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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-01120-01

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-01120-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA 1. Revocar la sentencia impugnada, y en su lugar: 2. Amparar el derecho fundamental a la igualdad del señor Rafael Torres Torres, por las razones expuestas en la parte considerativa. En consecuencia: 3. Dejar sin efecto la sentencia del 30 de octubre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle, y en su lugar, 4. Ordenar al Tribunal Administrativo del Valle que, dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de la presente providencia, profiera una nueva decisión en la que tenga en cuenta las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. 5. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 6. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 4 Entre otras, las sentencias del 3 de agosto de 2023 (rad. 11001-03-15-000-2023-01344-01, C.P. Wilson Ramos Girón) y del 26 de octubre de 2023 (rad. 11001-03-15-000-2023-01347-01, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello). 12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2026-01120-01 Demandante: Rafael Torres Torres 7. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2026-01120-01

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

25 de junio de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01120-01
Demandante: Rafael Torres Torres

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01120-01
Demandante: Rafael Torres Torres
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

Tema: Tutela contra providencia judicial, medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.

Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la
providencia de 12 de marzo de 2026, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Quinta, que resolvió:

«PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por el señor Rafael
Torres Torres […]»

I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones

El 13 de febrero de 2026, el señor Rafael Torres Torres interpuso acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca por estimar vulnerados los
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la
administración de justicia y los principios de legalidad y de condición más beneficiosa.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

«PRIMERA: Solicito respetuosamente al H. Consejo de Estado a tutelar los derechos
constitucionales fundamentales del tutelante aquí expuestos y explicados.

SEGUNDA: En consecuencia, proceda dejar sin efectos LA SENTENCIA N°- 265 de fecha
30 de octubre de 2025 emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del
Cauca dentro del radicado No. 76147333300320230016701, y en su lugar, ORDENAR al
Tribunal accionado, rehacer el fallo que debe tener en cuenta las consideraciones por
cuales el Consejo de Estado AMPARA Y TUELA los derechos fundamentales violados
por el mentado fallo al aquí accionante.» (sic a toda la cita)

2. Hechos

De la lectura del expediente de tutela, se advierten como hechos relevantes los
siguientes:

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01120-01
Demandante: Rafael Torres Torres

De los hechos que dieron origen al medio de control

El señor Rafael Torres Torres, junto con otros 5 ciudadanos, se vinculó al municipio
de Cartago - Secretaría de Educación en el cargo de auxiliar administrativo, Código
407 grado 10.

En el marco de la descentralización del servicio educativo prevista en la Ley 60 de
1993 y la Ley 715 de 2001, el municipio vinculó a su planta de personal a funcionarios
provenientes del Ministerio de Educación Nacional y del Departamento del Valle del
Cauca. Dichos servidores ocupan el mismo cargo y cumplen las mismas funciones y
responsabilidades fijadas en el manual específico de funciones del personal
administrativo de las instituciones educativas de la Secretaría de Educación de
Cartago. No obstante, perciben un salario mayor al del demandante.

El 5 de julio de 2023, el accionante solicitó al municipio de Cartago – Secretaría de
Educación la nivelación salarial, frente a sus pares que desempeñan el mismo cargo
y realizan idénticas funciones y responsabilidades, junto con el pago retroactivo de las
diferencias salariales y prestacionales causadas desde la fecha de su posesión, junto
con la indexación de los valores líquidos a reconocer.

Mediante el oficio CAR2023EE007853 del 11 de agosto de 2023, la Secretaría de
Educación Municipal de Cartago negó la solicitud de nivelación salarial y reliquidación
de prestaciones sociales.

Sostuvo que el demandante no se encuentra en las mismas condiciones fácticas que
los servidores con quienes se compara (cargo de Auxiliar Administrativo código 407
grado 10 A), en la medida en que la situación salarial de estos últimos es producto del
proceso de homologación del personal administrativo de las instituciones educativas
dispuesto en las Leyes 60 de 1993 y 715 de 2001.

Por ello, concluyó que se trata de situaciones jurídicas distintas a las que no resulta
aplicable el principio de «a trabajo igual, salario igual». Agregó, además, que no es
posible reconocer una asignación salarial superior al límite fijado por el legislador.

Del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 76147-33-33-003-
2023-00167-00/01

El 11 de diciembre de 2023, el señor Rafael Torres Torres ejerció el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho contra el municipio de Cartago – Secretaría
de Educación para obtener la nulidad del acto administrativo CAR2023EE007853 del
11 de agosto de 2023 por medio del cual negó el reconocimiento de la nivelación
salarial.

Por reparto, el conocimiento correspondió al Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito de Cartago, que en sentencia del 4 de junio de 2025 accedió a las
pretensiones de la demanda.

En primer lugar, verificó que el demandante, vinculado como Auxiliar Administrativo
código 407 grado 10 desde el 3 de diciembre de 2018, desempeña las mismas
funciones, cumple los mismos requisitos y tiene idénticas responsabilidades que
quienes ocupan el denominado cargo «grado 10 A».

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Demandante: Rafael Torres Torres

En segundo lugar, constató, con base en el manual de funciones contenido en el
Decreto Municipal 147 del 16 de julio de 2024, que en la planta del personal
administrativo de las instituciones educativas del municipio solo existe el cargo de
Auxiliar Administrativo código 407 grado 10, por lo que el calificativo «10 A» no es una
denominación oficial, sino una etiqueta utilizada para distinguir a los servidores objeto
del proceso de homologación derivado de las Leyes 60 de 1993 y 715 de 2001.

Concluyó, en consecuencia, que se cumplen los presupuestos jurisprudenciales para
aplicar el principio de «a trabajo igual, salario igual», pues la fuente de financiación es
la misma (el Sistema General de Participaciones), no se discute el desempeño ni los
procesos de evaluación, no existen diferencias estructurales y no hay una clasificación
distinta de los empleos, razón por la cual declaró injustificada la desigualdad salarial.

Contra esta providencia el municipio demandado interpuso recurso de apelación, con
fundamento en tres motivos, a saber:

(i) Error en la aplicación de la normativa, por desconocer el artículo 38 de
la Ley 715 de 2001, que ordena respetar el régimen salarial y la
continuidad del personal incorporado a las plantas territoriales en el
marco del proceso de homologación, de modo que la diferencia salarial
obedece a la aplicación objetiva de la ley y no al capricho de la
administración.
(ii) Aplicación errónea de los antecedentes jurisprudenciales invocados
por el juez de primera instancia, en la medida en que la persona con
quien se compara al demandante, señora María Stella Jaramillo Gallo,
obtuvo su salario en virtud de la sentencia de tutela n.º 242 del 27 de
octubre de 2014, dictada sin tener en cuenta los artículos 34 a 38 de
la Ley 715 de 2001.
(iii) Inaplicación del antecedente del Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar,
sentencia del 25 de mayo de 2023, rad. 05001-23-33-000-2019-
02694-01, según el cual la diferencia salarial derivada del
cumplimiento de normas que ordenan respetar el régimen salarial
previo del personal incorporado constituye una causa objetiva y
razonable que excluye la vulneración del principio de «a trabajo igual,
salario igual».

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 30 de
octubre de 2025, revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda.

Consideró que no era posible realizar el juicio de igualdad por inexistencia de sujetos
comparables, pues el demandante pertenece a la planta central del municipio de
Cartago (financiada con recursos propios), en tanto que el cargo con el que pretendía
nivelarse (Auxiliar Administrativo código 407 grado 10 A, ocupado por la señora
Magnolia de Jesús Caro de Aguirre) corresponde a la planta global, conformada por
el personal transferido del departamento del Valle del Cauca por efecto del proceso
de descentralización del servicio educativo previsto en las Leyes 60 de 1993 y 715 de
2001 y financiada con cargo al Sistema General de Participaciones.

En consecuencia, estimó que la diferencia salarial obedece a una causa objetiva y
razonable, esto es, el origen normativo y fiscal diverso de cada planta, que excluye la
aplicación del principio de «a trabajo igual, salario igual».
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Demandante: Rafael Torres Torres

3. Argumentos de la acción de tutela

El demandante sostuvo que, aunque el municipio de Cartago adelantó el proceso de
homologación y nivelación salarial del personal administrativo conforme a las Leyes
60 de 1993 y 715 de 2001, fue vinculado con posterioridad (en 2018) al cargo de
Auxiliar Administrativo código 407 grado 10 con una asignación salarial inferior a la
devengada por la señora Magnolia de Jesús Caro Aguirre, ocupante del cargo código
407 grado 10 A, pese a que ambos servidores comparten denominación, nivel,
funciones, requisitos y responsabilidades. A su juicio, esa diferencia, que se traduce
en una asignación básica de $1.979.141 para el demandante frente a $2.497.734 para
su par, configura una vulneración del principio constitucional de igualdad.

Manifestó que no existe justificación objetiva ni razonable para dicha diferencia, pues
la fuente de financiación del cargo no constituye un criterio válido para establecer
distinciones salariales entre servidores que integran la planta global de la entidad.

Explicó que así lo precisaron expresamente la Directiva n.º 15 del 31 de mayo de 2013
del Ministerio de Educación Nacional, que prohíbe a las entidades certificadas en
educación definir incrementos salariales discriminatorios «justificados en las
diferentes fuentes de financiación», y los Conceptos n.º 20196000074421 del 11 de
marzo de 2019 y n.º 458241 del 21 de diciembre de 2021 del Departamento
Administrativo de la Función Pública. En consecuencia, mantener esa desigualdad
desconoce el mandato de «a trabajo igual, salario igual» y vulnera los derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al trabajo en condiciones dignas y
justas.

Señaló que en el proceso ordinario quedó demostrado, y así lo reconoció el juez de
primera instancia, que el accionante desempeña el mismo cargo, con idénticas
funciones, requisitos y responsabilidades que sus compañeros, pero recibe una
remuneración inferior, diferencia que se proyecta también sobre sus prestaciones
sociales. De modo que se trata, de trabajadores en condiciones equivalentes que
perciben salarios distintos sin una razón objetiva que lo justifique.

Sobre esa base, sostuvo que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió
en defecto fáctico al fundar su decisión en una pretendida diferencia en la fuente de
financiación de los cargos comparados, hecho que en realidad no obra en el
expediente.

Explicó que, por el contrario, la certificación expedida el 16 de enero de 2026 por la
Secretaría de Educación del Municipio de Cartago acredita que tanto el cargo del
demandante como el de la señora Caro Aguirre se pagan con cargo al Sistema
General de Participaciones, en cumplimiento del Decreto Municipal n.º 113 de 2003,
que incorporó la planta global del personal docente, directivo docente y administrativo
del sector educativo.

Además, alegó que el criterio del Tribunal es ajeno al juicio de igualdad, que conforme
a la jurisprudencia constitucional y al Concepto n.º 1607 del 9 de diciembre de 2004
de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado debe atender a las
funciones, requisitos, responsabilidades y remuneración del cargo, no a su fuente
presupuestal.

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Demandante: Rafael Torres Torres

Adicionalmente, advirtió que la autoridad judicial demandada omitió valorar las
pruebas que el Juzgado Tercero Administrativo de Cartago analizó, en particular, el
manual de funciones contenido en el Decreto Municipal n.º 147 de 2024 y los actos de
vinculación y de pago, las cuales acreditan tanto la identidad funcional de los cargos
como la diferencia salarial existente.

Dijo que esa omisión condujo a una decisión carente de soporte probatorio, configuró
una violación directa de la Constitución y desconoció el principio de «a trabajo igual,
salario igual», con afectación de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso y al trabajo en condiciones dignas y justas.

Finalmente, alegó el defecto por desconocimiento del precedente judicial, pues en
la sentencia T-369 del 12 de julio de 2016, dictada en un caso análogo originado en
el mismo municipio de Cartago y respecto de servidores administrativos del sector
educativo, la Corte Constitucional reiteró que el principio de «a trabajo igual, salario
igual» impone al empleador una remuneración acorde con las condiciones reales del
trabajo, fundada en criterios objetivos y no en consideraciones subjetivas, caprichosas
o arbitrarias, de modo que quienes ocupan el mismo cargo, desarrollan idénticas
funciones y demuestran iguales competencias deben percibir la misma remuneración,
salvo justificación constitucionalmente válida que sustente un trato distinto.

4. Trámite previo

El 18 de febrero de 2026, el despacho admitió la acción de tutela y ordenó notificar a
los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en calidad
de demandados, y al Juzgado Tercero Administrativo de Cartago y al municipio de
Cartago – Secretaría de Educación, en calidad de terceros con interés.

5. Oposiciones

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca explicó que no se configuró
vulneración alguna, pues la sentencia de segunda instancia se fundamentó en la
valoración integral de las pruebas del expediente, las cuales permitieron establecer
que los cargos comparados tienen distinta fuente de financiación y, por tanto, no son
equiparables. En consecuencia, concluyó que la tutela busca reabrir un debate ya
resuelto en la jurisdicción ordinaria, razón por la cual la decisión cuestionada se ajusta
a derecho y a la jurisprudencia aplicable.

6. Intervenciones de los terceros vinculados

El Juzgado Tercero Administrativo de Cartago remitió el enlace de acceso al
expediente; no obstante, guardó silencio frente a los hechos expuestos en la tutela.

7. Sentencia de primera instancia

El 12 de marzo de 2026, la Sección Quinta del Consejo de Estado profirió sentencia
de primera instancia en la que declaró improcedente la acción de tutela.

Analizó el requisito de relevancia constitucional e indicó que este presupuesto tiene
como finalidad preservar el carácter subsidiario de la acción de tutela, evitar que se
utilice como una instancia adicional para reabrir controversias propias del proceso
ordinario. En ese sentido, sostuvo que solo procede cuando el asunto plantea una
verdadera cuestión de orden constitucional, que implique la interpretación o aplicación
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Demandante: Rafael Torres Torres

de derechos fundamentales y no cuando se trata de simples discrepancias jurídicas o
debates de índole legal.

De igual manera, precisó que el accionante debía cumplir con una carga
argumentativa suficiente, demostrar de forma clara por qué el caso trascendía lo
meramente legal y comprometía derechos fundamentales, pues no bastaba con
invocar su vulneración. Asimismo, reiteró que la tutela no puede convertirse en una
tercera instancia ni servir para cuestionar la valoración probatoria realizada por el juez
natural, ni para resolver asuntos eminentemente económicos.

Finalmente, al estudiar el caso concreto, la Sala concluyó que el requisito no se
encontraba satisfecho, porque los argumentos del actor se limitaban a expresar su
inconformidad con la valoración de las pruebas efectuada por el Tribunal, sin
desarrollar un problema constitucional real. Por ello, determinó que la controversia era
de carácter legal y, en consecuencia, declaró improcedente la acción de tutela al
evidenciar que se pretendía reabrir un asunto ya decidido en la jurisdicción ordinaria.

8. Impugnación

El accionante impugnó el fallo de primera instancia de tutela y cuestionó, en primer
lugar, la declaratoria de falta de relevancia constitucional. Sobre el particular,
manifestó que el escrito de tutela cumple con dicho requisito, pues desde la demanda
se planteó con claridad la vulneración de los derechos fundamentales.

De igual forma, adujo que una lectura integral del escrito de tutela permite advertir que
el reproche no se reduce a una mera inconformidad con la valoración probatoria, sino
que denuncia una actuación judicial arbitraria que desconoció derechos
fundamentales. Sobre el particular, sostuvo que el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca revocó una decisión debidamente sustentada con apoyo en un supuesto
que carece de respaldo en el expediente (la pretendida diferencia en la fuente de
financiación de los cargos comparados), defecto que vulnera de forma directa los
principios constitucionales de igualdad y de debido proceso.

Por lo anterior, insistió en que el asunto sí tiene relevancia constitucional, pues se
acreditó una situación de trato desigual entre trabajadores en idénticas condiciones
laborales, en contravía del artículo 13 de la Constitución Política. Asimismo, reprochó
que tanto el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca como el juez de primera
instancia de tutela hubiesen ignorado la sentencia T-369 del 12 de julio de 2016 de la
Corte Constitucional, dictada en un caso de idénticos contornos originado en el mismo
municipio de Cartago, en el que la Corte concedió el amparo de los derechos
fundamentales de una empleada del ente territorial.

9. Sorteo de conjuez

En razón a que la providencia presentada en Sala, en sesión del 21 de mayo de 2026,
no obtuvo la votación suficiente para ser aprobada, mediante auto del 1 de junio de
2026 se dispuso sortear un conjuez para integrar el cuórum decisorio. En cumplimiento
de la providencia, el 4 de junio de 2026, se realizó la diligencia de sorteo de conjuez,
en la cual fue designado el conjuez Jesús Orlando Corredor Alejo, a quien se le
comunicó su designación en esa misma fecha.

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Demandante: Rafael Torres Torres

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: « Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción de tutela contra
1
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional , para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales2 y específicas3 de procedencia de la
acción de tutela.

Problema jurídico

A la Sala le corresponde determinar si, en los términos de la impugnación presentada
por la parte actora, resulta procedente revocar o modificar la sentencia de primera
instancia que declaró improcedente la solicitud de amparo.

La Sala anticipa que, en el presente caso, se revocará la sentencia impugnada, y en
su lugar, se dejará sin efectos la sentencia proferida el 30 de octubre de 2025 por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, porque desconoció el precedente
constitucional previsto en la sentencia T-369 de 2016.

1
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
2
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.
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Para llegar a esa conclusión, la Sala abordará los siguientes temas: (i) cumplimiento
de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela en el presente caso;
(ii) del desconocimiento del precedente judicial en el caso concreto.

(i) Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela en el presente caso

(i) Requisito general de relevancia constitucional: La Sala anota que la acción de tutela
cumple con el referido requisito general porque la parte actora invoca la protección del
derecho fundamental a la igualdad por la falta de valoración del acervo probatorio y
desconocimiento del precedente que negó la nivelación salarial, es así que se
constata que se sustentan con suficiencia las razones por las que la decisión judicial
cuestionada afecta dicho derecho, no se trata de un asunto de mera legalidad o
económico y los cuestionamientos tienen que ver con la ratio decidendi.

Sumado a lo anterior, en caso de que se configure alguno de los requisitos especiales
de tutela contra providencia judicial, se afectarían los derechos fundamentales de la
parte actora, en la medida que se trata de un asunto donde se cuestiona una
nivelación salarial.

Tampoco se emplea como una instancia adicional, porque si bien en la primera
instancia se declaró la nulidad del acto que negó la nivelación salarial en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho, fue en el trámite de la segunda instancia
que se revocó la sentencia para negar las pretensiones de la demanda.

Se cumple con el (ii) requisito general de subsidiariedad, porque los argumentos
invocados no se enmarcan en las causales del recurso extraordinario de revisión o de
algún otro medio de defensa idóneo para la defensa de los derechos que invoca
vulnerados; (iii) frente al requisito general de inmediatez, se advierte que la sentencia
de segunda instancia fue proferida el 30 de octubre de 2025, y el ejercicio de acción
de tutela tuvo lugar el 13 de febrero de 2026, es decir, se promovió, dentro de los 6
meses siguientes a la notificación, lo que satisface el requisito previsto por la Corte
Constitucional para el ejercicio de la acción de tutela contra providencia judicial.

En lo demás, la Sala encuentra que se encuentran satisfechos los requisitos generales
de procedencia, si se tiene en cuenta que el accionante alega una (iv) irregularidad
que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) la parte actora identificó
de manera razonable los hechos que generaron la vulneración y, (vi) no se cuestionan
sentencias de tutela.

En consecuencia, corresponde a la Sala examinar si en el caso concreto se configura
el defecto fáctico y el desconocimiento del precedente judicial. Sobre el particular,
conviene precisar que, ante la prosperidad de cualquiera de dichos defectos, la Sala
se relevará de pronunciarse sobre la otra.

Del desconocimiento del precedente judicial en el caso concreto

Rafael Torres Torres interpuso la presente acción de tutela para que se deje sin efecto
la sentencia del 30 de octubre de 2025, mediante la cual el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca revocó el fallo de primera instancia que ordenó su nivelación salarial
y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01120-01
Demandante: Rafael Torres Torres

En la impugnación, reprochó que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no
tuviera en cuenta la sentencia T-369 del 12 de julio de 2016 de la Corte
Constitucional, dictada en un caso de idénticos contornos originado en el mismo
Municipio de Cartago.

Para empezar con el estudio del caso, se encuentra que el accionante promovió el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el oficio
CAR2023EE007853 del 11 de agosto de 2023, que negó su solicitud de nivelación
salarial.

El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Tercero Administrativo de
Cartago, que mediante sentencia del 4 de junio de 2025 accedió a las pretensiones
de la demanda. Para tal efecto, constató que el manual de funciones del Decreto
Municipal 147 de 2024 solo prevé el cargo de Auxiliar Administrativo código 407 grado
10 (la denominación «grado 10 A» obedece a una etiqueta del proceso de
homologación de las Leyes 60 de 1993 y 715 de 2001) y que el demandante y la
persona con quien se compara cumplen idénticas funciones, requisitos y
responsabilidades. Asimismo, verificó identidad en la fuente de financiación (Sistema
General de Participaciones) y ausencia de criterios objetivos (desempeño,
clasificación del empleo o diferencias estructurales) que justificaran la brecha salarial,
por lo que declaró injustificada la desigualdad y vulnerado el principio de «a trabajo
igual, salario igual».

Contra esa decisión el municipio interpuso recurso de apelación con base en que: (i),
el a quo desconoció el artículo 38 de la Ley 715 de 2001, el cual ordena respetar el
régimen salarial del personal incorporado a las plantas territoriales por homologación;
(ii) aplicación errónea de las sentencias SU-519 de 1997 y T-369 de 2016, dado que
la persona con quien se compara al demandante obtuvo su salario en virtud de una
decisión judicial de tutela; (iii) reprochó la inaplicación del antecedente del Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de mayo de 2023 (rad.
05001-23-33-000-2019-02694-01, C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar), conforme con
el cual la diferencia salarial originada en el respeto al régimen previo del personal
incorporado constituye causa objetiva que excluye la aplicación del principio de «a
trabajo igual, salario igual».

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 30 de
octubre de 2025, revocó el fallo apelado y, en su lugar, negó las pretensiones.
Consideró que no era posible adelantar el juicio de igualdad por inexistencia de sujetos
comparables, pues el demandante pertenece a la planta central del municipio
(financiada con recursos propios), en tanto que el cargo con el que pretendía nivelarse
corresponde a la planta global, integrada por el personal transferido del departamento
del Valle del Cauca en el marco de la descentralización del servicio educativo (Leyes
60 de 1993 y 715 de 2001) y financiada con cargo al Sistema General de
Participaciones.

En consecuencia, estimó que la diferencia salarial entre ambas plantas obedece a una
causa objetiva y razonable (el origen normativo y fiscal diverso de cada relación con
el ente territorial) que excluye la aplicación del principio de «a trabajo igual, salario
igual».

Precisado lo anterior, conviene señalar que la Corte Constitucional, en la sentencia T-
369 de 2016, examinó un caso originado en el mismo municipio de Cartago. En esa
ocasión la accionante, vinculada por concurso de méritos como secretaria de una
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Demandante: Rafael Torres Torres

institución educativa oficial del municipio, advirtió que tres compañeras ocupaban su
mismo cargo, con idénticas funciones y requisitos, pero devengaban
aproximadamente cuatrocientos cincuenta mil pesos ($450.000) más al mes,
diferencia que la entidad justificó en un supuesto derecho adquirido derivado del
traslado de aquellas desde la Secretaría de Educación departamental al municipio.
Por tal razón, promovió acción de tutela contra la Secretaría de Educación Municipal
de Cartago por la presunta vulneración de su derecho fundamental a la igualdad, y
solicitó la nivelación salarial y el pago del retroactivo.

Para resolver el caso la Corte Constitucional reiteró el principio de «a trabajo igual,
salario igual». Sin embargo, advirtió que «no toda desigualdad o diferencia de trato en
materia salarial constituye una vulneración de la Constitución, pues se sigue aquí la regla
general la cual señala que un trato diferente sólo se convierte en discriminatorio (y en esa
medida en constitucionalmente prohibido) cuando no obedece a causas objetivas y
razonables, mientras que el trato desigual es conforme a la Carta cuando la razón de la
diferencia se fundamenta en criterios válidos constitucionalmente».

De igual forma, dijo que ha fijado una metodología para analizar el desconocimiento
del mencionado principio. En primer lugar, señaló que el juez debe verificar la
comparabilidad entre los sujetos involucrados, es decir «primero debe estarse ante dos
(2) o más sujetos que al desempeñar las mismas funciones y estar sometidos al mismo
régimen jurídico de exigencias de cualificación para el empleo, son comparables y, no
obstante ello, reciben una remuneración diferente». Una vez constatada esa identidad,
anotó que corresponde al juzgador examinar las razones de la diferencia, con el
propósito de determinar si cuentan con respaldo constitucional y legal.

De igual forma, en cuanto a los criterios que sí pueden justificar válidamente una
diferenciación salarial, la Corte enuncia, entre otros: (i) criterios objetivos de
evaluación y desempeño; (ii) diferencias de la estructura institucional de las
dependencias públicas en que se desempeñan cargos que se muestran prima facie
análogos»; y (iii) distinta clasificación de los empleos públicos, a partir de la cual se
generan diferentes escalas salariales.

En contraste, indicó que los desajustes institucionales producto de traslados,
homologaciones disparejas o meras categorizaciones alfabéticas de cargos (como las
letras «A», «B» o «C») no constituyen, por sí mismos, justificación constitucionalmente
admisible.

Finalmente, advirtió que ese análisis no opera de manera automática ni se proyecta
de forma generalizada sobre la totalidad de los servidores públicos, sino que exige un
examen riguroso del caso concreto, pues el análisis que adelantó en esa oportunidad
«(…) se encuentra estrictamente enmarcada en la situación de la actora y no en un
análisis integral de la política de vinculaciones de los empleados de carrera al interior
de la municipalidad bajo referencia (…)».

De ahí que, según la misma Corte Constitucional, la regla deba aplicarse caso a caso,
en atención de las particularidades fácticas, probatorias y de vulnerabilidad del
accionante, sin que pueda extenderse mecánicamente a todos los empleados que
aleguen una diferencia remuneratoria frente a sus compañeros.

En lo referente al caso de la accionante, revocó los fallos de instancia que habían
declarado improcedente la tutela y, en su lugar, concedió el amparo del derecho
fundamental a la igualdad de Martha Lucía Cardona Patiño. Para ello, sostuvo que la
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diferencia salarial denunciada no superaba ninguno de los tres criterios
jurisprudenciales que justificarían un trato desigual, pues no obedecía a presupuestos
objetivos de evaluación y desempeño, ni a diferencias en la estructura institucional (ya
que todas las funcionarias estaban adscritas a la misma Secretaría de Educación
municipal), ni a una clasificación de empleos sustentada en cualificaciones disímiles,
toda vez que el cargo, las funciones y los requisitos eran idénticos.

Asimismo, descartó que los argumentos esgrimidos por la Alcaldía (derechos
adquiridos, favorabilidad laboral y vinculatoriedad de fallos judiciales previos)
constituyeran razones constitucionalmente válidas, pues solo explicaban la situación
de quienes habían sido trasladadas desde el departamento, mas no la de la
accionante, que no podía soportar las consecuencias de un «desbarajuste
institucional» ajeno a ella.

En consecuencia, ordenó a la Alcaldía Municipal de Cartago reconocer y pagar, una
asignación salarial igual a la de los empleados categorizados como «Secretario
Código 440 Grado 10A», así como el retroactivo causado, sin perjuicio de la
prescripción trienal.

Ahora bien, al descender al presente caso, conviene precisar que en la sentencia de
segunda instancia no tuvo discusión, el hecho, según el cual, pese a que existe
identidad de cargo, funciones, requisitos y responsabilidades entre el accionante y la
señora Magnolia de Jesús Caro Aguirre (ambos clasificados como Auxiliar
Administrativo código 407 grado 10 del personal administrativo de las instituciones
educativas del municipio de Cartago), esta última percibe una remuneración mayor.

Lo anterior, obedeció a que el salario del actor se fijó con arreglo a la tabla general de
salarios adoptada por el municipio de Cartago para el sector educativo, vigente al
momento de su vinculación en el año 2018. Por otro lado, el salario de la señora Caro
Aguirre, fue fijado por el departamento del Valle del Cauca a partir de las
consideraciones contenidas en fallos de tutela proferidos en los años 2000 y
siguientes, mediante los cuales se ordenó al ente departamental adelantar el proceso
de homologación de cargos y nivelación salarial en favor de un grupo de servidores
administrativos (entre ellos la persona con quien se compara), antes de transferirlos a
la planta del municipio en el marco de la descentralización territorial del servicio
educativo dispuesta en las Leyes 60 de 1993 y 715 de 2001.

No obstante, sí estuvo en discusión, y constituye ahora el núcleo del reproche del
accionante, es si esa diferencia salarial encuentra una justificación objetiva y
razonable, en los términos de la Corte Constitucional, «constitucionalmente valida».

Sobre el particular, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las
pretensiones con sustento en el origen de los recursos con cargo a los cuales se paga
el salario de uno y otro servidor. Así, sostuvo que el accionante pertenece a la planta
central del municipio, financiada con recursos propios del ente territorial, mientras que
el cargo con el que pretende nivelarse forma parte de la planta global, financiada con
cargo al Sistema General de Participaciones.

En su criterio, esa diferencia en la fuente de financiación constituye una causa objetiva
y razonable que excluye el juicio de igualdad y, por contera, la aplicación del principio
de «a trabajo igual, salario igual».

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Bajo ese entendido, la controversia que esta Sala debe resolver se concreta en
establecer si dicha fuente de financiación constituye un criterio constitucionalmente
válido para diferenciar el salario entre servidores que cumplen iguales funciones,
requisitos y responsabilidades.

En este punto, la Sala estima necesario señalar que esta Sección, en
pronunciamientos anteriores en los que resolvió acciones de tutela promovidas en
contextos similares4, concluyó que las diferencias salariales originadas en la
coexistencia de distintos procesos de incorporación a la planta del ente territorial (de
un lado, la descentralización del servicio educativo prevista en la Ley 715 de 2001 y,
de otro, los procesos de modernización adelantados por el Ministerio de Educación
Nacional), así como en el respeto a los derechos adquiridos del personal homologado
y nivelado, constituyen causas objetivas y razonables que no vulneran el principio de
«a trabajo igual, salario igual».

Sin embargo, como el presente asunto se origina en el mismo municipio de Cartago,
Valle del Cauca, sobre el cual la Corte Constitucional ya se pronunció en la sentencia
T-369 de 2016, con identidad de supuestos, se acogerán los argumentos expuestos
en esa decisión.

En consecuencia, al aplicar el precedente de la Corte Constitucional, debe concluirse
que en el caso del señor Rafael Torres se configura la vulneración del derecho
fundamental a la igualdad, por cuanto: (i) existe identidad funcional entre los cargos
comparados; (ii) se presenta una diferencia salarial injustificada; y (iii) no hay una
razón objetiva, razonable y constitucionalmente válida que explique el trato desigual.

Por lo anterior, se revocará la sentencia impugnada y, en su lugar, en aplicación del
precedente de la Corte Constitucional contenido en la Sentencia T-369 de 2016, se
ampararán los derechos fundamentales del debido proceso y a la igualdad del actor.
En consecuencia, se dejará sin efectos la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y se le ordenará dictar una nueva decisión conforme
a los criterios establecidos en el citado precedente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Revocar la sentencia impugnada, y en su lugar:
2. Amparar el derecho fundamental a la igualdad del señor Rafael Torres Torres, por
las razones expuestas en la parte considerativa. En consecuencia:
3. Dejar sin efecto la sentencia del 30 de octubre de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle, y en su lugar,
4. Ordenar al Tribunal Administrativo del Valle que, dentro de los veinte (20) días
siguientes a la notificación de la presente providencia, profiera una nueva decisión en
la que tenga en cuenta las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta
sentencia.
5. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
6. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.

4
Entre otras, las sentencias del 3 de agosto de 2023 (rad. 11001-03-15-000-2023-01344-01, C.P. Wilson Ramos Girón) y del 26
de octubre de 2023 (rad. 11001-03-15-000-2023-01347-01, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello).
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Demandante: Rafael Torres Torres

7. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
Salva voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Salva voto

(Firmado electrónicamente)
JESÚS ORLANDO CORREDOR ALEJO
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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