Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01128-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01128-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01128-00
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
17 de julio de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01128-00
Accionante: Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01128-00
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Accionado: Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla
Referencia: Acción de tutela
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial – carácter subsidiario del amparo. Requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. Relevancia-
Improcedencia.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela formulada por la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP contra el
Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social - UGPP, actuando por conducto de apoderado judicial, interpuso
acción de tutela en procura del amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la defensa y de acceso a la administración de justicia, los cuales estima
vulnerados por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, con
ocasión de las providencias proferidas el 23 de octubre y 12 de noviembre de 2025,
respectivamente, dentro del incidente de desacato identificado con el radicado núm. 08-
001-3333-006-2025-00132-00/01.
2. Hechos
De conformidad con el escrito de tutela 1 y los documentos allegados al expediente, se
expone la siguiente relación fáctica:
2.1. La señora Yolanda Joselina González formuló acción de tutela contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social -en adelante UGPP- en procura del amparo de sus derechos
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189451D480EC84D9.
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Accionante: Administrativa Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP
fundamentales. Dicha actuación fue identificada con el radicado núm. 08-001-3333-006-
2025-00132-00/01.
2.2. Mediante sentencia del 20 de junio de 2025 2, el Juzgado Sexto Administrativo Oral
del Circuito de Barranquilla amparó los derechos fundamentales de petición, seguridad
social y debido proceso de la actora, al considerar que la UGPP no había dado respuesta
a la petición radicada el 19 de septiembre de 2024, mediante la cual solicitó el
reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva.
Como consecuencia de lo anterior, dispuso:
“PRIMERO. -TUTELAR el derecho fundamental de petición y debido proceso a la
señora Yolanda Joselina González, el cual se encuentra vulnerado por la Unidad
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-
UGPP, por las razones expuestas en precedencia.
SEGUNDO. - En consecuencia, ORDENAR a la Unidad de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP para que dentro de los
dos (2) días días siguientes, a la notificación de la presente providencia, emitir y
notificar respuesta clara y de fondo a la petición de reconocimiento y pago de
indemnización sustitutiva, presentada 19 de septiembre de 2024, por la señora
Yolanda Joselina González.”.
2.3. Posteriormente la actora formuló incidente de desacato, al considerar que la UGPP
incumplió las órdenes impartidas en la referida sentencia de tutela.
2.4. Mediante auto del 28 de julio de 2025, el Juzgado Sexto Administrativo Oral del
Circuito de Barranquilla declaró el incumplimiento del fallo de tutela del 20 de junio de
2025 y, en consecuencia, impuso a Luciano Grisales Londoño, en su calidad de director
general de la UGPP una multa equivalente a tres (3) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
2.5. El 1 de agosto de 2025 la UGPP presentó memorial ante el Tribunal Administrativo de
Atlántico mediante el cual acreditaba haberse ejecutado lo ordenado en el fallo
constitucional con la expedición de la Resolución RDP 008621 del 24 de julio de 2025.
2.6. A través de auto del 5 de agosto de 2025, el Tribunal Administrativo de Atlántico, al
resolver el grado jurisdiccional de consulta, confirmó parcialmente la decisión de primera
instancia, en el sentido de declarar a la UGPP en desacato y reducir la multa impuesta a
un (1) salario mínimo legal mensual vigente.
2.7. Mediante memorial del 8 de agosto de 2025 la UGPP solicitó al Juzgado Sexto
Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla la inaplicación de la sanción por desacato,
al considerar que había dado cumplimiento al fallo de tutela mediante la expedición de la
Resolución RDP 008621 del 24 de julio de 2025.
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051C9005909E9C22.
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2.8. El 23 de octubre de 2025, el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de
Barranquilla se abstuvo de iniciar el trámite incidental solicitado por la señora Yolanda
Joselina González Llinás y resolvió negar la solicitud de inaplicación de la sanción
propuesta por la UGPP.
2.9. Tanto la señora Yolanda Joselina González Llinás como la UGPP interpusieron
recurso de reposición en contra del auto del 23 de octubre de 2025. Dicho recurso fue
resuelto de manera desfavorable mediante auto del 12 de noviembre de 2025.
3. Pretensiones y argumentos de la solicitud:
La actora formuló las siguientes pretensiones:
“Primero. Se ACCEDA al decreto de la medida provisional de suspensión de la
sanción de multa de 1 smlmv impuesta al señor LUCIANO GRISALES LONDOÑO
en su calidad de Director General de la Unidad dentro de la acción de tutela 2025-
00132 en auto del 18 de julio de 2025 emitido por el JUZGADO SEXTO
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA y modificado por
el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO SECCIÓN “C” en sede de
consulta en decisión del 05 de agosto de 2025, mientras se resuelve de fondo el
caso que se pone de presente ante su señoría.
Como consecuencia de tal medida se ordene librar los oficios ante las autoridades
de cobro coactivo pertinentes y al JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA con el fin de que emitan las decisiones ante
las autoridades pertinentes.
Segundo. Sean AMPARADOS los derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia del señor LUCIANO GRISALES LONDOÑO
en su calidad de Director General de la Unidad, en razón a la negativa de acceder
a inaplicar la sanción de multa y el consecuente levantamiento de tal medida a él
impuesta dentro del trámite incidental de la acción de tutela 2025-00132 ante el
cabal cumplimiento de la sentencia del 20 de junio de 2025 con la expedición de la
Resolución RDP 008621 del 24 de julio de 2025, la cual fue debidamente
notificada a quien acciona desde el 31 de julio de 2025.
Tercero. Consecuentemente DEJAR sin efectos los autos del 23 de octubre de
2025 y 12 de noviembre de 2025 dictados por el JUZGADO SEXTO
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA dentro de la
acción de tutela 08001333300620250013200 donde se negó inaplicar la sanción
de multa impuesta al señor LUCIANO GRISALES LONDOÑO, en su calidad de
Director General de la Unidad, por la grave configuración del defecto material o
sustantivo en razón al desconocimiento que de los precedentes de la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado hizo ese estrado judicial para resolver
nuestras peticiones del 08 de agosto de 2025 y 24 de octubre de 2025.
Cuarto. ORDENAR al JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO DE BARRANQUILLA, que expida una decisión judicial en la cual se
ACCEDA AINAPLICAR la sanción de multa que le fue impuesta al señor
LUCIANO
GRISALES LONDOÑO, en su calidad de Director General de la Unidad ante el
cabal cumplimiento de la sentencia de tutela y como consecuencia de ello se
ordene librar los oficios de levantamiento de tal medida económica ante las
autoridades pertinentes por no existir orden pendiente de ejecución.”
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Como sustento de sus pretensiones, la parte actora afirmó que la negativa de inaplicar y
levantar la sanción de multa, pese al cabal cumplimiento de la orden impartida en el fallo
de tutela y a la inexistencia de una orden judicial pendiente de ejecución, vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
Como punto de partida, sostuvo que en el presente asunto se cumplen los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. En
particular, respecto del requisito de relevancia constitucional, señaló que la controversia
involucra la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia.
Adujo que las decisiones cuestionadas incurren en los defectos sustantivo por
desconocimiento del precedente jurisprudencial, en la medida en que el Juzgado Sexto
Administrativo Oral de Barranquilla se apartó injustificadamente de los precedentes
jurisprudenciales de la Corte Constitucional, en particular, de las sentencias T-421 de
2003, T-171 de 2009, SU-034 de 2018 y de los autos 202 de 2013 y 206 de 2017, así
como de la jurisprudencia del Consejo de Estado, específicamente, de las providencias
del 24 de septiembre de 2015, 19 de mayo de 2016 y 14 de mayo de 2020, en las que se
ha reconocido la posibilidad de inaplicar las sanciones impuestas dentro de un incidente
de desacato cuando se acredita el cumplimiento integral de las órdenes impartidas en el
fallo de tutela, aun cuando la sanción se encuentre ejecutoriada.
Asimismo, sostuvo que la autoridad judicial accionada desconoció la normativa y la
jurisprudencia que regulan el trámite incidental de desacato, cuyo propósito es obtener el
cumplimiento efectivo de las órdenes impartidas en la sentencia de tutela. Afirmó que
dicho cumplimiento se produjo desde el 31 de julio de 2025, por lo que, a su juicio, las
providencias cuestionadas constituyen una vía de hecho. En ese sentido, destacó que
dentro del incidente quedó acreditado que la UGPP adelantó las actuaciones necesarias
para acatar la orden judicial mediante la expedición de la Resolución RDP 008621 del 24
de julio de 2025, por medio de la cual resolvió de fondo la petición objeto de la acción de
tutela. En consecuencia, sostuvo que el fallo fue cumplido y que actualmente no existe
orden pendiente de ejecución que justifique el mantenimiento de la sanción de multa.
Igualmente, manifestó que el 1.º de agosto de 2025 radicó, a través del sistema SAMAI,
una solicitud ante el Tribunal Administrativo del Atlántico para que revocara la sanción
impuesta, al considerar que la expedición de la Resolución RDP 008621 del 24 de julio de
2025 acreditaba el cumplimiento de lo ordenado en el fallo de tutela. No obstante, señaló
que dicha corporación, al resolver el grado jurisdiccional de consulta, omitió valorar el
referido memorial y, en consecuencia, confirmó parcialmente el auto del 28 de julio de
2025, mediante el cual el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla
declaró el desacato, aunque redujo el monto de la multa impuesta.
Finalmente, concluyó que la negativa de acceder a la solicitud de inaplicar y levantar la
sanción de multa valida un abuso del derecho, pues, en su criterio, la decisión del juzgado
accionado de mantener dicha sanción, pese a haberse acreditado el cumplimiento del
fallo de tutela, configura una vía de hecho por defecto sustantivo, al desconocer el
precedente de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado relativo a la facultad de
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dejar sin efectos las sanciones impuestas en el trámite de desacato cuando las órdenes
de tutela han sido plenamente cumplidas.
4. Trámite de tutela e intervenciones
4.1. Mediante auto del 23 de febrero de 2026 3, el Despacho del magistrado William
Barrera Muñóz admitió la acción de tutela contra el Juzgado Sexto Administrativo Oral
del Circuito de Barranquilla; notificó a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y vinculó
como terceros con interés al Tribunal Administrativo del Atlántico y a Yolanda Joselina
Gonzáles Llinás. Asimismo, requirió a la autoridad judicial mencionada para que remitiera
copia digital del expediente identificado con el radicado núm. 08-001-3333-006-2025-
00132-00/01.
Adicionalmente negó la medida cautelar solicitada debido a que perseguía el mismo
propósito que la acción de tutela y no se observó la configuración de un perjuicio
irremediable.
Enviadas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:
4.2 El Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla 4 remitió copia
digital del expediente tramitado ante esa Corporación y rindió informe mediante el cual
solicitó declarar la improcedencia de la acción.
Para sustentar su posición, expuso las actuaciones surtidas dentro del incidente de
desacato y destacó que, mediante auto del 23 de octubre de 2025, se abstuvo de abrir un
nuevo incidente de desacato y negó la solicitud de inaplicación de la sanción presentada
por la UGPP, por cuanto: (i) no se acreditaron actuaciones positivas que demostraran el
cumplimiento oportuno de la orden judicial; (ii) el tiempo transcurrido entre la presentación
de la petición y su respuesta fue excesivo; y (iii) la sentencia de tutela también amparó el
derecho fundamental a la seguridad social de una persona adulta mayor, cuya solicitud
estaba dirigida al reconocimiento y pago de una indemnización sustitutiva.
Indicó que contra dicha decisión la UGPP interpuso recurso de reposición, el cual fue
resuelto de manera desfavorable mediante auto del 12 de noviembre de 2025,
providencia que fue debidamente notificada ese mismo día a las 15:58 horas.
Asimismo, señaló que los autos del 23 de octubre y del 12 de noviembre de 2025 fueron
proferidos con fundamento en un análisis del caso concreto y en aplicación de las reglas
jurisprudenciales que gobiernan la imposición y eventual inaplicación de las sanciones
por desacato. Al respecto, concluyó que la entidad incidentada no demostró haber
actuado con la diligencia exigible para cumplir el fallo de tutela, circunstancia que
prolongó la vulneración de los derechos fundamentales de la actora, toda vez que la
petición únicamente fue resuelta un año después de su radicación, pese a la existencia de
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Índice 00004 del aplicativo SAMAI, certificado 26866628C7CF9650 63AF88495C4C7570 273A35F21FBDB4AA
10802E84B5AE6B43.
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1F96025613009F91.
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la sentencia de tutela y del correspondiente incidente de desacato. En consecuencia,
consideró que no se acreditaron circunstancias excepcionales que justificaran la
inaplicación de la sanción.
Añadió que, si el juez de tutela accediera a dejar sin efectos una sanción por desacato sin
la existencia de razones específicas que lo justificaran, el incidente de desacato perdería
eficacia como mecanismo para garantizar el cumplimiento de las órdenes
constitucionales, pues las entidades obligadas podrían cumplirlas de manera discrecional
y, posteriormente, solicitar la inaplicación de la sanción.
En conclusión, sostuvo que la presente acción de tutela debe declararse improcedente,
por cuanto la sanción fue impuesta con observancia del precedente constitucional, en
particular de la Sentencia SU-034 de 2018, y porque no se acreditaron circunstancias
excepcionales que hubieran impedido el cumplimiento oportuno del fallo ni actuaciones
positivas encaminadas a demostrar la voluntad real de acatarlo.
4.3. El Tribunal Administrativo de Atlántico5, por conducto del Magistrado Jorge
Hernán Sánchez Felizzola solicitó declarar la improcedencia de la acción por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional e inmediatez, o,
subsidiariamente, que se negara el amparo solicitado.
Luego de analizar la sentencia de tutela y la providencia mediante la cual, en sede del
grado jurisdiccional de consulta, declaró el desacato y modificó la sanción inicialmente
impuesta, reduciéndola a un (1) salario mínimo legal mensual vigente, sostuvo que la
UGPP pretende utilizar la acción de tutela como una instancia adicional para cuestionar la
valoración probatoria efectuada dentro del trámite incidental, particularmente en lo
relacionado con el cumplimiento del fallo de tutela.
En cuanto al reproche consistente en la presunta omisión de valorar el memorial
presentado el 1.º de agosto de 2025, precisó que en el sistema OneDrive y en el correo
electrónico institucional del Tribunal no existía evidencia de su recepción, ni de ningún
otro documento que acreditara el cumplimiento de la sentencia de tutela. Agregó que
únicamente el 14 de agosto de 2025, cuando ya se había proferido y notificado el auto del
5 de agosto del mismo año, la Secretaría del Tribunal registró el memorial radicado por la
UGPP el 1.º de agosto de 2025, mediante el cual pretendía demostrar el cumplimiento de
la orden constitucional. En consecuencia, afirmó que, al momento de resolver el grado
jurisdiccional de consulta, no obraba en el expediente prueba alguna que acreditara el
cumplimiento del fallo.
Añadió que, una vez confirmada la declaratoria de desacato y modificada la sanción en
sede de consulta, la UGPP conservaba la posibilidad de acreditar el cumplimiento de la
sentencia ante el juez de primera instancia y solicitar el levantamiento de la sanción
impuesta.
Finalmente, manifestó que la providencia proferida por esa corporación no incurrió en
ninguno de los defectos alegados, pues fue adoptada con fundamento en las pruebas que
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Índice 00015 del aplicativo SAMAI, certificado 35537E87D663E840 7470CAA58991D6C9 81AA390A4FD8FA0A
844295C2C65D1EC3.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01128-00
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y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP
obraban en el expediente y que se encontraban a disposición del despacho para el 5 de
agosto de 2025. En ese orden, sostuvo que de la lectura de la demanda de tutela se
evidencia que la UGPP pretende reabrir un debate ya decidido por el juez natural.
Adicionalmente, señaló que el auto del 5 de agosto de 2025 fue notificado el 6 de agosto
siguiente, mientras que la presente acción de tutela fue interpuesta el 16 de febrero de
2026, circunstancia que, a su juicio, evidencia el incumplimiento del requisito de
inmediatez exigido para la procedencia excepcional de la tutela contra providencias
judiciales.
4.4. La señora Yolanda Joselina Gonzáles Llinás pese a ser debidamente notificada 6
guardo silenció dentro del presente trámite.
4.5. El consejero William Barrera Muñóz al advertir que el proyecto de fallo presentado en
la sesión de Sala celebrada el 17 de abril de 2026 fue derrotado, mediante auto del 22 de
junio de 20267 ordenó remitir el expediente al despacho de la magistrada Adriana Polidura
Castillo para la elaboración de la correspondiente ponencia
En cumplimiento de lo anterior, el 24 de junio de 20268 el expediente ingresó al despacho
de la magistrada ponente para su correspondiente trámite.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del Decreto
2591 de 1991.
2. Legitimación en la causa
2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, toda vez que la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales y Parafiscales-UGPP
es titular de los derechos fundamentales que estima vulnerados, en su condición de
incidentada dentro del trámite del incidente de desacato identificado con el radicado
número 08001-3333-006-2025-00132-00/01.
2.2. De igual manera, está acreditada la legitimación en la causa por pasiva, en tanto el
Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla es la autoridad judicial que
profirió las decisiones que según la accionante vulneraron sus derechos fundamentales.
3. Problema jurídico.
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Índice 00019 del aplicativo SAMAI.
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Índice 00022 del aplicativo SAMAI, certificado E66D75281AA618A1 6E1B59A7A9E8C65E
2F7E96C120BDFC9D 1065C67170399B23.
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Índices 00026 y 00027 del aplicativo SAMAI.
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y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP
Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.
En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los argumentos
expuestos por la parte accionante.
4. Procedibilidad de la acción
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos que
reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 2005 9 indicó que estas proceden si se
cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general, que
habilitan la interposición de la tutela10 y otros de carácter específico, que tocan con la
procedencia misma del amparo, una vez interpuesto11.
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es
la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues
ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los
jueces naturales, así como su autonomía funcional”12.
9
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
10
De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela, salvo que se busque evitar que se configure un perjuicio irremediable; que la petición cumpla con el
requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, en principio, esta
tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se
identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido
cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
11
Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los
defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta
alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto
orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en
cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se
origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de
ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la
autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos
fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de
los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley
Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera
preferente la aplicación de sus postulados.
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
12
Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
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4.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales
que ponen fin al desacato
La Corte Constitucional ha señalado que, para la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, es necesario que la decisión cuestionada no corresponda
a una sentencia de tutela, en la medida en que los debates en torno a la protección de los
derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida.
No obstante, la jurisprudencia constitucional ha admitido, de manera excepcional, la
procedencia de la acción de tutela contra las providencias que deciden un incidente de
desacato, en atención a la naturaleza de este trámite y a su finalidad de garantizar la
efectividad de las órdenes impartidas en sede de tutela. En tales eventos, la procedencia
del amparo se encuentra supeditada al cumplimiento de los siguientes requisitos:
“i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre ejecutoriada; es decir
que la acción de tutela es improcedente si se interpone antes de finalizado el trámite
–incluido el grado jurisdiccional de consulta, si es del caso–.
ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales y se sustente, por lo menos, la configuración una de las
causales específicas (defectos).
iii) Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben ser consistentes con lo
planteado por él en el trámite del incidente de desacato, de manera que a) no debe
traer a colación alegaciones nuevas, que dejó de expresar en el incidente de
desacato, y b) no puede solicitar nuevas pruebas que no fueron pedidas en un
principio dentro del desacato y que el juez no tenía que practicar de oficio. (…)”13.
En ese contexto, la finalidad de este tipo de acciones de tutela dirigidas contra decisiones
que resuelven incidentes de desacato consiste en verificar si el juez competente adoptó
una determinación que garantizara el debido proceso en el trámite incidental.
En el caso concreto, la Sala examinará los autos proferidos por el Juzgado Sexto
Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla mediante los cuales se negó la solicitud de
inaplicar la sanción de multa impuesta dentro del incidente de desacato. Se trata,
entonces, de providencias que pusieron fin a dicho trámite, razón por la cual la presente
solicitud de amparo resulta, en principio, procedente frente a tales decisiones. Sin
perjuicio de lo anterior, corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, con el fin
de establecer su viabilidad en el caso concreto.
4.2. Relevancia constitucional.
Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las decisiones
judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto exclusivo es la
protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el asunto que origina
la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una clara, marcada e
indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez constitucional invada la
13
Corte Constitucional, Sentencia T-013 de 2022.
9
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órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez que garantiza la autonomía e
independencia judicial.
Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces”14.
En línea con lo anterior, en la Sentencia SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como
criterios para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el
debate en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii)
que la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el
reparo formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un
defecto.
Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el
estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos fundamentales.
De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales, el
análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; ii)
que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales; y iv) que
se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
De manera que la intervención del juez constitucional se establezca, exclusivamente,
ante graves defectos constitucionales.
Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte de
manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención del
juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o repercusión en la
vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el interés público, ya que el
asunto debe trascender el interés particular de las partes y generar un efecto más amplio
en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad y fundamentación de la petición de
amparo, con el fin de justificar su importancia.
Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir con
la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha hecho
14
Corte Constitucional, SU 573 de 2019.
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tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria,
a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los defectos definidos por la
jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control constitucional concreto 15.
5. Caso concreto
La Sala advierte que la presente acción de tutela no satisface el requisito de relevancia
constitucional, por las razones que se exponen a continuación.
5.1. Del análisis de las pretensiones formuladas en el escrito de tutela se desprende que
la UGPP cuestiona las decisiones proferidas por la autoridad judicial accionada con el
propósito de obtener la inaplicación de la sanción de la multa que le fue impuesta dentro
del incidente de desacato identificado con el radicado núm. 08-001-3333-006-2025-
00132-00/01.
Al respecto, sostuvo que las providencias cuestionadas incurren en un defecto sustantivo
por desconocimiento del precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional y del
Consejo de Estado relativo a los eventos en los que resulta procedente inaplicar las
sanciones impuestas dentro de un incidente de desacato cuando se acredita el
cumplimiento integral de las órdenes impartidas en el fallo de tutela, aun cuando la
sanción se encuentre ejecutoriada. A su juicio, esa situación se configuró en el presente
caso.
Asimismo, alegó que las decisiones cuestionadas constituyen una vía de hecho, en tanto
la autoridad judicial accionada desconoció la normativa y la jurisprudencia que regulan el
trámite incidental de desacato, cuya finalidad consiste en garantizar el cumplimiento
efectivo del fallo de tutela. En su criterio, dicho cumplimiento se produjo desde el 31 de
julio de 2025.
En ese sentido, enfatizó que dentro del trámite incidental quedaron acreditadas las
actuaciones adelantadas por la UGPP para dar cumplimiento a la orden constitucional, en
particular la expedición de la Resolución RDP 008621 del 24 de julio de 2025, mediante la
cual resolvió de fondo la petición objeto de la acción de tutela. Por ello, sostuvo que el fallo
fue plenamente acatado y que no existía orden alguna pendiente de ejecución que
justificara el mantenimiento de la sanción de multa.
Agregó que dicha circunstancia fue puesta en conocimiento del Tribunal Administrativo
del Atlántico, autoridad que conoció del asunto en sede del grado jurisdiccional de
consulta. No obstante, afirmó que esa corporación, al proferir el auto del 5 de agosto de
2025, omitió valorar la documentación con la que se acreditaba el cumplimiento de la
sentencia de tutela. Señaló, además, que posteriormente solicitó al Juzgado Sexto
Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla la inaplicación de la sanción de multa, al
considerar que se había configurado un hecho superado como consecuencia del
cumplimiento de la orden constitucional. Sin embargo, dicha solicitud fue negada
15
Cfr. sentencia C-590 de 2005.
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mediante auto del 23 de octubre de 2025 y esa decisión fue confirmada al resolverse
desfavorablemente el recurso de reposición mediante auto del 12 de noviembre de 2025.
5.2. En este contexto, resulta pertinente examinar las consideraciones expuestas por el
Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla en el auto del 23 de
octubre de 2025, mediante el cual se abstuvo de iniciar un nuevo trámite incidental
solicitado por la señora Yolanda Joselina González Llinás y negó la solicitud de
inaplicación de la sanción de multa formulada por la UGPP.
En esa providencia, la autoridad judicial analizó, en primer lugar, la jurisprudencia fijada
por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-034 de 2018 y concluyó que, durante el
trámite del incidente de desacato, la UGPP no adelantó las actuaciones necesarias para
hacer cesar la vulneración de los derechos fundamentales amparados mediante la
sentencia del 20 de junio de 2025. Lo anterior, por cuanto el informe presentado por la
entidad incidentada se limitó a exponer la complejidad del asunto, sin demostrar
actuaciones diligentes encaminadas al cumplimiento oportuno del fallo.
Adicionalmente, el juzgado advirtió que, desde la radicación de la solicitud administrativa,
había transcurrido más de un año sin que se emitiera una respuesta de fondo y que,
incluso, desde la presentación de la acción de tutela habían transcurrido más de seis
meses antes de que la entidad resolviera la petición. Ello, pese a que la Corte
Constitucional ha considerado que un término aproximado de cuatro meses constituye un
plazo razonable para decidir solicitudes de esa naturaleza. En consecuencia, concluyó
que no se configuraban las circunstancias excepcionales que justificaran la inaplicación
de la sanción de multa.
Con fundamento en tales consideraciones y de cara a las particularidades del caso
concreto, el Juzgado Sexto Administrativo de Barranquilla efectuó la siguiente valoración:
“1.2. De la solicitud de inaplicación de la sanción
La solicitante afirmó que la UGPP ha tenido la intención violentar derecho alguno a
quien acciona y presenta excusas por la tardanza en el acatamiento de la orden
judicial, indicando que ha dado cumplimiento, allegando prueba de la misma.:
La Corte Constitucional en Sentencia SU 034-2018, señaló al respecto:
“De lo expuesto, se colige que al momento de resolver un incidente de desacato, la
autoridad judicial debe tomar en consideración si concurren factores objetivos y/o
subjetivos determinantes para valorar el cumplimiento de una orden de tutela por
parte de su destinatario.
Entre los factores objetivos, pueden tomarse en cuenta variables como (i) la
imposibilidad fáctica o jurídica de cumplimiento, (ii) el contexto que rodea la
ejecución de la orden impartida, (iii) la presencia de un estado de cosas
inconstitucional, (iv) la complejidad de las órdenes, (v) la capacidad funcional de la
persona o institucional del órgano obligado para hacer efectivo lo dispuesto en el
fallo, (vi) la competencia funcional directa para la ejecución de las órdenes de
amparo, y (vii) el plazo otorgado para su cumplimiento.
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Por otro lado, entre los factores subjetivos el juez debe verificar circunstancias
como (i) la responsabilidad subjetiva (dolo o culpa) del obligado, (ii) si existió
allanamiento a las órdenes, y (iii) si el obligado demostró acciones positivas
orientadas al cumplimiento. Vale anotar que los factores señalados son
enunciativos, pues, en el ejercicio de la función de verificación del cumplimiento, el
juez puede apreciar otras circunstancias que le permitan evaluar la conducta del
obligado en relación con las medidas protectoras dispuestas en el fallo de tutela.”
Es ese contexto, se permite el juzgado señalar que, durante el trámite incidental la
accionada no tomó las acciones o gestiones encaminadas a la cesación de la
vulneración del derecho constitucional tutelado de manera definitiva, pues en su
informe solo se limitó a indicar la complejidad del caso, sin detallar en qué consistía la
misma, pues había transcurrido más de 6 meses desde la solicitud, cuando la Corte
Constitucional en su jurisprudencia señala como término razonable para responder
estas solicitudes de máximo 4 meses. Sanción confirmada en el grado de consulta
por el superior.
Así las cosas, no se accederá a lo solicitado y se mantendrá la sanción impuesta.16”
La UGPP interpuso recurso de reposición contra el auto del 23 de octubre de 2025, en el
que alegó el desconocimiento de la Sentencia SU-034 de 2018 de la Corte Constitucional
y de la providencia proferida por el Consejo de Estado el 19 de mayo de 2016. Además,
formuló los siguientes reparos:
“Bajo este contexto no era procedente continuar con la sanción de multa ya que ello
conlleva desconocer que la finalidad del incidente no es la imposición de sanciones
sino obtener el cabal cumplimiento de la orden constitucional la cual ya se dio en este
caso, por lo que con la expedición de la Resolución RDP 008621 del 24 de julio de
2025 la Unidad no solo desvirtuó la responsabilidad de tipo subjetiva que señala su
señoría en el auto recurrido para mantener la multa impuesta sino que además con
ella garantizó plenamente los derechos del accionante haciendo que la base del
presente incidente y su sanción hoy no tengan soporte jurídico para seguir activos al
no existir orden pendiente de cumplimiento haciendo por ello viable que solicitemos
de manera respetuosa a su señoría ACCEDER A INAPLICAR LA SANCIÓN DE
MULTA contra el Director de la UGPP por encontrarse probado que la esencia de
este trámite incidental está hoy culminado.
Debe señalarse que no ha sido la intención de la UGPP no haber dado una respuesta
oportuna a la petición del accionante y que generó el presente trámite incidental sino
que ello se derivó de los trámites internos que junto con los problemas con los
sistemas de información y la falta de personal para poder cubrir la cantidad de
peticiones que elevan los ciudadanos que se nos ha dado a lo largo del año ha traído
consigo un represamiento de peticiones, frente a lo cual hoy se está trabajando
arduamente con cada una de las áreas de la Entidad para poder superar dicha
situación sin que pueda catalogarse ello como una dilación injustificada, como
erradamente se está malinterpretando por su señoría.
Acorde con lo anterior y teniendo en cuenta que si bien la sanción por desacato busca
es establecer la responsabilidad subjetiva del funcionario o funcionarios por cuya
culpa se ha omitido el cumplimiento de la sentencia para obtener en virtud a ello su
cabal ejecución no es menos cierto que en este caso dicha omisión no ha existido,
pues como hemos probado una vez finalizaron las actuaciones administrativas
internas la Unidad procedió a expedir el acto administrativo con el cual se resolvió la
petición prestacional de quien acciona y con el cual además se cumplió el fallo de
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tutela desvirtuándose así cualquier tema de negligencia en cabeza de la UGPP y/o de
sus funcionarios lo que hacía viable que solicitáramos de su H. Despacho inaplicar la
sanción de multa pues los derechos fundamentales de quien acciona ya fueron
resarcidos con la respuesta dada sin que exista orden pendiente de ejecución,
demostrando con ello que no existió un nexo causal sustentado en la culpa o el dolo
que haga procedente mantener la sanción de multa contra el Dr. LUCIANO
GRISALES LONDOÑO en su calidad de Director General de la UGPP.17”
Mediante auto del 12 de noviembre de 2025, el Juzgado Sexto Administrativo Oral del
Circuito de Barranquilla resolvió los recursos de reposición interpuestos por la señora
Yolanda Joselina González Llinás y por la UGPP contra la providencia del 23 de octubre
del mismo año.
En cuanto a los reparos formulados por la UGPP frente a la negativa de inaplicar la
sanción de multa, la autoridad judicial concluyó que la entidad incidentada no acreditó el
cumplimiento del fallo dentro del término concedido, desatendió el requerimiento previo
efectuado durante el trámite del incidente y, al rendir el informe correspondiente, no
aportó soporte probatorio alguno que demostrara el acatamiento de la orden de tutela.
Precisó, además, que dicho soporte únicamente fue allegado el 8 de agosto de 2025, esto
es, con posterioridad a la imposición de la sanción y a la confirmación de su procedencia
en sede del grado jurisdiccional de consulta. A continuación, se transcriben los apartes
pertinentes de la providencia:
“Por su parte, la accionada no acreditó haber realizado gestiones pertinentes ni
acciones positivas a fin de cumplir con la orden judicial, así como tampoco la
imposibilidad de dar cumplimento.
Como se indicó en el fallo de tutela, la Corte fue consciente de la dificultad de un
término de tiempo tan corto para resolver sobre peticiones pensionales, asunto que
por su complejidad fáctica y normativa amerita un plazo mayor. Por ello, la Corte dejó
en claro que el plazo de 15 días podía extenderse hasta cuatro meses, esto mediante
aplicación analógica del artículo 19 del Decreto 656 de 1994, disposición que fija un
plazo máximo para responder peticiones en materia pensional por parte de las
entidades administradoras de pensiones, siempre y cuando la administración
informara al interesado sobre la imposibilidad de resolver de fondo su petición dentro
del plazo general dispuesto por el Código Contencioso Administrativo para responder
peticiones.
En el presente proceso se encontró probado que, transcurrió más de un año desde la
presentación de solicitud de reconocimiento y pago de indemnización sustitutiva, y su
resolución, toda vez que con la tutela pretendió la solución de fondo al recurso
interpuesto el 19 de septiembre de 2025, por lo tanto, para el despacho, no fue de
recibo el informe presentado por la entidad accionada, así como su solicitud de
modular la orden judicial, en cuanto no acreditó el trámite alguno, ni la realización de
acciones positivas para el respectivo cumplimiento, más allá de enunciar la
complejidad del procedimiento, sin tomar en consideración los derechos
fundamentales de la accionante, claramente vulnerados a la seguridad social, al
mínimo vital, al debido proceso, conllevando a la imposición de la sanción por
desacato a orden judicial.
Sumado a ello concluyó que, el incidentado Luciano Grisales Londoño en su calidad
de Director General de la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
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de la Protección Social - UGPP no dio cumplimiento a la orden judicial y pese a que el
23 de julio de 2025 con la apertura del incidente de desacato presentó un informe ante
esta agencia judicial, no acreditó siquiera sumariamente el cumplimiento, por ello la
sanción fue confirmada en el grado de consulta.
Así, solo hasta el 11 de agosto de 2025 que aportó la Resolución RDP 008621 de 24
de julio de 2025 con la cual resolvió de fondo la solicitud cuya respuesta pretendía con
la tutela, notificada el 31/07/2025. En ese punto itera el juzgado que el incidentado no
dio cumplimiento del fallo en la oportunidad concedida, no dio respuesta al
requerimiento previo y al momento de presentar informe no aportó pruebas. Las
pruebas solo fueron aportadas hasta el 08/08/2025, posterior a la imposición de la
sanción y su confirmación.
Es claro que, el objetivo del desacato no es solo imponer una sanción, sino también el
pleno restablecimiento del derecho fundamental que se encontró vulnerado. Los
artículos 23, 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991 fijaron los diferentes eventos y las
facultades de los jueces de instancia para que éstos hagan cumplir las decisiones,
haciendo explícitos el objetivo y contenido que deben tener los fallos de tutela, las
garantías de su cumplimiento y a las sanciones derivadas de su eventual
inobservancia.
Siendo obligatorio para la imposición de la sanción considerar el aspecto subjetivo de
responsabilidad, pues nuestro ordenamiento entre sus principios rectores proscribe la
responsabilidad objetiva, exigiendo así, que sea el resultado de una acción dolosa o
culposamente por el agente, de tal manera que no solo se debe determinar el
incumplimiento del fallo de tutela, sino además verificar la responsabilidad subjetiva
es decir el incumplimiento por parte del funcionario encargado. Por lo que siempre es
indispensable en esto trámites el análisis de las justificaciones o razones expuestas
frente al alegado incumplimiento.
En este punto, el juzgado no repondrá la decisión de no acceder a la solicitud de
inaplicar la sanción, comoquiera que el incidentado no mostró diligencia con la
obligación de dar cumplimiento al fallo de tutela ni interés de demostrarlo
oportunamente, manteniendo la amenaza y vulneración de la actora
prolongadamente, pues la petición fue resuelta luego de un año de haber sido
radicada, pese a tener fallo de tutela e incidente en curso.18”
5.3. Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Subsección advierte que la
presente acción de tutela se orienta, en esencia, a controvertir la valoración efectuada por
el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla al resolver la solicitud de
inaplicación de la sanción de multa impuesta dentro del incidente de desacato.
Si bien la Sala comprende la inconformidad de la UGPP frente a la negativa de acceder a
dicha solicitud, lo cierto es que no se evidencia que la autoridad judicial accionada hubiera
adoptado una decisión arbitraria, caprichosa o manifiestamente irrazonable que justifique
la intervención excepcional del juez de tutela.
En efecto, las providencias cuestionadas contienen una motivación suficiente, razonable
y coherente, sustentada en el análisis de las actuaciones surtidas dentro del trámite de
tutela, de los informes rendidos en el incidente de desacato y de las reglas
jurisprudenciales aplicables en materia de cumplimiento de fallos de tutela y de
imposición e inaplicación de las sanciones derivadas del desacato. En ese orden, la
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inconformidad de la accionante con las conclusiones alcanzadas por el juez natural no
constituye, por sí sola, un asunto de relevancia constitucional que habilite un nuevo
examen del caso en sede de tutela.
5.4. En ese contexto, la Sala no advierte que las providencias mediante las cuales se
negó la solicitud de inaplicación de la sanción de multa y se confirmó esa determinación
hubieran sido proferidas de manera arbitraria, carente de motivación o con
desconocimiento de los hechos acreditados en el expediente o del marco normativo y
jurisprudencial aplicable.
Al respecto, resulta pertinente recordar que la Corte Constitucional ha precisado que,
para satisfacer el requisito de relevancia constitucional, no basta con invocar la presunta
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia. Por el contrario, corresponde al accionante demostrar, con una
carga argumentativa suficiente, que la afectación alegada existe, reviste una entidad
constitucional y es consecuencia de una actuación arbitraria o desproporcionada del juez
natural. En consecuencia, quien acude al amparo debe aportar elementos que permitan al
juez constitucional advertir la configuración de una verdadera vulneración19 de derechos
fundamentales.
En el presente asunto, la Sala observa que la parte accionante pretende imponer su
propia interpretación sobre las consideraciones expuestas por la autoridad judicial
accionada, reiterar los argumentos planteados durante el trámite incidental y obtener que
el juez constitucional sustituya el criterio adoptado por el juez competente, propósito que
resulta ajeno a la naturaleza excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales.
5.5. Como argumento adicional, la Sala advierte que la presente solicitud tampoco
satisface el requisito de relevancia constitucional, en la medida en que los
cuestionamientos formulados por la parte accionante se circunscriben a aspectos de
estricta legalidad relacionados con la procedencia de la inaplicación de una sanción
impuesta dentro de un incidente de desacato, así como a las consecuencias económicas
derivadas de su mantenimiento.
En esos términos, el asunto no plantea una controversia constitucional autónoma, sino
una discrepancia con la interpretación jurídica y la valoración efectuada por el juez natural
respecto de la aplicación del precedente y de las circunstancias particulares del caso.
Precisamente, la Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela contra
providencias judiciales no constituye un mecanismo para reabrir debates de legalidad ni
para obtener una nueva valoración de los hechos y de las pruebas practicadas dentro del
proceso.
“A partir de este primer criterio, la Corte estableció que un asunto carece de
relevancia constitucional en dos situaciones. Por una parte, cuando la discusión se
limita a la simple determinación de aspectos legales de un derecho (i.e. la correcta
19
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interpretación o aplicación de una norma procesal, salvo que de esta se desprendan
claramente violaciones de derechos fundamentales). Por otra parte, cuando sea
evidente su naturaleza o contenido económico porque se trata de una controversia
estrictamente monetaria con connotaciones particulares o privadas “que no
representen un interés general”20.
Teniendo en cuenta lo anterior se evidencia que la controversia aborda estrictamente un
debate monetario, respecto de la interposición de la multa por la suma de un (1) salario
mínimo legal mensual vigente, que no representa un interés general.
5.6. Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter
excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional
fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza residual y subsidiaria,
por lo que su procedencia está limitada a determinar la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una posible agresión
proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión proferida por esta, sin que
ello implique, como lo pretende la parte tutelante, un nuevo estudio del caso como si fuera
una instancia adicional a lo ya surtido.
En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada21, lo que se opone a que se use indebidamente
como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso ordinario (o
constitucional en este caso)22.
5.7. Finalmente, en relación con el presunto defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado sobre los eventos en los
que resulta procedente inaplicar las sanciones impuestas dentro de un incidente de
desacato cuando se acredita el cumplimiento integral de las órdenes impartidas en el fallo
de tutela, aun cuando la sanción se encuentre ejecutoriada, la Sala observa que, prima
facie, las providencias cuestionadas fueron proferidas con fundamento en el marco
normativo y jurisprudencial aplicable al caso concreto. Asimismo, no se advierte un
apartamiento injustificado del precedente judicial invocado por la parte accionante, sino
una aplicación de los criterios jurisprudenciales a las circunstancias particulares del
asunto, a partir de la valoración efectuada por el juez natural sobre el cumplimiento
oportuno de la orden de tutela.
En consecuencia, la Sala declarará la improcedencia de la presente acción de tutela por
no superar el requisito de relevancia constitucional.
FALLA
20
Corte Constitucional sentencia T352 de 2025.
21
Ibidem.
22
Ibidem.
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PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por la
Administrativa Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social UGPP contra el Juzgado Sexto Administrativo Oral
del Circuito de Barranquilla, por no cumplir el requisito de relevancia constitucional,
conforme la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito, en
atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en caso de que no sea impugnada.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada
Salva voto
AOB
18
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