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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01126-00

Fecha
20 de marzo de 2026
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01126-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional, de conformidad con las razones ut supra. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01126-00

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

20 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá, D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01126-00
Accionante: Jaime Andrés Silva Murcia y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Caquetá
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

Tema: Acción de tutela en contra de providencia judicial. Subtema 1: Requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela – relevancia constitucional. Sentido del fallo de
tutela: Se declara improcedente.

La Sala decide la acción de tutela1 presentada por Jaime Andrés Silva Murcia, a
nombre propio y en representación de Valeria Silva Almario, Lina Marcela Palacio
Sánchez y Luz Neyda Sánchez Echeverry, a nombre propio y en representación de
Isabel Sofia y Karol Tatiana Silva Sánchez, a través de apoderado, en contra del
Tribunal Administrativo del Caquetá.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud de tutela

El 13 de febrero de 20262, la parte actora interpuso esta acción constitucional en
procura de la protección de sus derechos al trabajo, mínimo vital, debido proceso,
igualdad y acceso a la administración de justicia, que considera vulnerados por el
Tribunal Administrativo del Caquetá, debido a que, mediante sentencia del 9 de julio
de 2025, revocó la providencia de primera instancia emitida por el Juzgado Cuarto
Administrativo de Florencia del 30 de junio de 2022, que declaró la caducidad del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado 11001-3342-
052-2017-00135-00/-01, para, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.

2. Hechos

2.1. Jaime Andrés Silva Murcia, a nombre propio y en representación de Valeria
Silva Almario, Lina Marcela Palacio Sánchez y Luz Neyda Sánchez Echeverry, a
nombre propio y en representación de Isabel Sofia y Karol Tatiana Silva Sánchez,

1
Índice 2 de SAMAI, certificado 872DF28B873B0D17 2159E41B1EACD335 28F963E893D9EB1C 406A2884C2C7F771.
2
Índice 2 de SAMAI, certificado F32E7B38973CCE36 A668727AB6B6DA4A 78374DE37D0AF398 7455A077B236014F.

2

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01126-00
Accionante: Jaime Andrés Silva Murcia y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Caquetá
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

presentaron demanda3 de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación,
Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, con el fin de que, entre otras cosas, se
declarara la nulidad de la Resolución 9508 del 28 de octubre de 2016 y,
subsidiariamente, del oficio 1845 del 19 del mismo mes y año y de la Resolución
8632 del 29 de septiembre de 2016. A título de restablecimiento del derecho, se
solicitó: i) ordenar a la entidad demandada el reintegro al cargo que desempeñaba
Silva Murcia o a otro de igual o superior jerarquía; ii) pagar los salarios y
prestaciones sociales dejados de percibir desde el retiro del servicio hasta el
reintegro efectivo, sin que exista solución de continuidad; iii) indemnizar los
perjuicios morales y por daño a la salud ocasionados; y iv) cancelar las sumas de
dinero de forma indexada, más los intereses moratorios causados.

2.2. El Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia, a través de sentencia del 30 de
junio de 2022, declaró probada la excepción de caducidad propuesta por la Nación
• Ministerio de Defensa y, en consecuencia, negó las pretensiones de la demanda.

2.3. Inconforme con la decisión, el entonces demandante interpuso recurso de
apelación.

2.4. El 9 de julio de 2025 el Tribunal Administrativo del Caquetá desató el referido
recurso de apelación, en el entendido de revocar la providencia de primera
instancia, para, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.4

3. Fundamentos de la acción de tutela

El tutelante sostuvo:

3.1. En las consideraciones expuestas en la providencia judicial censurada no se
hace mención a los argumentos planteados en el recurso de apelación.
Adicionalmente, a su juicio, el tribunal desconoció que el acto administrativo
susceptible de demanda es aquel que aceptó la renuncia al cargo, máxime cuando
esta es coaccionada.

3
Archivo denominado “01 Cuaderno No. 1 […]”, visible a índice 11 de SAMAI, certificado 82484759627B6A67
321E721473D0C19C DBD9EBBD05A9F762 272599865BF7D138, folios 16 al 38.
4
Archivo denominado “005 Sentencia 2 Instancia […]”, visible a índice 11 de SAMAI, certificado C09B8C9FEC379EA5
B436D4B96E1EB42B 5D214794C7A99C1E EF6DA37F3FF54222.

3

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01126-00
Accionante: Jaime Andrés Silva Murcia y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Caquetá
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

3.2. El Tribunal Administrativo del Caquetá incurrió en defecto fáctico, por cuanto no
tuvo en cuenta: i) la hoja de vida del actor, en la que constaba su estado civil de
casado y la existencia de 3 hijos; ii) las razones del Ministerio de Defensa Nacional
para su traslado a la ciudad de Neiva, las cuales no obedecieron a necesidades del
servicio; iii) la planta de personal del Grupo de Contencioso de dicha entidad, en la
que únicamente había 3 profesionales del derecho en la ciudad de Florencia y no 6;
y iv) el oficio del 12 de agosto de 2016, en el que se indicó que la carga laboral en
Neiva era considerablemente menor a la existente en Florencia para el año 2016.

3.3. La autoridad judicial accionada desconoció los efectos vinculantes que genera
el precedente fijado por la Corte Constitucional frente al tema del traslado repentino
de empleados y los límites a la facultad del nominador para efectuar traslados de
personal.

4. Pretensiones de la acción

La parte accionante textualmente solicitó lo siguiente:

“PRIMERO: Solicito a los Honorables Magistrados tutelar los derechos fundamentales al
Debido Proceso, a la defensa, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad,

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO la sentencia de segunda instancia de fecha 09 de julio
de 2025,Sala tercera de decisión, Magistrada Ponente ANA MARIA LOZADA VASQUEZ,
del Tribunal Administrativo del Caqueta, dentro del proceso de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho, Radicado con el número 11001-3342-052-2017-00135-
01, incoada por JAIME ANDRES SILVA MURCIA Y OTROS, contra LA NACIÓN –
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.

TERCERO: En consecuencia, se ORDENE al Tribunal Administrativo del Caqueta que,
dentro de los 40 días siguientes a la notificación de la providencia, emita una decisión
de remplazo, en el sentido de analizar en debida forma el material probatorio allegado
oportunamente, que demuestra de manera clara la existencia de una situación laboral
desfavorable del señor JAIME ANDRES SILVA MURCIA y su núcleo familiar.

CUARTA: ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA, que en la
nueva sentencia se reconozcan las pretensiones formuladas en la demanda de Nulidad
y Restablecimiento del Derecho, basándose en un análisis detallado y exhaustivo de
los medios probatorios debidamente allegados al proceso. Dichos elementos
demuestran con claridad la afectación laboral y familiar del señor JAIME ANDRES SILVA
MURCIA, como resultado de la renuncia provocada.”5.

5
Índice 2 de SAMAI, certificado 872DF28B873B0D17 2159E41B1EACD335 28F963E893D9EB1C 406A2884C2C7F771,
folios 23 y 24.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01126-00
Accionante: Jaime Andrés Silva Murcia y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Caquetá
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia y fundamento de la
oposición

5.1. Mediante auto del 18 de febrero de 20266, el despacho ponente admitió la
acción de tutela, vinculó al Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia y a la Nación
• Ministerio de Defensa - Ejército Nacional. También dispuso la notificación a las
partes y a los vinculados.

5.2. El Tribunal Administrativo del Caquetá7 sostuvo que la acción de tutela es
improcedente al no cumplir el requisito de relevancia constitucional, pues la parte
actora manifiesta su desacuerdo con el análisis jurídico y probatorio realizado por el
tribunal al decidir el recurso de alzada, con lo cual se desvirtúa el propósito de la
tutela contra providencias judiciales, en tanto que sus argumentos fueron objeto de
análisis por el juez natural.

Por su parte, manifestó que no se trasgredió el derecho al debido proceso, porque
el traslado obedeció a una necesidad del servicio generada en la entidad, con el
objetivo de apoyar y descongestionar la ciudad de Neiva. Finalmente, no se acreditó
la desviación de poder alegada.

5.3. La Nación, Ministerio de Defensa8 indicó que la sentencia censurada está
cobijada por los principios de la imparcialidad y debido proceso, aunado al hecho
de que esa entidad no vulneró ningún derecho fundamental del actor.

5.4. El Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia9 no se pronunció.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela incoada por Jaime
Andrés Silva Murcia, a nombre propio y en representación de Valeria Silva Almario,
Lina Marcela Palacio Sánchez y Luz Neyda Sánchez Echeverry, a nombre propio y

6
Índice 4 de SAMAI, certificado F34531C2E1C28777 A8F383F075D8176E A7162BD574E9C19B 0ED80A1EA5D7187B.
7
Índice 13 de SAMAI, certificado 97AFB091ADD3AAD8 34D25F0C66914661 B7E347B7D2A7124E 3FCF7D208E7B50F2.
8
Índice 15 de SAMAI, certificado 339DB5A5460E9697 EBBEE4C431771D19 AEAE9EF5A3D7FDE1 CE53B2390A958940.
9
Luego de efectuar la consulta en SAMAI, no se encontró registro alguno de que el Juzgado Cuarto Administrativo de
Florencia hubiera rendido informe, pese a la notificación electrónica surtida, obrante a índice 7 de SAMAI.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01126-00
Accionante: Jaime Andrés Silva Murcia y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Caquetá
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

en representación de Isabel Sofia y Karol Tatiana Silva Sánchez, en contra del
Tribunal Administrativo del Caquetá, de conformidad con lo establecido en los
artículos 86 de la Constitución, 37 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Acuerdo 080
de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. Problema jurídico

En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los
requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se
vulneraron los derechos fundamentales alegados por la parte actora.

3. La acción de tutela en contra de providencias judiciales

La Corte Constitucional en sentencia C-590 del 2005 reconoció que la acción de
tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos
requisitos de procedibilidad10 y de procedencia11, con el fin de determinar si se
vulneraron o no los derechos de orden superior.

4. El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en el caso
concreto

4.1. Sobre este requisito, la Corte Constitucional ha señalado que el juez de tutela
“no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones”.12

En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario
examinar dos elementos, a saber13: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa,
justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos

10
De acuerdo con la sentencia C-590 del 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los
siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia
constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela;
que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad
procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que
se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido
cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
11
Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental; defecto fáctico;
defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto por desconocimiento del
precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.
12
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
13
Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001031500020120220101.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01126-00
Accionante: Jaime Andrés Silva Murcia y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Caquetá
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que
la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo
especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.

Por su parte, la Corte Constitucional en la SU-215 de 202214, frente al requisito de
relevancia constitucional, señaló que es menester verificar:

“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no
se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales”.

4.2. Para la Sala resulta evidente que los cargos formulados no satisfacen el
requisito de relevancia constitucional, por cuanto se advierten como un intento de
revivir el análisis jurídico efectuado por el juez natural, como si este mecanismo se
tratara de una instancia adicional al proceso ordinario, según se explicará.

4.3. En el caso concreto, los accionantes cuestionan, en esencia, que el Tribunal
Administrativo del Caquetá no hizo mención a los argumentos planteados en el
recurso de apelación. Adicionalmente, a su juicio, desconoció que el acto
administrativo susceptible de demanda es aquel que aceptó la renuncia al cargo,
máxime cuando esta es coaccionada.

Asimismo, denuncian que la autoridad judicial incurrió en defecto fáctico, por cuanto
no tuvo en cuenta: i) la hoja de vida del actor, en la que constaba su estado civil de
casado y la existencia de 3 hijos; ii) las razones del Ministerio de Defensa Nacional
para su traslado a la ciudad de Neiva, las cuales no obedecieron a necesidades del
servicio; iii) la planta de personal del Grupo de Contencioso de dicha entidad, en la
que únicamente había 3 profesionales del derecho en la ciudad de Florencia y no 6;
y iv) el oficio del 12 de agosto de 2016, en el que se indicó que la carga laboral en
Neiva era mucho menor a la existente en Florencia para el año 2016.

14
Sentencia SU-215 del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.

7

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01126-00
Accionante: Jaime Andrés Silva Murcia y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Caquetá
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

4.4. Sentado lo anterior, al verificar los argumentos contenidos en la sentencia del
9 de julio de 2025, emitida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, se advierte el
siguiente análisis textual:

“Conforme lo expuesto, en el expediente se tiene por la parte actora quien pretende se
declare la nulidad de la Resolución No. 9508 del 28 de octubre del 2016, mediante la
cual se aceptó la renuncia al cargo de Profesional de Defensa, Código 3-1, Gradado 02
de la Planta de empleados públicos de la Unidad de Gestión General del Ministerio de
Defensa Nacional- Dirección de Asunto Legales – Grupo Contencioso Constitucional.

[…] En consecuencia, si la parte demandante pretendía demostrar que el acto
administrativo enjuiciado fue proferido bajo la causal de nulidad de falsa motivación, era
su deber allegar los medios de prueba para tal fin, lo cual no sucedió, ahora bien, los
motivos por el cual se tomó la decisión de realizar el traslado fue por la falta de personal
de la entidad de Neiva- Huila, tal como se observa de la solicitud de traslado presentada
de la que se extrae:

[…] Así las cosas, la Sala no evidencia la existencia de motivos distintos al traslado
solicitado por la necesidad del servicio del actor, pues no se observan motivos ocultos
que hagan pensar que su traslado se debió a una motivación distinta, aunado a ello, que
el actor no logró desvirtuar la presunción de legalidad que ampara el acto demandando,
en relación con el cargo propuesto.

[…] A guisa de lo expuesto, con las pruebas allegadas al proceso y de acuerdo a lo
preceptuado en el artículo 167 del Código General del Proceso y los pronunciamientos
del Consejo de Estado, esta Colegiatura no encuentra acreditada causal de nulidad
alguna en el acto administrativo enjuiciado, ya que, como se estableció en precedencia
y acorde a lo expuesto por la parte demandante los actos acusados no están viciados
de desviación del poder, de acuerdo a que la desvinculación del demándate se ocasiono
por medio de una acción voluntaria al momento de presentar la renuncia irrevocable. Y
como se mencionó anteriormente la causal de este vicio debe estar enfatizada en una
satisfacción del interés general, búsqueda del bien común, mejoramiento del servicio
público. Que no se encuentra establecida en la Resolución que ordeno la reubicación
del demandante.

[…] Por lo expuesto, para la Sala no se encuentran probados los cargos de nulidad
endilgados a los actos administrativos demandados, pues no se logró demostrar que su
producción estuviera precedida de la vulneración de derecho, falsa motivación y
desviación de poder, por lo tanto, se deberán denegar las pretensiones de la demanda.

Ahora bien, en relación con la pretensión subsidiaria la cual refiere que se declare la
nulidad de la Resolución 8632 del 28 de septiembre de 2016, que ordenó el traslado del
actor a la ciudad de Neiva Huila, observa la Sala que este al ser un acto administrativo
independiente y susceptible de ser enjuiciado ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, pues creaba para el actor una nueva situación jurídica, este se encuentra
sujeto a las previsiones normativas que rigen la materia, es decir, que se encuentra
sujeto al estudio de caducidad.

Bajo este contexto, tenemos que dicho acto fue notificado al accionante el día 05 de
octubre de 2016, es decir, que a partir del día siguiente a su notificación, esto es el 06
de octubre de esa anualidad, el accionante contaba con 4 meses para acudir a la
administración de justicia para demandar el acto administrativo de traslado, situación
que no ocurrió, pues se observa que presentó la solicitud de conciliación prejudicial el
día 28 de febrero de 2017, cuando ya habían fenecido los términos establecidos por la
norma, pues los mismos se encontraban vigentes hasta el 06 de febrero de 2017.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01126-00
Accionante: Jaime Andrés Silva Murcia y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Caquetá
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

Igual situación ocurre frente a la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio
1845 del 19 de octubre de 2016, el cual fue notificado el día 20 de octubre de dicha
anualidad, es decir, que a partir del día 21 de octubre de 2016, el actor contaba con el
término de 4 meses para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, los
cuales fenecían el 21 de febrero de 2017, sin embargo, por ser sábado, se trasladó para
el día siguiente hábil, es decir, el 23 de febrero y atendiendo que el actor, agotó el
requisito de procedibilidad tan solo hasta el 28 de febrero de 2017, cuando ya había
operado la caducidad del medio de control, conforme lo establece el artículo 164 del
CPACA.

En virtud de lo anterior, al haber ocurrido el fenómeno jurídico procesal de la caducidad,
habrá lugar a despachar de manera desfavorable las pretensiones subsidiarias del
actor.”15 (Resaltado original del texto).

4.5. Con base en lo anterior, se advierte que, en sede de tutela, la parte accionante
pretende reabrir el debate sobre argumentos que ya fueron planteados y resueltos
por la autoridad judicial accionada en el auto censurado.

En efecto, el Tribunal Administrativo del Caquetá planteó como problemas jurídicos
principales, por un lado, si se debía revocar la sentencia de primera instancia que
declaró la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
y, por el otro, si el acto administrativo demandado, contenido en la Resolución 9508
del 28 de octubre de 2016, por medio del cual se aceptó la renuncia del señor Jaime
Andrés Silva Murcia, desconoció el derecho de defensa.

El primer cuestionamiento fue resuelto de forma negativa y, frente al segundo
interrogante, desarrolló el marco normativo y jurisprudencial de la solicitud de retiro
voluntario y libre de un empleo y sus efectos. Acto seguido, luego de valorar el
acervo probatorio, el tribunal determinó que la Resolución 9508 del 28 de octubre
de 2016, mediante la cual se aceptó la renuncia al cargo de profesional de Defensa,
Código 3-1, Grado 02, de la planta de empleados públicos de la Unidad de Gestión
General del Ministerio de Defensa Nacional - Dirección de Asuntos Legales - Grupo
Contencioso Constitucional, no incurrió en falsa motivación ni en desviación de
poder, porque el entonces demandante se limitó a alegar que no se tuvo en cuenta
su hoja de vida, su salud y tampoco se respetaron los principios de objetividad,
imparcialidad, protección de la confianza legítima, igualdad, razonabilidad y
proporcionalidad.

15
Archivo denominado “005 Sentencia 2 Instancia […]”, visible a índice 11 de SAMAI, certificado C09B8C9FEC379EA5
B436D4B96E1EB42B 5D214794C7A99C1E EF6DA37F3FF54222.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01126-00
Accionante: Jaime Andrés Silva Murcia y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Caquetá
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

Además, precisó que, si bien el demandante se desempeñó de forma excelente
durante su trayectoria, lo cierto era que el buen desempeño de las funciones de un
empleado público es una obligación que debe cumplir todo aquel que ejerce
funciones públicas. Lo anterior, aunado al hecho de que no evidenció la existencia
de motivos distintos al traslado solicitado por la necesidad del servicio y de que se
demostró que el retiro de la entidad fue por voluntad propia al momento de presentar
la renuncia irrevocable.

Por último, respecto de las pretensiones subsidiarias, señaló que estaban incursas
en el fenómeno de caducidad.

4.6. Finalmente, respecto al argumento orientado al desconocimiento del
precedente fijado por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, esta última
corporación ha sostenido que establecer su configuración exige que el accionante
vincule la falta de aplicación de una regla jurisprudencial con la violación de una
garantía fundamental o, en otros términos, que explique con suficiencia por qué el
precedente con identidad fáctica y jurídica era aplicable en su caso y de qué forma
la inobservancia de tales consideraciones o reglas jurisprudenciales afectó sus
garantías fundamentales16.

Ahora, en el sub lite, el accionante cita las sentencias de la Corte Constitucional C-
096 de 2007, T-488 de 2011, T-777 de 2012, T-338 de 2013, T-527B de 2014 y T-
682 de 2014, T-095 de 2013 y T-079 de 2017, T-543 de 2009, T-325 de 2010 y T-
588 de 2010, T-308 de 2015, T-489 de 2014 y T-425 de 2015, T-653 de 2011, T-
165 de 2004, T-1010 de 2007, T-791 de 2010 y T-863 de 2011.

No obstante, no indicó la similitud fáctica y jurídica que permita concluir, de manera
acertada, que en efecto se incurrió en la causal específica invocada, para ligar de
manera inescindible los fundamentos de hecho con una situación que pudiera
transgredir los derechos fundamentales de los que es titular. Esta falta de sustento
impide el análisis del cargo y exime a la Sala de realizar un estudio de fondo, lo que
permite concluir que el defecto alegado carece de relevancia constitucional.

16
Compárese, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 11
de octubre de 2024, radicado 11001-03-15-000-2024-04599-00.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01126-00
Accionante: Jaime Andrés Silva Murcia y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Caquetá
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

Resulta claro, entonces, que la parte actora pretende utilizar este mecanismo
constitucional como si constituyera una instancia adicional, pues, como quedó
expuesto, los reproches formulados en su escrito de tutela buscan reabrir el debate
que tuvo lugar en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con
el propósito de que se imponga su interpretación por encima de la adoptada por el
Tribunal Administrativo del Caquetá en el proceso 11001-3342-052-2017-00135-
00/-01. Cuestión distinta es que la parte accionante no comparta el sentido de la
decisión adoptada, aspecto que desborda el ámbito de competencia del juez
constitucional, en tanto no le corresponde definir la forma en que el juez natural
debe decidir.

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta la autonomía judicial y el carácter
estrictamente excepcional de la acción de tutela, es preciso señalar que no basta
con manifestar inconformidades frente a las decisiones judiciales objeto de censura,
ni con alegar la configuración de los requisitos especiales de procedencia. De ser
así, la discusión se limitaría a asuntos de mera legalidad, sin trascendencia
constitucional.

4.7. Al respecto, se insiste en que la procedencia de la acción de tutela en contra
de decisiones judiciales es de carácter residual y no puede usarse para desconocer
la autonomía e independencia judicial ni los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica, en razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y no como un
“juicio de corrección” de la decisión cuestionada17, lo que se opone a que se use
indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole
probatoria o de interpretación del derecho que se resolvieron en el curso del proceso
ordinario18.

5. En consecuencia, el presupuesto de relevancia constitucional, como se expuso,
no se encuentra superado en este caso y hace que la acción constitucional resulte
improcedente.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

17
Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009.
18
Corte Constitucional, sentencia T-384 de 2018.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01126-00
Accionante: Jaime Andrés Silva Murcia y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Caquetá
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional, de conformidad
con las razones ut supra.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo
31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejero de Estado Consejera de Estado

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