Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01159-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01159-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-01159-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
16 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01159-00
Demandante: Jaime Alberto Castaño Botero
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho / Excepción a la incompatibilidad entre pensión de
jubilación y el salario de docente / Vinculación posterior a la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 / Desconocimiento del
precedente judicial y defecto sustantivo
Decisión: Negar el amparo
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________
La Sala decide la solicitud formulada por Jaime Alberto Castaño Botero, en ejercicio
de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y
desarrollada en los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud1
1. Jaime Alberto Castaño Botero promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso
a la administración de justicia y a la seguridad jurídica, los cuales consideró
vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 24 de julio de 2025 por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado 05001-23-33-000-2019-
00892-01.
2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
2.1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
presentó demanda en contra de la Nación, el Ministerio de Educación y el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio2, la Registraduría Nacional del
1 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado
«1_DemandaWeb_Demanda_ACCIONTUTELAJAIMEALB(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2».
2 En adelante FNPSM.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01159-00
Demandante: Jaime Alberto Castaño Botero
Estado Civil, la Administradora Colombiana de Pensiones y el municipio de Medellín
con la finalidad de cuestionar la legalidad del acto administrativo por medio del cual
se le reconoció la pensión de jubilación conforme al régimen de la Ley 100 de 1993
y se condicionó su pago al retiro efectivo del servicio.
2.2. El Tribunal Administrativo de Antioquia en sentencia del 3 de mayo de 2023
negó las pretensiones de la demanda al considerar que el régimen aplicable para el
reconocimiento pensional correspondía al previsto en las Leyes 100 de 1993 y 797
de 2003, razón por la cual, la excepción prevista en el literal g del artículo 19 de la
Ley 4 de 1992 a la prohibición de percibir más de una asignación del tesoro público
para docentes oficiales solo cobijó a quienes se vincularon antes de la vigencia de la
Ley 812 de 2003. En consecuencia, determinó que el reconocimiento pensional
procedía únicamente cuando acreditara su retiro del servicio. En contra de esta
decisión interpuso recurso de apelación.
2.3. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en sentencia del 24
de julio de 2025 confirmó la decisión del a quo al considerar que no le asistió la
excepción prevista en el literal g) del artículo 19 de la Ley 4ª de 1992 ni resultó
beneficiario de la compatibilidad entre pensión de jubilación y salario contemplada en
el artículo 5° del Decreto 224 de 1972, pues quedó sujeto al régimen general de
pensiones. En consecuencia, el reconocimiento de su pensión de vejez debió regirse
por la Ley 100 de 1993, normativa que no consagró la compatibilidad entre salario y
pensión para los docentes.
2.4. La autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al
incurrir en desconocimiento del precedente judicial del Consejo de Estado3 mediante
el cual se ha señalado que el personal docente oficial está exceptuado de la
prohibición legal de percibir dos asignaciones provenientes del erario y, bajo este
planteamiento, ha concedido el reconocimiento de la pensión de jubilación sin
condicionar su disfrute al retiro del servicio educativo público.
2.5. Si bien tanto la Constitución de 1886 (artículo 64) como la de 1991 (artículo
128) prohibieron la doble remuneración proveniente del erario, ambas contemplaron
excepciones, entre ellas el ejercicio de la docencia compatible con el disfrute de la
pensión de jubilación, siempre que el beneficiario acreditara aptitudes físicas y
mentales para el desempeño del cargo.
2.6. De esta manera, la Sección Segunda del Consejo de Estado ha desarrollado
una línea jurisprudencial que reconoce la habilitación legal para que el docente
continúe en el ejercicio de su labor y perciba simultáneamente la pensión. Por ello, la
3 Al respecto citó: i) Sección Segunda, Subsección B, C.P: César Palomino Cortés, sentencia del 25
de septiembre de 2020, Rad. No. 25000-23-42-000-2013-01579-01; ii) Sección Segunda, Subsección
B, C.P: Juan Enrique Bedoya Escobar, sentencia del 26 de octubre de 2024, Rad. No. 76001-23-33-
000-2021-00994-01; iii) Sección Segunda, Subsección B, C.P: Juan Enrique Bedoya Escobar,
sentencia del 31 de octubre de 2024, Rad. No. 66001-23-33-000-2021-00437-01; iv) Sección
Segunda, Subsección B, C.P: Juan Enrique Bedoya Escobar, sentencia del 10 de julio de 2025, Rad.
No. 25000-23-42-000-2021-00469-01(2771-2023).
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Demandante: Jaime Alberto Castaño Botero
sentencia impugnada resulta cuestionable, pues concluyó que dicha compatibilidad
no era posible a partir de la incorporación de los docentes al régimen de prima media
por efecto de las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, en virtud de la Ley 812 de 2003,
sin confrontar esa tesis con el precedente vigente, el cual precisó que la excepción
no depende de la pertenencia a un régimen especial, sino del ejercicio de la actividad
docente y de la preservación normativa de las asignaciones compatibles que el
legislador mantuvo.
2.7. En defecto sustantivo al concluir que no existía compatibilidad entre salario y
pensión sin examinar de manera integral la normativa que regula la situación del
personal docente. En efecto, el análisis se concentró exclusivamente en la fecha de
vinculación y en su sujeción al régimen de prima media, pero omitió contrastar esa
conclusión con disposiciones legales que históricamente han regulado la posibilidad
de percibir simultáneamente asignación salarial y pensional en el sector educativo
oficial.
1.1.1. Pretensiones
3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] 1. Se declare que el CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN
A, en sentencia dictada el 24 de julio de 2025 dentro del proceso identificado con cédula de
ciudadanía No. 05501-23-33-000-2019-00892-01, transgredió los derechos fundamentales
DEBIDO PROCESO, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,
TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, SEGURIDAD JURÍDICA, DESCONOCIMIENTO DE
PRECEDENTE VERTICAL, PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD del señor JAIME ALBERTO
CASTAÑO BOTERO, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los
postulados de la ley y la línea jurisprudencial fijada por el propio órgano de cierre.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al CONSEJO DE ESTADO –
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva con fundamento en la normatividad aplicable al
caso concreto atendiendo el precedente vigente y consolidado por la Sala Especializada.
[…]» [sic].
1.2. Informes rendidos en el proceso
4. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A4 solicitó que se
negara lo pretendido por el demandante comoquiera que ninguna de las decisiones
invocadas como desconocidas pueden tenerse en cuenta pues en la Sección
Segunda existen posiciones divergentes sobre la compatibilidad entre salario y
pensión de los docentes vinculados al FNPSM con posterioridad al 27 de junio de
2003.
4.1. En ese sentido, la Subsección B ha sostenido que incluso los docentes
vinculados con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 tienen
derecho a que no se exija el retiro del cargo como condición para hacer efectiva la
4 Ver índice 11 de Samai. Archivo denominado
«10CONTESTACIONDE_TRAMITE_202601159informedetu(.pdf) NroActua 11».
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prestación social, mientras que, la Subsección A ha indicado que cuando la
incorporación al servicio docente ocurre con posterioridad a la entrada en vigor de
esa ley, no puede predicarse dicha compatibilidad, pues estos servidores no se
encuentran amparados por un régimen especial, sino que hacen parte del sistema
general de seguridad social.
4.2. Tampoco se configuró un defecto sustantivo, pues la Sala sustentó la decisión
adoptada en un examen detallado de las disposiciones que regulan el régimen
pensional aplicable a los docentes, con especial consideración del trámite legislativo
y concluyó que el propósito del legislador consistió en eliminar prerrogativas distintas
de la edad para acceder a la prestación. Dicha interpretación no resulta irracional ni
arbitraria, ya que encuentra respaldo en principios constitucionales como la
solidaridad y atiende finalidades legítimas, entre ellas la sostenibilidad del sistema
pensional y el relevo generacional en la función pública.
5. El Tribunal Administrativo de Antioquia5 requirió que se negara la petición
de amparo ante la ausencia de vulneración de los derechos fundamentales invocados
y de la configuración de los defectos endilgados comoquiera que no puede afirmarse
que la decisión judicial impugnada desconoció las normas claramente aplicables al
caso, ni que efectuó una interpretación contraria a los mínimos de razonabilidad
jurídica, ni que omitió la aplicación de una regla fijada por una sentencia con efectos
erga omnes. Máxime cuando el demandante no cumplió los requisitos para ser
beneficiario del régimen pensional previsto en la Ley 33 de 1985, comoquiera que su
vinculación al servicio docente oficial ocurrió con posterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003.
6. Colpensiones6 y la Registraduría Nacional del Estado Civil7 pretendieron
su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva por cuanto no
tienen responsabilidad en la transgresión de los derechos fundamentales alegados
ni competencia en lo pretendido.
7. El Ministerio de Educación Nacional8 solicitó que se declarara improcedente
el amparo pretendido por el demandante por no acreditar el requisito general de la
relevancia constitucional comoquiera que no se evidenció la vulneración de derechos
fundamentales, sino que se trató de una controversia de naturaleza estrictamente
económica.
8. Los demás terceros con interés guardaron silencio.
5 Ver índice 13 de Samai. Archivo denominado
«11RECIBEMEMORIAL_202601159002026FEB25(.pdf) NroActua 13».
6 Ver índice 16 de Samai. Archivo denominado «21_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
adjunto_Caso_Respues(.pdf) NroActua 16».
7 Ver índice 17 de Samai. Archivo denominado «24_MemorialWeb_Respuesta-21RESPUESTA(.pdf)
NroActua 17».
8 Ver índice 17 de Samai. Archivo denominado
«26RECIBEMEMORIAL_Memorial_2026EE078087Comunica(.pdf) NroActua 18».
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2. Consideraciones
9. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestión previa – falta de legitimación
en la causa por pasiva; iii) procedencia de la tutela contra providencia judicial; iv)
determinación del problema jurídico y; v) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
10. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política
y 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el 1°. del Decreto 333 del 6 de
abril de 20219 la Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo contra
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.
2.2. Cuestión previa - falta de legitimación en la causa por pasiva
11. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene
derecho a presentar solicitud de tutela para reclamar ante los jueces, por sí misma o
por quién actúe en su nombre, la protección de sus derechos constitucionales
fundamentales cuandoquiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, tal como lo
señala el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991:
Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se dirigirá
contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o
amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de
órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la
acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De
ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el
superior.
12. La Corte Constitucional10 en lo que a la legitimación en la causa por pasiva en
los trámites de solicitudes de tutela se refiere, ha considerado:
«[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la
persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por
la vulneración o amenaza del derecho fundamental11. En la medida que refleja la calidad
subjetiva de la parte demandada “en relación con el interés sustancial que se discute en
el proceso”12, la misma, en principio, no se predica del funcionario que comparece o es
citado al proceso, sino de la entidad accionada, quien finalmente será la llamada a
responder por la vulneración del derecho fundamental, en caso de que haya lugar a ello.
9 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción
de tutela.
10 Sentencia T-1015 de 2006. MP. Álvaro Tafur Galvis.
11 Sentencia T-025 de 1995. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
12 Sentencia T-416 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
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Debe tenerse en cuenta que la acción de tutela está orientada, entre otros principios, por
los de informalidad y efectividad del derecho, de manera que el juez constitucional “debe
dar primacía al derecho sustancial y recordar que toda exigencia que pretenda limitar o
dificultar el uso de la acción de tutela, su trámite o su resolución, fuera de las simples
condiciones plasmadas en la Constitución y en la ley, desconoce la Carta Fundamental.”13
Ello obliga, por tanto, a remover los obstáculos puramente formales (oficiosidad) y a
interpretar la demanda de una forma tal que se favorezca la protección del derecho
fundamental, sin perjuicio de las garantías procesales de quien es demandado. […]».
13. Colpensiones y la Registraduría Nacional del Estado Civil solicitaron su
desvinculación del asunto al considerar que no se les atribuyó la trasgresión que dio
lugar a la interposición de la petición de amparo.
14. Respecto de lo anterior, la Sala aclara que, su vinculación al presente asunto
fue en calidad de terceros con interés, al conformar la parte demandada dentro del
medio de control en cuestión, y en aras de salvaguardar sus derechos de defensa y
contradicción, razón por la cual se negará su solicitud.
2.3. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
15. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo
del Consejo de Estado14 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema15. Al respecto señaló lo
siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio
de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».
16. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
13 Sentencia T-379 de 2005. MP Jaime Córdoba Triviño.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
15 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
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17. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo16, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.
18. Ahora bien, la Corte Constitucional17 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez;
y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla
con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el
amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
19. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos18,
el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad de
la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de
los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea
de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales19.
Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad que
incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el debate
que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.4. Problema jurídico
20. De acuerdo con el escrito de tutela, la Sala deberá definir: ¿si el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A vulneró los derechos fundamentales de
Jaime Alberto Castaño Botero con ocasión de la sentencia del 24 de julio de 2025,
mediante la cual, confirmó la decisión de negar las pretensiones de la demanda por
la incompatibilidad entre la pensión de jubilación y el salario docente, y en ese
sentido, se condicionó su disfrute al retiro efectivo del servicio, con la que incurrió,
presuntamente, en desconocimiento del precedente judicial y defecto sustantivo?
16 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
17 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
18 Corte Constitucional, sentencia T-309 de 2005, MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
19 Corte Constitucional, sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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2.5. Análisis de la Sala
2.5.1. Requisitos de procedibilidad adjetiva
21. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de
tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.
2.5.2. Desconocimiento del precedente judicial
22. En este punto, en cuanto al desconocimiento de precedente alegado se
recuerda que un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política
permite afirmar que los jueces guardan una carga de respetar los precedentes
relevantes como un imperativo derivado del principio de igualdad y un medio para
promover la seguridad jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la
predictibilidad de las decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las
normas jurídicas. Adicionalmente, el principio de legalidad ordena un manejo
adecuado de estos, como medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones
judiciales, presupuesto esencial del Estado Social de Derecho.
23. La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión
previa adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes
jurisdicciones que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos o
semejantes desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver el
juez, debe ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad.
El adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de seguir el
curso de decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias previas,
salvo si existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan
modificarlo.
24. Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de
la modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica
transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas
decisiones, de tal entidad que las torna en injustas o incorrectas en el orden de cosas
actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a la
existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de
mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio.
Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de
decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos,
no existe un precedente claro que lo vincule.
25. En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia,
identificando los precedentes relevantes; de suficiencia, dando a conocer las razones
que en su concepto justifican el cambio de dirección decisional, y precisando por qué
esa modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico además de ello
reporta mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad
que se derivara de la desobediencia al precedente.
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2.5.3. Defecto sustantivo
26. En cuanto al defecto sustantivo, es importante recordar que la Corte
Constitucional ha señalado que este se presenta cuando, el juez adopta una decisión
que desborda del marco constitucional y legal, al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto. En su jurisprudencia, la corporación ha
resaltado que este defecto encuentra su origen en el hecho de que, si bien los jueces
gozan de autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar normas
jurídicas, esta no es una facultad absoluta, para lo cual precisó que los límites se
encuentran en el orden jurídico preestablecido y los valores, principios, derechos y
garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.
27. El Alto Tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones
en las que se detecta el defecto sustantivo, a saber: (i) la sentencia se fundamenta
en una norma que no es aplicable; (ii) a pesar de la autonomía judicial, la
interpretación o aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen
de razonabilidad, es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses
legítimos de las partes o es manifiestamente errada; (iii) no se toman en cuenta
sentencias que hayan definido el alcance de la norma aplicada; (iv) la disposición
aplicada se torna regresiva o contraria a la Constitución; (v) no se efectúa una
interpretación sistémica de la norma y (vi) se desconoce la norma constitucional o
legal aplicable al caso.
28. A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación
en que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal
entidad debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa.
Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión
proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos
fundamentales de los sujetos procesales.
2.5.4. Sobre el caso concreto
29. Jaime Alberto Castaño Botero acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la
sentencia proferida el 24 de julio de 2025 por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, mediante la cual, confirmó la decisión del a quo, que negó
las pretensiones de la demanda por la incompatibilidad entre la pensión de jubilación
y el salario de docente, y en ese sentido, se condicionó su disfrute al retiro efectivo
del servicio.
30. Lo anterior, al considerar que se incurrió en desconocimiento del precedente
judicial del Consejo de Estado mediante el cual se ha señalado que el personal
docente oficial está exceptuado de la prohibición legal de percibir dos asignaciones
provenientes del erario y, bajo este planteamiento, ha concedido el reconocimiento
de la pensión de jubilación sin condicionar su disfrute al retiro del servicio educativo
público, con independencia de la sujeción al régimen de prima media.
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Demandante: Jaime Alberto Castaño Botero
31. En defecto sustantivo al concluir que no existía compatibilidad entre salario y
pensión sin examinar integralmente la normativa que regula al personal docente,
pues el análisis se centró solo en la fecha de vinculación y la sujeción al régimen de
prima media, pero omitió las disposiciones que históricamente permitieron percibir
simultáneamente asignación salarial y pensional en el sector educativo.
32. En este punto, la Sala aclara que el análisis de los mencionados defectos se
hará en conjunto, en la medida que ambos están dirigidos a cuestionar la decisión de
la autoridad judicial demandada de fundamentar su negativa con base a la
incompatibilidad entre la pensión de jubilación y el salario docente y supeditar el
reconocimiento de la prestación a su retiro del servicio, cuando jurisprudencialmente
se ha establecido que, con independencia de la fecha de vinculación, el sector
docente constituye una excepción a dicha prohibición.
33. Para mayor claridad sobre el asunto, la Sala recuerda el análisis efectuado por
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en torno a la decisión de
excluirlo de la compatibilidad entre la pensión de jubilación y el salario al ser
beneficiario del régimen general de pensiones, en los siguientes términos:
«[…] 32. En el presente asunto, se encuentra acreditado que el señor Jaime Alberto
Castaño Botero nació el 9 de octubre de 1960, y según consta en los certificados de
historia laboral que obran en el expediente, su primera vinculación al servicio educativo
oficial ocurrió el 16 de febrero de 2004, fecha posterior a la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003 (27 de junio de 2003).
33. Así mismo, está demostrado que el actor prestó servicios como empleado público en
la Delegación Departamental de Antioquia de la Registraduría Nacional del Estado Civil,
en los siguientes periodos:
34. No obstante, la sola circunstancia de haber trabajado como empleado público no le
permite ser beneficiario del régimen pensional previsto en la Ley 33 de 1985.
35. Conforme al artículo 81 de la Ley 812 de 2003, para que resulten aplicables las
disposiciones anteriores a la Ley 100 de 1993, el interesado debe haber estado vinculado
como docente oficial con anterioridad al 27 de junio de 2003, requisito que no se cumple
en el caso del señor Castaño Botero.
36. En ese orden de ideas, se comparte la decisión del Tribunal, en tanto el acto acusado
se ajustó a derecho al reconocer la pensión de jubilación con base en el régimen general
de prima media.
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37. Aclarado que el régimen pensional aplicable al señor Castaño Botero es el previsto en
las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, corresponde a la Sala determinar si tiene derecho
a percibir de manera simultánea la pensión de vejez y el salario derivado de su vinculación
como docente oficial.
38. Como se reseñó anteriormente, el demandante ingresó al servicio educativo oficial con
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, pues su primera vinculación
ocurrió en 2004, cuando fue nombrado en provisionalidad como docente del municipio de
Medellín.
39. Por lo tanto, no le asiste la excepción consagrada en el literal g) del artículo 19 de la
Ley 4ª de 1992, ni es beneficiario de la compatibilidad entre la pensión de jubilación y el
salario prevista en el artículo 5° del Decreto 224 de 1972, pues es beneficiario del régimen
general de pensiones.
40. Al respecto, se aclara que el reconocimiento de su pensión de vejez debe regirse por
el régimen general contenido en la Ley 100 de 1993, norma que no consagra la excepción
de compatibilidad salarial y pensional para los docentes.
41. Al analizar el trámite legislativo que derivó en la expedición de la Ley 812 de 2003, se
advierte que en la ponencia para el segundo debate del proyecto de ley 169 de Cámara y
167 de Senado se consignó lo siguiente: «se unificará el sistema en cuanto a las
entidades administradoras y a las condiciones y beneficios, de tal forma que los
regímenes especiales como los de Ecopetrol, el Magisterio, la Fuerza Pública, el
Congreso, las Altas Cortes y las convenciones colectivas, se ajusten al sistema
general y no sigan generando déficit e inequidades injustificables entre los
colombianos.
42. Luego, es evidente que con la entrada en vigor de la Ley 812 se pretendió incluir a los
docentes en el régimen general de la Ley 100, de 1993, que no admite la referida
compatibilidad.
43. Esto se ve reforzado por el mismo artículo 81 de la Ley 812 de 2003, cuando señaló
que «Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley,
serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los
derechos pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100
de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de
pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres», es decir, lo único que se
exceptúa del régimen general es la edad, por lo demás siguen las reglas del régimen
general, y por el Acto Legislativo 01 de 2005, en el que se señaló que desde su expedición
el único régimen excepcional es el que cobija a la fuerza pública.
44. En consecuencia, al no existir una previsión legal que autorice la compatibilidad
pensional en el régimen aplicable al demandante (Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003) con
el salario, la regla general de incompatibilidad prevalece. En ese sentido, acertó el Tribunal
al determinar que el actor no tiene derecho a percibir simultáneamente la mencionada
prestación y el salario como maestro oficial. […]». [sic]
34. En este punto, en razón a la controversia a decidir y el desconocimiento del
precedente judicial alegado, se hace necesario precisar que, al interior de la Sección
Segunda del Consejo de Estado no existe una unificación de criterio respecto al tema,
pues las secciones A y B tienen posiciones diferentes, sin embargo, pese a que la
posición que fue acogida en la decisión enjuiciada no es la que comparte la Sala [en
asuntos ordinarios], mal podría imponer su criterio frente a un despacho con igual
jerarquía.
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Demandante: Jaime Alberto Castaño Botero
35. En ese sentido, si bien los pronunciamientos que el demandante aduce como
desconocidos podrían ser pertinentes en la medida que la Subsección B ha sido
enfática en aceptar la compatibilidad del salario y la pensión de los docentes, no se
puede desconocer que, frente al mismo tema, existen múltiples pronunciamientos en
sentido contrario, lo cual, más allá de evidenciar un desconocimiento del precedente
judicial, deja ver que no existe una línea pacifica sobre el tema.
36. En ese sentido, a juicio de esta Sala, contrario a lo afirmado por la parte
demandante, la autoridad judicial demandada valoró el marco normativo aplicable al
caso, en particular, las disposiciones que regulan el régimen pensional de los
docentes vinculados con posterioridad a su entrada en vigencia de cara a su tesis
jurisprudencial. Caso distinto es que dicho análisis no hubiera resultado favorable a
sus intereses, pues ello le permitió concluir que Jaime Alberto Castaño Botero, al
haberse vinculado al servicio educativo oficial el 16 de febrero de 2004, no era
beneficiario del régimen especial previsto en la Ley 33 de 1985, ni de las
disposiciones anteriores a la Ley 100 de 1993, razón por la cual la entidad
administrativa actuó conforme a derecho al reconocer la pensión de jubilación con
fundamento en el régimen general de prima media.
37. Conforme a ese criterio, la aplicación de regímenes pensionales anteriores a
la Ley 100 de 1993 únicamente resulta procedente para quienes acrediten su
vinculación como docentes oficiales con anterioridad al 27 de junio de 2003, sin que
sea viable extender sus beneficios a quienes ingresaron con posterioridad, como
ocurre en el presente caso. En ese sentido, tampoco resultó procedente la
compatibilidad entre la pensión de vejez y el salario derivado de la vinculación como
docente oficial, en tanto el régimen general previsto en las Leyes 100 de 1993 y 797
de 2003 no contempla dicha excepción, salvo en lo relativo a la edad pensional. Por
lo tanto, al no existir disposición legal que autorizara la percepción simultánea de
ambas asignaciones, prevaleció la regla de incompatibilidad, lo que impidió acceder
a la pretensión del demandante.
38. Así las cosas, esta Sala de decisión observa que la corporación judicial
demandada no incurrió en las causales específicas de procedencia de la solicitud de
tutela contra providencia judicial alegadas, debido a que su decisión fue proferida
conforme a las normas y jurisprudencia reguladoras de su función judicial, apoyada
en el material probatorio obrante en el proceso para efectuar la interpretación que
consideró más ajustada al caso concreto.
39. En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado de
la valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la corporación judicial
demandada cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo
que, se reitera, este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia.
40. Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica
del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
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dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración de
derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.
3. Conclusión
41. En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que
la parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala negará el amparo
de los derechos fundamentales invocados por Jaime Alberto Castaño Botero, en la
solicitud de tutela presentada contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Negar la solicitud de desvinculación de Colpensiones y la Registraduría
Nacional del Estado Civil.
Segundo. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Jaime Alberto
Castaño Botero, en la solicitud de tutela presentada contra el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A.
Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
LVLQ/LXRR
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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