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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01127-00

Fecha
19 de marzo de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01127-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales -UGPP-, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01127-00

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

19 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: Rosalba Ortiz Pérez.
Parte accionada: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01127-00.
Asunto: Tutela contra providencia judicial. Improcedencia por falta de
relevancia constitucional.

Sentencia de primera instancia

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte accionante
contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

1.1. Mediante Resolución No. RDP 046623 del 12 de diciembre de 2016,
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales,
en adelante UGPP, le reconoció a la señora Rosalba Ortiz Pérez y a su
hijo el pago de una pensión de sobrevivientes en cuantía del 50% para
cada uno, con ocasión del fallecimiento de su cónyuge, el señor Miguel
Ángel Correa Vanegas.

1.2. Mediante Resoluciones No. RDP 033405 del 7 de noviembre de 2019
y No. RDP 000843 del 15 de enero de 2020, la UGPP negó la pensión
de sobrevivientes solicitada por la señora Sor María Herrera Arenas en
calidad de compañera permanente del señor Miguel Ángel Correa

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Vanegas y dejó en suspenso el pago de la pensión correspondiente a la
accionante.

1.3. Mediante Resoluciones No. RDP 004487 del 18 de febrero de 2020
y No. RDP 6471 del 6 de marzo de 2020, la UGPP ordenó el pago de la
pensión de sobrevivientes a la señora Rosalba Ortiz Pérez en un
porcentaje del 63.35% a partir del 14 de febrero de 2020 y dejó en
suspenso el porcentaje restante.

1.4. La señora Rosalba Ortiz Pérez en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho presentó demanda contra la
UGPP, con el fin de que se declarara la nulidad de las resoluciones antes
referidas por las cuales se le ordenó el pago de la pensión de
sobrevivientes en un porcentaje del 63.35% a partir del 14 de febrero de
2020 y dejó en suspenso el porcentaje restante y, a título de
restablecimiento del derecho, se ordenara a pagar dicha pensión en
cuantía del 100% del monto de la pensión.

1.5. Al trámite de la anterior demanda fue vinculada la señora Sor María
Herrera, quien contestó la demanda y pidió que le fuese reconocida en un
porcentaje la sustitución de la pensión.

1.6. El Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito de Cali, mediante
sentencia de 22 de marzo de 2024 accedió a las pretensiones de la
demanda, al considerar que la aquí accionante tenía derecho al 100% de
la sustitución pensional porque demostró la convivencia desde el
matrimonio hasta la muerte del causante. Mientras que la señora Sor María
Herrera no acreditó la convivencia en los últimos cinco años de vida del
finado.

1.6. Inconforme con la decisión anterior la señora Sor María Herrera
presentó recurso de apelación.

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1.7. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante providencia
de 20 de octubre de 2025 revocó la sentencia de primera instancia, al
considerar que se acreditó una convivencia simultánea de la cónyuge y
la compañera permanente con el causante, por lo que a la señora
Rosalba Ortiz Pérez le correspondía la sustitución pensional en un
63.35% y a la señora Sor María Herrera Arenas en 36.65%, dado que
esta última demostró que tuvo una relación afectiva durante los cinco
años antes de la muerte del pensionado.

1.8. La accionante presentó solicitud de corrección, aclaración o adición
de la sentencia de 20 de octubre de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.

1.9. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante providencia
de 10 de diciembre de 2025 resolvió negar la solicitud de aclaración o
corrección solicitada, al considerar que lo pretendido era reabrir el debate
sobre los porcentajes en que fue distribuida la sustitución pensional.

2. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora manifestó que la autoridad accionada incurrió en defecto
fáctico al considerar que incurrió en una valoración ambigua y superficial del
material probatorio puesto que: i) le otorgó a los testigos de la señora Sor María
Herrera Arenas un sentido y alcance distinto al que materialmente le
correspondía y, ii) al establecer que el contrato de arrendamiento suscrito en
octubre de 2007 era prueba suficiente para el inicio de la convivencia sostenida
entre Miguel Ángel Correa y la señora Herrera Arenas, ya que “[…] el causante
aparecía como coarrendatario y obraban algunas facturas de pago del canon
de arrendamiento […]”.

Aseguro que el tribunal accionado valoró de manera insuficiente las pruebas
que allegó para demostrar la convivencia de ella con el causante desde la
fecha de su matrimonio hasta el deceso, como fueron: i) los certificados que
acreditaban los gastos del sepelio, ii) ser la beneficiaria del causante del

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servicio de salud y del seguro por muerte con la póliza de seguros 0000001
del 11 de mayo de 2016, iii) aparecer su dirección registrada en la historia
clínica del pensionado y demás.

Adujo que las pruebas practicadas a solicitud de la señora Sor María Herrera
Arenas no permitían inferir con grado de certeza que hubiera convivido con el
causante hasta su muerte.

Señaló que la autoridad accionada incurrió en defecto sustantivo al interpretar
de manera errónea el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 modificado por el
artículo 13 de la Ley 797 de 2003.

Agregó que se equivocó el tribunal accionado al equiparar relación afectiva
con convivencia afectiva, conceptos jurídicamente diferenciados por el “[…]
Consejo de Estado 4 de marzo de 2021, radicado 23001-23-33-000-2014-
00074-02 (6180-18) […]”, tanto que la norma exige no simplemente una
relación afectuosa esporádica, sino una convivencia real, efectiva y continúa
durante los cinco años inmediatamente anteriores al fallecimiento.

3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 5.1. Dejar sin valor o efecto jurídico la sentencia de segunda instancia
proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca
el 20 de octubre de 2025, en el proceso radicado
76001333301820200011001 mediante la cual revoca la proferida por el
Juzgado 18 Administrativo del Circuito de Cali el 22 de marzo de 2024,
para en su lugar confirmar la de primer grado por haberse emitido
conforme a derecho.

5.1.1. En subsidio de lo anterior, se ordene al Tribunal Contencioso
Administrativo del Valle del Cauca, que motive, subsane y remplace la
sentencia, reconociendo el derecho de crédito que el Juzgado Primero
Laboral del Circuito de Tuluá definiera a nombre de la accionante con
fundamento en el inciso 2, artículo 1634 del Código Civil, en la sentencia
de tutela del 13 de febrero de 2020; distribuya la pensión de manera
motivada y equitativa, exponiendo y explicando las operaciones
aritméticas y teniendo en cuenta que con la accionante, el causante vivió
todo el tiempo desde el matrimonio; sin que pueda repetirse por demás,
que la prescripción solo opera con anterioridad al deceso del señor Miguel

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Ángel Correa Vanegas, es decir, cuando aún no había nacido a la vida
jurídica la pensión de sobrevivientes.

5.2. Ruego se adopten las medidas o correctivos que se estimen
procedentes o necesarios para garantizar el restablecimiento de los
derechos fundamentales de quien acciona y el cese en su vulneración
[…]”.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Mediante auto de 24 de febrero de 2026, se admitió la presente acción de
tutela y se vinculó a la UGPP y a la señora Sor María Herrera Arenas, en
calidad de terceros con interés directo en el resultado del proceso.

III. INTERVENCIONES

1. La UGPP solicitó declarar la improcedencia de la acción constitucional
porque la decisión cuestionada se ajustó a derecho y porque lo pretendido por
la accionante es buscar una tercera instancia para que sea revisada una
decisión adoptada por el juez competente.

Finalmente, solicitó su desvinculación porque esa entidad no vulneró ningún
derecho fundamental de la parte accionante ni es la competente para resolver
lo solicitado.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.

1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

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2. Cuestión previa

La Sala advierte que la UGPP solicitó su desvinculación del presente trámite
de tutela.

La Sala considera que, comoquiera que la UGPP fungió como parte procesal
dentro del proceso objeto de tutela identificado con radicado 76001-33-33-018-
2020-00110-01, le asiste interés directo en la decisión de la acción
constitucional de la referencia, razón por la que se negará la solicitud de
desvinculación.

3. Problemas jurídicos

De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sección debe establecer:

A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y,
si ello es así, se deberá:

B) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.

4. Caso concreto

4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela

La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional2 como del Consejo
de Estado3 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de unos
requisitos generales y, como segunda medida, a la configuración de alguno de
los requisitos especiales para dicha procedencia.

2
Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras.
3
Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009-01328-01(IJ) y 2012-02201-01,
respectivamente. Entre otras.

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Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales se han establecido, los siguientes: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la
identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en
el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las
excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

El requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales atinente a la relevancia constitucional se entiende satisfecho cuando
se acredita que el asunto planteado gira en torno al contenido, alcance y goce
de algún derecho fundamental4 y se descarta el uso del mecanismo de amparo
como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces5.

En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional precisó que la sola
mención de la vulneración de un derecho fundamental y la asociación de dicha
afectación con la configuración de un defecto es insuficiente para tener por
acreditado el cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional.

En ese sentido, en dicha decisión, se señaló que, además de la obligación de
identificar cuáles eran los derechos fundamentales vulnerados y por qué se
configuró el defecto alegado, el extremo accionante debe hacer una exposición
a partir de la cual se evidencie que el caso en cuestión: (i) tiene la “[…] entidad
de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]»; (ii) que el alcance de la controversia
“[…] no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”, y (iii) que se “[…]
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales […]”.

4
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente:
Dr. Jaime Córdoba Triviño.
5
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.

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En este contexto, resulta claro que la relevancia constitucional como requisito
genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
tiene como propósito; (i) evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente económico; (ii)
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la
competencia y la independencia del juez ordinario.

Respecto de lo anterior, esta Sala advierte que la argumentación que esgrimió
la parte actora para acreditar la supuesta vulneración de los derechos
fundamentales en que incurrió la autoridad accionada no devela que el
presente asunto gire en torno al alcance de algún derecho fundamental, sino,
únicamente, frente a la mera inconformidad con la decisión adoptada en el
marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicación núm. 76001-33-33-018-2020-00110-01.

Lo anterior teniendo en cuenta que el extremo accionante en ningún momento
está poniendo de relieve que la autoridad judicial haya incurrido en una
arbitrariedad judicial, ni tampoco hace una exposición a partir de la cual se
evidencie que su caso tiene la “[…] entidad de interpretar, aplicar, desarrollar
la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental” y
mucho menos justifica “[…] razonablemente una afectación desproporcionada
a derechos fundamentales”.

Cabe destacar que la argumentación planteada por la parte actora está asociada
a que la autoridad accionada valoró indebidamente el material probatorio al tener
por acreditado sin estarlo que la señora Sor María Herrera Arenas sostuvo una
convivencia afectiva con su cónyuge, circunstancia que se traduce en la
reapertura de un asunto que ya fue resuelto por el juez natural de la causa
judicial.

En este contexto, se considera que los argumentos de la parte actora más que
develar la existencia de una cuestión que sea de “verdadera relevancia
constitucional” que conlleve la presunta trasgresión de derechos

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fundamentales, demuestra una inconformidad con la decisión adoptada por la
autoridad accionada como si este mecanismo se tratase de un recurso o
instancia adicional, por lo cual el juez de tutela no puede inmiscuirse en dicho
asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela un carácter que no le es propio
de su naturaleza y de paso invadir la competencia y la independencia del juez
natural.

Bajo los anteriores argumentos, la Sala declarará improcedente la acción de
tutela, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales -UGPP-, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la
referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta
sentencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

CUARTO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

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PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

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