Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-01094-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-01094-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-01094-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
7 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-01094-00
Demandante JUAN SEBASTIÁN HERNÁNDEZ FORONDA
Demandada CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos generales de
procedibilidad de la acción. La relevancia constitucional. Medio de
control de pérdida de investidura.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por el señor Juan Sebastián Hernández Foronda, de conformidad con lo
dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 13 de febrero de 2026, el señor Juan Sebastián Hernández Foronda interpuso
acción de tutela, mediante apoderado judicial, contra el Consejo de Estado, Sección
Primera por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso,
a elegir y ser elegido, a la igualdad, al trabajo y a la libertad de escoger profesión y
oficio, con ocasión de la sentencia de 23 de octubre de 2025 proferida en el medio
de control de pérdida de investidura 05001-23-33-000-2024-00709-02.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«1. Amparar mis derechos fundamentales
2. Dejar sin efectos la sentencia del 23 de octubre de 2025 proferida por el Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
3. Que como consecuencia de lo anterior, se ordene a la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado que dentro de las 48 horas siguientes
a la notificación profiera sentencia de reemplazo en el proceso de pérdida de investidura
promovido por el señor JOHNATAN STIVEN JIM䔃ĀNEZ LONDO七̀O en contra del Concejal
de Copacabana/ Antioquia, JUAN SEBASTIÁN HERNÁNDEZ FORONDA dentro del
proceso de pérdida de investidura, teniendo en cuenta la providencia del Juez
Constitucional de Tutela».
2. Hechos
Del expediente, los hechos relevantes son los siguientes:
2.1. El señor Johnatan Stiven Jiménez Londoño interpuso demanda en ejercicio
del medio de control de pérdida de investidura contra el concejal Juan
Sebastián Hernández Foronda del municipio de Copacabana (Antioquia),
elegido para el periodo 2024-2027.
El actor aseguró que el demandado incurrió en la causal de incompatibilidad
del numeral 3º del artículo 45 de la Ley 136 de 1994, en consideración a que
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Demandante: Juan Sebastián Hernández Foronda
fungió como delegado del Concejo ante la Junta Municipal de Educación en el
año 2023 y participó activamente en las decisiones de esta última.
Dicha causal de incompatibilidad consiste en que los concejales no podrán «3.
Ser miembros de juntas o consejos directivos de los sectores central o descentralizado del
respectivo municipio, o de instituciones que administren tributos procedentes del mismo».
2.2. En sentencia de 30 de agosto de 2024, el Tribunal Administrativo de Antioquia
(Expediente 05001-23-33-000-2024-00709-00) decretó la pérdida de investidura
del concejal Juan Sebastián Hernández Foronda del municipio de Copacabana
por el período 2020-2023, por considerar que incurrió en la causal de
incompatibilidad del numeral 3º del artículo 45 de la Ley 136 de 1994.
La autoridad judicial indicó que dada la naturaleza del proceso de pérdida de
investidura era necesario determinar si la falta aducida es típica, antijurídica y
culpable.
En cuanto a la tipicidad, la norma que se invoca como causal de pérdida de
investidura es el numeral 3º del artículo 45 de la Ley 136 de 1994 en
concordancia con el numeral 2° del artículo 55 de esa misma Ley. Seguido,
sostuvo que se encontraron acreditados los siguientes requisitos:
(i) Que el demandado haya sido elegido concejal municipal o distrital. Se
acreditó, pues conforme con el formulario E-26 CON del 27 de octubre de 2019
y Formulario E-26 CON 29 de octubre de 2023 y las certificaciones emanadas
de la Registraduría Nacional del Estado Civil el señor Juan Sebastián
Hernández Foronda resultó elegido como concejal del municipio de
Copacabana en los periodos 2020-2023 y 2024-2027.
(ii) Que el demandado tenga simultáneamente, la calidad de concejal y de
miembro de junta o consejo directivo de una entidad. Al respecto sostuvo
que mediante la Resolución 009 del 09 de febrero de 2023 se nombró al
concejal Juan Sebastián Hernández Foronda como delegado ante la Junta
Municipal de Educación de la municipalidad de Copacabana. A su vez, se
comprobó que el señor Hernández Foronda participó en sesiones de la
mencionada Junta a partir del 9 de febrero de 2023 y hasta su renuncia el día
16 de marzo de 2023.
(iii) Que la entidad pertenezca a los sectores central o descentralizado del
respectivo municipio. En efecto, de los artículos 161 de la Ley 115 de 1994 y
39 de la Ley 489 de 1998 se desprende que las juntas municipales de educación
hacen parte del sector central de la administración pública, en consideración a
que cumplen funciones administrativas relacionadas con el servicio de
educación del ente territorial, esto es, el municipio.
Precisó que, si bien en el artículo 162 de la Ley 115 de 1994 se establece que
para la integración de la Junta Municipal de Educación debe concurrir un
representante del concejo municipal, esto no implica en manera alguna que
ese representante deba ser uno de los concejales. Postura que ha sido
adoptada por el Consejo de Estado.
De otro lado, explicó que la conducta es antijurídica, en tanto que el asunto
involucra el ejercicio de dos actividades llevadas a cabo de manera
simultánea, que corresponden a aquellas previstas taxativamente por el
legislador como incompatibles.
Finalmente, consideró que se configura el elemento de la culpabilidad. Al
respecto, explicó que el demandado tiene el deber tanto de conocer las
incompatibilidades a las cuales se encuentra sometido al ostentar la dignidad
de concejal como de cotejarlas con los supuestos fácticos en los que se ubica
su situación. En ese sentido, no le es excusable la ignorancia de la ley.
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Demandante: Juan Sebastián Hernández Foronda
Indicó que el señor Juan Sebastián Hernández Foronda cuenta con título de
tecnólogo en gestión de producción industrial y con experiencia en ese campo
como coordinador de producción desde agosto de 2017 a septiembre de 2019.
Aseguró que, justamente, las condiciones antes referenciadas sobre la
formación académica y el ejercicio profesional denotan que aquel sí se
encontraba en las condiciones para conocer, entender y comprender la causal
de incompatibilidad invocada. El hecho de que fuera la primera vez que ejercía
como concejal municipal y sin que previamente hubiese ocupado algún cargo
público no implica que se exonere del deber de examinar el régimen jurídico y
las incompatibilidades relacionadas con el cargo de concejal. Insistió que esto
último constituye una obligación de carácter general y sin distingo alguno en
referencia a la cantidad de veces que se encuentre en el ejercicio de la función
pública.
Por las razones expuestas, consideró que era procedente la declaratoria de
pérdida de investidura, al encontrarse acreditada la configuración de la causal
invocada por la parte actora.
2.3. El señor Juan Sebastián Hernández Foronda interpuso recurso de apelación
contra la sentencia de primera instancia.
2.4. En sentencia de 23 de octubre de 2025, el Consejo de Estado, Sección
Primera confirmó el fallo apelado.
2.5. El señor Juan Sebastián Hernández Foronda presentó solicitud de aclaración
de la sentencia «con el fin de precisar si la declaratoria de pérdida de investidura contenida
en la decisión se extiende al periodo 2024-2027 respecto al cual ostento (sic) la calidad de
concejal del municipio de Copacabana (…) O en su defecto que se emita pronunciamiento si
los efectos de la decisión se circunscriben exclusivamente al periodo 2020-2023 conforme a
lo resuelto en la sentencia de primera instancia» (transcripción literal).
Aseguró que existió una imprecisión sustancial que genera ambigüedad en el
fallo, la cual es susceptible de aclaración, puesto que se analizaron hechos
relacionados con el ejercicio del cargo de concejal del municipio de
Copacabana, período 2020-2023; no obstante, la solicitud se dirigió
expresamente a obtener la pérdida de investidura para el período 2024-2027,
como se plasmó en las pretensiones.
Mediante providencia de 11 de diciembre de 2025, la Sección Primera del
Consejo de Estado negó la solicitud de aclaración de la sentencia de 23 de
octubre de 2025, porque consideró que no existían conceptos o frases que
ofrezcan verdadero motivo de duda en la parte resolutiva de la sentencia o que
influyan en esta.
En todo caso, sostuvo que no existió la imprecisión a la que alude la parte
accionada y que el fallo de 23 de octubre de 2025 se pronunció respecto de (i)
los hechos, causal y período expuestos en la solicitud de pérdida de
investidura y (ii) del recurso de apelación formulado por la accionada.
3. Fundamentos de la acción
Tras considerar que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la
tutela contra providencias judiciales, la parte actora argumentó que el Consejo de
Estado, Sección Primera incurrió en los defectos sustantivo, procedimental absoluto
y la violación directa de la Constitución, por las razones que se expondrán a
continuación.
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3.1. Defecto sustantivo: la parte actora consideró que la autoridad judicial
accionada incurrió en ese yerro, por varios motivos.
En primer lugar, aseguró que las inhabilidades e incompatibilidades no son
figuras equivalentes y, por lo tanto, tienen presupuestos de hecho distintos;
además, son de aplicación e interpretación restrictiva por cuanto limitan la
libertad y los derechos de las personas.
Indicó que las inhabilidades son restricciones fijadas por el constituyente o el
legislador para limitar el derecho de acceso al ejercicio de cargos o funciones
públicas. Tienen un carácter prohibitivo y, por consiguiente, estas son taxativas
y su interpretación es restrictiva. De ahí que no hay lugar a analogías ni pueda
aducirse razones para hacerlas extensivas a casos no comprendidos por el
legislador.
Por su parte, las incompatibilidades se tienen en razón del cargo que se
desempeña, esto es con motivo y por causa de una condición diferente a la de
cualquier persona y a partir de las especiales responsabilidades que se
asumen. Por consiguiente, las incompatibilidades son aquellas gestiones o
actividades que no pueden ejercerse de manera simultánea con el desempeño
del cargo; significan imposibilidad jurídica de coexistencia entre dos
actividades. Se busca que quienes tienen a su cargo la administración pública
y la representación de los intereses generales se dediquen íntegramente a la
gestión que han asumido.
Sostuvo que según el artículo 47 de la Ley 136 de 1994 «Las incompatibilidades
de los concejales municipales y distritales, tendrán vigencia hasta la terminación del período
constitucional respectivo». De ahí que las incompatibilidades se predican
únicamente del periodo constitucional respectivo. Por lo tanto, si se
consideraba que se configuró la incompatibilidad prevista en el numeral 3º del
artículo 45 de la Ley 136 de 1994 en el periodo 2020-2023, «debió demandarse la
investidura de ese periodo constitucional y no demandarse la investidura del periodo
constitucional 2024-2027» como lo hizo el actor.
Entonces, al declarar la pérdida de investidura para el periodo 2024-2027 con
fundamento en una presunta incompatibilidad configurada en el periodo 2020-
2023, el Consejo de Estado hizo una interpretación extensiva de la causal de
incompatibilidad prevista en el numeral 3º del artículo 45 de la Ley 136 de 1994
pues la aplicó por fuera de su término de duración contemplado en el
mencionado artículo 47. El Consejo de Estado se limitó a analizar la
configuración de la causal de incompatibilidad, sin tener en cuenta la
ocurrencia de los hechos en el tiempo.
Además, consideró que, al extender en el tiempo los efectos de la
incompatibilidad prevista en el numeral 3º del artículo 45 de la Ley 136 de
1994, pareciera que el Consejo de Estado asimilara la incompatibilidad con
una inhabilidad; sin embargo, en el caso esto último no fue alegado por el
accionante en su demanda de pérdida de investidura.
En segundo lugar, aseguró que también se configura un defecto sustantivo
dada la indebida interpretación de las normas que regulan las juntas
municipales de educación, análisis que tuvo un impacto directo en la
valoración del elemento subjetivo.
Explicó que su conducta fue justificada porque (i) las normas legales y
reglamentarias del orden nacional establecen que la Junta Municipal de
Educación estará integrada, entre otros, por un representante del concejo
municipal; (ii) el Decreto municipal 073 de 2009 dispone que el representante
permanente del Concejo Municipal de Copacabana en la Junta Municipal de
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Educación será un integrante de la Comisión Tercera del cabildo, es decir, un
concejal del municipio de Copacabana; y (iii) el cabildo municipal lo designó
como representante mediante un acto administrativo que hasta el momento
goza de legalidad. Por lo tanto, insistió que asumió la condición de integrante
de la Junta Municipal de Educación bajo el convencimiento de que con su
conducta no estaba contrariando el ordenamiento jurídico y de que con ella
daba cumplimiento no solo al encargo que le hiciera el cabildo, sino también a
una función que por mandato del orden jurídico aplicable le corresponde al
concejo del que forma parte.
Así las cosas, su actuar tuvo como origen una serie de normas y decisiones
administrativas que le brindaron la confianza legítima de estar actuando
conforme a derecho. Además, de haberse negado a participar en la Junta
Municipal de Educación habría incumplido normas jurídicas que al momento
de los hechos eran para él vinculantes. En su criterio, esto descarta la
configuración del elemento subjetivo, es decir el dolo o la culpa grave, para la
pérdida de investidura.
En tercer lugar, aseveró que la naturaleza jurídica de la Junta Municipal de
Educación se interpretó de forma contraria a los postulados mínimos de la
razonabilidad jurídica. Y es así porque la Junta Municipal de Educación no
constituye un espacio de coadministración. Del artículo 155 de la Ley 115 de
1994 se deriva que las juntas educativas, entre estas la Junta Municipal de
Educación, no son entidades públicas propiamente dichas, sino órganos de
participación social de carácter consultivo en el que la comunidad
representada en diferentes estamentos participa para aportar a la creación de
la política pública de educación.
La Junta Municipal de Educación no cuenta con personería jurídica y no toma
decisiones asociadas a la educación en el municipio. Tampoco tiene la
mayoría de las competencias que podrían considerarse de ejecución
presupuestal, en tanto que el servicio público educativo en su mayoría est愃Ā en
cabeza del Departamento de Antioquia, pues el municipio no se encuentra
certificado para ejecutar los recursos del régimen general de participaciones
para educación. Por ende, insistió que la Junta Municipal de Educación es solo
un espacio de participación que no se configura como una junta administradora
de una entidad administrativa. En la práctica la Junta Municipal de Educación
es absolutamente simbólica.
Resaltó que la incompatibilidad invocada por la parte actora del medio de
control consiste en que los concejales no pueden participar en órganos del
sector central o descentralizado. De ahí que esta no se configuraba en el caso,
puesto que la Junta no es propiamente un órgano administrativo, en los
términos de la Ley 489 de 1998 ni hace parte del sector central de la
administración, pues no se trata de una secretaría de despacho, ni de un
órgano descentralizado, en tanto que su creación no proviene de la autonomía
territorial del municipio. En suma, insistió que es un espacio de participación
ciudadana establecido por la ley de educación, sin que este carácter implique
coordinación o administración de la administración municipal.
3.2. Defecto procedimental absoluto: se configura este defecto, porque se
vulneró el principio de congruencia, dado que las sentencias de primera y
segunda instancia resolvieron sobre unas pretensiones que no fueron
formuladas en la demanda.
En efecto, las pretensiones de la demanda estaban orientadas a que se
decretara la pérdida de investidura «para el periodo 2024-2027» y que, como
consecuencia de lo anterior, se ordenara la cancelación de la correspondiente
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credencial que lo acreditaba como concejal de dicho municipio para ese
período constitucional. Subrayó que en la demanda nada se dijo en relación
con la solicitud de desinvestidura para el período 2020-2023 que es,
precisamente, el periodo por el cual se decretó la pérdida de investidura.
Tal situación fue informada al juez natural mediante la excepción previa de
ineptitud de la demanda, en la que se argumentó que esta última no cumplía
con los requisitos dispuestos por el artículo 5 de la Ley 1881 de 2018. En esa
oportunidad se expuso que los hechos que en criterio del actor configuraron la
causal de incompatibilidad invocada ocurrieron hasta el 23 de mayo de 2023.
Sin embargo, se solicitó la pérdida de investidura por un periodo posterior a
esa fecha. En su criterio, «No resulta congruente que se al inobservancia la predique
régimen de incompatibilidades por hechos anteriores al ejercicio de la investidura que se
impugna» (transcripción literal).
Indicó que en auto de 3 de julio de 2024 el Tribunal sostuvo que este tipo de
excepciones no eran procedentes en el proceso de pérdida investidura y que,
en todo caso, la excepción sería resuelta en la sentencia que pusiera fin a la
instancia. Sin embargo, aseguró que la sentencia no resolvió nada al respecto.
3.3. Violación directa de la Constitución: la autoridad judicial accionada vulneró
directamente normas de rango constitucional como son las que contemplan
las garantías constitucionales al debido proceso, en cuanto se refiere a la
observancia de los principios pro homine, in dubio pro reo, de legalidad, de
razonabilidad, de favorabilidad, de proporcionalidad y de culpabilidad.
Asimismo, se vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad, a elegir y
ser elegido, al trabajo, a la libertad de escoger profesión y oficio y a acceder al
desempeño de funciones y cargos públicos.
4. Trámite e intervenciones
4.1. En auto de 20 de febrero de 2026, se requirió a la parte actora a fin de que
remitiera copia del mensaje de datos por medio del cual el señor Juan
Sebastián Hernández Foronda otorgó el poder especial al abogado.
4.2. Tras la remisión de lo solicitado en el requerimiento, mediante auto de 10 de
marzo de 2026, se admitió la acción de tutela interpuesta por el señor Juan
Sebastián Hernández Foronda contra el Consejo de Estado, Sección Primera.
Asimismo, se ordenó notificar al señor Johnatan Stiven Jiménez Londoño,
quien actuó en calidad de demandante en el medio de control, a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, al Ministerio Público y al Tribunal
Administrativo de Antioquia; se reconoció personería al abogado de la parte
actora; y se ordenó efectuar las notificaciones correspondientes.
4.3. El Consejo de Estado, Sección Primera aseguró que en el caso no se
cumple con el requisito de relevancia constitucional, debido a que el asunto
debatido no gira en torno al alcance, aplicación o desarrollo de un derecho
fundamental, sino frente a la inconformidad con la decisión adoptada por el
juez natural.
Los argumentos expuestos en la acción de tutela ya fueron objeto de análisis
en las sentencias de 30 de agosto de 2024 y de 23 de octubre de 2025. En
esas decisiones judiciales se encontraron configurados los elementos objetivo
y subjetivo de la violación del régimen de incompatibilidades de los concejales,
causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 2º del artículo 55 de la
Ley 136 de 1994 y en el numeral 1º del artículo 48 de la Ley 617 de 2000.
En efecto, se acreditó que el accionado incurrió en la incompatibilidad
contenida en el numeral 3º del artículo 45 de la mencionada Ley 136,
consistente en la prohibición para los concejales de ser miembros de juntas o
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consejos directivos de los sectores central o descentralizado del respectivo
municipio o de instituciones que administren tributos procedentes de este.
Por consiguiente, afirmó que la acción de tutela se pretende utilizar como una
tercera instancia.
Ahora bien, en relación con los cargos expuestos por el tutelante, indicó que
no existe defecto sustantivo por la presunta interpretación extensiva de la
incompatibilidad contenida en el numeral 3º del artículo 45 de la Ley 136 de
1994.
También desestimó el argumento del actor según el cual no se tuvo en cuenta
en la valoración del elemento subjetivo la interpretación de las normas que
regulan las juntas municipales de educación, lo que en su criterio implica un
defecto sustantivo. Al respecto, la Sección Primera señaló que en la sentencia
controvertida se explicaron las razones por las cuales no era posible alegar
que se estaba actuando al amparo de normas y decisiones administrativas
relativas a la integración de las juntas municipales de educación.
Frente al argumento consistente en que se interpretó indebidamente la
naturaleza jurídica de las juntas municipales de educación, la autoridad judicial
sostuvo que se acogió la postura que sobre el tema la Sección ha reiterado en
otros casos.
A juicio de la autoridad judicial, el presunto defecto procedimental absoluto
tampoco se configuró, ya que la lectura integral y sistemática de la demanda
apuntaba a que los hechos y el reproche formulados no se limitaban al período
2024-2027, sino que incluían el período 2020-2023, respecto del cual se
decretó la pérdida de investidura. Por lo tanto, consideró que no existió
violación al principio de congruencia. Además, el tutelante tuvo la oportunidad
de ejercer sus derechos de defensa y contradicción respecto de la
incompatibilidad que se le atribuyó.
Finalmente, consideró que no se incurrió en violación directa de la
Constitución, pues al proferir la sentencia de 23 de octubre de 2025 no se
vulneró ningún derecho fundamental. Por el contrario, la decisión de confirmar
el fallo de primera instancia fue el resultado del análisis de las piezas
procesales y de las pruebas allegadas al expediente, así como de la normativa
aplicable al caso y de las decisiones judiciales proferidas por la Sección
Primera que resolvieron controversias similares.
Por lo expuesto, solicitó (i) declarar improcedente la acción de tutela por no
cumplir el requisito de procedencia de relevancia constitucional; y (ii) en caso
de efectuarse el análisis de fondo, negar las pretensiones de la acción de tutela
por no existir vulneración de los derechos fundamentales invocados por el
accionante.
4.4. El Tribunal Administrativo de Antioquia aseveró que la sentencia de
primera instancia se cimentó, entre otras, en la naturaleza jurídica de las
Juntas Municipales de Educación y se coligió que estas integran el sector
central de la administración pública.
Adicionalmente, se examinó el acervo probatorio obrante en el proceso de cara
a la causal de pérdida de investidura alegada en la demanda, esto es el
numeral 3º del artículo 45 de la Ley 136 de 1994 en concordancia con el
numeral 2° del artículo 55 ídem. El estudio del material probatorio permitió
establecer que el demandado fue elegido como concejal municipal de
Copacabana; que de manera simultánea tuvo la calidad de concejal y de
miembro de la junta; y que las juntas municipales de educación correspondían
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al sector central del municipio, en razón de que cumplían funciones
administrativas relacionadas con el servicio de educación del ente territorial.
Asimismo, se explicó que, atendiendo a decisiones previas emanadas del
Consejo de Estado, cuando los concejales formaban simultáneamente parte
de las juntas municipales de educación incurrían en la causal de
incompatibilidad prevista en el numeral 3º del artículo 45 de la Ley 136 de 1994
De igual modo, se analizó el elemento subjetivo de la culpa; análisis en el cual
se tuvo en cuenta sus condiciones personales, académicas y desempeño
profesional, las cuales permitían colegir que se encontraba en la capacidad de
comprender la causal de incompatibilidad estudiada. También se puso de
presente la obligación general de revisar el marco normativo, así como las
inhabilidades e incompatibilidades de quienes acceden a la función pública.
También se evidenció la falta de cuidado del demandado, dado que le
correspondía revisar el marco jurídico en relación con el cargo de concejal que
desempeñaba. A su turno, se planteó que no había pruebas tendientes a
demostrar que el demandado intentó conocer el régimen jurídico de su cargo
y el de inhabilidades e incompatibilidades y tampoco se acreditó que este haya
buscado asesoría sobre el particular.
En virtud de lo expuesto, consideró que no existía arbitrariedad ni
desconocimiento de las pruebas obrantes en el expediente, sino una
interpretación jurídica fundada en los hechos del caso y en la normativa
aplicable.
En su criterio, las sentencias de primera y segunda instancia fueron proferidas
con pleno respeto al debido proceso, en ejercicio de la función jurisdiccional y
conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y autonomía judicial. Por
tanto, no se configura vulneración alguna de derechos fundamentales, ni se
acredita la existencia de un defecto fáctico, sustantivo o procedimental que
habilite la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales.
Finalmente, adujo que la controversia planteada por la parte accionante no
satisface el requisito de relevancia constitucional, porque la discusión se
circunscribe a aspectos de orden legal y probatorio y lo que se pretende, en
esencia, es sustituir el criterio del juez por el del accionante, bajo la premisa
de que su interpretación resulta más acertada. Lo que existe, entonces, es una
inconformidad subjetiva con el sentido de la decisión, pero no configura una
vulneración de derechos fundamentales.
Por lo anterior, solicitó negar por improcedente la tutela interpuesta.
4.5. El señor Johnatan Stiven Jiménez Londoño, quien promovió el medio de
control de pérdida de investidura, manifestó que su actuación en este último
se limitó al ejercicio de un derecho ciudadano reconocido por el ordenamiento
jurídico, mediante el cual cualquier persona puede acudir ante la jurisdicción
contencioso administrativa para solicitar la pérdida de investidura de un
servidor público elegido por voto popular.
Por lo tanto, aseguró que no es sujeto pasivo de la acción de tutela ni puede
ser considerado responsable de la supuesta vulneración de derechos
fundamentales alegada por el accionante.
Consideró que la tutela interpuesta es improcedente, porque constituye un
intento de reabrir un debate judicial que ya fue resuelto por la jurisdicción
competente, lo cual resulta contrario a la naturaleza subsidiaria y excepcional
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Demandante: Juan Sebastián Hernández Foronda
del mecanismo constitucional de amparo. Además, sostuvo que no se
configura un perjuicio irremediable, pues la separación del cargo es la
consecuencia jurídica de una sentencia judicial ejecutoriada que decreta la
pérdida de investidura por conducta gravemente culposa.
De otra parte, informó que el accionante en el pasado promovió otra acción de
tutela relacionada. Dicha tutela se interpuso contra el Concejo Municipal de
Copacabana, alegando la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la participación política con ocasión de la
expedición de la Resolución 011 del 23 de febrero de 2026 mediante la cual
se declaró la vacancia de su curul. Esta fue tramitada bajo el radicado 05212-
40-89-001-2026-00159-00 y resuelta por el Juzgado Primero Promiscuo
Municipal Oral de Copacabana mediante sentencia de 10 de marzo de 2026.
Dicha autoridad declaró improcedente la acción de tutela, al considerar que el
accionante contaba con otros mecanismos judiciales para controvertir el acto
administrativo cuestionado.
Por las razones expuestas, solicitó declarar la improcedencia de la acción de
tutela interpuesta.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19911, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales de altas cortes
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales2
y especiales3 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera reiterada, la jurisprudencia constitucional ha indicado que cuando se
interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los
requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
1 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
2 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son:
i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya
utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus
derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial
(inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión
proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
3 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
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una mejor fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de
tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes.
Cuando por vía de tutela se cuestiona una providencia judicial proferida por la Corte
Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, la procedencia de la acción de
amparo es más restrictiva debido a que estas corporaciones son las encargadas de
unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones, por lo que los principios
de autonomía e independencia judicial adquieren mayor relevancia. Es así como, la
Corte Constitucional ha indicado que, como presupuesto adicional para admitir la
procedencia de la acción de tutela, la providencia judicial atacada debe contener un
error ostensible, manifiesto y flagrante que riña de manera directa con la
Constitución Política y que justifique la intervención del juez constitucional.
Según lo anterior, en los eventos en que por vía de tutela se cuestione una
providencia proferida por una alta corporación, corresponde al juez de tutela verificar
el cumplimiento de: (i) los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales; (ii) la existencia de una o varias causales especiales
de procedibilidad; y (iii) la configuración de un defecto en la providencia judicial
acusada que haga que esta riña de manera abierta con la Constitución Política y
sea incompatible con la jurisprudencia constitucional.
3. Planteamiento del problema jurídico
Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, le corresponde a la Sala
establecer si la acción interpuesta cumple a cabalidad con los requisitos generales
de procedibilidad, especialmente el de relevancia constitucional.
Solo en caso de superar dicho análisis, y de encontrar satisfechos todos los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial, se determinará si al proferir la sentencia de 23 de octubre de 2025 el
Consejo de Estado, Sección Primera incurrió en alguno de los defectos alegados
por la parte actora.
4. Alcance del requisito de la relevancia constitucional de la tutela contra
providencia judicial
La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y la
independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para reemplazar
al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su labor, entonces, está
orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados y a proferir órdenes
encaminadas a su restablecimiento. Con base en esta premisa, la procedencia de
la tutela contra providencias judiciales está condicionada a que el asunto sea de
evidente relevancia constitucional.
Para dilucidar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito,
esta Sala de decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de
Estado en Sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte
Constitucional en la sentencia T-248 de 2018, ha fijado algunos criterios
orientadores:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración
de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse
para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente
económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de
la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
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fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las
razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones
de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela
debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener
relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una
expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales,
el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo
agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en
los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos
por los jueces competentes.
La Corte Constitucional ha dicho que la relevancia constitucional es el primer
presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Su corroboración exige que el juez constitucional evidencie de manera
diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una marcada importancia
constitucional que afecte derechos fundamentales.
5. Análisis del caso
5.1. Como se desprende de lo expuesto previamente, el cumplimiento del requisito
de relevancia constitucional, tratándose de tutela contra providencia judicial,
implica un conjunto de elementos que deben reunirse. En ese sentido, son
varios los aspectos que se estudian a fin de definir si un asunto es de
relevancia constitucional. Entre estos elementos, se requiere que la acción
constitucional no se esté empleando como una tercera instancia para reabrir
el mismo debate ya surtido ante el juez natural, que se cumpla con una carga
argumentativa suficiente, entre otras condiciones.
Para verificar que la tutela no se esté utilizando como si fuera una instancia
adicional, al juez le corresponde estudiar si los cargos expuestos en el proceso
en que se profirió la providencia cuestionada y los desarrollados en el escrito
de tutela son iguales o semejantes. Justamente, la Sala encuentra que la
acción constitucional se está empleando como una tercera instancia, en tanto
que los argumentos desarrollados en el escrito de tutela ya fueron objeto de
debate ante el juez natural.
En el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia
se alegaron los siguientes argumentos:
(i) Falta de congruencia entre las pretensiones formuladas y lo resuelto en
la sentencia de primera instancia. El apelante indicó que en la demanda
se solicitó decretar la pérdida de investidura con relación al periodo
constitucional 2024-2027 y aun así en el fallo se decretó tal pérdida, pero
respecto del periodo 2020-2023 por hechos ocurridos en ese lapso.
Además, indicó que tal circunstancia, que en su criterio configuraba la
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ineptitud de la demanda, debió ser resuelta por el Tribunal. Este último
no podía simplemente modificar la pretensión, bajo el argumento de que
se trata de una acción pública.
(ii) Su designación como representante del concejo en la Junta Municipal de
Educación, de un municipio no certificado en educación y como invitado,
no configura la causal de incompatibilidad invocada por el demandante.
(iii) La Junta Municipal de Educación no es ni una secretaría de despacho, ni
hace parte de la administración municipal, ni es un órgano
descentralizado. Por lo tanto, la causal invocada por el actor no se
presenta en el caso, pues para su configuración es imprescindible que el
órgano en el que se produjo la participación sea o del sector central o del
descentralizado. Esto denota que el Tribunal efectuó «un análisis amplio y
extensivo y no restrictivo de la presunta causal de perdida (sic) de investidura».
(iv) Se pasó por alto que una de las razones por las cuales participó en
calidad de invitado en la Junta Municipal de Educación es porque fue
designado mediante acto administrativo para que acudiera ante dicha
junta. Y tal designación, a su vez, obedeció al cumplimiento de un deber
legal. Esta circunstancia desvirtúa el presunto actuar doloso o
gravemente culposo. Al contrario, su actuar se fundamentó en el
convencimiento y confianza legítima de que su participación como
invitado no implicaba ser integrante de ella.
(v) El Tribunal Administrativo de Antioquia acogió una tesis objetivista de la
causal de incompatibilidad y se limitó a expresar que existía un deber de
cuidado que no fue debidamente observado. En criterio de dicha
autoridad, por el hecho de ser concejal era obligatorio conocer la
incompatibilidad, sin tener en cuenta que se trataba de un ciudadano sin
formación especializada que carecía de las herramientas para discernir
si se trataba de una conducta o no prohibida.
Más aún si se considera que el Concejo dictó acto administrativo
designándolo como representante; y quienes lo proyectaron fueron
profesionales del derecho que se basaron en la existencia de una norma
de la cual se desprende el deber jurídico de representar al Concejo. De
ahí que se generaron suficientes condiciones de confianza legítima que
condujeron a su participación en la Junta Municipal de Educación.
(vi) «el fallo incurre en un vicio interpretativo en tanto interpreta extensivamente una causal
de pérdida de investidura». Ante la existencia de posiciones disímiles, el
Tribunal debió optar por la interpretación más garantista, teniendo en
cuenta que la consecuencia jurídica de la pérdida de investidura tiene
implicaciones jurídicas imprescriptibles y altamente lesivas para la
libertad política.
5.2. Se observa, entonces, que los argumentos desarrollados en el escrito de tutela
son una reproducción de los reparos expuestos en el medio de control. De
manera que la parte actora está empleando la acción como si fuera una
instancia adicional, pues los mismos cargos mencionados ya fueron resueltos
por parte del juez natural. Así se desprende del contenido de la sentencia de
23 de octubre de 2025, proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera,
en la cual tales cargos fueron desestimados.
De entrada, en la sentencia controvertida la Sección Primera de la Corporación
precisó que, aunque el demandante solicitó que se declarara la «pérdida de
investidura (…) para el período 2024-2027», lo cierto es que el análisis debía
efectuarse respecto del período 2020-2023. Esto obedece a que «en los hechos
que fundamentaron la solicitud, indicó que el accionado fue elegido concejal del municipio de
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Copacabana para el período “[...] 2020-2024 (sic) [...]” y que, durante su período, y por m愃Ās
de un año: “el concejal JUAN SEBASTIÁN HERNÁNDEZ FORONDA, ocupó un cargo
proactivamente, diferente al de ser concejal y en calidad de representante del concejo
Municipal de Copacabana, ante la (JUME) asistiendo a secciones (sic) ordinarias y
extraordinarias, de la Junta Municipal de Educación”».
Precisado lo anterior, tal autoridad judicial indicó que en varias oportunidades
se ha señalado que para la configuración de la incompatibilidad prevista en el
numeral 3º del artículo 45 de la Ley 136 de 1994 se requiere acreditar los
siguientes supuestos: «i) la calidad de concejal; ii) tenga simultáneamente, la calidad de
concejal y de miembro de junta o consejo directivo de una entidad; y iii) que la entidad
pertenezca a los sectores central o descentralizado del respectivo municipio».
Respecto de los dos primeros requisitos, sostuvo que se comprobó (i) la
calidad de concejal del municipio de Copacabana para el período 2020-2023
del accionado; (ii) que fue designado como delegado del Concejo Municipal de
Copacabana ante la Junta Municipal de Educación para la vigencia 2023 y que
en condición de representante del Concejo Municipal participó en las
reuniones de la Junta Municipal de Educación realizadas los días 7 y 17 de
marzo de 2023 y 11 de mayo de 2023; (iii) que renunció a tal condición en
escrito de 15 de mayo de 2023, la cual le fue aceptada.
Desestimó los argumentos del apelante consistentes en que únicamente tuvo
la condición de invitado en la Junta Municipal de Educación, pues lo contrario
se deriva de su designación, renuncia y aceptación de esta última.
En relación con la naturaleza de las juntas municipales de educación, la
Sección Primera indicó que en su sentencia de 28 de enero de 2010 estableció
que estas formaban parte del sector central de la administración pública, pues
cumplen funciones administrativas relacionadas con el servicio público de
educación a cargo de los municipios, conforme los artículos 39 de la Ley 489
de 1998 y 161 y 162 de la Ley 115 de 1994; posición reiterada en la sentencia
de 1 de abril de 2022.
Por consiguiente, consideró que se comprobó que el concejal del municipio de
Copacabana para el período 2020-2023, Juan Sebastián Hernández Foronda,
simultáneamente con el ejercicio del cargo de concejal tuvo la calidad de
integrante de la Junta Municipal de Educación del municipio de Copacabana
como representante del concejo de este municipio para el año 2023. Conforme
a las sentencias de la Sección Primera de 28 de enero de 2010 y 1° de abril
de 2022, tales juntas pertenecen al sector central del respectivo municipio.
En consecuencia, sostuvo que se acreditó objetivamente la violación del
régimen de incompatibilidades previsto para los concejales por parte del
accionado, al incurrir en la incompatibilidad contenida en el numeral 3º del
artículo 45 de la Ley 136 de 1994.
Con relación al elemento subjetivo de la causal de pérdida de investidura
atribuida al accionado, aseguró que para establecer si el accionado actuó de
manera gravemente culposa se debe acreditar al menos que el accionado
debía conocer la ilicitud de su conducta en virtud de la diligencia que debía
desplegar.
Indicó que es una obligación general para quien pretende acceder a la función
pública la revisión de los requisitos y el marco normativo que rigen el cargo al
que se aspira, incluidos quienes aspiran a ocupar cargos de elección popular.
La revisión de los requisitos y el estudio del marco normativo que rige el cargo
al que se aspira, en este caso el de concejal municipal, es una obligación
general que no se reduce o minimiza por efecto de carecer de formación
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técnica, tecnológica o universitaria o que no se cuente con experiencia en el
sector público.
Para realizar tal análisis deben tenerse en cuenta las condiciones personales
del accionado, entre ellas el grado de formación, su profesión, las
circunstancias que lo rodearon, así como los actos que realizó para conocer
dicho marco normativo, como lo son solicitar conceptos o asesorarse frente a
la configuración o no, por ejemplo, de una causal de pérdida de investidura o
de una incompatibilidad.
Sostuvo que el análisis del elemento subjetivo que emprendió la primera
instancia no solo tuvo en consideración la condición de concejal del accionado,
sino sus condiciones personales. También se analizaron las acciones que
emprendió para cumplir con el deber general de revisar el marco normativo y
se encontró que no desplegó ninguna acción al respecto. A lo cual agregó que
la ignorancia de la ley no sirve de excusa y que solo es posible justificar la
conducta cuando se presente la buena fe calificada, lo cual no sucede en el
caso.
Manifestó que el accionado allegó pruebas relacionadas con su condición
personal que permitían colegir, como lo hizo la primera instancia, que el
demandado estaba en condiciones de comprender el hecho o circunstancia
configurativa de la causal de pérdida de investidura e indagar si incurría en
algún tipo de prohibición por la aceptación de la designación en la Junta
Municipal de Educación.
Con base en lo expuesto, concluyó que no se desvirtuó la configuración de los
elementos objetivo y subjetivo de la causal de pérdida de investidura prevista
en el numeral 2º del artículo 55 de la Ley 136 de 1994 por incurrir en la
incompatibilidad prevista en el numeral 3º del artículo 45 de esa misma ley.
Por esa razón, confirmó la sentencia apelada.
Así las cosas, dado que en el caso se corrobora la similitud de los cargos
expuestos en la pérdida de investidura y en la tutela, la Sala considera que
esta última acción se está utilizando como si fuera un recurso más propio del
debate ante el juez de la causa. De ahí que la acción interpuesta carece de la
relevancia constitucional necesaria, pues se está empleando como si esta
fuera una instancia adicional del medio de control.
5.3. Precisado lo anterior, se recuerda que la jurisprudencia constitucional ha dicho
que la acción de tutela contra providencias judiciales no se instituyó como un
análisis de las mejores razones entre las expuestas en la decisión atacada y
la interpretación sostenida por el tutelante, en tanto que no obedece a su
naturaleza y propósito.
De ahí que la simple disparidad de criterio no constituye en sí misma una
vulneración de derechos fundamentales. Justamente, lo advertido en el caso
es que la parte actora presentó tutela por no estar de acuerdo con la decisión
de las autoridades accionadas. Sin embargo, tal discrepancia de criterios no
implica una vulneración real a su derecho al debido proceso.
De manera reiterada, se ha sostenido que cuando se controvierten decisiones
judiciales, la procedencia del amparo está sujeta a que el asunto sea de tal
relevancia en materia constitucional, que se logre apreciar sin mayor esfuerzo
una vulneración grosera o de bulto; lo que no ocurre en este caso.
No debe olvidarse que tratándose de providencias judiciales proferidas por
altas cortes (quienes cumplen la función de unificar la jurisprudencia y actuar como
órganos de cierre en sus respectivas jurisdicciones), se exige la configuración de
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un error en la providencia judicial acusada que haga que esta riña de manera
abierta con la Constitución Política y que sea incompatible con la
jurisprudencia constitucional. Este elemento no acontece en el caso.
Finalmente, es importante recordar que al cuestionar una decisión proferida
por un juez mediante la acción de tutela automáticamente entran en juego los
principios de cosa juzgada, independencia, autonomía funcional y juez natural.
Por consiguiente, a fin de encontrar un equilibrio entre la posibilidad de dejar
una decisión judicial sin efectos y tales principios es imperativo que se cumplan
con rigor cada uno de los requisitos generales señalados jurisprudencialmente,
incluyendo la relevancia constitucional.
En consecuencia, si los requisitos generales de procedibilidad no se cumplen,
no hay lugar a estudiar el asunto de fondo. Es condición imprescindible para
analizar los defectos propuestos por la parte actora que todos los presupuestos
generales se cumplan a cabalidad. Solo así será procedente, proseguir al
segundo estadio de análisis consistente en determinar si las autoridades
judiciales accionadas incurrieron en los defectos planteados por el tutelante.
6. Conclusión
Con base en lo expuesto, la Sala declarará la improcedencia de la acción, por
considerar que no se satisface el requisito de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por el señor Juan
Sebastián Hernández Foronda, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada la presente decisión, ENVIAR a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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