Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01164-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01164-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-01164-01
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
13 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá, D.C., trece (13) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01164-01
Accionante: FRANCISCO JAVIER GARCÍA LONDOÑO
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN B
Temas: Tutela contra fallo de la misma naturaleza. Cosa juzgada constitucional
fraudulenta - Fraus omnia corrumpit -. Reglas precisadas en la
jurisprudencia constitucional para su análisis. Improcedencia cuando
no se ha surtido el trámite de selección y eventual revisión en la Corte
Constitucional
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por el señor Francisco Javier García Londoño, quien actúa en nombre
propio, contra la sentencia de 28 de mayo de 2026 proferida por la Sección Quinta
del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 16 de febrero de 2026, el demandante pidió al juez constitucional la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración
de justicia, a la igualdad, a ejercer cargos públicos y a la tutela judicial efectiva
supuestamente vulnerados por la autoridad judicial accionada.
En consecuencia, formula las siguientes pretensiones:
“[sic a toda la cita] 1. QUE EN CASO DE QUE LA SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B DEL CONSEJO DE ESTADO NO RINDA EL INFORME, LO RINDA
EXTEMPORÁNEAMENTE O LO RINDA DE MANERA FORMAL Y NO DE FONDO
RESPECTO A LAS ACTIVIDADES PARA LAS CUALES SE PUEDEN VINCULAR
LOS SUPERNUMERARIOS A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, SE DE
APLICACIÓN A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 20 DEL DECRETO 2591 DE
1991.”
2. QUE CON FUNDAMENTO EN LAS SENTENCIAS CON EFECTOS ERGA
OMNES C-401 DE 1998, C-725 DE 2000, C-422 DE 2012 Y C-293 DE 2020
PROFERIDAS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL EN LAS CUALES SE SEÑALAN
LAS ACTIVIDADES PARA LAS CUALES SE PUEDE VINCULAR PERSONAL
SUPERNUMERARIO A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, SE PROFIERA EL FALLO
JUDICIAL.
3. QUE EN EL FALLO DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA TAMBIEN SE TENGA
EN CUENTA Y DE APLICACIÓN A LO SEÑALADO EN LOS DECRETOS LEY 1042
DE 1978 EN SU ARTÍCULO 83 Y, DE MANERA ESPECIAL, AL ARTÍCULO 22 DEL
DECRETO LEY 1072 DE 1999, EL CUAL AUTORIZA LA VINCULACIÓN DE
PERSONAL SUPERNUMERARIO A LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES-DIAN ÚNICAMENTE CON EL OBJETO DE SUPLIR O ATENDER
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Demandante: Francisco Javier García Londoño
NECESIDADES DEL SERVICIO, PARA APOYAR LA LUCHA CONTRA LA EVASIÓN
Y EL CONTRABANDO, PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES TRANSITORIAS,
Y PARA VINCULAR PERSONAS A PROCESOS DE SELECCIÓN DENTRO DE LOS
CONCURSOS ABIERTOS CUANDO ESTOS SE REALICEN BAJO LA MODALIDAD
DE CONCURSO-CURSO.
4. QUE COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, SE PROFIERA UNA
SENTENCIA JUDICIAL, EN LA CUAL TENIENDO EN CUENTA LOS ARGUMENTOS
JURÍDICOS PLANTEADOS EN EL ESCRITO DE ACCIÓN DE TUTELA DENTRO
DEL RADICADO 2025-02470-00/01 Y EL PRESENTE ESCRITO DE ACCIÓN DE
TUTELA, SE AMPAREN MIS DERECHOS FUNDAMENTALES INVOCADOS
COMO VULNERADOS POR LA SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B DEL
CONSEJO DE ESTADO CON RADICACIÓN: 11001-03-15-000 2025-02470-01 DE
FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025: I) DERECHO AL DEBIDO PROCESO II)
DERECHO A LA IGUALDAD. III) DERECHO A EJERCER CARGO PÚBLICO EN
CARRERA ADMINISTRATIVA EN LA DIAN. IV) DERECHO AL ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y A UNA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.
5. QUE, COMO CONSECUENCIA DEL AMPARO DE MIS DERECHOS
FUNDAMENTALES INVOCADOS, SE TOMEN LAS MEDIDAS RESPECTIVAS CON
EL OBJETO DE QUE SE ME REINTEGRE A MI CARGO DE CARRERA
ADMINISTRATIVA EN LA DIAN SIN SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD PARA TODOS
LOS EFECTOS LABORALES Y LEGALES”.
2. Hechos
De la solicitud de tutela y de las pruebas aportadas al proceso se tienen como
hechos relevantes los siguientes:
Del proceso disciplinario adelantado en sede administrativa
El accionante manifestó que la presente acción de tutela se origina como
consecuencia del proceso disciplinario, mediante el cual la Unidad Administrativa
Especial Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- profirió decisión de
primera instancia contenida en la Resolución 8300060-2009-001 del 30 de abril de
2007, en la que fue destituido e inhabilitado por 12 años para ejercer el cargo de
funcionario de carrera administrativa en la entidad, por inhabilidad sobreviniente con
ocasión de los fallos que lo declararon responsable fiscalmente.
La anterior decisión fue confirmada por el director general de la DIAN, mediante
Resolución no. 06027 de 24 de mayo de 2007 y ejecutada a través de la Resolución
no. 07319 de 21 de junio de 2007.
Del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado no.
11001-03-25-000-2012-00372-00
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el señor
Francisco Javiera García Londoño presentó demanda contra la DIAN, con ls
pretensión de que se anulara la Resolución no. 8300060-2009-001 del 30 de abril
de 2007, por medio de la cual fue destituido e inhabilitado por 12 años para ejercer
cargos de carrera en la DIAN.
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante sentencia
de 28 de marzo de 2019 denegó las pretensiones de la demanda, al considerar que
“dentro del expediente disciplinario, se acreditaron los elementos típicos de una falta grave,
por incumplimiento de un deber legal, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del
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Demandante: Francisco Javier García Londoño
artículo 34 de la Ley 734 de 2002, y de la falta gravísima consagrada en el numeral 17 del
artículo 48 ibidem, a título de dolo, en razón a que su conducta se enmarcó dentro de los
elementos de una conducta volitiva, esto es, la intención, el conocimiento y la voluntad”.
De la acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2025-02470-01
El señor García Londoño formuló acción constitucional contra la Subsección A de la
Sección Segunda, la Subsección B de la Sección Tercera y la Sección Quinta del
Consejo de Estado, y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, con
la pretensión de que se dejara sin efectos la sentencia proferida por la Sección
Primera del Consejo de Estado con radicado 11001-03-15-000-2024-06125-00, en
la que se declaró la cosa juzgada constitucional frente a las acciones de tutela con
radicado no. 2019-03444 y 2023-01080, que fueron excluidas de revisión por la
Corte Constitucional y la existencia de una actuación temeraria por parte de la parte
accionante.
La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado conoció en primera
instancia, y mediante decisión de 11 de julio de 2025 declaró improcedente el
amparo solicitado, por cuanto cuestionó una decisión de la misma naturaleza y no
logró demostrar la configuración de un fraude.
Sumado a ello, llamó la atención al actor para que no acudiera a la acción de tutela
con el fin de cuestionar otras decisiones de igual naturaleza, sin cumplir las causales
excepcionales establecidas por la Corte Constitucional.
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado al resolver la
impugnación presentada por el actor, confirmó la decisión por los mismos
argumentos expuestos por el a quo.
3. Fundamentos de la acción
La parte accionante aseguró que en el fallo objeto de reproche existe una situación
de fraude, por cuanto se adoptó una decisión “derivada de una interpretación
normativa abiertamente contraria a los postulados constitucionales y a la buena fe
judicial”.
Lo anterior, al considerar que no se realizó algún pronunciamiento sobre las
actividades susceptibles de ser desempeñadas por los supernumerarios vinculados
a la administración pública, de conformidad con lo previsto en el artículo 83 del
Decreto Ley 1042 de 1978.
Bajo ese contexto, argumentó que en el proceso disciplinario que se adelantó en su
contra se configuró la falta de competencia, en razón a que la persona que profirió
la decisión de primera instancia no fue la jefe de la oficina de control interno
disciplinario de la DIAN, como lo dispone la Ley 734 de 2002, sino una funcionaria
de inferior categoría que ostentaba el cargo de supernumeraria.
Por lo anterior, manifestó que el cargo de supernumerario es de carácter
excepcional y la administración pública acude a dicha figura de forma temporal para
suplir vacancias, licencias o vacaciones de funcionarios titulares, para cubrir
necesidades del servicio, conforme al Decreto Ley 1042 de 1978.
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Sumado a lo anterior, hizo referencia a varias sentencias de la Corte Constitucional
que, en su criterio, tienen efectos erga omnes y que tratan de la actividad transitoria
permitida para vincular supernumerarios, para lo cual realizó el siguiente cuadro:
En ese orden, consideró que la providencia cuestionada incurrió en los defectos por
desconocimiento del precedente constitucional, sustantivo, procedimental
por exceso ritual manifiesto y violación directa de la constitución.
Agregó que la autoridad judicial accionada no aplicó el principio de iura novit curia,
en razón a que tenía la obligación de impulsar el proceso de oficio y de velar por la
correcta aplicación del derecho y desconoció que las actividades de control interno
disciplinario son de carácter permanente en la administración pública, tal y como lo
consideró la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en
sentencia de 20 de abril de 2017, proferida en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 11001-03-25-000-2012-00126-00.
Frente a la procedencia de la acción de tutela contra una providencia de la misma
naturaleza, aseguró que en el presente asunto no se comparte una identidad
procesal con la solicitud de amparo, en razón a que el fallo que cuestiona fue
proferido por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
diferente a la parte accionada del proceso constitucional identificado con el radicado
2025-02470-00 que fue la Sección Primera de esta Corporación.
Aseguró que existen pruebas e indicios que demuestran de manera “cierta, clara y
suficiente”, que la decisión de tutela que cuestiona es producto de una situación de
fraude, por cuanto permitió que “una supernumeraria que simplemente es un
auxiliar de la administración pública que no puede realizar actividades permanentes,
sin tener competencia funcional, destituya e inhabilite por 12 años a un funcionario
de carrera administrativa”.
Por último, sostuvo que no cuenta con otro mecanismo legal para revertir la
situación de fraude, en tanto no existe ningún recurso ordinario o extraordinario
para resolver la vulneración de sus derechos fundamentales debido a que ya
presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y el recurso
extraordinario de revisión que fue declarado infundado.
4. Oposición
4.1. Respuesta de la Sección Primera del Consejo de Estado
El magistrado ponente de la decisión adoptada en la acción de tutela con radicado
2024-06125-00, alegó la improcedencia de la acción de tutela, tras advertir que los
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hechos y las pretensiones formuladas por el accionante se dirigen contra una
providencia de la misma naturaleza proferida por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado dentro del proceso con radicado 2025-02470-
00/01, por medio del cual confirmó la decisión de primera instancia dictada por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado que declaró
improcedente el mecanismo constitucional, en tanto también cuestionaba un fallo
de tutela sin que acreditara la existencia de un fraude que habilitara su procedencia
excepcional.
Explicó que la Sección Primera del Consejo de Estado fue vinculada al presente
trámite constitucional, en razón a que dentro del proceso de tutela 2025-02470-
00/01, fue la autoridad judicial accionada y se cuestionó la decisión que adoptó
dentro del proceso constitucional 2024-06125-00.
Bajo ese contexto, indicó que el accionante controvierte una providencia proferida
en sede de tutela sin demostrar que sea producto de una actuación fraudulenta que
permita desvirtuar la cosa juzgada constitucional, de conformidad con la sentencia
SU-627 de 2015.
4.2. Respuesta de la Sección Tercera del Consejo de Estado
El consejero titular del despacho 03 de la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado informó que tomó posesión del cargo el 1° de septiembre de
2025, por tanto no fue el ponente de la providencia proferida el 26 de febrero de
2025, dentro de la acción de tutela identificada con el radicado 2024-06125-01.
Aseveró que la acción de tutela cuestiona las providencias proferidas por la
Subsección A de la Sección Tercera y la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, dentro de la acción de tutela con radicado 2025-02470-00/01,
por lo que solicitó su desvinculación del proceso.
4.3. Respuesta de la Sección Segunda del Consejo de Estado
El consejero de Estado Juan Camilo Morales Trujillo indicó que aun cuando la
solicitud no se dirige contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, advirtió que tiene relación con la sentencia de 28 de marzo de 2019
proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
no. 11001-03-25-000-2012-00372-00 (1425-2012), promovido por el señor
Francisco Javier García Londoño contra la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales -DIAN-, frente al cual el accionante ha ejercido varias acciones de tutela
con las mismas pretensiones.
Por último, manifestó que la providencia cuestionada fue proferida en el marco de
una acción de tutela, sin que se advierta la configuración de los presupuestos
establecidos en la SU-627 de 2015, proferida por la Corte Constitucional.
4.4. Respuesta de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-
El apoderado de la entidad rindió informe en el que indicó que la presente acción de
tutela es improcedente, en tanto se dirige contra una sentencia proferida dentro de
un proceso de la misma naturaleza y el accionante no acreditó fraude o cosa
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Demandante: Francisco Javier García Londoño
juzgada fraudulenta conforme a las disposiciones adoptadas por la Corte
Constitucional en la SU-627 de 2015 y T-023 de 2023.
Sostuvo que el argumento central de la demanda de tutela recae sobre la supuesta
incompetencia de la supernumeraria para proferir el fallo disciplinario de primera
instancia, cargo que ya fue desestimado en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, el cual se encuentra cobijado por la figura de la cosa juzgada.
Expresó que las sentencias con efectos erga omnes invocadas por el accionante,
no acreditan fraude en la providencia cuestionada, sino que demuestra “una
discrepancia interpretativa que no alcanza el estándar probatorio exigido por la
jurisprudencia constitucional para la procedencia excepcional de la tutela contra tutela”.
Por último, expuso que el señor Francisco Javier García Londoño ha incurrido de
manera reiterada en una conducta temeraria, en tanto ha presentado múltiples
acciones de tutela con identidad de partes, hechos y pretensiones, sin que exista
una justificación válida.
5. Sentencia de tutela impugnada
La Sección Quinta del Consejo de Estado en decisión de 28 de mayo de 2026,
resolvió:
“PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela formulada por el
señor Francisco Javier García Londoño.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su
notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su
eventual revisión”.
Para el efecto, manifestó que la parte accionante cuestionó la decisión de tutela
adoptada por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado , sin
exponer de manera clara y suficiente si el fallo fue producto de una situación de
fraude, de conformidad con los supuestos previstos en la sentencia SU-627 de
2015.
6. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
actora impugnó la sentencia de primera instancia y solicitó que se revoque, para lo
cual reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela consistentes en que en
el proceso disciplinario adelantado en su contra, la persona que profirió la decisión
de primera instancia contenida en la Resolución no. 8300060-2009-01 de 30 de abril
de 2007, por medio de la cual fue destituido e inhabilitado por 12 años como
funcionario de carrera, ostentaba el cargo de supernumeraria.
Bajo ese contexto, consideró que se desconocieron las sentencias con efectos erga
omnes C-401 de 1998, C-725 de 2000, C-422 de 2012 y C-293 de 2020 proferidas
por la Corte Constitucional en las cuales, en su criterio, establecen las funciones
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para las cuales se puede vincular el personal supernumerario a la administración
pública.
En ese orden de ideas, insistió en que los supernumerarios no pueden ser
vinculados a la administración pública con el propósito de que realicen actividades
disciplinarias de carácter permanente y destituyan e inhabiliten a los funcionarios de
carrera administrativa.
Así las cosas, aseguró que los jueces o magistrados que permitan que los
supernumerarios profieran decisiones al interior de los procesos disciplinarios
incurren en una situación de fraude, por cuando se adopta una posición “derivada
de una interpretación normativa abiertamente contraria a los postulados
constitucionales y a la buena judicial.
Por lo anterior, sostuvo que los magistrados que adoptaron el fallo de tutela en el
expediente con radicado 2025-02470-01, incurrieron en una situación de fraude al
desconocer de manera arbitraria los presupuestos de la Corte Constitucional
contenidos en las sentencias referenciadas.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.
2. Planteamiento del problema jurídico
En los términos de la impugnación, le corresponde a la Sala determinar si debe
revocar la sentencia de 28 de mayo de 2026 proferida por la Sección Quinta del
Consejo de Estado, en la que se declaró improcedente la acción constitucional por
tratarse de una tutela contra un fallo de la misma naturaleza, y en caso afirmativo,
se verificará si se acreditan los presupuestos excepcionales que habilitan su estudio
de fondo.
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias y
acciones de tutela
La Corte Constitucional ha señalado que, como regla general, la acción de tutela
contra providencias judiciales no procede cuando la decisión cuestionada es una
sentencia de tutela1, con el propósito de evitar la interposición indefinida de nuevos
amparos y garantizar la seguridad jurídica. Sin embargo, en la sentencia SU-627 de
2015 precisó que esta regla no es absoluta y que la procedencia excepcional
depende del tipo de actuación cuestionada —sentencia, actuación previa y
actuación posterior— y del cumplimiento de exigentes presupuestos.
En particular, cuando la tutela se dirige contra una sentencia de tutela proferida por
un juez distinto de la Corte Constitucional, el amparo solo procede de manera
1
Sentencia SU-1219 de 2001; T-1204 de 2008; T-218 de 2012, T-272 de 2014 y T 286 de 2018, entre otras.
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excepcional si, además de los requisitos generales2, (i) la acción de tutela
presentada no comparte identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada;
(ii) se demuestre de manera clara y suficiente que la decisión adoptada en la
sentencia fue producto de una situación de fraude (cometida por una de las partes,
por las dos o, incluso, con anuencia del juez); y (iii) no exista otro mecanismo judicial
eficaz para conjurar la situación. En este contexto, la Corte explicó que el principio
fraus omnia corrumpit permite desvirtuar la presunción de legalidad de las
decisiones judiciales cuando estas se originan en actuaciones fraudulentas que
afectan la recta administración de justicia, tal como lo indicó en la sentencia T-218
de 2012, al señalar que la cosa juzgada no puede entenderse en términos absolutos
cuando entra en tensión con la justicia material.
Posteriormente, la Corte reiteró en la sentencia SU-245 de 2021 que la tutela contra
sentencias de tutela procede de manera excepcional cuando se configura la cosa
juzgada fraudulenta, la cual surge una vez la decisión queda en firme, esto es,
cuando no es seleccionada para revisión y vence el término de insistencia. Solo en
ese momento el fallo adquiere estabilidad constitucional, por lo que no es posible
alegar cosa juzgada fraudulenta antes de que se consolide dicha firmeza, dado que
aún subsiste la posibilidad de revisión por parte de la Corte Constitucional.
4. Estudio y solución del caso concreto
El señor Francisco Javier García Londoño, quien actúa en nombre propio, promovió
acción de tutela contra la sentencia del 8 de septiembre de 2025, proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual
declaró improcedente la que él había presentado contra la Subsección A de la
Sección Segunda, la Subsección B de la Sección Tercera y la Sección Quinta del
Consejo de Estado, así como la DIAN, en razón a que controvertía una decisión de
la misma naturaleza, sin que lograra acreditar una situación de fraude.
En dicha providencia, la autoridad judicial accionada logró advertir que el señor
García Londoño había promovido más de 29 tutelas3 con diferentes argumentos
para controvertir la sentencia de 28 de marzo de 2019, proferida por la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 11001-03-25-000-2012-00372-00.
En la presente acción de tutela, la Sección Quinta del Consejo de Estado mediante
sentencia de 28 de mayo de 2026 declaró improcedente el amparo solicitado, por
cuanto consideró que era inaceptable que la decisión de tutela se discutiera a través
de otra acción de la misma naturaleza sin que se demostraran los supuestos
previstos por la Corte Constitucional en la sentencia SU-627 de 2015.
2
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); (iii)
que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; (vi) injerencia de la irregularidad procesal en la
providencia atacada.
3 2025-04941-00; 2025-03256-00; 2025-03173-00; 2025-02968-00; 2025-02648-00; 2025-02470-00; 2025-
02472-00; 2025-02218-00; 2025-01352-00; 2025-01180-00; 2025-01026-00; 2025-00788-00; 2025-00727-00;
2025-00541-00; 2025-00007-00; 2024-07030-00; 2024-06920-00; 2024-06125-00; 2024-05185-00; 2024-
04622-00; 2024-02493-00; 2023-04221-00; 2023-03293-00; 2023-02698-00; 2023-01080-00; 2022-06171-00;
2022-02768-00; 2021-08662-00; 2019-03444-00.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01164-01
Demandante: Francisco Javier García Londoño
En el escrito de impugnación, el actor insistió en que demostró una situación de
fraude, consistente en que la autoridad judicial accionada permitió que “una
supernumeraria que simplemente es un auxiliar de la administración pública que no
puede realizar actividades permanentes, sin tener competencia funcional, destituya
e inhabilite por 12 años a un funcionario de carrera administrativa”.
Esta Sala, a partir del desarrollo jurisprudencial realizado por la Corte Constitucional
en relación con la procedencia excepcional de la acción de tutela contra decisiones
de la misma naturaleza por el supuesto de decisión fraudulenta, mencionado en las
consideraciones jurídicas de esta providencia, estima que en el asunto bajo examen
se debe declarar su improcedencia porque la sentencia de tutela de 8 de
septiembre de 2025 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado no ha superado el trámite de eventual revisión ante la Corte
Constitucional4, en los términos del artículo 86 de la Constitución Política, condición
de procedencia que ha sido precisada por esa corporación.
En efecto, de conformidad con las actuaciones que reposan en el Sistema de
Gestión Judicial Samai5, se logra constatar que el fallo objeto de reproche proferido
por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado el 8 de
septiembre de 2026, fue notificado el 9 de febrero de 2026 y el 17 de febrero de
2026 se dispuso la remisión del expediente a la Corte Constitucional para que surta
el trámite de eventual revisión.
De esta manera, para la Sala la acción de tutela promovida por el señor Francisco
Javier García Londoño es improcedente debido a que aún no se había surtido el
trámite de eventual revisión ante la Corte Constitucional donde puede presentar
solicitud de revisión de la sentencia objetada en los términos del artículo 86 de la
Constitución Política, el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991 y el artículo 52 del
Reglamento Interno (Acuerdo 01 de 2025).
Así las cosas, no resulta posible adelantar el estudio propuesto por el accionante en
torno a la presunta existencia de cosa juzgada fraudulenta derivada de la sentencia
de tutela de 8 de septiembre de 2025, en la medida en que el asunto aún se
encuentra pendiente de eventual revisión por parte de la Corte Constitucional. En
ese contexto, mientras dicho Tribunal no se pronuncie sobre la selección del caso,
no puede considerarse configurada la cosa juzgada constitucional.
Ahora bien, se advierte que el accionante en su escrito de impugnación insistió en
que se demostró un fraude en la providencia que cuestiona, tras considerar que la
autoridad judicial accionada permitió que “una supernumeraria que simplemente es
un auxiliar de la administración pública que no puede realizar actividades
permanentes, sin tener competencia funcional, destituya e inhabilite por 12 años a
un funcionario de carrera administrativa”.
Sin embargo, para la Sala dicho argumento no es suficiente para determinar que la
decisión de tutela objeto de reproche constitucional se haya dictado con fraude a la
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Verificada la página web de la Corte Constitucional, se advierte que la tutela identificada con el radicado 11001-03-15-000-
2025-02470-00, aún no ha superado el trámite de eventual revisión.
5 Se verificó en el expediente digital que se encuentra en el siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=25899333300120260010001250
0023
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01164-01
Demandante: Francisco Javier García Londoño
ley, por cuanto esa afirmación realmente controvierte los fundamentos del medio de
control de nulidad de restablecimiento del derecho en el que se consideró que la
funcionaria designada para llevar a cabo la investigación disciplinaria ostentaba el
nivel profesional, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la Ley 734
de 2002, razón por la cual estaba facultada para la designación referida.
Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia de 28 de mayo de 2026,
dictada la Sección Quinta del Consejo de Estado que declaró improcedente la
acción constitucional por tratarse de una tutela contra una providencia de la misma
naturaleza sin que se acredite una situación de fraude.
Por último, se prevendrá al señor Francisco Javier García Londoño para que haga
uso racional de la acción de tutela con el fin de no generar un desgaste en el
funcionamiento de la administración de justicia.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
Primero.- Confirmar la sentencia de 28 de mayo de 2026 dictada por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, por las razones aquí expuestas.
Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Cuarto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el
trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Su validez e integridad puede comprobarse a través de la siguiente dirección electrónica:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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