone un hecho concreto que evidencie la
afectación de un derecho fundamental, razón por la cual no satisface el requisito de
relevancia constitucional. Además, señaló que el actor mencionó de forma genérica
la configuración de un defecto fáctico, sin precisar qué prueba fue valorada
indebidamente ni qué actuación probatoria se omitió, por ello, sostuvo que la
sentencia del 28 de marzo de 2025 estuvo debidamente fundamentada en razones
fácticas y jurídicas y que no vulneró derecho fundamental alguno, debiéndose negar
las pretensiones de la tutela.

19. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Barranquilla – Atlántico solicitó negar las pretensiones de la tutela porque el
accionante busca reabrir una controversia jurídica y técnica que fue decidida por los
jueces competentes.

20. La entidad señaló que el Tribunal valoró adecuadamente la presunción de
legalidad de los actos administrativos y el concepto técnico de la Universidad
Nacional sobre las preguntas del examen, incluida la pregunta 49. Agregó que la
discrepancia del actor con la interpretación normativa aplicada por la Universidad y
acogida por el Tribunal no convierte la decisión judicial en arbitraria, pues se trata
de una diferencia de criterio jurídico que no puede resolverse por vía de tutela.

21. Respecto de la pretensión de redondear el puntaje de 799,45 a 800, la DEAJ
afirmó que ello es improcedente porque las reglas de la convocatoria son
obligatorias e inmodificables para todos los participantes. Indicó que no existe
norma que autorice el redondeo de puntajes y que permitirlo vulneraría los principios
de igualdad, mérito y transparencia frente a los demás concursantes. Por ello

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Accionante: Jorge Arturo Rivera Tejada

concluyó que la decisión del Tribunal fue ajustada a derecho y pidió mantener
intacta la sentencia y negar el amparo constitucional.
Sentencia de primera instancia1

22. El 10 de abril de 2026, la Sección Tercera del Consejo de Estado, Subsección
C, declaró improcedente la tutela, al no superar los requisitos de relevancia
constitucional y subsidiariedad. Para la Sala, se trató de una discusión de legalidad
estudiada por el juez natural y no de una verdadera vulneración de derechos
fundamentales.

23. Consideró que el accionante no estructuró de manera concreta un defecto
constitucional ni demostró que la decisión del Tribunal hubiera sido arbitraria,
caprichosa o violatoria de derechos fundamentales.

24. Respecto de la queja consistente en que el Tribunal no analizó todos los
argumentos de la apelación, señaló que dicha inconformidad podía encuadrarse en
una posible nulidad por incongruencia de la sentencia y que para ello existían
mecanismos judiciales específicos, como el recurso extraordinario de revisión.

25. Destacó que la sentencia del Tribunal sí explicó de forma clara por qué mantenía
la legalidad de los actos administrativos, por lo que concluyó que el asunto había
sido examinado por el juez competente y que la tutela estaba siendo utilizada como
una instancia adicional para reabrir el debate probatorio y jurídico.

Impugnación

26. El accionante afirmó que el caso tiene relevancia constitucional al involucrar el
debido proceso, el acceso a la administración de justicia y el derecho a participar en
un concurso de méritos para acceder a un cargo público. Rechaza la tesis según la
cual debía acudir al recurso extraordinario de revisión, pues sostiene que la
vulneración denunciada es de naturaleza constitucional y debía ser analizada
mediante la acción de tutela.

27. Afirmó que tanto el Juzgado Séptimo Administrativo como el Tribunal
Administrativo del Atlántico incurrieron en un defecto fáctico al no valorar
adecuadamente el cuadernillo de preguntas, la hoja de respuestas y demás pruebas
incorporadas al expediente. A su juicio, las sentencias se limitaron a reproducir las
explicaciones de la Universidad Nacional sin examinar de manera individual los
argumentos que presentó frente a las preguntas cuestionadas ni responder de fondo
los cargos expuestos en la apelación, lo que considera una vulneración de su
derecho al debido proceso.

28. Insiste en que su puntaje de 799,45 debió redondearse a 800, lo que le habría
permitido aprobar el concurso e ingresar al registro de elegibles. Por ello solicita
revocar la sentencia de tutela, dejar sin efectos la decisión del Tribunal
Administrativo del Atlántico y ordenar la expedición de un fallo de reemplazo.

1
Samai, índice 24 del expediente de tutela de primera instancia.
4

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Accionante: Jorge Arturo Rivera Tejada

III. CONSIDERACIONES

Competencia

29. Esta Subsección es competente para resolver la impugnación, conforme a los
artículos 86 de la Constitución y 32 del Decreto 2591 de 1991, concordantes con el
Acuerdo 080 de 2019, por el cual se expidió el reglamento interno de esta
corporación.

Problema Jurídico y metodología de la decisión

30. Corresponde a la Sala determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia
del 10 de abril de 2026, proferida por la Subsección C, de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento
de los requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad, al considerar en su
orden que el señor Jorge Arturo Rivera Tejada busca reabrir un debate
razonablemente zanjado por el juez natural y dispone del recurso extraordinario de
revisión para alegar el cargo de nulidad por incongruencia.

Análisis de la Sala2

31. De entrada, se advierte que, conforme a la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, el incumplimiento de alguno de los requisitos generales torna
improcedente la acción de tutela3.

32. Los argumentos de la impugnación cuestionan la afectación a los derechos
fundamentales dentro de un concurso público, escenario donde los principios de
mérito, igualdad, transparencia y debido proceso gozan de especial protección
constitucional. A juicio del accionante esto otorga relevancia constitucional al
asunto. Por lo tanto, la Sala analizará en primer lugar este requisito general. De
encontrarse superado, continuará con el estudio de las demás exigencias; de lo
contrario, se relevará de examinar los argumentos restantes.

Relevancia constitucional

33. La acción de tutela no es una instancia adicional para discutir aspectos
económicos, de mera legalidad o la interpretación legítima de los jueces naturales4.
Este mecanismo solo procede cuando afloran serias dudas sobre la arbitrariedad,
capricho o irracionalidad de una decisión judicial.

2 En este caso se constata la legitimación en la causa de las partes. La providencia atacada no es una sentencia

de tutela ni de control abstracto de constitucionalidad. También que se encuentra acreditado el requisito de
inmediatez, porque la acción de tutela se presentó el 13 de febrero de 2026, plazo que resulta razonable frente
a la providencia que se ataca pues si bien proferida el 28 de marzo de 2025 se notificó solo hasta el 13 de
agosto de 2025, se agotaron los medios judiciales ordinarios de defensa y, además, la discusión planteada no
versa sobre una irregularidad procesal.
3 En la Sentencia SU-022 de 2023 (cuadro contenido en la consideración 20), la Corte Constitucional señaló lo

siguiente respecto del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales:
«La acreditación de estos requisitos es una condición para adelantar estudio de fondo. Por lo tanto, el
incumplimiento de alguna de estas exigencias conduce a declarar la improcedencia de la acción de tutela».
4 En la sentencia T-352 de 2025, la Corte Constitucional determinó que el requisito de relevancia constitucional

tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de las autoridades judiciales de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por lo tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad, (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a disputas vinculadas con la afectación
de los derechos fundamentales e (iii) impedir que esta acción se convierta en una instancia o recurso adicional
para controvertir las decisiones de los jueces.

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Accionante: Jorge Arturo Rivera Tejada

34. La Corte Constitucional ha establecido que un asunto carece de relevancia
constitucional en dos situaciones. Por una parte, cuando la discusión se limita a la
simple determinación de aspectos legales de un derecho (la correcta interpretación
o aplicación de una norma procesal, salvo que de esta se desprendan claramente
violaciones de derechos fundamentales). Por otra parte, cuando sea evidente su
naturaleza o contenido económico porque se trata de una controversia
estrictamente monetaria con connotaciones particulares o privadas “que no
representen un interés general”5.

35. En síntesis, la acción de tutela contra providencias judiciales no es procedente
para evaluar la calidad o corrección legal de los razonamientos del juez natural, ni
para alegar que existen mejores argumentos a los que este utiliza. Lo que
corresponde es plantear que las decisiones censuradas tienen la aptitud de
desconocer derechos fundamentales.

36. Este valioso mecanismo constitucional tampoco es un instrumento para volver
a proponer una discusión en torno a la valoración probatoria del fallo que se
cuestiona. La inconformidad del accionante radica en una discrepancia
interpretativa frente al régimen de responsabilidad aplicado por los jueces de
instancia en el proceso de reparación directa, lo que, por sí solo, no constituye una
vía de hecho ni habilita la intervención del juez constitucional, en tanto no se
evidencia una interpretación abiertamente arbitraria, caprichosa o irrazonable.

37. El accionante aseguró que el Tribunal no valoró adecuadamente las pruebas
incorporadas al expediente, ni desarrolló de fondo los cargos expuestos en la
apelación, lo que considera una vulneración de su derecho al debido proceso.

38. Del análisis de la providencia cuestionada se tiene que el Tribunal confirmó la
sentencia de primera instancia que declaró probada la excepción de mérito de
inexistencia del derecho reclamado y negó las pretensiones de la demanda porque
al resolver el recurso de apelación encontró que el demandante no aportó pruebas
con la capacidad de desvirtuar las conclusiones técnicas de la Universidad Nacional
sobre la elaboración, validación y calificación de las preguntas del examen.

39. La Sala destacó que los actos administrativos demandados se apoyaron en
informes técnicos y psicométricos que explicaron de manera individual las
respuestas cuestionadas por el concursante, y que tales conceptos gozan de
presunción de legalidad mientras no exista prueba idónea que demuestre su error.

40. Asimismo, concluyó que no se configuró la causal de falsa motivación alegada
por el actor, porque las resoluciones que resolvieron los recursos administrativos sí
contenían una motivación razonable, pues explicaron porque se mantuvo la
calificación de 799,45 puntos y se rechazaron los cuestionamientos formulados
respecto de varias preguntas del examen. Además, precisó que el demandante no
demostró que los hechos tenidos en cuenta por la administración fueran falsos o
que se hubieran omitido circunstancias que condujeran a una decisión diferente.

41. Respecto al argumento de redondear el puntaje de 799,45 a 800, la Sala indicó:
“Tampoco se considera procedente redondear el puntaje del actor (799,45), pues el
digito que sigue a la parte entrera (4) es menor a 5, (...)” por lo que consideró que

5
Corte Constitucional, sentencias SU-128 de 2021 y T-610 de 2015.

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Accionante: Jorge Arturo Rivera Tejada

matemáticamente no procedía la aproximación al entero superior e inaplicó el
precedente judicial citado por el actor, pues correspondía a un asunto electoral
ajeno a las reglas de calificación de un concurso de méritos.

42. En criterio de esta Subsección, es evidente que el Tribunal Administrativo del
Atlántico, al resolver el recurso de apelación, sí efectuó un análisis integral y
razonado de las normas aplicables al proceso y de las pruebas que obraban en el
expediente y justificó razonadamente por qué, en el caso particular, no resultaba
procedente declarar la nulidad de los actos demandados que lo excluyeron de la
lista de elegibles para aspirar al cargo de secretario de juzgado de circuito, con lo
que se desvirtúa la vulneración al debido proceso alegada por el accionante.

43. En consecuencia, la parte actora pretende reabrir el debate jurídico y probatorio
ya definido por el juez natural de la causa, lo cual resulta ajeno a la finalidad de la
acción de tutela, por ello, no se satisface el requisito de relevancia constitucional,
en tanto este mecanismo no es una instancia adicional para controvertir
interpretaciones jurídicas ni valoraciones probatorias adoptadas por las autoridades
judiciales en ejercicio de sus competencias.

44. Los argumentos expuestos son razonables y no merecen reproche alguno desde
el punto de vista constitucional. El hecho de que el accionante no comparta el
fundamento de la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, no
significa que la autoridad judicial haya tomado una decisión irracional, absurda o
contraevidente, o al margen de las premisas normativas, de las pruebas y de la
jurisprudencia aplicable.

45. Entonces, lejos de realizar una interpretación arbitraria y caprichosa, lo que se
evidencia es que el juez natural efectuó un análisis integral y razonado de la
situación fáctica, con fundamento en las pruebas, los preceptos normativos y la
jurisprudencia aplicable al caso. Por tanto, es claro que la inconformidad del actor
se limitó a evaluar la calidad de los razonamientos del juez natural, lo que, más que
vicios o defectos de la sentencia, denotan su intención de convertir la acción de
tutela en instancia adicional del proceso ordinario.

46. En ese entendido la solicitud de amparo carece de relevancia constitucional al
no demostrarse una afectación que justifique la intervención del juez de tutela, pues
si bien se hizo referencia a la vulneración de derechos fundamentales
principalmente el debido proceso, acceso a la administración de justicia y
participación en concurso de méritos para acceder a un cargo público, el actor no
demostró de manera clara, específica y suficiente porqué la decisión judicial
controvertida compromete directamente el contenido y alcance de una garantía
constitucional.

47. Conforme a lo expuesto, la Sala confirmará el fallo impugnado, que declaró
improcedente la acción de tutela, pero únicamente por incumplimiento del requisito
de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01090-01
Accionante: Jorge Arturo Rivera Tejada

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 10 de abril de 2026 por la
Sección Tercera, Subsección C, de esta Corporación, que declaró improcedente la
acción de tutela.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Firmado electrónicamente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

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