Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01117-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01117-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-01117-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
12 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D.C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01117-00
Demandante: OMAR MUÑOZ LOZANO
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A y OTRO
Tema: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedente por no
superar el requisito de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
El señor Omar Muñoz Lozano, actuando en nombre propio, instauró acción de
tutela1 contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A2 y el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de
Girardot, con el fin de reclamar el amparo de sus derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
Lo anterior, con ocasión de la sentencia del 8 de septiembre de 2025 dictada por
la referida Corporación que confirmó la sentencia de primera instancia, proferida
el 3 de mayo de 2024, por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial
de Girardot mediante la cual se negaron las pretensiones dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado 25307-
33-33001-2018-00243-00/01.
1 Índice 002 de Samai. Tutela radicada el 13 de febrero de 2026.
2 Sala integrada por los magistrados Andrés José Quintero Gnecco, Néstor Javier Calvo Chaves y
Carlos Leonel Buitrago Chávez.
Demandante: Omar Muñoz Lozano
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A y otro
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1.2. Pretensiones
Con base en expuesto, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
[…]
SEGUNDA: Que, como consecuencia de lo anterior, se amparen los derechos
invocados y se ordene al JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT declarar la nulidad procesal y con ello
retrotraer la actuación procesal hasta la presentación de la PCL por parte
de la Junta Regional de Calificación y la solicitud de apelación presentada
por el señor OMAR MUÑOZ LOZANO en razón de esta primera instancia
de calificación laboral.
TERCERA: Que, como consecuencia de lo anterior, se amparen lo derechos
invocados y se ordene al TRIBUNAL ADMINISTATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A dejar si efectos la sentencia de fecha 08
de Septiembre de 2025 que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia de primera instancia de fecha 03 de Mayo de 2024 esta proferida por el
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE
GIRARDOT.3
1.3. Hechos
El señor Omar Muñoz Lozano prestó sus servicios al Ejército Nacional como
soldado profesional hasta el 30 de noviembre de 2009, fecha a partir de la cual fue
retirado del servicio bajo la causal “solicitud propia”, acumulando un total de 4
años, 10 meses y 18 días.
En atención a las lesiones sufridas durante el desempeño laboral fue calificado por
la Junta Médica Laboral de Revisión Militar con acta 89933 del 20 de septiembre
de 2016, por medio de la cual se le determinó un porcentaje de pérdida de
capacidad laboral de 9.5% de acuerdo con el artículo 47 del Decreto 094 de 1989.
En razón a ello, el 30 de junio de 2017 solicitó al Ministerio de Defensa Nacional –
Ejército Nacional el reconocimiento de una pensión por sanidad y/o invalidez,
oportunidad en la que adjuntó como prueba una copia del «informe técnico»
realizado por el médico perito Enrique Ayala Pérez, quien determinó en documento
226 del 5 de noviembre 2016 una pérdida de capacidad laboral del 77.38% que
incrementada en un 25% de acuerdo con el Decreto 4433 de 2004 arrojó un total
de 102.38%.
Dado el silencio frente a su requerimiento interpuso demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación –
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, con el fin de que fuera declarada la
3 Transcripción literal del texto original que puede contener errores.
2
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Demandante: Omar Muñoz Lozano
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
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nulidad del acto ficto demandado y se ordenara conceder y pagar la pensión por
sanidad o invalidez a partir del momento de su retiro, así como una indemnización
plena o el reajuste de la indemnización ya reconocida a que legalmente tendría
derecho.
El asunto correspondió por reparto al Juzgado Primero Administrativo del Circuito
Judicial de Girardot que bajo radicado 25307-33-33001-2018-00243-00 admitió y
profirió auto el 21 de septiembre de 2018 aceptando el desistimiento de la
pretensión indemnizatoria formulada.
Asimismo, mediante proveído del 29 de julio de 2021 el operador judicial ordenó a
la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander valorar al demandante
con el fin de determinar su porcentaje de pérdida de capacidad laboral y el origen
de la misma, con fundamento en que la experticia aportada por el demandante
había sido rendida por un particular y esta le generó incertidumbre respecto del
nivel de discapacidad que pudiera presentar el actor y la veracidad del concepto
proferido por la Junta Médico laboral del Ejército Nacional.
Así, una vez practicada tal prueba que arrojó como resultado el 12.50% de pérdida
de capacidad laboral (experticia notificada el 2 de noviembre de 2023), el juzgado
profirió auto el 9 de noviembre de 2023 colocándolo en conocimiento de las partes
por el término de 3 días para los efectos del artículo 228 del C.G.P. No obstante,
el actor radicó ante el despacho el 10 del mismo mes y año escrito con el que
formuló recurso de apelación contra el dictamen en mención.
Acto seguido, se dictó sentencia el 3 de mayo de 2024 que declaró la existencia
del acto ficto emergido del silencio administrativo negativo configurado ante la falta
de respuesta de la pasiva a la petición radicada el 30 de junio de 2017 por el
demandante y negó las demás pretensiones.
Como sustentó señaló que al evidenciar la disparidad de porcentajes de pérdida
de capacidad laboral entre los dictámenes aportados por las partes [el rendido por
la Dirección de Sanidad del Ejército Militar y el correspondiente al médico
particular], el operador judicial se vio en la necesidad de contar con el concepto de
un tercero imparcial, que fuese elaborado por una entidad idónea como lo fue la
Junta Regional de Calificación de Invalidez y, en tal sentido, acogiendo la tesis del
Consejo de Estado4 dio mayor valor probatorio a las experticias rendidas dentro
del proceso que tuvieron la oportunidad de ser debatidas al interior del mismo.
Entonces, dada la diferencia que persistió entre el concepto aportado por el
demandante y el decretado por el Despacho, estimó prudente acoger este último,
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.
Magistrado Ponente: Dr. César Palomino Cortés. Bogotá D.C., 28 de octubre de 2016.
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no solo por ser emitido por un organismo del Sistema de la Seguridad Social
Integral del orden nacional, de creación legal, adscrito al Ministerio del Trabajo,
sino por cuanto, el dictamen elaborado por el médico Ayala Pérez presentó
inconsistencias.
Llamó la atención del juzgado que la patología por la que el actor obtuvo mayor
porcentaje de pérdida de capacidad esto es «Demencia Post-Traumática Ord B en
50.5%» no fue diagnosticada por algún profesional de los que fueron relacionados
en el documento, contradiciendo lo mencionado por el mencionado perito quien
indicó en su interrogatorio que su experticia había sido rendida únicamente con
base en las valoraciones de los especialistas.
Inconforme con la decisión, el demandante formuló recurso de apelación en el que
cuestionó la valoración efectuada a la totalidad de las patologías padecidas y entre
otros argumentos planteó la falta de contradicción de la experticia dictada por la
Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A en
sentencia del 8 de septiembre de 2025 confirmó lo resuelto por el a quo, tras
estimar que en efecto la experticia aportada por el demandante presentaba
información contradictoria y, por lo tanto, no tuvo la suficiente fuerza para
desvirtuar la presunción de legalidad del acto demandado.
Refirió que «en el epígrafe se enuncia un 5 de noviembre de 2016 y más adelante
se hace referencia a antecedentes de febrero de 2017, específicamente a
valoraciones de neuropsicología; de tal manera que no se cuenta con información
exacta en que pudo practicarse la experticia para así conocer la verdadera fecha
de estructuración de las patologías». En tal sentido ateniendo lo dispuesto en el
artículo 253 del C.G.P., tuvo como fecha cierta del dictamen el 30 de junio de 2017,
por ser el día en que fue aportado por el actor ante el Ministerio de Defensa en
búsqueda de obtener el reconocimiento de la pensión de invalidez.
Resuelto lo anterior, señaló que coincidía con la postura del a quo en cuanto a que
en ninguno de los apartes del dictamen aportado por el actor se hizo referencia al
profesional que diagnosticó la denominada “Demencia PostTraumática Ord B”
aunado a que «surge una segunda inconsistencia, en la medida que el ordinal B)
del numeral 3-017 NO cuenta con el índice 14 sino 9, 11 y 21, lo que
necesariamente impacta el porcentaje de PCL cuando lo aplicamos en la tabla del
artículo 87 del mismo estatuto con una edad de 29 años».
En tal sentido precisó que sumado el porcentaje otorgado a las demás patologías
correspondientes a: Estrés-Post-Traumático (9.37%), Cicatriz por absceso glúteo
izquierdo (6.53%), Cicatriz por leishmaniasis (5.90%) e Hipoacusia leve Oído
4
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Derecho Od (5.05%), resultaría insuficiente para acceder al reconocimiento de la
pensión de invalidez pretendida.
Finalmente, aludió a la postura pasiva que guardó la parte interesada frente al
resultado de los dictámenes emitidos tanto por la Dirección de Sanidad del Ejército
Militar como por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander.
El proveído en cuestión se notificó a las partes por correo electrónico el 15 de
septiembre de 20255.
1.4. Fundamentos de la vulneración
La parte actora indicó que el tribunal incurrió en defecto procedimental absoluto
al desconocer las reglas procesales para resolver el recurso de apelación en
segunda instancia, como quiera que se abordó de manera errada la práctica de
pruebas de primera instancia.
Estimó que se pretermitió la instancia para la práctica de pruebas al omitirse su
oportunidad de apelar la decisión de la Junta Regional de Calificación de Invalidez
que le otorgó un 12,5%. Recurso que ejerció mediante oficio radicado al juzgado
y del cual se hizo caso omiso.
Defecto del cual también refirió, en su dimensión positiva, por «suponer que no se
tenía derecho de realizar una apelación a la PCL allegada por la Junta Regional
de Calificación de Santander cuando el mismo documento decía que se tenía 10
días hábiles para apelar (…)» y por valorarse en tal sentido un dictamen que no
estaba en firme al no haberse agotado la mencionada etapa de apelación.
Igualmente, aludió a un defecto material o sustantivo por darse una «indebida
aplicación a las reglas de existencia y de validez de la PCL cuando la misma tenía
la opción de ser apelado». Ello en el entendido que el actor radicó ante el juzgado
el escrito de apelación contra el dictamen de la Junta Regional de Calificación de
Invalidez de Santander con el fin de que fuera remitido a dicha entidad, pero ello
no ocurrió, pues «el juzgado de primera instancia hizo caso omiso a esa solicitud».
Asimismo, señaló como defecto decisión sin motivación porque no existió
justificación interna dado que la conclusión del ad quem resultaba ser la misma a
la adoptada por el juez de primera instancia.
Finalmente, argumentó como defecto por desconocimiento del precedente que
hubo transgresión del derecho fundamental al debido proceso, del cual transcribió
su regulación normativa e hizo alusión al prolongado tiempo que duró el proceso
5 Índice 014 en Samai del proceso 25307-33-33-001-2018-00243-01.
5
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y sus reiteradas solicitudes de impulso encaminadas a obtener un avance definitivo
en el caso. Al respecto trajo a colación pronunciamientos de la Corte
Constitucional6 en torno al mencionado derecho fundamental y al ejercicio de la
acción de tutela.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Por auto del 20 de febrero de 2026, la Magistrada Ponente admitió la acción de
tutela y ordenó notificar a la parte accionante7 y, como parte accionada, al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, así como al
juez Primero Administrativo del Circuito Judicial de Girardot.8
Asimismo, dispuso la vinculación, como terceros con interés jurídico en el
resultado del proceso, a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército
Nacional por ser el «extremo pasivo proceso ordinario» 9.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:
1.6.1. Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Girardot10
El titular del Despacho aludió a la improcedencia de la acción por no configurarse
los defectos invocados ni existir perjuicio irremediable que amerite la intervención
excepcional del juez constitucional.
Consideró que lo pretendido por el actor es reabrir la discusión de un asunto que
fue presentado ante la jurisdicción y desatado tanto en primera como en segunda
instancia por las autoridades judiciales competentes.
Con el fin de sustentar lo anterior, realizó un recuento de lo acontecido en el
proceso ordinario y señaló, en cuanto al recurso alegado como omitido por el actor,
que este «pretendió formular un recurso de apelación que no presentó
oportunamente ante la Junta Calificadora y cuya tramitación solicitó a este
Despacho. Dicha petición, contrario a lo expuesto en el escrito de demanda, fue
6 Sentencia T-544 de 2015, T-021 de 2022.
7 Índice 007 de Samai. La notificación fue enviada al correo: omarmlozano1986@gmail.com
8 Índice 007 de Samai. La notificación fue enviada a los correos:
scs02sb01tadmincdm@notificacionesrj.gov.co scregtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co
rmemorialessec02tadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co, jadmin01gir@cendoj.ramajudicial.gov.co
9 Índice 007 de Samai. La notificación fue enviada a los correos: contactenos@mindefensa.gov.co
notificaciones.tutelas@mindefensa.gov.co, notificaciones.bogota@mindefensa.gov.co,
ceoju@ejercito.mil.co, notificacionesjuridi@ejercito.mil.co, sac@ejercito.mil.co.
10 Índice 014 de Samai.
6
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abordada en la sentencia como un asunto previo, precisándose al accionante que
tal trámite debió solicitarse y surtirse ante la JUNTA REGIONAL DE
CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE SANTANDER, pues la apelación contra ese
dictamen no está prevista en la normativa aplicable al proceso judicial».
Concluyó que las decisiones acusadas en ambas instancias indicaron de manera
clara y puntual los argumentos fácticos y jurídicos que fundamentaban la decisión,
decantando sobre las pruebas que se tuvieron en cuenta para adoptarla,
realizando un análisis detallado y cuidadoso del material probatorio obrante en el
expediente y exponiendo puntualmente las razones para ello.
Por último, remitió el enlace de acceso al expediente digital.
1.6.2. Ministerio de Defensa Nacional11
Estimó que las sentencias cuestionadas se fundaron debidamente en el material
probatorio obrante en el proceso, particularmente en el Acta de Junta Médico
Laboral 89933 del 20 de septiembre de 2016 y en el dictamen 1976 de la Junta
Regional de Calificación de Invalidez de Santander del 1° de noviembre de 2023,
los cuales en conjunto determinaron una pérdida de capacidad laboral del 9.5% y
12.5% respectivamente, insuficiente para acceder a la pensión de sanidad
conforme lo previsto en la Ley 923 de 2004 y sus normas reglamentarias.
A su juicio las accionadas no vulneraron los derechos fundamentales del actor y
solicitó la negativa de las pretensiones.
1.6.3. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A12
El Magistrado Ponente señaló que el actor pretende acceder a una tercera
instancia para replantear argumentos que fueron vencidos en el proceso ordinario
por ambas autoridades judiciales, lo que comporta la improcedencia del presente
asunto por carecer de relevancia constitucional.
II.CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
presentada por el señor Omar Muñoz Lozano contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A y el Juzgado Primero
11 Índice 015 de Samai.
12 Índice 016 de Samai.
7
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Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
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Administrativo del Circuito Judicial de Girardot, de conformidad con lo establecido
en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Problema jurídico
En el caso bajo examen, si bien las pretensiones de tutela se dirigen contra las
providencias de primera y segunda instancia mediante las cuales se clausuró el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado
25307-33-33-001-2018-00243-00/01, el análisis de esta acción se circunscribirá
únicamente a la decisión adoptada por el tribunal accionado, al ser el que puso fin
a la discusión planteada.
Acorde con lo señalado en los antecedentes, las pretensiones invocadas por la
parte actora, el material probatorio recaudado y las intervenciones presentadas,
corresponde a la Sala resolver:
• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?
En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá:
• ¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A vulneró las garantías invocadas por el actor, con ocasión de
la providencia del 8 de septiembre de 2025, que confirmó la negativa de las
pretensiones dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho al incurrir en los defectos fáctico, sustantivo, decisión sin
motivación, procedimental absoluto y desconocimiento del precedente?
Para resolver los interrogantes planteados, resulta pertinente analizar los
siguientes temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva, y (iii) el caso
concreto.
2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201213
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P.
María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
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Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema14 y declaró su
procedencia.15
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez;
y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad
2.4.1. Relevancia constitucional
La Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de 202216 explicó que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, por tanto, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional debe atenderse lo siguiente:
[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que,
cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia
debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un
órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino
14 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
15 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
16 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
9
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que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones
de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio
de igualdad.
Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:
[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así
se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia
y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.
Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como
una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal17
(Énfasis de la Sala).
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico18; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional19.
[…]
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
[…]
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los
recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos
17 Sentencia SU-573 de 2019.
18 Sentencia SU-103 de 2022.
19 Sentencia SU-103 de 2022.
10
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de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal20”. En este orden, se reitera que
el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda
la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales21”.
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.
[…]
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto22, lo que implica verificar que en
efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria
de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal23.
(Resaltado de la Sala)
2.5. Caso Concreto
El señor Omar Muñoz Lozano cuestiona la providencia del 8 de septiembre de
2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A la cual confirmó la negativa a sus pretensiones en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado con radicado 25307-
33-33-001-2018-00243-00/01.
Lo anterior, ya que, a juicio del tutelante, se incurrió en los defectos fáctico,
sustantivo, decisión sin motivación, procedimental absoluto y desconocimiento del
precedente que, a criterio de la Sala, se resumen en la omisión del trámite y
valoración del recurso de apelación por él formulado ante el juzgado de primera
instancia contra el dictamen proferido por la Junta Regional de Calificación de
Invalidez de Santander el 1° de noviembre de 2023.
La aludida experticia fue decretada de manera oficiosa por el juez ordinario de
primera instancia y el resultado de ella fue puesto en conocimiento de las partes
en proveído del 9 de noviembre de 2023, notificado al día siguiente, para los
efectos del artículo 228 del C.G.P. Traslado por el cual el demandante procedió a
remitir únicamente a la dirección electrónica de la sede judicial, el mismo 10 de
noviembre de dicha anualidad, escrito con el que formulaba recurso de apelación
contra el dictamen en cuestión. Así, una vez transcurrido el término de traslado
20 Sentencia SU-103 de 2022.
21 Sentencia SU-128 de 2021.
22 Sentencia SU-573 de 2019.
23 Ibid.
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otorgado, el a quo profirió la sentencia que negó las pretensiones del señor Muñoz
Lozano.
Por lo anterior, discute el actor que no se le hubiese impartido el trámite
correspondiente al mencionado recurso, el cual debió consistir en la remisión por
cuenta del a quo ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez el escrito
presentado donde se apelaba el porcentaje otorgado y, en tal sentido, estima que
la sentencia de segunda instancia incurrió de los defectos mencionados por la falta
de trámite de la alzada y así replicar sin motivación los argumentos del Juzgado
Primero Administrativo del Circuito Judicial de Girardot para negar sus
pretensiones.
Respecto a lo alegado por la parte actora, la Sala evidencia que los argumentos
planteados, pese a que hacen alusión a un lenguaje constitucional, realmente
denotan una inconformidad con la decisión proferida por el juez contencioso, por
lo que este mecanismo se torna improcedente al no cumplir con el requisito de
relevancia constitucional, como pasa a explicarse.
En primer lugar, de lo acontecido en el proceso ordinario se advierte, sin realizar
un estudio a profundidad del caso, que la decisión censurada contó con un amplio
desarrollo donde se abordó la normativa y jurisprudencia aplicable, así como las
pruebas obrantes en el expediente, incluyendo las experticias aportadas por las
partes y la decretada oficiosamente por el juez contencioso que le llevaron a
concluir cuál era el dictamen al que se le debía dar mayor fuerza probatoria,
indistintamente de que el resultado de tal análisis no le fuera favorable a los
intereses del actor.
En cuanto a la discusión de si el recurso de apelación elevado por el actor en el
curso de proceso contra el dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación
de Invalidez de Santander debía o no ser tramitado, se observa que esto fue un
asunto que ameritó su respetivo pronunciamiento con sustento en las reglas propia
del proceso.
En efecto, en la providencia acusada, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A, señaló:
El dictamen practicado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez el 1º de
noviembre de 2023, fue debidamente puesto en conocimiento de las partes para que
estas ejercieran contradicción, a lo cual el apoderado de la parte actora no manifestó
oposición, siendo su deber si era tan claro que bajo su teoría existían tantas
inconsistencias como patologías que la entidad omitió valorar. Dictamen que no se
aleja del que se tuvo en cuenta para emitir el acto administrativo que se cuestiona
en este asunto y cuya diferencia puede explicarse a partir del tiempo transcurrido
entre uno y otro.
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De otro lado, si el actor estaba inconforme con lo determinado en el acta de Junta
Medica Laboral Militar No. 89933 de 20 de septiembre de 2016, en cuanto dicho
organismo se limitó a valorar una (1) patología, de las cinco (5) que asegura padece,
debió manifestarlo y solicitar la convocatoria del Tribunal Médico Laboral de
Revisión Militar y de Policía, pero ello no ocurrió. De allí que esa omisión no pueda
usarla en su propio beneficio por que lo impide el principio general del derecho que
nadie puede beneficiarse de su propia culpa.
Así, se evidencia que no se trata de una discusión encaminada a establecer si la
autoridad judicial accionada incurrió en los defectos alegados sino de reabrir un
debate ya zanjado por el juez natural, quien precisamente con base en las pruebas
recaudadas, la normativa y la jurisprudencia aplicable adoptó la decisión que se
cuestiona vía tutela.
Adicionalmente, no exponen con suficiencia razones de peso que justifiquen la
intromisión del juez de tutela, cuando, además, no se evidencia, prima facie, la
vulneración de los derechos fundamentales por parte de la autoridad judicial.
Por su parte, se recuerda que la administración de justicia garantiza que los
funcionarios judiciales gocen de autonomía e independencia en sus decisiones,
circunstancia por la que, en principio, no es procedente reprochar las providencias
vía acción de tutela; máxime cuando se advierte, como en el presente caso, que
el debate planteado por la parte actora busca mutar el amparo constitucional en
una instancia adicional y reabrir un debate ya zanjado por el juez contencioso,
conforme las etapas que para tal efecto estableció el legislador.
De avalarse dicha tesis, conllevaría una deformación de la acción de tutela y la
desarticulación de la organización judicial, por lo que, en el presente caso, este
mecanismo de tutela se torna improcedente por no superar el requisito de
relevancia constitucional.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por el señor
Omar Muñoz Lozano, por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional.
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SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En el evento que esta decisión no sea impugnada, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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