Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01133-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01133-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01133-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
12 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-01133-00
Accionante: HERLEING MANUEL ACEVEDO GARCÍA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. SE DECLARA
IMPROCEDENTE. No cumple con el requisito general de procedencia de
relevancia constitucional.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por el accionante contra el Tribunal
Administrativo de Santander.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. El señor Herleing Manuel Acevedo García solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y a la igualdad
en conexidad con el principio de buena fe, cuya vulneración le atribuyó a la
providencia de 26 de enero de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander, dentro del medio de control de protección de los derechos e intereses
colectivos con número de radicación 68001-33-33-006-2017-00134-00/01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Refirió que presentó la demanda en ejercicio del medio de control de protección de
los derechos e intereses colectivos núm. 68001-33-33-006-2017-00134-00/01 contra
el Municipio de Capitanejo, con el fin de que se ampararan los derechos colectivos al
acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente, oportuna y
continua, en la medida en que la Comisaría de Familia solo atendía en horario
administrativo y la supuesta atención permanente en horarios no hábiles no se
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Accionante: Herleing Manuel Acevedo García
encontraba formalizada mediante actos administrativos, protocolos o mecanismos
institucionalizados, conforme a lo exigido por el artículo 87 de la Ley 1098 de 2006
2.2. Informó que el proceso le fue asignado al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito
de Bucaramanga, autoridad que, mediante sentencia de 18 de diciembre de 2020
negó las pretensiones de la demanda.
2.3. Adujo que interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión y mediante
sentencia de 26 de enero de 2026, el Tribunal Administrativo de Santander revocó la
sentencia de primera instancia y en su lugar, amparó los derechos colectivos al
acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea oportuna, eficiente e
ininterrumpida de las niñas, niños y adolescentes, y en general, de los habitantes del
Municipio de Capitanejo. Sin embargo, en el ordinal tercero de dicha providencia se
dispuso negar la condena en costas.
2.4. Manifestó que el ordinal tercero de la providencia de 26 de enero de 2026 vulneró
sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia
y a la igualdad en conexidad con el principio de buena fe, al incurrir en los defectos
fáctico y sustantivo, en desconocimiento del precedente y las causales de decisión
sin motivación y violación directa de la Constitución.
2.5. Expuso que la autoridad judicial incurrió en un defecto fáctico por omisión de
valoración probatoria y “[…] negación de la evidencia […]”, toda vez que en el
expediente 2017-00134-00/01 constan las actuaciones realizadas por la parte
accionante por los 6 años de actividad litigiosa dentro de los cuales se encuentran
“[…] la redacción y radicación de la demanda, Gestión de notificaciones personales:
[e]l actor asumió la carga de llevar los avisos y correr los traslados […] publicación de
aviso […] asistencia y participación en la audiencia de pacto de cumplimiento […]
diligenciamiento de despachos comisorios u oficios de prueba […] recurso de
apelación […] vigilancia judicial […]”.
2.6. Refirió respecto al defecto sustantivo que “[…] [e]l Tribunal aplicó el artículo 365
del CGP de manera distorsionada […]”, por cuanto “[…] El Tribunal de Santander
introdujo un criterio subjetivo adicional: la valoración de la "calidad" o "magnitud" del
esfuerzo del vencedor. [a]l hacerlo, desnaturalizó la norma procesal. Si el Municipio
fue vencido (se revocó la sentencia a su favor), la condena en costas debió ser
automática por mandato legal. La "valoración" (Art. 366 CGP) es para determinar el
monto (cuánto), no la procedencia (si se condena o no). El Tribunal usó la valoración
del monto para negar el derecho, incurriendo en un error hermenéutico grave […]”.
2.7. Adujo frente al desconocimiento del precedente que el Tribunal desconoció la
sentencia de unificación del Consejo de Estado de 6 de agosto de 20191, a través de
la cual se fijó la “[…] regla de presunción de Causación […]” la cual indica que “[…]
1 Expediente 15001333300720170003601.
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Se entenderá causada la agencia en derecho siempre que el actor popular resulte
vencedor […]” y para el caso concreto el Tribunal “[…] invirtió esta regla […]”, al
concluir que “[…] no se acreditó esfuerzo […]”.
2.8. Indicó que el Tribunal incurrió en una decisión sin motivación al negar las costas,
con fundamento en que "[…] al no acreditarse algún esfuerzo procesal del actor
popular ni la causación de costas en ninguna de las instancias, no habrá condena por
este concepto […]”, lo cual resulta una “[…] motivación aparente y sofística […]”, toda
vez que en la providencia se reconoció la prosperidad del recurso de apelación la cual
condujo a la revocatoria del fallo de primera instancia.
2.9. Agregó que "[…] cómo es posible que un recurso de apelación sea lo
suficientemente técnico y fundamentado para revocar una sentencia judicial y
amparar derechos colectivos, pero — simultáneamente— carezca de "esfuerzo
procesal". La redacción, sustentación y argumentación de una apelación exitosa
constituyen, per se, la prueba reina del esfuerzo intelectual y jurídico. Al negar este
esfuerzo sin explicar por qué el escrito de apelación (que el mismo Tribunal estudió y
acogió) no merece valoración, el tribunal administrativo de Santander falló sin motivar
[…]”.
2.10. Señaló respecto a la causal de violación directa de la Constitución que la decisión
vulneró los artículos 229, 40 y 13 de la Constitución Política, en razón a que el Tribunal
Administrativo de Santander en las providencias de 17 de enero de 20252, de 7 de
mayo de 20253, de 17 de septiembre de 20214 y 3 de febrero de 20265 donde fungió
como demandante Herleing Manuel Acevedo García y en las que se amparó los
derechos colectivos, le fueron reconocidas las costas a su favor, por cuanto la
sentencia resulto favorable y se ampararon los derechos colectivos.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERO: Que se ampare judicialmente los derechos fundamentales al
debido proceso (artículo 29), derecho a la igualdad (artículo 13), el principio de
la buena fe (art 83 C.N), el derecho a la administración de justicia y la
prevalencia del derecho sustancial (artículo 228 y 229), el preámbulo de la
constitución nacional (a la justicia), la prevalencia del interés general del articulo
(sic) uno (1), atenta y vulnera el artículo dos “Son fines esenciales del Estado:
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución”, para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del
Estado”.
2 68001333300620170030601. M.P. Claudia Ximena Ardila Pérez.
3 68001333300620210015601. M.P. Julio Edisson Ramos Salazar.
4 M.P. Iván Fernando Prada Macías.
5 68001333301420220017301. M.P. Julio Edisson Ramos Salazar.
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Accionante: Herleing Manuel Acevedo García
SEGUNDO: Depreco para la efectivad (sic) de mis derechos fundamentales
vulnerados, se DEJE SIN EFECTOS PARCIALMENTE la providencia del 26
de enero del 2026 del tribunal administrativo de Santander de la acción popular
identificado con el radicado 680013333006-2017-00134-01, exclusivamente en
lo referido al Numeral 2.7 de la parte motiva y el Ordinal Tercero de la parte
resolutiva, que negaron la condena en costas. O cualquier otra orden que
ampare mis derechos fundamentales. Manteniendo incólume la decisión de
fondo que amparó los derechos colectivos. Por incurrir en graves defectos
factico, defecto sustantivo, desconocimiento del precedente, violación directa a
la constitución, defecto por decisión sin motivación).
TERCERO: Depreco para la efectivad (sic) de mis derechos fundamentales
vulnerados, ORDENAR al Tribunal Administrativo de Santander, profiera una
SENTENCIA DE REEMPLAZO o complementaria, en la cual:
1. Condene en costas al Municipio de Capitanejo, como parte vencida en el
proceso, en aplicación del criterio objetivo del artículo 365 del CGP.
2. Reconozca las agencias en derecho a favor del actor popular, ordenando
su fijación conforme a las tarifas del Consejo Superior de la Judicatura, en
atención a la presunción de causación por la victoria procesal establecida en la
jurisprudencia unificada.
3. Ordene la liquidación de las expensas comprobadas (gastos de publicación,
notificación y envíos) que obran en el expediente. […]”. [Negrilla del texto].
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 19 de febrero de 2026, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, vinculó como terceros
con interés directo en el resultado del proceso al Municipio de Capitanejo y al
Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Bucaramanga.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a las vinculadas,
se allegaron los siguientes informes:
5.1. El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Bucaramanga comentó que
la acción de tutela resulta improcedente para reclamar la fijación de costas
procesales.
5.2. ElMunicipio de Capitanejo solicitó declarar improcedente el mecanismo
constitucional, debido a que no se configuran los requisitos generales ni específicos
de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, ni existe una
vulneración actual y directa de los derechos fundamentales solicitados.
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Accionante: Herleing Manuel Acevedo García
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19916, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20157, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20218 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20259, y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 201910, modificado por el Acuerdo núm. 434
de 10 de diciembre de 202411.
VI.2. Problemas jurídicos
7. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:
b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante.
8. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y
cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
9. LaSala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 201212, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
6 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
7
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
8 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
9 “Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector
Justicia y del Derecho”.
10 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
11 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
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Accionante: Herleing Manuel Acevedo García
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
10. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
11. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.
12. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial13, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución14.
13. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”15 que encaje en dichos
parámetros.
13
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván
Palacio Palacio.
14
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
15
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
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Accionante: Herleing Manuel Acevedo García
14. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
15. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VI.4. El caso concreto
16. El señor Herleing Manuel Acevedo García solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y a la igualdad
en conexidad con el principio de buena fe, cuya vulneración le atribuyó a la
providencia de 26 de enero de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander, dentro del medio de control de protección de los derechos e intereses
colectivos con número de radicación 68001-33-33-006-2017-00134-00/01.
17. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial el de relevancia constitucional.
VI.4.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional
18. El requisito
de relevancia constitucional se cumple cuando se acredita que el
asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental16 y
no cuando guarda relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido
económico que deberán ser definidos por otras jurisdicciones17.
19. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales18, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces19.
16
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
17
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de
2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
18
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
19
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
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20. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación20, sostuvo que:
“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en
una tercera instancia.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto].
21. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202221 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
20
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
21
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
9
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Accionante: Herleing Manuel Acevedo García
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica,
pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
[…]
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto].
22. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202322.
23. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales23.
24. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante alega que las autoridades judiciales vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y a
la igualdad en conexidad con el principio de buena fe, por haber incurrido,
22
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
23
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01133-00
Accionante: Herleing Manuel Acevedo García
presuntamente, en los defectos fáctico y sustantivo, en desconocimiento del
precedente y las causales de decisión sin motivación y violación directa de la
Constitución.
25. Expuso que la autoridad judicial incurrió en un defecto fáctico por omisión de
valoración probatoria y “[…] negación de la evidencia […]”, toda vez que en el
expediente 2017-00134-00/01 constan las actuaciones realizadas por la parte
accionante por los 6 años de actividad litigiosa dentro de los cuales se encuentran
“[…] la redacción y radicación de la demanda, Gestión de notificaciones personales:
[e]l actor asumió la carga de llevar los avisos y correr los traslados […] publicación de
aviso […] asistencia y participación en la audiencia de pacto de cumplimiento […]
diligenciamiento de despachos comisorios u oficios de prueba […] recurso de
apelación […] vigilancia judicial […]”.
26. Refirió respecto al defecto sustantivo que “[…] [e]l Tribunal aplicó el artículo 365 del
CGP de manera distorsionada […]”, por cuanto “[…] El Tribunal de Santander
introdujo un criterio subjetivo adicional: la valoración de la "calidad" o "magnitud" del
esfuerzo del vencedor. [a]l hacerlo, desnaturalizó la norma procesal. Si el Municipio
fue vencido (se revocó la sentencia a su favor), la condena en costas debió ser
automática por mandato legal. La "valoración" (Art. 366 CGP) es para determinar el
monto (cuánto), no la procedencia (si se condena o no). El Tribunal usó la valoración
del monto para negar el derecho, incurriendo en un error hermenéutico grave […]”.
27. Adujo frente al desconocimiento del precedente que el Tribunal desconoció la
sentencia de unificación del Consejo de Estado de 6 de agosto de 201924, a través de
la cual se fijó la “[…] regla de presunción de Causación […]” la cual indica que “[…]
Se entenderá causada la agencia en derecho siempre que el actor popular resulte
vencedor […]” y para el caso concreto el Tribunal “[…] invirtió esta regla […]”, al
concluir que “[…] no se acreditó esfuerzo […]”.
28. Indicó que el Tribunal incurrió en una decisión sin motivación al negar las costas,
con fundamento en que "[…] al no acreditarse algún esfuerzo procesal del actor
popular ni la causación de costas en ninguna de las instancias, no habrá condena por
este concepto […]”, lo cual resulta una “[…] motivación aparente y sofística […]”, toda
vez que en la providencia se reconoció la prosperidad del recurso de apelación la cual
condujo a la revocatoria del fallo de primera instancia.
29. Agregó que "[…] cómo es posible que un recurso de apelación sea lo
suficientemente técnico y fundamentado para revocar una sentencia judicial y
amparar derechos colectivos, pero — simultáneamente— carezca de "esfuerzo
procesal". La redacción, sustentación y argumentación de una apelación exitosa
constituyen, per se, la prueba reina del esfuerzo intelectual y jurídico. Al negar este
esfuerzo sin explicar por qué el escrito de apelación (que el mismo Tribunal estudió y
24 Expediente 15001333300720170003601.
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Accionante: Herleing Manuel Acevedo García
acogió) no merece valoración, el tribunal administrativo de Santander falló sin motivar
[…]”.
30. Señaló respecto a la causal de una violación directa de la constitución, que la
decisión vulneró los artículos 229, 40 y 13 de la Constitución Política, en razón a que
el Tribunal Administrativo de Santander en las providencias de 17 de enero de 202525,
de 7 de mayo de 202526, de 17 de septiembre de 202127 y 3 de febrero de 202628
donde fungió como demandante Herleing Manuel Acevedo García y en las que se
amparó los derechos colectivos, le fueron reconocidas las costas a su favor, por
cuanto la sentencia resulto favorable y se ampararon los derechos colectivos de cada
una de ellas.
31. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de
relevancia constitucional porque: i) el caso involucra un debate jurídico
eminentemente legal y económico, y ii) la parte accionante pretende utilizar este
mecanismo como una instancia adicional, con lo que busca reabrir la discusión que
fue resuelta por el juez natural.
32. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional.
Para ello es necesario que el accionante motive suficientemente las razones por
las que considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación
desproporcionada a sus derechos fundamentales […]”.
33. En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien la parte accionante aduce
que le fueron desconocidos sus derechos fundamentales, lo cierto es que no existe
un desarrollo argumentativo en el que se expliquen las razones por las que
considera que se afectaron, sino que su inconformidad radica en que no se condenó
en costas a la entidad demandada.
34. Resulta relevante traer a colación lo decidido por el Tribunal Administrativo de
Santander dentro del medio de control de protección de los derechos e intereses
colectivos, para evidenciar que lo pretendido es convertir esta acción en una
instancia adicional.
35. El Tribunal Administrativo de Santander, mediante la sentencia de 26 de enero
de 2026, señaló lo siguiente:
25 68001333300620170030601. M.P. Claudia Ximena Ardila Pérez.
26 68001333300620210015601. M.P. Julio Edisson Ramos Salazar.
27 M.P. Iván Fernando Prada Macías.
28 68001333301420220017301. M.P. Julio Edisson Ramos Salazar.
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Accionante: Herleing Manuel Acevedo García
“[…] 2.7. De la condena en costas
Con fundamento en lo previsto en los artículos 38 de la Ley 472 de 1998 y 365
del Código General del Proceso y la jurisprudencia del Consejo de Estado29, en
las acciones dirigidas a la protección de los derechos e intereses colectivos rige
el criterio objetivo-valorativo para la imposición de costas. Por ende, su
imposición a la parte vencida no depende de una conducta temeraria, de mala
fe o culposa, sino de su derrota en el proceso.
No obstante lo anterior, el Consejo de Estado30 ha precisado que la parte
vencedora debe demostrar que adelantó actuaciones que exigieron esfuerzo,
dedicación y atención dentro del trámite judicial, como presupuesto para
reconocer las erogaciones económicas correspondientes. Este es el criterio
acogido de manera mayoritaria por el Tribunal31.
Así las cosas, aunque prosperó el recurso de apelación del demandante,
conforme a la tesis adoptada por este Tribunal, al no acreditarse algún esfuerzo
procesal del actor popular ni la causación de costas en ninguna de las
instancias, no habrá condena por este concepto. […]”. [Negrilla del texto].
36. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por el juez contencioso y no se observa que la decisión
proferida en sede ordinaria hubiese sido arbitraria o, se hubiesen desconocido los
derechos fundamentales de la parte accionante en el proceso de de protección de
los derechos e intereses colectivos.
37. Lo que se aprecia es que el juez de lo contencioso en aplicación a la sentencia
de unificación de 6 de agosto de 201932 concluyó que “[…] aunque prosperó el
recurso de apelación del demandante […]” éste no acreditó la causación de costas
en ninguna de las instancias.
38. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”33.
39. Significa
lo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional, que este “[…]
mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
29 “[…] Ver: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 13 de diciembre de 2018, C.P: Oswaldo Giraldo López,
radicado 11001-03-24-000- 2016-00162-01; Sección Cuarta, sentencia del 12 de diciembre de 2018, C.P: Milton Chaves
García, radicado 25000-23-37 000-2014-01115- 01; Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, C.P:
William Hernández Gómez, radicado 15001-23-33-000-2012-00509- 00 Sección Primera, sentencia del 7 de febrero de 2019,
C.P: Roberto Augusto Serrato Valdés, radicado 05001-23-33-000- 2016-00713-01. También: Corte Constitucional, sentencia
C-157 de 21 de marzo de 2013 […]”
30 “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 30 de junio de 2019, M.P.:
Oswaldo Giraldo López, expediente núm.: 2016-00713-01. Reiterada el 14 de septiembre de 2020, exp. 66001-23-33-000
2018-00079-01: «vale la pena resaltar que las agencias en derecho también se causan cuando los demandantes actúan en
nombre propio; y se les reconocen las mismas en atención al tiempo y esfuerzo que le han dedicado al proceso, situación
que también se configura en el presente caso». Y la sentencia de Unificación proferida por el Consejo de Estado del 6 de
agosto de 2019 […]”.
31 “[…] En esta sentencia se acoge el precedente horizontal en aras de asegurar los principios de igualdad, seguridad jurídica
y confianza legítima […]”.
32
33
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
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probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial
[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las
decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos
[…]”34. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”35.
40. Finalmente, esta Sección ha sostenido en forma reiterada que los conflictos
relacionados con la condena en costas que se impone en el marco de un proceso
judicial carecen de relevancia constitucional por tratarse de controversias de índole
meramente legal y económica. En ese sentido, la sentencia de 22 de abril de
202236, señaló lo siguiente:
“[…] [L]a Sala advierte que la parte actora pretende que se deje sin efecto la
sentencia de 21 de octubre de 2021 proferida por el TRIBUNAL, por medio de
la cual se confirmó la decisión de primera instancia y se condenó en costas
procesales al actor, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el número único de radicación 76001-33-33-007-
2013-00026-01.
A la citada providencia se le atribuye la vulneración del derecho fundamental al
debido proceso, habida cuenta que, a juicio de la parte actora, la autoridad
judicial accionada incurrió en los defectos procedimental y sustantivo al
desconocer el artículo 188 de la ley 1437 de 2011, norma especial que regula
la condena en costas en los procesos que se adelantan en la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo.
[...]
Ahora bien, en relación con los reproches relativos a la condena en costas
impuesta al actor, la Sala observa que la solicitud de amparo carece de
relevancia constitucional, en razón a que el disenso deviene de un asunto de
contenido económico, derivado de un debate estrictamente normativo y legal.
Así las cosas, la Sala advierte que los argumentos que invoca el accionante
como fundamento de la presunta vulneración de su derecho fundamental al
debido proceso, están encaminados a replantear la discusión jurídica en torno
a la imposición de las costas procesales, circunstancia que resulta
improcedente, en tanto la presunta afectación del derecho fundamental se
deriva de un asunto de contenido económico que fue debidamente
argumentado y concluido por el juez natural de la causa […]”. [Subrayado fuera
del texto].
34
Ibid.
35
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 de 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.
36
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de abril de 2022, CP Nubia
Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-15-000-2022-01777-00.
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Accionante: Herleing Manuel Acevedo García
41. Así las cosas, la Sala declarará improcedente la presente acción de tutela por
carecer de relevancia constitucional, como se dispondrá en la parte resolutiva de
esta decisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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