Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01113-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01113-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-01113-00
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
12 de marzo de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01113-00
Demandante: Pablo Antonio Vargas Hernández
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01113-00
Demandante: Pablo Antonio Vargas Hernández
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D y otro
Tema: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho: configuración de cosa juzgada respecto
del reajuste de asignación de retiro - partida computable
correspondiente a la prima de antigüedad, conforme al artículo 16
Decreto 4433 de 2004. Falta de cumplimiento de requisitos
generales: falta de relevancia constitucional.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta, en nombre propio, por Pablo Antonio
Vargas Hernández contra la sentencia proferida el 14 de agosto de 2025 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que
confirmó la sentencia proferida el 31 de enero de 2025 por el Juzgado 49
Administrativo de Bogotá, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del
Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 13 de febrero de 2026, el señor Pablo Antonio Vargas Hernández, en nombre
propio, ejerció acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, seguridad
social, mínimo vital y al principio de confianza legítima. En consecuencia, formuló las
siguientes pretensiones:
«(…) se deje sin efectos jurídicos la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que confirmó el fallo del juzgado de primera instancia, por cuanto dicha
providencia incurrió en defecto procedimental absoluto, defecto sustantivo, defecto fáctico
y violación directa de la Constitución, al aplicar de manera formalista la cosa juzgada y
permitir la consolidación de una afectación actual y continuada del mínimo vital del
accionante.
Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, dentro del término que se le
señale, emita una nueva providencia, en la cual:
• Se realice un análisis constitucional de fondo, centrado en la protección reforzada
del mínimo vital del accionante evaluando la naturaleza periódica y vitalicia de la
asignación de retiro y su impacto real en la subsistencia digna del accionante; con
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Demandante: Pablo Antonio Vargas Hernández
la valoración integralmente las pruebas que demuestran las distintas metodologías
de liquidación y los efectos económicos derivados de cada una de ellas; y
aplicando de manera razonable y conforme a la Constitución el artículo 16 del
Decreto 4433 de 2004, bajo los principios de favorabilidad, justicia material,
prevalencia del derecho sustancial.
• Se respete mi derecho a la igualdad frente a otros soldados profesionales en
idénticas condiciones, cuya prima de antigüedad ha sido liquidada a partir del
100% de la asignación básica.
• Se realice un análisis expreso de proporcionalidad respecto del impacto que la
liquidación restrictiva tiene sobre mi mínimo vital.».
2. Hechos
De la lectura del expediente de tutela, se advierten como hechos relevantes los
siguientes:
Situación administrativa que dio origen al medio de control y medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho anterior
El señor Pablo Antonio Vargas Hernández prestó sus servicios como soldado
profesional del Ejército Nacional, desde el 1° de noviembre de 2003 y, al momento del
retiro la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (en adelante CREMIL), mediante
Resolución N° 2002 de 13 de marzo de 2014, ordenó el reconocimiento y pago de una
asignación de retiro a favor del actor.
El 23 de diciembre de 2015, el señor Vargas Hernández solicitó a CREMIL el reajuste
de la asignación de retiro, de conformidad con el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004,
de tal manera que al 70 % de la asignación básica se le adicionara el 38.5 % de prima
de antigüedad. Dicha petición fue negada por esa entidad, por medio del oficio No.
2016-730 del 7 de enero de 2016.
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el señor
Vargas Hernández demandó el acto administrativo en mención y, por medio de las
providencias del 7 de marzo de 2016 y 3 de octubre de 2018 1 , el Juzgado 24
Administrativo de Bogotá declaró la nulidad del acto administrativo acusado y, en
consecuencia, ordenó a CREMIL reliquidar la asignación de retiro. El Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, confirmó
parcialmente la sentencia de primera instancia y adicionó el numeral segundo del fallo
recurrido «para precisar que en la liquidación de la asignación de retiro del actor se
debe computar el 38.50% de la prima de antigüedad efectivamente reconocida y
devengada al momento del retiro del servicio, eso es sobre el valor correspondiente
al 58.50% de la asignación básica mensual».
El actor manifestó que CREMIL, al dar cumplimiento a la sentencia proferida por el
Tribunal, mediante la Resolución 3725 del 5 de abril de 2019, modificó la fórmula
aplicada para liquidar la asignación de retiro. Sostuvo que al 99% de los soldados
profesionales se les reconoció la prestación con la fórmula (asignación básica x 70 %)
+ (asignación básica x 38,5%), mientras que a él se le aplicó la fórmula (asignación
básica x 70 %) + (asignación básica x 58,5 % x 38,5 %), la cual le resulta menos
favorable, pues implica una disminución del 14.7% en su mesada.
1 Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-024-2016-00193-00/01.
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Demandante: Pablo Antonio Vargas Hernández
El 25 de agosto de 2023, el señor Vargas Hernández solicitó el reajuste de la
asignación de retiro con la liquidación correcta de la partida computable - prima de
antigüedad, de conformidad con el artículo 16 Decreto 4433 de 2004, que, en su
criterio, establece que se debe calcular sobre el 100% de la asignación básica a partir
del 3 de octubre de 2018, fecha en que fue proferida la sentencia de segunda instancia
en el medio de control con radicado número 2016-00193-00, por parte de la
Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Dicha petición fue negada por medio del Oficio N° E2023072631 de 14 de septiembre
de 2023.
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
El señor Pablo Antonio Vargas Hernández promovió nuevamente demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho contra de CREMIL, con el fin de que se declarara la
nulidad del Oficio N° E2023072631 de 14 de septiembre de 2023 y, en consecuencia,
se ordenara la reliquidación de la asignación de retiro en la partida prima de
antigüedad, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Decreto 4433 de
2004.
Por reparto le correspondió al Juzgado 49 Administrativo de Bogotá, bajo el
radicado número 11001-33-42-049-2023-00369-00/01 que, en sentencia del 31 de
enero de 2025, declaró probada la excepción de cosa juzgada formulada por CREMIL.
Lo anterior, por cuanto entre el precitado proceso y el de radicado 11001-33-35-024-
2016-00193-00/01 existe identidad de partes, objeto y causa petendi.
La parte demandante interpuso recurso de apelación, con el argumento de que el
Juzgado no tuvo en cuenta que la figura de la cosa juzgada en materia pensional es
de carácter relativo y que, por lo tanto, las pretensiones de carácter pensional pueden
ser reclamadas tantas veces sea necesario ante la jurisdicción.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
mediante sentencia del 14 de agosto de 2025, confirmó la decisión de primera
instancia, al considerar que se configuró la excepción de cosa juzgada, por cuanto
entre los medios de control con radicados número 2023-00369-00/01 y 2016-00193-
00/01: (i) existe identidad de objeto, en tanto «(…) si bien el juicio de legalidad que se
procura recae sobre actos administrativos distintos, materialmente contienen la misma
decisión, esto es, negar el reajuste de la asignación de retiro con la liquidación correcta
de la partida computable - prima de antigüedad (…)»; (ii) existe identidad de partes,
porque en ambos fungen como partes Pablo Antonio Vargas Hernández y CREMIL; y
(iii) existe identidad de causa petendi, pues en ambos procesos la razón por la cual el
actor solicita el reajuste de la asignación de retiro es que CREMIL liquidó
erróneamente la prima de antigüedad y cita como normas violadas la Ley 4 de 1992,
los artículos 2 y 3 de la Ley 923 de 2004 y el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004.
3. Argumentos de la acción de tutela
El actor argumentó que, al proferir la sentencia del 14 de agosto de 2025, el Tribunal
incurrió en los siguientes defectos:
• Defecto sustantivo, en tanto aplicó la figura de la cosa juzgada de manera
rígida e irrazonable, sin tener en cuenta que esa aplicación resultaba
incompatible con la protección de los derechos adquiridos y los principios
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constitucionales de favorabilidad, de irrenunciabilidad de los derechos de la
seguridad social y de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas.
De igual manera, aseguró que «la identidad normativa no equivale a identidad de objeto
ni de causa». En ese sentido, afirmó que en el proceso 2016-00193-00/01 «la
discusión se centró en establecer que la prima de antigüedad no debía verse afectada por el
70%, sino que debía adicionarse posteriormente al salario básico, respetando el orden lógico
de liquidación previsto en la norma». Entre tanto, en el proceso 2023-00369-00/01,
se cuestionó «una actuación posterior en la cual se liquida la prima de antigüedad sobre
una base de liquidación que no corresponde al 100% de la asignación básica como lo describe
la norma. Así, el nuevo debate no reproduce el anterior, sino que surge de una interpretación
diferente y autónoma del artículo 16, con efectos económicos y jurídicos distintos para el
accionante».
• Defecto fáctico, debido a que, en su criterio, el Tribunal omitió valorar de
manera integral y razonada: (i) la certificación de partidas computables No.
2016-1363 del doce (12) de enero de 2016 «mediante la cual se acreditó que la Caja
de Retiro de las Fuerzas Militares calculó la asignación de retiro del accionante sumando la
asignación básica y la prima de antigüedad y aplicando el setenta por ciento (70 %) sobre el
resultado»; y (ii) la certificación de partidas computables No. 690 del veintiocho
(28) de julio de 2023, de la cual «se desprende que la prima de antigüedad fue calculada
con base en el cincuenta y ocho punto cinco por ciento (58,5 %) de la asignación básica
mensual, y no sobre el ciento por ciento (100 %) de dicha asignación, como lo ordena de
forma clara y expresa el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004».
El actor aseguró que el Tribunal pasó por alto que con ambas certificaciones
se acreditó que la prima de antigüedad se liquidó de manera contraria al
mandato legal.
• Violación directa de la Constitución, porque la sentencia cuestionada
desconoció los principios de favorabilidad e irrenunciabilidad del derecho a la
seguridad social y la prohibición de interpretaciones regresivas en materia
pensional. En su criterio, con la decisión adoptada por el Tribunal se restringió
el acceso a la administración de justicia y se sacrificó la justicia material sobre
aspectos formales, pues impidió que obtuviera un pronunciamiento de fondo.
4. Trámite procesal de la acción de tutela
El 18 de febrero de 2026, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela, ordenó
notificar al demandante, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D como demandado, y al Juzgado 49 Administrativo de Bogotá
y a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL como terceros interesados.
5. Respuesta de los accionados
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
por intermedio de la magistrada sustanciadora, adujo que, por medio de la sentencia
14 de agosto de 2025, se confirmó la providencia de primera instancia, en tanto se
acreditó la configuración la excepción de cosa juzgada, pues se advirtió que el caso
objeto de la litis comparte identidad de partes, objeto y causa petendi con el proceso
No. 2016-00193-00/01.
Igualmente, indicó que, en el presente caso, no se satisface el requisito general de
relevancia constitucional, comoquiera que el actor acudió a la acción de tutela con el
fin de reabrir una discusión legal y probatoria que ya fue zanjada por el juez natural.
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Además, se debe acreditar la existencia de al menos una causal específica de
procedibilidad, las cuales deben quedar plenamente demostradas.
Por lo anterior, solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela o, en su defecto,
negar las pretensiones.
El Juzgado 49 Administrativo de Bogotá, por intermedio de su titular, solicitó la
desvinculación de ese despacho judicial, en atención a que la providencia cuestionada
es la sentencia de segunda instancia.
Asimismo, adujo que no ha vulnerado derecho fundamental alguno del actor, por
cuanto la decisión de declarar probada la excepción de cosa juzgada se encuentra
conforme al ordenamiento jurídico. En esa medida, «pese a lo alegado por el demandante,
quien afirmó que en el proceso anterior había solicitado la liquidación de la prima de antigüedad
aplicando el 38.5% sobre el 70% de la asignación básica, y que en el proceso actual el 38.5% de dicha
prima sobre el 100% de la asignación, pero, de los periodos posteriores a la fecha de ejecutoria de la
sentencia previamente citada; lo cierto es que, se trataba de una misma pretensión, sustentada en
fundamentos de hecho y de derecho ya estudiados».
En ese sentido, el Juzgado concluyó que el tema ya había sido debatido en otro
proceso judicial y que el hecho de solicitar el reajuste sobre períodos posteriores a la
fecha de la sentencia proferida en el medio de control con radicado 2016-00193-00/01
no implica que se deba emitirse un nuevo pronunciamiento de fondo sobre una
situación plenamente consolidada.
6. Intervenciones
La Caja de Sueldos de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL pidió que se
declarara improcedente la acción de tutela, porque este es un medio de defensa
residual y subsidiario que solo opera cuando no existe otro instrumento de protección
judicial o, cuando pese a existir, se utiliza como un mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable.
Señaló que la entidad no ha transgredido ningún derecho fundamental del actor, en
tanto la liquidación de la asignación de retiro del señor Vargas Hernández, se
encuentra acorde a derecho, la cual ya fue validada por las autoridades judiciales
accionadas en decisiones que se encuentran respaldadas por el principio de cosa
juzgada.
Informó que, mediante sentencia del 3 de octubre de 2018, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, en el medio de
control con radicado 2016-00193-00/01, se ordenó reliquidar la asignación de retiro
del señor Vargas Hernández «teniendo como base de liquidación un salario mínimo legal vigente
incrementado en un 60% el 70% del salario básico adicionado en un 38.5% la prima de antigüedad
percibida en servicio activo (58.5%)».
CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1.º establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
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fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción de tutela contra
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providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional , para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
3 4
mediante el empleo de las causales generales y específicas de procedencia de la
acción de tutela.
Problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar si la Subsección D de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca vulneró los derechos fundamentales
invocados e incurrió en los defectos sustantivo, fáctico y violación directa de la
Constitución, al proferir la sentencia del 14 de agosto de 2025, mediante la cual
confirmó la decisión de primera instancia que declaró la configuración de la excepción
de cosa juzgada en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado número 11001-33-42-049-2023-00369-00/01.
La Sala anticipa que declarará improcedente la acción de tutela, porque no se acreditó
el cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional, pues el accionante
insiste en los mismos argumentos expuestos en el recurso de apelación dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo tanto, lo que
pretende es configurar una instancia adicional.
2
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
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Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
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La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.
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Sin embargo, de manera previa, la Sala deberá referirse a la solicitud de
desvinculación presentada por el Juzgado 49 Administrativo de Bogotá.
(i) De la solicitud del Juzgado 49 Administrativo de Bogotá
El Juzgado 49 Administrativo de Bogotá solicitó su desvinculación del trámite de la
presente acción de tutela, por cuanto la sentencia aquí cuestionada fue proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D.
Al respecto, la Sala advierte que el Juzgado 49 Administrativo de Bogotá se encuentra
vinculado al presente trámite constitucional en calidad de tercero con interés, dado
que fue quien profirió la sentencia de primera instancia en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, lo que justifica su vinculación. Por lo tanto, se negará la
solicitud de desvinculación.
(ii) Sobre la relevancia constitucional como requisito general para la
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones.
En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de
las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20145, para que un
asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de
tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para
discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese
tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii)Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir
este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales»6. Es necesario que el interesado exponga de manera clara las
razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o
vulnera los derechos fundamentales.
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Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012
02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Ibidem.
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(iii)Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la
decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo
que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el
sentido de la propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos
en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales
no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar,
completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o
proponerse ante el juez natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por
más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda
de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de
interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las
decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los
procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es
decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera
una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se
debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario,
pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
(iii) Caso concreto
En el caso concreto, la Sala advierte que la parte demandante propone la misma
discusión jurídica que presentó en el trámite del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que adelantó contra CREMIL, con el fin de que, a partir
del 3 de octubre de 2018 7, se reajustara la asignación de retiro con la liquidación
correcta de la partida computable - prima de antigüedad, de conformidad con el
artículo 16 Decreto 4433 de 2004, que en su criterio, equivaldría al 38.5 % sobre el
100 % de la asignación básica y no al 38.5 % sobre el 58.5 % de la asignación básica,
como lo liquidó la entidad.
Si bien, la parte actora alega que la providencia objeto de tutela vulneró derechos
fundamentales e incurrió en los defectos sustantivo, fáctico y violación directa de la
Constitución por haberse declarado la configuración de la excepción de cosa juzgada,
lo cierto es que, en últimas, lo que pretende es que se reajuste la asignación de retiro
con una nueva liquidación de la partida computable - prima de antigüedad, de
conformidad con el artículo 16 Decreto 4433 de 2004.
La Sala advierte que la parte actora presentó demanda contra CREMIL, con el
propósito de obtener la nulidad del Oficio N° E2023072631 de 14 de septiembre de
2023, mediante el cual esa entidad negó el reajuste de la asignación de retiro con la
liquidación correcta de la partida computable - prima de antigüedad, de conformidad
con el artículo 16 Decreto 4433 de 2004, que, en su criterio, establece que la prima
de antigüedad se debe calcular aplicando el 38.5% sobre el 100% de la asignación
básica, a partir del 3 de octubre de 2018, fecha en que fue proferida la sentencia de
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Fecha en que se profirió la sentencia de segunda instancia en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
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Demandante: Pablo Antonio Vargas Hernández
segunda instancia por parte de la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
El Juzgado 49 Administrativo de Bogotá, mediante sentencia del 31 de enero de 2025,
declaró probada la excepción de cosa juzgada formulada por CREMIL, al considerar
que el precitado proceso y el del medio de control con radicado 2016-00193-00/01
comparten identidad de partes, objeto y causa petendi.
Contra la anterior decisión el ahora tutelante interpuso recurso de apelación, con el
argumento de que el Juzgado no tuvo en cuenta que la figura de la cosa juzgada en
materia pensional es de carácter relativo, según la jurisprudencia del Consejo de
Estado y la Corte Constitucional. En esa medida, consideró que en el litigio previo se
definió sobre las mesadas causadas hasta el día en que se profirió la sentencia de
segunda instancia. A partir de allí, planteó que surge una nueva situación jurídica, que,
al no estar cobijada por esa decisión, puede ser objeto de una nueva reclamación ante
la jurisdicción. Por ende, alegó que, en el caso objeto de estudio, no se presenta una
identidad de objeto, partes y causa petendi.
Por su parte, en el escrito de tutela, el accionante manifestó que la autoridad judicial
demandada incurrió en (i) defecto sustantivo y violación directa de la Constitución, por
cuanto aplicó de manera rígida la figura de la cosa juzgada, en detrimento de las
garantías constitucionales, especialmente, al acceso efectivo a la administración de
justicia. Además, aunque el fundamento normativo es el mismo, la manera en que
solicitó la liquidación de la partida prima de antigüedad es diferente, pues sobre esta
se han presentado distintas interpretaciones jurisprudenciales; y (ii) defecto fáctico,
debido a que el Tribunal no advirtió que, con las certificaciones de partidas
computables allegadas al expediente, se evidenció que CREMIL liquidó la prima de
antigüedad de manera contraria al mandato legal.
A partir de lo anterior, la Sala advierte que el señor Vargas Hernández propone la
misma discusión jurídica que presentó en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo cual evidencia que lo que pretende la parte actora es hacer uso de la
presente solicitud de amparo, como una instancia adicional.
En efecto, de lo expuesto hasta aquí se evidencia que la discusión planteada por la
actora ya fue resuelta por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D, en la sentencia del 14 de agosto de 2025, que, en lo que
interesa, consideró:
«(…) la parte demandante, en un primer momento acudió a la jurisdicción contenciosa,
obteniendo una sentencia condenatoria, la cual, se encuentra en firme por lo que, la
decisión que contiene se torna, en definitiva, inmutable y vinculante.
Teniendo en cuenta lo expuesto, para la Sala existe identidad de objeto, habida cuenta
que, si bien el juicio de legalidad que se procura recae sobre actos administrativos distintos,
materialmente contienen la misma decisión, esto es, negar el reajuste de la asignación
de retiro con la liquidación correcta de la partida computable - prima de antigüedad.
De igual forma, existe identidad de partes, toda vez que, tanto en el proceso anterior como
en esta causa, se presenta el señor Pablo Antonio Vargas Hernández, como demandante
y la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL como demandada.
En lo que respecta a la causa petendi, entendida esta como la razón por la cual se
demanda o los fundamentos de las pretensiones, en esta oportunidad el demandante está
solicitando el reajuste de la asignación de retiro, aduciendo que CREMIL liquidó
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01113-00
Demandante: Pablo Antonio Vargas Hernández
erróneamente la prima de antigüedad y señala como normas violadas, la Ley 4 de 1992,
los artículos 2 y 3 de la Ley 923 de 2004 y el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004.
En ese orden, considera la Sala que, la inconformidad de la parte actora, ha radicado
principalmente, en la interpretación que sobre el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004,
realiza la entidad accionada, sin que acredite elementos de juicio nuevos y distintos a los
que fueron formulados en la primera oportunidad, ya que, la expedición de la sentencia de
unificación CESUJ2-015-19 de 25 de abril de 2019, no constituye un hecho nuevo, así se
advirtió, precedentemente, cuando se dijo: “los cambios jurisprudenciales en asuntos
pensionales, decididos mediante sentencias de unificación, tienen efectos hacia el futuro
y no afectan los casos fallados antes de su expedición”.
Igualmente, insiste en que se generaron hechos nuevos por cuanto lo que hoy pretende
es que el ingreso base de liquidación de la prima de antigüedad corresponda al 100% de
la asignación básica y que el reajuste se efectúe a partir del 24 de octubre de 2018, fecha
en la que sostiene se consolidó una nueva situación jurídica originada en la modificación
del cálculo de la base de liquidación de la prima de antigüedad, en la medida en que se
toma del 58.5% de la asignación básica y no el 100% de esta, precisando que el presente
asunto versa sobre una pretensión distinta a la analizada en el proceso anterior. Pues en
este litigio, busca que se liquide correctamente la asignación de retiro de mi poderdante,
aplicando el porcentaje del 38,5% correspondiente a la partida de prima de antigüedad
sobre el 100% de la asignación básica (IBL).
Para resolver, el argumento que la parte recurrente plantea relacionado con que el IBL que
se solicitó en sede ordinaria es completamente diferente al que ahora se alega, debe
indicarse que el IBL de la prima de antigüedad del demandante es un tema que se abordó
por esta jurisdicción en el proceso que se tramitó con el radicado No. 11001-33-35-024-
2016-00193-00, veamos lo que se analizó en la sentencia proferida por esta Corporación
en segunda instancia:
“(…) Claramente se observa que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares al
calcular la asignación de retiro, equivocadamente tomó como prima de antigüedad
el 38.50% del 100% de la asignación básica, cuando lo que se debe tomar es el
38.50% de la prima de antigüedad realmente devengada en actividad, aspecto que
se pone de presente, toda vez que de la hoja de servicios¹ y de la certificación de
partidas computables en la asignación de retiro del actor, la Sala encuentra que la
entidad toma como prima el valor de $332.024 que es el 38.50% de la asignación
básica, siendo lo correcto el valor de $194.234 que corresponde al 38.50% de
$504.504 que devengaba el demandante por concepto de prima de antigüedad
cuando se efectuó el reconocimiento de su asignación de retiro en el año 2014.
(…) Así las cosas, al demandante se le liquidó una suma superior a la que le
corresponde, y por ende, si bien es cierto el Consejo de Estado ha establecido que
el 38.5% de la prima de antigüedad debe tomarse en su totalidad y no en un 70%,
al realizar la liquidación correspondiente, resulta que la forma como CREMIL calculó
la asignación de retiro del actor le resulta más favorable.
Precisa la Sala que en la liquidación de la asignación de retiro se debe computar el
38.50% de la prima de antigüedad efectivamente reconocida y devengada al
momento del retiro del servicio, esto es sobre el valor correspondiente al 58.50% de
la asignación básica mensual, no sobre el 100% de la asignación básica.
Así las cosas, no obstante el a quo haber precisado que al porcentaje de la prima
de antigüedad, es decir al 38.5% no se le debe aplicar el porcentaje del 70%, no se
refirió de manera específica a la forma correcta como la entidad debe liquidar la
asignación de retiro y computar la citada prima de antigüedad, pues omitió verificar
que el valor de esta partida estaba mal calculado ya que se tomó el 38,50% sobre
el total de la asignación básica percibida por el demandante, cuando lo correcto era
aplicar ese 38,50% a la suma realmente devengada por este concepto en actividad,
que lo era el 58,50% de dicha asignación básica, lo que impone a esta Sala
adicionar el fallo apelado en el anterior sentido.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01113-00
Demandante: Pablo Antonio Vargas Hernández
En consideración a lo anterior y con fundamento en la sentencia del trece (13) de agosto
de dos mil veinte (2020), Radicación número: 05001-23-33-000- 2017-01252-01(1081-18).
MP. William Hernández Gómez8, el reparo que el apelante plantea relativo con que el IBL
que se solicitó en el anterior proceso es distinto al que ahora se alega, tampoco permite
colegir que se trate de un hecho nuevo, pues se insiste, el IBL de la prima de antigüedad
del señor Vargas Hernández es un tema que ya se estudió por esta jurisdicción sin que
ello también tenga la virtualidad de variar porque ahora pretende que el reajuste se efectúe
a partir del 24 de octubre de 2018, planteando una suerte de cosa juzgada relativa.
Al respecto, conviene precisar que, si bien anteriormente el Consejo de Estado ha aplicado
la tesis de «cosa juzgada relativa»9, admitiendo la posibilidad de relativizar la aplicación
de la figura de la cosa juzgada cuando se debaten prestaciones periódicas, bajo el
entendido de que en esos casos las sentencias “tan solo producen efectos vinculantes
respecto de las mesadas que ya fueron objeto de la decisión, mas no frente a las demás
que se causen con posterioridad a la ejecutoria de dicha providencia”. también es lo es
que dicha postura fue replanteada por la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación, relacionada con asuntos de reliquidación pensional10, de ahí que resulta
improcedente la relativización de la cosa juzgada como lo pretende el recurrente.
Finalmente, alega que la Resolución N.º 3725 de abril de 2019 expedida por la Caja de
Retiro de las Fuerzas Militares, para dar cumplimiento a la sentencia proferida en el
proceso No. 2016-00193 disminuye la mesada, no obstante para la Sala el hecho de que
el actor presente inconformidad con la forma en que se reliquidó la prima de antigüedad
por parte de Cremil o que eventualmente esta no se haya dado en los términos ordenados
dentro del proceso 2016-00193 no constituye un aspecto que deba ser análisis del
presente litigio, porque este no es el escenario donde se pueda determinar una
desatención en cabeza de dicha entidad y, menos aún corresponde la determinación de si
se está o no cumplimiento en estricto sentido lo allí ordenado.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala concluye que en el presente caso concurren en su
totalidad los supuestos contemplados en el artículo 303 del C.G.P., para que se configure
la cosa juzgada, en la medida en que, se insiste hay identidad de partes, dado que en
ambos procesos funge como demandante el señor Pablo Antonio Vargas Hernández y
como demandada la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares -CREMIL. Identidad de objeto,
pues, pretende la nulidad de los actos que le negaron la liquidación correcta de la prima
de antigüedad e, identidad de causa, ya que los antecedentes expuestos son idénticos,
pues, la liquidación de la partida computable que pretende se incluya, está consignada en
el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004.
Razón por la cual, se trata de un tema decidido en forma definitiva sin que pueda abordarse
nuevamente su estudio, con miras a evitar que la discusión se convierta en un debate ad
infinitum. Así las cosas, es claro que como el fenómeno de la cosa juzgada hace referencia
al carácter imperativo e inmutable de las decisiones que han adquirido firmeza, ello implica
como consecuencia la imposibilidad de volver sobre asuntos ya juzgados, para introducir
en ellos variaciones o modificaciones mediante la adopción de una nueva providencia11».
A partir de lo anterior, la Sala observa que, aunque la parte actora alega que la
providencia objeto de tutela vulneró los derechos fundamentales invocados porque
presuntamente se encuentra incursa en los defectos sustantivo, fáctico y violación
directa de la Constitución, al pasar por alto que, los medios de control con radicados
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CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN SEGUNDA. SUBSECCIÓN "A".
Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ. Bogotá, D.C., trece (13) de agosto de dos mil veinte (2020). Radicación
número: 05001-23-33-000-2017-01252-01(1081-18).
9 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN SEGUNDA. SUBSECCIÓN "A".
Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS. Bogotá, D.C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil veintiuno
(2021). Radicación número: 11001-03-25-000-2020-00243-00(0493-20).
10 115. La Sala Plena de esta Corporación, por regla general, ha dado aplicación al precedente en forma retrospectiva, método al
que se acudirá en esta sentencia, disponiendo que las reglas jurisprudenciales que se fijaron en este pronunciamiento se aplican
a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo
los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables.
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CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN SEGUNDA. SUBSECCIÓN "A".
Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ. Bogotá, D.C., trece (13) de agosto de dos mil veinte (2020). Radicación
número: 05001-23-33-000-2017-01252-01(1081-18).
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01113-00
Demandante: Pablo Antonio Vargas Hernández
2016-00193-00/01 y 2023-00369-00/01 no comparten los tres elementos para que se
configure la excepción de cosa juzgada (identidad de partes, objeto y causa petendi)
y que se debe emitir una decisión de fondo frente a las pretensiones formuladas en el
último proceso en mención, como se vio, ya fue resuelto por el juez natural.
Lo anterior, en el entendido que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D, precisó que, contrario al argumento de la parte demandante,
en el caso particular, sí concurren la totalidad de los requisitos contemplados en el
artículo 303 C.G.P., para que se configure la cosa juzgada, pues hay identidad de
partes, dado que en ambos procesos funge como demandante el señor Pablo Antonio
Vargas Hernández y como demandada CREMIL; identidad de objeto, porque alega la
nulidad de los actos administrativos que negaron la liquidación correcta de la partida
prima de antigüedad, pues aunque el juicio de legalidad recae sobre actos
administrativos distintos, materialmente contienen la misma decisión; e identidad de
causa, pues en ambos procesos la liquidación de la partida en mención reclamada
tiene como fundamento el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004.
Adicionalmente, el Tribunal consideró que, en el caso concreto, sí opera la cosa
juzgada, en atención al carácter inmutable, vinculante y definitivo de las decisiones
judiciales, pues tal garantía procesal impide que se introduzcan variaciones o
modificaciones a lo resuelto mediante la adopción de una nueva decisión. En ese
orden, el planteamiento relativo a un cálculo distinto del Ingreso Base de Liquidación
de la prima de antigüedad no constituye un hecho nuevo, comoquiera que ese aspecto
fue el núcleo del debate ya resuelto dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 2016-00193-00/01.
Por las anteriores razones, la Sala se abstendrá de hacer un pronunciamiento de
fondo sobre la vulneración alegada por el demandante, dado que la acción de tutela
no cumple los requisitos de procedencia que habiliten el estudio de los cargos
invocados por parte del juez constitucional, en consecuencia, la declarará
improcedente la acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA
1. Negar la solicitud de desvinculación presentada por el Juzgado 49 Administrativo
de Bogotá.
2. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Pablo Antonio
Vargas Hernández contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D, acorde con las consideraciones expuestas.
3. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
4. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01113-00
Demandante: Pablo Antonio Vargas Hernández
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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