Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01107-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01107-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-01107-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
12 de marzo de 2026
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2026-01107-00
Demandante: EDWAR DARÍO TALERO VILLA
Demandado: SUBSECCIÓN D DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
SE DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCIÓN POR EL
INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL.
Síntesis del caso: la parte actora cuestionó la providencia que confirmó la que negó las
pretensiones de la demanda, por cuanto, a su juicio, incurrió en desconocimiento del
precedente judicial y en una violación directa de la Constitución. No obstante, la Sala declarará
improcedente la acción por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, pues
se advirtió que el interés es exponer su desacuerdo con la valoración del juez y proponer una
discusión propia ya abordada en el proceso ordinario.
La Sala decide la acción de tutela presentada1 por el señor Edgar Darío Talero Villa en
contra de la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca para la protección de su derecho fundamental del debido proceso,
consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, presuntamente vulnerados con
ocasión de la sentencia del 29 de enero de 2026 proferida por dicha autoridad judicial
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación no. 25899-33-
33-003-2021-00120 00/01.
I. ANTECEDENTES
1. Los hechos de la demanda
1 Mediante escrito presentado ante esta Corporación el 13 de febrero de 2026 (índice 00001 del aplicativo
SAMAI).
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01107-00
Demandante: Edwar Darío Talero Villa
Acción de tutela
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
1) El señor Edwar Darío Talero Villa fue nombrado mediante Resolución no. 098-16 del
4 de octubre de 2016, en el cargo de técnico administrativo, nivel técnico, código 367,
grado 07 en la personería municipal de Sopó.
2) Mediante Acuerdo Municipal no. 16 del 21 de noviembre de 2020, se reorganizó la
Personería Municipal de Sopó y se modificó la estructura de planta de personal, acto
que fue sancionado por el alcalde municipal de Sopó el 2 de diciembre de 2020.
3) Con ocasión del acuerdo, el 31 de diciembre de 2020, a las 11:31 am, la personera
municipal de Sopó le informó de manera verbal que su relación laboral estaba
terminada debido a una restructuración que se realizó y que fue aprobada por el
Concejo Municipal de Sopó; sin embargo, jamás se expidió un acto administrativo que
declarara la insubsistente de su nombramiento en el cargo.
4) Con posterioridad se expidió la Resolución no. 125-20 del 31 de diciembre de 20202
y el Oficio no. P.M.S.OF.941-203, de conformidad con el Acuerdo Municipal no. 16 del
21 de noviembre de 2020, para ser finalmente retirado del cargo el 4 de enero de 2021.
5) El actor presentó una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el
municipio de Sopó y la Personería de Sopó con el fin de que se declarara la nulidad del
Acuerdo Municipal no. 016 del 21 de noviembre de 2020, la Resolución no. 125-20 del
31 de diciembre de 2020 y el Oficio no. P.M.S.OF. 941-20, y a título de restablecimiento
del derecho se le reintegrara al cargo de técnico administrativo código 367, grado 07
que venía desempeñando o a uno igual o superior categoría, así como los salarios
dejados de percibir.
6) En sentencia de 18 de noviembre de 2024 el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito Judicial de Zipaquirá negó las pretensiones de la demanda tras evidenciar que
la supresión de empleos es una causa admisible de retiro del servicio de los empleados
del sector público, y que los actos administrativos demandados se encontraban
debidamente motivados, por cuanto la terminación del nombramiento en
2 Por medio de la cual se suprimió el cargo que venía desempeñando el actor.
3 En el que se le comunica a Edward Darío Talero Villa, la supresión del empleo de Técnico
Administrativo, código 367, grado 07.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01107-00
Demandante: Edwar Darío Talero Villa
Acción de tutela
provisionalidad se justificó en que la Personería Municipal de Sopó modificó la planta
de personal.
7) Presentó recurso de apelación en el que indicó que la entidad debió expedir un acto
administrativo que terminara su nombramiento en provisionalidad o declarara su
insubsistencia dejando sin efectos jurídicos la Resolución no. 098 de 2016, que lo
posesionó en el cargo, por lo que, como no se hizo, quedó privado de su derecho a
defenderse y a conocer los motivos por los cuales fue desvinculado.
8) En sentencia de 29 de enero de 2026, la Subsección D de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la sentencia de primera instancia
previa consideración de que la supresión del cargo constituye una causal de retiro del
servicio sin que tenga que expedirse un acto administrativo previo.
2. Los fundamentos de la vulneración
El actor alegó que las sentencias de la Subsección D de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y del Juzgado Primero Oral Administrativo
del Circuito de Zipaquirá incurrieron en un desconocimiento del precedente judicial y
en una violación directa de la Constitución.
En primer lugar, alegó que se desconoció lo manifestado por el Consejo de Estado y la
Corte Constitucional en las sentencias SU 917 del 2010 y SU-054 del 2015, que exigen
la debida motivación de los actos administrativos para el efectivo retiro del servicio de
los cargos de carrera en provisionalidad, como es su caso.
Para su caso en concreto no existió acto administrativo motivado que lo desvinculara
del cargo pues, los actos enjuiciados únicamente suprimieron el cargo sin que en
ninguno se explicara la necesidad de terminar la relación laboral.
El tribunal incurrió en un grave yerro jurídico por considerar que mediante el simple
acuerdo expedido por el Concejo Municipal de Sopó se encontraba justificado su retiro.
3. Pretensiones.
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó lo siguiente:
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Demandante: Edwar Darío Talero Villa
Acción de tutela
“PRIMERO: Amparar mis derechos fundamentales al debido proceso (art. 29
CP), desconoce otras normas de superior jerarquía como la cláusula de
Estado de Derecho (art. 1 CP), el principio democrático y el principio de
publicidad; los cuales son vulnerados con ocasión de la sentencia proferida
por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION
SEGUNDA SUBSECCION “D”, al avalar mi desvinculación del cargo sin la
existencia de un acto administrativo debidamente motivado que declarara mi
insubsistencia.
SEGUNO: Dejar sin efectos la sentencia proferida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION SEGUNDA
SUBSECCION “D”, dentro del proceso No. radicado No. 25899-33-33-003-
2021 00120-00, por desconocer el precedente constitucional fijado por la
Corte Constitucional, en especial en la Sentencia SU-056 de 2015, relativo a
la obligación inexcusable de crear y motivar el acto administrativo de
insubsistencia de funcionarios en provisionalidad.
TERCERO: Ordenar al Tribunal accionado que profiera una nueva decisión,
en la cual se observe el precedente de la Corte Constitucional y del Honorable
Consejo de Estado, vinculante y se garantice plenamente mi derecho
fundamental al debido proceso y otros.
CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, ordenar a la entidad
demandada el reintegro a mis labores y la respectiva indemnización a la que
hubiere lugar.”. (mayúsculas del original - archivo disponible en medio
magnético en el índice 00002 del aplicativo SAMAI)
4. Actuación procesal.
Mediante auto del 17 de febrero de 2026 (índice 0004 del aplicativo Samai) se admitió
la acción de tutela, se notificó al presidente y a los magistrados integrantes de la
Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y
se vinculó Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Zipaquirá, al alcalde
del municipio de Sopó y a la personería municipal de Sopó, entregándoles copia de la
demanda y los anexos.
5. Actuación de la autoridad judicial demandada
La Personería Municipal de Sopó (índice 0009 del aplicativo SAMAI) indicó que las
providencias atacadas contienen una fundamentación clara, suficiente y coherente, y
evidencian un estudio integral del asunto sometido a consideración, sin que se
demostrar alguna vulneración a los derechos fundamentales del actor, por el contrario,
la acción de tutela es un intento de reabrir una controversia que ya fue tramitada en
sede ordinaria, sin que eso justifique la configuración de defecto sustantivo,
procedimental, fáctico o desconocimiento del precedente.
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Demandante: Edwar Darío Talero Villa
Acción de tutela
El Juzgado Primero Administrativo de Zipaquirá precisó que se ha realizado el
procedimiento correspondiente sin que exista sustento verídico para afirmar la
vulneración a algún derecho fundamental.
La magistrada ponente de la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca aclaró que los actos acusados se encontraban
ajustados a derecho y debidamente motivados, máxime cuando en los eventos de
supresión de cargos con ocasión de la restructuración o reforma de la planta de
personal de las entidades, el interés general prima sobre en interés particular de los
funcionarios; adicionalmente, respecto al argumento consistente en que la Personería
Municipal debió expedir un acto administrativo que terminara su nombramiento en
provisionalidad o declarara su insubsistencia se precisó que la supresión del empleo
es una causal legal de retiro del servicio, por lo tanto, en estos eventos no es necesario
expedir un acto administrativo que dé por terminado un nombramiento o declare
insubsistente el nombramiento.
Finalmente, alegó que el actor pretende utilizar la acción de tutela como una tercera
instancia, para volver a debatir los fallos ordinarios que le fueron desfavorables y que
de esa forma su pleito con la administración de Sopó nunca acabe.
El Municipio de Sopó solicitó negar las pretensiones de la demanda toda vez que su
desvinculación no constituyó en ningún modo un acto arbitrario o una violación de sus
derechos fundamentales, por el contrario, esta fue producto de la supresión del cargo
en el marco de una reforma administrativa por motivos de interés general.
Adicionalmente, indicó que la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional han sido claras en diferenciar la desvinculación por libre nombramiento
y remoción de la desvinculación por supresión del cargo, la cual es una causal legal
objetiva y su motivación no reside en un acto particular de insubsistencia sino en el
acto administrativo general.
El señor Edwar Darío Talero Villa, en escrito adicional de 5 de marzo de 2026, aclaró
que en ningún momento pretende revivir la discusión del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, pues únicamente pretende la protección de los derechos
fundamentales vulnerados por el tribunal, particularmente, del derecho fundamental del
debido proceso, de conformidad con la jurisprudencia reiterada de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado, especialmente lo establecido en las Sentencias
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01107-00
Demandante: Edwar Darío Talero Villa
Acción de tutela
T-800 de 1998, T-1240 de 2008, SU-917 de 2010 y SU-054 de 2015, según las cuales
era deber de la administración expedir un acto administrativo motivado que declarara
la insubsistencia.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración
con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.
1. La finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una
acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para
desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir
términos precluidos o acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del
demandante.
2. El caso concreto
En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional
a la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
con el fin de que se protejan los derechos fundamentales antes mencionados
presuntamente vulnerados con ocasión de la providencia proferida el 29 de enero de
2026, por cuanto, a su juicio, incurrieron en un desconocimiento del precedente judicial
y violación directa de la Constitución.
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Demandante: Edwar Darío Talero Villa
Acción de tutela
2.1 La relevancia constitucional en la acción de tutela contra providencias
judiciales
Cuando una acción de tutela se promueve en contra de una providencia judicial su
procedencia está sometida a una serie de requisitos generales, sin los cuales el juez
constitucional no puede entrar a realizar un análisis de fondo.
En efecto, tales presupuestos generales se instituyeron con la finalidad de que no todos
los asuntos puedan ser decididos en sede de tutela, so pena de vaciar la competencia
de los jueces ordinarios y desconocer principios de raigambre constitucional como la
seguridad jurídica y la autonomía e independencia judicial.
Con ese norte, la jurisprudencia, específicamente en la sentencia C-590 de 2005 de la
Corte Constitucional, que constituye el fallo hito en la materia, estableció un modelo de
requisitos generales de procedencia y defectos o causales específicas, orientados a
preservar el carácter extraordinario de este mecanismo residual, dentro de los cuales
se la imperiosa necesidad de constatar que el debate que se propone reviste una
genuina, verdadera y marcada relevancia constitucional ocupa un lugar central.
En la sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló que
el cumplimiento de este requisito está orientado a la consecución de tres finalidades
concatenadas: i) preservar la competencia e independencia de los jueces ordinarios,
impidiendo que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; ii)
restringir el amparo a cuestiones que comprometen la vigencia efectiva de derechos
fundamentales, evitando que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones; e iii) impedir que este mecanismo se
convierta en una instancia o recurso adicional frente a decisiones judiciales
ejecutoriadas.
En similares términos, en jurisprudencia de unificación reciente4, la Corte ha reiterado
que la acción de tutela contra providencias judiciales no puede desnaturalizarse en un
medio para revisar la “correcta” aplicación del ordenamiento, sustituir el criterio del juez
natural o reabrir debates probatorios ya concluidos, e insistió en que el juez
constitucional sólo puede intervenir cuando la controversia planteada trasciende el
ámbito de la legalidad y se proyecta como un problema genuinamente constitucional
que afecte derechos fundamentales de las partes involucradas.
4 Corte Constitucional, sentencia SU-103 de 2022.
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Demandante: Edwar Darío Talero Villa
Acción de tutela
De acuerdo con esta línea, en primer lugar, la Sala Plena de la Corte Constitucional
enfatizó que el asunto sometido a acción de tutela debe involucrar un problema de
índole constitucional claro y marcado, relacionado con el contenido, alcance o goce de
un derecho fundamental, sin que pueda reducirse a la simple inconformidad frente a la
interpretación de normas legales o a divergencias sobre la valoración probatoria, de
manera que las controversias que “se limitan a la mera determinación de aspectos
legales de un derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de
una norma procesal5”, carecen, en principio, de relevancia constitucional, salvo que se
acredite de manera específica una afectación grave y desproporcionada de derechos
fundamentales.
En efecto, en la referida sentencia SU-103 de 2022, que ratificó el criterio que ya se
había planteado en la sentencia SU-128 de 2021, la Corte indicó que no cumplen este
presupuesto aquellos casos en los que “la controversia no versa sobre un asunto
constitucional, sino uno meramente legal y/o económico” o cuando la parte actora
“busca una instancia adicional para reabrir debates meramente legales ya concluidos
con la intención de revivir los términos procesales”.
En segundo lugar, la propia Corte estableció que la relevancia constitucional entraña
una exigente carga argumentativa para la parte actora ya que no es suficiente con
invocar, en abstracto, la vulneración de derechos fundamentales, por cuanto le asiste
la carga de explicar, de forma concreta y razonada, por qué la decisión cuestionada
comporta una restricción constitucionalmente inaceptable, postulado que fue reiterado
por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 en la
que se dispuso que “no basta con (…) aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales6”, enfatizando en que corresponde al demandante justificar por qué su
pretensión tiene tal entidad, so pena de rechazo o improcedencia.
En ese entendido, la jurisprudencia constitucional ha construido un entendimiento más
exigente sobre la carga argumentativa asociada con dicho requisito. Así, las
mencionadas sentencias SU-215 de 2022 y la SU-103 de 2022 de la Corte
Constitucional fueron específicas en destacar que la relevancia constitucional no se
presume por la sola invocación de vocabulario constitucional, ni por la sola mención de
5 Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021.
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez,
sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, radicación no. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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Demandante: Edwar Darío Talero Villa
Acción de tutela
un derecho fundamental, en tanto corresponde a la parte actora exponer un problema
jurídico de naturaleza constitucional e identificar con claridad los defectos que se
pretenden atribuir a la providencia objeto de censura, con una explicación clara sobre
el por qué estos desbordan el margen de interpretación y conducen a la vulneración
concreta de un derecho fundamental, de ahí que se ha reiterado que la acreditación del
requisito “más allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una
relación con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia
de una restricción desproporcionada” de tales derechos:
“Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el
asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii)
que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige
contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además,
una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.”.7
En tercer lugar, la relevancia constitucional está destinada a impedir que la acción de
tutela se utilice como tercera instancia o mecanismo para reiterar desacuerdos o
simples desavenencias con el criterio del juez natural, punto sobre el cual, tanto la Corte
Constitucional como el Consejo de Estado han sido enfáticos en que la acción de tutela
no puede erigirse en un escenario para revisar, en abstracto, la corrección jurídica de
la decisión, sustituir la apreciación probatoria del fallador ordinario ni reabrir litigios
legalmente concluidos.
Al respecto, la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia T-022 de 2019,
determinó que la acción de tutela constituye un juicio de validez y no de corrección de
las decisiones de los jueces, motivo por el cual en aquellos casos en los que resulta
diáfano que la intención de las partes es instrumentalizar este mecanismo con el único
fin de cuestionar la interpretación, el criterio o la posición del juez natural, simplemente
por encontrarse en desacuerdo con la decisión desfavorable a sus intereses, dicho
mecanismo carece de una verdadera trascendencia desde la óptica constitucional.
El Consejo de Estado ha destacado que, si de la acción se desprende que el objetivo
del actor es convertir la tutela en una instancia adicional a las del proceso ordinario con
miras a evidenciar las inconformidades con la providencia objeto de censura,
específicamente, con su interpretación normativa o sus conclusiones probatorias, la
7 Idem.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01107-00
Demandante: Edwar Darío Talero Villa
Acción de tutela
consecuencia lógica es que es que el amparo así deprecado se torna a todas luces
improcedente pues en esa hipótesis se está ante un debate infraconstitucional que no
compromete directamente mandatos superiores y cuya resolución compete únicamente
a los jueces ordinarios, quienes fueron investidos por el legislador de precisas
facultades para ello.
El juez de tutela no es ni puede actuar como superior funcional de los jueces ordinarios,
de modo que su análisis debe contraerse a aquellos debates que comporten una
genuina y marcada importancia desde el punto de vista de los derechos fundamentales,
en orden a evitar inmiscuirse en discusiones que no son de su resorte, so pena de
vaciar de contenido las competencias asignadas a cada jurisdicción. El rol del juez de
tutela no puede ni debe confundirse con el de una instancia revisora de las providencias
proferidas por los jueces naturales en su ejercicio de tal y cualquier intento dirigido a
reemplazar o arrogarse competencias de juez ordinario, desde luego, debe ser
contenido.
En suma, a partir de lo dispuesto, entre otras, en las sentencias SU-573 de 2019, SU-
128 de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022, es necesario verificar que la acción
de tutela reúna los siguientes parámetros: i) el debate planteado en la acción de tutela
debe trascender la mera legalidad y tener la virtualidad de incidir en la interpretación,
aplicación o eficacia de la Constitución o de un derecho fundamental; ii) la controversia
no puede limitarse a un asunto estrictamente patrimonial o privado carente de
proyección constitucional; iii) el escrito de acción de tutela debe mostrar una afectación
grave, concreta y desproporcionada de derechos fundamentales atribuible a una
decisión judicial arbitraria o irrazonable, y iv) no es constitucionalmente relevante una
pretensión dirigida a replantear discusiones que ya fueron propuestas, analizadas y
resueltas en el proceso ordinario, mediante los recursos propios de la jurisdicción
competente.
Tales criterios, además, son aún más rigurosos cuando se pretenda emplear la acción
para cuestionar una decisión de una Alta Corte, pues, de conformidad con lo
establecido por la propia Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de 2019, esta
hipótesis comporta un escrutinio aún más estricto, en el que se “exige valorar, prima
facie, si la decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad
judicial, violatoria de derechos fundamentales. Solo así se garantizaría ‘la órbita de
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01107-00
Demandante: Edwar Darío Talero Villa
Acción de tutela
acción tanto de los jueces constitucionales, como de las demás jurisdicciones’ en
estricto respeto a la independencia de los jueces ordinarios.” (negrillas adicionales).” 8.
En conclusión, la relevancia constitucional opera como un filtro material y obligatorio
que condiciona el estudio de fondo de las acciones de tutela contra providencias
judiciales, en tanto exige que la parte actora demuestre, con una argumentación clara
y específica, que la providencia cuestionada desborda el margen de interpretación
razonable y comporta una afectación grave e injustificada de derechos fundamentales.
En esa medida, el análisis de este presupuesto de procedibilidad de la acción obliga al
juez de tutela a declarar improcedente el amparo cuando se advierta que se pretende
emplearlo para expresar desacuerdos con la decisión, replantear discusiones
probatorias o jurídicas ya zanjadas, o perseguir fines meramente económicos o
privados; únicamente cuando se supera este umbral es legítimo avanzar al examen de
los defectos alegados en el caso concreto.
2.2 La falta de relevancia constitucional en el caso concreto
1) El demandante alegó que la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca incurrió en un desconocimiento del precedente judicial
por desconocer las Sentencias T-800 de 1998, T-1240 de 2008, SU-917 de 2010 y SU-
054 de 2015, según las cuales era deber de la administración expedir un acto
administrativo motivado que declarara la insubsistencia, y que de paso se vulneraron
sus derechos de defensa y debido proceso con esa determinación.
2) No obstante, una vez revisada la solicitud de tutela objeto de examen, la Sala
advierte que es claro que los fundamentos empleados se dirigen, de manera exclusiva,
a discutir argumentos que fueron analizados por la autoridad judicial accionada con
ocasión del recurso de apelación que el actor presentó contra la providencia
que resolvió negar las pretensiones de la demanda.
3) En efecto, en el recurso de apelación presentado en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, la parte actora, en similares términos a los que ahora
pretende, adujo lo siguiente:
8 Criterio que, a su vez fue ratificado en la sentencia SU-215 de 16 de junio de 2022, MP Natalia Ángel
Cabo.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01107-00
Demandante: Edwar Darío Talero Villa
Acción de tutela
“-FALTA DE CREACION DE UN ACTO ADMINISTRATIVO: La Personera
Municipal debió expedir un Acto Administrativo que terminara la
provisionalidad o declarara la insubsistencia, que dejara sin efectos jurídicos
la Resolución 098-16, que posesiono en el cargo al demandante;
despojándolo de manera arbitraria del cargo, sin Derecho a Defenderse y sin
conocer los motivos por los cuales estaba desvinculado de la entidad, es decir
no existió Acto Administrativo debidamente motivado.
La Personera Municipal le pide verbalmente al demandante que deje el lugar
de trabajo, esto sin ningún preaviso ni terminación laboral alguna (es de
aclarar que el Señor EDWAR DARIO TALERO VILLA no es funcionario de
libre nombramiento y remoción, por lo cual esto no aplica y tenía unos
Derechos y estabilidad relativa como lo viene decantando el Consejo de
Estado y la Corte Constitucional, por lo tanto tenía Derecho a conocer sobre
el motivo del retiro y tener un previo aviso, igualmente a ejercer el Derecho de
Defensa y contradicción).
La Corte Constitucional en sentencia SU 917 DEL 2010 dijo lo siguiente al
respecto:
(…).
Igualmente, la Corte Constitucional reitero su posición frente a la
motivación de los actos administrativos y aclaro que estos actos debían
existir así existiera una restructuración de la entidad, como lo
manifiesta la Sentencia SU-054 del 2015.
(…).
De acuerdo a lo manifestado por la Corte Constitucional, el Acto Administrativo
de desvinculación para que se considere motivado es forzoso explicar de
manera clara, detallada y precisa, cuales son las razones por las cuales se
prescindirá de los servicios. Esta debe obedecer a un principio de razón
suficiente, es decir, que deben existir motivos fundados para que la
administración prescinda de los servicios del funcionario. La ausencia de
motivación específica, lesiona los Derechos Fundamentales al debido proceso
y a la defensa, que el demandante de manera provisional ocupo un cargo de
carrera administrativa.
Para el caso en concreto ni siquiera existió dicho Acto Administrativo, en virtud
a que los dos Actos Administrativos demandados lo que hicieron fue suprimir
el cargo, pero ninguno menciona la necesidad de terminar con la vinculación
laboral del Señor EDWAR DARIO TALERO VILLA.
Por otra parte, el juez desconoce que, para desvincular un funcionario en
Provisionalidad, la entidad debe expedir un Acto Administrativo de Carácter
Particular, el cual debe ser Notificado, y en los hechos que se demuestran con
las pruebas, se evidencia que se expidieron dos Actos Administrativos de
Carácter General, vulnerando así también el debido proceso del
demandante.”. (archivo disponible en medio magnético en el índice 00002 del
aplicativo SAMAI)
4) Así, como se explicó con antelación, para determinar si una solicitud de amparo tiene
o no relevancia constitucional es necesario examinar varios elementos, entre ellos, que
la acción de tutela no sea usada para volver sobre lo discutido en el proceso ordinario,
esto es, que no sea empleada como una instancia adicional, puesto que dicho
mecanismo especial constitucional fue diseñado para proteger derechos
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01107-00
Demandante: Edwar Darío Talero Villa
Acción de tutela
fundamentales y no para discutir la simple inconformidad o discrepancia que una de
las partes tenga frente a una determinada decisión judicial.
5) Por consiguiente, al no acreditarse una afectación directa y concreta de derechos
fundamentales que trascienda la órbita del desacuerdo jurídico o probatorio, la Sala
concluye que la acción de tutela es improcedente por incumplimiento del requisito
general de relevancia constitucional exigido para la procedencia excepcional de la
tutela contra providencias judiciales.
6) En la decisión cuestionada, la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca expresó de manera clara su postura frente a los
reproches planteados con base en la jurisprudencia aplicable a la materia para
determinar que la Personería Municipal de Sopó realizó previamente un estudio
técnico, que el Acuerdo no. 016 del 21 de noviembre de 2020, la Resolución no. 125-
20 del 31 de diciembre de 2020 y del Oficio no. P.M.S.OF. 941-20 habían sido
proferidos por los órganos correspondientes cumpliendo con todos los requisitos
establecidos y, por otro lado, que la supresión del empleo es una causal legal de retiro
del servicio, análisis a partir del cual concluyó que al tratarse de un cargo ocupado en
provisionalidad, la terminación de la relación laboral del señor Edward Darío Talero
Villa se presentó como consecuencia de una causal objetiva, esto es, la supresión del
empleo para la cual no es necesario expedir un acto administrativo que dé por
terminado un nombramiento o declare insubsistente el mismo, así:
“Con ocasión del estudio técnico se expidió el Acuerdo nro. 016 del 21 de
noviembre de 2020, a través del cual el Concejo Municipal de Sopó estableció
la necesidad de reorganizar la Personería Municipal, modificar su estructura,
su planta de personal y fijar la escala salarial de esa dependencia, por lo
tanto, en su artículo tercero dispuso la supresión del empleo de Técnico
Administrativo, código 367, grado 07, en el que se desempeñaba el señor
Edward Darío Talero Villa, acto administrativo comunicado mediante el Oficio
P.M.S.OF.941-20 notificado el 31 de diciembre de 2020.
De este modo, esta sala decisoria considera que el Concejo Municipal y la
Personería Municipal de Sopó cumplieron con todos los requisitos
establecidos para la reforma de la planta de personal de la Personería
Municipal, y con el retiro del servicio del demandante, con ocasión de la
supresión del cargo de Técnico Administrativo, código 367, grado 07, puesto
que, se realizó el estudio técnico respectivo y el Acuerdo nro. 016 del 21 de
noviembre de 2020 se aprobó en los debates reglamentarios, uno en la
Comisión Segunda Permanente de Gobierno y el segundo en Sesión
Ordinaria del 21 de noviembre de 2020.
4.3. Aunado, es dable establecer que la vinculación del demandante con la
Personería de Sopó, se dio mediante un nombramiento de carácter
provisional, por lo cual no gozaba de fuero de estabilidad propio de los
empleados nombrados en carrera administrativa, sin embargo, el retiro de los
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Demandante: Edwar Darío Talero Villa
Acción de tutela
empleados en provisionalidad debe hacerse mediante un acto reglado y
debidamente motivado.
Al respecto, se tiene que la terminación de la relación laboral del señor
Edward Darío Talero Villa con la Personería Municipal de Sopó se presentó
como consecuencia de una causal objetiva, esta es, la supresión del empleo
Técnico Administrativo, código 367, grado 07, la cual está debidamente
ajustada a derecho, puesto que, se realizó un estudio técnico donde se
estableció la necesidad de reorganizar la Personería Municipal de Sopó y de
reformar su planta de personal, dado el incremento poblacional, urbano y a
las diferentes problemáticas en los diferentes aspectos sociales como lo son
servicios públicos domiciliarios, servicios de salud, educación, problemáticas
de violencia intrafamiliar, restablecimiento del derecho de niños, niñas y
adolescentes, infracciones al Código Nacional de Policía y Convivencia.
(…).
4.4. Ahora, en cuanto al argumento consistente en que la Personería
Municipal debió expedir un acto administrativo que terminara su
nombramiento en provisionalidad o declarara su insubsistencia, la sala
precisa que la supresión del empleo es una causal legal de retiro del servicio,
por lo tanto, en estos eventos no es necesario expedir un acto administrativo
que de por terminado un nombramiento o declare insubsistente el mismo.
De otro lado, en relación con la tesis de que la Personera Municipal de Sopó
no tenía competencia para suprimir el empleo de Técnico Administrativo,
código 367, grado 07, la sala considera que no le asiste razón al demandante,
toda vez que, el acto administrativo que suprimió este cargo fue el Acuerdo
nro. 016 del 21 de noviembre de 2020, expedido por el Concejo Municipal de
Sopó y la Personería Municipal a través de la Resolución nro. 125-20 del 31
de diciembre de 2020 y el Oficio nro. P.M.S.OF.941-20, dio cumplimiento
ordenado en dicho acuerdo.
Por otra parte, en cuanto a la falsa motivación alegada por el demandante,
se tiene que la misma se presenta cuando la sustentación fáctica del acto
carece de veracidad o de coherencia entre el hecho y el supuesto de derecho;
es decir, o no es cierto lo que se afirma en las razones de hecho, o no hay
correspondencia entre tales razones y los supuestos de derecho que se
aducen para proferir el acto, vicio este que la sala no encuentra configurado
en los actos administrativos demandados, debido a que el retiro del servicio
del demandante por la supresión del cargo de Técnico Administrativo, código
367, grado 07, como ya se indicó obedeció a una causal objetiva, que no es
otra que la reforma de la planta de personal de la Personería Municipal de
Sopó.
Sobre la facultad de retirar del servicio a un empleado público por supresión
del cargo, el Consejo de Estado9 ha establecido que es una causal admisible
de retiro, así:
(…).
De este modo, no es cierto que el Acuerdo nro. 016 del 21 de noviembre de
2020, la Resolución nro. 125-20 del 31 de diciembre de 2020 y el Oficio nro.
P.M.S.OF.941-20, se expidieron con falsa motivación, es decir, apartándose
de la realidad de la situación jurídica creada en virtud de reforma de la planta
de personal de la Personería del Municipio de Sopó, puesto que la misma se
realizó con acatamiento de las normas que les eran aplicables.”. (archivo
disponible en medio magnético en el índice 00010 del aplicativo SAMAI)
9 Sentencia del 16 de octubre de 2020 radicación número: 25000234200020160295601 (6339-2018)
M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez
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Acción de tutela
7) No obstante, el actor en esta oportunidad insiste en que la terminación laboral debió
realizarse a través de un acto administrativo motivado que lo declare insubsistente, a
pesar de que, tal como explico el tribunal, su desvinculación fue producto de la
supresión del empleo como causal legal para el retiro del servicio de conformidad con
los artículos 4110 y 44 de la Ley 909 de 23 de septiembre de 2004.
8) En efecto, para la Sala tales argumentos no evidencian, prima facie, una afectación
directa del núcleo del debido proceso, más allá de la insistencia del demandante en
sostener que debió ser desvinculado a través de un acto expreso que declarara la
insubsistencia de su nombramiento, discusión que fue debidamente abordada en la
sentencia cuestionada, razón por la cual no satisfacen el requisito de relevancia
constitucional exigido para la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales.
9) En efecto, los argumentos expuestos se orientan a controvertir la forma como la
Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
valoró el retiro del actor, pues, evidenció que el actor ostentaba un cargo en
provisionalidad, por lo que la supresión del empleo conllevaba consigo el consecuente
retiro del servicio, de conformidad con el artículo 41 de la Ley 909 de 2004, sin que la
acción de tutela sea el escenario idóneo para debatir las conclusiones del juez natural,
pues este es el único llamado a determinar si dichos actos están debidamente
ajustados a derecho.
9) En ese contexto, más allá de un supuesto desconocimiento del precedente o de la
presunta violación directa de la Constitución, el demandante pretende utilizar la acción
de tutela para controvertir un aspecto meramente legal relacionado con los actos
administrativos, a pesar de que en el proceso se le indicó con suma claridad las razones
por las cuales, la supresión del empleo constituye el retiro del servicio.
10) En esa medida, se aprecia que su interés es emplear la acción como un mecanismo
encaminado a reabrir una discusión ya resuelta en sede judicial, con el propósito de
10 ARTÍCULO 41. Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio de quienes estén
desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa se produce en
los siguientes casos:
(…)
l) Por supresión del empleo;
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Acción de tutela
obtener una nueva valoración e insistir en los argumentos planteados -inclusive desde
la demanda- y según los cuales a pesar de la supresión del cargo se le debía emitir un
acto administrativo particular y concreto en el que se le declarara insubsistente y, por
ende, se le debía dar el reintegro al cargo, lo cual resulta incompatible con el carácter
excepcional del amparo constitucional y con la prohibición de convertirlo en una tercera
instancia.
11) Lo expuesto permite concluir, sin mayores dilaciones, que la parte actora pretendió
emplear la acción de tutela como un mecanismo para reabrir un debate de mera
legalidad sobre el alcance de la supresión del cargo, pues, si bien bajo la égida de unos
supuestos defectos señaló que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales, lo que en realidad se advierte es su interés de emplear esta acción
constitucional con el único y exclusivo fin de imponer su criterio solamente por mostrar
su desacuerdo con la decisión del juez de segunda de instancia.
12) El amparo constitucional constituye una herramienta para la protección de los
derechos fundamentales, pero en manera alguna puede constituirse en una patente de
corso para que las partes o incluso el propio juez de tutela impongan su criterio frente
al del juez ordinario, pues como ya se explicó se trata de un juicio de validez y no de
corrección de las decisiones de los jueces de la República, motivo por el cual solo se
habilitará su estudio ante evidentes y flagrantes vulneraciones a los derechos y
garantías constitucionales, lo cual no ocurre en este caso.
14) En consecuencia, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de la
referencia no reviste relevancia constitucional porque el objeto de la demanda es reabrir
un debate jurídico y probatorio ya resuelto por el juez natural de la causa y al juez
constitucional le está vedado pronunciarse sobre materias que desbordan su
competencia.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º) Declárase improcedente la acción de tutela por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
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Demandante: Edwar Darío Talero Villa
Acción de tutela
2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
3º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
FREDY IBARRA MARTÍNEZ DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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