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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01111-00

Fecha
16 de marzo de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01111-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Negar la solicitud de desvinculación del Ministerio de Educación Nacional. Segundo. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Francisco Antonio Gutiérrez Cardona, en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo del Quindío. Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01111-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

16 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01111-00
Demandante: Francisco Antonio Gutiérrez Cardona
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío

Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho / Ajuste salarial docente / Defecto sustantivo y fáctico
Decisión: Negar el amparo

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________

La Sala decide la solicitud formulada por Francisco Antonio Gutiérrez Cardona en
ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
y desarrollada en los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud

1. Francisco Antonio Gutiérrez Cardona promovió solicitud de tutela con el fin de
que se ampararan sus derechos y garantías fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, al acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, con
ocasión de la sentencia proferida el 14 de agosto de 2025 por el Tribunal
Administrativo del Quindío, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado 63001333300320240012801.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente1:

2.1. Es docente oficial ubicado en la categoría 3AM del escalafón docente, conforme
el régimen establecido en el Decreto Ley 1278 de 2002.

2.2. Mediante escritos radicados en la Secretaría de Educación del departamento del
Quindío y en el Ministerio de Educación Nacional solicitó el reconocimiento y pago
de las diferencias salariales derivadas de los incrementos desiguales e injustificados
decretados para los años 2008, 2009 y 2011, en el cual se favoreció a docentes de
la categoría 3DM en detrimento de quienes como ella se encontraban en el
escalafón 3AM.

1 Archivo obrante en el índice 2 del Samai.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01111-00
Demandante: Francisco Antonio Gutiérrez Cardona

2.3.La entidad territorial y el Ministerio de Educación Nacional negaron su
requerimiento a través de los oficios QUI2024EE000521 y 2024-EE-057540,
respectivamente, frente a la solicitud presentada.

2.4. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
presentó demanda en contra de la Secretaría de Educación del departamento del
Quindío y la Nación, Ministerio de Educación Nacional, con el fin de que i) se
inaplicara por ilegal el Decreto 284 de 2024 de ajuste salarial anual, ii) se dejaran
sin efecto los referidos actos administrativos y, en su lugar, iii) se ordenara pagar a
su favor la diferencia salarial de los incrementos porcentuales diferenciados
establecidos por el gobierno nacional durante el año 2008, 2009 y 2011, conforme
el valor reconocido para los docentes pertenecientes al escalafón 3DM, dado que el
aplicado al nivel 3AM, al que pertenece, fue inferior. Asimismo, pidió el respectivo
ajuste de sus prestaciones sociales.

2.5. El Juzgado Tercero Administrativo de Armenia, en sentencia del 9 de diciembre
de 2024 negó las pretensiones de la demanda, al considerar que el porcentaje
reconocido por el Gobierno nacional a los docentes ubicados en el escalafón 3AM
se justificó en los niveles académicos y demás criterios de preparación y méritos
que tenían esos educadores, lo cual no era similar a las condiciones de la
demandante. Decisión contra la cual interpuso recurso de apelación.

2.6. El Tribunal Administrativo del Quindío, en sentencia del 14 de agosto de 2025
confirmó en todas sus partes el fallo de primera instancia con similares argumentos.

2.7. La autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al incurrir
en varias irregularidades, a saber:

2.7.1. Defecto sustantivo porque no efectuó una interpretación adecuada de los
postulados normativos que regulan el régimen salarial de los docentes, en tanto se
apartó de los lineamientos constitucionales y legales que reglamentaban la materia.

2.7.2. Se desconoció de manera arbitraria el alcance del artículo 13 de la Constitución
Política, la Ley 4 de 1992 y el Decreto Ley 1278 de 2002, en tanto justificó un trato
desigual en los incrementos salariales de los docentes de las categorías 3AM y
3DM, que se realizó en el año 2011, cuando la diferencia carecía de sustento
objetivo y produjo una afectación permanente en la base salarial de los docentes de
la categoría 3AM.

2.7.3. Para el tribunal las diferencias en los incrementos salariales de los años 2008,
2009 y 2011 entre las categorías 3DM (52,56%) y 3AM (35.81%) respondían a
criterios objetivos y razonables previstos en la normatividad, tales como la formación
académica, la experiencia y la ubicación en el escalafón docente; sin embargo, no
tuvo en cuenta los principios de igualdad y progresividad que regulan los aspectos
salariales.

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Demandante: Francisco Antonio Gutiérrez Cardona

2.7.4. Se desconoció el precedente constitucional contenido en la sentencia C-1064
de 2001 de la Corte Constitucional, en el cual se establece que los tratos
diferenciados en materia salarial se deben soportar en una justificación objetiva y
suficiente, por lo que la igualdad en el trabajo no se reduce a la igualdad matemática
ni permite incrementos que generen brechas irrazonables sin fundamento técnico o
normativo.

2.7.5. Defecto fáctico porque pasó por alto que al interior del expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho no se aportó prueba alguna que demostrara la
existencia de motivos válidos que justificaran de decisión de la administración de
otorgar distintos porcentajes de incremento salarial a los docentes ubicados en el
escalafón 3AM y 3DM.

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…] 1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO en la sentencia
proferida el día 14 de agosto de 2025, en el expediente radicado bajo número 63001-
3333-003-2024-00128-01, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD del (la) señor (a) FRANCISCO
ANTONIO GUTIÉRREZ CARDONA, por considerar que las razones de la decisión no se
ajustan a la jurisprudencia emitida por las Altas Cortes, el marco normativo aplicable al
caso y, el material probatorio obrante en el proceso ordinario.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO dejar sin efectos la providencia referida en el numeral
anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación de la norma aplicable al
debate jurídico y, analizando de manera concreta la situación particular del (la) docente
FRANCISCO ANTONIO GUTIERREZ CARDONA a la luz de los argumentos planteados
en la demanda ordinaria y, los hechos debidamente probados en el debate jurídico. […]».
(sic)

1.2. Informes rendidos en el proceso

4. La secretaría de educación del departamento del Quindío2 solicitó declarar la
improcedencia de la solicitud de tutela interpuesta para lo cual manifestó que este
mecanismo constitucional no puede emplearse para discutir nuevamente los
argumentos esbozados en una providencia, como si fuera una tercera instancia,
pues esto vulnera los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada.

5. El Ministerio de Educación3 solicitó declarar la improcedencia y la falta de
legitimación en la causa por pasiva por no evidenciarse vulneración atribuible a esa
cartera ministerial ni reunirse los requisitos para controvertir una sentencia a través
de este mecanismo constitucional, además de que la controversia recaía solo sobre
una providencia judicial del tribunal por lo que resaltó que la tutela contra decisiones
judiciales era excepcional y no se configuraba ningún defecto de los definidos por

2 Archivo obrante en el índice 13 del Samai.
3 Archivo obrante en el índice 14 del Samai.

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Demandante: Francisco Antonio Gutiérrez Cardona

la Corte Constitucional, ya que la inconformidad de la demandante correspondía a
un debate de legalidad, de naturaleza económica y sin relevancia constitucional,
frente a lo cual debía respetarse la autonomía e independencia judicial del juez
natural del asunto.

6. El Juzgado Tercero Administrativo de Armenia4 solicitó declarar la
improcedencia de la solicitud de tutela por no cumplirse los requisitos generales de
procedencia, especialmente el de subsidiariedad y por no configurarse ninguno de
los defectos que habilitan excepcionalmente este mecanismo constitucional contra
providencias judiciales.

7. El Tribunal Administrativo del Quindío y terceros con interés guardaron
silencio.

2. Consideraciones

8. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestión previa; iii) procedencia de
la tutela contra providencia judicial; iv) determinación del problema jurídico; y v)
análisis de la Sala.

2.1. Competencia

9. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y
37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el 1.º del Decreto 333 del 6 de
abril de 2021, esta Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo
contra el Tribunal Administrativo del Quindío.

2.2. Cuestión previa - legitimación en la causa por pasiva

10. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene derecho
a reclamar ante los jueces, por sí misma o por quién actúe en su nombre, la
protección de sus derechos constitucionales fundamentales cuandoquiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad o de los particulares, tal como lo señala el artículo 13 del Decreto 2591 de
1991:

Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se
dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó
o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de
órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación,
la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo.
De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra
el superior.

11. Sobre la legitimación en la causa por pasiva en los trámites de solicitudes de

4 Archivo obrante en el índice 17 del Samai.

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Demandante: Francisco Antonio Gutiérrez Cardona

tutela, la Corte Constitucional ha considerado lo siguiente5:

«La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la
persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder
por la vulneración o amenaza del derecho fundamental6. En la medida que refleja la
calidad subjetiva de la parte demandada “en relación con el interés sustancial que se
discute en el proceso”7, la misma, en principio, no se predica del funcionario que
comparece o es citado al proceso, sino de la entidad accionada, quien finalmente será
la llamada a responder por la vulneración del derecho fundamental, en caso de que haya
lugar a ello.

Debe tenerse en cuenta que la acción de tutela está orientada, entre otros principios, por
los de informalidad y efectividad del derecho, de manera que el juez constitucional “debe
dar primacía al derecho sustancial y recordar que toda exigencia que pretenda limitar o
dificultar el uso de la acción de tutela, su trámite o su resolución, fuera de las simples
condiciones plasmadas en la Constitución y en la ley, desconoce la Carta Fundamental.”8
Ello obliga, por tanto, a remover los obstáculos puramente formales (oficiosidad) y a
interpretar la demanda de una forma tal que se favorezca la protección del derecho
fundamental, sin perjuicio de las garantías procesales de quien es demandado.»

12. Ahora bien, el Ministerio de Educación Nacional solicitó que se declarara su falta
de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que, no vulneró derecho
fundamental alguno de la parte demandante y tampoco hay una relación directa
entre lo pretendido y las acciones que esa autoridad pueda desplegar para su
cumplimiento.

13. Al respecto, la Sala aclara que, su vinculación al presente asunto fue en calidad
de tercero con interés, al figurar como demandado en el proceso contencioso en
cuestión, y en aras de salvaguardar sus derechos de defensa y contradicción, razón
por la cual se negará su solicitud.

2.3. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

14. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo contencioso-administrativo
del Consejo de Estado9 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las
distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema 10. Al
respecto señaló lo siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,

5 Sentencia T-1015/2006. MP. Álvaro Tafur Galvis.
6 Sentencia T-025 de 1995. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
7 Sentencia T-416 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
8 Sentencia T-379 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-

01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
10 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.

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como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.
[…]».

15. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

16. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado 11 adoptó los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para
la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86
Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar
además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos
fundamentales.

17. Ahora bien, la Corte Constitucional12 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante de manera constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que
se haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

18. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos13, el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
del amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los
requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de
tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales14.

19. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

11 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
12 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y

C-590 de 2005.
13 Corte Constitucional, sentencia T-309 de 2005, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
14 Corte Constitucional, sentencia SU-337 de 2017, MP Antonio José Lizarazo Ocampo.

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2.3. Problema jurídico

20. La Sala deberá definir: ¿si el Tribunal Administrativo del Quindío vulneró los
derechos fundamentales de Francisco Antonio Gutiérrez Cardona con ocasión de la
sentencia del 14 de agosto de 2025, mediante la cual confirmó la negativa a sus
pretensiones de reajuste salarial de acuerdo con su escalafón docente, con la que
incurrió, presuntamente, en defectos sustantivo y fáctico?

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

21. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de
tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.

2.4.2. Del defecto sustantivo

22. La Corte Constitucional ha señalado que este se presenta cuando, el juez adopta
una decisión que desborda del marco constitucional y legal, al apoyarse en una
norma evidentemente inaplicable al caso concreto15. En su jurisprudencia, la
corporación ha resaltado que este defecto encuentra su origen en el hecho de que,
si bien los jueces gozan de autonomía e independencia judicial para interpretar y
aplicar normas jurídicas, esta no es una facultad absoluta16, para lo cual precisó que
los límites se encuentran en el orden jurídico preestablecido y los valores, principios,
derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.

23. El alto tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones en
las que se detecta el defecto sustantivo, a saber: i) la sentencia se fundamenta en
una norma que no es aplicable; ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación
o aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de
razonabilidad, es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses
legítimos de las partes o es manifiestamente errada; iii) no se toman en cuenta
sentencias que hayan definido el alcance de la norma aplicada; iv) la disposición
aplicada se torna regresiva o contraria a la Constitución; v) no se efectúa una
interpretación sistémica de la norma; y vi) se desconoce la norma constitucional o
legal aplicable al caso.

24. A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación en
que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal entidad
debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa.
Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión
proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos
fundamentales de los sujetos procesales17.

15 Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1999 y SU-416 de 2015.
16 Corte Constitucional, sentencias T-757 de 2009 y T-367 de 2018.
17 Corte Constitucional, sentencias SU-050 de 2017 y T-367 de 2018

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2.4.3. Del defecto fáctico

25. En primer lugar, se advierte que el defecto fáctico que se le atribuye a la
sentencia objeto de análisis, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional18, tiene
una dimensión negativa y otra positiva.

26. La primera se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria el juez
omite la «valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez»19, «o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la
circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente»20. La segunda, se acredita
cuando el operador judicial «aprecia pruebas que no ha debido admitir ni valorar porque,
por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas»21.

27. Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas que
adelanta el juez natural, sólo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía de
hecho y, tiene una clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en
vigencia y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.

2.4.4. Sobre el caso concreto

28. Francisco Antonio Gutiérrez Cardona acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos
la sentencia proferida el 14 de agosto de 2025 por el Tribunal Administrativo del
Quindío en cuanto confirmó la decisión de negar las pretensiones de la demanda al
considerar que el porcentaje reconocido por el Gobierno nacional a los docentes
ubicados en el escalafón 3DM se justificó en los niveles académicos y demás
criterios de preparación y méritos que tenían esos educadores.

29. Lo anterior, por cuanto la referida decisión judicial incurrió defectos sustantivo y
fáctico. El primero de las mencionados, por cuanto no realizó una interpretación
adecuada de los postulados normativos que regulan el régimen salarial de los
docentes, en tanto se apartó de los lineamientos constitucionales y legales que rigen
la materia, especialmente los principios de igualdad y progresividad.

30. El segundo, al pasar por alto que al interior del expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho no se aportó prueba alguna que demostrara la
existencia de motivos válidos que justificaran de decisión de la administración de
otorgar distintos porcentajes de incremento salarial a los docentes ubicados en el
escalafón 3DM y 3AM.

18 Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 2002, T-781 de 2011, T-267 de 2013, SU-172 de 2015,

T-605 de 2015, T-463 de 2016 y T-643 de 2016 entre otras.
19 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, MP Antonio Barrera Carbonell.
20 Sentencia SU-159 de 2002, MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería,

Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra.
21 Sentencia T-538 de 1994.

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31. Al descender al caso en concreto, se evidencia que el Tribunal Administrativo del
Quindío al analizar las pretensiones del demandante efectúo un estudio de asunto
desde lo preceptuado en el Decreto Ley 1278 de 2002, ya que en este se establece
el Estatuto de Profesionalización Docente, en cuyo contenido se regula el acceso,
permanencia, nombramientos y ascensos dentro de la carrera docente oficial.

32. Más adelante, señaló el valor del aumento salarial que se realizó a los docentes
ubicados en los grados 3DM y 3AM, conforme los decretos expedidos por el
Gobierno nacional entre los años 2008, 2009 y 2011, así como el respectivo
porcentaje de aumento salarial, para concluir:

«[…] 3.4. La Sala Cuarta de Decisión de este Tribunal confirmará la sentencia recurrida
por encontrarla ajustada a derecho.

Ciertamente se constata que contrario a los sostenido por el apelante, en la sentencia
de primera instancia se efectuó un análisis completo e integral sobre la afirmada
vulneración del derecho a la igualdad, en cuanto a la justificación de la administración
en cabeza del Ministerio de Educación Nacional para la fijación de los incrementos
salariales de los años 2008, 2009 y 2011, de manera disímil a los años 2005 a 2007 y
2012 en adelante.

Lo afirmado encuentra sustento en que en la sentencia apelada, luego de un análisis
amplio del régimen especial del escalafón docente regulado en la Ley 2277 de 1979, el
Estatuto que desarrolló esa materia dispuesto en el Decreto 1278 de 2002, aplicable a
partir del 02 de junio de ese año, emprendió un análisis de la política pública
implementada para el sector docente mediante los Decretos expedidos por el Ministerio
de Educación Nacional 624, 714 y 1407 de 2008 y 702 y 1238 de 2009, enfatizando en
lo regulado en cada uno de ellos en cuanto a título, grado de escalafón, el nivel salarial
y la asignación básica respectiva.

Enseguida efectuó un examen de la vulneración del derecho a la igualdad frente a la
escala salarial del escalafón docente, apoyándose en la metodología vertida en la
sentencia C-078 del 15 de febrero 2012 de la Corte constitucional, en la que se analizó
la inconstitucionalidad del numeral 2 del art. 36 del Decreto Ley 1278 de 2002, “Por el
cual se expide el Estatuto de profesionalización Docente” sosteniendo que en desarrollo
del principio de igualdad, corresponde al Legislador deparar el mismo trato jurídico a
todas aquellas situaciones que puedan compararse y, efectuar las respectivas
diferenciaciones, ante situaciones fácticas disímiles, sin que un tratamiento legislativo
distinto pueda significar la violación del principio de igualdad, siempre y cuando sea
objetivo y razonable.

Se apoyó del mismo modo en sentencia del 17 de julio de 2020, radicación 2013 01320-
01 (4988-15) de la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado, en la cual,
previo a referirse al principio de remuneración proporcional a la cantidad y calidad de
trabajo y el derecho a la igualdad por discriminación salarial, recordó que la Corte
Constitucional sigue la línea consistente en que la remuneración de los trabajadores en
general debe estar acorde con los criterios de proporcionalidad, cantidad y calidad del
trabajo entre quienes se encuentran en igualdad de condiciones, sin desconocer la
admisión de diversidad de reglas cuando se trata de hipótesis distintas, sin que se tenga
necesariamente que instituir una equiparación o igualación matemática y ciega, que
disponga exactamente lo mismo para todos, sin importar las diferencias fácticas entre
situaciones jurídicas consideradas, resaltando eso sí que “toda distinción entre personas,
para no afectar la igualdad, debe estar clara y ciertamente fundada en razones que
justifiquen el trato distinto. Ellas no procederán de la voluntad, el capricho o el deseo del
sujeto llamado a impartir las reglas o a aplicarlas, que de suyo reclaman también trato
adecuado a cada una”. Para ilustrar lo expuesto la citada sentencia, señaló que, en

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Demandante: Francisco Antonio Gutiérrez Cardona

materia salarial, “si dos trabajadores ejecutan la misma labor, tienen la misma categoría,
igual preparación, los mismos horarios e idénticas responsabilidades, debe ser
remunerados en la misma forma y cuantía, sin que la predilección o animadversión del
patrono hacia uno de ellos pueda interferir el ejercicio del derecho al equilibrio en el
salario, garantizado por la Carta Política en relación con la cantidad y calidad de trabajo”.

Siguiendo la metodología de la Corte Constitucional sobre el test de igualdad, el A quo
sostuvo que no puede equipararse un nivel salarial con otro, pudiendo darse un trato
diferenciado, con base en los criterios previstos en la misma normatividad tendiente a
estimular la profesionalización y excelencia de quienes hacen parte del magisterio, de
modo tal que en los casos examinados, no se desconoce el derecho a la igualdad, en
razón a que un docente ubicado en determinado grado de escalafón, tiene unas
condiciones de experiencia y formación distintas a las de un docente que se encuentre
situado en otra, siendo congruente la diferencia salarial de acuerdo a su nivel de
escalafón, en tanto las variables de la escala salarial se encuentra justificada por el
Legislador en criterios como la formación profesional del docente, significando con ello
que las asignaciones salariales no se erigen caprichosas, ni arbitrarias y por ende, no
desconocen los derechos laborales de los docentes entre uno y otro grado, resaltando
que en los aumentos decretados en los años 2008, 2009 y 2011, se respetó el mínimo
que la jurisprudencia ha considerado como básico para mantener el poder adquisitivo de
los funcionarios y empleados públicos, esto es, el porcentaje de pérdida del poder
adquisitivo o inflación y, de allí en adelante se atendió, siguiendo el art. 19 del Decreto
1278 de 2002 sobre el sistema nacional de clasificación de los educadores, a los factores
de formación, capacitación y experiencia para aumentar los salarios de los docentes,
que sirvieron como parámetro para los subsiguientes aumentos salariales.

Se precisa que este Tribunal comparte las consideraciones de la sentencia de instancia
para concluir la inexistencia de vulneración del derecho a la igualdad, en tanto la Corte
Constitucional ha expresado que el examen de validez constitucional de un trato
diferenciado entre dos sujetos o situaciones (tertium comparationis) consiste en
determinar si el criterio de diferenciación utilizado observó el principio de igualdad (art.
13 C.P), por ende, “Esta concepción supone que el establecimiento de algunos tratos
diversos es posible. El análisis constitucional de la situación desigual reprochada exige
la identificación de los siguientes presupuestos: i) los términos de comparación, es decir,
las personas, elementos, hechos o situaciones que efectivamente son comparables; y,
ii) respecto a los cuales se establece un trato desigual”25. (Negrillas fuera de texto
original).

Así entonces, es claro que, como se sostuvo en el fallo recurrido, la situación reprochada
como desigual, no cumple las primeras exigencias de comparación, si se verifica que, se
identifica un trato disímil, pero a sujetos distintos y en condiciones diferentes, así sean
ambos docentes profesionales, son servidores a los que se les exige distinta
cualificación, evaluación y experiencia, lo que, desde ya, supone la validez de la
existencia de tratos diversos a diferentes sujetos26. Además, la demandante pretende
equiparar el Nivel Salarial A con maestría con el nivel salarial D con maestría, sin tener
en cuenta que uno y otro reciben una remuneración de asiento o de base al momento
de la reglamentación distinta, en tanto el educador profesional con maestría que está en
el Nivel Salarial A tenía una remuneración visiblemente menor al de mayor trayectoria y
que ha seguido ascendiendo en los niveles salariales, razón por la cual, no son dos
situaciones comparables de uno y otro servidor.

Por tanto, la reglamentación objeto de reproche, permite identificar una base salarial
acorde con la realidad de cada servidor docente, a fin de que los aumentos salariales
que en lo sucesivo hiciese el Gobierno Nacional no permitan generar una brecha notable
entre remuneraciones de docentes, sin que se desconozca que el docente con mayor
grado y nivel seguirá percibiendo una mejor remuneración salarial. […]». (sic)

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01111-00
Demandante: Francisco Antonio Gutiérrez Cardona

33. Así, una vez revisada la motivación de la providencia judicial cuestionada en la
que el juez natural del asunto se pronunció sobre cada uno de los argumentos
expuestos por la demandante, debe precisarse que, más allá de concretar las
razones por las cuales se configuraría el defecto sustantivo o alguna interpretación
irrazonable, lo que se evidencia es su desacuerdo con las consideraciones
efectuadas por el juez de la causa, con lo cual pretende que se realice un nuevo
estudio de legalidad que no procede en sede de tutela.

34. Lo anterior, en la medida en que la corporación judicial demandada explicó que
los aumentos porcentuales fijados por el gobierno nacional para los años 2008, 2009
y 2011 no implicaron una desmejora de derechos adquiridos ni privó a los docentes
de una remuneración adecuada. Si bien, los incrementos salariales fueron menores
para el grado 3AM y no les otorgó un porcentaje superior o equivalente a la de los
docentes del grado 3DM, lo cierto es que ello obedeció a su mayor rango dentro del
escalafón. Esto demuestra que no se trató de una política regresiva ni arbitraria,
sino de una diferenciación estructurada conforme al sistema de carrera y escalafón.

35. De tal manera, para la Sala no es posible inferir la configuración de un defecto
sustantivo ni fáctico como lo plantea la parte demandante, ya que las razones y
motivos que dieron origen a la fijación discriminada del salario entre los grados 3DM
y 3AM tiene fundamento en lo dispuesto en el artículo 46 del Decreto Ley 1278 de
2002, el cual faculta al ejecutivo para definir los salarios y prestaciones de los
educadores en los siguientes términos:

«[…] El Gobierno Nacional, en desarrollo de la Ley 4ª de 1992, establecerá la escala
única nacional de salarios y el régimen prestacional para los docentes escalafonados,
de acuerdo con el grado y nivel que acrediten en el Escalafón Docente de conformidad
con el presente decreto; y según el título que acrediten, para los docentes nombrados
en provisionalidad o en período de prueba; lo mismo que las remuneraciones adicionales
para los directivos docentes, de acuerdo con los niveles educativos y el tamaño de la
institución educativa que dirijan […]».

36. Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica
del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración
de derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.

37. Así las cosas, esta Sala observa que la decisión acusada no incurrió en defecto
sustantivo o fáctico, debido a que fue proferida de conformidad con las normas que
regulan la materia y aquella se apoyó en el material probatorio aportado al medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho cuestionado.

38. En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado de la
valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial demandada
cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo que, se reitera,
este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia.

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Demandante: Francisco Antonio Gutiérrez Cardona

3. Conclusión

39. En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la
parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala negará el amparo de
los derechos fundamentales de Francisco Antonio Gutiérrez Cardona, en la solicitud
de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo del Quindío.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Negar la solicitud de desvinculación del Ministerio de Educación Nacional.

Segundo. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Francisco Antonio
Gutiérrez Cardona, en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal
Administrativo del Quindío.

Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente de su ejecutoria.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
JVD/LXRR

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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