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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-01094-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-01094-01

Fecha
16 de julio de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-01094-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 7 de mayo de 2026 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia de la acción constitucional. En su lugar, NEGAR la solicitud de amparo frente al defecto sustantivo, por las razones indicadas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-01094-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

16 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01094-01
Accionante: JUAN SEBASTIÁN HERNÁNDEZ FORONDA
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA

Temas: Pérdida de investidura de concejal. Violación del régimen de
incompatibilidades. Tutela contra providencia judicial.
Inexistencia de defecto sustantivo.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida el 7 de mayo de 2026 por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de
1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los decretos
333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena
del Consejo de Estado.

Por auto del 10 de mayo de 20262, la Sección Cuarta admitió la acción
constitucional y, mediante la providencia del 29 de mayo de 2026, concedió la
impugnación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. El señor Juan Sebastián Hernández Foronda, actuando a través de
apoderado judicial, instauró acción de tutela en contra de la Sección Primera del
Consejo de Estado. Con la solicitud de amparo pretende la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a elegir y ser elegido, a la igualdad,
al trabajo, a la libertad de escoger profesión y oficio y de acceder al desempeño
de funciones y cargos públicos.

2. Las anteriores garantías constitucionales las estimó vulneradas con
ocasión de la sentencia del 23 de octubre de 2025 proferida por la Sección

1
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2
Índice 12 del expediente de primera instancia en Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar
que se notificó como accionada a la Sección Primera del Consejo de Estado. De otro lado, se
vinculó como tercero con interés al señor Johnatan Stiven Jiménez Londoño, a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al Ministerio Público y se reconoció personería jurídica
al abogado Juan Carlos Novoa Buendia como apoderado de la parte demandante.

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Primera de esta corporación. En dicha providencia se confirmó la decisión del 30
de agosto de 2024 dictada por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de
Antioquia, que decretó la pérdida de investidura del tutelante, en calidad de
concejal del municipio de Copacabana por el periodo 2020-20233.

3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:

1. Amparar mis derechos fundamentales

2. Dejar sin efectos la sentencia del 23 de octubre de 2025 proferida por el
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera.

3. Que como consecuencia de lo anterior, se ordene a la Sección Primera
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado que
dentro de las 48 horas siguientes a la notificación profiera sentencia de
reemplazo en el proceso de pérdida de investidura promovido por el señor
JOHNATAN STIVEN JIMÉNEZ LONDOÑO en contra del Concejal de
Copacabana/ Antioquia, JUAN SEBASTIÁN HERNÁNDEZ FORONDA
dentro del proceso de pérdida de investidura, teniendo en cuenta la
providencia del Juez Constitucional de Tutela. [Sic a toda la cita]

1.2. Hechos

4. El señor Johnatan Stiven Jiménez Londoño instauró demanda de pérdida
de investidura en contra del concejal Juan Sebastián Hernández Foronda,
representante del partido Cambio Radical, para el periodo 2024-2027 en el
municipio de Copacabana (Antioquia). Ello, por la presunta violación del régimen
de inhabilidades e incompatibilidades o de conflicto de interés; causal prevista en
el numeral 2 del artículo 55 de la Ley 136 de 19944.

5. Como sustento de la demanda, el señor Jiménez Londoño expuso que el
1 de noviembre de 2019 el señor Hernández Foronda fue elegido concejal del
municipio de Copacabana para el periodo 2020-2023. Señaló que, durante ese
tiempo, e incluso por más de un año, ocupó un cargo distinto a aquel para el cual
fue elegido, al actuar como representante del Concejo Municipal de Copacabana
ante la Junta Municipal de Educación (JUME). En consecuencia, sostuvo que se
configuró la causal de incompatibilidad prevista en el numeral 3 del artículo 45 de
la Ley 136 de 19945.

6. El 30 de agosto de 2024, la Sala Plena del Tribunal Administrativo de
Antioquia declaró la sanción de pérdida de investidura del demandado, al

3
Al interior del proceso de pérdida de investidura identificado con el radicado: 05001-23-33-000-
2024-00709-02.
4
«ARTÍCULO 55.- Pérdida de la investidura de concejal. Los concejales perderán su investidura
por: […] 2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto de
intereses».
5
«ARTÍCULO 45.- Incompatibilidades. Los concejales no podrán:
3. Ser miembros de juntas o consejos directivos de los sectores central o descentralizado del
respectivo municipio, o de instituciones que administren tributos procedentes del mismo».

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considerar que, en efecto, tuvo simultáneamente la calidad de concejal y de
miembro de una junta o consejo directivo del sector central municipal.

7. Para sustentar su decisión, el a quo consideró que estaba acreditada la
tipicidad de la conducta, toda vez que: i) la JUME es un organismo del sector
central de la administración, en tanto ejerce funciones administrativas
relacionadas con el servicio de educación en el ente territorial; ii) mediante la
Resolución 009 del 9 de febrero de 2023, el señor Hernández Foronda fue
nombrado delegado ante la JUME del municipio de Copacabana e intervino en
las sesiones de la junta desde el 9 de febrero al 16 de marzo de 2023, fecha en
la que renunció.

8. Frente a la antijuricidad, el tribunal consideró que el numeral 3 del artículo
45 de la Ley 136 de 1994 pretende impedir que se mezclen los intereses de la
actividad del municipio con la labor que adelantan los concejales, en tanto no se
puede pertenecer al sector central ni al descentralizado al tiempo, toda vez que,
por ministerio de la Carta Política y de la ley, los concejos ejercen una función
independiente y, a veces, fiscalizadora de las actividades del alcalde.

9. Finalmente, respecto al elemento de la culpabilidad, la autoridad estimó
que el señor Hernández Foronda actuó con culpa grave, toda vez que estaba en
condiciones para conocer la causal de incompatibilidad. En concreto, señaló que
aquel ostentaba título de tecnólogo en gestión de producción industrial, con
experiencia en dicho campo como coordinador de producción desde agosto de
2017 a septiembre de 2019.

10. Además, consideró que la revisión de los requisitos necesarios para el
cargo es una obligación general exigible tanto para los aspirantes a la función
pública, como para aquellos que ya la ejercen. Bajo esa lógica, afirmó que era
deber del demandado conocer el contenido de la Ley 136 de 1994 y que la
ignorancia de la Ley no servía de excusa.

11. Por lo mismo, adujo que las manifestaciones de defensa tendientes a
demostrar: i) que era la primera vez que ejercía un cargo público y; ii) que la
designación efectuada por el Concejo Municipal le había generado una confianza
legítima, no lo exoneraban del cuidado que debía tener en el ejercicio del cargo.

12. Además, estimó que no se habían planteado argumentos tendientes a
demostrar que solicitó conceptos o asesorías profesionales de manera previa, a
efectos de establecer si se encontraba en curso en la causal de incompatibilidad,
ni que contara con la asesoría jurídica idónea.

13. Inconforme con lo resuelto por el juez de primera instancia, el demandado
apeló la decisión. En esencia, cuestionó que se hubiera considerado que la JUME
hacía parte de la administración, así como que su participación como invitado a
dicha junta pudiera erigirse como causal de pérdida de investidura, pues ello
constituía un análisis extensivo, incompatible con la naturaleza sancionatoria de

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este proceso; máxime cuando en ningún momento se puso en peligro el servicio
con su actuar.

14. También, afirmó que las JUME no podían equipararse a juntas o consejos
directos de entidades del nivel central o descentralizado de la administración, en
tanto son organismos de carácter consultivo y científico y, en esa medida, no
tendrían funciones administrativas en estricto sentido. Precisó que, de lo
contrario, no tendrían razón de ser las disposiciones relacionadas con la
conformación de las juntas.

15. Por lo demás, mencionó que la decisión había aplicado una tesis objetiva
de la causal, sin que se calificara su actuar como culpa grave o simple culpa. En
esa misma línea, indicó que no poseía formación especializada para discernir si,
el hecho de pertenecer a la JUME se trataba de una conducta prohibida. En este
punto, mencionó que la decisión había tenido 10 salvamentos de voto.

16. La alzada correspondió a la Sección Primera del Consejo de Estado, que,
en sentencia del 23 de octubre de 2025, confirmó la sanción de pérdida de
investidura. Como fundamento de su decisión, la autoridad judicial expuso los
siguientes argumentos:

17. En primer lugar, mencionó que se acreditó el elemento objetivo. Al
respecto, puso de presente los siguientes elementos probatorios que daban
cuenta de que el señor Hernández Foronda participó como miembro de la JUME:
i) la Resolución 009 del 9 de febrero de 2023 que lo designó como representante
en dicha junta; ii) las actas de las reuniones de la JUME celebradas el 7 de marzo,
17 de marzo, 11 de mayo de 2023, que dan cuenta de su participación; iii) el oficio
del 15 de mayo de 2023, que contiene su renuncia a la junta; iv) la Resolución
056 del 18 del mismo mes y año que le aceptó la renuncia. Entonces, estas
pruebas y los demás elementos de juicio practicados en el proceso, acreditaban
que el señor Hernández Foronda, en efecto, ostentó las dos designaciones al
tiempo.

18. En línea con lo anterior, precisó que, contrario a lo afirmado por el
demandado, no se dio una aplicación extensiva de la causal. Sobre el particular,
la Sección Primera expuso que, desde sentencia del 28 de enero de 2010, dicha
Sección dejó sentado el alcance del artículo 162 de la Ley 115 de 1994 referente
a la naturaleza de las JUME.

19. Allí, se determinó que aquellas formaban parte del sector central de la
administración, de conformidad con lo previsto en el artículo 39 de la Ley 489 de
1998, en la medida en que cumplen funciones administrativas relacionadas con
el servicio público de educación a cargo de los municipios, según lo contenido en
los artículos 161 y 162 de la Ley 115 de 1991.

20. Asimismo, precisó que tal postura fue reiterada por la jurisprudencia de
dicha autoridad judicial en sentencia del 1 de abril de 2022. Por lo tanto,
constituían precedente para el caso concreto.

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21. Igualmente, adujo que el artículo 14 del Decreto 1581 de 1994 dejó a salvo
el régimen las incompatibilidades previstas en otras disposiciones que fueran
aplicables a los miembros de las Juntas, entre las que se encuentran las previstas
en el artículo 45 de la Ley 136 de 1994. En ese sentido, afirmó que los concejales
están impedidos para ser miembros de tales.

22. En segundo lugar, afirmó que se acreditó el elemento subjetivo. En este
punto, la Sección Primera analizó tanto los parámetros definidos en la
jurisprudencia para calificar la conducta del investigado, como las condiciones
personales del accionado; esto es, su grado de formación, profesión,
circunstancias que lo rodearon y los actos que realizó tendientes a conocer el
marco normativo de su función.

23. Con ello, encontró que el señor Hernández Foronda no desplegó ninguna
actuación para conocer el régimen jurídico de su cargo, toda vez que aquel
únicamente se excusó en la existencia de la Resolución 009 del 9 de febrero de
2023, por el cual se le designó como representante de la JUME. Sin embargo,
adujo que: i) de su condición de tecnólogo, ii) su experiencia profesional y iii) de
sus circunstancias personales, era posible inferir que tenía todas las
herramientas para entender y comprender las incompatibilidades en el ejercicio
del cargo.

24. Además, puntualizó que no era posible estimar, como lo pretendía el
interesado, que su conducta hubiera encontrado justificación en el acto
administrativo que lo delegó en la JUMA, pues si hubiera actuado con la diligencia
que le era exigible, habría advertido la existencia la incompatibilidad prevista en
el numeral 3 del artículo 45 de la Ley 136 de 1994.

25. En esa medida, afirmó que el error en el que habría incurrido el accionado
era vencible empleando la diligencia y el cuidado requerido que era exigible en
su condición de concejal.

1.3. Sustento de la vulneración

26. La parte actora afirmó que en el sub judice concurren todos los requisitos
generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial. En lo que
respecta a los presupuestos específicos, el accionante señaló que la sentencia
del 23 de octubre de 2025 adolece del defecto sustantivo, procedimental absoluto
y violación directa de la Constitución, por las siguientes razones:

27. El primero, porque la decisión efectuó una interpretación extensiva de la
causal de incompatibilidad y aplicó la figura de la incompatibilidad como una
inhabilidad cuando aquellas son distintas. Tal circunstancia, en su sentir, implicó
una vulneración de sus garantías constitucionales; particularmente, al debido
proceso y los principios pro homine, in dubio pro reo, de legalidad, razonabilidad,
favorabilidad, etc.

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28. A efectos de sustentar su cargo, el señor Hernández Foronda señaló que
la declaratoria de pérdida de investidura ocurrió durante el periodo constitucional
2024-2027, aun cuando la «supuesta» incompatibilidad que se juzga, ocurrió en
el periodo 2020-2023.

29. Ello, en su sentir, significó una interpretación extensiva de la causal de
incompatibilidad prevista en el numeral 3 del artículo 45 de la Ley 136 de 1994,
toda vez que se aplicó la sanción por fuera del término de duración de la
incompatibilidad. Por lo mismo, señaló que «parecía que el Consejo de Estado
asimilara la incompatibilidad con una inhabilidad».

30. Además, el tutelante señaló que su conducta estuvo justificada en la
confianza legítima que le generó la Resolución 009 de 2023, mediante la cual el
Concejo lo designó como representante de la JUME. Además, porque, de
haberse negado a participar ante dicho órgano, habría incumplido normas
jurídicas que, para el momento de los hechos, eran vinculantes para él.

31. Por último, expuso que la interpretación que se le dio a la naturaleza de la
JUME era contraria a los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica. Sobre
esto, señaló que de conformidad con la Ley 115 de 1994 era posible advertir que
aquellas son órganos de participación social de carácter consultivo para la
creación de la política pública en educación, de ahí que no cuentan con
personería jurídica, ni toman decisiones asociadas a la educación del ente
territorial.

32. Ahora bien, en relación con el segundo defecto, el señor Hernández
Foronda mencionó que la decisión adolece de falta de congruencia entre las
pretensiones de la demanda y la decisión, toda vez que lo pedido fue la
declaratoria de pérdida de investidura para el periodo 2024-2027 y nada se dijo
en relación con el periodo 2020-2023, sobre el cual se decidió.

33. Mencionó que, si bien aquello fue alegado como excepción de inepta
demanda, en auto del 3 de julio de 2024 el a quo señaló que aquella excepción
no era procedente en los procesos de perdida de investidura, pero que, en todo
caso, aquello sería resuelto en la sentencia, sin que sobre el particular se hubiera
dicho algo efectivamente. Por consiguiente, señaló que no tuvo la oportunidad de
ejercer debidamente sus derechos de contradicción y defensa.

34. Finalmente, mencionó que la sentencia del 23 de octubre de 2025 vulneró
los artículos 13, 29 y 40 de la Carta, así como los principios pro homine, in dubio
pro reo, legalidad, razonabilidad, favorabilidad, proporcionalidad y culpabilidad.

1.4. Intervenciones

35. El Tribunal Administrativo de Antioquia solicitó la declaratoria de
improcedencia de la tutela. Al respecto, señaló que las decisiones cuestionadas

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fue producto de los elementos de juicio, la normativa aplicable y un ejercicio de
interpretación jurídica fundado en los supuestos fácticos, sin que de aquellas se
desprenda la existencia de un defecto que habilite la procedencia excepcional de
este mecanismo.

36. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó la declaratoria de
improcedencia de la acción de tutela, tras señalar que el asunto no gira en torno
al alcance, aplicación o desarrollo de un derecho fundamental, sino que versa
exclusivamente sobre la inconformidad con la decisión adoptada por el juez
natural. Mencionó que las decisiones judiciales encontraron configurados los
elementos objetivo y subjetivo de la violación del régimen de incompatibilidades
de los concejales, por consiguiente, el asunto no tiene relevancia constitucional.

37. De forma subsidiaria, afirmó que no se vulneraron los derechos
fundamentales invocados por el accionante porque: i) no se interpretó de manera
extensiva la causal, ii) se explicaron las razones por las cuales no era posible
alegar que el accionante actuó al amparo de normas y decisiones administrativas
relativas a la integración de las juntas municipales de educación, iii) se acudió a
reiterados pronunciamientos de la Sección a efectos de determinar la naturaleza
de las juntas.

38. Además, señaló que la sentencia sí había analizado las pretensiones de
la demanda y había dejado por sentado que si bien se había solicitado la pérdida
de investidura para el periodo 2024-2027, el fundamento de la petición tenía
origen en la incompatibilidad del periodo 2020-2023. Por último, señaló que no
se incurrió en violación directa de la Constitución, toda vez que la sentencia había
sido el resultado del análisis de las piezas procesales, la normativa y
jurisprudencia aplicable.

39. Por su parte, el señor Johnatan Stiven Jiménez Londoño solicitó la
declaratoria de improcedencia de la tutela, toda vez que se pretende reabrir un
debate judicial resuelto por el órgano de cierre de la jurisdicción contencioso-
administrativa.

1.5. Sentencia de primera instancia

40. La Sección Cuarta del Consejo de Estado en providencia del 7 de mayo
de 2026 declaró la improcedencia de la solicitud de amparo. Como fundamento
de su decisión, el a quo indicó que el asunto no acredita el requisito de relevancia
constitucional.

41. Lo anterior, porque, del estudio de los argumentos expuestos por el señor
Juan Sebastián Hernández Foronda en el recurso de apelación impetrado en
contra de la sentencia de primera instancia de pérdida de investidura, advirtió que
aquellos son una reproducción de los expuestos en el escrito de tutela,
pretendiendo, con ello, un nuevo pronunciamiento como si se trata de una
instancia adicional.

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1.6. Impugnación

42. El señor Hernández Foronda solicitó que se revoque la sentencia de
primera instancia y, en su lugar, se amparen sus derechos fundamentales. Como
sustento de su recurso, indicó que la Sección Cuarta desconoció la verdadera
dimensión de los derechos fundamentales comprometidos en el presente asunto,
al reducir indebidamente el debate a una mera discrepancia interpretativa de
carácter legal.

43. Al respecto, mencionó que la pérdida de investidura constituye una de las
sanciones más severas previstas por el ordenamiento jurídico, en la medida en
que no solo implica la separación inmediata del cargo, sino también una
consecuencia perpetua que limita el ejercicio futuro de algunos de sus derechos
políticos. De ahí que, por la intensidad de sus efectos, las causales que la
configuran deben ser interpretadas de manera estricta.

44. El tutelante también insistió en el cuestionamiento relativo al principio de
congruencia, al señalar que «la demanda […] se dirigió expresamente contra el
periodo constitucional 2024-2027, mientras que, la decisión judicial terminó
sustentándose en actuaciones desarrolladas durante el periodo 2020-2023, esta
circunstancia no constituye una discusión meramente formal o secundaria, sino
un asunto de evidente trascendencia constitucional».

45. Asimismo, trajo a colación el principio de legalidad en materia
sancionatoria para rebatir la aplicación extensiva de la causal y proyectar las
consecuencias sancionatorias sobre un nuevo periodo constitucional, respecto
de hechos ocurridos con anterioridad.

46. Igualmente, precisó que la relevancia constitucional estaba aún más
acentuada si se consideraba que aquel estuvo en un escenario de confianza
legítima generado por la propia institucionalidad publica, en tanto su participación
en la junta obedecía a una designación formal realizada por el mismo concejo
municipal.

47. Por último, sostuvo que la acción de tutela no fue interpuesta con el fin de
completar o modificar los argumentos que se dejaron de plantear ante el juez
ordinario ni para la sustentación del criterio del juez ordinario.

II. CONSIDERACIONES

48. La Sala revocará la sentencia de primera instancia, que declaró la
improcedencia de la solicitud de amparo, para, en su lugar, negarla. Para ello, se
estudiará: (i) la superación de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales; y (ii) el cumplimiento de los
elementos establecidos jurisprudencialmente para la configuración del defecto
sustantivo en el caso concreto.

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2.1. La solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales

49. El Consejo de Estado6 y la Corte Constitucional7, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales8 y a la configuración de algún
defecto especial9 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.

50. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.

51. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo cumple
parcialmente con el pleno de los requisitos generales de procedencia referidos,
como pasa a exponerse.

52. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).

53. La Sala advierte que el señor Juan Sebastián Hernández Foronda está
legitimado en la causa por activa, porque fungió como demandado al interior del
medio de control en el que se dictó la providencia que se reprocha mediante esta
vía.

54. Por otro lado, la Sección Primera del Consejo de Estado también se
encuentra legitimada en la causa por pasiva, comoquiera que fue la autoridad

6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
7
Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;
SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
8
(i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii) subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v)
efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de
inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida
por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.
9
(i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.

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Accionante: Juan Sebastián Hernández Foronda
Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera
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judicial que emitió la decisión cuestionada en el presente trámite constitucional.

55. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional10, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.

56. En este caso, debe recordarse que la parte actora formuló los siguientes
cargos contra la providencia objeto de estudio: i) defecto sustantivo, ii) defecto
procedimental absoluto y; iii) violación directa de la Constitución por
desconocimiento del principio pro homine.

57. Pues bien, a juicio de esta colegiatura, el primer cargo, referente al defecto
sustantivo por la indebida interpretación del numeral 3 del artículo 45 de la Ley
136 de 1994, supera el requisito de procedencia en estudio. Esto, en la medida
que el actor justificó con suficiencia por qué el asunto versa sobre una tensión
iusfundamental, ocasionada por la expedición de la providencia cuestionada.

58. En efecto, la parte actora sustentó la acción constitucional, principalmente,
en que se desconocieron sus derechos políticos de elegir y ser elegido, al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y el principio pro
homine, pues, a su juicio, la Sección Primera del Consejo de Estado al decretar
la pérdida de investidura afectó con gravedad sus derechos de participación
política, dadas las consecuencias jurídicas de dicha decisión.

59. Al respecto, explicó a detalle que la autoridad judicial efectuó una
interpretación extensiva de la causal al haber: i) analizado la incompatibilidad en
un periodo distinto al demandado; ii) ignorado que su conducta estuvo justificada
en la confianza legítima que le generó el hecho de que su designación fue
realizada en la Resolución 009 de 2023; y iii) atribuido otra naturaleza jurídica a
la JUME, que es un órgano de carácter consultivo.

60. Para la Sala, los argumentos planteados no evidencian un propósito de
reabrir el debate propio de la jurisdicción ordinaria ni de promover una discusión
de mera legalidad sobre la configuración de la causal de pérdida de investidura.
Por el contrario, ponen de presente una posible afectación de derechos de rango
constitucional, habida cuenta de que la sanción impuesta no solo comportó la
desvinculación inmediata del cargo que desempeñaba el accionante, sino

10
Sentencia SU-215 de 2022.

10
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también la imposición de una inhabilidad permanente para ser elegido. Esta
circunstancia adquiere especial relevancia si se considera que el ejercicio del
cargo respecto del cual se declaró configurada la incompatibilidad tuvo como
fundamento un acto administrativo que dispuso su designación.

61. En este orden de ideas, se concluye que lo pretendido por el demandante
no es usar este mecanismo como una instancia adicional al proceso ordinario ni
tampoco revivir etapas procesales ya zanjadas por el juez natural de la causa.
De ahí que, reviste de la relevancia constitucional.

62. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha señalado, en casos
similares, que las discusiones sobre la aplicación de las causales de pérdida de
investidura de concejales a partir de «una interpretación presuntamente
imprecisa» del régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de
interés sí son relevantes constitucionalmente. Ello, en tanto:

[…] las decisiones judiciales en esta materia inciden de forma directa en la
conformación de los órganos de representación política y en la confianza en la
integridad del sistema democrático. De ahí que su control deba sujetarse a
estándares particularmente exigentes de coherencia interpretativa y de
protección del núcleo esencial de los derechos a elegir y ser elegido,
especialmente cuando se debate la procedencia de sanciones que comportan la
exclusión definitiva del escenario de la política electoral11.

63. Ahora bien, no sigue la misma conclusión el análisis de los cargos por
defecto procedimental absoluto y de violación directa de la Constitución. Nótese
que los argumentos que acompañan la proposición de aquellos, consisten en lo
siguiente: i) la falta de congruencia entre las pretensiones del demandante y la
decisión, pues lo solicitado fue la sanción de pérdida de investidura para el
periodo 2024 – 2027 y se sancionó el comprendido entre 2020 – 2023; y ii) la
transgresión de los artículos 13, 29 y 40 de la Carta, así como los principios pro
homine, in dubio pro reo, legalidad, razonabilidad, favorabilidad, proporcionalidad
y culpabilidad.

64. Salta a la vista que tales planteamientos constituyen una reiteración de los
argumentos formulados por el accionante en relación con el primer cargo. Por
consiguiente, de superarse los demás requisitos de procedencia de la acción de
tutela en relación ese yerro, su estudio se entenderá subsumido en el análisis
que se efectúe respecto del defecto sustantivo.

65. Subsidiariedad. La parte actora cumplió con este presupuesto, ya que no
cuenta con otros mecanismos judiciales ordinarios ni extraordinarios para
controvertir la providencia que cuestiona mediante esta vía. Esto, debido a que
se cuestiona una decisión de segunda instancia proferida por una Sección del
Consejo de Estado. Por tanto, no procede el recurso extraordinario de unificación

11
Corte Constitucional. Sentencia SU-082 de 2026.

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de jurisprudencia12 y los argumentos formulados tampoco se enmarcan en alguna
de las causales del recurso extraordinario de revisión.

66. Inmediatez. También se acredita este requisito, pues sin necesidad de
verificar la ejecutoria de la decisión que se reprocha, se tiene que mediante
providencia del 11 de diciembre de 2025 se resolvió la solicitud de aclaración
interpuesta en contra de esta. Es decir, el actor promovió la acción de tutela13
dentro de los seis meses que estableció la Corte Constitucional en la sentencia
C-590 de 2005, como plazo razonable para ejercer la acción constitucional.

67. Naturaleza de la decisión cuestionada. Se supera este presupuesto, ya
que no se controvierte una decisión de tutela, ni un fallo dictado en el marco del
control abstracto de constitucionalidad, ni una sentencia interpretativa de la
Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz. Esto, pues la
providencia reprochada fue proferida al interior del trámite del medio de control
de pérdida de investidura con radicado 05001-23-33-000-2024-00709-02.

68. Identificación razonable de los hechos. Finalmente, en la solicitud de
amparo se presentó una explicación clara y suficiente de los hechos y
argumentos por los que la parte actora consideró que le fueron vulnerados sus
derechos fundamentales. Por ende, cumplió con la carga mínima en dar las
razones por las cuales considera que la autoridad accionada incurrió en una
vulneración de las garantías.

2.2. La providencia controvertida no incurrió en defecto sustantivo

69. La Sala realizará una explicación general sobre el yerro de la referencia y,
posteriormente, abordará el fondo del asunto a efectos de demostrar porque en
el sub judice, no se configuró el defecto.

2.2.1. Caracterización del defecto sustantivo

70. En torno a este yerro, se destaca que la Corte Constitucional14, ha
explicado que este se presenta cuando «la autoridad judicial aplica una norma
claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u
opta por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la
razonabilidad jurídica»15.

71. Puntualmente, lo configuran los siguientes supuestos:

12
De conformidad con el artículo 260 del CPACA: «[e]l recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia procede contra las sentencias dictadas en única y en segunda instancia por los
tribunales administrativos».
13
Radicada el 13 de febrero de 2026. Índice 2 de Samai – expediente de primera instancia.
14
Corte Constitucional, Sentencias SU-159 de 2002., T-043 de 2005, T-295 de 2005, T-657 de
2006, T-686 de 2007, T-743 de 2008, T-033 de 2010, T-792 de 2010, entre otras.
15
Corte Constitucional, Sentencias SU-159 de 2002, T-043 del 2005, T-295 de 2005, T-657 del
2006, T-686 del 2007, T-743 del 2008, T-033 de 2010, T-792 de 2010, entre otras.

12
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a) El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso
concreto, por impertinente16 o porque ha sido derogada17, es inexistente18,
inexequible19 o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el
Legislador20.
b) No se hace una interpretación razonable de la norma21.
c) La disposición aplicada es regresiva22 o contraria a la Constitución23.
d) El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no
previstos en la disposición24.
e) La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma25
f) Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial
sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación.

72. Asimismo, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que, en virtud de
los principios de independencia y autonomía judicial, no basta con que exista una
mera diferencia interpretativa para que se configure el referido defecto, sino que
es necesario demostrar que la aplicación de la norma en el caso concreto fue
arbitraria o caprichosa, es decir, «de manera evidentemente incompatible con la
Constitución o la Ley»26.

2.2.2. Análisis del caso en concreto

73. Como viene de verse, la parte actora le adjudicó la vulneración de sus
derechos fundamentales a la sentencia del 23 de octubre de 2025 proferida por
la Sección Primera del Consejo de Estado, por presuntamente haber incurrido en
un defecto sustantivo, por distintos motivos.

74. Así las cosas, se abordarán los reparos formulados por el accionante a
efectos de verificar si aquellos tienen la entidad para configurar el yerro en
mención.

75. En primer lugar, el actor señaló que, aun cuando el demandante solicitó la
declaratoria de pérdida de investidura para el periodo 2024-2027, el operador
judicial se pronunció respecto al periodo 2020-2023. Sobre el particular, la Sala
estima que tal argumento no se encausa dentro de ninguna de las modalidades
que la jurisprudencia constitucional ha delimitado en torno al defecto sustantivo.

76. Aún, si en gracia de discusión se considerara que el argumento se
enmarca en un yerro sustantivo, se advierte que lo pretendido por el actor es
demostrar la existencia de una incongruencia de la decisión. Sin embargo, la
providencia objeto de reproche especificó que en los hechos de la solicitud de

16
Corte Constitucional, Sentencia T-189 de 2005.
17
Corte Constitucional, Sentencia T-205 de 2004
18
Corte Constitucional, Sentencia T-800 de 2006
19
Corte Constitucional, Sentencia T-522 de 2001
20
Corte Constitucional, Sentencia SU-159 de 2002
21
Corte Constitucional, Sentencias T-051 de 2009. y T-1101 de 2005
22
Corte Constitucional, Sentencia T-018 de 2008
23
Corte Constitucional, Sentencia T-086 de 2007
24
Corte Constitucional, Sentencia T-231 de 1994
25
Corte Constitucional, Sentencia T-807 del 2004
26
Corte Constitucional, Sentencia SU-141 de 2020.

13
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pérdida de investidura se había dejado estipulado de manera clara que los
supuestos fácticos que fundamentaban la demanda se remontaban al periodo
2020-2024.

77. Al respecto, la Sección Primera explicó:

119. En relación con la causal de pérdida de investidura atribuida al concejal
accionado, se aclara que el accionante solicitó que se declarara la “[…] pérdida
de investidura del concejal JUAN SEBASTIÁN HERNÁNDEZ FORONDA (…)
para el período 2024-2027 […]”.

120. No obstante, en los hechos que fundamentaron la solicitud, indicó que el
accionado fue elegido concejal del municipio de Copacabana para el período “[…]
2020-2024 (sic) […]” y que, durante su período, y por más de un año […]

78. Lo anterior permite descartar de plano la existencia de un vicio de
coherencia de la decisión. Ciertamente, la Sección Primera del Consejo de
Estado demarcó la controversia, al especificar que, aun cuando la pretensión de
la demanda se dirigió respecto de un periodo constitucional en específico, los
hechos y todo su sustento, daban cuenta de que la incompatibilidad ocurrió en
una fecha previa. De ahí que no se pueda predicar algún vicio al momento de
resolver el caso concreto.

79. En segundo término, el señor Hernández Foronda mencionó que el
operador judicial le dio una interpretación extensiva a la causal de
incompatibilidad prevista en el numeral 3 del artículo 45 de la Ley 136 de 1994,
toda vez que: i) le otorgó otra una naturaleza jurídica a la JUME a efectos de dar
por probados los supuestos de hecho de la causal y; ii) no valoró que su conducta
estuvo amparada en la confianza legítima que le proporcionó el hecho de que su
designación en la JUME ocurrió a través de la Resolución 009 del 9 de febrero
de 2023.

80. Así las cosas, se empieza por destacar que la causal de incompatibilidad
endilgada al tutelante es del siguiente tenor:

ARTÍCULO 45.- Incompatibilidades. Los concejales no podrán:
3. Ser miembros de juntas o consejos directivos de los sectores central o
descentralizado del respectivo municipio, o de instituciones que administren
tributos procedentes del mismo. [Énfasis de la Sala]

81. Pues bien, una interpretación gramatical de la norma permite advertir que
la causal de incompatibilidad versa sobre el hecho de ejercer de forma simultánea
la condición de concejal y de miembro de la junta o consejo directivo del sector
central o descentralizado, sin que se introdujera distinción o condición alguna en
relación con su naturaleza; esto es, si aquella debe ser una entidad pública, como
sugiere el actor.

82. Partiendo de ese supuesto, es razonable colegir que la ocurrencia de la
causal tiene lugar por la pertenencia del concejal a cualquier junta o consejo
directivo, pues, en principio, comprende cualquier órgano que haga parte de la

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estructura administrativa del sector central o descentralizado, sin que, en este
último caso, tampoco que se exija que esté adscrito o vinculado a una entidad
específica.

83. Sin perjuicio de lo anterior, es menester precisar que la Junta Nacional de
Educación fue creada por el artículo 155 de Ley 115 de 199427, como órgano
científico, con el carácter de consultor permanente del Ministerio de Educación
Nacional para el diseño y planeación de políticas públicas en el respectivo sector.

84. Ahora bien, el artículo 161 ibidem dispuso que, en cada uno de los
municipios, se conformaría una Junta de Educación y determinó específicamente
sus funciones28. Por su parte, el artículo 162 ejusdem dispuso que estaría
conformada de la siguiente manera:

ARTÍCULO 162.- Composición de la Junta Municipal de Educación -
JUME. Las Juntas Municipales de Educación estarán conformadas por:
1. El Alcalde, quien la presidirá;
2. El Secretario de Educación Municipal o el funcionario que haga sus veces;
3. Un Director de Núcleo designado por la asociación Regional de directores del
núcleo o quien haga sus veces;
4. Un representante del Concejo Municipal o de las juntas administradoras,
donde existan;
5. Dos (2) representantes de los educadores, uno de los cuales será directivo
docente, designados por las respectivas organizaciones de educadores y de
directivos docentes que acrediten el mayor número de afiliados;
6. Un representante de los padres de familia;
7. Un representante de las comunidades indígenas, negras o campesinas, si la
hubiere, designado por las respectivas organizaciones;
8. Un representante de las instituciones educativas privadas a el municipio, si las
hubiere, designado por la asociación que acredite el mayor número de afiliados.
[Énfasis de la Sala]

27
«Por la cual se expide la Ley General de Educación».
28
«ARTÍCULO 161.- Junta Municipal de Educación -JUME-. En cada uno de los municipios se
conformará una Junta de Educación con las siguientes funciones:
a. Verificar que las políticas, objetivos, planes y programas educativos nacionales y
departamentales se cumplan cabalmente en los municipios;
b. Fomentar, evaluar y controlar el servicio educativo en su municipio;
c. Coordinar y asesorar a las instituciones educativas para la elaboración y desarrollo del
currículo;
d. Proponer al departamento la planta de personal docente y administrativa de la educación, de
acuerdo con sus planes, necesidades y recursos; Ver Decreto Nacional 2886 de 1994 Decreto
Nacional 1140 de 1995
e. Derogado por el art. 113, Ley 715 de 2001. Emitir concepto previo para el traslado de personal
docente y administrativo dentro del municipio y solicitar el traslado entre municipios, en todo caso
de conformidad con el artículo 2 de la Ley 60 de 1993, el Estatuto Docente y la Carrera
Administrativa y sin solución de continuidad dentro de un término no mayor de treinta (30) días,
a partir de la aceptación del traslado por parte del municipio que vinculará al docente;
f. Contribuir al control, a la inspección y vigilancia de las instituciones educativas del municipio
conforme a la ley;
g. Recomendar la construcción, dotación y mantenimiento de las instituciones educativas
estatales que funcionen en su municipio;
h. Presentar anualmente un informe público sobre su gestión, y
i. Darse su propio reglamento.»

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85. De la redacción de la norma en comento se advierte que, a diferencia de
los otros integrantes de la respectiva Junta, en tratándose del Concejo Municipal
la disposición hizo mención a «un representante» y no directamente a un
«concejal» o a un «miembro» de dicha corporación.

86. En este punto, conviene resaltar que la Sección Primera del Consejo de
Estado, en sentencia del 28 de enero de 2010 y, luego, en providencia del 1 abril
de 202229, definió lo siguiente:

Estima la Sala que asiste razón al Agente del Ministerio Público en cuanto afirma
que tal disposición legal debe interpretarse en armonía con los artículos 45,
numeral 3, de la Ley 136 de 1994 y 39 de la Ley 489 de 1998.

En efecto, el artículo 45, numeral 3, de la Ley 136 de 1994, consagra como
incompatibilidad para los Concejales, la de ser miembros de Juntas o Consejos
Directivos de los Sectores Central o Descentralizado del respectivo Municipio.

Y del texto del artículo 39 de la Ley 489 de 1998, se infiere que la JUME
forma parte del sector central de la administración pública, habida cuenta
que cumple funciones administrativas en relación con el servicio público
de educación que está a cargo de los Municipios.
[…]
De tal manera que cuando la Ley 115 de 1994 previó en su artículo 162 que
en la conformación de la JUME estuviera “un representante del Concejo
Municipal”, debe entenderse que tal representante no podía ser uno de los
Concejales, pues si esa hubiera sido la intención del legislador así lo habría
señalado directamente, sin hacer referencia a un representante de la
Corporación Edilicia y de haber hecho tal exigencia en forma directa, hubiera
debido entenderse tácitamente derogada por la Ley 136 de 1994, en armonía con
la Ley 489 de 199830. [Énfasis de la Sala]

87. Por su parte, la autoridad judicial accionada luego de analizar el alcance
normativo de la causal de incompatibilidad y todos los elementos de juicio
practicados al interior del expediente, determinó que había lugar a sancionar,
toda vez que se encontraban reunidos los supuestos de la causal.

88. En concreto, consideró que el argumento del apelante atinente a
demostrar que, por mandato legal, la JUME debía estar conformada por un
integrante del concejo municipal, no tenía cabida, en atención a la jurisprudencia
de dicha Corporación y a que, del tenor literal de la norma, se advertía que el
legislador conscientemente hizo distinción entre «representante del Concejo» y
«concejal».

89. Más aún, precisó que los hechos juzgados en el proceso correspondían al
año 2023, fecha para la cual ya se había proferido la sentencia del 28 de enero
de 2010 y del 1 de abril de 2022. Por consiguiente, constituían precedente y
debían ser observados por el señor Hernández Foronda.

29
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 1°.
de abril de 2022. Rad. núm, 050012333000202101706-01. M.P.: Hernando Sánchez.
30
Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia del 28 de enero de 2010. Radicado: 05001-
23-31-000-2009-00725-01M.P. Marco Antonio Velilla Moreno.

16
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90. Específicamente, determinó que:

[…] no existió una interpretación extensiva de la causal de pérdida de investidura
y de la incompatibilidad que se le atribuye al accionado, de tal manera que la
primera instancia se atuvo a los fallos judiciales de 28 de enero de 2010 y 1.° de
abril de 2022, en las cuales se aseveró que las JUME hacen parte del sector
central de la administración pública y que cuando el artículo 162 de la Ley 115
previó que la JUME estuviera conformada por, entre otros, un representante
del concejo municipal, debería entenderse que ese representante no podía
ser un concejal. [Énfasis de la Sala]

91. Ahora bien, el accionante mencionó en su escrito de apelación contra la
sentencia de primera instancia, que el Decreto 1581 de 1994 reguló el periodo
de los miembros de la Juntas Educativas de orden departamental, distrital y
municipal y allí, nuevamente se refirió al «representante del Concejo Municipal».
Luego, señaló que la norma dispuso que estos: «ejercerán sus funciones por un
período de tres (3) años, siempre y cuando conserven el empleo o investidura
que poseen al momento de la designación y no sean removidos por la autoridad
que realizo la designación». Tal mención, en su sentir, permitía inferir que los
concejales podían ser parte de la junta mientras mantuvieran su investidura.

92. Frente a tal reparo, la decisión cuestionada mencionó que tal disposición
debía ser armonizada con el contenido del artículo 14 del Decreto 1581 de 1994,
que dispuso que los integrantes de las Juntas están sometidos al régimen de
incompatibilidades previstas en otras disposiciones. Afirmó que esa enunciación
permitía inferir que las causales de impedimento dispuestas en el artículo 45 de
la Ley 136 de 1994 seguían rigiendo y, por consiguiente, vinculaban a los
concejales.

93. Tal interpretación, a juicio de esta Sala de decisión, no resultó ser
caprichosa, ni contraria a derecho. Por el contrario, del recuento del marco
normativo aplicable, es posible apreciar que el análisis efectuado por el juez de
la causa fue respetuoso del sentido de la causal y su carácter taxativo. De ahí
que no se advierta la configuración del defecto sustantivo.

94. Por otra parte, el señor Hernández Foronda mencionó que el elemento
subjetivo no se acreditó, en tanto aquel actuó con la confianza legítima que le
generó el hecho de que la misma corporación pública lo designó en tal junta
mediante la Resolución 009 de 2023.

95. Sobre el particular, debe precisarse que tal alegación tampoco tiene
cabida dentro de los supuestos definidos por la jurisprudencia a efectos de dar
lugar a la configuración del defecto sustantivo.

96. Se recuerda que aquel no versa sobre un yerro en la valoración de algún
elemento de juicio a efectos de acreditar o desacreditar algún elemento de
responsabilidad. Por el contrario, este solo tiene lugar cuando la decisión se

17
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aparta del marco normativo en el que debió apoyarse, bien porque no aplicó una
disposición o porque si lo hizo, pero no de manera razonada.

97. Con todo, se advierte que la Sección Primera de esta colegiatura analizó
el elemento subjetivo de manera compleja. Esto es, verificó tanto las
circunstancias personales del demandado, como el marco normativo en torno al
estudio de dicho presupuesto y concluyó:

174. Si el accionado hubiera desplegado las actuaciones para conocer el marco
normativo del cargo que ocupaba, dentro del que se encuentra el régimen de
incompatibilidades, habría encontrado que, al menos, a partir de la sentencia de
28 de enero de 2010, la Sección había interpretado lo previsto en el artículo 162
de la Ley 115 al explicar que cuando la norma aludía, como integrante de las
JUME, a un representante del concejo municipal, no debía entenderse que se
trataba de un concejal, pues si esa hubiera sido la intención del legislador así lo
habría señalado directamente, lo cual habría derivado en la derogatoria tácita de
la Ley 136 de 1994, en armonía con la Ley 489 de 1998, posición que se prohijó
en la sentencia de 1. ° de abril de 2022.

[…]

176. No es posible estimar, como lo señala el apelante, que la conducta del
accionado está justificada por la existencia de la Resolución núm. 009 de 9 de
febrero de 2023, mediante la cual se le designó como “[…] delegado a la Junta
Municipal de Educación – JUME -. […]”. (Negrilla del texto).

177. Si el accionado hubiera actuado con la diligencia que le era exigible para
conocer el marco normativo del cargo que ocupaba, habría advertido que existía
la incompatibilidad prevista en el numeral 3. del artículo 45 de la 136 y que, frente
a esta incompatibilidad, existían pronunciamientos judiciales que establecieron
que los concejales no podían integrar las JUME, so pena de incurrir en tal
prohibición y, en consecuencia, en la violación del régimen de incompatibilidades,
causal de pérdida de investidura previsto en el numeral 2. del artículo 55 de la
Ley 136.

98. Lo anterior permite advertir que la autoridad judicial efectuó un análisis del
acto administrativo de la designación, no obstante, consideró que aquello no lo
eximía del deber, como autoridad, de haberse asesorado sobre el marco
normativo de su gestión, máxime cuando ya existían pronunciamientos judiciales.

99. Al respecto, la Sala estima que aun cuando el acto administrativo le pudo
haber generado cierto grado de confianza en su designación, lo cierto es que el
error de la administración no tiene la virtualidad de crear derechos ni de
convalidar situaciones contrarias al ordenamiento jurídico. Tampoco, constituye
una causal o eximente del deber de observar el régimen de incompatibilidades
previsto en la Ley.

100. En ese orden de ideas, para la Sala, en este caso no se configuró el
defecto sustantivo alegado por el accionante. En efecto, la autoridad judicial
accionada sustentó su decisión en una interpretación razonable y sistemática del
numeral 3 del artículo 45 de la Ley 136 de 1994, desarrollada a partir de su tenor
literal, de su finalidad y del contexto normativo y jurisprudencial en el que se
circunscribe la disposición. En ese sentido, la conclusión a la que arribó no puede

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Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01094-01

calificarse como arbitraria, caprichosa o manifiestamente irrazonable, sino como
el resultado del ejercicio de la autonomía e independencia judicial en la
interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico.

101. Por consiguiente, el desacuerdo del accionante con el alcance
hermenéutico otorgado a la norma no constituye, por sí solo, una razón suficiente
para predicar la configuración del defecto sustantivo ni habilita al juez
constitucional para sustituir el criterio del juez natural por una interpretación
distinta que estime más acertada. En tal sentido, se impone negar la solicitud de
amparo.

3. Conclusión

102. Por las razones expuestas, la Sala revocará la sentencia de primera
instancia proferida el 7 de mayo de 2026 por la Sección Cuarta de la corporación
que declaró la improcedencia de la solicitud de amparo, por falta de relevancia
constitucional. En su lugar, se negará la solicitud de amparo frente al defecto
sustantivo. Como fue expuesto, todos los reparos formulados se subsumen en
dicho cargo, sin embargo, no se configuran.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 7 de mayo de 2026 por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia de la
acción constitucional. En su lugar, NEGAR la solicitud de amparo frente al
defecto sustantivo, por las razones indicadas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

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Accionante: Juan Sebastián Hernández Foronda
Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01094-01

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Con salvamento de voto

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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