Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01107-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01107-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-01107-01
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
16 de junio de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01107-01
Accionante: Edwar Darío Talero Villa
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01107-01
Accionante: Edwar Darío Talero Villa
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D.
Referencia: Acción de tutela
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial – Carácter subsidiario del amparo. Requisitos de
procedencia de la tutela contra providencia judicial. Improcedencia - Relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante contra la sentencia
proferida el 12 de marzo de 2026 por el Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección
B, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
Edwar Darío Talero Villa, en nombre propio, formuló acción de tutela en procura del
amparo de su derecho fundamental al debido proceso, que consideró vulnerado por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección D con ocasión
de la sentencia proferida el 29 de enero de 2026 dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 25899-33-33-003-2021-
00120-00/01.
2. Hechos
Del escrito de tutela1 y los documentos allegados al presente trámite se desprenden los
siguientes supuestos fácticos:
2.1. Mediante la Resolución No. 098-16 del 4 de octubre de 2016, Edwar Darío Talero
Villa fue nombrado en provisionalidad en el cargo de técnico administrativo, nivel técnico,
código 367, grado 07, de la Personería Municipal de Sopó.
1 Índice 00002 del expediente digital de primera instancia, certificado 6B8560CBD4F0FED6 1A7DB2F88039FA82
5629391A0AF0D328 B0285EF0BA71CA2F.
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Accionante: Edwar Darío Talero Villa
2.2. A través del Acuerdo Municipal No. 16 del 21 de noviembre de 2020 2, se reorganizó
la Personería Municipal de Sopó, se modificó su estructura y planta de personal, se fijó
la escala salarial y se dictaron otras disposiciones. Dicho acuerdo fue sancionado por el
alcalde municipal de Sopó el 2 de diciembre de 2020.
2.3. El 31 de diciembre de 2020, la personera municipal de Sopó informó verbalmente al
actor que su vinculación laboral había finalizado como consecuencia de la
reestructuración adelantada. No obstante, no se expidió un acto administrativo que
declarara su insubsistencia de su nombramiento.
2.4. Mediante la Resolución No. 125-20 del 31 de diciembre de 2020, la Personería
Municipal de Sopó suprimió el cargo que venía desempeñando el actor. En concordancia
con dicha decisión, mediante el Oficio No. PMSOF 941-20 se le comunicó la supresión
del empleo.
2.5. El 4 de enero de 2021, el actor entregó su cargo, equipo de cómputo y demás
documentos.
2.6. El accionante sostiene que nunca fue notificado de un acto administrativo particular
mediante el cual se dispusiera su desvinculación de la Personería Municipal de Sopó.
2.7. El actor promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el municipio de Sopó y la Personería Municipal de
Sopó, con el propósito de obtener la declaratoria de nulidad del Acuerdo Municipal No.
016 del 21 de noviembre de 2020 expedido por el Concejo Municipal de Sopó, así como
de la Resolución No. 125-20 del 31 de diciembre de 2020 y del Oficio No. P.M.S.OF.941-
20, ambos expedidos por la Personería Municipal de Sopó.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó su reintegro al cargo que desempeñaba
o a otro de superior categoría, el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir
y la indemnización de los perjuicios morales causados.
2.8. Mediante sentencia del 18 de noviembre de 2024, el Juzgado Primero Administrativo
del Circuito Judicial de Zipaquirá negó las pretensiones de la demanda. Para tal efecto,
consideró que los actos administrativos cuestionados se encontraban debidamente
motivados y se ajustaban a la realidad fáctica y jurídica del caso.
Indicó que la desvinculación del actor obedeció a la supresión del empleo derivada de la
modificación y reestructuración de la planta de personal de la Personería Municipal de
Sopó y que, como consecuencia de dicha decisión, resultaba procedente la terminación
de su nombramiento en provisionalidad.
En ese sentido, concluyó:
2 Índice 00002 del expediente digital de primera instancia, certificado E091AAF387D52A0E B6038FB3FFE3270A
16A46291052495C0 3C057FED77AFADE0.
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Accionante: Edwar Darío Talero Villa
“Por lo anterior, el Despacho considera que la situación administrativa que justificó
el nombramiento en provisionalidad del señor Edwar Darío Talero Villa, en el cargo
técnico administrativo, código 367, grado 07, desapareció en la medida en que su
cargo fue suprimido como consecuencia de la modificación de la planta de
personal, por lo cual la terminación del nombramiento provisional del demandante
no fue arbitrario.”3
2.9. La parte actora interpuso recurso de apelación 4 contra la sentencia del 18 de
noviembre de 2024. Entre los argumentos expuestos, se destacan los siguientes:
Manifestó que el a quo omitió pronunciarse sobre la vulneración del derecho fundamental
al debido proceso derivada de la ausencia de un acto administrativo mediante el cual se
dispusiera la terminación de su nombramiento en provisionalidad o se declarara l a
insubsistencia del cargo, dejando sin efectos la Resolución No. 098-16. Afirmó que fue
separado arbitrariamente del empleo, con afectación de su derecho de defensa y de su
posibilidad de conocer las razones de su desvinculación. Por ello, insistió en que no
existió un acto administrativo debidamente motivado.
Agregó que, dado que el cargo que ocupaba no era de libre nombramiento y remoción,
gozaba de estabilidad laboral relativa, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado
y de la Corte Constitucional. En consecuencia, tenía derecho a conocer las razones de
su retiro, a recibir un preaviso y a ejercer plenamente sus derechos de defensa y
contradicción. En apoyo de esta tesis, citó las sentencias SU-917 de 2010 y SU-054 de
2015, esta última aplicable incluso en escenarios de reestructuración institucional.
Asimismo, sostuvo que el deber de motivación exigía la exposición clara, detallada y
precisa de las razones que justificaban la terminación de sus servicios, las cuales debían
fundarse en motivos objetivos y verificables. En tal sentido, reiteró que era in dispensable
la expedición y notificación de un acto administrativo particular, circunstancia que no
ocurrió en su caso, puesto que los actos expedidos tenían carácter general.
Por otra parte, planteó cargos relacionados con la falta de competencia tanto de la
personera municipal como del Concejo Municipal de Sopó. Igualmente, reprochó al
juzgado haber efectuado afirmaciones carentes de sustento probatorio, particularmente
al concluir que los actos administrativos demandados estaban debidamente motivados.
En este punto, enfatizó que tales actos no contenían referencia alguna a la terminación
de su nombramiento en provisionalidad ni a la declaratoria de insubsistencia. Del mismo
modo, señaló que el Oficio No. PMSOF 941-20 tampoco aludía a su desvinculación
laboral.
Finalmente, expresó su desacuerdo con la conclusión del juzgado según la cual el
acuerdo expedido por el Concejo Municipal cumplía los requisitos legales. Al respecto,
sostuvo que el estudio técnico que lo sustentó no fue elaborado conforme a las exigencias
normativas y que la persona encargada de su elaboración carecía de la idoneidad
requerida. Además, afirmó que dicha persona mantenía una relación de confianza con la
3
Índice 00002 del expediente digital de primera instancia, certificado 6F0001112449DF5C 6ACFF921BD450C77
ADE5778459A66FAD CF64398B175FB7C9.
4 Índice 00013 del expediente digital de primera instancia, certificado: 82426D25AECA4530 B471F0B0A7CA3EB3
51E32B20B71FEE0C 012B26F40F549C4A, archivo “029_MemorialWeb_Recurso-RECURSOAPELACION”.
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Accionante: Edwar Darío Talero Villa
personera municipal y que el verdadero propósito del estudio era propiciar su
desvinculación.
También alegó que el acuerdo demandado no produjo modificaciones sustanciales en la
estructura de cargos y que, en razón de la estabilidad laboral relativa de la que gozaba,
tenía derecho preferencial a permanecer vinculado. Adicionalmente, señaló que el
proyecto de acuerdo fue radicado antes de la finalización del contrato y de la presentación
del respectivo informe de actividades.
2.10. Mediante sentencia del 29 de enero de 2026, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección D confirmó la decisión de primera
instancia.
3. Pretensiones y argumentos de la solicitud
El accionante formuló las siguientes pretensiones [se transcribe inclusive con errores]:
“(…) Con fundamento en los hechos narrados, respetuosamente solicito a los
Honorables Magistrados del Consejo de Estado TUTELAR en mi favor los
Derechos Constitucionales Fundamentales invocados, ordenándole al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION SEGUNDA SUBSECCION
“D” lo siguiente:
PRIMERO: Amparar mis derechos fundamentales al debido proceso (art. 29
CP), desconoce otras normas de superior jerarquía como la cláusula de Estado
de Derecho (art. 1 CP), el principio democrático y el principio de publicidad; los
cuales son vulnerados con ocasión de la sentencia proferida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION SEGUNDA SUBSECCION
“D”, al avalar mi desvinculación del cargo sin la existencia de un acto
administrativo debidamente motivado que declarara mi insubsistencia.
SEGUNO: Dejar sin efectos la sentencia proferida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION SEGUNDA SUBSECCION
“D”, dentro del proceso No. radicado No. 25899-33-33-003- 2021 00120-00, por
desconocer el precedente constitucional fijado por la Corte Constitucional, en
especial en la Sentencia SU-056 de 2015, relativo a la obligación inexcusable de
crear y motivar el acto administrativo de insubsistencia de funcionarios en
provisionalidad.
TERCERO: Ordenar al Tribunal accionado que profiera una nueva decisión,
en la cual se observe el precedente de la Corte Constitucional y del Honorable
Consejo de Estado, vinculante y se garantice plenamente mi derecho fundamental
al debido proceso y otros.
CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, ordenar a la entidad demandada el
reintegro a mis labores y la respectiva indemnización a la que hubiere lugar. (…)”5.
Para sustentar la solicitud de amparo, la parte actora manifestó su inconformidad con las
sentencias proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-
Subsección D y por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Zipaqui rá.
5 Índice 00002 del expediente digital de primera instancia, certificado 6B8560CBD4F0FED6 1A7DB2F88039FA82
5629391A0AF0D328 B0285EF0BA71CA2F.
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Accionante: Edwar Darío Talero Villa
Para tal efecto, atribuyó a las providencias cuestionadas los defectos de violación directa
de la Constitución 6 y desconocimiento del precedente judicial.
El actor sostuvo que se vulneraron su derecho fundamental al debido proceso y otras
garantías de rango constitucional, debido a la inexistencia de un acto administrativo que
dispusiera la terminación de su nombramiento en provisionalidad, declarara su
insubsistencia o dejara sin efectos la Resolución No. 098-16. A su juicio, dicha omisión
implicó que fuera separado arbitrariamente del cargo, sin posibilidad de ejercer su
derecho de defensa ni de conocer los motivos de su desvinculación. En otros términos,
afirmó que no existió un acto administrativo debidamente motivado, pese a que el tribunal
accionado estimó lo contrario. En esa línea, adujo que se desconoció la jurisprudencia
del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, en especial las sentencias S U-917
de 2010 y SU-054 de 2015, que exigen la motivación de los actos administrativos de retiro
de servidores nombrados en provisionalidad.
Precisó que no existió un acto administrativo particular y motivado que dispusiera su
desvinculación, pues los actos demandados, de carácter general, únicamente
suprimieron el empleo, sin explicar la necesidad de terminar la relación laboral. Agregó
que el tribunal accionado advirtió esa circunstancia; sin embargo, concluyó que con el
acuerdo expedido por el Concejo Municipal de Sopó debía entenderse retirado del
servicio. En su criterio, dicha conclusión desconoció que no pertenecía a esa Corporación
y que fue desvinculado verbalmente, pese a que debía existir un acto administrativo
particular que resolviera de manera expresa su situación jurídica concreta.
Además, adujo que ni el Concejo Municipal era competente para desvincular funcionarios
de la Personería Municipal, ni esta última para suprimir cargos en los términos en que lo
hizo. Señaló que la simple supresión del empleo por parte del Concejo no equivalía
jurídicamente al retiro del servicio, dado que esa Corporación no era la nominadora de
los empleados de la Personería. Por tanto, ningún acto expedido por el Concejo Municipal
podía producir efectos válidos respecto de su desvinculación, pues el acuerdo carecía de
idoneidad jurídica para configurar el acto administrativo de retiro del demandante.
Asimismo, destacó la autonomía institucional entre el Concejo Municipal y la Personería
Municipal de Sopó, razón por la cual estimó que atribuir efectos directos a una decisión
de aquel sobre un servidor de esta última comportaba una indebida confusión de
competencias y el desconocimiento del principio de legalidad que rige la función
administrativa.
En igual sentido, alegó una aparente incongruencia en la posición del tribunal accionado,
pues, aunque afirmó que para retirar a un funcionario nombrado en provisionalidad debía
expedirse un acto administrativo debidamente motivado, posteriormente concluyó que la
supresión del empleo constituía una causa legal de retiro del servicio, lo que hacía
innecesaria la expedición de un acto que dispusiera la terminación del nombramiento o
declarara la insubsistencia. Sobre este punto, insistió en que la Corte Constitucional, en
la Sentencia SU-054 de 2015, precisó que el nominador conserva el deber de expedir
dicho acto administrativo incluso en los eventos de reestructuración institucional
6 Se infiere que este es el cargo donde se enmarca el argumento.
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Accionante: Edwar Darío Talero Villa
Finalmente, concluyó que el tribunal accionado avaló una desvinculación sin acto
administrativo válido, sin autoridad competente y sin motivación suficiente, circunstancia
que, en su criterio, vulneró el debido proceso y el marco normativo aplicable. Asimi smo,
sostuvo que la acción de tutela era procedente, toda vez que la decisión judicial
cuestionada afectó su derecho al debido proceso, así como sus garantías a la estabilidad
laboral relativa en un cargo provisional, a la igualdad y al buen nombre. Añadió que la
urgencia y actualidad de la afectación exigían la protección inmediata de sus derechos,
y que en el asunto se desconocieron la jurisprudencia del Consejo de Estado y los
lineamientos de la Corte Constitucional sobre tutela contra providencias judiciales,
particularmente las sentencias T-800 de 1998, T-1240 de 2008, SU-917 de 2010 y SU-
054 de 2015, las cuales admiten la protección de derechos fundamentales cuando no
exista otro medio judicial eficaz.
4. Trámite de tutela e intervenciones
4.1. Mediante Auto del 17 de febrero de 2026 7, el Despacho ponente de la Sección
Tercera-Subsección B del Consejo de Estado admitió la acción de tutela, tuvo como
autoridad accionada al Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-
Subsección D; y vinculó al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Zipaquirá, al
alcalde del municipio de Sopó y a la personería municipal de Sopó, por tener interés
jurídico en el proceso. Del mismo modo, solicitó a las autoridades judiciales mencionadas
para que remitieran copia del expediente ordinario identificado con el radicado núm.
25899-33-33-003-2021-00120 00/01.
Surtido el trámite de notificación, se recibieron las siguientes intervenciones:
4.2. La Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca 8 allegó copia del
proceso ordinario surtido ante esa Corporación.
4.3. El Magistrado ponente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección
Segunda-Subsección D 9, señaló que los actos administrativos cuestionados se
encontraban ajustados a derecho y debidamente motivados. Agregó que, en los eventos
de supresión de cargos derivados de procesos de reestructuración o reforma de la planta
de personal de las entidades pú blicas, el interés general debe primar sobre el interés
particular de los servidores afectados.
En esa misma línea, explicó que, frente al argumento según el cual la Personería
Municipal de Sopó debía expedir un acto administrativo que terminara el nombramiento
en provisionalidad o declarara la insubsistencia, la Sala precisó que la supresión del
empleo constituye una causa legal de retiro del servicio. Por ello, concluyó que no era
necesaria la expedición de un acto administrativo adicional. De igual manera, indicó que
la providencia cuestionada también analizó la competencia para la supresión del cargo y
descartó la configuración del vicio de falsa motivación alegado por el demandante.
7 Índice 00005 del expediente digital de primera instancia, certificado98CE9E27C119F1B8 55259139A35D85C2
16565CA2A40681A5 91A9754C72C4AAFA.
8 Índice 00013 del expediente digital de primera instancia.
9 Índice 00017 del expediente digital de primera instancia, certificado 3A96D91CA7DF4191 DA8E5880A48F9D96
5958D9C77A593C37 C50ECFA51313C7A3.
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Accionante: Edwar Darío Talero Villa
Por último, sostuvo que no existió vulneración de derechos fundamentales, pues la
inconformidad del tutelante no comprometía el debido proceso administrativo. Al
respecto, indicó que la administración municipal de Sopó expidió varios actos
administrativos con fundamento en la causal de retiro consistente en la supresión del
cargo, la cual es autónoma y distinta de la terminación discrecional de un nombramiento
en provisionalidad. En consecuencia, afirmó que el actor pretendía utilizar la acción de
tutela como una instancia adicional para prolongar una controversia ya resuelta por el
juez natural.
4.4. La Personería Municipal de Sopó 10 solicitó que se declarara la improcedencia de
la acción de tutela. En primer lugar, señaló que no advertía la configuración de defecto
alguno que comprometiera derechos fundamentales y justificara la intervención
excepcional del juez constitucional. En segundo lugar, estimó que las decisiones
cuestionadas se encontraban debidamente fundamentadas, reflejaban el ejercicio
legítimo de la autonomía judicial y evidenciaban un estudio integral del asunto sometido
a consideración. En tercer lugar, adujo que la solicitud de amparo planteaba una
discrepancia frente a la tesis acogida por los jueces naturales y constituía un intento de
insistir en una controversia ya decidida en el marco del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, sin que ello demostrara la configuración de un defecto
sustantivo, procedimental, fáctico o de desconocimiento del precedente.
4.5. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Zipaquirá11 solicitó que se
declarara la improcedencia de la acción. Se refirió al trámite surtido ante su despacho e
indicó que el proceso se encontraba ante el tribunal accionado, en espera de la resolución
del recurso de apelación formulado contra la sentencia de primera instancia. Sin perjuicio
de ello, señaló que no existía fundamento para considerar vulnerado derecho
fundamental alguno, pues en el proceso ordinario se garantizaron los derechos de
defensa y contradicción.
4.6. El Municipio de Sopó 12 pidió negar las pretensiones de la demanda, al estimar que
la desvinculación del actor no constituyó un acto arbitrario ni una violación de derechos
fundamentales, sino que fue el resultado de la supresión del cargo en el marco de una
reforma administrativa fundada en razones de interés general.
También sostuvo que el argumento relativo a la necesidad de expedir un acto
administrativo particular y motivado de insubsistencia resultaba improcedente en los
eventos en que el retiro del servicio se produce como consecuencia de una
reestructuración administrativa y de la supresión del empleo. Agregó que actuó conforme
al marco normativo aplicable y que la decisión no fue arbitraria ni discrecional, sino que
respondió a una causa objetiva prevista en el literal l) del artículo 41 de la Ley 909 de
2004. Así, explicó que la motivación del retiro no se encontraba en un acto particular de
insubsistencia, sino en el acto general que ordenó la modificación de la planta de personal
10 Índice 00014 del expediente digital de primera instancia, certificado E9CA6EE63F4C3E02 332D6E0D876E50E8
8C8B40D1FA21B9A6 9E27E31B233379DA.
11
Índice 00016 del expediente digital de primera instancia, certificado
572A2C441EEDD36A 9CC19160FF30E1EC 67061DA2EF7F2A99 9F6303755B15CE5C.
12 Índice 00018 del expediente digital de primera instancia, certificado DF7DBC95DFF4163E 424FF354B84C0DBF
FC644F4FD1FB67FD 6CD3739297B0CA93.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01107-01
Accionante: Edwar Darío Talero Villa
—esto es, el Acuerdo No. 026 de 2020 y el estudio técnico que lo soportó—, de modo
que la Resolución No. 125-20 de 2020 y el Oficio No. PMSOF 941-20 constituían actos
de ejecución que materializaron la decisión adoptada.
En esa medida, señaló que no existió vulneración del debido proceso, sino una
inconformidad del actor con la interpretación adoptada por el juez natural, circunstancia
que no convierte la decisión judicial en una vía de hecho ni habilita la intervención
excepcional del juez constitucional. En esa línea, explicó que la acción de tutela era
improcedente por no cumplir los requisitos de subsidiariedad y relevancia constitucional,
pues pretendía utilizarse como una instancia adicional para reabrir un debate ya resuelto
por la jurisdicción contencioso-administrativa. Añadió que el amparo constitucional no
podía emplearse para controvertir la interpretación legal ni la valoración probatoria
efectuada por el juez ordinario.
Por último, defendió que la decisión del tribunal accionado no era arbitraria y que la
discrepancia con el sentido de la decisión no habilitaba la procedencia de la acción de
tutela, pues esta no constituye un mecanismo para insistir en argumentos ya expuestos
ni para adicionar aquellos que debieron formularse en la oportunidad procesal
correspondiente. Además, afirmó que en el presente asunto no se acreditó la existencia
de un perjuicio irremediable.
4.7. El accionante13, en escrito adicional, insistió en los argumentos expuestos en la
solicitud de amparo. No obstante, aclaró que no pretendía revivir la discusión propia del
proceso ordinario, sino obtener la protección de los derechos fundamentales que, a su
juicio, fueron vulnerados por el tribunal accionado, en particular el debido proceso,
conforme a la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional,
especialmente las sentencias T-800 de 1998, T-1240 de 2008, SU-917 de 2010 y SU-054
de 2015.
Reiteró que, de acuerdo con dicha jurisprudencia, era obligatoria la expedición de un acto
administrativo de insubsistencia, con independencia de la reestructuración adelantada.
Agregó que las competencias del Concejo Municipal se encuentran previstas en l a Ley
136 de 1994 y en el artículo 313 de la Constitución Política, normas que no le atribuyen
facultad para declarar la insubsistencia de funcionarios de la Personería Municipal.
5. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 12 de marzo de 202614, el Consejo de Estado-Sección Tercera-
Subsección B declaró la improcedencia de la acción de tutela por incumplir el requisito
de relevancia constitucional.
El juez de primera instancia consideró que los cuestionamientos planteados por el
accionante correspondían a asuntos que ya habían sido examinados y resueltos por el
13
Índice 00021 del expediente digital de primera instancia, certificado E6F68127FD8EC9A0 9AE61CD97D5616B5
13CDADDC2BCAE6C6 CB75AA91EF34FEE5.
14 Índice 00022 del expediente digital de primera instancia, certificado 43A2CAD576493BB8 B34A3422AA9C4A23
7CF83D7CE9E2809B 06F2E6C805FA9B8E.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01107-01
Accionante: Edwar Darío Talero Villa
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, al decidir el
recurso de apelación dentro del proceso ordinario. En particular, señaló que la autoridad
judicial accionada se pronunció sobre la necesidad de motivar la desvinculación y de
expedir un acto administrativo que terminara el nombramiento provisional o declarara la
insubsistencia, a la luz de la jurisprudencia constitucional aplicable.
Asimismo, destacó que el tribunal explicó, con fundamento en las normas y precedentes
pertinentes, que la desvinculación del actor obedeció a la supresión del empleo,
circunstancia que constituye una causal legal de retiro del servicio. Por ello, concluyó que,
al tratarse de un cargo desempeñado en provisionalidad y existir una causal objetiva de
desvinculación, no resultaba necesario expedir un acto administrativo adicional que
declarara la terminación del nombramiento o la insubsistencia.
En ese contexto, el a quo estimó que los reparos formulados no evidenciaban una
afectación directa de derechos fundamentales, sino una discrepancia con la
interpretación jurídica adoptada por el juez natural. Advirtió, además, que bajo la
invocación de los defectos de desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución, el accionante pretendía reabrir una discusión de naturaleza legal ya resuelta
en el proceso contencioso administrativo.
Con fundamento en lo anterior, concluyó que la solicitud de amparo buscaba insistir en
argumentos previamente analizados por la jurisdicción competente, con el propósito de
obtener una nueva valoración favorable a sus intereses, razón por la cual declaró
improcedente la acción de tutela.
6. Impugnación.
La parte actora impugnó15 la decisión de primera instancia al considerar errónea la
conclusión según la cual la acción de tutela carecía de relevancia constitucional. Sostuvo
que el asunto no versaba sobre una controversia de mera legalidad ni sobre una
discrepancia interpretativa o probatoria, sino sobre la validez constitucional de una
decisión judicial que avaló los efectos de una actuación administrativa inexistente.
Explicó que el problema jurídico radica en determinar si una autoridad judicial puede
reconocer la inexistencia de un acto administrativo de desvinculación y, pese a ello,
atribuirle efectos jurídicos. A su juicio, dicha situación vulnera el debido proceso, los
principios de legalidad, publicidad y seguridad jurídica, al permitir que el Estado produzca
consecuencias jurídicas sin el correspondiente soporte formal.
En esa línea, afirmó que la providencia cuestionada incurrió en una contradicción al
admitir que no existió un acto administrativo de retiro y, simultáneamente, validar los
efectos derivados de la desvinculación. Consideró que ello configura una violación directa
de la Constitución y supone el desconocimiento de las formas propias de la actuación
administrativa, así como de las garantías de defensa y contradicción.
15 Índices 00026 y 00027 del expediente digital de primera instancia.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01107-01
Accionante: Edwar Darío Talero Villa
Asimismo, reiteró que la autoridad judicial accionada desconoció el precedente
constitucional contenido en las sentencias SU-917 de 2010 y SU-054 de 2015, al igual
que la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la necesidad de expedir un acto
administrativo motivado para la desvinculación de servidores públicos. En consecuencia,
insistió en la configuración de los defectos sustantivo, de desconocimiento del precedente
y de violación directa de la Constitución.
Por otra parte, rechazó que la tutela pretendiera convertirse en una instancia adicional,
pues, en su criterio, el objeto de la controversia es el control constitucional de una
decisión judicial que validó una actuación carente de existencia jurídica. Adicionalmente,
sostuvo que el asunto presenta relevancia constitucional por su carácter novedoso, dado
que plantea la posibilidad de que, en el marco de una reestructuración administrativa, un
órgano distinto al nominador produzca efectos de desvinculación respecto de servidores
adscritos a otra entidad, sin la expedición de un acto administrativo particular de retiro.
Finalmente, advirtió que dicha interpretación podría desdibujar los límites competenciales
de las autoridades públicas y permitir la producción de efectos jurídicos sin observancia
de las formas propias del acto administrativo, con impacto en los principios de legalidad,
motivación, defensa y debido proceso. Con fundamento en lo anterior, solicitó revocar la
sentencia de primera instancia, dejar sin efectos la providencia cuestionada y ordenar la
adopción de una nueva decisión; subsidiariamente, pidió que se realizara un estudio de
fondo de los cargos planteados.
Mediante auto del 17 de abril de 202616, el magistrado ponente del Consejo de Estado-
Sección Tercera-Subsección B concedió la impugnación formulada por la parte
demandante contra la sentencia del 12 de marzo de 2026.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y 32 del Decreto
2591 de 1991.
2. Legitimación en la causa
2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, en la medida
en que Edwar Darío Talero Villa es titular de los derechos fundamentales que estima
vulnerados, en su condición de demandante dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 25899-33-33-003-2021-
00120-00/01.
2.2. De igual forma, se encuentra acreditada la legitimación en la causa por pasiva, en
tanto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección D es la
16 Índice 00029 del expediente digital de primera instancia, certificado 421BAC31DB70BB2D 0A3FF6A5FA8B23C3
7AA02849AFE78850 2A10845A322C4E46.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01107-01
Accionante: Edwar Darío Talero Villa
autoridad judicial que profirió la decisión que, según la parte actora, vulneró sus derechos
fundamentales.
2.3. Previo a abordar el estudio de fondo, la Sala advierte que, si bien la parte actora hizo
alusión a la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito Judicial de Zipaquirá, el análisis se circunscribirá a la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección
D, en tanto es la providencia que puso fin a la actuación judicial, sin perjuicio de las
referencias que resulten necesarias respecto de las decisiones precedentes.
3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia del
12 de marzo de 202617, proferida por el Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección
B, mediante la cual se declaró la improcedencia de la acción por el incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional.
Para el efecto, es necesario establecer si en el caso en concreto se encuentran
superados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente
a los argumentos expuestos por la parte accionante.
4. Procedibilidad de la acción
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos
que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 200518 indicó que estas proceden si se
cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general, que
habilitan la interposición de la tutela 19 y otros de carácter específico, que tocan con la
procedencia misma del amparo, una vez interpuesto 20.
17 Índice 00022 del expediente digital de primera instancia, certificado 43A2CAD576493BB8 B34A3422AA9C4A23
7CF83D7CE9E2809B 06F2E6C805FA9B8E.
18 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
19 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento
de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela, salvo que se busque evitar que se configure un perjuicio irremediable ; que la petición cumpla con el
requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, en principio, esta
tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se
identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido
cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
20 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los
defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta
alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto
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Accionante: Edwar Darío Talero Villa
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es
la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues
ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los
jueces naturales, así como su autonomía funcional”21.
4.1. Relevancia constitucional.
Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las decisiones
judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto exclusivo es la
protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el asunto que origina
la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una clara, marcada e
indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez constitucional invada la
órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez que garantiza la autonomía
e independencia judicial.
Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces” 22.
En línea con lo anterior, en la Sentencia SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como
criterios para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el
debate en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental;
ii) que la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el
reparo formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un
defecto.
Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el
estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos fundamentales.
De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales, el
análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en
cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se
origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de
ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la
autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos
fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumpl imiento de los servidores judiciales de dar cuenta de
los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Le y
Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera
preferente la aplicación de sus postulados.
20 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
21 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
22 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.
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Accionante: Edwar Darío Talero Villa
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental;
ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales; y iv) que
se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales,
tratándose de una providencia judicial emanada de una alta corte. De manera que la
intervención del juez constitucional se establezca, exclusivamente, ante graves defectos
constitucionales.
Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte de
manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención del
juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o repercusión en
la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el interés público, ya que
el asunto debe trascender el interés particular de las partes y generar un efecto más
amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad y fundamentación de la
petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.
Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir con
la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha hecho
tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria,
a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los defectos definidos por la
jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control constitucional concreto 23.
5. Caso concreto
5.1. La Sala anuncia que el asunto no cumple con el requisito de relevancia constitucional,
por las razones que pasan a exponerse.
5.2. La parte actora sostiene que se vulneraron sus derechos fundamentales, en
particular el debido proceso, en la medida que: (i) no se expidió un acto administrativo
que dispusiera la terminación de su nombramiento en provisionalidad, declarara su
insubsistencia o dejara sin efectos la Resolución No. 098-16, circunstancia que, a su
juicio, le impidió ejercer adecuadamente su derecho de defensa al desconocer las
razones de su desvinculación; y (ii) no existió un acto administrativo particular y
debidamente motivado mediante el cual se formalizara su retiro del servicio, lo que implicó
el desconocimiento de la jurisprudencia del Consejo de Estado, sin que hubiera precisado
una providencia específica, y de la Corte Constitucional24, en materia de retiro de
servidores nombrados en provisionalidad.
Asimismo, cuestionó que el tribunal accionado hubiera reconocido la inexistencia del acto
administrativo que echa de menos y, pese a ello, concluyera que el Acuerdo expedido
por el Concejo Municipal de Sopó resultaba suficiente para entender producida su
23 Cfr. Sentencia C-590 de 2005.
24 Sentencias T-800 de 1998, T-1240 de 2008, SU-917 de 2010 y SU-054 de 2015.
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Accionante: Edwar Darío Talero Villa
desvinculación. Lo anterior, pese a que, según afirmó, no pertenecía a dicha corporación,
su retiro se produjo verbalmente y el Concejo Municipal carecía de competencia como
autoridad nominadora de los empleados de la Personería Municipal. En esa misma lín ea,
formuló cuestionamientos relacionados con la competencia para adoptar las decisiones
que condujeron a su desvinculación, al sostener que la Personería tampoco estaba
facultada para suprimir cargos.
En suma, reprochó al tribunal haber sostenido, de una parte, que el retiro de un
funcionario nombrado en provisionalidad exige la expedición de un acto administrativo
debidamente motivado y, de otra, que la supresión del empleo constituye una causal legal
de retiro del servicio que hace innecesaria la expedición de dicho acto.
En el escrito de impugnación, el actor insistió en que el asunto posee relevancia
constitucional, puesto que involucra una afectación directa del derecho fundamental al
debido proceso. Según expuso, la controversia gira en torno a una decisión judicial que
avaló una actuación administrativa inexistente, esto es, la ausencia de un acto
administrativo de desvinculación. En su criterio, el tribunal reconoció dicha circunstancia,
pero aun así validó sus efectos jurídicos, con lo cual terminó por aceptar una actuación
administrativa carente de existencia jurídica.
También alegó la existencia de una contradicción interna en la providencia cuestionada,
pues, a su juicio, no resulta jurídicamente admisible reconocer la inexistencia de un acto
administrativo y, simultáneamente, otorgarle validez y eficacia. Sostuvo que ello condujo
al desconocimiento de los principios de legalidad, debido proceso y seguridad jurídica.
Por esta razón, afirmó que la providencia no solo incurrió en un defecto sustantivo, sino
también en una violación directa de la Constitución. Igualmente, adujo que la autoridad
judicial accionada incumplió la carga argumentativa necesaria para apartarse del
precedente que consideró aplicable al caso.
Finalmente, manifestó que el asunto reviste relevancia constitucional debido a su
potencial incidencia más allá del caso concreto. Según indicó, la problemática planteada
trasciende la situación particular debatida y puede repercutir en el ordenamiento jurídico,
en la medida en que permitiría consolidar interpretaciones que, en su criterio, distorsionan
el marco normativo aplicable y propician vulneraciones sistemáticas de derechos
fundamentales. Por ello, insistió en la necesidad de que el juez constitucional emita un
pronunciamiento de fondo.
5.3. Expuestos los argumentos de la parte actora, resulta pertinente referirse al contenido
de la sentencia proferida el 29 de enero de 202625 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección D.
En dicha providencia, el tribunal abordó, en primer lugar, el régimen de provisión de
empleos públicos. Al respecto, explicó que el ordenamiento jurídico contempla la
25
Índice 00009 del radicado 25899333300320210012001 en el aplicativo SAMAI, certificado 383F295E0C671EAD
1B92E76FCDF4AF14 EC3E92D4BF2E0A18 D0333B5280FA9DD4.
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Accionante: Edwar Darío Talero Villa
posibilidad de proveer cargos de carrera administrativa mediante nombramientos en
provisionalidad cuando se presentan vacancias definitivas o temporales, mientras se
efectúa su provisión definitiva o desaparece la situación administrativa que originó la
vacancia.
Posteriormente, se refirió al régimen jurídico aplicable a las reformas de las plantas de
personal, con fundamento en el artículo 46 de la Ley 909 de 2004 y en los artículos 95 a
97 del Decreto 1227 de 2005. Asimismo, examinó la figura de la supresión de cargos a
la luz de los artículos 41 y 44 de la Ley 909 de 2004 y del artículo 87 del Decreto 1227
de 2005.
A partir de ese marco normativo, el Tribunal desarrolló las siguientes consideraciones en
relación con el caso concreto:
“4.1. En el sub exánime, se observa que mediante la Resolución nro. 098-16
del 04 de octubre de 20165, se nombró a Edward Darío Talero Villa en
provisionalidad en el cargo de Técnico Administrativo, código 367, grado 07,
así: (…)
Ahora, el Concejo Municipal de Sopó mediante el Acuerdo nro. 016 del 21 de
noviembre de 20206 «Por medio del cual se reorganiza la Personería Municipal
de Sopó, se modifica su estructura, la planta de personal, se fija la escala
salarial y se dictan otras disposiciones», suprimió el empleo de Técnico
Administrativo, código 367, grado 07, así: (…)
Posteriormente, la Personería Municipal de Sopó, expidió la Resolución nro.
125-20 del 31 de diciembre de 20207 «Por medio de la cual se suprime un cargo
de la Planta de personal de la Personería Municipal de Sopó en virtud del
Acuerdo 016 del 21 de noviembre de 2020», en la que estableció:
(…)
Mediante Oficio nro. P.M.SOF.941-20 del 31 de diciembre de 20208 emitido por
la Personera Municipal de Sopó, se le comunica a Edward Darío Talero Villa,
la supresión del empleo de Técnico Administrativo, código 367, grado 07.
4.2. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 909 de 2004 y el artículo
95 del Decreto 1227 de 2005, que prevén que las reformas de las plantas de
empleos de las entidades de la Rama Ejecutiva de los órdenes nacional y
territorial deberán motivarse, fundarse en necesidades del servicio o en
razones de modernización de la administración y basarse en justificaciones o
estudios técnicos que así lo demuestren, en aras de garantizar los derechos de
los empleados públicos.
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Accionante: Edwar Darío Talero Villa
Revisado el expediente se encuentra que la Personería Municipal de Sopó
realizó previamente un estudio técnico9 denominado «Estudio Técnico de
reorganización de Personería Municipal de Sopó», elaborado por Luisa
Fernanda Moreno Lombana mediante la suscripción del Contrato nro. CD007-
202010 cuyo objeto fue la «Prestar los servicios profesionales para revisión,
análisis y actualización del Manuel Especifico de Funciones y Competencias
Laborales de la Personería Municipal de Sopó», en octubre de 2020
Asimismo, el artículo 97 del Decreto 1227 de 2005 establece que los estudios
que soporten las modificaciones de las plantas de empleos deberán basarse
en metodologías de diseño organizacional y ocupacional que contemplen: 1)
Análisis de los procesos técnico-misionales y de apoyo. 2) Evaluación de la
prestación de los servicios. 3) Evaluación de las funciones, los perfiles y las
cargas de trabajo de los empleos. Al analizar el estudio técnico allegado se
observa que se realizó un extenso y pormenorizado análisis de la entidad, y la
propuesta de organización con la siguiente estructura: (…)
Debe resaltarse que el estudio técnico efectuó un amplio y minucioso análisis
de la entidad, las razones que motivaron la modificación de la planta de
personal, la estructura organizacional, el análisis de cargas de trabajo, los
perfiles de los cargos y planta de personal, incluido su impacto presupuestal,
con lo que se da cumplimiento a lo ordenado por el artículo 46 de la Ley 909
de 2004 y el artículo 97 del Decreto 1227 de 2005.
Con ocasión del estudio técnico se expidió el Acuerdo nro. 016 del 21 de
noviembre de 2020, a través del cual el Concejo Municipal de Sopó estableció
la necesidad de reorganizar la Personería Municipal, modificar su estructura,
su planta de personal y fijar la escala salarial de esa dependencia, por lo tanto,
en su artículo tercero dispuso la supresión del empleo de Técnico
Administrativo, código 367, grado 07, en el que se desempeñaba el señor
Edward Darío Talero Villa, acto administrativo comunicado mediante el Oficio
P.M.S.OF.941-20 notificado el 31 de diciembre de 2020.
De este modo, esta sala decisoria considera que el Concejo Municipal y la
Personería Municipal de Sopó cumplieron con todos los requisitos establecidos
para la reforma de la planta de personal de la Personería Municipal, y con el
retiro del servicio del demandante, con ocasión de la supresión del cargo de
Técnico administrativo, código 367, grado 07, puesto que, se realizó el estudio
técnico respectivo y el Acuerdo nro. 016 del 21 de noviembre de 2020 se aprobó
en los debates reglamentarios, uno en la Comisión Segunda Permanente de
Gobierno y el segundo en Sesión Ordinaria del 21 de noviembre de 2020.
4.3. Aunado, es dable establecer que la vinculación del demandante con la
Personería de Sopó, se dio mediante un nombramiento de carácter provisional,
por lo cual no gozaba de fuero de estabilidad propio de los empleados
nombrados en carrera administrativa, sin embargo, el retiro de los empleados
en provisionalidad debe hacerse mediante un acto reglado y debidamente
motivado.
Al respecto, se tiene que la terminación de la relación laboral del señor Edward
Darío Talero Villa con la Personería Municipal de Sopó se presentó como
consecuencia de una causal objetiva, esta es, la supresión del empleo Técnico
Administrativo, código 367, grado 07, la cual está debidamente ajustada a
derecho, puesto que, se realizó un estudio técnico donde se estableció la
necesidad de reorganizar la Personería Municipal de Sopó y de reformar su
planta de personal, dado el incremento poblacional, urbano y a las diferentes
problemáticas en los diferentes aspectos sociales como lo son servicios
públicos domiciliarios, servicios de salud, educación, problemáticas de
16
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01107-01
Accionante: Edwar Darío Talero Villa
violencia intrafamiliar, restablecimiento del derecho de niños, niñas y
adolescentes, infracciones al Código Nacional de Policía y Convivencia.
Además, al estar el demandante vinculado en provisionalidad no tenía derecho
preferencial a ser incorporado en empleo igual o equivalente de la nueva planta
de personal, ser reincorporado a empleos iguales o equivalentes o a recibir
indemnización, debido a que, según la normativa aplicable estos beneficios son
propios de los empleados vinculados en carrera administrativa.
De tal forma, esta sala decisoria considera que los actos acusados, a través de
los cuales se dio por terminado el vínculo laboral del demandante con la
Personería Municipal de Sopó, están ajustados a derecho y debidamente
motivados, máxime cuando en los eventos de supresión de cargos con ocasión
de la restructuración o reforma de la planta de personal de las entidades, el
interés general prima sobre en interés particular de los funcionarios.
4.4. Ahora, en cuanto al argumento consistente en que la Personería Municipal
debió expedir un acto administrativo que terminara su nombramiento en
provisionalidad o declarara su insubsistencia, la sala precisa que la supresión
del empleo es una causal legal de retiro del servicio, por lo tanto, en estos
eventos no es necesario expedir un acto administrativo que de por terminado
un nombramiento o declare insubsistente el mismo.
De otro lado, en relación con la tesis de que la Personera Municipal de Sopó
no tenía competencia para suprimir el empleo de Técnico Administrativo,
código 367, grado 07, la sala considera que no le asiste razón al demandante,
toda vez que, el acto administrativo que suprimió este cargo fue el Acuerdo nro.
016 del 21 de noviembre de 2020, expedido por el Concejo Municipal de Sopó
y la Personería Municipal a través de la Resolución nro. 125-20 del 31 de
diciembre de 2020 y el Oficio nro. P.M.S.OF.941-20, dio cumplimiento
ordenado en dicho acuerdo.
Por otra parte, en cuanto a la falsa motivación alegada por el demandante, se
tiene que la misma se presenta cuando la sustentación fáctica del acto carece
de veracidad o de coherencia entre el hecho y el supuesto de derecho; es decir,
o no es cierto lo que se afirma en las razones de hecho, o no hay
correspondencia entre tales razones y los supuestos de derecho que se aducen
para proferir el acto, vicio este que la sala no encuentra configurado en los
actos administrativos demandados, debido a que el retiro del servicio del
demandante por la supresión del cargo de Técnico Administrativo, código 367,
grado 07, como ya se indicó obedeció a una causal objetiva, que no es otra que
la reforma de la planta de personal de la Personería Municipal de Sopó.
Sobre la facultad de retirar del servicio a un empleado público por supresión del
cargo, el Consejo de Estado11 ha establecido que es una causal admisible de
retiro, así:
(…)
De este modo, no es cierto que el Acuerdo nro. 016 del 21 de noviembre de
2020, la Resolución nro. 125-20 del 31 de diciembre de 2020 y el Oficio nro.
P.M.S.OF.941-20, se expidieron con falsa motivación, es decir, apartándose de
la realidad de la situación jurídica creada en virtud de reforma de la planta de
personal de la Personería del Municipio de Sopó, puesto que la misma se
realizó con acatamiento de las normas que les eran aplicables.” 26 (Subrayas
añadidas).
26 Índice 00009 del radicado 25899333300320210012001 en el aplicativo SAMAI, certificado 383F295E0C671EAD
1B92E76FCDF4AF14 EC3E92D4BF2E0A18 D0333B5280FA9DD4.
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Accionante: Edwar Darío Talero Villa
A partir de lo anterior, es posible concluir que el juez natural del asunto desarrolló, en
esencia, las siguientes consideraciones:
(i) El Concejo Municipal de Sopó y la Personería Municipal de Sopó cumplieron
los requisitos legales y reglamentarios exigidos para la reforma de la planta de
personal de esta última entidad y para el retiro del servicio del demandante
como consecuencia de la supresión del cargo que desempeñaba.
(ii) Aunque el retiro del demandante, dada la naturaleza de su vinculación, debía
materializarse mediante un acto reglado y debidamente motivado, su
desvinculación obedeció a la configuración de una causal objetiva de retiro del
servicio, consistente en la supresión del empleo, la cual, en criterio del tribunal,
se encontraba ajustada al ordenamiento jurídico.
(iii) Si bien el demandante se encontraba vinculado en provisionalidad, no era
titular de las prerrogativas propias de los empleados inscritos en carrera
administrativa.
(iv) Comoquiera que la supresión del empleo constituye una causal legal de retiro
del servicio, no resultaba necesaria la expedición de un acto administrativo
adicional que dispusiera la terminación del nombramiento o declarara la
insubsistencia del servidor.
(v) Se observaron las reglas de competencia aplicables, toda vez que el acto
mediante el cual se suprimió el cargo correspondió al Acuerdo expedido por el
Concejo Municipal de Sopó, mientras que la Personería Municipal se limitó a
dar cumplimiento a las decisiones adoptadas en dicho instrumento.
5.4. A partir de las anteriores consideraciones, esta Subsección estima que, pese al
esfuerzo argumentativo desplegado por la parte actora, resulta evidente que su
pretensión se orienta a controvertir la interpretación jurídica y las conclusiones adoptadas
por el tribunal accionado, con el propósito de que se acoja la tesis que ha sostenido desde
el proceso ordinario.
En efecto, los argumentos expuestos en la solicitud de amparo y reiterados en la
impugnación reproducen, en lo sustancial, los planteamientos formulados en el curso del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, particularmente aquellos relacionados
con la necesidad de expedir un acto administrativo particular que dispusiera la
terminación de su nombramiento en provisionalidad, la presunta falta de competencia de
las autoridades que intervinieron en la reforma administrativa y el alcance de las garantías
derivadas de su vinculación provisional.
De igual manera, se advierte que tales cuestionamientos fueron objeto de análisis y
decisión por parte del juez natural de la controversia, quien se pronunció expresamente
sobre la legalidad de la supresión del cargo, la competencia de las autoridades
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intervinientes y las consecuencias jurídicas derivadas de dicha medida respecto de la
situación administrativa del demandante.
En esas condiciones, la inconformidad planteada por el actor no revela, en realidad, una
controversia de naturaleza constitucional autónoma, sino una discrepancia con el sentido
de la decisión adoptada por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y con la
interpretación normativa acogida por esa autoridad judicial. Por consiguiente, la acción
de tutela no puede erigirse en una instancia adicional destinada a reabrir el debate jurídico
ya resuelto por el juez competente ni a sustituir los criterios de valoración e interpretación
que le son propios.
5.5. Ahora bien, la Sala no advierte prima facie que exista una argumentación irracional
o arbitraria que conlleve a un análisis de fondo del asunto. Del mismo modo, el punto de
la tutela es controvertir la posición del tribunal acusado consistente en que ante la
existencia de una causal objetiva de retiro del servicio no era necesario expedir un acto
administrativo adicional que terminara el vínculo laboral, puesto que ya se había valorado
que se cumplían los requisitos para que operara adecuadamente la referida causal. En
esta medida, se comparte la consideración del a quo constitucional de que en el proceso
ya se le había explicado al actor con claridad las razones por las que la supresión del
empleo era una causal de retiro del servicio.
En esta línea, se estima que la misma existencia del trámite ordinario de nulidad y
restablecimiento del derecho es un indicador de que el actor ha podido oponerse al retiro
efectuado. No obstante, las resultas del proceso (favorables o desfavorables) escapan al
análisis del juez constitucional.
5.6. En lo relativo al cargo por desconocimiento del precedente, esta Sala ha reconocido
la relevancia de dicha figura y la existencia tanto del precedente horizontal como del
vertical, este último proveniente de los órganos de cierre. Ahora, si bien las providencias
invocadas por la parte accionante corresponden, en términos generales, a
pronunciamientos judiciales que abordaron situaciones semejantes en algunos aspectos;
ello no implica, prima facie, la existencia de un precedente vinculante aplicable al caso
concreto.
La parte accionante no desarrolló un ejercicio argumentativo de carácter metodológico y
comparativo que permitiera establecer la identidad fáctica y jurídica entre los asuntos
invocados y el caso concreto, particularmente de donde se derivara una ratio descidendi
para un asunto semejante: un empleado en provisionalidad que es desvinculado por la
causal de supresión del cargo (respecto de la cual el tribunal acusado expuso que se
cumplieron los requisitos legales para que operara dicha supresión ) y que de esta
situación se derive la necesaria expedición de un acto administrativo adicional y concreto
para la terminación de la vinculación laboral.
En otros términos, esta Sala no desconoce que se hayan desarrollado reglas frente a la
motivación de la desvinculación de los empleos en provisionalidad, lo que extraña es un
ejercicio de argumentación suficiente de la parte actora (ni advierte prima facie respecto
de las decisiones referenciadas por el actor) para identificar una regla para una
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01107-01
Accionante: Edwar Darío Talero Villa
circunstancia fáctica particular como la del accionante, la cual no correspondía a que
simplemente un acto administrativo ordenó la finalización del empleo en provisionalidad
sin motivación alguna o con una de tipo aparente. En consecuencia, la Sala advierte una
carga argumentativa insuficiente para habilitar un análisis de fondo respecto del cargo
formulado.
5.7. En cuanto a la impugnación, esta buscó robustecer la argumentación ya desarrollada
para afirmar que el tribunal acusado avaló una actuación administrativa inexistente. Sin
embargo, de la lectura de la sentencia acusada, no se avizora tal comportamiento. El
tribunal no dio por demostrado el acto administrativo particular de terminación de la
relación laboral, lo que hizo fue explicar que en su criterio tal decisión era innecesaria al
estar en presencia de una causal objetiva de retiro (supresión del cargo), en otros
términos, no se otorgó ninguna consecuencia a la inexistencia del acto extrañado por el
actor. En realidad, esta es la conclusión que el accionante reprocha, no obstante, la Sala
considera que entrar en este asunto en particular conlleva a realizar la valoración propia
del juez ordinario, lo que en principio no le corresponde al juez constitucional. Así las
cosas, la Sala no advierte una posición arbitraria o irracional que conduzca a efectuar el
análisis del fondo del asunto ni realizar consideración adicional.
5.8. Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter
excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional
fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza residual y subsidiaria,
por lo que su procedencia está limitada a determinar la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una posible agresión
proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión proferida por esta, sin que
ello implique, como lo pretende la parte tutelante, un nuevo estudio del caso como si fuera
una instancia adicional a lo ya surtido.
5.9. En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada, lo que se opone a que se use indebidamente como
una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso ordinario 27.
En tal sentido, la Sala confirmará la decisión impugnada que declaró la improcedencia
del amparo, por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 12 de marzo de 2026 por el Consejo
de Estado-Sección Tercera-Subsección B que declaró la improcedencia de la acción de
27 Corte Constitucional, Sentencia SU-215 de 2022.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01107-01
Accionante: Edwar Darío Talero Villa
tutela por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito.
TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado
LMSG
21
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