Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01169-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01169-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01169-00
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
16 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01169-00
Accionante: CARLOS JOSÉ IGUARÁN SALAS
Autoridad: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
MORA JUDICIAL-Se configura por la dilación injustificada y el desconocimiento negligente de términos. MORA
JUDICIAL-Dilación configura mora.
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Carlos José Iguarán Salas contra el
Tribunal Administrativo del Magdalena, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia, con
ocasión de la mora judicial en la adopción de la sentencia de primera instancia dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho1 promovido contra la Nación–
Rama Judicial–Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
ANTECEDENTES
1. Acción de tutela
Carlos José Iguarán Salas, actuando por conducto de apoderado judicial, formuló acción
de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia, que considera vulnerados por
el Tribunal Administrativo del Magdalena ante la mora judicial en la adopción de la
1 Proceso identificado con el radicado: No. 47001-23-33-000-2016-00417-00.
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Radicación:11001-03-15-000-2026-01169-00
Accionante: Carlos José Iguarán Salas
Acción de tutela–Primera instancia
sentencia de primera instancia dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho 2 promovido contra la Nación–Rama Judicial–Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, toda vez que, según afirma, han transcurrido cerca de diez años
desde la presentación de la demanda sin que se haya proferido la decisión
correspondiente, pese a tratarse de un asunto de simple derecho y a que el proceso se
encuentra en conocimiento del Tribunal Administrativo del Magdalena.
En virtud de la acción de tutela, la parte accionante solicitó textualmente:
«8.1. Se protejan los derechos fundamentales al debido proceso y acceso efectivo
a la administración de justicia, igualdad, así como cualquier otro que e Honorable
Consejo de Estado encuentre violentados a mi favor por parte del Tribunal
Administrativo del Magdalena - Sala de Conjueces, al interior del proceso de
Nulidad y Restablecimiento del Derecho promovido por ALICIA ABELLO DE
CEBALLOS Y OTROS en contra de la Nación- Rama Judicial - Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, radicado con el número 47-001-2333-000-2016-00417-
00.
8.2. Se ordene al Tribunal Administrativo del Magdalena, concretamente a la Sala
de Conjueces integrada por el doctor CESAR PEREIRA GALLEGO, que en el
término de 48 horas siguientes a la notificación de la providencia se me protejan
mis derechos fundamentales, proceda a resolver la decisión de primera instancia
que corresponda al interior del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho
promovido por ALICIA ABELLO DE CEBALLOS Y OTROS en contra de la Nación
• Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, radicado con e l
número 47-001-2333-000-2016-00417-00.
8.3. Se exhorte a la autoridad demandada para que en e l futuro s e abstengan de
incurrir en los mismos comportamientos lesivos a los derechos fundamentales de
los demandantes.
8.4. Las demás medidas que el Consejo de Estado considere procedentes para
garantizar la efectividad de los derechos fundamentales de los demandantes.»
2. Hechos relevantes
Carlos José Iguarán Salas ejercio, el 20 de octubre de 2016, por conducto de apoderado
judicial, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación–
Rama Judicial–Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con el fin de obtener el
reconocimiento y pago de la porción de salario mensual equivalente al 30% de la
asignación básica mensual que, según afirma, le fue indebidamente desconocida durante
el tiempo en que ejerció como juez de la República.
2 Proceso identificado con el radicado: No. 47-001-23-33-000-2016-00417-00.
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Radicación:11001-03-15-000-2026-01169-00
Accionante: Carlos José Iguarán Salas
Acción de tutela–Primera instancia
El conocimiento del asunto correspondió inicialmente al Juez Administrativo Ad Hoc de
Santa Marta, en virtud de los impedimentos manifestados por los magistrados del Tribunal
Administrativo del Magdalena. El proceso fue radicado bajo el No. 47-001-23-33-000-
2016-00417-00 y actualmente se encuentra a cargo del Tribunal Administrativo del
Magdalena, integrada, entre otros, por el conjuez César Pereira Gallego.
El accionante señaló que, pese a haber transcurrido cerca de diez años desde la
presentación de la demanda, dentro del proceso no se ha proferido sentencia de primera
instancia, circunstancia que, en su criterio, resulta injustificada dado que se trata de un
asunto de simple derecho.
Asimismo, sostuvo que la prolongada demora en la adopción de la decisión judicial lo
mantiene en una situación de incertidumbre jurídica respecto de las pretensiones
formuladas en el proceso, afectando sus derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia.
Con fundamento en lo anterior, el señor Iguarán Salas afirmó que la inactividad de la
autoridad judicial accionada configura una mora judicial injustificada, razón por la cual
acudió a la acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales y que se ordene la adopción de la sentencia de primera instancia dentro
del referido proceso.
3. Fundamentos de la acción
El accionante sostuvo que el Tribunal Administrativo del Magdalena vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia,
debido a la mora judicial presentada dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, en el que, pese al tiempo transcurrido desde la
presentación de la demanda, no se ha proferido sentencia de primera instancia, situación
que considera injustificada y contraria a los principios de celeridad y eficacia de la
administración de justicia.
4. Trámite procesal
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Accionante: Carlos José Iguarán Salas
Acción de tutela–Primera instancia
El 24 de marzo de 2026, se admitió la acción de tutela3 y se ordenó su notificación al
accionante y al Tribunal Administrativo del Magdalena, como autoridad judicial accionada,
así como a la Nación–Rama Judicial–Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, al
Juez Administrativo Ad Hoc de Santa Marta, a la Sala de Conjueces del Tribunal
Administrativo del Magdalena y al conjuez César Pereira Gallego, en calidad de terceros
interesados. Igualmente, se solicitó a la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo
del Magdalena remitir copia digital del expediente No. 47-001-23-33-000-2016-00417-00,
correspondiente al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por
Carlos José Iguarán Salas contra la Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial.
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial contestó la acción de tutela4 y solicitó
su desvinculación del trámite, al considerar que carece de legitimación en la causa por
pasiva, dado que no tiene competencia ni injerencia en las decisiones adoptadas por las
autoridades judiciales ni en la mora atribuida al Tribunal Administrativo del Magdalena.
Asimismo, sostuvo que la acción resulta improcedente por incumplir el requisito de
subsidiariedad, pues el accionante contaba con otros mecanismos para reclamar la
pronta resolución del proceso, como la solicitud de vigilancia judicial administrativa.
En su escrito de contestación5, el Tribunal Administrativo del Magdalena señaló que el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se encuentra asignado a una Sala de
Conjueces y que la falta de decisión obedece a la renuncia presentada por el conjuez
ponente César Pereira Gallego, situación administrativa que aún no ha sido superada y
que será solucionada mediante la realización de nuevos sorteos y designaciones. En
consecuencia, sostuvo que no existe vulneración de los derechos fundamentales
invocados por el accionante y solicitó declarar improcedente la acción de tutela.
Por su parte, César de Jesús Pereira Gallego contestó la acción de tutela6 y solicitó su
desvinculación del trámite constitucional, al señalar que renunció al cargo de conjuez del
Tribunal Administrativo del Magdalena a partir del 13 de enero de 2026 y que, desde esa
fecha, no ostenta competencia funcional, acceso al expediente ni posibilidad de
intervención dentro del proceso objeto de tutela. En consecuencia, sostuvo que carece
3 Cfr. SAMAI, índice 4.
4 Cfr. SAMAI, índice 11.
5 Cfr. SAMAI, índice 15.
6 Cfr. SAMAI, índice 21.
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Accionante: Carlos José Iguarán Salas
Acción de tutela–Primera instancia
de legitimación en la causa por pasiva y que no le es atribuible la presunta mora judicial
alegada por el accionante.
CONSIDERACIONES
5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Magdalena, por la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia de
Carlos José Iguarán Salas, con ocasión de la alegada mora judicial en la adopción de la
sentencia de primera instancia dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho 7 promovido contra la Nación–Rama Judicial–Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial.
6. Análisis de la Sala
El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos 86
de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-
LEAJ. La Sala es competente para decidir la acción con arreglo a lo dispuesto por el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo No. 80 del 12 de marzo de 2019,
expedido por la Sala Plena de la Corporación.
Mora judicial
La Corporación ha definido la mora judicial como la conducta dilatoria de un juez para
resolver un proceso judicial, que se explica por el desconocimiento injustificado y
negligente de los términos legales y que carece de un motivo probado y razonable. Esta
situación vulnera el debido proceso y el derecho de acceso a la administración de justicia.
Ahora bien, por las condiciones estructurales que producen congestión y lentitud en los
despachos judiciales, no toda dilación en la decisión de un asunto equivale a mora o a
negligencia8. En efecto, dicha situación puede producirse por causas externas como la
7 Proceso identificado con el radicado: No. 47-001-23-33-000-2016-00417-00.
8 Corte Constitucional, sentencia T-577 de 2008
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Accionante: Carlos José Iguarán Salas
Acción de tutela–Primera instancia
excesiva carga laboral y la falta de una infraestructura básica en los despachos judiciales,
que limitan sus capacidades de acción9.
A su vez, la Corte Constitucional ha advertido que no todo desconocimiento de los plazos
establecidos en la ley da lugar a la violación de los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, pues ello solo se configura cuando el
juez no puede justificar su retardo. Así, ha integrado el concepto convencional de “plazo
razonable” para evaluar si, al omitir resolver un proceso judicial en término, el juez
transgredió las garantías judiciales del usuario de la administración de justicia. Dicho
análisis abarca la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la
conducta del operador judicial y la afectación generada en la situación jurídica de la
persona involucrada en el proceso10.
Caso concreto
El señor Carlos José Iguarán Salas promovió acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Magdalena, al considerar que dicha autoridad vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia, ante
la mora en la adopción de la sentencia de primera instancia dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho radicado No. 47-001-23-33-000-2016-00417-
00.
La Sala advierte que, de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente y los
informes rendidos dentro del presente trámite constitucional, la sentencia de primera
instancia no ha sido proferida. Asimismo, se constató que el conjuez César Pereira
Gallego presentó renuncia al cargo el 13 de enero de 2026 y que, a la fecha, la situación
administrativa derivada de dicha renuncia no ha sido superada mediante la designación
de un nuevo conjuez.
El Tribunal Administrativo del Magdalena sostuvo que la demora obedece a
circunstancias administrativas relacionadas con la renuncia del conjuez ponente y a la
necesidad de efectuar nuevos sorteos para su reemplazo. Sin embargo, tales
circunstancias no constituyen una justificación suficiente para relevar a la administración
9 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 15 de septiembre de 2016, rad nº. 11001-03-15-000-2016- 01884-
00. M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
10 Sentencia SU-179 de 2021.
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Accionante: Carlos José Iguarán Salas
Acción de tutela–Primera instancia
de justicia del cumplimiento de su deber constitucional de resolver oportunamente los
asuntos sometidos a su conocimiento.
Así las cosas, la Sala considera que se configura una mora judicial injustificada, pues
desde la presentación de la demanda, el 20 de octubre de 2016, han transcurrido cerca
de diez años sin que se haya proferido la sentencia de primera instancia. En ese sentido,
la carga derivada de las dificultades administrativas internas de la corporación no puede
ser asumida por el accionante, quien tiene derecho a obtener una sentencia dentro de
un plazo razonable y a que sus pretensiones sean estudiadas y analizadas consultando
los principios constitucionales de la administración de justicia de manera efectiva, eficaz
y oportuna.
En consecuencia, se encuentra acreditada la vulneración de los derechos fundamentales
al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia del señor Carlos
José Iguarán Salas, razón por la cual se concederá el amparo solicitado.
Por lo anterior, se ordenará al Tribunal Administrativo del Magdalena que, a la mayor
brevedad, adopte las medidas necesarias para la designación del conjuez que
corresponda y para la reactivación del trámite del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado No. 47001-23-33-000-2016-00417-00, con el fin de garantizar
la pronta adopción de la sentencia de primera instancia y la efectividad de los derechos
fundamentales del accionante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia de Carlos del señor José Iguarán Salas y CONCEDER la acción
de tutela contra el Tribunal Administrativo del Magdalena, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.
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Radicación:11001-03-15-000-2026-01169-00
Accionante: Carlos José Iguarán Salas
Acción de tutela–Primera instancia
SEGUNDO: ORDENAR al Presidente del Tribunal Administrativo del Magdalena para
que en cuarenta y ocho (48 ) horas designe al conjuez que conforme la sala dentro del
trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado
No. 47001-23-33-000-2016-00417-00.
TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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WILLIAM BARRERA MÚÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
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