RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-01110-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01110-00

Fecha
4 de mayo de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01110-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. NEGAR la solicitud de desvinculación de la Fiscalía General de la Nación, conforme a la motivación. SEGUNDO. NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y seguridad jurídica invocados por los señores Jhonier Albeiro Viera Gómez, Luz Yenny Yesquen Gamboa, José Cristóbal Viera, Adriana María Botero Gómez, Jaider Arvid Varas Botero y Diego Armando Corrales Alvarado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en 14 Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01110-00 Accionantes: Jhonier Albeiro Viera Gómez y otros Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. CUARTO. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01110-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

4 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Radicado : 11001-03-15-000-2026-01110-001
Accionantes : Jhonier Albeiro Viera Gómez, Luz Yenny Yesquen Gamboa,
José Cristóbal Viera, Adriana María Botero Gómez, Jaider
Arvid Varas Botero y Diego Armando Corrales Alvarado
Accionados : Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y Juzgado
Veintiuno (21) Administrativo de Cali
Vinculados : Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y Fiscalía General de la Nación
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial, reparación directa por
privación de la libertad
Decisión : Sentencia de primera instancia

Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia en la acción de tutela
incoada por Jhonier Albeiro Viera Gómez y otros contra el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca y el Juzgado Veintiuno (21) Administrativo de Cali, por la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a
la administración de justicia y seguridad jurídica.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico.

1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos

por los actores frente a las providencias judiciales objeto de censura. Luego, se
revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se resolverá
lo pertinente en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

1.2 La demanda de tutela.

2. Los accionantes, quienes actúan en nombre propio, interpusieron el presente

recurso de amparo con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y seguridad

1
Expediente digital disponible en Samai.

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01110-00
Accionantes: Jhonier Albeiro Viera Gómez y otros
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

jurídica, presuntamente vulnerados por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca y el Juzgado Veintiuno (21) Administrativo de Cali.

3. Por consiguiente, solicitaron dejar sin efectos las sentencias del (i) 25 de junio de

2025, mediante la cual el Juzgado Veintiuno (21) Administrativo de Cali negó las
pretensiones formuladas en la demanda de reparación directa promovida contra la
Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y Fiscalía
General de la Nación (expediente 76001-33-33-021-2024-00108-01); y (ii) 19 de
diciembre del mismo año, con la que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
confirmó esa decisión. En su lugar, pidieron que se ordene a las autoridades
accionadas emitir un nuevo pronunciamiento en el que se acceda a las súplicas de
ese asunto ordinario.

1.3 Hechos2.

4. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional, y de lo relatado por

los accionantes, se puede evidenciar que, el 1° de febrero de 2018 el Juzgado
Segundo (2°) Promiscuo Municipal de Florida le impuso medida de aseguramiento
en establecimiento carcelario al señor Jhonier Albeiro Viera Gómez, por la
presunta comisión de los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio y
porte ilegal de armas de fuego, a raíz del deceso de Jhonathan Parra Erazo (q. e.
p. d.) y las lesiones de Jhon Torres García; sin embargo, el 2 de agosto de 2022,
el Juzgado Sexto (6°) Penal del Circuito de Palmira decretó la preclusión de la
investigación penal seguida en su contra por aplicación del principio de in dubio
pro reo.

5. Que, al considerar que la mencionada restricción de la libertad fue injusta, el 14

de mayo de 2024 instauraron demanda de reparación directa contra la Nación -
Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y Fiscalía General
de la Nación (expediente 76001-33-33-021-2024-00108-01), con el propósito que
se les declarara administrativamente responsables de los agravios causados por la
aprehensión del señor Viera Gómez y se ordenara la respectiva compensación
económica.

6. Del asunto ordinario conoció el Juzgado Veintiuno (21) Administrativo de Cali

que, el 25 de junio de 2025 negó las súplicas, al considerar que «[…] la medida

2
Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital en SAMAI, índice 00002.
2

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01110-00
Accionantes: Jhonier Albeiro Viera Gómez y otros
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

impuesta respetó los principios de razonabilidad y proporcionalidad, con fundamento en los
elementos de prueba con los que en ese momento contaba la Juez del asunto, los cuales permitían
determinar que la detención preventiva era la única medida viable para lograr la comparecencia del
indiciado y garantizar la seguridad de la sociedad, la víctima y familiares ».

7. Inconformes con esa decisión los accionantes interpusieron recurso de apelación,

desatado el 19 de diciembre de 2025 por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca3, en el sentido de confirmarla, al estimar que «[…] una vez revisado en su conjunto
los elementos probatorios analizados por el Juez de Control de Garantías al momento de solicitar
la imposición de la medida de aseguramiento, atendió las exigencias señaladas en el Código de
Procedimiento Penal, en el artículo 308 numeral 2°, esto es, que existía inferencia razonable de la
comisión del delito […] y que el [procesado] constituía un peligro para la comunidad, en
concordancia con el numeral 1° y 2° del artículo 313, toda vez que el delito investigado tiene un
mínimo de pena mayor a cuatros años de prisión, por lo que era razonable al momento de llevarse
a cabo la diligencia de imposición de medida de aseguramiento inferir que el señor Jhonier Albeiro
Viera Gómez podía ser el responsable».

8. Sobre la precedente situación, los actores aducen que las providencias objeto

de censura incurren en defecto fáctico, por cuanto, de los elementos de
convicción adosados a las diligencias ordinarias no se infería que la medida de
aseguramiento impuesta al señor Jhonier Albeiro Viera Gómez haya sido
razonable y proporcional.

II. TRÁMITE PROCESAL

9. Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto de 17

de marzo de 2026, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión se (i)
ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y al Juzgado
Veintiuno (21) Administrativo de Cali; y, (ii) dispuso vincular a la Nación - Rama
Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y Fiscalía General de la
Nación, en los términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.

2.1 Contestaciones de la acción.

10. 2.1.1 El Juzgado Veintiuno (21) Administrativo de Cali4 aportó el enlace digital

del expediente ordinario con radicado 76001-33-33-021-2024-00108-01 y sostuvo
que, «[s]e remit[e] a los argumentos expuestos en la sentencia de primera instancia, pues allí

3
M. P. Eduardo Antonio Lubo Barros.
4
Índice 00017 de Samai.
3

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01110-00
Accionantes: Jhonier Albeiro Viera Gómez y otros
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

quedaron plasmados los elementos y razones de hecho y de derecho que llevaron […] a tomar la
decisión que hoy motiva esta acción de tutela».

11. 2.1.2 La Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración

Judicial5 explicó que «[…] la presente acción constitucional se presentó para revivir un debate
definido y para modificar una decisión adoptada por la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
la cual se encuentra debidamente ejecutoriada y hace tránsito a cosa juzgada, máxime cuando […]
está prevista para la protección de derechos fundamentales y no como una instancia adicional de
los procesos ordinarios».

12. 2.1.3 La Fiscalía General de la Nación6 deprecó su desvinculación del presente

trámite constitucional al carecer de legitimación en la causa por pasiva, toda vez
que, «[…] la actuación y/o omisión cuestionada no está directamente relacionada con e[se] ente
instructor […] [y] supera su competencia».

13. 2.1.4 El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca guardó silencio en la

oportunidad prevista para el efecto.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia.

14. Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en

virtud de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de
2017 y 333 de 2021.

3.2 La acción.

15. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política

y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

5
Índice 00019 de Samai.
6
Índice 00020 de Samai.
4

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01110-00
Accionantes: Jhonier Albeiro Viera Gómez y otros
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

3.3 Legitimación en la causa por pasiva.

16. El artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, dispone que la acción de tutela «[…] se

dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o
amenazó el derecho fundamental […]». En ese sentido, la Corte Constitucional9, ha

considerado que, «[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud
legal de la persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder
por la vulneración o amenaza del derecho fundamental […]».

17. La Fiscalía General de la Nación, en el escrito de intervención solicitó su
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto «[…] la
actuación y/o omisión cuestionada no está directamente relacionada con e[se] ente instructor […]
[y] supera su competencia».

18. Al respecto, la Sala advierte que su vinculación en el presente asunto fue en

calidad de tercera con interés, por integrar el extremo pasivo dentro del proceso
contencioso en cuestión, esto, en aras de garantizar su derecho a la defensa y
contradicción, por lo que, se negará su solicitud.

3.4 Cuestión previa.

19. En el asunto sub examine los demandantes piden dejar sin efectos las
providencias de (i) 25 de junio de 2025, mediante la cual el Juzgado Veintiuno (21)
Administrativo de Cali negó las pretensiones formuladas en la demanda de
reparación directa que promovieron contra la Nación - Rama Judicial - Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y Fiscalía General de la Nación (expediente
76001-33-33-021-2024-00108-01); y (ii) 19 de diciembre del mismo año, con la que
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca confirmó esa decisión.

20. Sin embargo, esta Sala únicamente centrará su estudio jurídico en la providencia

de 19 de diciembre de 2025, por ser la que, al desatar el recurso de apelación
interpuesto contra la de 25 de junio de ese año, decidió de manera definitiva el
mencionado asunto contencioso-administrativo.

3.5 Problema jurídico.

21. Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el

eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar el fallo de 19
de diciembre de 2025, mediante el cual el Tribunal Administrativo del Valle del

5

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01110-00
Accionantes: Jhonier Albeiro Viera Gómez y otros
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

Cauca confirmó la providencia de 25 de junio de ese año, en la que el Juzgado
Veintiuno (21) Administrativo de Cali negó las pretensiones formuladas en la
demanda de reparación directa promovida por los tutelantes contra la Nación -
Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y Fiscalía General
de la Nación (expediente 76001-33-33-021-2024-00108-01); y, en caso afirmativo,
si se han vulnerado las garantías superiores al debido proceso, acceso a la
administración de justicia y seguridad jurídica invocadas en la solicitud de amparo.

3.6 La acción de tutela contra providencias judiciales.

22. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional 7 y de la Sala

Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado8, es posible acudir
a la acción de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando
estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este
contexto, se han estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, generales y específicos, los cuales, deben
satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede
someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si
con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a
vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.

23. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente

relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración

7 Sentencia C-590 de 2005.
8 sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth

García González.
6

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01110-00
Accionantes: Jhonier Albeiro Viera Gómez y otros
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.

24. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente
al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda
la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos
fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte
de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte
Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede
cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en
eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se
trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.

25. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, en la medida en que recae, a juicio de los
actores, en una indebida valoración probatoria, lo cual, de comprobarse, conllevaría
a la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia y seguridad jurídica; (ii) contra la decisión objeto de
censura no procede recurso alguno; (iii) se establecieron los hechos que originaron
el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de
inmediatez se satisface, teniendo en cuenta que la providencia atacada quedó
ejecutoriada el 30 de enero de 20269 y la solicitud de amparo se presentó el 13 de
febrero siguiente, es decir, dentro de los seis meses; y (v) el fallo acusado no es de
tutela.

9
Según constancia de ejecutoria emitida por la secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
7

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01110-00
Accionantes: Jhonier Albeiro Viera Gómez y otros
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

26. En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo

del asunto bajo la causal específica denominada defecto fáctico invocada por los
demandantes.

3.6.1 Defecto fáctico.

27. Sea lo primero anotar que una providencia judicial se encuentra viciada por

defecto fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin
contar con supuestos ciertos, esto es, «surge cuando carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión »10.

28. La Corte Constitucional ha sostenido que, el defecto fáctico contiene dos
aspectos o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo, que se presenta
cuando el funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no
apta para ello. Por su parte, la segunda dimensión, se trata de un aspecto negativo
que alude a aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se configura en
los eventos en que da por no probado un hecho caprichosamente, pese a obrar
suficiente material probatorio que lo demuestra11.

3.7 Análisis del caso concreto.

29. En el asunto sub examine, la parte demandante aduce que la providencia
cuestionada incurrió en defecto fáctico, porque, de los elementos de convicción
adosados a las diligencias ordinarias no se infería que la medida de
aseguramiento impuesta al señor Jhonier Albeiro Viera Gómez haya sido
razonable y proporcional.

30. No obstante, antes de proceder a realizar el estudio de fondo de este trámite

constitucional, debe advertirse que el artículo 9012 de la Constitución Política se
constituye en la fuente de la responsabilidad extracontractual del Estado, pues es
su «cláusula general»13, toda vez que prevé los elementos que deben concurrir para
que se configure, los cuales son: (i) un daño antijurídico, esto es, un perjuicio que
la persona no está en la obligación de soportar; (ii) una acción u omisión de los

10
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
11
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
12
«El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la
omisión de las autoridades públicas.
En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de
la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste».
13
Corte Constitucional, sentencia C-38 de 2006, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
8

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01110-00
Accionantes: Jhonier Albeiro Viera Gómez y otros
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

servidores públicos concernientes al cumplimiento de sus funciones; y (iii) una
relación causal entre el hecho dañoso y la actuación o negligencia de aquellos.

31. En virtud de dichos presupuestos, resulta acertado afirmar que hay lugar a
declarar la responsabilidad extracontractual del Estado cuando sus agentes, en
acatamiento de sus funciones, por acción u omisión, causan menoscabo a una
persona que no debe resistirlo.

32. Ahora bien, el artículo 6514 de la Ley 270 de 199615 establece tres (3) hechos

generadores de responsabilidad patrimonial del Estado provenientes de cuestiones
judiciales, a saber: (i) error judicial, (ii) privación injusta de la libertad y (iii)
defectuoso funcionamiento de la Administración de justicia.

33. Por su parte, en el artículo 68 de la referida ley se consignó que, «[q]uien haya sido

privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios»; no

obstante, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-037 de 199616, analizó su
constitucionalidad y manifestó que, en los casos de privación injusta de la libertad,
no era dable la reparación automática de los perjuicios, sino que el juez debía
examinar la actuación que dio lugar a la medida restrictiva para determinar si
existían o no méritos para proferir una decisión en ese sentido.

34. Posteriormente, la Corte Constitucional dictó la sentencia SU-072 de 201817, a

través de la cual precisó que ningún cuerpo normativo estableció un régimen de
responsabilidad específico aplicable en los eventos de privación de la libertad, por
lo que al operador judicial le corresponde determinar si la privación fue apropiada,
razonable y proporcionada18.

35. A su vez, mediante sentencia del 15 de agosto de 2018 19, la Sala Plena de la

Sección Tercera del Consejo de Estado unificó su criterio frente a este tipo de
casos; sin embargo, dicha providencia quedó sin efectos por vía de tutela 20, por lo

14
«El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la
omisión de sus agentes judiciales.
En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia,
por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad».
15
«Estatutaria de la administración de justicia».
16
M. P. Vladimiro Naranjo Mesa.
17
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-072 del 5 de julio de 2018, M.P: José Fernando Reyes Cuartas, exps: T-
6.304.188 y T-6.390.556.
18
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 14 de julio de 2023, expediente 25000-23-26-000-2010-
00642-01 (58.473), M. P. Marta Nubia Velásquez Rico.
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de unificación del 15
de agosto de 2018, C.P: Carlos Alberto Zambrano Barrera, exp: 46.947.
20
Mediante fallo de tutela dictado el 18 de noviembre de 2019, por la Subsección B de la Sección Tercera de esta
Corporación, exp: 2019-00169-01 (AC).
9

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01110-00
Accionantes: Jhonier Albeiro Viera Gómez y otros
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

que el 6 de agosto de 2020 se profirió el correspondiente fallo de reemplazo21, este
último que, si bien no se adoptó como determinación de unificación, recogió de
manera enunciativa la más reciente jurisprudencia sobre la materia, en la que se
sostuvo que en los casos de privación injusta de la libertad debía examinarse la
actuación que dio lugar a la medida restrictiva de este derecho fundamental, sin
que resultara viable la reparación automática de los perjuicios en dichos eventos.

36. Ahora bien, se tiene que la autoridad accionada, en el fallo objeto de censura,

concluyó:

Consideró el juzgado promiscuo con funciones de garantías en ese momento, que se
encontraban cumplidos los requisitos subjetivos de los artículos 308 numeral 2° y 3°,
310 numerales 1°, 2° y 5° y 312 numeral 2° del Código de Procedimiento Penal, para
la imposición de la medida de aseguramiento, pues los elementos materiales y
evidencia física aportados por la Fiscalía permitían construir la inferencia razonable de
la autoría o participación del aquí demandante Jhonier Albeiro Viera Gómez en las
conductas delictivas imputadas, al allegarse: […] entrevista de Jhon Kenedys Torres
García […] y […] reconocimiento fotográfico […], concluyendo que existían los indicios
suficientes para considerar que el aquí demandante fue participe de los hechos que se
investigaban.

[…] para la Sala, una vez revisado en su conjunto los elementos probatorios analizados
por el Juez de Control de Garantías al momento de solicitar la imposición de la
medida de aseguramiento, atendió las exigencias señaladas en el Código de
Procedimiento Penal, en el artículo 308 numeral 2°, esto es, que existía inferencia
razonable de la comisión del delito que se imputaba y que el imputado constituía un
peligro para la comunidad, en concordancia con el numeral 1° y 2° del artículo 313,
toda vez que el delito investigado tiene un mínimo de pena mayor a cuatros años de
prisión, por lo que era razonable al momento de llevarse a cabo la diligencia de
imposición de medida de aseguramiento inferir que el señor Jhonier Albeiro Viera
Gómez podía ser el responsable del delito que se le endilgaba. En consecuencia, para
la Sala la motivación efectuada por el Juez de Control de Garantías frente a la privación
de la libertad del aquí demandante, se ajustó al derecho penal adjetivo y se revela
razonable, adecuada y proporcional, encontrando respaldo en un título legal acorde
con el ordenamiento constitucional y las disposiciones convencionales. Decisión que
además no fue objeto de reproche en ese momento por parte de su apoderado o del
acusado, quienes ostentan en materia penal la defensa técnica y material,
respectivamente.

Así pues, se tiene que, a pesar de que mediante la sentencia No. 039 del 3 de agosto
de 2022 por el Juzgado Sexto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de
Palmira- Valle se resolvió absolver al demandante por el delito imputado, por
imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia frente al mismo, lo cierto es que
de los elementos probatorios presentados por la Fiscalía General de la Nación al
momento de la solicitud de imposición de la medida de aseguramiento, considera esta
Sala se requería de una investigación detallada de los hechos para lograr establecer la
falta de responsabilidad del actor, tal y como se hizo en el transcurso de la investigación
penal, y, por tanto, el implicado se encontraba en la obligación de soportar la privación
de su libertad, pues a la luz de la sentencia C-037 de 1996 de la Corte Constitucional,
la misma no fue desproporcionada, arbitraria o violatoria de los procedimientos legales,
garantizándosele el debido proceso en el trámite de la investigación de la que fue objeto
el aquí demandante.

21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 6 de agosto de
2020, C.P: José Roberto Sáchica Méndez, exp: 46.947.
10

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01110-00
Accionantes: Jhonier Albeiro Viera Gómez y otros
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

Así las cosas, es necesario recordar que son muy diferentes el propósito y las reglas
que gobiernan la imposición de medida de aseguramiento a las que deben tomarse en
cuenta al momento de decidir de fondo un caso penal. Al momento de proveer sobre la
medida de aseguramiento el juez debe tomar en cuenta los elementos materiales
probatorios e información recaudada hasta ese momento para, en confrontación con la
norma procesal penal, determinar si es necesario que al imputado se le impongan
ciertas medidas dirigidas a proteger personas, bienes jurídicos y bienes materiales, una
de ellas es, por ejemplo, la detención preventiva intramural, cuyo propósito principal es
evitar o minimizar riesgos en el caso de aquellos imputados que, por sus características
y las de su actuar delictivo, puedan entorpecer el desarrollo del proceso o de la justicia,
intenten evadir el juicio, o signifiquen peligro para las presuntas víctimas y la sociedad;
mientras que, en la decisión de fondo del caso penal deben tomarse en cuenta todos
los elementos recaudados e incorporados al proceso válidamente para determinar si
se ha logrado desvirtuar la presunción de inocencia del procesado frente a los delitos
que se le acusó de haber cometido. Por lo tanto, es claro que, aunque se decrete una
o varias medidas de aseguramiento sobre un imputado, ello para nada quiere decir que
necesariamente el mismo deba resultar condenado en la decisión de fondo del juicio
penal, ni viceversa, pues, como se ha explicado, la necesidad de la medida de
aseguramiento se determina con los elementos e información recaudados hasta el
momento del estudio de dicha medida, mirando si es necesaria la protección que la
medida comporta, mientras que en el juicio oral se recauda material probatorio que
pueda subvertir y controvertir las acusaciones de comisión de delitos hechas en contra
del procesado.

[…]

De ese modo, resulta en ese punto nítido que, el hecho de que un procesado termine
siendo absuelto en el proceso penal, porque se desvirtuó el material probatorio que
sirvió de fundamento para imponer la medida de aseguramiento, no significa
necesariamente que la medida impuesta en su momento lo haya sido de manera
arbitraria o incorrecta.

37. De lo expuesto se colige que, la autoridad accionada determinó que no había

lugar a declarar la responsabilidad extracontractual del Estado en el proceso de
reparación directa con radicado 76001-33-33-021-2024-00108-01, toda vez que, la
medida de aseguramiento que se le impuso al señor Jhonier Albeiro Viera Gómez
había sido debidamente justificada. En efecto, a partir de los elementos probatorios
aportados al proceso de reparación directas se estableció que, en el proceso penal,
existían elementos que permitían inferir la posible autoría del señor Viera Gómez
de los delitos por los que fue investigado, tal como la declaración juramentada y el
reconocimiento fotográfico efectuados por Jhon Kenedys Torres García, víctima
sobreviviente, quien lo incluyó entre los presuntos responsables. Además, porque
los hechos punibles por los cuales se le investigó tenían prevista una pena de
prisión que excedía de cuatro (4) años.

38. Con base en lo anterior, la autoridad accionada en la sentencia objeto de
reproche concluyó que, la imposición de la medida de aseguramiento no fue
arbitraria, sino que, por el contrario, «[…] atendió las exigencias señaladas en el Código de
Procedimiento Penal, en el artículo 308 numeral 2°, esto es, que existía inferencia razonable de la
comisión del delito que se imputaba y que el imputado constituía un peligro para la comunidad, en

11

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01110-00
Accionantes: Jhonier Albeiro Viera Gómez y otros
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

concordancia con el numeral 1° y 2° del artículo 313, […] por lo que era razonable […]. En
consecuencia, […] la motivación efectuada […] frente a la privación de la libertad del aquí
demandante, se ajustó al derecho penal adjetivo y se revela […] adecuada y proporcional,
encontrando respaldo en un título legal acorde con el ordenamiento constitucional y las
disposiciones convencionales».

39. En ese orden de ideas, se observa que la providencia censurada no deviene de

una interpretación caprichosa de la autoridad accionada, toda vez que sus
argumentos estuvieron debidamente motivados, conforme a las pruebas que fueron
aportadas en el aludido proceso ordinario, de las que era dable deducir la eventual
comisión de los delitos por los que fue investigado el señor Viera Gómez
(declaración y reconocimiento fotográfico de víctima), se colige que, como lo
determinó la autoridad accionada, no era procedente imponerle a la Administración
el deber de resarcir los perjuicios reclamados, habida cuenta que su privación de la
libertad no resultó desproporcionada ni arbitraria, situación de la que se concluye
que no se configuró el defecto fáctico alegado.

40. Asimismo, es claro que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca ya había

resuelto los alegatos planteados por los tutelantes en el recurso de apelación
interpuesto contra el fallo de 25 de junio de 2025, en el que el Juzgado Veintiuno
(21) Administrativo de Cali negó las pretensiones formuladas en la demanda de
reparación directa promovida contra la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial y Fiscalía General de la Nación (expediente 76001-33-
33-021-2024-00108-01), que reiteraron en esta acción de tutela (para lo cual
invocaron la causal de defecto fáctico), lo que denota que su intención, más allá de
manifestar la presunta vulneración de sus derechos fundamentales, es utilizar este
mecanismo constitucional como una instancia adicional con el fin de obtener
un pronunciamiento favorable a sus intereses.

41. Por otra parte, resulta oportuno indicar que el hecho que la autoridad judicial

accionada no haya valorado las pruebas en el sentido que pretendían los actores,
no involucra la causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales denominada defecto fáctico, por cuanto en acatamiento de
sus competencias jurisdiccionales tiene la potestad de examinar la pertinencia,
utilidad y conducencia de los elementos de convicción obrantes en el expediente,
así como la de otorgarles diferentes grados de certeza, siempre que lo haga de

12

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01110-00
Accionantes: Jhonier Albeiro Viera Gómez y otros
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

manera integral y bajo los criterios de la sana crítica, conforme aconteció en el
asunto materia de controversia.

42. Por ende, las conclusiones del funcionario judicial (natural) están precedidas de

una valoración objetiva, integral y razonable de las pruebas recaudadas, lo que
imposibilita al juez de tutela cuestionarlas, salvo que sean evidentemente contrarias
a las garantías superiores, supuesto que no se da en el sub lite. Acerca de este
aspecto, la Corte Constitucional22 sostuvo:

Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de una prueba no
pueden considerarse ni calificarse como errores fácticos.

Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien debe
determinar, conforme a los criterios de la sana crítica, y en virtud de su autonomía e
independencia, cuál es la que mejor se ajusta al caso concreto.

El juez, en su labor, no sólo es autónomo sino que sus actuaciones se presumen de
buena fe. En consecuencia, el juez de tutela debe considerar que, en principio, la
valoración de las pruebas realizadas por el juez natural es razonable.

[…]

Por último, para que la tutela resulte procedente ante un error fáctico, “El error en el
juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y
manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de
tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto.

43. Finalmente, se aclara que, como se expuso en la sentencia objeto de reproche,

el hecho que en las diligencias penales no reposaran elementos materiales
probatorios que dieran certeza de que el señor Jhonier Albeiro Viera Gómez
cometió las conductas delictivas que se le endilgó (por lo que no se desvirtuó su
presunción de inocencia), no significa que se debiera acceder a las pretensiones
del medio de control de reparación directa con radicado 76001-33-33-021-2024-
00108-01, toda vez que la naturaleza del proceso penal dista de la del contencioso
administrativo, lo que habilita que en este se puedan analizar pruebas obrantes en
aquel de manera diferente, por cuanto ello no tiene incidencia en el derecho
punitivo, tal como lo indicó el Consejo de Estado23, al precisar:

La premisa de apertura a este análisis viene marcada por el reconocimiento a la
intangibilidad de la presunción de inocencia que fue blindada en el escenario de la
investigación penal, y que, ni puede ser controvertida ni alcanzada por las valoraciones
que aquí se hagan. Esa hermeticidad, a su vez, facilita el ejercicio de interpretación que
le corresponde al juez de lo contencioso y le permite asumir una exploración axiológica
amplia, pues en últimas, nada de lo que aquí se diga tiene por objeto abatir la decisión
penal. De esta forma, las valoraciones de la Sala son por completo autónomas e

22
Sentencia T-590 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
23
Sección tercera, subsección B, sentencia de 14 de diciembre de 2016, C. P. Ramiro Pazos Guerrero, expediente 17001-
23-31-000-2008-00305-01.
13

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01110-00
Accionantes: Jhonier Albeiro Viera Gómez y otros
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

independientes y se reservan a los fines y efectos de esta jurisdicción.

[…] No obstante, al quedar la presunción de inocencia excluida del objeto que
corresponde a esta jurisdicción, no puede asumirse inoponible a otros principios, que
dentro del sistema jurídico –visto como un todo- cobran protagonismo.
Como se trata de principios que –ab initio- están hechos de la misma molécula jurídica
y, por ende, del mismo peso, cada jurisdicción, conforme a las reglas que la gobiernen,
debe valorar aquellos cuya relevancia sea inobjetable a los fines y propósitos que a
cada una corresponde.

[…]

Más aún, el estándar de valoración de dichos principios, impone a la Sala el deber de
realizar dentro del marco normativo correspondiente, una estimación propia del material
probatorio, conforme a los fines y presupuestos autónomos.

44. Por último, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que el razonamiento que

efectúa el juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía
e independencia, ámbito que debe ser respetado por el juez de tutela cuando no
observa vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria su
intervención.

IV. DECISIÓN

45. La Sala considera que en el presente asunto los actores no acreditaron que la

providencia de 19 de diciembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, hubiere incurrido en defecto fáctico. Por tal motivo, se negará la
solicitud de amparo.

46. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. NEGAR la solicitud de desvinculación de la Fiscalía General de la
Nación, conforme a la motivación.

SEGUNDO. NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia y seguridad jurídica invocados por los señores
Jhonier Albeiro Viera Gómez, Luz Yenny Yesquen Gamboa, José Cristóbal Viera,
Adriana María Botero Gómez, Jaider Arvid Varas Botero y Diego Armando Corrales
Alvarado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en
14

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01110-00
Accionantes: Jhonier Albeiro Viera Gómez y otros
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

CUARTO. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991,
ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

15

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.