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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01091-01

Fecha
9 de julio de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01091-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 37 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01091-01 Actor: ÓSCAR YOHANI HERNÁNDEZ MARTÍNEZ TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-01091-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

9 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01091-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: ÓSCAR YOHANI HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, TODA VEZ QUE NO SE CUMPLE
CON EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL, LOS
ARGUMENTOS DE LA TUTELA FUERON OBJETO DE PRONUNCIAMIENTO POR
PARTE DE LA AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA. ASUNTO ECONÓMICO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, IGUALDAD Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la

sentencia de 20 de marzo de 2026, mediante la cual la SECCIÓN

TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL CONSEJO DE ESTADO1

declaró improcedente la solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES

1
En adelante SECCIÓN TERCERA.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01091-01
Actor: ÓSCAR YOHANI HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

I.1.- La Solicitud

El señor ÓSCAR YOHANI HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, actuando

mediante apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela

prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la

protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la

igualdad y al acceso a la administración de justicia, los cuales estima

vulnerados por la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- DEL

CONSEJO DE ESTADO2, al haber proferido las providencias de 21

de agosto de 2024 y 24 de julio de 2025, dentro del proceso ejecutivo

identificado con el número único de radicación 25000-23-42-000-

2023-00134-01.

I.2.- Hechos

Indicó que laboró como empleado de la UNIDAD

ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS

DE BOGOTÁ3, cumpliendo mensualmente con 15 turnos de 24 horas

para un total de 360 horas mensuales, desde el 17 de junio de 2008

2 En adelante SECCIÓN SEGUNDA.
3
En adelante UAECOB.

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Actor: ÓSCAR YOHANI HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

hasta el 31 de enero de 2019, razón por la cual, mediante sentencia

de segunda instancia de 24 de octubre de 2019, la SECCIÓN

SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO ordenó

el reconocimiento y pago de las diferencias causadas de las

prestaciones reconocidas dentro del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho identificado con el número 2012-

00491-01.

Afirmó que, debido a lo anterior, presentó demanda ejecutiva contra

la UAECOB, con el fin de obtener el pago de la suma de $50.634.272,

más los intereses moratorios y el DTF por los primeros 10 meses

desde la ejecutoria de la citada sentencia.

Señaló que el citado proceso fue identificado con el número único de

radicación 2023-00134-00 y le correspondió por reparto a la

SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “C”- DEL TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA4 que, previo a

pronunciarse de fondo sobre el mandamiento de pago, consideró que

era necesario remitir el expediente a la Oficina de Apoyo Judicial -

Área Contable, con el fin de que elaborara un concepto técnico de la

4
En adelante TRIBUNAL.

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liquidación para determinar si existía un saldo pendiente a favor del

ejecutante por los conceptos alegados en las pretensiones y para

estimar contablemente si hubo un cumplimiento total, parcial o

desatención de la obligación dispuesta en la sentencia título base de

recaudo.

Sostuvo que, mediante auto de 13 de febrero de 2024, el TRIBUNAL

negó librar mandamiento de pago por cumplimiento de la obligación

dispuesta en la sentencia, con fundamento en el concepto técnico

aportado en el que se expuso que la administración no solo pagó lo

correspondiente a la obligación impuesta en sede judicial, sino que

además realizó una erogación mayor a la que correspondía en

derecho, resultando una diferencia negativa de $2.785.419,73.

Manifestó que, inconforme con lo anterior, interpuso recurso de

apelación el cual fue resuelto por la SECCIÓN SEGUNDA que,

mediante proveído de 21 de agosto de 2024, confirmó lo decidido por

el a quo, providencia contra la cual presentó solicitud de adición,

aclaración y corrección que fue resuelta de manera desfavorable

mediante auto de 24 de julio de 2025.

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I.3. Fundamentos de derecho

A juicio del actor, la autoridad judicial accionada incurrió en los

defectos fáctico y sustantivo, debido a que existen graves errores

en la reliquidación de los recargos festivos diurnos y nocturnos, toda

vez que, al tenor de lo dispuesto en el literal b) del numeral 3 de la

sentencia de recaudo de segunda instancia, se dejó claro que se

debían: “[…] REAJUSTAR los valores de los recargos nocturnos y el

trabajo en dominicales y festivos reconocidos al actor desde el 17 de

junio de 2008 (según certificaciones de pagos allegados al proceso),

empleando para el cálculo de los mismos el factor de 190 horas

mensuales, que corresponden a la jornada ordinaria laboral, y no

240, y pagar las diferencias que resulten a favor del demandante

[…]”.

Precisó que lo ordenado en la sentencia de recaudo de segunda

instancia, de manera clara y concreta, consistió en reajustar los

recargos pagados sobre 240 horas y pagarlos sobre 190 horas, para

lo cual se debe tomar la asignación básica y realizar las respectivas

operaciones para obtener el valor unitario de los recargos del 35%,

200% y 235%, para luego encontrar las diferencias entre lo pagado

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y lo que debió ser pagado.

Adujo que, contrario a lo afirmado en el concepto contable, la

operación real consistía en multiplicar el valor de $132.221.804 por

un 26% favorable al trabajador y no reliquidar los recargos con el

35%, 100% y 135% sobre 190 horas ni descontar los valores

pagados con el 35%, 200% y 235% por la entidad demandada,

liquidados sobre 240 horas mensuales.

Asimismo, advirtió que la SECCIÓN SEGUNDA desconoció el

precedente jurisprudencial contenido en las sentencias proferidas por

esta Corporación, entre otras, de la Sección Tercera, Subsección B,

de 25 de septiembre de 2023, expediente núm. 11001-03-15-000-

2023-04299-00; y de la Sección Segunda, de 9 de noviembre de

2023, radicado núm. 25000234200020180152601; de 14 de

noviembre de 2024, radicados núms. 25000234200020180150001 y

25000234200020180152301; de 2 de junio de 2022, expediente

núm. 25000234200020190107001 y de 2 de febrero de 2015,

radicado núm. 25000232500020100072501.

I.4.- Pretensiones

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Por lo anterior, el actor solicitó lo siguiente:

“[…] Primero: Se conceda, la tutela interpuesta, con el fin de
proteger los derechos Constitucionales fundamentales,
denominados: DERECHO A LA IGUALDAD, DERECHO AL DEBIDO
PROCESO, COSA JUZGADA, INMUTABILIDAD DE LAS SENTENCIAS,
principios Constitucionales del artículo 53 de la Carta Política, en
especial la igualdad de oportunidades a los trabajadores,
remuneración mínima vital y móvil proporcional a la cantidad y
calidad de trabajo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales; facultades para transigir y
conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más
favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e
interpretación de las fuentes formales de derecho; así como el
derecho al acceso a la administración de justicia conforme al
artículo 229 de la Constitución Política, ante la existencia de defecto
fáctico y sustantivo.

Segunda: Que el H. Consejo de Estado, disponga DEJAR SIN
EFECTOS la providencia de segunda instancia proferida por la
Subsección "A" de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado de
fecha 21 de agosto de 2024, notificada electrónicamente el 11 de
septiembre de 2024, en el expediente 25000 23 42 000 2023 00
134 01, Proceso ejecutivo laboral siendo demandante OSCAR
YOHANI HERNANDEZ MARTINEZ demandado DISTRITO CAPITAL -
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE
BOMBEROS DE BOGOTÁ, respecto a la cual la parte actora radicó
solicitud de adición, aclaración y corrección el 12 de septiembre de
2024, la cual fue negada de manera tácita mediante providencia
proferida 24 de julio de 2025 y notificada electrónicamente el 26
de agosto de 2025, por tanto se solicita se ordene a la H. Sala
accionada proferir nueva providencia conforme a lo consagrado en
los artículos 35 y 39 del Decreto Ley 1042 de 1978, respecto a los
porcentajes reales y valores favorables a reconocer por concepto
de reliquidación de los recargos festivos diurnos del 200% y
recargos festivos nocturnos del 235% con el factor de 190 horas
mensuales (jornada máxima legal empleados públicos), toda vez
que la H. Sala accionada confirmó la decisión errónea del H.
Tribunal al desconocer lo dispuesto en la sentencia de recaudo de
primera instancia, tanto así que tanto en el recurso de apelación
en los numerales 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 y 11, (folios 5 a 12), se
desglosan los motivos de inconformidad, así como en la solicitud
de adición, aclaración y corrección de la providencia de segunda
instancia en el proceso ejecutivo en los numerales 1,2, 3, 4, 5, 6,

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7 y 8, 9,10, 11,12, 13, 1 4 (folios 2 al 1 4 del mismo), COMO EN
LA PETICION visible a folios 16 a 19 acorde con la liquidación
presentada por la parte actora con la demanda ejecutiva visible a
folios 66 a 90 del expediente, además se transcribieron apartes
pertinentes de la sentencia del proceso de acción de nulidad y
restablecimiento del derecho de segunda instancia […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- La UAECOB solicitó declarar improcedente la acción de tutela

de la referencia por no cumplir con los requisitos generales de

procedibilidad, por cuanto no se cumplió el de inmediatez, pues la

providencia censurada fue proferida el 24 de julio de 2025, notificada

en el mes de agosto de ese año y la presente acción se radicó en

febrero de 2026, de manera que transcurrió aproximadamente más

de 6 meses desde aquella decisión, además, a su juicio, tampoco se

cumple la subsidiariedad, por cuanto el actor cuenta con el recurso

extraordinario de revisión para hacer valer sus pretensiones.

Finalmente, aseguró que la simple inconformidad del accionante con

la valoración probatoria realizada por el juez natural no constituye,

bajo ninguna circunstancia, una vulneración al debido proceso que

justifique la intervención excepcional del juez de tutela, pues ello

implicaría convertir la acción constitucional en una instancia adicional

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en la que se puedan replantear debates probatorios ya resueltos por

el juez competente, desconociendo así los principios de autonomía

judicial, seguridad jurídica y cosa juzgada que son pilares

fundamentales del ordenamiento jurídico.

I.5.2.- El TRIBUNAL se limitó a remitir el link del expediente

ejecutivo origen de la controversia, sin hacer pronunciamiento alguno

frente al fondo del asunto.

I.5.3.- La SECCIÓN SEGUNDA, guardó silencio.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN TERCERA mediante sentencia de 20 de marzo de 2026,

declaró improcedente el amparo solicitado por no cumplir con el

requisito general de la relevancia constitucional, al considerar que lo

pretendido por el actor es que nuevamente se valoren los

argumentos ya planteados y resueltos por la autoridad judicial

accionada en las providencias censuradas.

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Sostuvo que la SECCIÓN SEGUNDA explicó, in extenso, el

desarrollo normativo en materia de procesos ejecutivos y, de la

valoración del material probatorio obrante en el expediente,

determinó que la sentencia objeto de ejecución ordenó,

exclusivamente, reajustar el valor de los recargos nocturnos y el

trabajo en días dominicales y festivos, desde el 17 de junio de 2008,

sobre la base de 190 horas mensuales, mas no de 240.

Advirtió que, en atención a la autonomía judicial y al carácter

excepcionalísimo que reviste la acción de tutela, no basta con

manifestar inconformidades respecto a las decisiones judiciales

objeto de censura o alegar la configuración de los requisitos

especiales de procedencia, ya que, de esa forma, la discusión queda

restringida a asuntos de mera legalidad que no trascienden al plano

constitucional.

Finalmente, frente al desconocimiento del precedente alegado

concluyó que tampoco se cumplía con el requisito de la relevancia

constitucional, toda vez que, si bien el actor citó varias sentencias,

no indicó la similitud fáctica entre estas y su situación particular que

permitiera acertadamente concluir que, en efecto, se incurrió en la

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causal específica invocada, para ligar de manera inescindible los

fundamentos de hecho con una situación que pudiera transgredir los

derechos fundamentales de los que es titular.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor impugnó la sentencia proferida por la SECCIÓN SEGUNDA

bajo el argumento de que el presente asunto sí goza de relevancia

constitucional, en cuanto sostiene que la sentencia de primera

instancia incurrió en un error al concluir que la acción de tutela no

explicaba las razones por las cuales resultaban aplicables los

precedentes jurisprudenciales invocados, pues en los hechos 18, 19

y 20 de la demanda, desarrolló de manera suficiente los motivos por

los cuales era procedente atender la jurisprudencia del Consejo de

Estado relativa a la reliquidación de los recargos festivos diurnos al

200% y nocturnos al 235% sobre la jornada máxima legal de 190

horas mensuales, argumentos que, en su criterio, no fueron

valorados por el juez constitucional.

Insistió en que la providencia cuestionada incurrió en defectos fáctico

y sustantivo al desconocer el precedente fijado por la SECCIÓN

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SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO, en

sentencia de tutela de segunda instancia proferida el 27 de

noviembre de 2023, en la que, a su juicio, se resolvió un caso idéntico

y se ampararon los derechos fundamentales ante la modificación de

una sentencia de recaudo durante el trámite ejecutivo.

Finalmente, solicitó revocar el fallo impugnado y, en su lugar,

acceder al amparo constitucional, por cuanto las providencias

cuestionadas alteraron indebidamente lo ordenado en el fallo dictado

dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, al

reliquidar los recargos festivos con porcentajes del 100% y 135%,

en lugar del 200% y 235%, desconociendo así el derecho al debido

proceso, la inmutabilidad de las sentencias y el principio de

favorabilidad laboral.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

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establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,

magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue

asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la

jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela

contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

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perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas

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las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]

de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud

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del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

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i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se

dejen sin efecto las providencias de 21 de agosto de 2024 y 24

de julio de 2025, proferidas por la SECCIÓN SEGUNDA, mediante

las cuales confirmó el auto de 13 de febrero de 2024, dictado por el

TRIBUNAL, a través del cual negó el mandamiento de pago dentro

del proceso ejecutivo identificado con el número único de radicación

2023-00134-01.

A las citadas providencias el actor les atribuye la vulneración de sus

derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso

a la administración de justicia, habida cuenta que, a su juicio, la

SECCIÓN SEGUNDA incurrió en los defectos fáctico y sustantivo,

al desconocer el título ejecutivo contenido en la sentencia de 24 de

octubre de 2019, según el cual los recargos festivos son del doble de

la remuneración, es decir, del 200% y 235%, respectivamente,

conforme a lo previsto en el artículo 39 del Decreto 1042 de 1978,

sin perjuicio de la remuneración percibida en la asignación básica por

haber laborado el mes, por lo que, en su sentir, se equivocó al liquidar

el 100% y 135% sobre 190 horas mensuales y descontar los recargos

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ordinarios nocturnos del 35%, los recargos festivos diurnos del 200%

y los recargos festivos nocturnos del 235%, liquidados y pagados

sobre 240 horas mensuales por la parte ejecutada, lo que generó

saldos negativos.

Asimismo, alegó que también se incurrió en el desconocimiento del

precedente fijado por esta Corporación sobre la materia, para lo

cual citó sendas sentencias del Consejo de Estado.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN TERCERA que, mediante sentencia de 20 de marzo de

2026, declaró improcedente la solicitud de amparo al considerar que

no se cumplió con el presupuesto de la relevancia constitucional,

debido a que lo pretendido por el actor es que nuevamente se valoren

los argumentos ya planteados y resueltos por la autoridad judicial

accionada en las providencias censuradas.

Inconforme con lo anterior, el actor impugnó la decisión proferida en

primera instancia, manifestando que, contrario a lo considerado por

el a quo, la presente acción de tutela sí goza de relevancia

constitucional, por cuanto las providencias cuestionadas alteraron

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indebidamente lo ordenado en la sentencia dictada dentro del

proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, al reliquidar los

recargos festivos con porcentajes del 100% y 135%, en lugar del

200% y 235%, desconociendo así el debido proceso, la inmutabilidad

de las sentencias y el principio de favorabilidad laboral. Igualmente,

insistió en que resultaban aplicables los precedentes

jurisprudenciales invocados, relativos a la reliquidación de los

recargos festivos diurnos y nocturnos.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a

resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe

confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se

verificará si se cumplen los presupuestos generales de procedibilidad

de la acción de tutela contra providencia judicial; y, de ser así, se

establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos

deprecados e incurrió en los defectos alegados.

Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos

generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias

judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

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especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional5, de manera tal

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».6

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación7, en sentencia de unificación de 5 de

5
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
6
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia. El segundo aspecto, esto es, la relevancia
constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para
efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [8]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [9].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [10].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,

[8] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[9] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[10] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”

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para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [11].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [12]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en

[11] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
[12] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”

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los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [13].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [14]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 2022,

precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como finalidades las

siguientes:

[13] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[14] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones;
(ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces;
(iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de
tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los
procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal […]” (Destacado fuera de
texto).

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no

un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que

excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación

que dieron origen a la controversia judicial […]”, por lo que indicó

que para determinar si la acción de tutela en concreto cumplía con el

requisito de relevancia constitucional debía analizarse:

“[…] (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela
se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se
exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales […]”.
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

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discutir asuntos de mera legalidad; (ii) impedir que la acción de

tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para

controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la competencia

y la independencia del juez ordinario.

Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la presente

acción de tutela no cumple con el requisito general de la relevancia

constitucional, en la medida en que lo pretendido por el actor es que

se realice un nuevo análisis del asunto puesto a consideración del

juez natural, como si este mecanismo constitucional se tratara de

una instancia adicional al proceso ordinario.

En efecto, la divergencia recae sobre un asunto ya resuelto, porque

los motivos que fundamentan la inconformidad del actor se

sustentan, básicamente, en que, a su juicio, la autoridad judicial

accionada alteró indebidamente lo ordenado en la sentencia dictada

dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, al

reliquidar los recargos festivos con porcentajes del 100% y 135%,

en lugar del 200% y 235%.

Dicho aspecto, además de que carece de una perspectiva

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constitucional, se limita a una discusión de mera legalidad que gira

en torno a la inconformidad con la decisión adoptada por el juez

natural del asunto, la cual fue resuelta y aclarada de forma admisible

por la SECCIÓN SEGUNDA que, mediante auto de 21 de agosto de

2024, explicó lo siguiente:

“[…] A diferencia de lo que se indicó en el recurso de apelación, la
Sala advierte que el Tribunal liquidó los recargos dominicales y
festivos, diurnos y nocturnos, en cuantías de 200 % y 235 %,
respectivamente, lo cual descarta de plano el reproche expuesto
por el señor Óscar Yohani Hernández Martínez. Lo anterior se
desprende de las tablas de liquidación que presentó el auxiliar
contable del a quo, en las que se aplicaron las siguientes fórmulas:

Sin perjuicio de lo anterior, es importante resaltar que la sentencia
del 13 de junio de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, que había
denegado las pretensiones de la demanda, fue revocada por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
mediante fallo del 24 de octubre de 2019, en cuya parte resolutiva,
ordinal segundo, literal b), se ordenó, exclusivamente, reajustar el
valor de los recargos nocturnos y el trabajo en días dominicales y
festivos, desde el 17 de junio de 2008, sobre la base de 190 horas
mensuales, mas no 240 horas, y pagar las diferencias que
resultaran a favor del señor Óscar Yohani Hernández Martínez,
teniendo en cuenta cancelado y lo que debió sufragarse por tales
conceptos.

Adicionalmente, en el título denominado «[s]obre la reliquidación
de los recargos nocturnos y el trabajo en dominicales y festivos»,
contenido en el acápite de consideraciones de la sentencia del 24
de octubre de 2019, la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado se circunscribió a indicar que confirmaría la
decisión de primera instancia, en tanto denegó el reconocimiento
de los descansos compensatorios por el trabajo realizado en días
dominicales y festivos, debido a que el señor Hernández Martínez
laboraba con un sistema de turnos de 24 horas de trabajo por 24
horas de descanso (24 x 24).

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Así las cosas, la Sala observa que el fallo del 24 de octubre
de 2019 no contiene una obligación clara, expresa y exigible
de reliquidar la remuneración por el trabajo realizado en
días dominicales y festivos, diurnos y nocturnos, en cuantías
equivalentes a 200 % y 235 %, respectivamente. Lo
anterior, porque solo se ordenó reliquidar tales conceptos,
desde el 17 de junio de 2008, «empleando para el cálculo
de los mismos el factor de 190 horas mensuales, que
corresponden a la jornada ordinaria laboral, y no 240», y
pagar las diferencias que resultaran a favor del actor. Es
decir, la decisión sobre el reajuste no se enfocó en el
porcentaje de la remuneración, sino en el número de horas
mensuales que debía tomarse como base para el cálculo.

Por otro lado, en las páginas 11 y 12 de la sentencia del 24 de
octubre de 2019 se incluyó un cuadro sobre «los pagos que deben
realizarse cuando se excede la jornada ordinaria de trabajo de
acuerdo con el Decreto 1042 de 1978 (44 horas mensuales)»; sin
embargo, a) allí no se indicó que el trabajo en dominicales y
festivos, diurnos y nocturnos, tuviera que retribuirse con recargos
del 200 % y 235 % adicionales a la remuneración ordinaria, como
lo pretende el actor; y b) tal información se expuso de manera
general, en el acápite de consideraciones, para explicar el tema
bajo estudio, pero, al momento de analizar el caso concreto, solo
se ordenó reliquidar los recargos dominicales y festivos, diurnos y
nocturnos, sobre la base de 190 horas mensuales, sin precisión de
porcentajes, tal como se señaló previamente.

En esas condiciones, no está llamado a prosperar el argumento
planteado en el recurso de apelación, conforme al cual el a quo
debía liquidar la retribución por el trabajo en dominicales y festivos,
diurnos y nocturnos, en cuantías equivalentes a 200 % y 235 %,
ya que, justamente, el Tribunal utilizó dichos porcentajes, aun
cuando ello no fue consignado en el título ejecutivo. […]”
(Resaltado de la Sala).

Asimismo, en el auto de 24 de julio de 2025, la SECCIÓN SEGUNDA

expuso que:

“[…] La parte impugnante controvirtió el auto refiriendo que la
reliquidación de recargos ordenada no puede generar resultados

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negativos como se concluyó por el Tribunal, para la Subsección este
argumento no tiene la virtud de modificar lo resuelto por la primera
instancia, si se tiene en cuenta que el fundamento del presente
proceso ejecutivo es que la entidad presuntamente cumplió de
manera imperfecta la orden de la sentencia proferida el 24 de
octubre de 2019 por el Consejo de Estado y, bajo esa premisa, lo
que el Tribunal verificó fue si el acto administrativo de
cumplimiento daba total acatamiento o no a lo dispuesto en el
título, para disponer sobre el mandamiento de pago.

Entonces, si bien es claro que la sentencia que se trae como título
ordenó el reconocimiento de unos derechos laborales que
generaron en favor del señor Hernández Martínez el pago de unas
horas extras, el reajuste de unos recargos y la reliquidación de las
cesantías, media un acto de cumplimiento a través del cual se
cancelaron al ejecutante unos valores, los cuales fueron objeto de
revisión por parte del Tribunal para proferir la providencia del 13
de febrero de 2024.

Igualmente, discute que el concepto técnico no debió tener como
fecha final el 20 de octubre de 2020, sino el 1° de febrero de 2019
cuando cambió el sistema de turnos, revisado el informe contable
que sirvió de soporte para el auto, claramente se advierte que
ninguno de los derechos laborales que fueron ordenados en el título
y que fueron liquidados por el profesional de apoyo tuvo como
fecha final el 20 de octubre de 2020 como lo refiere el recurrente,
razón por la cual el presunto error que se enrostra no tiene
sustento de acuerdo a lo resuelto en el caso concreto.

La parte recurrente además insiste en que, según la liquidación
aportada con la demanda, existe un saldo insoluto por $50.634.272
y que resultado negativo encontrado por la primera instancia afecta
de manera significativa la reliquidación de las cesantías, la
indexación y los intereses ordenados, planteamientos que no
permiten modificar el ejercicio matemático llevado a cabo por el
Tribunal en la providencia y que fue el sustento para negar el
mandamiento de pago, toda vez que no se controvierte de manera
puntual los valores arrojados en la liquidación y únicamente se
insiste en la suma traída en la demanda ejecutiva, por lo que no
tienen vocación de prosperidad.

Refiere el ejecutante que el valor que por concepto de reliquidación
de cesantías consideró el Tribunal, es menor al reconocido por la
entidad al momento de dar cumplimiento a la sentencia, lo que
afecta su patrimonio. Para la Subsección, la afectación o no del
patrimonio del ejecutante, no resulta ser un argumento que

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permita variar lo decidido en la providencia, teniendo en cuenta
que no se trata de una explicación que lleve a desconocer la
liquidación llevada a cabo por el profesional contable.

Tampoco lo alegado sobre la reliquidación de los recargos debe
acogerse por parte de esta instancia, pues es evidente que no se
precisa el presunto error en el ejercicio matemático con respecto a
este punto de la liquidación.

Finalmente, lo que la parte refiere de manera general que fue
resuelto en casos análogos no afecta la decisión puntual adoptada
por el Tribunal en el caso concreto, ni permite variar lo resuelto.

Por lo expuesto, se confirmará la providencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca al no prosperar los
argumentos de reparo propuestos en el recurso de apelación. […]”.

De los apartes transcritos de las providencias objeto de tutela, se

evidencia que la SECCIÓN SEGUNDA se pronunció, precisamente,

sobre los argumentos expuestos por el actor en la presente acción

de tutela.

En efecto, la autoridad judicial accionada expuso que el fallo de 24

de octubre de 2019 no contenía una obligación clara, expresa y

exigible de reliquidar la remuneración por el trabajo realizado en días

dominicales y festivos, diurnos y nocturnos, en cuantías equivalentes

al 200 % y 235 %, respectivamente, pues sólo se ordenó reliquidar

tales conceptos, desde el 17 de junio de 2008, “[…] empleando para

el cálculo de los mismos el factor de 190 horas mensuales, que

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corresponden a la jornada ordinaria laboral, y no 240 […]”, y pagar

las diferencias que resultaran a favor del actor, por lo que la decisión

sobre el reajuste no se enfocó en el porcentaje de la remuneración,

sino en el número de horas mensuales que debía tomarse como base

para el cálculo.

Asimismo, la SECCIÓN SEGUNDA puso de presente que en la

sentencia de 24 de octubre de 2019, se ordenó el pago de las

diferencias que hubieran podido resultar a favor del accionante, entre

lo que se le pagó y lo que se le debía cancelar por los conceptos allí

reconocidos; no obstante, ello no indica que, inexorablemente,

tenían que liquidarse saldos a su favor, máxime cuando la autoridad

judicial no desconoció la posibilidad de que los cálculos mostraran

diferencias negativas o en contra del demandante, pues se precisó

que, en caso de que así ocurriera, no se ordenaría la devolución de

lo pagado en exceso.

En ese orden de ideas, la Sala advierte que la SECCIÓN SEGUNDA

aclaró, precisamente, los aspectos que el actor reclama, sin que se

vislumbre que pudo haber actuado de forma abiertamente arbitraria

o desbordado los límites del principio de la autonomía judicial, por lo

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que el asunto carece del requisito general de la relevancia

constitucional.

Situación distinta es que el actor no comparta la tesis allí dispuesta,

lo cual no significa que la decisión sea arbitraria, sino que de

conformidad con la autonomía judicial de la que goza el juez de

conocimiento, la autoridad judicial accionada decidió el asunto

sometido a su consideración.

Ahora, sobre el incumplimiento del requisito de relevancia

constitucional en los debates que versan sobre un asunto

meramente económico y cuya falta de reconocimiento no

compromete ningún derecho fundamental, la Corte Constitucional en

la sentencia SU-573 de 27 de noviembre de 201915, sostuvo lo

siguiente:

“[…] 3.6. Ausencia de relevancia constitucional

45. La finalidad de la acción de tutela es conjurar aquellas
situaciones en que la decisión de la autoridad judicial incurre
en graves falencias, de relevancia constitucional, que conllevan
una decisión incompatible con la Constitución. Por tal razón, la
jurisprudencia constitucional ha reiterado que uno de los
requisitos genéricos de procedibilidad de la acción de tutela en
contra de providencias judiciales es que el asunto tenga

Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 27 de noviembre de 2019. Referencia: Expedientes T-
15

7.457.373, T-7.457.923 y T-7.466.562. M.P. Carlos Bernal Pulido

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evidente relevancia constitucional; esto es, que se oriente a la
protección de derechos fundamentales, “involucre garantías
superiores y no sea de competencia exclusiva del juez
ordinario”.

46. Dado que “la garantía de que cada órgano goce de
autonomía, en el sentido que debe poder desenvolverse y
desplegar su actividad por sí mismo, y autogobernarse, son
actividades que resultan básicas para definir el equilibrio en el
ejercicio del poder público”, los órganos judiciales de cierre
“tienen entre sus competencias ‘la unificación de jurisprudencia
como forma de precisar con autoridad y vocación de
generalidad el significado y alcance de las diferentes áreas del
ordenamiento jurídico”. […]

En tales términos, la acreditación de esta exigencia, más allá
de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una
relación con derechos fundamentales, supone justificar
razonablemente la existencia de una restricción prima facie
desproporcionada a un derecho fundamental, que no es lo
mismo que una simple relación con aquel.

47.Con fundamento en lo anterior, esta Corte ha manifestado
que la relevancia constitucional tiene tres finalidades, a
saber: (i) preservar la competencia y la independencia
de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la
constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii)
restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones
de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción
de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

48.Primero, la controversia debe versar sobre un asunto
constitucional, pero no meramente legal y/o económico.
Según la jurisprudencia constitucional, las discusiones
de orden legal, esto es, aquellas relativas a un derecho
de índole económico, deben ser resueltas mediante los
mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite, dado
que “le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse de
forma imprudente en asuntos de carácter netamente
legal o reglamentario”, so pena de “involucrarse en
[cuestiones] que corresponde definir a otras
jurisdicciones”. En tales términos, un asunto carece de
relevancia constitucional, según lo ha considerado la Corte, (i)

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cuando la discusión se limita a la mera determinación de
aspectos legales de un derecho, como la correcta interpretación
o aplicación de una norma “de rango reglamentario o legal”,
salvo que de esta “se desprend[a]n violaciones a los derechos
y deberes constitucionales” o (ii) cuando sea evidente su
naturaleza o contenido económico, por tratarse de una
controversia estrictamente monetaria con connotaciones
particulares o privadas, “que no representen un interés
general”.

49. Segundo, “el caso [debe involucrar] algún debate jurídico
que gir[e] en torno al contenido, alcance y goce de algún
derecho fundamental”. La Corte ha sostenido al unísono que la
cuestión debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible”
relevancia constitucional, dado que el único objeto de la tutela
es la protección efectiva, inmediata y subsidiaria de los
derechos constitucionales fundamentales. Por tal razón, es
necesario que “la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental”. Esto
significa que el asunto debe ser trascendente para (i) “la
interpretación del estatuto superior”, (ii) su aplicación, (iii)
desarrollo eficaz y (iv) la determinación del contenido y alcance
de los derechos fundamentales. Lo anterior, exige al juez
“indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes”.

50. Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional
orientado a discutir asuntos de mera legalidad. Según la
jurisprudencia constitucional, “la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios”, pues la competencia del
juez de tutela se restringe “a los asuntos de relevancia
constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter
legal”. En este orden de ideas, la tutela en contra de una
sentencia dictada, en particular, por una Alta Corte, exige
valorar, prima facie, si la decisión se fundamentó en una
actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial,
violatoria de derechos fundamentales. Solo así se garantizaría
“la órbita de acción tanto de los jueces constitucionales, como
de los de las demás jurisdicciones”, en estricto respeto a la
independencia de los jueces ordinarios. […]

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52. Sin embargo, las supuestas irregularidades advertidas por
los actores no cumplen con esta exigencia jurisprudencial,
debido a que la controversia planteada: (i) versa sobre un
asunto meramente legal, con una connotación patrimonial
privada, (ii) que no tiene relación directa con la presunta
afectación de un derecho fundamental, y (iii) busca reabrir el
debate concluido por el juez ordinario, por cuanto no se
advierte prima facie una actuación arbitraria o ilegítima de la
autoridad judicial […]”.

Así las cosas, la Sala observa que la divergencia planteada en la

solicitud de amparo deviene también de un asunto de contenido

económico, derivado de un debate estrictamente normativo y legal.

De otra parte, se advierte que frente al defecto por desconocimiento

del precedente jurisprudencial invocado por el actor tampoco se

cumple el requisito de la relevancia constitucional, dado que sus

afirmaciones no cumplen con la carga argumentativa, por cuanto se

limitó a transcribir apartes de providencias que hacen alusión a

conceptos relacionados con los vistos en el caso bajo estudio, sin

precisar la relación fáctica y jurídica que pudiese existir entre lo

resuelto en esas oportunidades y la controversia del presente asunto.

Respecto de la relevancia constitucional y la carga argumentativa del

defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial, esta

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Sección16 ha indicado:

“[…] Como se logra apreciar, el apoderado judicial del actor para
sustentar el supuesto defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente se limitó a referenciar la fecha y citar apartes de
las decisiones judiciales que, a su juicio, fueron desatendidas;
sin embargo, tal como lo sostuvo esta Sala de Decisión en
pronunciamiento de 19 de abril de 2021, la carga argumentativa
de esta causal de procedibilidad se entiende satisfecha cuando,
además de lo anterior, la parte actora identifique: i) las reglas
y sub reglas jurisprudenciales que se fijaron en las
providencias que se aducen desatendidas; ii) las
situaciones fácticas coligadas, y iii) los problemas
jurídicos planteados en ambos casos eran análogos o
similares; argumentación que en el caso de autos no se
cumple […]”. (Destacado fuera de texto)

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor, sino

una divergencia dirigida a cuestionar una decisión judicial como si

este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, en

relación con aspectos que fueron resueltos de forma admisible por la

autoridad accionada, por lo cual el juez de tutela no puede

inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela

un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso invadir la

competencia y la independencia del juez ordinario.

16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de
noviembre de 2022, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 2022-04407-01.

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Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la

decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.

En consecuencia, se confirmará la decisión del a quo, que declaró

improcedente la solicitud de amparo por no cumplir el requisito

general de la relevancia constitucional y así se dispondrá en la parte

resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, de conformidad

con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

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TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 9 de julio de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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